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Las tribus liberales

No veía el momento de escribirles sobre un libro con este título que acaba de presentar nuestra compañera de Comentarios, María Blanco. Lo hizo una de estas calurosas tardes de otoño en la FNAC, flanqueada por Carlos Rodríguez Braun y el editor Roger Domingo, y bien acompañada de muchos amigos: hasta vimos a Carlos Cachanosky (un argentino al que puedes encontrar en cualquier parte del mundo); por cierto, que me pareció notar una pequeña subida en el deje porteño del profesor Rodríguez Braun cuando le saludó…

A lo que iba: todo fueron elogios para este librito que, ya comprobarán, se lee de un tirón. Allí nos explicaron por qué: se trata de un texto no propiamente académico escrito por una persona que sí lo es. Y todos estaban muy de acuerdo con el título elegido: las tribus… Verdaderamente es algo consustancial a la naturaleza humana: enseguida nos agrupamos en clanes, y cada uno reclama la exclusividad (“estos no son de los nuestros”). Lo cuenta CRB en el Prólogo, y la autora no para de insistir en ello a lo largo de su obra. Por eso celebramos el título elegido: también los liberales tendemos a encontrar cualquier pequeña excusa para discutir por encima de los grandes y formidables consensos que nos unen. Aunque hay una lectura positiva que verán en la Introducción: la batalla de las ideas para un liberal está más cerca de un combate de esgrima, con normas éticas y estéticas, junto con una gran capacidad para desenvolvernos cada uno en el terreno que nos parece más adecuado. Esto conlleva una excelente vacuna contra cualquier borreguismo de manada, típico de otras ideologías. Pero en ocasiones nos impide actuar con más eficacia contra el enemigo común, el Estado Leviathan.

No puedo desmenuzar aquí las principales aportaciones del libro, que se construye en torno a cuatro elegantes tópicos (en el sentido literal de la palabra: lugares) de la cultura griega: los templos de Atenea y Eris, el Olimpo y el Hades. Pero sí les copio un sumario bien armado de la editora, donde se explica que “en el liberalismo no existe una única doctrina ni una sola escuela. El pensamiento liberal se ramifica en distintas tribus ideológicas, en ocasiones aparentemente enemistadas, que hacen de su entendimiento un objeto escurridizo para la mayoría de las personas. María Blanco cree que, si el liberalismo es percibido por la gente corriente de una manera tan equivocada, los liberales están siendo cómplices, por soberbia, de esa confusión. La comunicación es, sin duda, una batalla que el liberalismo no ha sabido ganar. Hasta ahora”; termina con un reto para ver quién recoge el guante.

Y diré que Almudena Negro lo hacía casi online en su tweet; o que al día siguiente nuestro compañero Antonio J. Chinchetru entrevistaba a la autora en Periodista Digital. Añado que alrededor de esa fecha varias de las tribus liberales hicieron acto de presencia en el panorama mediático y académico; algo de lo que también quería hablarles.

Por orden cronológico comienzo por la presentación de otro libro, publicado ahora por el Centro Diego de Covarrubias: “Liberalismo, pensamiento cristiano y bien común”. Tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino y se trata de una recopilación de los ensayos seleccionados para el I Premio Diego de Covarrubias (que por cierto, próximamente celebrará su segunda edición). Allí tomaron la palabra Vicente Boceta, Presidente del Centro Diego de Covarrubias; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras (ganador del Premio), así como el economista y presidente del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo (pueden escuchar aquí un extracto).

A los pocos días se celebraba en Pamplona una nueva reunión organizada por el profesor Huerta de Soto en torno a uno de nuestros autores escolásticos, en esta ocasión fue Martín de Azpilcueta (precisamente conocido en su tiempo como el doctor Navarro). La Fundación Occidens, del cabildo catedralicio, actuó de anfitriona junto con el Instituto M. de Azpilcueta de la Universidad de Navarra. Intervinieron Agustín González Enciso, de la UNAV; Mario Šilar, Manager del Centro Diego de Covarrubias; Jesús Huerta de Soto (“con una conferencia que no dejó indiferente a nadie”, señala el Twitter de Occidens) o el profesor Philippe Nemo.

Termino con un recordatorio de la reciente Conferencia Regional de European Students for Liberty, un refrescante encuentro de gente joven interesada por el pensamiento liberal, proveniente de muchas partes de España junto con algunas delegaciones extranjeras. Organizada (muy bien) por Greta Katasinka, tuvo entre sus ponentes a Miguel Anxo Bastos, Orlando Samoes, Jesús Huerta de Soto, Antonio J. Chinchetru, Juan Ramón Rallo o Philipp Bagus (estos últimos sosteniendo un debate en torno a la reserva 100% o fraccionaria). No pude escuchar más que al profesor Bastos, brillante comunicador como es, explicando que la pobreza se debe a la pérdida de tres ideas fundamentales: el concepto de tiempo (o sea, la preferencia temporal), la necesidad del ahorro, y el olvido del trabajo duro. Fue todo un espectáculo escucharle hablar sobre cómo hay que mantener costumbres de frugalidad, frente los que se dedican a “quemar y consumir el capital”. Sospecho que también lo fue la intervención de Huerta de Soto: “Liberalismo vs. Anarcocapitalismo”, pero lamentablemente no pude quedarme… ¿querrá alguno de los asistentes compartir lo que allí se dijo?

La penúltima astracanada liberticida

Surrealismo es el vocablo más educado con el que uno puede definir el modus operandi de CIU-ERC-CUP. Transcurridos dos años desde las últimas elecciones autonómicas, la suerte de los catalanes no ha mejorado en lo relativo al empleo, sanidad, bienestar o educación. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que su gobierno ha estado ocupado en buscar el enfrentamiento permanente con el gobierno de la Nación (es decir, con Madri-t).

Sin embargo, a pesar de no poder ejercer "el derecho a decidir", subterfugio léxico con el que se enmascara el derecho de autodeterminación, el nacionalismo catalán sí ha sacado rédito de sus acciones. En efecto, gracias al recurso al victimismo, es probable que en la próxima convocatoria electoral no sufra la debacle que su gestión gubernamental merecería.

La razón de ello es que a través de la subvención pública a los medios de comunicación, ha creado una sociedad acrítica, capaz sólo de percibir agravios y menosprecios, más ilusorios que reales. El resultado es que cualquier diario, radio o televisión que ilustre la menor muestra de disidencia para con el paradigma oficial queda excluida del "alpiste público" y cuando no, estigmatizada. La elaboración de listas de catalanes buenos y malos, desde luego, no es algo que pueda relacionarse con la libertad.

Aspectos graves sin duda, pero no únicos. Hay más. Uno de ellos es la capacidad que tiene el nacionalismo catalán en dotar de personalidad humana, cuasi-mística, a lo que simplemente es el terruño. De hecho, es frecuente escuchar expresiones del tipo "Cataluña ha sido humillada" o "Cataluña es expoliada". Nuevamente aparece la subordinación obligatoria del individuo a los designios de la construcción nacional.

Todos estos componentes se han ido gestando en las últimas décadas, si bien actualmente sobresalen con mayor crudeza. Aún con ello, el nacionalismo catalán ha tenido la virtud de presentarse ante el resto de España como una ideología "progresista" y ha conseguido que en distintas partes del Estado se empatice con sus mantras, en particular con el derecho a decidir. La anormalidad se convierte de este modo en lo cotidiano.

Desde el resto de España, y esto es lo grave, se ha aceptado que así sea, básicamente, por cobardía. Al respecto, cuando alguien osa desacreditar la armadura nacionalista, se le acusa de generar independentistas por doquier. Quizás, sólo quizás, las semillas de esos nuevos secesionistas que aparecen ahora como las setas, esté relacionada más bien con el sistema educativo (y de valores) que ha impulsado la Generalidad desde 1980.

Así las cosas, la show continúa. En efecto, nos hallamos en la fase de los acuerdos esperpénticos entre CIU y los anti-sistema de las CUP. Los dirigentes de esta última formación practican una demagogia sin complejos que acompañan de amenazas e insultos. El fenómeno de las CUP vendría a ser a nivel autonómico lo que PODEMOS implica a nivel nacional, aunque sin tanta fuerza mediática por parte de las huestes de David Fernández. No obstante, la peligrosidad para la democracia de uno y otro es idéntica.

El complejo de amplios sectores de la derecha para combatirlos y el buenismo de la izquierda a la hora de referirse a ellos, se convierten en sus mejores armas para medrar. Así es la izquierda española, siempre dispuesta a aceptar los liberticidios cuando proceden de partidos como los aludidos CUP o Podemos, sin darse cuenta de que en sus afanes totalitarios, no dudarán engullirla por las buenas o por las malas. En cuanto a la derecha, es probable que malgaste esfuerzos en hacerse perdonar, en vez de combatir argumentalmente las falacias vertidas sobre ella.

La paradoja del regalo

En un par de meses llegan las Navidades. Y con ellas llegan el turrón, el mazapán, el champán e incluso en muchos casos la misa del Gallo y el nacimiento del Señor. Y también llegan los regalos, los traigan Santa Claus, los Reyes Magos o el Olentzero.

Sobre estos últimos vamos a tratar, sobre los regalos. Para mucha gente, economistas incluidos, los regalos constituyen un gran despilfarro y habría que hacer algo para moderarlos. Grandes cantidades de dinero son malgastadas en productos que no son valorados por los receptores. Solo hay que ver a un niño de una familia media el día de Reyes (o el de Navidad, según la costumbre de cada casa) rodeado de juguetes, muchos de los cuáles no volverán a conocer uso en sus manos.

Y, sin embargo, la evidencia empírica demuestra con tozudez que se siguen haciendo regalos, que incluso se buscan nuevas ocasiones para hacer regalos. ¿Cómo sobrevive la humanidad a esta destrucción de valor que periódicamente nos asola?

A primera vista, parece que muchos regalos destruyen valor. Es muy frecuente el caso en que para el receptor el regalo carece de valor. No le vale para nada, o para muy poca cosa, en comparación con el dinero que ha costado el bien. Así pues, parece evidente que el regalo ha destruido valor, pues costó un dinero y sin embargo tiene valor cero o muy bajo para el receptor.

Sin embargo, quienes así razonan olvidan un pequeño detalle: que realizar un regalo supone no solo una, sino, al menos, dos transacciones. En efecto, antes de hacer entrega del regalo al destinatario, el oferente ha de hacerse con el bien que quiere regalar. Esta consecución, en la mayor parte de los casos, consiste en la visita a los grandes almacenes para adquirir algún bien, preferentemente que se pueda luego cambiar. Pero podría involucrar más transacciones según la complejidad del regalo que se quiera hacer.

Así pues, para constatar si un regalo crea o destruye valor es necesario analizar las dos transacciones requeridas, no solo la segunda.

En la primera transacción, es evidente que se crea valor. El adquiriente del regalo valora más el objeto que va a regalar que el dinero que se gasta en él. En otro caso, no realizaría la compra. Ahora bien, es cierto que el valor del objeto provendrá de su utilidad como regalo, y no de su utilidad directa para el adquiriente. Cuando compramos un juguete para el niño del vecino, ese juguete tiene una utilidad muy baja para nosotros: si fuera para nosotros, no lo compraríamos. Pero es que no es para que lo utilicemos nosotros, es para regalárselo al niño, y quedar así bien con sus padres, por ejemplo. Para cada uno de nosotros, muchos objetos tienen únicamente valor como regalo a un tercero. Pero tienen ese valor, y subjetivamente lo comparamos con el dinero que nos cuesta antes de tomar la decisión de compra. Obviamente, para el vendedor del regalo también se crea valor, ya que obtiene dinero a cambio del mismo, algo que él valora más que el bien vendido, pues sino no lo vendería. En definitiva, se crea valor al comprar el regalo, como ocurre en todas las transacciones voluntarias.

Veamos ahora la segunda transacción. A priori, el donante del regalo obtiene indudablemente valor de la entrega, pues no la haría en otro caso. Puede obtener la satisfacción interna de ver feliz al niño del vecino, o la más tangible de que el niño no le va a molestar durante una temporada, o puede ser para mejorar las relaciones con el vecino. Por supuesto, se puede equivocar, y a lo mejor el niño comienza desde entonces a llamar a su puerta todos los días para jugar con él, o los padres empiezan a tenerle por cutre y le dejan de hablar. Pero eso es lo que pasa con todas las transacciones: a priori pensamos que crearemos valor, pero no siempre sucede. En todo caso, en el momento de hacerla, creemos que estaremos mejor como consecuencia de hacerla.

¿Qué ocurre con el receptor del regalo? También parece claro que se crea valor: ahora tiene algo que antes no tenía, por lo que objetivamente está mejor, ya que siempre tendrá la opción de deshacerse del objeto si no le gusta. Está claro que si acepta el regalo voluntariamente es que valora más tenerlo que carecer de él, aunque ello sea tan solo por no quedar mal delante de quien le hace el regalo, y tenga toda la intención de tirarlo a la basura según aquel se dé la vuelta.

Resumiendo: las dos transacciones que generalmente componen la entrega de un regalo crean valor, por lo que los regalos, a priori, enriquecen a la sociedad.

Queda por apuntar una falacia que subyace en el razonamiento de los que piensan que los regalos destruyen valor. Recuérdese que los defensores de tal hipótesis están comparando el dinero gastado en el bien con la utilidad que tiene el mismo para el receptor. Como el valor del primero es superior al constatado para el segundo, afirman que se destruye valor. La falacia cometida es que comparan la utilidad obtenida por dos individuos distintos, y como es sabido es imposible la comparación interpersonal de utilidades.

En efecto, la persona que desembolsa el dinero es distinta de la que recibe el regalo, por ello no se puede agregar la des-utilidad del gasto de la primera, a la utilidad obtenida por la segunda. Ésta última nunca tuvo el dinero ni la posibilidad de gastarlo, solo ha recibido el regalo. No puede comparar la utilidad del regalo con la utilidad de un dinero que no tenía.

En todo caso, es cierto que existe la sensación de destruir valor con los regalos. Los comentarios son unánimes cuando vemos al niño antes mencionado rodeado de juguetes, y nadie puede evitar pensar en la cantidad de dinero que se ha tirado para nada. Aunque ya vemos científicamente que no es así, las personas no somos siempre científicas o racionales en nuestras decisiones. Por suerte, los emprendedores tienen soluciones para todos nuestros miedos, y por eso inventaron el ticket-regalo, entre otras técnicas de marketing. En el fondo, el ticket regalo es una prueba de que preferimos que el regalo no solo tenga valor para nosotros como regalo, sino utilidad y valor para el receptor: valoramos que el regalo tenga valor, y valga la redundancia.

En resumen, no hay duda: hacer regalos crea valor para todos los involucrados y para la sociedad. Cuántos más regalos hacemos, más ricos somos. ¡Hagamos todos los que podamos! Todos nos lo agradecerán, no solo los afortunados que reciban el bien.

Recortes de las aspiraciones en la UE

Desde el pasado 1 de septiembre se encuentra en vigor en todos los países de la Unión Europea el Reglamento 666/2013 de la Comisión, de 8 de julio de 2013, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para aspiradoras (sic).

No obstante, es muy probable, querido lector, que si usted no trabaja para alguno de los múltiples grupos de presión que acampan en los pasillos de las instituciones europeas, desconociera la existencia de esta reglamentación para un electrodoméstico tan práctico o que, aun siéndole familiar por alguna referencia de prensa, piense que este asunto le afecta más bien poco.

Y, sin embargo, como otros tantos miles de reglamentos y directivas, así como las leyes, decretos y órdenes ministeriales nacionales que promulgan los estados miembros de la UE siguiendo el marco regulatorio común, está dirigido directamente a cercenar la libertad de comercio de sus ciudadanos y entrometerse en la vida privada de las personas de una forma incompatible con un régimen de libertades. No se parte de una admisión general del libre intercambio de bienes y servicios, siempre que no sean de origen ilícito o sean peligrosos, sino que, por el contrario, se condiciona la posibilidad de fabricación y comercialización de numerosos productos al cumplimiento de unas condiciones técnicas prefijadas por el regulador para contribuir a la consecución de objetivos políticos.

Todo ello, a pesar de que el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (así como, originalmente, los fundacionales) garantiza la libre circulación de mercancias (Art. 28) entre los Estados miembros, la cual implica la prohibición de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.

Pues bien, unido ese acervo hiperregulatorio de la insensata burocracia europea a la histeria del calentamiento (o cambio) climático global, topamos con el origen de este penúltimo dislate: la Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2006 titulada “Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial”, que recibió el respaldo del Consejo Europeo de marzo de 2007, y del Parlamento Europeo en su Resolución, de 31 de enero de 2008, mediante el cual los políticos europeos declararon normativamente vinculante la consecución de una mejora del 20 % de la eficiencia energética hasta 2020, al mismo tiempo que impusieron que ese mismo porcentaje fuera la cuota global de energía procedente de fuentes renovables y del 10 % en el transporte. Así se puede rastrear en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

En este caso, a so capa del ahorro energético y el “diseño ecológico“, tal como los percibe la ristra de muñidores , el reglamento prescribe que, a partir de la fecha citada, las aspiradoras comercializadas e importadas dentro de la Unión Europea reunirán los siguientes requisitos:

— Su consumo de energía anual será inferior a 62,0 kWh/año. Este límite no se aplicará a las aspiradoras con filtro de agua.

— Su potencia de entrada nominal será inferior a 1 600 Watios.

— Su capacidad de recogida de polvo en alfombra (dpu c ) será superior o igual a 0,70.

— Su capacidad de recogida de polvo en suelo de madera (dpu hf ) será superior o igual a 0,95. Estos límites no se aplicarán a las aspiradoras de filtro de agua.

Los reglamentadores no quisieron ser acusados de tibios a la hora de exigir eficiencia energética o de adolecer de concienciación ecológica, por lo que fijaron de antemano el endurecimiento de los criterios enumerados anteriormente a partir del 1 de septiembre de 2017. Por ejemplo, se reduce a 900 watios la potencia de entrada nominal de esos aparatos.

Dejemos al lado los evidentes motivos proteccionistas de la promulgación de este tipo de normativas, expresados ya sin pudor por portavoces europeos que subrayan que “la industria europea se adapta rápidamente a los requisitos más exigentes, lo cual es menos frecuente en el caso las empresas ajenas a la UE”: Parece incuestionable que, en conjunto, las prescripciones conducen a la reducción de la capacidad de elección de los consumidores eurpopeos y al encarecimiento de las aspiradoras disponibles.

En este sentido, resulta todavía más significativo que la larga lista de excepciones (Art. 1.2) a la aplicabilidad del reglamento someta a fabricantes y consumidores a la más completa arbitrariedad e inseguridad jurídica, dados los criterios elegidos. Así, quedan excluidas las aspiradoras de materias líquidas, las alimentadas por batería, las robotizadas, las industriales, los sistemas de aspiración centralizada y para exteriores, así como las enceradoras de pisos. En suma, para prohibir o permitir la comercialización de una aspiradora, se sancionan distinciones ridículas o relacionadas con el uso final del aparato e, incluso, con la naturaleza subjetiva del usuario, cuales jirones concedidos por unos legisladores corruptos a los correspondientes grupos de presión organizados.

Resta por ver si en algún momento se producirá una reacción mayoritaria contra esta ceguera liberticida que campa en la Unión Europea. En este caso a cuenta de conseguir unos discutibles “objetivos de eficiencia energética”, impuestos como dogma obligatorio, los cuales pisotean la libertad de los individuos para descubrir ese uso económico de la energía en el mercado libre. Se comenzó prohibiendo las bombillas tradicionales, después se eligió a las populares aspiradoras y parece que otros electrodomésticos están en el punto de mira de los burócratas comunitarios. De no revertirse esta inflación regulatoria continuarán graves perjuicios para el bienestar de los europeos que resultan difíciles de mensurar.

En defensa de la desigualdad

Es el fenómeno económico de moda. La desigualdad está en todas partes, en todas las agendas políticas de los socialistas, en toda manifestación callejera. El movimiento de “We are the 99% o “Somos el 99% en Estados Unidos o el partido político Podemos no dejan de denunciar este fenómeno y proponen medidas liberticidas para (supuestamente) contrarrestarlo. La mayoría de sus mensajes intenta mostrar a una sociedad cada vez más polarizada en la que los de arriba -que son “cuatro gatos”- viven gozando de los mayores lujos y comodidades a costa de los de abajo, el pueblo. La solución, claro está, es subirle los impuestos a los ricos y redistribuir una porción de sus rentas aún mayor que la actual. Esa forma de ver la sociedad supone una mezcla de dos ideas erróneas. La primera de ella es que el capitalismo es un juego de suma cero, en el que para que uno gane otro tiene que perder. Esa idea es rotundamente falsa. La segunda idea en la que se basa esa visión es el de una creciente desigualdad de rentas, que analizaremos a continuación. La mayoría de las cosas que escuchamos sobre la desigualdad son cuando menos inexactas o, en el peor de los casos, falaces. ¿Cómo se explica que Dinamarca sea el país más desigualitario del mundo en riqueza y al mismo tiempo el segundo más igualitario en renta?

Como si las ideas sobre la desigualdad no hubiesen calado lo suficientemente hondo en la mayoría de sociedades occidentales, la gota que ha colmado el vaso ha sido la aparición de un libro escrito en 2013 pero publicado por Harvard University Press en inglés en 2014. El libro económico del momento, El Capital en el Siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty trata en exclusiva el fenómeno de la desigualdad. La tesis que Piketty sostiene es que la acumulación de capital inherente al sistema capitalista crece de forma más rápida que la renta y los salarios. La consecuencia que más preocupa a Piketty de este fenómeno es la creciente desigualdad. El problema es que, tal y como Juan Ramón Rallo y otros muchos economistas han refutado, el temor que Piketty vislumbra no se produce. De hecho, la mitad del aumento de la desigualdad en la distribución de la renta desde finales de los 70 no es fruto de la acumulación de capital de los capitalistas sino del aumento de la desigualdad en las rentas salariales. Ignacio Moncada también le dio un buen repaso al nuevo economista favorito de Paul Krugman en este artículo. Marc Andreessen, un venture capitalist que dirige la firma Andreessen & Horowitz, también mostró en este artículo una enorme incongruencia en la tesis de Piketty. A saber, la irreal facilidad con la que el economista francés sostiene que se pueden reinvertir cantidades de capital crecientes durante periodos tan largos de tiempo como 40, 80 o 100 años. Hasta el propio Warren Buffett, considerado el mejor inversor de todos los tiempos, lleva décadas reconociendo públicamente que a medida que el capital que él gestiona crece, la rentabilidad que obtendrá disminuirá progresivamente.

Más allá de demostrar que la tesis de Piketty es falsa y que la mayoría de lo que se dice sobre la desigualdad es mentira, es interesante plantearse una cuestión. Aun en el caso de que lo que se dice sobre la desigualdad fuese cierto, ¿es mala la desigualdad de rentas? Cualquier socialista de pro dirá que nadie en su sano juicio que además tenga un mínimo de humanidad puede defender que la desigualdad de rentas no es mala de base. Sin embargo, hay varios argumentos en favor de la desigualdad de rentas que Piketty, Krugman y compañía deberían tener en cuenta. Merece la pena enumerarlos y tenerlos en cuenta antes de rechazar de forma instintiva la desigualdad.

En primer lugar, es evidente que la posibilidad de que unos ganen significativamente más que otros es un fortísimo y deseable incentivo para esforzarse por lograr esas rentas por encima de la media. De no existir desigualdad de rentas o de ser las desigualdades mínimas, el incentivo para esforzarse y generar un valor añadido superior al de los demás sería prácticamente nulo. Cierto es que no todo el mundo que genera valor añadido lo hace con el propósito de enriquecerse. Ni siquiera aquellos que sí tienen un afán de enriquecimiento y se esfuerzan más de lo estrictamente necesario para sobrevivir lo hacen sólo por ese motivo. En la mayoría de los casos, se trata de una mezcla de ánimo de lucro y ganas por mejorar el mundo en el que vivimos. Al fin y al cabo, para que el mercado nos recompense con una abundante riqueza, debemos satisfacer las necesidades de muchas personas, lo que indirectamente implica mejorar sus vidas gracias a ofrecerles aquellos bienes o servicios que demandan por encima de otras alternativas.

El segundo motivo es que la desigualdad de rentas es un importantísimo transmisor de información en una economía capitalista. Igual que los precios son los faros del capitalismo, ya que permiten una coordinación social altamente compleja, la desigualdad de rentas es otra señal de información que el mercado transmite a sus partícipes sobre los ámbitos de la economía más exitosos. Eliminar esa transmisión de información sería un grave error.

El tercer motivo es que la desigualdad pone los recursos en las manos de quien mejor rendimiento sabe sacarles. Gracias a la desigualdad de rentas, unos partícipes dentro de una economía acumulan un número de recursos económicos muy superiores al de otros. En contra de lo que intuitivamente podríamos pensar, lejos de ser algo injusto, este fenómeno es importantísimo. La desigualdad permite que aquellas personas que han demostrado ser más productivas y capaces de generar un mayor valor añadido para la sociedad, dispongan de más recursos. Que en sus manos tengan más recursos que los demás permite que esos mismos recursos sean usados (en principio) por personas más capaces que los agentes económicos que generan menor renta. De suceder lo contrario, la destrucción de recursos sería muy superior.

Como hemos visto, la mayoría de las cosas que se dicen sobre el fenómeno de la desigualdad son rotundamente falsas. Pero aun en el caso de que la desigualdad que nos dicen se está produciendo en la actualidad fuese cierta, no sería un fenómeno negativo. Evidentemente la desigualdad tiene algún efecto negativo, pero creo firmemente que los efectos positivos son superiores. El mercado, con su capacidad de ajuste fruto de la experimentación descentralizada es el mejor marco para la coordinación social. Y si este genera desigualdad dentro de un marco de libertad absoluta, bienvenida sea. 

Podemos agravaría la corrupción

"El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente".

Lord Acton.

La clase política española destila una corrupción repulsiva e insoportable. En ocasiones no nos damos cuenta, por la costumbre, de la cantidad de tiempo que ocupan en los medios de comunicación los distintos casos de corrupción. Forman parte integral de nuestras conversaciones, de nuestra actividad en redes sociales y hasta de nuestro sentido del humor. La corrupción no tiene colores. Se da tanto en Madrid como en Andalucía, en Cataluña como en la Zarzuela. El reciente caso de las tarjetas ‘black’ de la antigua Caja Madrid, rescatada con cargo al contribuyente, es un buen ejemplo de que a la hora de pillar nadie se acuerda de su color político. Igual daba que fueran populares que socialistas, comunistas que sindicalistas. Si tenían poder, tenían su tarjeta ‘black’.

La gente, con toda la razón del mundo, se siente estafada. La corrupción no es cosa de hoy, viene de antiguo. Pero en los tiempos que corren, al español que lleva años sufriendo la dureza de la crisis, empobreciéndose y sin poder trabajar, la corrupción le duele todavía más. Que una cosa es que te saqueen y otra que se rían en tu cara. Es en este caldo de cultivo en el emerge Podemos, el movimiento político encabezado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. El clásico populismo revolucionario de corte latinoamericano, pero adaptado a la situación española. No en vano, sus principales dirigentes llevan muchos años curtiéndose en el populismo profesional como asesores del régimen venezolano de Chávez y Maduro. Uno de los puntos centrales de su programa y su discurso, que ha logrado esa magnética atracción de una buena parte del electorado, es precisamente la promesa de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cabe preguntarse si un gobierno de Podemos solucionaría el problema de corrupción del sistema político español o, por contra, terminaría agravándolo.

¿Por qué existe la corrupción? Es tentador pensar que la causa es que hemos tenido mala suerte y que da la casualidad de que los políticos que pueblan nuestros aparatos políticos son especialmente deshonestos. Bastaría con sustituir a los actuales dirigentes por otros nuevos. Ojalá. Pero lo cierto es que la corrupción no es un problema de nombres, sino de incentivos. La corrupción es la consecuencia natural del poder discrecional del que disfruta el político, de su capacidad intervencionista, no de su color político ni de sus promesas pasadas. Si un gobernante o burócrata puede tomar decisiones que suponen sustanciales pérdidas o ganancias a empresarios o grupos de interés, si pueden beneficiar o perjudicar al prójimo mediante decisiones discrecionales, los incentivos actuarán para que a la larga emerja la corrupción.

Un gobierno de Podemos agravaría el actual problema de corrupción. Lo que el partido de Pablo Iglesias propone es aumentar sin límite el poder discrecional de los políticos. Su programa incluye medidas como expropiaciones, planificación centralizada total de sectores como el de la energía, la alimentación, el transporte o el farmacéutico. Propone banca pública dirigida por cargos políticos, imposición estatal de salarios, contrataciones y despidos en empresas, o fijación de precios máximos y mínimos. Y todo ello pagado con cargo a emisiones de un banco central nacional y sin financiación externa por el anunciado impago de la deuda pública. La consecuente situación de miseria, inflación y caos que derivaría de este programa serían motivo, por supuesto, de crecientes aumentos de poder para el aparato político. No hace falta hacer uso de la imaginación para hacerse una idea del nivel de corrupción que esto provocaría. Actualmente España está en el puesto 40 en el ranking de corrupción que publica Transparency International. Venezuela, país considerado como modelo a seguir por Pablo Iglesias, está en el furgón de cola, en el puesto 160. Ahí acabaríamos de pretender copias sus políticas.

La única forma de reducir la corrupción es justo la contraria de la que propone Podemos. Hay que limitar el poder discrecional del que disfrutan políticos y burócratas, no aumentarlo. No podemos seguir pensando que la solución a la corrupción pasa por seguir deseando que los políticos no hagan uso de ese enorme poder discrecional que hemos puesto en sus manos. Y es absurdo, un error fatal, pensar que la solución pueda pasar por entregarles crecientes cantidades de poder. El poder absoluto que reclama Podemos, y que muchos parecen dispuestos a entregarle, no traerá otra cosa que una corrupción absoluta. La solución pasa por quitar de las manos de los políticos ese juguete del poder discrecional del que disfrutan, o seguirán riéndose en nuestras caras.

Decimos libertad y somos un pestiño

Hace unos días, en una entrevista por su libro Las tribus liberales, preguntaba a María Blanco por el motivo por el que hay pocas mujeres en las filas del liberalismo. Su respuesta fue tajante: “Porque los hombres liberales sois muy aburridos“. La contestación no puede ser más acertada. No es que seamos unos muermos en nuestra vida normal, algunos lo serán y otros no, pero sí lo somos en cuanto nos ponemos a hablar sobre nuestro tema favorito. Hay excepciones, sin duda alguna; ahí tenemos, por ejemplo, a Carlos Rodríguez Braun, que difunde las ideas de la libertad con un gran sentido del humor.

Por supuesto que no todos podemos recurrir a ese magnífico arma de difusión de ideas que es el humor. La naturaleza no nos ha dotado de forma generalizada con el ingenio necesario para ello. Pero sí que podemos, al menos, tratar de ser amenos. Es una necesidad imperiosa.

Que los hombres liberales seamos “muy aburridos” y no consigamos atraer a mujeres a nuestras filas resulta un gran problema. Lo es no sólo para aquellos que no tienen pareja y desean una que comparta sus inquietudes e ideas. También lo es para el conjunto de quienes queremos (incluyendo las pocas mujeres que hay entre nosotros) que los ideales de la libertad se vayan extendiendo por la sociedad. Si de partida ponemos una barrera ante la mitad de la población, lo tenemos muy difícil.

Pero es que no sólo resultamos aburridos para las mujeres, también lo somos para muchos hombres. Y no es para menos. En ocasiones entramos en discusiones bizantinas, o en disquisiciones profundas, sobre asuntos que nos pueden parecer fundamentales, pero que a la mayor parte de las personas les traen al fresco. ¿De verdad alguien cree que una persona ajena a nuestras ideas puede sentirse atraída por el liberalismo escuchando argumentos relativos a la reserva fraccionaria o cosas similares? No decimos que no deban tratarse esos asuntos, pero tengamos claro que sacándolos a colación a la primera de cambio tan sólo lograremos espantar a la mayor parte de quienes nos están escuchando.

Otro problema que tenemos, y aquí también le tomo la idea a María Blanco, es la propensión a citar autores. Al margen de que muchos de nuestros escritores o economistas favoritos son desconocidos por el gran público, resulta muy pesado escuchar a alguien que todo el tiempo hace referencia a lo que dijeron o escribieron otros. Todos tuvimos en la carrera o en el instituto algún compañero que no perdía la oportunidad de recordar que “Ortega dijo que…”, o soltando frases del tipo “parafraseando a Camus…”, “como bien explicaba Platón…” o “en palabras de Descartes…”. Lo normal era evitar su conversación.

Está bien que nos emocionemos con los grandes autores, pero tal vez sea mejor citar menos a Bastiat y seguir más su ejemplo. El genial economista y periodista francés escribió alguno de los textos más amenos sobre economía o política que se hayan publicado jamás. Su Petición de los fabricantes de velas, por poner un caso concreto, es una de las más brillantes críticas al proteccionismo que uno puede encontrar. Y no recurre a complejos desarrollos teóricos económicos, sino a ridiculizar llevando al extremo los argumentos de los proteccionistas.

Por supuesto, lo anterior sirve no sólo para los asuntos relativos a la economía, sino a cualquier otra cuestión que nos puede importar, como el derecho a decidir sobre nuestro modo de vida personal, la libertad de expresión o la inconveniencia de que exista una moral impuesta desde el Estado.

Nunca nos cansamos de hablar de libertad, algo que debería resultar atractivo a muchas personas, pero en demasiadas ocasiones somos un auténtico pestiño. Sonriamos al mundo e intentemos resultar amenos. Igual no convencemos a demasiadas personas, pero al menos puede que ampliemos nuestro círculo de amistades. E incluso es posible que hasta alguno conozca a la mujer de su vida.

Las amistades peligrosas: la lección de Nicolás

Francisco Nicolás Gómez-Iglesias pasaba por un chaval pepero típico. No era un ‘borjamari’ cualquiera. Tenía muy estudiado el gesto, el tono y el discurso. Mintió, estafó y se coló en los ambientes más restringidos hasta las entrañas. Se podría fabular cómo comenzó todo. Una madre de clase media trabajadora quiere que su hijo vaya con gente bien, de derechas de toda la vida y se haga un hombre de bien. Dicen las crónicas que, efectivamente ella iba enseñando las fotos del hijo con tanto personaje importante y alardeaba: “Mira con quién va mi chico”. Y se moría de orgullo viendo a Nicolás, estudiante de CUNEF, ascender en la escala social a base de su esfuerzo y el del padre, repartidor.

Somos lo que parecemos

Cuando ella misma lo llevó a FAES no estaba mintiendo: el muchacho  era un joven con inquietudes, sin problemas graves, un niño bien, que se dice. No había razón alguna para que la gente de FAES desconfiara de esa carita de ángel de quince años, de la mano de mamá. Lo de después es otra cosa. De repente Nicolás decidió aprovecharse de las circunstancias. Puedo imaginar cuántas veces le habrán dicho: “Pareces mucho mayor”, “Hablas como un viejo”, “Eres muy maduro para tu edad”. Y en un parpadeo, explotando esa falsa percepción que proyecta sobre su entorno, lía la mundial.

La medida de su éxito es la entrevista al abogado de Manos Limpias, Miguel Bernad, defendiendo que sin duda tenía el respaldo de las más altas esferas, demostrando que la parafernalia del joven dio el pego totalmente. Deducir que un señor de aspecto corpulento, con un arma reglamentaria que dice que es Supermán, es Supermán porque su relato es típico de Supermán y por el arma, es un error de bulto. ¿De verdad solamente los exagentes tienen armas reglamentarias? Porque toda la palabrería no demuestra absolutamente nada. Y como esa, cientos de falsas impresiones han sido sembradas por quien se conoce como “el pequeño Nicolás” por el famoso cuento francés.

¿Habría podido hacer lo mismo vestido con pantalones de tiro bajo, rastas, camiseta del Ché y barba de chivo de las que se llevan ahora? Seguro que no. ¿Su efecto habría sido el mismo si, por el contrario, hubiera mostrado una imagen de hipster, con gafas de pasta y aspecto de geek? Tampoco. La apariencia pepera le proporcionó un pasaporte para trepar por los altos cargos de nuestro país, los empresarios, los banqueros, y demás personajes acostumbrados a tener una imagen pública, a tener que hacerse fotos con cualquiera a riesgo de pasar por antipático. Recuerdo en estos momentos el selfie de la reina Letizia, al más puro estilo campechano, pero renovado por las nuevas tecnologías. Y veo la foto del cabezazo real de Nicolás al rey Felipe VI el día de la coronación. Yo qué quieren que les diga. Me da la risa.

La lección de Nicolás

Pero, no se crean, se me congela la sonrisa cuando veo la reacción de la sociedad ante la noticia y lo pienso más despacio. En primer lugar, en plena campaña regional y autonómica, Nicolás ha regalado una oportunidad para hacer escarnio de los tontos que se hicieron foto con él. Podría haber sido yo, cualquier periodista o conferenciante, escritores, de derechas, de izquierdas y sin etiquetar. En fin, hasta tontos reales han picado y varias veces. Recordemos que le han detenido por hacerse pasar por agente del CNI y llamar al rey Juan Carlos. Le faltó Su Santidad para tener la colección completa. Hay que reflexionar acerca de por qué se nos ha colado este chico ¿Podríamos pensar qué habría pasado si hubiera tenido un objetivo más perverso que simplemente hacerse una foto para, a continuación, estafar a un incauto?

En segundo lugar, hace mucha gracia. Y es cómico. Para una película de Berlanga o de Santiago Segura, es cómico. Pero como realidad en mi país, no tiene tanta gracia. La facilidad con que las apariencias mandan me asusta. Me preocupa la gracia que nos hace a todos que un joven de 20 años decida que la mejor manera de ganarse la vida es la estafa y que se aproveche sin escrúpulos de la mentalidad de su entorno. Es una muestra de la miseria moral en la que nos movemos. Deberíamos avergonzarnos pero nos partimos de risa.

En tercer lugar, lo que ha hecho Nicolás ¿no es lo que le hemos enseñado? Políticos y personajes se visten, hablan y se muestran como si fueran de ésta o aquella manera para lograr votos, permanecer en el escaño o asaltarlo (como el cielo leninista de Podemos). Su comportamiento es censurable y debe pagar por lo que ha hecho. ¿Y el resto? De rositas. Y no solamente eso. Pasarán a la historia como hitos de la modernidad política del siglo XXI. 

Pablo Iglesias y José Antonio

Podemos se ha convertido en un caso apasionante desde el punto de vista del análisis político, social e ideológico. Han obtenido un resultado relevante en las elecciones europeas, y las expectativas que han generado son enormes; de hecho, apenas tienen límites. Se cuenta con que formarán su propio grupo parlamentario, lo cual sería ya un éxito, e incluso se estima que podría convertirse en la primera fuerza dentro de la izquierda española. Si estará a la altura de esas expectativas es muy difícil de saber. Depende de su comportamiento, de la fortaleza del Partido Socialista y de la evolución del paro.

¿Cuál ha sido el análisis que se ha hecho este grupo de profesores de universidad que ha llevado a un partido de la izquierda más extrema a esta situación de preeminencia y expectativas? Se puede reconstruir a partir de diversos elementos que ha ido dejando grabados en youtube Pablo Iglesias, su líder inmarcesible, y el resto de colaboradores, además de la realidad política española. Pero él los ha engarzado todos en una charla de una hora, en Bolivia. En ella relata sus “intimidades políticas“, es decir, la realidad (o parte de ella) de su análisis, su estrategia, su discurso, sus resultados.

El objetivo que se plantea Podemos es el poder total. No debe extrañarnos, pero tampoco lo debemos olvidar, porque de otro modo no le entenderíamos. Otras formaciones, como UPyD o Izquerda Unida, no tienen ambiciones reales tan altas. Cuba, como ejemplo del camino hacia el poder, ha dejado de ser atractiva. No hay más remedio que aceptar la vía, “tan poco erótica, tan poco épica”, de la democracia “burguesa”.

Pero llevar a una victoria electoral un mensaje que no deja de ser revolucionario no es fácil. Es más, es implanteable cuando las cosas parecen ir bien. Pablo Iglesias le pide a la audiencia que se haga a la ida de “lo que representaba para nosotros en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ser ciudadanos de la Europa del Sur. Era algo tremendamente triste”. Ellos habían visto el triunfo de líderes socialistas en América Latina en situaciones de crisis, pero legó “la crisis de todas las crisis, esa crisis que empieza en 2007” y que “sirvió para crear en los países del sur de Europa situaciones de crisis de régimen, de crisis de la gobernanza europea, de crisis de la estabilidad. Abrió una suerte de estructuras oportunidad política para el cambio”.

Sí. Hay una desconfianza de un número creciente de ciudadanos en el sistema político. El juego político pasa por hacer promesas a los votantes con la renta y la riqueza ajenas, o que se asegura que es ajena. Cuando esta riqueza se destruye, las promesas se incumplen. Y como el incumplimiento es generalizado, cunde la desconfianza hacia la clase política. Como los sucesivos gobiernos han hecho lo necesario para evitar una crisis de deuda aún más grave, y esas medidas no son las que desean los votantes, se dice que el sistema no es plenamente democrático.

Esta sensación de fraude se produce de forma generalizada. Dice Iglesias: “Cuando se produce una crisis que provoca injusticias que son palpables por todo el mundo, son momentos en los que a la gente que procede de valores conservadores, la crisis también les duele y les afecta. A la gente de derechas tampoco le gusta que le roben. A la gente de derechas no les gusta que les tomen el pelo”. Llega el 15M, y se pregunta Iglesias: “¿Qué es lo que ocurre cuando gente que jamás se ha manifestado sale a la calle y dice son unos sinvergüenzas, me están robando? Surge una oportunidad histórica”.

Pero esa oportunidad hay que saber aprovecharla. Necesitan un discurso que capte ese descontento, y que sepa encaminarlo hacia una formación política, la suya. Y para eso necesitan un discurso. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y demás han sacrificado sin pena el marxismo más ortodoxo para adoptar, con pragmatismo, experiencias e ideas distintas. Las han bebido de América Latina. Pero no son ideas nuevas. Tampoco en España. Es aquí donde encaja el antecedente de José Antonio Primo de Rivera.

No es que lo cite Pablo Iglesias. Pero tampoco hace falta. Hace referencia a Marine Le Pen, cuya formación “amenaza con convertirse en mayoritaria en Francia”. ¿Por qué? Pues “cuando están convirtiendo tu país en una colonia, ¿qué mejor discurso que apelar a pueblo y al orgullo nacional? Fue una de las características fundamentales de nuestra campaña electoral, que la izquierda nos criticó. Nosotros dijimos: ‘somos patriotas. Y aquéllos que privatizan, aquéllos que entregan atribuciones soberanas a poderes exteriores, aquéllos que no pagan impuestos, esos son traidores a la patria’. La izquierda se echaba las manos a la cabeza. ‘¿Qué clase de discurso es este?’. Y apelamos a la Policía y a las Fuerzas Armadas”.

La izquierda española ha renunciado al discurso patriótico, y ha alimentado sistemáticamente la idea de que las apelaciones a la nación son sinónimo de un peligroso derechismo. A Iglesias, Monedro y demás les ha bastado incluir un discurso patriótico para amenazar al PSOE con relegarle a una posición subordinada dentro de la izquierda. Como dice Pablo Iglesias en la misma conferencia, “la clave para entender el éxito del fenómeno Podemos es que hicimos exactamente lo que la izquierda no se hubiera atrevido a hacer”. El lema de José Antonio Primo de Rivera era “patria, pan y justicia”, y apelaba especialmente a aquéllos que “por carecer de pan, no pueden apreciar a la patria”.

Aunque la referencia de los creadores de Podemos es el de los líderes populistas iberoamericanos que, como Hugo Chávez, se envuelven en la bandera nacional, las ideas de José Antonio se cuelan en este discurso con naturalidad. Los populistas americanos apelan a la nación frente al imperialismo. José Antonio, en su manifiesto ante las elecciones de febrero de 1936, publicado en Arriba, decía “queremos una política internacional para que sea neutral o beligerante por la libre conveniencia de España, no por la servidumbre a ninguna potencia exterior”. Y Podemos apela al patriotismo frente a las injerencias de Bruselas, que impone esos recortes que muchos rechazan.

Así, la patria enlaza también con una de las ideas fuerza de Podemos, la democracia, que ha fracasado porque no ha impedido que Bruselas imponga sus designios. Y esta idea enlaza con otra, que es clave en el discurso, y en el éxito, de Podemos: la casta. Iglesias lo expresa así: “Un viejo amigo comunista, que conoce América Latina muy bien, decía: la audacia comunista, el momento leninista, si queréis, supone identificar esos pequeñitos momentos excepcionales en los que la diferencia entre un dirigente audaz y un dirigente mediocre es la capacidad de señalar a los culpables, señalar a los enemigos, y decirles ‘¿veis? Estos son los enemigos del pueblo’. Es la diferencia entre la audacia y ser un conservador que sigue utilizando los mismos métodos”.

Pero esa audacia no es sólo comunista. Volvemos a José Antonio, que en el mismo discurso, titulado “Por España una, grande y libre, por la patria, el pan y la justicia”, dice: “Banqueros que se enriquecen prestando a interés caro el dinero de los demás; propietarios de grandes fincas que, sin amor ni esfuerzo, cobran rentas enormes por alquilarlas; consejeros de grandes compañías diez veces mejor retribuidos que quienes con su esfuerzo las sacan adelante; portadores de acciones liberadas a quienes las más de las veces se retribuye a perpetuidad por servicios de intriga; usureros, agioistas y correveidiles. Para que esa gruesa capa de ociosos se sostenga, sin añadir el más pequeño fruto al esfuerzo de los otros, empresarios, industriales, comerciantes, labradores, pescadores, intelectuales, artesanos y obreros, agotados en un trabajo sin ilusión, tienen que sustraer raspaduras a sus parvos medios de existencias”. No le cuelga el nombre “casta”, ni ninguno otro, pero hace referencia a la misma realidad.

No es que José Antonio, por otro lado, fuera completamente ajeno a las ideas de Marx, que había estudiado. En el discurso en el Cine Madrid, del 19 de mayo de 1935, dice: “Las previsiones de Marx se vienen cumpliendo más o menos de prisa, pero implacablemente. Se va a la concentración de capitales; se va a la proletarización de las masas, y se va, como final de todo, a la revolución social”.

No se trata de que los creadores de Podemos se hayan basado en José Antonio, algo que desconozco. Pero sí de hacer ver que su análisis les lleva a ver que la tesis internacionalista de Negri y Hart no funciona, y que “el Estado siempre vuelve”, pues “cuando se producen situaciones de crisis, la reivindicación del Estado y la soberanía” adquieren protagonismo como “instrumento de intervención política crucial”. Entonces es necesario llevar el análisis político socialista al ámbito del Estado. Y el antecedente de este intento de “nacionalizar” la izquierda en España es José Antonio.

¿Cómo afrontar un desafío nacional-separatista en Cataluña?

Hace un tiempo reflexioné en Libertad Digital sobre cómo vencer el desafío separatista en el País Vasco y, lamentablemente, dos años después, sigue siendo válido reflexionar sobre cuál debe ser la estrategia constitucionalista y cómo se puede vencer el desafío nacional-separatista en Cataluña.

El nacional-separatismo se trata de la excusa ideológica empleada por las oligarquías extractivas y destructivas en España para maximizar el poder y el dinero que consiguen exprimiendo los recursos de las personas físicas y jurídicas que residen en cada región. Está guiando políticamente los desafíos institucionales en las Comunidades Autónomas y el deterioro de la ley en España.

Ante los desafíos institucionales, se requieren cinco acciones desde el constitucionalismo para corregir la deriva nacional-separatista:

1) la firmeza en el cumplimiento de la ley, 2) la imputación mediante querellas criminales de las oligarquías autonómicas cuando cometan delitos, 3) la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, 4) el control de cualquier rebelión secesionista mediante la cohesión entre los constitucionalistas y la explicación pormenorizada del desafío institucional y sus consecuencias y, en su momento, 5) la limitación y fijación de las competencias de las comunidades autónomas y aquellas que hubiese que devolver al estado central [a][b][c][d], lo que requiere aplicar el Título X de la Constitución Española de 1978 y la aprobación en referéndum por todos los ciudadanos españoles, dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (Artículo 1 CE).

Como en su día, observamos la importancia de la limitación del Estado Autonómico [a][b][c][d] para reducir el tamaño del Estado, disminuir las barreras normativas, mejorar la organización territorial sin artificios cientistas y posibilitar el cálculo económico, permítanme que, ahora, analicemos las acciones previas que se requieren para defender el ordenamiento jurídico que instauró la vigente Constitución:

1) Firmeza en la exigencia de cumplimiento de la ley  

Arturo Mas, como «hereu» de Jordi Pujol y actual Presidente de la Generalidad de Cataluña, insiste reiteradamente en el incumplimiento de la ley y la vulneración del ordenamiento jurídico español. Ayer, 15 de octubre de 2014, ha concretado una versión final del desafío a las instituciones democráticas que consistirá en una charanga en forma de consulta participativa, en donde podrán votar los residentes en la región sobre la secesión de Cataluña desde el 9 de noviembre y durante los 15 días siguientes.

Nada más y nada menos que proponen 16 días para realizar una consulta tramposa que oculta un referéndum sobre la secesión de Cataluña. En este planteamiento burlesco, sólo falta que inviten a cervezas, actúen payasos, dancen bailarinas, regalen bolígrafos y firmen camisetas del FCB a quienes sigan el juego de la pantomima que escenifica Arturo Mas. Vale todo con tal de lograr adhesiones para la causa de la oligarquía catalana.

Sería para tomárselo a broma, si no fuese un desafío institucional en toda regla. Como la Generalidad de Cataluña no aplica un censo electoral jurídicamente válido, se dará un fraude electoral que, si se reeditase su obra Ubú President, el grupo teatral Els Joglars podría resumir satíricamente así: "¿Ha votado señor Mas? Sí, he votado cinco veces esta mañana y, después de comer, votaré tres o cinco veces más".  

Eso sí, ningún medio de comunicación de Cataluña se atreverá a informar sobre el gravísimo incumplimiento de la Constitución Española, porque la soberanía nacional reside en todo el pueblo español (artículo 1 CE), se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española (artículo 2 CE) y sólo puede ser convocado un referéndum por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (artículo 92 CE). 

Si todavía existe, la sociedad civil debe exigir al Gobierno de España, al Parlamento y a los Tribunales que se aplique la ley con todas sus consecuencias sobre Arturo Mas, sus consejeros y los funcionarios que participen de una consulta que quebrante la ley vigente.

La Constitución Española fue ratificada por una amplia mayoría de los ciudadanos españoles el 6 de diciembre de 1978. Y es un insulto a los españoles que políticos irresponsables puedan plantear impunemente un desafío institucional a la integridad territorial de España, incumpliendo gravemente el ordenamiento jurídico vigente.

Por ello, no se puede consentir que Arturo Mas y sus consejeros realicen a la población las mismas preguntas que intentaba hacer con la Ley de Consultas que el Tribunal Constitucional ha suspendido por inconstitucional. Por lo visto, Arturo Más no quiere firmar ningún decreto y optará por convocar la farsa a través de una rueda de prensa.

2) Querellas Criminales ante los delitos de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia…

Debe saberse que, aunque no firme un acto administrativo, el acto de convocar una consulta en una rueda de prensa y las actuaciones para publicitar, promover y dotar los medios para que se efectúe (locales, urnas y papeletas) constituyen una desobediencia a los tribunales. En primer lugar, son un fraude de ley porque se amparan en una norma existente para conseguir por otro procedimiento un objetivo que es contrario a la ley. En segundo lugar, son un clarísimo intento de eludir la suspensión de la ley por un medio que le permita llevar a término el mismo fin que le ha prohibido el Tribunal Constitucional.

Arturo Más se jacta públicamente de que el Gobierno de España no puede recurrir la decisión, como si tuviese un pacto acordado al respecto con el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. De ser cierto, ése hecho sería lo realmente grave y lamentable, además de una traición a la Constitución que han prometido o jurado cumplir (y hacer cumplir), ambas autoridades, para poder ejercer sus cargos públicos. Si bien, en realidad, ha reconocido ante el Parlamento Autonómico de Cataluña que nada ha cambiado: "El 9-N habrá locales, urnas y papeletas. ¿Qué diferencia hay?".

Sus afirmaciones públicas y el análisis del fondo de los actos administrativos del mediocre Arturo Mas y sus secuaces podrían permitir mantener la inconstitucionalidad de una consulta soberanista, porque se trata de un referéndum en contra de la Constitución Española de 1978 (Artículos 1, 2, 8 y 92 CE).

Análogamente, los comentarios públicos de Artur Mas podrían dotar de validez a las querellas criminales presentadas por los partidos políticos VOX y UPyD por presunta comisión de los delitos de sedición (Art. 544 y ss.), rebelión (Art. 472 y ss.), desobediencia (Art. 556), prevaricación (Art. 404)… que permiten aplicar el vigente Código Penal a los promotores de la consulta participativa constitutiva de un referéndum orientado hacia la secesión de una región de España. 

3) Aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española

Dado que el Gobierno de España está contemporizando y no actúa con contundencia, tiene que ser la sociedad civil española la que presente las querellas criminales frente a la corrupción y los intentos secesionistas de la oligarquía nacional-separatista.

Sin embargo, llegado el caso, solo el Gobierno de España podría defender la Constitución Española ante una declaración unilateral de independencia lo que, por supuesto, requeriría la detención de las autoridades promotoras y la suspensión inmediata de la autonomía aplicando el artículo 155 CE:

1) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2) Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónoma.

4) Control del desafío institucional 

Finalmente, dado que tratamos de analizar en este comentario cuál debe ser la estrategia constitucionalista y cómo se puede vencer un desafío nacional-separatista en Cataluña, es importante analizar cómo se procedió con éxito hace 80 años para hacer frente a la declaración unilateral de independencia de Luis Companys en el año 1934, por si algún irresponsable político intenta romper el modelo de convivencia pacífica de España durante los próximos meses o años.  

4.1. ¿Cómo se sofocó la rebelión nacional-separatista en el año 1934? 

Así sucedieron los acontecimientos. A las 20:00 horas del 6 de octubre de 1934, Luis Companys (1882-1940), que ejercía como presidente del gobierno de la autonomía de Cataluña en aplicación de la Constitución Española de 1931, formalizó el incumplimiento de la ley que estaba vigente therule of law») y realizó una declaración unilateral de independencia desde el balcón del Palacio de la Generalidad:

La Cataluña liberal, democrática y republicana (…) llama a todos al cumplimiento del deber y de la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las Instituciones Falseadas (…) En esta hora solemne en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.

El Alcalde de Barcelona convocó también una sesión extraordinaria en donde logró que 22 de los 30 concejales aprobasen una declaración donde expresaban: "su firme y decidida adhesión al Presidente y al Gobierno de Cataluña".  

La estrategia de la conspiración orquestada por las oligarquías extractivas y destructivas de la región de Cataluña contaba con la movilización en la calle de los militantes de partidos políticos nacional-separatistas y con la ayuda de los sindicatos socialistas, comunistas y anarquistas que transformaron las palabras en hechos consumados, cuando se echaron a las calles armados con pistolas y fusiles, y organizaron barricadas para hacer frente a las fuerzas policiales y militares que enviase el Estado central.

Luís Companys realizó una llamada al general de la IV División Orgánica en Cataluña, Domingo Batet Mestres (1872-1937), al cual le exhortó a someterse a sus órdenes políticas. Sin embargo, el general decidió cumplir con la legalidad vigente y, como no podía ser de otro modo si no quería enfrentarse a las graves consecuencias penales de la proclamación de una independencia, se puso en contacto con el Presidente de España, Alejandro Lerroux (1864-1949), que le ordenó telefónicamente que declarase el "estado de Guerra" en la región autónoma de Barcelona.

Cumpliendo con el deber que le exigía la Constitución Española de 1931, el Domingo Batet Mestres envió al comandante Fernández Unzúe para que sofocase la rebelión y detuviese a los delincuentes conspiradores. En la madrugada del 7 de octubre de 1934, sus tropas se abrieron paso por las calles y abrieron fuego contra los edificios de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona. En diez horas se consiguió dominar por completo la situación de insurrección, produciéndose tan sólo tres muertes de los insurrectos que disparaban contra las tropas de la 2ª República.

Luis Companys tardó 10 minutos en llamar al general Domingo Batet Mestres para indicarle su rendición. Companys y los consejeros de la Generalitat fueron detenidos por delitos graves en contra del ordenamiento constitucional.

Por orden del Presidente de la República, el general Domingo Batet Mestres asumió el mando hasta nueva orden y cesó a las autoridades civiles y militares que colaboraron con la sedición de Luis Companys.

4.2. ¿Cómo se reestableció el cumplimiento de la Ley en el año 1934?

Después de sofocar la rebelión secesionista, se sucedieron los actos administrativos que permitieron el regreso al orden constitucional de las instituciones regionales y locales de Cataluña:

  • En primer lugar, el Presidente del Gobierno de España dio las instrucciones precisas al general Domingo Batet Mestres para que sus tropas pudiesen actuar de modo rápido para sofocar la rebelión, causando el menor número de bajas y deteniendo a los delincuentes y sediciosos.
  • En segundo lugar, cuando ya estaba sofocada la rebelión, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto por el que el coronel Jiménez Arenas asumía provisionalmente la Presidencia de la Generalidad y de su Consejo Ejecutivo. Posteriormente, se nombraron el resto de autoridades que pasaban a asumir las competencias del gobierno autónomo.
  • En tercer lugar, el Presidente del Gobierno, D. Alejandro Lerroux, interpuso una querella criminal por los delitos de traición y sedición contra los consejeros del gobierno autónomo catalán.
  • En cuarto lugar, el Tribunal de Garantías Constitucionales emitió sentencia en la que se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 22 del Estatuto de Cataluña que consideraba la inmunidad de los miembros de la asamblea catalana en contra del texto de la Constitución Española de 1931.
  • En quinto lugar, el Consejo de Ministros de 26 de noviembre de 1934 aprobó un Decreto por el que se restablecía la asunción por parte del Gobierno de la República de todas las funciones y competencias en materia de orden público que habían sido erróneamente traspasadas a la Generalidad el 15 de noviembre y 8 de diciembre de 1933 y 24 de enero de 1934.
  • En sexto lugar, el Parlamento de España aprobó la Ley de 2 de enero de 1935, de suspensión del Estatuto de Cataluña que señalaba el final de la administración de los órganos autónomos por la autoridad militar y que constaba sólo de tres artículos:

Artículo 1. Quedan en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico". 

Artículo 2. En el periodo transitorio de que se habla en el artículo anterior asumirá todas las funciones que correspondiesen al Presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo, un Gobernador General, que nombrará el Gobierno, con facultades de delegar en todo o en parte las funciones atribuidas a dicho Consejo".

Artículo 3. El Gobierno nombrará una Comisión que, en el plazo máximo de tres meses, estudie los servicios traspasados y valorados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deban revertir al Estado, señalando en cada caso las normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos adoptados. 

En todo caso, las normas referentes a los servicios de Orden público, Justicia y Enseñanza serán objeto de una Ley.

El Gobierno de la República asumió todas las competencias de orden público, justicia y enseñanza. Fue designado como Gobernador General de Cataluña, Manuel Portela Valladares (1867-1952) para que coordinase el traspaso y la reordenación de los servicios administrativos en la región de Cataluña. El Consejo de Ministros del 21 de febrero aprobó un Decreto que creaba una Comisión Revisadora de los Servicios Estatales Traspasados a la Generalidad de Cataluña.

Como consecuencia del desafío nacional-separatista, el gobierno autonómico quedó suspendido en Cataluña hasta febrero de 1936, cuando se aprobó el Decreto-Ley de 26 de febrero, por el que se autorizaba al Parlamento de Cataluña a reanudar su actividad y a designar un Gobierno para la Generalidad. El 2 de marzo de 1936, se reeligió a Luis Companys.

Sin embargo, la situación institucional siguió empeorando en Cataluña y en el resto de España con asesinatos de oponentes políticos de izquierdas y de derechas. Las religiones de lo Político (o, si se prefiere, del «ejercicio del poder») –socialistas, comunistas, nacional-socialistas y fascistas— movilizaron las voluntades y llevaron irresponsablemente el país hacia un punto de no-retorno institucional.

La guerra civil española comenzó formalmente el 18 de julio de 1936, como respuesta al deterioro sociocultural y político del país pero, previamente, por la intransigencia y el inmovilismo que fueron fraguándose impulsados por las ansias de dinero y poder absolutos de las oligarquías en el poder.

En resumen, esperemos que sirvan los más de treinta y cinco años de democracia para que el pueblo no se deje embaucar por demagogos, los políticos sepan controlar los desafíos institucionales y los jueces hagan cumplir la ley, sin que se repita una declaración unilateral de un Tirano Banderas que intente maximizar su poder en nombre de los països catalans, del nacional-socialismo, del fascismo, del comunismo o de cualquier otra utopía colectivista.

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