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El Estado no liberal de Viktor Orban

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ofreció un discurso el pasado sábado, 29 de julio, ante los fieles de su partido, el Fidesz. En él, dijo: “No creo que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos impida construir un nuevo Estado no liberal, basado en unos fundamentos nacionales”. A su juicio, “la crisis financiera global ha demostrado que los Estados de democracias liberales no pueden seguir siendo globalmente competitivos”. Así las cosas, “la era de las democracias liberales se ha terminado”.

La expresión que todos los medios traducen al inglés, al francés y al español como “iliberal” no es exactamente antiliberal en el sentido que entendemos en España. En el contexto en el que habla Orban, se refiere tanto a una democracia con frenos y contrapesos como al Estado de Bienestar, la integración económica internacional y la libre inmigración. La crisis económica ha sido un punto de inflexión “como el de 1945 o el de 1990”, pues ha demostrado que los Estados que siguen este modelo “liberal”, “se consumen en la deuda, y ya no son un modelo sostenible en occidente”.

Orban cree que Hungría necesita “encontrar un método de organizar la sociedad que difiera de las ideologías aceptadas en occidente”. La sociedad, dice, “no es una simple suma de individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, fortalecida, y desarrollada”. Y precisa: “En este sentido, quiere construir “un Estado iliberal, un Estado no liberal. No niega los valores fundacionales del liberalismo, como la libertad y otros. Pero no hace de esta ideología el elemento central de la organización del Estado”.

Estas ideas no deberían excluir su pertenencia a la UE, pues su propuesta no deja de ser democrática. Sólo que los valores que impondrá el Estado desde la democracia serán otros. Él lleva años construyendo su Estado no liberal. El diario The Wall Street Journal lo resume así: “Ha cambiado la composición de tribunales y otras instituciones independientes, nombrando fieles de su propio partido, Fidesz; ha politizado el Banco Central; ha nacionalizado las pensiones privadas; y ha cerrado medios de comunicación por hacer ‘una cobertura partidista de las noticias'”.

El sitio que han dejado de ocupar las democracias liberales como guía lo ocupan ahora otros modelos: “Singapur, China, India, Turquía, Rusia”. Pero su verdadero modelo, quizás porque es el que le queda más cerca, es Vladimir Putin. Ya sabemos, entonces, qué entiende Orban por un modelo no liberal.

No es que Viktor Orban sea un advenedizo ni haya pensado en su momento sobre las conveniencias de la libertad. Su mentor, Miklos Haraszi, escribió un interesante artículo sobre él en 2002, en Open Democracy. Recuerda los orígenes en la oposición democrática al comunismo, cuando “Viktor Orban era el más anarco-liberal” de todos ellos. Él fue su alumno más aventajado en el estilo que Haraszi había encontrado para ganar el debate público para la libertad, a partir de hacer provocaciones calculadas. Orban, sigue Harazi en su artículo, ha sido exitoso al reunir en una sola formación a todos los partidos de la derecha. “Y su talento”, añade, “consiste en su capacidad de cambiar de ideología y hacer de ídolo de los votantes que busca, cuando ello es necesario”. De hecho, “se ha llevado a sí mismo y a Fidesz de ser un partido del anti autoritarismo radical a un conservadurismo cristiano radical”.

El modelo expresamente anti liberal que propone Orban se explica, por tanto, por una combinación de elementos exteriores e internos. El Estado de Bienestar se ha ahogado en un tsunami de deuda, a las democracias occidentales se han adherido, como una lapa, unas ideologías sociales progresistas que una parte importante de la sociedad húngara rechaza, hay países que prosperan pese a no ser la Unión Europea, los Estados Unidos ni Japón, y la personalidad de Orban le lleva al oportunismo radical.

No es sorprendente que las actuales democracias occidentales no tengan el atractivo de otra época como ideal a seguir. Son poco democráticas, se identifican con valores en ocasiones muy anti liberales e incluso totalitarios, han creado un Estado providencia que es ineficaz. El sálvese quien pueda nacionalista que propone Viktor Orban es una respuesta en cierto sentido lógica a ese fracaso. Pero es peligrosa para la libertad. El hecho de que el conservadurismo autoritario haya ganado prestigio es una mala noticia.

Arquitectura y gobierno en el siglo XXI

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Una de las anécdotas más repetidas en las aulas de las universidades de todo el mundo en los cursos de Historia del Pensamiento Económico es la de Jeremy Bentham (1748-1832), el padre del utilitarismo. El autor inglés aún asiste a las reuniones del consejo académico del University College de Londres porque, por expreso deseo suyo, se conserva en una vitrina su esqueleto, perfectamente vestido, con una reproducción en cera de su cabeza (la original está momificada). Así que en cada ocasión que se reúne el consejo, trasladan la vitrina desde donde la mirada de cera de Bentham sigue vigilándonos a todos. Una tradición bien macabra.

Pero estudiando la biografía de Jeremy Bentham no resulta tan extraño ese tipo de excentricidades. Fue un niño prodigio consciente y ensalzado por ello. Sabedor de su inteligencia, la dedicó a salvar al mundo. Y ahí radica el problema de toda su filosofía. Porque, por más acertadas que fueran algunas de sus ideas, inoculó a la filosofía moral de la época y hasta nuestros días con el mal del utilitarismo (o consecuencialismo). Su cálculo felicífico es el summum de la planificación por el bien de todos. Pero… lo que más escalofríos produce es el Panóptico, la cárcel perfecta.

Este edificio estaba diseñado de manera que la vigilancia fuera perfecta y que los presos supieran que estaban siendo vistos en todo momento. No sería necesario el gasto en guardias porque, incluso si estos fueran negligentes, una sola persona podría vigilar a los convictos. Este modelo arquitectónico de vigilancia perfecta podría servir también para construir fábricas en las que los obreros no serían negligentes. La idea del autor es que sería suficiente una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Terrorífico.

Es la misma sensación que siento cuando leo los "deberes" que se lleva de veraneo el ministro Luis de Guindos: la adecuación de la Ley de Auditoría y de la "arquitectura" del FROB a la normativa europea. Se trata de dos cuestiones diferentes que revelan los agujeros de la planificación central a que estamos sometidos.

Resulta que nos hemos dado cuenta de que las auditorías externas pueden ser fraudulentas. Y nos hemos caído del guindo (perdón por la asociación de palabras) justo con el escándalo de Gowex, descubierto, no por la autoridad vigilante, por las comisiones nacionales involucradas… no. El escándalo fue descubierto por una pequeña empresa de análisis. Y por eso el ministro De Guindos ha decidido que es el momento, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, de adecuar la Ley de Auditorías a la normativa europea. Seguramente era un proceso en marcha, pero nada como un escándalo para acelerar las cosas.

Por otro lado, y esto es lo que me ha recordado a Bentham, hay que reformar la "arquitectura" de la autoridad de resolución bancaria nacional, el FROB. Resulta que en enero entra en funcionamiento la versión europea del FROB y hay que ponerse al día. El problema que enfrenta al Banco de España y al Ministerio se resume en el famoso dicho andaluz "¿Y tú de quién eres?". Mientras que el ministerio considera que las dos funciones principales del FROB deben descansar en el propio ministerio, con el argumento de que al fin y al cabo son los ciudadanos con sus impuestos los que han rescatado a las entidades financieras, el Banco de España cree que una de ellas debe ser asumida por una institución independiente. Se trata de la gestión de participaciones empresariales de esos bancos intervenidos, que, según el Banco de España, deberían ser gestionadas igual que las participaciones empresariales que gestiona el SEPI.

Bentham debe de estar revolviéndose en su vitrina viendo la chapuza planificadora del gobierno español. Porque ni el Banco de España se ha mostrado capaz de vigilar a las instituciones que dependen de él, ni el ministerio ha sido capaz de hacer cumplir la ley y de proteger a los ciudadanos de los abusadores. Lo que sí consiguen ambos estamentos es que todos los demás ciudadanos, los que no delinquimos, los de a pie, que somos quienes pagamos impuestos y mantenemos esa estrafalaria e ineficiente "arquitectura" estatal, nos sentimos permanentemente vigilados, pero no encerrados en un Panóptico, sino a cielo abierto. Cantar en la calle, mirar al cielo, sonreír al vecino de asiento en el metro, dentro de poco, serán acciones susceptibles de control y, eventualmente, de ser gravadas con un impuesto o tasa, dependiendo del equilibrio político.

En lo único que han seguido fielmente a Bentham es en la máxima de que el vigilante no sea vigilado por nadie. Probablemente el autor londinense pensaba en una autoridad superdotada como él, pero no, no es el caso. Y ya no sé si es para bien o para mal.

La infame revolución del proletariado que quiere Pablo Iglesias

Escrito por Eladio García en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La infame revolución del proletariado que quiere Pablo Iglesias

Una de las expresiones más desgraciadas y bochornosas que integran el repertorio político de Pablo Iglesias, el líder de ese nuevo fenómeno de masas que está convulsionando la sociedad española, afirma lo siguiente: "… la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas, ontológicamente, anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia…". Asombrosamente, aún existen liberales que disculpan esta retórica populista aludiendo a la regeneración que supuestamente aporta a la batalla de las ideas la emergencia en el escenario político de un nuevo partido, como si cualquier cosa novedosa supusiese siempre una situación mucho mejor.

En mi opinión, a Pablo solo se le puede catalogar acudiendo a las raíces que soportan su manera de pensar, sin dejarse distraer por las trifulcas y los juegos dialécticos que agrandan el arco parlamentario y que lo único que hacen es alimentar aún más el mito que rodea a la política. En el fondo, la causa principal de la emergencia de esta nueva formación no es distinta de la que acontece cada vez que el comunismo y el socialismo acometen una nueva embestida. Dicha causa reside en esa creencia ceremoniosa y mayoritaria que avala, de algún modo, el desiderátum de la igualdad. El imaginario colectivo está trufado de ideas relacionadas con este concepto, que constituyen la vitualla más frecuente de los envidiosos y de los fracasados. Lo único que ha hecho Pablo Iglesias es explotar ese campo abonado por la crisis económica. No hay ningún misterio en esto: la gente apoya ese tipo de iniciativas siempre que tiene oportunidad, los dislates intelectuales están a la orden del día, subyace en el individuo una manía inquisitorial que le hace apostar por el argumento ramplón y que le lleva a defender la equiparación absoluta de todas las cualidades humanas, así que las suyas queden convenientemente ocultas dentro de esa masa amorfa. En relación con esto me gustaría traer a colación aquí una anécdota que me ocurrió no hace mucho y que ilustra muy bien hasta qué punto las personas son devotas de esa lucha de clases que aspira a imponer la igualdad social a través de la exaltación y dominación de una única casta de privilegiados: la prosapia proletaria.

Hace unos días, durante una reunión nocturna, una amiga mía se puso como un basilisco al escuchar un comentario que yo hice sobre un libro que había ojeado en una librería de Madrid unas semanas antes. El libro en cuestión reúne un cúmulo de despropósitos difíciles de igualar. Es un libro esperpéntico, que lleva por título La Abolición del Trabajo. No es que mi amiga defendiese exactamente todo lo que se dice en ese libro grotesco. Lo que pasa es que malinterpretó algo que yo le dije en relación con él, y en seguida se puso a gritarme.

El libro aboga a favor de una revolución lúdica un tanto ingenua. Según la tesis de su autor, el trabajo es la fuente de todas las miserias humanas. Para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. En consecuencia, deberíamos iniciar una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado. Yo me había mostrado crítico con todas estas ideas. Ya no es que el trabajo pueda dejar de existir, además tampoco puede ser una fuente de satisfacción general. El trabajo nunca puede complacer a todos los trabajadores, ni siquiera a una mayoría. Por el contrario, mi amiga afirmaba que el trabajo tenía que reportar felicidad, en cualquiera de los casos. Al menos, eso tendría que ser lo que todos deberíamos promover: un mundo de trabajadores plenamente satisfechos.

Pero la felicidad no es algo que se pueda imponer con carácter general. Depende de cada persona y siempre es fruto de las circunstancias particulares y de las capacidades individuales. Podemos aumentar la felicidad si permitimos que cada cual busque la misma en virtud de sus posibilidades reales. Pero debemos ser conscientes de que esa felicidad nunca podrá ser plena, en la medida en que tampoco lo son esas posibilidades. En ningún caso podrá consistir en una aventura generalizada, como parece que augura el autor del libro sobre el que discutíamos.

No obstante, mi amiga insistió. Afirmó que la vorágine capitalista en la que nos hallamos inmersos impide que las personas desempeñen profesiones que seguro les reportarían mucha más felicidad, y que es preciso cambiar esta circunstancia de una vez por todas. Lo que en realidad estaba defendiendo mi amiga con esta apelación es que el trabajador debe tomar las riendas de la sociedad, y decidir él qué trabajo desea desempeñar. En definitiva, estaba anunciando una nueva revolución proletaria, similar a la que ya existió en los siglos XIX y XX con la deriva comunista. Como veremos a continuación, estas ideas conducen siempre a una situación de dominación bastante reprobable.

Como trabajadores, los hombres no podemos convertirnos nunca en soberanos de nuestras vidas porque entonces estamos obligados a actuar también como dictadores, y a decidir sobre la vida de los demás. En términos económicos, el trabajador es un elemento productivo; es un bien de capital. Constituye la mano de obra con la que se fabrican los bienes de consumo. Como productor, no puede decidir qué produce o deja de producir. La soberanía que importa aquí es la del consumidor, no la del trabajador. La libertad que hay que garantizar es la que se genera cuando se eligen los bienes de consumo, no la que acontecería si se pudieran elegir los bienes de capital sin tener en cuenta los gustos de los consumidores.

El trabajo siempre debe tener un componente desagradable. La mayoría de las cosas siempre cuestan esfuerzo. Venimos a este mundo con una mochila vacía, y para llenarla es necesario trabajar duro. Pero es que además el trabajo no es algo que elijamos nosotros en virtud de aquello que nos guste más. Cuando trabajamos nos convertimos en productores de bienes de consumo, lo que quiere decir que fabricamos bienes que están destinados al consumo de otras personas. Mientras no pretendamos obligar a los demás a consumir los productos que nosotros les digamos, tendremos que fabricar aquellos artículos que demanden ellos de manera voluntaria. Esto no tiene vuelta de hoja. El trabajo no es algo que esté dirigido a agradarnos a nosotros. Muy al contrario, tiene que venir determinado por los gustos y las apetencias de los consumidores. Si yo quiero ejercer la medicina, pero resulta que ya hay una oferta de médicos que cubre toda la demanda, solo tengo dos opciones. Puedo hacer que los demás enfermen, y aumentar así esa demanda, o puedo esforzarme para superar a mis colegas y agradar a un mayor número de clientes. Si acepto lo primero me habré convertido en un tirano. Si acepto lo segundo deberé esforzarme duro y afrontar todas las adversidades que vengan. Y muchas veces tendré que asumir que no puedo trabajar en aquello que me hace a mí más feliz. La demanda de un puesto de trabajo nunca coincide con la oferta. Y coincidirá menos si solo tenemos en cuenta los gustos del trabajador. Si esto fuera así todos tendríamos un puesto agradable, estaríamos trabajando como capitanes, navegando en un bonito yate, recibiendo unos emolumentos abundantes, y dejándonos arrastrar por las olas, hacia una isla caribeña. Y todos los consumidores tendrían que comprarnos ese viaje. Sin embargo, los hombres tiene necesidades que exigen trabajos muchos más duros. Por ejemplo, necesitamos comer naranjas y patatas, y por tanto hace falta que alguien trabaje removiendo el abono que necesitan los campos. Si este ejemplo de trabajo no parece suficientemente desagradable puedo poner muchos más.

En cualquier caso, lo que tenemos que entender es que las personas tienen gustos profesionales que no coinciden al cien por cien con las necesidades reales que presentan por término medio todas las personas que consumen. Esta fórmula es bastante sencilla.

Las condiciones laborales deben mejorar, y de hecho lo hacen, gracias a que la capacidad productiva aumenta a medida que las sociedades capitalistas se desarrollan y se apoyan más en la técnica y el conocimiento científico. Pero no deben mejorar porque lo diga un determinado sindicato, o porque constituya un deseo general. Los deseos se convierten en realidad solo cuando la realidad quiere.

La única soberanía legítima es la que viene impuesta por la voluntad del consumidor. Todos somos consumidores de bienes. La libertad auténtica debe respetar los gustos de cada uno de los individuos sin hacer excepciones. Debe prevalecer la voluntad de aquellos que utilizan esos bienes. La revolución del proletariado, tal y como la conciben los comunistas, utiliza exactamente el argumento contrario. Centra sus reivindicaciones en torno a la figura del trabajador y del obrero. Y, al hacer esto, deja de defender que cada uno haga y consuma lo que quiera, y pasa a exigir que todos consuman lo que el productor decida en virtud de las necesidades que le sean afines. Por tanto, no es difícil imaginar por qué el marxismo acaba siempre promoviendo una sociedad totalitaria. 

En economía existe una ley que afirma que los costes siempre tienen que seguir a los precios. En términos sociales esto es lo mismo que decir que los productores (el empresario, el trabajador, el capitalista) siempre deben atenerse a la demanda del consumidor. No existe otra forma de libertad, ni un soberano mejor.

En el siglo XXI aún existen países modernos como España en los que centenares de miles de personas están dispuestas a votar a un partido político que lleva en su programa las mismas reivindicaciones que ya defendían los socialistas del siglo XIX. Esto pone de evidencia que el totalitarismo, el fascismo, el estalinismo, el nazismo, etc., no son meros accidentes históricos. Forman parte de la naturaleza humana y definen a la ralea de ignorantes que a pesar de todo siguen creyendo que la solución pasa siempre por acometer algún tipo de acción política.

No deberíamos confundir la soberanía que defiende Pablo Iglesias con la soberanía que debería caracterizar a una sociedad verdaderamente libre. Pablo quiere devolver la soberanía al pueblo, pero lo quiere hacer a través de la igualación de todos sus ciudadanos. Esto requiere la presencia de un nuevo líder político, con mano de hierro, que diga cómo se debe acometer esa igualación y quiénes son los que tienen que desprenderse de sus bienes para alcanzar esa paridad. Todo esto supone una imposición, un latrocinio y una exigencia ética incompatibles con la moral y con la libertad de la persona. Solo habremos devuelto la soberanía a los ciudadanos cuando los políticos dejen de meter sus narices en las decisiones que toma la gente a diario, es decir, cuando cada uno pueda actuar como un verdadero consumidor, eligiendo aquellos artículos que más le apetezcan, y obligando a las empresas a cubrir esa demanda cambiante. Esto se llama capitalismo, y libre competencia, pero ya sabemos qué opinión le merecen a Pablo estas palabras. Los liberticidas no congenian con esa forma de organización, porque nunca ha estado entre sus preferencias la defensa de una libertad auténtica.

Inmigración (XIII): Hacia el Estado panóptico en los EEUU

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“Entonces la cuestión es saber qué odian más los conservadores: bien un gran gobierno o bien los trabajadores indocumentados. Si es lo primero deberían cesar de beber el veneno restriccionista. Y si es lo segundo, deberían dejar de fingir que son partidarios de un gobierno limitado”. Shikha Dalmia. 

“El comportamiento humano ha desafiado casi siempre los planes mejor intencionados”. Daniel Tichenor.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein.

“De aquí a 20 años será obvio que los ‘baby boomers’ necesitarán a los jóvenes inmigrantes. No sólo California tiene escasez de trabajadores sino el país entero.” Dowell Myers.

 

Los norteamericanos suelen celebrar con orgullo su pasado como nación de inmigrantes, pero temen su inmigración actual. Es uno de los asuntos más controvertidos en dicho país. Los políticos republicanos son partidarios de mayores restricciones y controles de la misma. Quieren a toda costa que el asentamiento de personas extranjeras que vengan a trabajar a su país sea un proceso largo, selectivo y excluyente. Asimismo apoyan, como buenos nativistas, las detenciones y expulsiones compulsivas para aquellos que se salten ese proceso.

Como ya hemos visto, construir un muro en la frontera sur del país no detiene realmente el flujo migratorio, simplemente lo hace invisible (clandestino). Las personas que arriesgan su propia vida para llegar a los EE UU no son fácilmente disuadidas con reglamentos o patrullas fronterizas. Millones de personas quieren llegar y otros tantos empleadores quieren contratarlos. En vez de procurar más canales legales y promover la inmigración legal, se opta por erigir mayores barreras e impedimentos. De la misma forma en que altos niveles de tributación alientan la evasión fiscal o elevados aranceles incitan el contrabando, draconianas restricciones a la inmigración fomentan el traspaso ilegal de las fronteras.

Incomprensiblemente los conservadores abdican de sus convicciones (tal vez porque no son demasiado profundas) en torno a las bondades y la ética del mercado. Perciben al inmigrante llegado a los EE UU como un abusador que utiliza la economía americana como si fuera una simple vaca lechera y no como una tierra de oportunidades para que pueda realizar su contribución y progresar por sí mismo trabajando duramente en beneficio de toda la sociedad.

La esperada reforma migratoria

Las leyes de inmigración llevan sin revisarse en los EE UU más de veinte años. Las masivas deportaciones de inmigrantes clandestinos empiezan a ser ya socialmente inasumibles. El argumento económico a favor de la inmigración hace tiempo que es abrumador en el gremio de los economistas. La reforma del sistema se hizo ya patente en tiempos de Bush. No obstante, el advenimiento del 11-S sirvió de coartada para sabotearla y, so pretexto de salvaguardar la “seguridad nacional”, seguir con el régimen restriccionista a la inmigración.

Desde que Reagan “amnistió” a tres millones de inmigrantes indocumentados, las leyes de inmigración americanas y los controles sobre la población inmigrante se han incrementado progresivamente. Bush intentó en 2007 introducir una reforma migratoria así como un programa de trabajadores huéspedes pero su falta de convicciones claras al respecto y su propio partido impidieron que se llevaran a efecto. El Congreso americano no afrontó la necesaria reforma del sistema migratorio. Es un tema complejo que levanta ampollas.

Actualmente se estima que hay más de once millones de inmigrantes clandestinos. Ocho son mexicanos, casi dos millones son del resto de Centroamérica y del Caribe, otro millón más son asiáticos y unos 300.000 son de origen europeo. El 65% de ellos lleva viviendo más de 10 años de forma continuada en suelo americano. No se les ocurre ni en sueños traspasar la frontera por temor a no poder regresar a sus trabajos o junto a sus familias o allegados en los EE UU.

Obama prometió antes de ser presidente llevar a cabo la tan ansiada reforma y dar una salida digna a los trabajadores indocumentados. Su reforma avanza demasiado lentamente. Esto no ha sido óbice para que durante su mandato las fuerzas y cuerpos de seguridad americanos hayan aumentado significativamente las deportaciones de inmigrantes clandestinos; el número total de expulsiones alcanza los 400.000 deportados por año (en época de Bush eran unos 250.000). Para que nos hagamos una idea, es como si se expulsara el total de la población de la ciudad de Bilbao y Portugalete juntas, o la de Las Palmas de Gran Canaria o la de Palma de Mallorca anualmente de forma ininterrumpida. El que diga que no es necesario reformar en serio el desquiciado sistema migratorio de los EE UU es que no quiere afrontar la realidad.

Pese a que se anda cocinando desde hace más de dos años una nueva reforma sobre la inmigración en los EE UU, los procelosos trámites legislativos americanos y la cabezonería republicana impiden que por el momento salga para adelante.

Mientras, leyes contra inmigrantes en Arizona y Alabama 

A la espera de que se apruebe la reforma migratoria, los legisladores conservadores, deseosos de “hacer algo” al respecto y jaleados por organizaciones antiinmigración (como la hiperactiva FAIR), han ido aprobando sus propias leyes -por llamarlas de algún modo- en los Estados donde gobiernan.

Así, en abril de 2010 la gobernadora de Arizona promulgó una ley (la SB 1070) que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados. Esta ley permite a la policía detener e interrogar (stop and ask) a cualquiera si se tienen “sospechas razonables” de que es indocumentado. Da también derecho a los ciudadanos a instar a los agentes del orden a realizar controles sobre los inmigrantes. La aplicación de esta ley tiene un tufo de discriminación racial y animosidad étnica innegables por mucho que los políticos representantes de dicho Estado lo nieguen. Se tensa la costura de los derechos civiles de sus ciudadanos. Esto sin contar con la aplicación obligatoria en dicho Estado del sistema de verificación del status del futuro trabajador (mediante el programa E-verify) y de la conocida sanción como Business death penalty (cierre del negocio) para aquellas empresas que sean reincidentes en la contratación de trabajadores indocumentados (illegals).

Por su parte, el gobernador de Alabama, a pesar de contar dicho Estado con un bajo porcentaje de inmigrantes, aprobó a mediados de 2011 su propia ley de inmigración (la HB 56). Es una de las más restrictivas de los EE UU. Obliga a todo ciudadano a llevar encima en todo momento su documento de identidad (es algo bastante inusual en los EE UU), tipifica como delito el transportar o el rentar una vivienda a un inmigrante indocumentado y anula cualquier contrato firmado con el mismo. Además, requiere a las escuelas públicas llevar censos de sus alumnos para saber quiénes tienen o no documentos (comunicándolo al Estado) e incrementa muchas de las sanciones propuestas en su día por la legislación de Arizona de 2010.

Con legislaciones estatales en la mano como las de Arizona o Alabama es una felonía hacer negocios, establecer relaciones laborales, arrendaticias o contractuales de cualquier tipo con extranjeros “ilegales”, es decir, indocumentados. Es profundamente irónico que Estados que en el pasado violaron –mediante la ley- los derechos humanos para mantener dentro una fuerza laboral negra, barata y esclavizada estén haciendo de nuevo ahora algo parecido pero en sentido inverso: expulsar a una fuerza laboral mestiza, barata… y deseosa de trabajar.

Las consecuencias previsibles de estos dislates no se han dejado esperar: éxodo de inmigrantes (legales y clandestinos) a otros Estados menos opresivos y un poco más hospitalarios, pérdida de miles de puestos de trabajo y economías resentidas en Arizona y Alabama, obviamente.

Pese a esto y a que algunas de las más disparatadas medidas de estas dos leyes hayan sido bloqueadas por el Tribunal Supremo a instancias del Departamento de Justicia estadounidense por interferencia constitucional con la política federal, lo fundamental permanece intacto. Otros Estados (Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah) han seguido el ejemplo de Arizona y Alabama. La demonización continua por parte de los políticos conservadores hacia los latinos (el sector del electorado estadounidense de más rápido crecimiento) evidencia la voluntad de sacrificar poder electoral a largo plazo para la auto-preservación del mismo a corto.

Como criminales, pero con menores derechos 

A los conservadores les encanta decir de manera hipócrita que no están en contra de la inmigración sino sólo contra aquélla que es clandestina, pero reduciendo al mismo tiempo todo lo posible las opciones a los extranjeros para trabajar y vivir legalmente en su país. Cualquiera que haya tenido que vérselas con el aparato burocrático de inmigración de los EE UU sabe que uno acaba perdiendo su status de legal antes o después. La intrincada y severa regulación de la inmigración penaliza al que quiere cumplir con las reglas y es casi imposible no terminar violando alguna de ellas (es lo que suele ocurrir con las malas y prolijas regulaciones).

La ICE (Inmmigration and Customs Enforcement) y demás cuerpos y fuerzas de seguridad americanas (incluidas las locales) tienen encomendada, bajo la denominada Sección 287(g), la aplicación implacable de las normas de inmigración. Han de cumplir todos con dicho mandato, especialmente tras los sucesos del 11-S, hayan sido o no capacitados para ello. Las detenciones de inmigrantes, por ende, han aumentado de forma muy acusada en la última década.

Es preocupante la situación legal de los inmigrantes indocumentados. A pesar de cometer una ofensa civil (haber traspasado la frontera ilegalmente), se les trata como si hubieran cometido una ofensa penal; peor aún, porque no tienen los mismos derechos que los criminales encarcelados: se les detiene sin plazo definido (puede ser más de un año al no aplicárseles el habeas corpus), carecen de abogado de oficio (aunque pueden contratar uno privadamente) y se les obliga a costear su estancia en prisión hasta que llegue el juicio para su deportación. Los juzgados que tratan los asuntos de inmigración no están sometidos a las mismas reglas de procedimiento que las cortes penales. Según la American Bar Association, los jueces de inmigración aplican la ley de forma inconsistente y sesgada a favor de las directrices federales.

Oficialmente, los esfuerzos de la ICE y demás fuerzas de seguridad deberían enfocarse en deportar a aquellos inmigrantes que hayan cometido un delito. Sus actuaciones y redadas lo desmienten. Según el think tank Migration Policy Institution, entre 2003 y 2008 sólo el 27% de los inmigrantes arrestados tenían antecedentes criminales de cualquier tipo. Igualmente, los informes del Departamento de Homeland Security (DHS), controlador del ICE, indican que dos tercios de los inmigrantes encerrados por el ICE no tienen historial criminal alguno y muchos pueden llevar varios años trabajando sin papeles en los EE UU. El abuso de autoridad es serio.

Está claro que desde hace tiempo la aplicación efectiva de las leyes de inmigración en los EE UU no trata a los inmigrantes en general como cumplidores de las leyes sustanciales que tan sólo mantienen disputas civiles o administrativas con el gobierno federal, sino que se les trata peor que a los criminales, con todo lo peyorativo y deshumanizante que eso significa.

“Que hagan la fila como los demás” (republicanos)

Uno de los mantras más repetidos en contra de la inmigración clandestina es que supone un agravio comparativo para aquéllos que están haciendo los trámites legales y esperando pacientemente a que les den respuesta a su solicitud. Se arguye que es parecido al que se salta la fila delante de una ventanilla. La realidad es diferente: los que logran visado de entrada para trabajar o residir en los EE UU son sólo personas cualificadas o con características especiales.

Si exceptuamos a los trabajadores agrícolas, para el resto de trabajadores no cualificados no hay apenas posibilidades de que obtengan visado. Para ellos no existe ventanilla alguna en donde poder hacer la cola. Cuando se recurre al símil de la fila es una forma cínica de echar bolones fuera y de no afrontar el problema de forma honesta.

Lo sorprendente es que los EE UU no tiene una tasa especialmente elevada de inmigrantes si se le compara con otras naciones prósperas. El reconocimiento de una gran fuerza laboral venida de fuera con deseos de ponerse en acción podría ser muy beneficioso para la economía estadounidense.

“Que se les reconozca la nacionalidad” (demócratas)

Los demócratas saben jugar bien sus cartas en torno al tema de la inmigración. Reclaman, con razón, que es un sinsentido mantener en el país durante tanto tiempo una bolsa tan grande de trabajadores clandestinos (muchos llevan viviendo más de 10 años en suelo americano).

Sin embargo, en vez de proponer lo más efectivo, a saber, la flexibilización de todo el sistema restrictivo de inmigración actual para favorecer y extender la entrega del permisos o visados de trabajo (la codiciada green card) para los futuros trabajadores inmigrantes, se enfocan en la amnistía de los actuales indocumentados y en la concesión de la nacionalidad a los mismos, a sabiendas que los republicanos entrarán al trapo, torpedearán dicha medida o será negociada a cambio de mayores recursos para los controles y fiscalizaciones federales de todo tipo. Al final los demócratas serán los buenos de la película y los republicanos, los malos, como de costumbre cuando se aborda este asunto, pero los problemas seguirán sin solucionarse ni enfocarse como es debido.

Al no proponer una liberalización propiamente dicha, lo que demuestran los demócratas es no querer arreglar realmente el problema de la inmigración en los EE UU, sino tan sólo les interesa ganar votantes mediante la “legalización” de los inmigrantes presentes ya en suelo americano. Los que consigan la nacionalidad quedarán muy contentos pero las cosas se les pondrán aún más difíciles todavía a los futuros inmigrantes y a los empresarios o ciudadanos americanos que deseen o necesiten contratar con ellos en el porvenir.

La aspiración del inmigrante que arriba a los EE UU generalmente no es la nacionalidad, ni las prestaciones sociales, ni el poder participar en las votaciones o ser miembro de un jurado; lo que quiere de verdad es salir de una situación desesperada, trabajar duro y ganarse la vida.

La Banda de los Ocho propone más de lo mismo

El año pasado un comité bipartito del Senado, conocido por el nombre de la Banda de los Ocho, lanzó un proyecto de ley en el que se puede atisbar ya por dónde irán los tiros caso de que se lleve adelante: dar prioridad a los controles en vez de a la liberalización de las leyes migratorias.

Esta reforma va a arreglar verdaderamente pocas cosas (amnistía de los indocumentados) y va a complicar muchas otras más (mayores partidas presupuestarias para las agencias estatales como la DHS, gastos compulsivos para la seguridad fronteriza, mayores poderes federales a expensas de los Estados y, lo peor, la introducción a nivel federal del programa E-verify).

Los republicanos –incluido el Tea Party- caen en flagrante contradicción cuando denuncian que el gobierno federal es demasiado ineficiente e incompetente para gestionar el servicio de correos o el cuidado de la salud (Obamacare) pero piensan que está cualificado para controlar el paso de la gente a lo largo de sus miles de kilómetros de frontera o para llevar a cabo el chequeo laboral de unos doscientos millones de trabajadores en el interior del país. Hasta ahora las medidas restriccionistas de la inmigración no han tenido éxito pues no ha impedido una inmensa inmigración clandestina. La Banda de los Ocho propone las mismas medidas de siempre… y espera un resultado diferente.

Ni siquiera los gobiernos totalitarios pueden controlar las fuerzas subyacentes que mueven los flujos migratorios de las personas. Pueden influir en hacerlos o no visibles (legales o clandestinos), crear mayor o menor sufrimiento en ello, pero nunca impedirlos.

Extender el E-verify a todo el país 

Uno de los asuntos estrella del proyecto de reforma de la ley de inmigración americana será la extensión a nivel federal de la verificación del status legal de los futuros trabajadores antes de ser contratados en cualquier empleo. La novedad es que afectará a todos (inmigrantes y propios americanos). A día de hoy sólo es obligatorio en unos pocos Estados.

Con la reforma se requerirá a todas las compañías norteamericanas, so pena de fuertes sanciones, el gastarse unos 150 USD por cada verificación vía Internet contra una gigantesca base de datos federal acerca del status legal de cualquier candidato potencial a ser contratado. Esto es una tasa en toda regla que grava el empleo. Esto sin contar con los numerosos problemas que puedan ocurrir por la aparición de falsos positivos que impidan o retrasen la contratación de personas “idóneas” (según criterios de los burócratas) pero que, a resultas de errores o bases de datos no actualizadas, aparezcan como indocumentados.

Un país luchando aún por salir de una prolongada recesión, con un desempleo todavía elevado, lo último que necesita es otro requerimiento federal que haga más dificultosa la contratación. Es justo lo que el programa E-verify va a suponer cuando se instaure en todo el país. El gobierno cuando pretende resolver un problema, suele crear otro aún peor.

En un mercado libre, las necesidades del empleador determinarán quién y cuántos inmigrantes son necesarios y no los criterios de los burócratas federales en cada momento que, cuando se trate de la inmigración, deberían limitarse a controles de seguridad.

Los EE UU, a pesar de contar con una sociedad civil extraordinaria e innovadora, va camino de convertirse desgraciadamente en un gran supervisor de los comportamientos e interacciones de sus contribuyentes. Una gran maquinaria escudriñadora tendente al Estado panóptico.

Lo peor no es que este obsesivo control de los inmigrantes cree innecesario sufrimiento o que se esté incurriendo en un coste de oportunidad inmenso, sino que incrementales restricciones a la facultad de los empleadores por contratar a trabajadores, de los arrendadores por arrendar sus propiedades o de cualquier americano por pactar o intercambiar con extranjeros venidos de fuera se da de bruces con el libre mercado y aparta un poco más a los EE UU de sus orígenes como tierra de oportunidades y de fecunda libertad.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

Por más que lo repitan sus entusiastas votantes, Podemos no puede

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Aunque sus votantes hablen más o más alto, más orgullosos o con más entusiasmo, Podemos no puede; aunque tengan mucha visibilidad en prensa y televisión, salgan cada poco a la calle a manifestarse, acampen en la misma Puerta del Sol, rodeen el Congreso o intenten acallar la voz de otros políticos entre gritos e insultos, Podemos no puede; por más que sus dirigentes vendan la piel del oso antes de cazarlo para arengar a la tropa con cánticos de victoria, Podemos no puede. Por una simple razón: son una minoría cuyas ideas no representan el sentir mayoritario del pueblo como pretenden aparentar. Y en democracia eso es todo lo que importa.

Fruto del sistema electoral acordado en la transición, el comunismo siempre ha tenido una influencia marginal en la política española a través de sus partidos políticos, y únicamente ha decidido elecciones generales prestando o dejando de prestar sus inquietos votantes al Partido Socialista. Resistiéndose, a pesar de todo, a diluirse como el fascismo para superar las ideologías totalitarias como un drama del pasado.

Así, tras los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo —con el fracasado golpe de estado del 23-F por medio— el PSOE de Felipe González se alzó con la victoria en las elecciones generales de 1982, apoyado por una mayoría de los votantes comunistas. Que, a diferencia de la anterior convocatoria, optaron por el pragmatismo del voto útil para conseguir el primer gobierno de izquierdas de la democracia.

No sería hasta 14 años después, que el centro-derecha español logró reagruparse entorno al Partido Popular para volver al poder. Cuando en 1996, José María Aznar se sirvió de la pinza con Izquierda Unida —liderada por Julio Anguita— para echar a Felipe González de la Moncloa. Los socialistas estaban envueltos entonces en varios escándalos de corrupción y en los crímenes de estado cometidos por el GAL. Y la pinza formaba parte de la estrategia de sorpasso, con la que IU aspiraba a reemplazar al PSOE como partido referente de la izquierda. Al final, lejos de sobrepasar a nadie, sus inflexibles planteamientos desencadenaron la escisión de algunas federaciones regionales y de la corriente Nueva Izquierda, llevando a los comunistas a un largo declive hasta su mínimo electoral, situado en el 2.7% del censo.

En 2003, a pesar de comulgar con la ideología política más sanguinaria de la historia, los comunistas escondieron sus camisetas del Che en el cajón, se enfundaron la camiseta del "No a la guerra" y salieron a la calle para evitar que Rajoy sucediese a Aznar como presidente del gobierno. Quien, ignorando la voluntad de la mayoría, había involucrado a España en la Guerra de Irak para apoyar a George Bush, el por entonces archienemigo de la izquierda mundial. Así, con el protagonismo de los artistas de la ceja, aprovecharon la incompetencia de los populares en la gestión del desastre del Prestige y de los atentados del 11-M, para movilizar a todo el electorado de izquierdas y hacer presidente a José Luís Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004.

Estando la izquierda en el poder, explotó la burbuja inmobiliaria, propiciando el pinchazo de la coyunturalmente hinchada recaudación con la que se habían financiado los caramelos populistas de Zapatero: cheque bebé, renta básica de emancipación, reparto de VPO a modo de regalo o lotería, primas a renovables, innumerables subvenciones a industrias deficitarias, etc. Tras incrementar la deuda pública del 36,3% al 70,5% del PIB en solo cuatro años, hasta agotar la capacidad de financiación de su gobierno con disparates keynesianos como el Plan E —las desgraciadas "políticas de crecimiento"— y el mantenimiento del hipertrofiado aparato estatal y autonómico que se había consolidado en la época de bonanza, sus acreedores le cerraron el grifo. Empezaron entonces los recortes, haciendo aflorar el amargor encapsulado en los dulces que había repartido, cual negligente cigarra que olvida lo largo y duro que puede ser el invierno.

Se presentaba así un escenario inédito para los comunistas, que tenían demasiado reciente en la memoria la última legislatura de Aznar, al que ellos habían aupado al poder. Y se sentían traicionados por Zapatero, que ya sin margen de maniobra, se había doblegado a los acreedores internacionales rebajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones y rescatando cajas de ahorros con dinero público, para impedir una quiebra en dominó y el impago de su deuda. A cambio, España se salvaba de la quiebra formal y mantenía el acceso al mercado de crédito para financiar sus deficitarios presupuestos.

Ante la magnitud de la tragedia, IU no parecía representar un arma útil para influir en el devenir del país. Y el 15 de Mayo de 2011, indignados por el previsible triunfo de Mariano Rajoy en las siguientes elecciones generales, algunos colectivos de la izquierda más combativa solo vieron una salida: echarse a la calle con los lemas "Democracia real ya!" y "No nos representan", escenificando su negativa a asumir su verdadero peso en un PSOE que se desmoronaba y en la sociedad española. Comenzaron así unas manifestaciones que culminarían con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y la formación del Movimiento 15-M.

Partidos como UPyD y Ciudadanos, que habían nacido durante el mandato de Zapatero por el descontento de algunos socialistas con la deriva nacionalista del PSE y el PSC, supieron pescar en aguas revueltas y recolectar parte del voto más centrista que abandonó el PSOE.

Al calor del Movimiento 15-M, también surge una nueva generación de líderes comunistas como Alberto Garzón, cuyos agresivos planteamientos revolucionarios y sus artículos de pseudo-economía para legos, disfrazados de verdad científica al estilo marxista, hacen fervor entre sus seguidores en internet y pronto se encarama a la dirección de Izquierda Unida.

Pablo Iglesias, otro de esos jóvenes líderes, admirador de Julio Anguita y consciente de la incapacidad del apolillado discurso de IU para ampliar la base social del comunismo, decide poner en práctica una idea más posibilista para revivir la ilusión del sorpasso. Así, aprovechando el tirón del eslogan "Yes we can" de Obama, trata de vestir la mona de seda en sus intervenciones televisivas. Su estrategia consiste en superar el lastre que suponen la palabra comunismo y los partidos hasta ahora lo representaban, desplegando una calculada retórica, digna de Goebbels, para reclamar todo el voto disperso de la variopinta izquierda anticapitalista. Nace así el fenómeno Podemos.

Con propuestas que sobrepasan a IU por la izquierda, como la renta básica universal, pretenden comprar el voto de una generación de Ni-Nis que además de no estudiar ni trabajar, tampoco votan, pero sí ven mucha televisión y parecen fácilmente maleables para dar ruido a cambio de la promesa de recibir una paguita, movilizando al resto de la izquierda. El objetivo es servir de nexo entre el voto del proletariado más rancio que representa IU y un PSOE realineado a la izquierda respecto a aquel que rescataba entidades financieras con el dinero del pueblo, para formar un frente amplio que se haga con el gobierno. Siendo así la "palanca de cambio" que vire el rumbo de la política española hacia la izquierda. El hecho de que propuestas como la RBU sean irrealizables carecería de importancia, supuesto que en caso de tomar parte en un gobierno serían minoría y tendrían fácil justificar una posición pragmática ante sus bien adoctrinados votantes.

Pero las matemáticas electorales de Podemos están tan viciadas como las que, ignorando la imposibilidad del socialismo, sustentan sus planteamientos de economía dirigida. Los comunistas no supieron hacer las cuentas en la transición, donde los partidos minoritarios fueron condenados a la marginalidad, ni las saben hacer ahora.

Como demostraron las últimas Elecciones Europeas, su principal caladero electoral se encuentra en los votantes más activos del ala izquierda del PSOE. Esos comunistas que no se pierden ni una cita electoral pero tras el desengaño del sorpasso volvieron al voto útil que hizo presidentes tanto a Felipe González como a Zapatero. Y ahora, decididos a tropezar una vez más con la misma piedra, se han dejado seducir por la mesiánica misión de Pablo Iglesias para abrir un proceso constituyente que instaure la dictadura del proletariado en España y termine con la casta.

A Podemos, como al resto de partidos minoritarios de ámbito nacional, cada escaño le costará entre el doble y hasta siete veces más votos que a PP, PSOE y nacionalistas. De forma que, por cada escaño que ganen IU, Podemos o UPyD con antiguos votantes del PSOE, los socialistas pierden 2 o más asientos, generando un balance negativo para la representación de la izquierda.

A la luz de estos datos, es fácil entender el antagonismo tan visceral que profesan los de Pablo Iglesias a Rosa Díez y el boicot a sus actos. La existencia de UPyD como sumidero de más de un millón de votos socialdemócratas, hace prácticamente imposible que el frente de izquierdas del que habla Podemos participe en el gobierno de España. También desactiva su capacidad para tirar de un desorientado PSOE hacia la izquierda de forma duradera, como les gustaría.

No parece tarea fácil, además, subir a un mismo barco a todos los votantes de izquierdas, en la tesitura de decidir si el objetivo es librarse de los rentistas que viven de su plusvalía, o crear una nueva clase de rentistas, para incrementar su cuota electoral con votos comprados, emulando la Andalucía del PER. Tampoco parecen ponerse de acuerdo si Andalucía y Extremadura deben participar en la redistribución de la renta de regiones más ricas como Cataluña, o solo el proletariado de cerca merece chupar de ese bote. Y es que esto de la izquierda es un concepto muy amplio, que coincidiendo en un punto elemental: hay que robar al rico, dista del consenso sobre todo lo demás.

Mientras el voto de centro-derecha permanezca activo y unido como en los últimos veinte años —no hay mejor combustible y aglomerante que el miedo a unos comunistas y nacionalistas crecidos—, solo es posible un gobierno de izquierdas en España con un una representación de los comunistas en mínimos y un PSOE moderado que recupere a sus antiguos votantes refugiados en UPyD y abstencionistas. Basta comprobar cómo aunque que a Rajoy no le fue suficiente con un 39.94% del voto para gobernar en 2008, Aznar fue presidente con solo el 38.79% en 1996. La diferencia: una Izquierda Unida en mínimos con 2 escaños, o cerca de máximos, con 21 escaños.

Con su indignación, convertida en ilusión vana por un líder populista, los votantes de Podemos se están imponiendo como penitencia un mandato del señor Rajoy tan largo como duren sus delirios de poder. 

Una ciudad disruptiva, una Startup City libre para España

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

“El futuro de la libertad está en las ciudades como Hong Kong”. Giancarlo Ibargüen.

 

Index of Economic Freedom establece a Hong Kong como la economía más libre del mundo.

Fuente: The Freeman.

Los últimos 20 años se han caracterizado por un importantísimo avance tecnológico. Los principales cambios han venido de la mano de las disrupciones acuñadas por Clayton M. Christensen. Estas innovaciones son las que han conseguido competir en el mercado satisfaciendo la demanda de los consumidores con menores precios y en muchos casos desplazando o marginando la tecnología preexistente. La telefonía móvil, las compañías aéreas de bajo coste, las tiendas de ropas de precios más accesibles, los restaurantes de comida rápida o la educación online son muchos de los ejemplos de las que han triunfado.

Gracias a estos avances, los software son cada vez más funcionales e inteligentes, muchos servicios son gratuitos en Internet, es más fácil encontrar nichos de mercado, las habilidades demandadas para encontrar un trabajo o crear una empresa pueden ser aprendidas en muchos casos de forma gratuita online y, lo más importante, es más fácil empezar nuevos negocios que satisfagan y generen riqueza al conjunto de la sociedad tal como ha expuesto recientemente John Chisholm en la revista Forbes. 

Innovación Disruptiva, por C. M. Christensen.

Fuente: http://www.claytonchristensen.com/.

Sin embargo, nuestras ciudades, nuestro mejor invento, que nos hacen más ricos, inteligentes, saludables y felices, como expone Edward Glaeser en su libro “Triumph of the City”, y sin las cuales no podríamos hablar de sociedades desarrolladas, no han sido capaces de mantener el ritmo de la tecnología. Se han intentado crear las smart cities o ciudades inteligentes, pero éstas no han tenido ningún tipo de éxito. La principal causa de por qué estas ciudades u otras son incapaces de seguir a las tecnologías o no se han desarrollado tecnológicamente es: la planificación central de las mismas mediante infinidad de leyes, planes y trabas administrativas. 

Pirámide o cascada coactiva de planeamiento por G. Calzada y G. Melián.

Fuente: Procesos de Mercado.

Las ciudades españolas son un claro ejemplo. Las leyes urbanísticas de este país son tan pésimas como las que impiden crear nuevos negocios, pues éstas prohíben crear nuevas ciudades o transformar las existentes libremente. Es totalmente imposible que ciudades planificadas centralizadamente con impuestos desorbitados, ingentes trabas administrativas para las empresas y un modelo económico basado en el gasto público y el subsidio puedan convertirse en un Silicon Valley urbano repleto de tecnología o transformarse en un lugar de oportunidades para las personas con menos recursos, como pueden ser Hong Kong o Singapur (donde, por cierto, una asociación industrial promueve el uso de bitcoin).

Estas regulaciones están llevando a las ciudades españolas a la decadencia. Sin embargo, un grupo de emprendedores, de esos que cambian el mundo para convertirlo en un lugar mejor, junto con la Universidad Francisco Marroquín, han puesto en marcha una idea de ciudad disruptiva con el fin de poder sacar de la pobreza al mayor número de personas posibles. Proponen fundar una ciudad modelo o libre con leyes propias, mínima regulación e impuestos bajos o inexistentes en algún lugar de centro o sur América. La idea no es otra que la de crear las condiciones legales y de seguridad para atraer nuevos empresarios o inversores que creen riqueza y una importante cantidad de puestos de trabajo.

La idea disruptiva de las ciudades libres podría ser definida como una gran startup incubadora de nuevas ideas empresariales y empresas creadas por multitud de empresarios. De hecho, recientemente, el término de ciudades libres o freecities se ha ido abandonando y ha sido sustituido con una gran aceptación por el de Startup Cities al crearse el Startup Cities Institute. Éstas ofrecerían el entorno preciso para la creación de nuevas empresas o startups que proporcionarían innovadoras opciones en productos y servicios, crearían un gran número de puestos de trabajo e impulsarían la innovación y el crecimiento económico.

¿Qué pasaría si la política avanzara al ritmo de la tecnología?

Fuente: Startup Cities Institute.

Las nuevas ciudades tecnológicas y disruptivas harían una importante competencia a las existentes y, al igual que Hong Kong consiguió abrir los mercados en China y el país se vio beneficiado con la llegada de capitales extranjeros, la contratación de mano de obra y los desarrollos tecnológicos, allí donde se instalen estas nuevas ciudades las consecuencias serían las mismas: mayor libertad y riqueza.

Honduras ha sido el primer país en cambiar su constitución para permitir crearlas, con lo que se logrará incluir a los pobres en el crecimiento económico, dar a los empresarios las herramientas que necesitan para que sus ideas prosperen y ofrecer a aquellos que más lo necesitan una oportunidad de vida mejor. Ya han sido muchas las grandes empresas, como Goldman Sachs o la Fundación Abu Dhabi para el Desarrollo, las que han mostrado su interés por instalarse en esta futura ciudad hondureña. El futuro es incierto, pero si consiguen llevar a cabo esta iniciativa, podrán convertir la zona en uno de los lugares más prósperos del mundo.

Hong Kong en Honduras.

Fuente: The Economist.

España tiene las condiciones ideales para crear una Startup City. Es una de las puertas de Europa tanto para África como para América y cuenta con un clima extraordinario. Son muchos los que creen que podría convertirse en la Florida o California de Europa, pero esto será imposible si no se crean las condiciones de libertad económica y seguridad jurídica necesarias. Por ello, la creación de una nueva ciudad de las características mencionadas podría ser una gran oportunidad para España y Europa.

España, ¿la California de Europa?, por Domingo Soriano.

Fuente: LibreMercado

Cualquier lugar de España sería bueno, pero si me dieran a elegir, escogería un lugar de las Islas Canarias. Éstas, antes de pasar a ser una de las regiones más pobres de España con una tasa de paro por encima del 30% y una economía subsidiada e hiperregulada, fueron un puerto franco con un futuro muy prometedor. Su estratégica localización geográfica, su excelente clima y sus recursos naturales, más aún si se termina descubriendo petróleo, hacen de las Canarias un lugar ideal para localizar una Startup City o ciudad disruptiva. 

Empresarios bananeros

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El riesgo moral de las ayudas y privilegios públicos que concede el Estado en una economía intervenida y subvencionada como la europea es fundamental para entender la aversión que la gente tiene a los empresarios. El discurso populista de los nuevos partidos socialistas (Podemos) o de los históricos (PSOE) critica al capitalismo por las malas prácticas que sus políticas planificadoras generan… Y pretenden enmendarlo con mayor intervención estatal.

Estos días se puede leer en la prensa local canaria una serie de noticias que pueden hacernos reflexionar sobre la maldición que sufre su gente pese a vivir en unas islas afortunadas por tantas razones. La historia viene de lejos y tiene que ver con dos complejos hoteleros situados cerca de las dunas y playa de Maspalomas, un enclave privilegiado en el que turistas de todo el mundo deciden pasar sus vacaciones no solo en verano sino cualquier día del año debido a su soleado clima y agradables temperaturas primaverales prácticamente inmutables.

Hace varios años la cadena mallorquina Riu presentó un proyecto de 46 millones de euros para derribar y reconstruir las instalaciones de su hotel Oasis que lleva gestionando desde los noventa pero construido a finales de los sesenta. Fue entonces cuando el grupo canario Lopesan, que también tiene un complejo hotelero en la zona, interpuso un recurso ante el Cabildo para que no se ejecutara el proyecto. Las autoridades públicas lo impidieron y a día de hoy debaten qué hacer en la zona. Entre tanto, Riu tuvo que reabrir su hotel sin poder reformarlo. Los argumentos de Lopesan contra un empresario "de fuera" ponen los pelos de punta y son un claro ejemplo de los efectos del localismo proteccionista en el que un mal llamado empresario se alía con los burócratas de turno para impedir que la competencia pueda innovar o hacer lo que quiera en sus propias instalaciones, de ahí el verbo cabildear.

Este mal no se limita al sector turístico, el estandarte del sector primario canario, el platano, también está podrido. "Sin ayudas, el plátano de Canarias desaparecería", y no lo afirmo yo, lo decía el presidente de los productores plataneros hace dos años quien argumentó también que "el consumidor peninsular tiene que ver al plátano como algo suyo"… y así comprar esta fruta más cara en el mercado aunque previamente la haya subvencionado con sus impuestos. Ayudas que este año ya han cobrado y se elevan hasta los 141 millones de euros que han salido de los bolsillos de los contribuyentes españoles… y europeos (por medio de la PAC, la Política Agraria Común).

No siempre ha sido así, hubo un tiempo en el que la política dejó libertad a la gente y la Ley de Puertos Francos de 1852 facilitó que compañías internacionales alumbraran un provechoso negocio que abasteció de plátanos a muchos europeos sin necesidad de intervención estatal ni saquear a los contribuyentes. La prosperidad duró hasta que los burócratas empezaron a planificar la producción y distribución platanera mediante consejos y comisiones que en el año 1972 desembocaron en la Ley de de Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Desde entonces y hasta ahora, del socialismo franquista al constitucional, el marco jurídico no ha variado en esencia pese a la sucesión de leyes y reglamentos manteniendo un sector agónico a base de exprimir a los contribuyentes.

Años y años de planificación y proteccionismo han generado una mentalidad nacionalista que exige pan y circo. No solo entre los trabajadores y parados (recordemos que Canarias es una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea), sino también entre los empresarios. Si es que se puede llamar empresarios a aquellos que llevan tanto tiempo siendo los palanganeros de los políticos para obtener beneficios a través de subvenciones y privilegios públicos en lugar de lucrarse creando riqueza a través de un proceso competitivo.

Atlantic basin

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Durante la primera semana de este mes de julio se han celebrado un par de interesantes seminarios con la idea de fondo del atlantismo. Por orden cronológico, primero fue un curso del Campus FAES (el día 4) y después el VII Foro Atlántico patrocinado por la Fundación Internacional para la Libertad, que se celebró en la Casa de América el 8 de julio (como verían anunciado en la web de nuestro Instituto).

En ambos casos escuché un argumento común con el que pensaba comenzar: la idea de Occidente es mucho más que un espacio geográfico en torno al Océano Atlántico. Se trata de un proyecto cultural y político que descansa en la libertad como forma de organización social. Podemos asegurar que es la raíz de los grandes avances de la historia de la humanidad; y, a pesar de su nombre, está abierto a todas las culturas del mundo. Como indicaba el Presidente Aznar, en la presentación del primer evento, hay países de la Europa más continental que podemos llamar atlánticos (hablaba de Eslovaquia o Polonia); del mismo modo que, como una llamativa paradoja, la nueva Alianza del Pacífico que están promoviendo México, Perú, Chile y Colombia es sin duda también una iniciativa atlantista.

Este curso del Campus FAES se titulaba "La cuenca atlántica: desafíos y oportunidades". Dirigido por Cayetana Álvarez de Toledo, fue inaugurado por Charles Powell (Real Instituto El Cano) y se desarrolló durante dos días en varias mesas presididas por José María Aznar, Josep Piqué, Carlos Alberto Montaner o Ana Palacio. Entre los ponentes destaco a intelectuales como Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards y Guy Sorman; o políticos como Sebastián Piñera, María Corina Machado, Michèle Alliot-Marie y Mikulkas Dzurinda.

La Mesa del Presidente Aznar giraba en torno al Atlantic Basin Initiative, un proyecto radicado en el Center for Transatlantic Relations de la John Hopkins University de Massachusetts. Entre sus objetivos destacaré la consecución de un crecimiento sostenible respetando la dignidad humana; o facilitar un entorno favorable al desarrollo empresarial, con la mirada puesta en afianzar la seguridad en lo que podríamos llamar el hemisferio occidental. Esta iniciativa también se preocupa por la cooperación educativa y tecnológica, por la expansión de una cultura de respeto a la Ley, o por atender problemas concretos como por ejemplo la energía. En este sentido, Aznar señalaba el importante futuro que tienen las reservas energéticas en nuestra cuenca atlántica (algo generalmente poco conocido; pero que explicaba desde la comprensión de unos sistemas jurídicos que defienden el derecho a la propiedad individual del subsuelo; lo que permite la existencia de muchas pequeñas empresas libres y a salvo del monopolio estatal). También insistía en ese carácter abierto de la civilización occidental, que por supuesto incluye a todos los países libres de Iberoamérica, pero sin olvidar a algunas naciones africanas que comparten los mismos valores e ideales. En cierta medida, su discurso sale al paso de la proyección de un mundo futuro adscrito al Pacífico: pero no en términos de confrontación, sino de análisis estratégico.

Dentro de las paradojas que he señalado destaca la de Chile, como explicaba con humor el escritor Jorge Edwards: un país alargado (citando a Vicente Huidobro decía que los cuatro puntos cardinales de Chile son tres, el Norte y el Sur) a la orilla del Pacífico, pero que sin reparos puede llamarse atlántico desde sus orígenes. Su libertador, Bernardo O’Higgins, fue hijo natural de un gobernador irlandés al servicio de España. Aunque también reflexionaba sobre cómo las ideas occidentales que llegan a esos países a veces han sufrido transformaciones dramáticas.

Otro destacado conferenciante, Mario Vargas Llosa, insistió en esa idea de un Occidente que trasciende la geografía: habló de la coexistencia en diversidad, del respeto a los derechos humanos y de la necesaria libertad individual (en lo cultural, lo político o lo religioso). Pero también nos recordaba que Occidente ha dado lugar a otras experiencias completamente lamentables, como los nacionalismos y los fascismos. También los países de América Latina han conocido esas "aberraciones"; del mismo modo que el marxismo que todavía perdura en Cuba es una "profunda deformación" producida por la cultura occidental. Sin embargo, terminó reconociéndose optimista respecto al futuro de aquellas naciones iberoamericanas.

Vargas Llosa me sirve de gozne para comentarles más brevemente la edición del Foro Atlántico de este año. Él mismo actuó de introductor a las conferencias celebradas en la Casa de América: seguramente aprovechando su estancia en Madrid, acudieron también Sebastián Piñera, Jorge Edwards, Carlos Alberto Montaner y Maria Corina Machado. A los que añadimos un panel sobre el Nacionalismo (con Francesc de Carreras, Esperanza Aguirre y Rosa Díez) o la presentación de otro libro de la saga del perfecto idiota latinoamericano con Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza.

Termino con sus reflexiones sobre los nacionalismos, que consideraba un problema fundamental para la Unión Europea, y muy particularmente para España. Los calificó de algo "dramático" y que no hay que dejarlo resolverse por sí solo. El nacionalismo está reñido con la cultura de la libertad. Hay que saber distinguir entre el aspecto positivo de la pertenencia a un lugar con su exageración, que ha sido en la historia fuente de guerras, discriminación y causa de muchos horrores contra la dignidad humana.

Libres e iguales: algo más que unos “fachas”

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

La acometida rupturista liderada por el actual gobierno de Cataluña se ha convertido en el principal reto al que se debe dar respuesta en los próximos meses. Hasta la fecha, la reacción o bien había sido aislada y canalizada a través de voces individuales, o bien a través de plataformas que, ubicadas en territorio catalán, no habían tenido el eco merecido, entre otras razones por la "política" de comunicación que viene desarrollando el bipartito CIU-ERC.

En este sentido, notables iniciativas como Sociedad Civil Catalana sufrieron en sus propias carnes la doble y peligrosa combinación de ninguneamiento y acusación de españolistas. Aún así, ha desarrollado su trabajo de forma ejemplar y lo hará de igual modo en los próximos meses.

La Plataforma Libres e Iguales, con su irrupción, ha generado un torrente de repercusiones. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, por el apoyo de intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa o Albert Boadella. Ambos conocen a la perfección las consecuencias que provocan los nacionalismos identitarios. Además, tampoco es la primera vez que denuncian el panorama que se viene cocinando en Cataluña. De hecho, en el caso del director de teatro, la asfixia nacionalista ha motivado su cambio de residencia a Madrid. ¿Un centralista encubierto? No, simplemente alguien que ama la libertad y por tanto, la defiende.

En segundo lugar, debemos valorar la defensa a ultranza de la Constitución española (e indirectamente de la Transición). En efecto, desde diferentes sectores que van allá del nacionalismo catalán, la Constitución de 1978 está siendo injuriada. La izquierda radical de nuestro país, para la que todo vale siempre y cuando los métodos los decida ella, ha liderado un ataque plagado de ofensas y en el que no desprecia compañeros de viaje en su estrategia liberticida, cuyo fin último es la voladura del edificio creado hace casi 40 años.

En tercer lugar, la transversalidad de libres e iguales, es un aspecto muy a valorar. Destacadas figuras del PP, PSOE o UPyD se han unido en defensa de España y no lo han hecho a modo de respuesta cortoplacista, sino con vocación de perdurar. Para ello plantean la batalla de las ideas, reto que tiene una traducción práctica. Por un lado, no a la consulta del 9 de noviembre y por otro, oposición a una negociación más o menos encubierta con quienes quieren celebrar aquélla.

Sobre el primero de los puntos, aunque es una verdad palmaria, no siempre se ha combatido adecuadamente la particular visión del derecho de autodeterminación por el que ha apostado el nacionalismo periférico a través de un recurso ladino a la ambigüedad. Gracias a esta polisemia viciada, pervierten la realidad y transforman una ilegalidad en un ejemplo de exaltación de la libertad. Ver para creer, pero así es…

En cuanto al segundo de los puntos, por la trayectoria del denominado "nacionalismo moderado" catalán, no es descartable, sondeos en mano, que finalmente acabe por canjear su órdago rupturista por algún tipo de medida en principio de menor calado, pero igual de peligrosa para la convivencia entre todos los españoles. Dentro de este apartado se incluyen desde una mejora en el sistema de financiación (difícil de vender para aquellos a los que han convencido de que España roba a Cataluña) hasta un tratamiento diferenciado de Cataluña en el texto constitucional.

Esta última opción implica una aberración jurídica difícilmente superable pero que podría llevarse a efecto, opuesto que es una solución defendida por determinados sectores académicos, periodísticos e intelectuales. Se trataría, en definitiva, de una modificación parcial de la Constitución para satisfacer (contentar momentáneamente, más bien) sólo a una de las partes, no al todo. Error mayúsculo que jamás detendría el supuesto problema a resolver, puesto que si algo caracteriza al nacionalismo, es su insaciable voracidad.

La ley del consentimiento: el “free rider” de segunda generación

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana estuve en la edición 2014 de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Esta vez, muy poquitos días, pero los suficientes como para disfrutar de los asistentes, tanto profesores como alumnos, pero también de los organizadores, que se aseguraron de que todo fuera propicio y trabajaron para que los demás disfrutaran. Gracias por eso a Inés, Raquel, José Ignacio y Luigi.

Mi charla se centró en la figura del free-rider, sus incentivos, cómo evitarlo, etc. Cuando existe un bien del que no se puede excluir a nadie de su consumo, como sí podemos hacer con los bienes privados, y además, su consumo no implica que se agota, aparecen necesariamente aquellos que sin aportar nada, se benefician de ello. Se trata de los gorrones, los caraduras, los aprovechados, los tramposos. Pero, sin justificar a estos defectores, hay que tener muy claro, que van a existir siempre, porque está en la naturaleza humana. Por supuesto, depende del tamaño del grupo y de otras muchas circunstancias, como quién ofrece ese bien tan singular, que haya más o menos free-riders y que la solución elegida para su detección y eliminación sea una u otra.

Por ejemplo, si se trata de una pequeña comunidad, el ostracismo es una buena solución. La vida en comunidad es un beneficio para cada uno de los individuos. Nos ahorra energía, tiempo y recursos invertidos para la supervivencia y la reproducción. Ningunear al que se comporta egoístamente y hace trampas a los demás es una manera de elevar sus costes de supervivencia. Suele funcionar.

Pero ¿qué pasa en grupos grandes?, ¿cómo hacemos en sociedades tan sofisticadas como la nuestra? El castigo es otro: el juicio, la multa, la cárcel. Es decir, hemos creado instituciones a tal efecto. Entonces, el problema del free-rider se convierte en evitar que le pillen, porque en este tipo de sociedades modernas ese es el factor clave. En ese aspecto, España, patria de Lazarillos de Tormes y pilluelos, aparece como un paraíso de la hipocresía: tapamos la trampa que no nos atrevemos a hacer pero pedimos que cuelguen del palo mayor al que envidiamos porque tiene más que nosotros. Moralmente, ambos comportamientos son deplorables, pero si se trata de “uno de los nuestros” hacemos la vista gorda. En otros países, sin embargo, la detección del free-rider no requiere un entramado estatal muy desarrollado porque la ciudadanía denuncia al que no colabora.

Y aquí aparecen lo que he llamado free-riders de segunda generación. La detección y castigo de free-riders, dado que su proliferación arruinaría la vida en común, es también un bien público, es algo de lo que todos se beneficiarían sin poder imputar quién no ha de hacerlo, y además, mi beneficio por la eliminación de un tramposo no disminuye el tuyo. ¿Quién debe proveer a la comunidad de este bien público? ¿Debemos colaborar todos en su detección? ¿Debemos colaborar en su castigo? Y de esta manera nos encontramos con aquellos que colaboran en la oferta del bien público inicial (por ejemplo, ayudan a limpiar el río, pagan su billete de Metro…), pero no señalan y/o castigan a quien no ayudan debiendo hacerlo. Esos son los free-riders de segunda generación. En nuestra sociedad, para empezar, tenemos a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones medulares de justicia (como el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo), los órganos reguladores, las auditoras designadas por el poder político para auditar cajas y bancos intervenidos que no cumplen con su deber, que son verdaderos detectores de segunda generación, y cuyo comportamiento tiene más consecuencias de las que parecen evidentes. Y, por añadidura, la sociedad, cada uno que no denuncia a los free-riders de primera y de segunda generación, son cómplices de esas consecuencias.

Porque no se trata solamente, como solemos analizar los economistas, de los costes, de las pérdidas, en términos pecuniarios, es decir, de los recursos invertidos y desperdiciados en la detección y el castigo. Hay algo peor: los incentivos que se generan.

Porque todos los seres humanos, si vemos la posibilidad de beneficiarnos a costa del resto, excepto si entran en juego valores morales, que no todo el mundo tiene realmente arraigados, acaba por caer. Y ¿quiénes tienen más incentivos que los que manejan dinero ajeno? ¿o que pueden disfrutar de las prebendas que ofrece el poder con abuso? Cuando además tienes la posibilidad de bloquear la actuación de esas instituciones que actúan de “check and balance”, de contrapesos, tienes todo en tu mano. Y así nos va.

Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Nada. Pasa que nos quejamos, miramos, asentimos a aquellos que vienen con disfraces nuevos (sí, con coleta) a contarnos medias verdades y subir al escenario, para disfrutar de lo mismo que los demás. Y poco más.

La diversidad institucional permite que haya think tanks, agrupaciones, plataformas, que denuncien, que alcen la voz y que señalen con el dedo. Tiene un precio. El precio de decir que no solamente el emperador, sino que toda la corte va desnuda.