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España tiene TDA

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En las últimas semanas, la sociedad española se ha mostrado completamente distraída, pendiente, en especial, del recambio real, el mundial de fútbol y, cómo no, el tiempo que hace. Lo raro es que no haya salido a la palestra algún meteorito a punto de chocar contra el planeta. ¿Y lo relevante?

Lo relevante y lo accesorio

¿Quiere eso decir que lo relevante para los españoles es si reina Juan Carlos o Felipe, si la selección de España es eliminada del Campeonato del Mundo o si el bochorno que nos azota es normal en este tiempo de solsticio de verano? No necesariamente.  Porque, siendo estos tres hechos de diferente naturaleza y rango, tienen la misma limitación: no nos va a sacar de la atonía inversora, ni van a evitar que usted y yo no lleguemos a fin de mes (de nuevo), no van a impedir que quiebren empresas o van a proporcionar millones de puestos de trabajo.  Y, sinceramente, visto lo visto, eso es lo relevante.

Porque es cierto el simbolismo político y el momento histórico que implica que el jefe del Estado sea Felipe VI y que no haya pasado nada, es importante comprobar que somos un país encantado de tener casi diez mil aforados y que sería muy hipócrita rechazar solamente el aforamiento real cuando hay cerca de siete mil jueces aforados, por no hablar de políticos locales y demás privilegiados, ciudadanos de primera, inmunes por la gracia un privilegio al que ni ellos pueden renunciar. Aunque lo cierto es que ni el rey saliente ni el entrante gobiernan, ni tienen potestad para tomar decisiones muy relevantes sin el asentimiento de los que de verdad mandan: los políticos.

También es cierta la debacle de una selección de fútbol que concita lo peor y lo mejor de nuestra sociedad: el triunfalismo pueblerino y la unidad de los españoles frente a un rival. Con lo difícil que es aunar opiniones y gustos en este país, dentro de lo que cabe, había cierto consenso a la hora de animar a la selección, salvo algún escéptico sin gusto por el fútbol que, normalmente, era (éramos) severamente reprendidos. Perfectamente comprensible.

Y finalmente, está el eterno tema de conversación: el tiempo. Comentamos si hace frío en invierno, si hace calor en verano, si hay viento o no lo hay. El tiempo es siempre un punto de referencia en las charlas entre mis conciudadanos.

Pero más relevante que todo eso, el paro, el cumplimiento del objetivo de déficit, la reforma fiscal, la activación de la inversión a partir del fomento del ahorro, me parecen temas en los que debían estar fijas nuestras miradas y nuestra atención. Y ese es el problema.

La España trastornada

El problema es que nos centramos en la solución al paro y entonces el rey abdica. Y ya tenemos motivo para distraernos. Se van los inversores y Pablo Iglesias estornuda. Y, de nuevo, encontramos un recurso fantástico para cambiar de tema. La Comisión Europea se preocupa porque cree que este Gobierno está poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit (que significa que nos empobreceremos y nos costará más caro salir de la atonía económica) y entonces nos eliminan del Mundial. Y todos olvidamos el roto en el bolsillo presupuestario del Gobierno del Partido Popular y pasamos al sesudo análisis de las capacidades de nuestros casi cuarentones jugadores. Somos como los afectados por el Trastorno de Déficit de Atención (niños o adultos), pero sin el componente de hiperactividad, más bien al contrario, somos como el alumno que desconecta , en el que brota con fuerza la hiedra de la apatía, hasta paralizarle por completo. Al final nadie hace nada ni respecto a los temas económicos ni respecto a los distractores (realeza, fútbol y tiempo meteorológico).

Más allá de lo cuestionado que está el diagnóstico del déficit de atención, solamente hay que leer la definición de trastorno en psicología para darse cuenta de lo que hablo. Un trastorno remite a un patrón de comportamiento asociado con un malestar, un impedimento, o con un riesgo grande de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. En ese sentido, el comportamiento de los españoles en su conjunto no puede ceñirse más a la definición. Lo que me escuece especialmente  es el creciente riesgo de un dolor en aumento en el bolsillo de la sufrida clase media y de una pérdida de libertad que se dispara ante nuestra incapacidad para poner remedio y, muchas veces, de darnos cuenta de lo que nos está sucediendo y de su alcance. 

‘Podemos’ y la batalla de las ideas

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Los resultados de las pasadas elecciones europeas dejaron, para sorpresa de propios y extraños, a un claro ganador: Podemos. Un partido político -aunque ellos prefieren denominarse plataforma de ciudadanos- de apenas cuatro meses de vida ha logrado ser la cuarta fuerza política con más de 1.200.000 votos y contando con apenas 110.000 euros de presupuesto para la campaña electoral. Podemos ha sabido capitalizar el malestar de una buena parte de la población, especialmente del movimiento ciudadano 15-M y sobre todo, ha sabido aprovechar el gran tirón mediático de su líder, el politólogo y tertuliano Pablo Iglesias.

Pocos días después de dichos comicios, los medios de comunicación comenzaron a desgranar el programa de Podemos y muchos fueron los que se llevaron las manos a la cabeza. No es para menos: sus propuestas, especialmente en materia económica, son liberticidas y empobrecedoras a partes iguales. Fuerte aumento del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo, renta básica universal, reducción de jornada laboral a 35 horas semanas y de la edad de jubilación a los 60 años, nacionalización de las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, la sanidad, la farmacia y la educación, prohibición de las empresas de trabajo temporal y del despido en empresas con beneficios o monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo son sólo algunas de las perlas económicas que Podemos defiende a capa y espada. Socialismo del Siglo XXI puro y duro, al estilo de Venezuela. Por algo los ideólogos de Podemos (Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón) llevan años asesorando (y cobrando) del Gobierno de Venezuela. El modelo de Venezuela, esto es, un Estado onmipotente y fuertemente opresor, es el ideal (al menos en cuanto a dirección se refiere) para los dirigentes de Podemos.

Pero lejos de de ser una pésima noticia que en España un partido político como Podemos coseche semejante éxito, hay una nota positiva que no debemos infravalorar: el retorno de la batalla de las ideas a la esfera política. Algo que no se puede criticar a Podemos es de ser un partido político que tenga un programa oculto o que no tenga un ideario político claramente definido y con el que se sienta comprometido. La mayoría de partidos adolecen de esa transparencia ideológica, ya que intentan confundir al electorado sin definirse en multitud de cuestiones con la esperanza de no ahuyentar votos potenciales. Con el auge de Podemos, por primera vez en mucho tiempo no se debaten banalidades como quién miente más o quién es menos corrupto sino que se debaten ideas, la viabilidad de implantar un proyecto político y las consecuencias que esto tendría para el ciudadano. Y este hecho es motivo de alegría por dos motivos. El primero de ellos es que hasta ahora la batalla en la esfera política era básicamente populista, demagógica y vacía de contenido en cuanto a ideas se refiere. Como es evidente, esa batalla ha estado siempre perdida por parte de los liberales y los defensores de la libertad. El segundo motivo es que, en mi humilde opinión, tenemos muchas posibilidades de ganar dicha batalla ideológica ahora que hemos retornado a este escenario.

Los liberales tenemos un arma poderosísma cuando a la batalla de las ideas se refiere: argumentos. La ciencia económica ha demostrado a lo largo de la Historia en infinidad de ocasiones las consecuencias que determinadas políticas como las que defiende Podemos pueden provocar. Ahí está Venezuela, Cuba, Corea del Norte, la República Democrática Alemana o la difunta Unión Soviética. El socialismo es un sistema económico que es terriblemente dañino para el ser humano. A la hora de refutar malas ideas económicas, creo que los liberales tenemos las de ganar. Sin ir más lejos, Juan Ramón Rallo, el director del Instituto Juan de Mariana, lleva años escribiendo artículos que refutan prácticamente punto por punto todas y cada una de las principales propuestas en materia económica (aquí podéis leer una recopilación).

Alegrémonos entonces de este viraje hacia las ideas de la escena política en España y, ahora más que nunca, no nos relajemos y cojamos fuerzas para librar como nunca se ha hecho antes en España nuestra batalla, la de las ideas.

¿Son los peores los políticos que llegan arriba?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En su clásico Camino de Servidumbre, Hayek dedica un capítulo a explicar por qué son los peores los que llegan arriba en las organizaciones burocráticas o estatales. Para Hayek, la observación empírica del tipo de dictadores que han encontrado normalmente los regímenes totalitarios (¿por qué nunca sale un dictador bueno?), tiene una razón causal, que hace imposible que progresen hacia tan alto nivel individuos "buenos". Para Hayek lo que ocurre es que la persona afectada tiene que resolver un conflicto entre moralidad y éxito, por lo que solo alguien que esté dispuesto a sacrificar la primera puede conseguir el segundo.

Estamos en estos momentos viviendo las intrigas palaciegas para hacerse con la cúpula de uno de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios en nuestro país. Para comprender dicho proceso, es imprescindible, a mi entender, el magnífico artículo descriptivo que el periodista Jesús Cacho publicó hace unas semanas en VozPopuli.

Con independencia de los personajes involucrados y las técnicas utilizadas, lo que me interesa es la observación de las habilidades que ha de dominar un político para triunfar en España. Y, como se puede deducir de la narrativa del periodista, ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con la satisfacción de las necesidades de esos individuos por los que teóricamente trabajan los políticos.

Así, observamos políticos que controlan perfectamente el funcionamiento del aparato; que saben posicionarse ante determinados temas de opinión pública para no quemarse; que dominan los tiempos; que manejan con enorme soltura los resultados de las encuestas internas; que saben buscar protector en el partido cuando les abandona el actual; que aplican los resortes adecuados para manipular las redes sociales…

Todas ellas, habilidades completamente inútiles para servir a los ciudadanos que les votan. Pero imprescindibles si han de llegar a algo dentro de su partido. ¿Por qué ocurre esto?

Es muy sencillo y muy general. Todos tratamos de prosperar y de mejorar nuestra situación. Eso lo hacemos mejorando el desempeño en nuestra actividad diaria, tratando de complacer mejor a nuestros jefes, que en el fondo son nuestros clientes. Innovamos, somos más eficientes, adquirimos experiencia… pensando en cómo hacer que nuestro jefe nos valore más. Incluso, si vemos que nuestro jefe, nuestro intermediario con el cliente, hace mal cosas que se podrían hacer mejor, puede que nos planteemos saltárnoslo y hacer las cosas a nuestra manera en nuestra propia empresa.

Esa es la esencia de la mejora en la sociedad humana regida por el libre mercado: el premio al que mejor sirve a los congéneres.

Los políticos no son una excepción a la norma. El tipo que se meta en política tratará de innovar, ser más eficiente, adquirir experiencia… en el tipo de actividades que haga que su jefe le valore más. Sin embargo, en los partidos políticos y en España, la cadena de satisfacciones no llega al cliente final, al ciudadano, por razones que no son objeto de este artículo.

Por tanto, si bien los políticos se esmeran tanto en sus quehaceres como pueda hacerlo cualquier individuo en su trabajo, lo cierto es que las habilidades cuyo desarrollo les parece requerido, no son ciertamente aquellas deseables para la sociedad, y posiblemente sean perniciosas para ella. El político eficiente no consigue su premio por servir mejor (directa o indirectamente) a sus congéneres.

Y aquí enlazamos con lo que decía Hayek sobre los "peores". No es que lleguen al poder por ser los peores: si fuera así, llegarían los peores al poder en todos los ámbitos de la vida, no solo en política. Es que el sistema (totalitario) hace que, si no eres el "peor" no puedas triunfar.

Lo mismo parece ocurrir con los partidos políticos en España. No es que los políticos sean personas negligentes, descuidadas o corruptas: es que, para triunfar, han de dominar habilidades que nada tienen que ver con lo que cabría esperar de un Gobierno decente. Básicamente, habilidades de imagen, de intriga, de posicionamiento interno y por el estilo.

Si el sistema democrático español exigiera de sus políticos otro tipo de habilidades, serían otros los políticos que ahora mismo están en el poder, o peleando por él. 

La conclusión es obvia: para solucionar los problemas políticos que aquejan a España, no basta con cambiar los políticos. Es necesario cambiar el sistema que premia a ese perfil de político.

Hacienda son ellos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Ante el derrumbamiento del régimen político que, con algunos claros y demasiados oscuros, ha dirigido el destino de los españoles durante casi cuarenta años, son numerosos los sectores y grupos que muestran sus cartas con vistas a influir en la configuración de lo que pueda venir. La semana pasada le tocó el turno al sindicato de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el cual acaparó titulares  al referirse con un circunloquio a la legalización de la prostitución y el comercio de drogas blandas para recaudar en su informe "Reforma Fiscal Española y ‘Agujeros Negros’ del Fraude".

En una sociedad compleja y plural, tampoco debería extrañar que individuos y grupos diversos se pronuncien sobre las cuestiones públicas; incluida la política fiscal del Estado en su doble vertiente tributaria y presupuestaria. No obstante, si ya resulta aconsejable a priori analizar con mucha precaución las opiniones de quienes se dedican a investigar a los contribuyentes e imponer sanciones, por su condición de juez y parte, tras la lectura de esta extensa (305 folios) amalgama de reflexiones, admoniciones y propuestas, se constata de forma cruda y brutal hasta qué extremos totalitarios han llegado estos aprendices de brujo.

Animo a otros investigadores liberales a calibrar el alcance de cada una de las 238 propuestas de este sindicato de intocables (no todas desechables) pero en este comentario de urgencia me centraré en los presupuestos ideológicos que las producen. Así, aunque los autores esgrimen su carácter "técnico" y dicen que en su organización se dan cita personas de distinta ideología (página 20) no tienen empacho en señalar que: "La salida de España de esta situación crítica requiere, lógicamente, de variadas reformas estructurales y, además, no será posible sin relevantes alteraciones en la Políticas dominantes en la UE, pues creemos firmemente que las llamadas ‘Políticas de austeridad’ a ultranza ponen en peligro la propia viabilidad del modelo social y económico europeo y ralentizan la recuperación del crecimiento económico respecto de las denostadas ‘Política de gasto’" (página 15).

El anterior aserto no les parece contradictorio con otra perla que encontramos en la página 45: "(…) nadie puede negar que, en el marco de las sociedades europeas en las cuales se integra España, dentro del "modelo social de mercado" que caracteriza la UE, una provisión adecuada y suficiente de bienes y servicios públicos en áreas como la educación, la sanidad y los diversos servicios sociales resulta imprescindible, pudiendo discutirse el grado de intervención del sector privado en su gestión y en la provisión, pero no en el diseño y caracterización mínima de tales servicios públicos.

Ello conlleva, inexorablemente, un peso de la actividad pública en el PIB que, con márgenes debatibles, puede situarse en el entorno del 40% y, automáticamente, supone obtener recursos públicos que cubran tal volumen de actividad económica, fundamentalmente, por medio de tributos".

Asumiendo de forma paranoica que el fraude fiscal constituye el origen de todos los males de la sociedad española, hasta en dos ocasiones (páginas 12 y 19) se burlan del contenido de la Constitución (Art. 2), de la cual, por otra parte, se proclaman adalides: "(..) por razones de profesionalidad, de oportunidad y hasta de carácter cívico, contribuimos con ésta, nuestra Propuesta de medidas de Lucha contra el fraude fiscal, a este debate relativo al modelo de sistema tributario español que necesitamos para salir de la crisis y construir de verdad un Estado Social, Democrático y de Derecho, patria común e indivisible de todos los españoles (¡sic!)".

Su culto al Estado ofrece reminiscencias de la "culminación del espiritu objetivo" hegeliano, cuando, al borde del éxtasis, nuestros conspicuos publicanos claman (página 36): "Como punto de partida, es una obligación más exigible que nunca que los poderes públicos actúen sobre el fraude al Estado protector (¡!), social y democrático de Derecho". Asimismo, aunque identifican correctamente la distribución de competencias tributarias en la constitución entre gobierno y legislativo, confunden (página 21) a la AEAT con una institución representativa de la sociedad. Además, no dejan de recordar su carácter de corporación privilegiada que debe ser especialmente escuchada para la reforma fiscal anunciada por el gobierno. Del propio documento se atisba como costumbre del Ministerio de Hacienda la intervención del cuerpo de inspección en la preparación de la legislación que le afecta.

Olvídense de encontrar reflexiones críticas acerca de las imperfecciones y limitaciones del mal llamado "Estado del bienestar", agravadas en España por las burbujas financiera, productiva y estatal. ¿No existe una relación de causalidad entre presión impositiva y fraude fiscal? ¿No resulta perfectamente previsible que los individuos muestren cierta resistencia a que les quiten lo suyo? ¿Cuando se habla de garantizar la suficiencia de ingresos para el estado, cabe desconocer el crecimiento exponencial del gasto de las administraciones públicas ("burbuja estatal") durante los años anteriores al estallido de la crisis y aun después? Los autores ni siquiera se plantean estas preguntas a efectos dialécticos, para después descartarlas.

Antes al contrario, "el objetivo fundamental de las Políticas de austeridad (la reducción del déficit público sobre el Producto Interior Bruto) pasa inexorablemente por una mejora en la recaudación y en un sistema tributario sostenido por todos y sin ‘agujeros’, ‘loopholes’, que drenen recaudación y generan todo tipo de ineficiencias" (página 16).

Solo cabe agradecer a los autores un detalle. Transcurridos algunos años del lanzamiento por parte de la propaganda gubernamental de aquella frase falaz, encontramos una clave para comprender la auténtica realidad: Están acompañados por otros, pero Hacienda son ellos.

Esa bendición para el taxi llamada Uber

Escrito por Francisco Muñoz en . Publicado en Análisis diario.

La semana pasada un buen puñado de ciudades europeas amaneció sin taxis, y no pasó nada. El taxi es simplemente un modo de transporte más en una ciudad moderna, el más caro y exclusivo, dicho sea de paso, ya que los otros modos están fuertemente subsidiados por la administración, lo que encarece los servicios discrecionales. Los taxistas sacaron sus automóviles de la calle para protestar por la irrupción de un nuevo servicio de transporte en forma de aplicación para teléfonos móviles llamado Uber. No es la primera app de este estilo aunque sí es la más disruptiva. Uber permite que cualquiera con un teléfono móvil pueda emplear su coche privado como transporte discrecional de viajeros. El mecanismo es simple. Por un lado los demandantes de transporte, por otro los ofertantes y entre medias la dichosa aplicación distribuyendo tráfico. En principio no tiene nada de malo. En un lugar como Madrid hay siempre miles de personas que necesitan ir de un lado a otro. Pueden hacerlo en Metro, en tren o en autobús, pero muchas veces, por cuestiones de horario o de preferencia personal, el medio elegido es el automóvil, que imprime a la movilidad urbana comodidad, intimidad y rapidez. Pero, ay, Uber no se limita a coordinar la oferta y la demanda, sino que establece un sistema de precios que permite la remuneración de los transportistas. Con la tutela y el apoyo logístico de Google, valiéndose de la geolocalización, cobra una tarifa sensiblemente inferior a la de los taxis convencionales. Inferior, he ahí la clave de todo.

Hasta la fecha el servicio remunerado de transporte de viajeros en automóvil por la ciudad de Madrid era monopolio del gremio del taxi, que goza de ciertos privilegios otorgados por la administración a cambio de someterse a una draconiana regulación. Una regulación que al común de los mortales nos sorprendería de conocerla en detalle. El ayuntamiento fija los precios, dicta horarios de trabajo, determina el número de plazas, el modelo de coche que pueden comprar los taxistas para efectuar el servicio y hasta el tipo de combustible que utiliza. Todos estos condicionantes –y unos cuantos más– han convertido al taxi en uno de los sectores más intervenidos y rígidos de España.

En un mercado complejo y cambiante como el del transporte, el corsé regulatorio que padecen los taxistas repercute directamente en la demanda, los viajeros, que carecen de alternativas y observan como la diversificación de servicios y precios que se da en otros sectores brilla por su ausencia en el del transporte urbano de viajeros en coche. Y es en este punto donde entra Uber. Los taxistas contemplan con asombro, preocupación, envidia y rabia que cualquiera pueda ofrecer el servicio que ellos prestan en exclusiva sin tener que someterse a la maraña de regulaciones e impuestos con la que se han acostumbrado a vivir. Su enojo tiene fundamento ya que las reglas no son las mismas para unos y para otros. Pero lo curioso es que, en su gran mayoría, no han aprovechado la ocasión para pedir a la administración que afloje el asfixiante dogal regulatorio, sino todo lo contrario. Claman para que el Gobierno cierre a cal y canto cualquier iniciativa que les arrebate un solo viajero con disparatadas penas como las que recientemente anunció el ministerio de Fomento. Un incomprensible “¡Vivan las caenas!” entonado a coro por un grupo de laboriosos y sacrificados autónomos.  

El hecho, constatable en la realidad –esa misma a la que pretenden dar la espalda–, es que su protesta no ha podido obtener peores resultados. Con una huelga tan salvaje como la del miércoles pasado han multiplicado las descargas diarias de Uber hasta convertirla en una de las más populares, y la publicidad gratuita hecha por los mismos taxistas la ha dado a conocer entre gente que desconocía su existencia. Uber, en definitiva, ha recibido el espaldarazo definitivo en nuestro país de la mano de los taxistas. Increíble pero cierto. Los creadores de la aplicación han debido quedarse estupefactos en su oficina de San Francisco tras enterarse de la noticia. Nada sorprendente si partimos de que los taxis en Madrid están representados por dos asociaciones de marcado carácter lobista, lideradas por equipos escasamente preparados, amantes de las algaradas callejeras y la descalificación personal, que no conciben otra forma de obtener mejoras que arrastrándose por los pasillos del ayuntamiento buscando el apoyo de los mismos burócratas que hacen la vida imposible a los taxistas en el día a día.

La solución, por lo tanto, no es matar al mensajero, cometer un ubericidio, porque a estas alturas ya es imposible, habida cuenta de la oposición de la comisaria Neelie Kroes. Los taxistas harían mal en olvidar una importante lección, elemental en los tiempos que corren, si los políticos proscriben Uber, mañana aparecerá otra con un nombre distinto, más difícil de detectar, perfeccionada hasta extremos que hoy no podemos ni imaginar. Los taxistas europeos en general y los madrileños en particular han de adaptarse al nuevo tipo de demanda que pide servicios diferenciados, alejados de los estereotipos clásicos. Es necesario ofrecer lo que la gente solicita y no obligar a utilizar un servicio estandarizado en que miles de ofertantes concurren con el mismo servicio, el mismo precio y hasta el mismo automóvil.

La entrada de estas nuevas aplicaciones puede ser el acicate que empuje al sector a emanciparse del yugo regulatorio que constriñe el servicio y las iniciativas empresariales. Uber es, aunque parezca chocante, una bendición, la excusa perfecta para que la vieja y honorable profesión de taxista se libere y entre de una vez en el mercado. A fin de cuentas, el fin último de este negocio no es servir a una enloquecida ordenanza municipal ni a la rancia ley de transportes terrestres que debe ser modificada urgentemente, sino crear valor para los dueños de un taxi al tiempo que se satisfacen las necesidades de sus usuarios. En esto último los taxistas llevan la delantera. Son cien años mejorando, acumulando conocimiento, puliendo errores, evolucionando a pesar de las mil limitaciones impuestas por el Leviatán burocrático. Quizá no se pueda derrotar a Uber –y a todas las aplicaciones que vengan después porque los bits son libres–, pero si se le puede plantar cara ofreciendo la garantía de profesionales experimentados, la excelencia en el servicio y un trato personalizado para cada cliente. 

Los liberales hablamos marciano

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Nunca falla. Si se juntan dos o tres liberales, o dos centenares como los que se reúnen cada año para la Cena de la Libertad, antes o después alguien se referirá a "los socialistas de todos los partidos". Puede que lo haga en un tono muy serio o, tal vez, con un toque de humor, pero alguno de los presentes citará la expresión contenida en la famosa dedicatoria del Camino de servidumbre de Hayek. En el caso español, como el de otros muchos países, la expresión no puede ser más acertada.

Todos los partidos que consiguen representación en cualquier parlamento (autonómico, Cortes Generales o Eurocámara) son en mayor o menor medida socialistas. Hasta los autodefinidos como liberales (por ejemplo, CDC) lo son. Esas cámaras legislativas son la plasmación electoral del "consenso socialdemócrata" del que también tanto nos gusta hablar.

Como cualquier otro grupo humano (ya sea profesional, ideológico, geográfico o de aficionados a determinada actividad), los liberales comparten entre sí una serie de expresiones, cuyo significado dan por sabido y que, además, consideran que responden a una realidad evidente. Ningún defensor de las ideas de la libertad pondrá en duda, por ejemplo, lo que se ha citado al arrancar este artículo: hay socialistas en todos los partidos (o incluso que todos los partidos, al menos los importantes, son socialistas) y existe un consenso socialdemócrata compartido por la inmensa mayoría de la sociedad.

Estas certezas, y el modo de expresarlas, pueden suponer una traba importante a la hora de expandir nuestras ideas. Sin duda es cierto que el ministro de Hacienda español, con sus imparables subidas de impuestos y sus contantes búsquedas de métodos para seguir estrujando nuestras carteras y cuentas corrientes, es un socialdemócrata convencido. Pero haga usted la prueba de decir "Montoro es socialista" delante de alguien que no comparta las ideas liberales. No sólo no le van a enteder, sino que además puede incluso generarse una reacción de rechazo al considerar que quien pronuncia esas palabras es alguien desconectado de la realidad.

Cada vez hay más gente convencida de que vive inmersa en un modelo social y económico neoliberal, cuando no ultraliberal o sometido a la dictadura de los mercados y los poderes financieros. Defender ante quienes piensan así la existencia de un "consenso socialdemócrata" es, en la mayor parte de los casos, una tarea tan titánica como inútil. Una vez más, al usar esos términos tan del gusto de los liberales, se corre el riesgo de ser incomprendido y hasta generar rechazo.

No se trata tan sólo de la presencia en los medios de comunicación, sino incluso del día a día. Quienes defendemos las ideas de la libertad, y queremos expandirlas, hemos de hablar y de escribir de forma de que se entienda lo que queremos decir. Y que resulte atractivo. Lo queramos o no, para gran parte de la población un socialista sólo puede ser "de izquierdas", por ejemplo. Hay más casos, por citar uno más, lo "público" es percibido como un "patrimonio común" (como si cada español tuviera acciones de Paradores o de AENA, entre otras compañías estatales) en vez de como algo controlado por el poder político y con cuya propiedad en realidad nada tenemos que ver.

Al utilizar términos de uso corriente con un sentido, o una carga valorativa, diferente que el que le otorga la mayor parte de la población, nuestro mensaje pierde fuerza; o incluso parece que queremos decir una cosa distinta a lo que intentamos expresar. En realidad, muchas veces los liberales hablamos marciano, pero una variedad muy peculiar. Nuestros interlocutores creen entendernos pero no lo hacen; las palabras que usamos son las mismas, pero el significado es diferente. A ello hay que sumar que, en ocasiones, lo que decimos les suena a extraterrestre sin más.

Hemos de romper ese elitismo intelectual que, acertadamente, nos atribuye Mariano Rodríguez y tratar de ser capaces de hablar en un idioma comprensible para los demás. Debemos aprender, por ejemplo, de algunos de los últimos premiados por este Instituto Juan de Mariana, como Pedro Schwartz o Carlos Rodríguez Braún. Ellos, como varios más de los galardonados, llevan años siendo capaces de mantener el rigor en su defensa de la libertad al tiempo que saben traducir nuestro marciano a terrícola común.

¿Y si liberalizamos el taxi?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en ¿Y si liberalizamos el taxi?

El taxi es un oligopolio cuyo funcionamiento perjudica tanto al conjunto de los consumidores como a los potenciales trabajadores y empresarios de este sector. Su actual modelo, propio de la primera mitad del siglo XX, es absurdo y contraproducente de inicio, pero el sinsentido de su mantenimiento es cada vez más evidente para una parte creciente de la población, muy especialmente los jóvenes, conforme avanza la revolución tecnológica que está experimentando el mundo. A diferencia de lo que suelen aducir los intervencionistas de todos los colores, en el mercado libre no caben prácticas monopolísticas de ningún tipo, ya que, por definición, no existen barreras de entrada. Por el contrario, el Estado mantiene determinadas actividades al margen de la libre competencia, beneficiando con ello a privilegiados lobbies, como es el caso de los taxis, las farmacias, los estancos o los colegios profesionales. En el fondo, esta especie de proteccionismo estatal no es más que un vestigio del arcaico sistema gremial que regía en el Antiguo Régimen.

La actividad del taxi es un claro ejemplo. No en vano, la Administración Pública limita la entrada de nuevos operadores en el negocio mediante la concesión de licencias, decidiendo así la oferta de forma unilateral y arbitraria, al tiempo que impone una serie de condiciones a los taxistas (formación, tipo de vehículo, horarios, etc.), llegando incluso a regular o fijar directamente el precio del servicio. Este tipo de trabas genera incentivos perversos. En primer lugar, los dueños de las licencias, constituidos en lobby, presionarán a la Administración para congelar o reducir al máximo posible la concesión de nuevos permisos con el fin de limitar la competencia en beneficio propio. Y es que, conforme la oferta crezca menos que la demanda, el valor de las licencias activas aumentará, con el consiguiente beneficio extra en caso de venta -las licencias se pueden transferir-, y el precio del servicio subirá por encima del valor de mercado, dañando a los consumidores y restando eficiencia, ya que los tiempos de espera tenderán a dilatarse y existirán grandes dificultades para encontrar taxi en las horas punta.

La OCDE analizó el impacto de estas trabas en un amplio informe elaborado en 2007 y encontró una serie de factores comunes en los países que imponían grandes barreras de entrada para trabajar como taxista. Entre otras cosas, constató, efectivamente, que el número de licencias tendía a permanecer relativamente estático a lo largo de los años, con lo que la ratio de taxis per cápita bajaba conforme la población iba en aumento, el valor de las licencias subía de forma sustancial y la oferta no cubría satisfactoriamente la demanda existente, con mayores tiempos de espera, una menor calidad en el servicio y precios más altos.

Por el contrario, los países que han apostado por liberalizar este sector presentan claras ventajas respecto al sistema vigente. Aunque la desregulación no ha sido completa, ya que sigue existiendo una fuerte intervención estatal en materia de precios y prestación del servicio, la apertura de las licencias se ha traducido en un sustancial aumento de operadores, una mayor cobertura geográfica, más eficiencia y precios más bajos para el consumidor. Desde que Nueva Zelanda liberalizó el servicio en 1989, por ejemplo, el número de taxis se ha triplicado en las principales ciudades del país, la oferta es mucho más amplia y especializada (dividida en segmentos, zonas geográficas y perfil de cliente) y las tarifas han descendido en términos reales (descontando la inflación).

Irlanda hizo lo propio en el año 2000. El Tribunal Supremo de Irlanda sentenció en 1999 que el Gobierno había restringido las licencias de taxi de forma abusiva, impidiendo la entrada a nuevos operadores y limitando el libre desarrollo de este sector, dificultando con ello el acceso de la población a este servicio. Efectivamente, en 1978, el Gobierno aprobó un decreto para frenar la concesión de licencias. Como consecuencia, en Dublín, su número se mantuvo intacto en 1.800 unidades desde 1978 a 1991, mientras que a finales del año 2000, justo antes de su desregulación, las licencias apenas se situaban en 2.720, lo cual supone un crecimiento medio de poco más del 2% anual durante este período. Sin embargo, fue en esta etapa cuando se fraguó el milagro económico irlandés: la población ocupada aumentó un 63%, la tasa de paro bajó al 4% y el volumen de turistas se multiplicó por tres.

Todo ello se materializó, por tanto, en un peor servicio para los clientes, pero en un negocio redondo para los taxistas. El 75% de los irlandeses afirmaba, antes de la liberalización, tener grandes dificultades para encontrar una taxi libre en las horas punta y los tiempos de espera superaban de media los 90 minutos en determinadas partes del día. Asimismo, el precio de las licencias en Dublín se disparó desde los 7.400 dólares en 1980 a casi 110.000 en el año 2000, superando a muchas capitales europeas.

La reforma del año 2000 flexibilizó el sistema, permitiendo acceder al taxi a todo aquél que cumpliera los requisitos legales establecidos y, como consecuencia, la oferta se disparó. El número de taxis en Dublín ya rozaba las 9.000 unidades apenas dos años después, y hoy se estima que operan de forma regular cerca de 14.000 taxistas. Mientras, en el conjunto del país, su número ha pasado de menos de 5.000 a más de 20.000 durante la pasada década, con todo lo que ello supone en cuanto a la creación de empleo y riqueza.

También existe una oferta más variada, como, por ejemplo, los taxistas a tiempo parcial, que prestan servicios sólo durante unas horas o días concretos de la semana, compaginando esta profesión con otras actividades, embolsándose así un sueldo extra. Y, como es lógico, a mayor oferta, menor precio. Muchas compañías de taxis cuentan con tarifas planas y una amplia gama de descuentos, sobre todo fuera del área de Dublín, con el consiguiente ahorro para el consumidor. Además, esta apertura se ha traducido en una mayor profesionalización de la industria, mejorando con ello su calidad e imagen pública. La demanda de taxis, por su parte, aumentó más de un 80% en Dubín entre 1997 y 2008, mientras que el tiempo medio de espera se redujo a apenas 5 minutos, sin que repercutiera un ápice en la calidad del servicio. Otros países como Suecia, reino Unido, Holanda y algunas ciudades de EEUU también han apostado por la liberalización, mayor o menor, del servicio.

Pese a ello, el mercado del taxi no es completamente libre, ya que el Estado sigue interviniendo en la fijación de las tarifas e impone ciertos límites y condiciones que acaban distorsionando de forma grave la libre competencia. Aún así, la simple eliminación de topes en la concesión de licencias administrativas ha tenido claros beneficios para los clientes del taxi, que ahora disfrutan de precios más bajos y una mayor oferta, pero también para los propios trabajadores y empresarios del sector, cuyo número ha aumentando de forma exponencial.

Lo ideal, sin duda, sería erradicar el perverso sistema de licencias de raíz, permitiendo que el mercado (todos nosotros) y no el Estado (políticos) determine libremente la prestación y los precios del taxi sin ningún tipo de cortapisas para que, de este modo, se amolden a nuestras necesidades y preferencias concretas. En España, sin embargo, al igual que en otros muchos países, sucede justamente lo contrario, puesto que el consumidor debe tragar, sí o sí, con las condiciones que marca arbitrariamente el poder público en beneficio del privilegiado lobby del taxi. No es casualidad, por tanto, que el número de licencias se haya estancado en Madrid, pasando de 15.500 en 1994 a tan sólo 15.700 en 2012, al igual que en el resto de España, cuyo volumen se mantiene congelado en unas 70.000, encareciendo las licencias y disparando de forma artificial el uso lucrativo de las mismas a costa del consumidor y otros potenciales taxistas.

Pero la irrupción de nuevas aplicaciones está revolucionando el sector del transporte de particulares en vehículos privados, ya que plataformas como Blablacar, Cabify o Uber están dando una solución muy satisfactoria al problema subyacente de poner en contacto cliente y conductor sin necesidad de intermediario alguno, fijando de antemano y con plenas garantías las condiciones y tarifas del viaje. La tecnología está evidenciando ahora, mejor que nunca, el verdadero rostro de la intervención estatal, consistente en entorpecer o impedir el acuerdo libre y voluntario entre las partes (en este caso, particulares) para beneficiar a unos pocos (taxistas con licencia administrativa), bajo el manido argumento de la "competencia desleal" y el falaz "intrusismo".

Este fenómeno no es nuevo. Los gremios siempre han intentado impedir la entrada de nuevos operadores para elevar de forma maniquea sus beneficios mediante la restricción de la competencia, solo que ahora se valen del poder monopolístico que ejerce el Estado para lograr sus objetivos. Y, curiosamente, la tecnología siempre ha sido uno de los grandes enemigos de este tipo de lobbies. Los luditas, por ejemplo, se dedicaban a atacar fábricas y destrozar máquinas porque, según argumentaban, su introducción suponía el despido de muchos obreros. Esta filosofía, por tanto, abogaba por el mantenimiento de los arados en el campo y los durísimos y sacrificados trabajos manuales en la industria. Es decir, tirar de los bueyes en lugar de emplear tractores, y pico y pala en vez de excavadoras. Imagínense por un momento qué hubiera pasado si los antiguos escribas, dedicados a laboriosa copia de textos manuscritos, amenazasen con huelgas y sabotajes a las autoridades de la época para prohibir el uso de la imprenta a partir del siglo XV. Es posible que hubieran conservado su tedioso empleo, pero a costa de frenar el avance de toda la humanidad.

Y lo mismo sucede con las quejas y presiones que ejercen hoy en día los dueños de periódicos de papel contra Google, los autores y productores de música contra Spotify y las plataformas P2P, o las editoriales de libros contra Amazon, entre otros muchos casos. La dinámica de fondo es idéntica: privilegiar a algunos para perjudicar al resto, negarse a aceptar la realidad y amoldarse a los cambios exigiendo al Estado que les proteja de la competencia. Por suerte, perderán esta batalla, al igual que en su día perdieron los ludistas y los gremios profesionales con la llegada de la Revolución Industrial. El mundo vive hoy una nueva revolución, esta vez tecnológica, y el que no se suba al carro perderá el nuevo tren del desarrollo. De nosotros depende que nos quedemos o no en tierra. La guerra del taxi contra Uber es, simplemente, el penúltimo ejemplo de la eterna confrontación entre defensores y opresores de la libertad del individuo. Si es taxista, no lo dude, y empiece a utilizar Uber.

Metodología en Cantillon

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Como hemos dicho anteriormente, merece la pena prestar atención al Essai de Richard Cantillon por sus numerosas contribuciones a la ciencia Económica. Comentaremos, a continuación, el pensamiento metodológico de Cantillon mostrando algunos extractos de su obra. Hay que decir de antemano que Cantillon no habla directamente de metodología (en el Essai no hay una sección específica). Sus principales ideas metodológicas van apareciendo a lo largo de toda la obra.

En el Essai, Cantillon desarrolla su pensamiento de una forma lógico-deductiva, a través de relaciones causa-efecto partiendo de principios autoevidentes. Pese a que actualmente las principales corrientes de la ciencia económica se centran en el método matemático para su desarrollo, esta fue una metodología seguida ampliamente por los primeros clásicos, especialmente J.B. Say y Nassau W. Senior.

Esta forma deductiva se observa en la misma estructura del Essai. Sus 35 capítulos, agrupados en 3 secciones, están perfectamente hilados y presentados de forma secuencial, teniendo cada uno relación con los anteriores.

Cantillon hace uso del supuesto ceteris paribus de forma reiterada para mostrar las principales tendencias económicas que se dan en el mercado.

"La Tierra pertenece a los propietarios, pero sería inútil para ellos si no se cultivase. Cuanto más se la trabaje, en igualdad de condiciones, mayor será la cuantía de sus productos; y cuando más se elaboran estos productos, siendo iguales todas las cosas, mayor valor poseerán como mercancías." Cantillon (1950), pp. 38. La cursiva es nuestra.

Pese a los intentos de mostrar a Cantillon como un positivista, la lectura atenta del Essai deja claro que para el irlandés, la pretensión de utilizar datos empíricos para la construcción de leyes económicas es un método erróneo. La comprensión de la experiencia empírica sólo puede existir si se posee una teoría previa lógico-deductiva.

"Sir William Petty, en un breve manuscrito del año 1865, estima esta paridad o ecuación de la tierra y del trabajo como la consideración más importante en materia de aritmética política, pero la investigación practicada por él, un poco a la ligera, resulta arbitraria y lejana de las reglas de la Naturaleza, porque no ha tenido en cuenta las causas y principios, sino tan solo los efectos, lo mismo que ha ocurrido con Mr. Locke, Mr. Davenant y todos los demás autores ingleses que han escrito sobre la materia." Cantillon (1950), pp. 36. La cursiva es nuestra.

La doctrina del positivismo fue combatida duramente por los integrantes de la Escuela Austríaca de Economía, en especial Ludwig von Mises, por negar la existencia de leyes necesarias y universales independientes de la historia. En este sentido, podemos observar en Cantillon el apoyo a esta idea:

"Tanto si el dinero es raro como si es abundante en un Estado, la proporción indicada no variará mucho, porque en los Estados donde el dinero es abundante, las tierras se arriendan a más alto precio, y a un canon más bajo allí donde el dinero es más escaso, regla ésta que siempre se revelará como válida para todos los tiempos." Cantillon (1950), pp. 87. La cursiva es nuestra.

También encontramos en el Essai la idea de que las predicciones en economía solo pueden ser cualitativas, nunca cuantitativas:

"Se comprende, así, que cuando en un Estado se introduce una respetable cantidad de dinero excedente, este dinero nuevo dé un nuevo giro al consumo, el incluso una nueva velocidad a la circulación, si bien no es posible indicar en qué medida." Cantillon (1950), pp. 116. La cursiva es nuestra.

Cantillon, Richard. (1950): Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, México, Fondo de Cultura Económica. 

Ciudadanos con Valores frente a la “Nuda Vida”

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En anteriores artículos, hemos analizado la ley de hierro de las oligarquías [1], la existencia de oligarquías "extractivas" [2] y "destructivas" [3], junto con una nueva teoría de la evolución institucional [4] que requiere de líderes "inclusivos" [5].

Observamos también la importancia de que se produzcan tres procesos institucionales imprescindibles para el avance y la conquista de una sociedad civilizada o abierta: la recuperación del ethos colectivo [6], la regeneración de la democracia [7] y, especialmente, la reducción del Estado-Administración [8], al haber involucionado hacia un Estado Minotauro [9].

Sin embargo, hoy veremos cómo los ciudadanos no pueden permanecer de brazos cruzados y deben ser proactivos para impulsar los cambios éticos, jurídicos y políticos que permiten evolucionar las instituciones. 

1. Instituciones morales frente a la oligarquía

Los ciudadanos deben interiorizar las instituciones morales que son responsables de la sociedad abierta o civilizada como, inter alia, el respeto por los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la Ley, o el respeto por la familia, el lenguaje, los contratos, el comercio, la empresa, el dinero, la banca… porque son las instituciones propias de la acción humana ejercida en libertad en el orden espontáneo, extenso, complejo y abierto que constituye el orden de mercado y que, por tanto, deben ejercerse libremente, con nula coacción por parte del orden político u oligárquico.

Se requieren ciudadanos con valores frente a la "nuda vida" de la sociedad oligarquizada entorno a un Estado Minotauro que, hipertrofiado, sirve para la apropiación violenta de los derechos individuales, la exacción de fruto del trabajo de la población y la re-distribución de la riqueza entre las oligarquías "extractivas" y "destructivas" y sus redes clientelares.

Resulta bastante obvio comprobar como las oligarquías prefieren ciudadanos sin valores y sin ideas propias, perdidos en una vida vacía espiritual y cognitivamente y, por tanto, manejables y dependientes de las consignas ideológicas, siguiendo el rumbo que marquen los políticos y los medios de comunicación que les sirven de altavoz.

El proceso de oligarquización de la sociedad se produce cuando la política invade todos los ámbitos y rincones de la vida (nacimiento, familia, educación, sanidad, vivienda, jubilación…) desde la cuna y hasta la tumba, vampirizando los derechos individuales mediante las diversas ideologías cientistas y las pseudo-ideologías que reeditan las fórmulas intervencionistas del pasado y que pueden identificarse siempre por tres instrumentos cientistas:

a) La destrucción de los valores "inclusivos" (fijos e individuales) como la vida, la libertad y las propiedades privadas de los ciudadanos, en favor de los valores "extractivos" (relativos y "sociales") que imponen las políticas de educación en ideología de género, eutanasia, eugenesia, ecologismo…

b) La imposición de la religión secular de culto al Estado como solución milagrosa que proporcionaría el paraíso en la Tierra y, por tanto, las imposturas de la ciencia y la técnica "oficiales" que sirven de soporte a las medidas políticas y jurídicas de intervención sobre los ciudadanos a los que se les considera sujetos de la ingeniería social de la clase dirigente.

c) El crecimiento constante del tamaño del Estado por medio de las soluciones estatistas que, como bálsamo de fierabrás, se aplican a todos los problemas de la sociedad.

El proceso de oligarquización impone diferentes fórmulas de religión secular, que sirven siempre a los intereses de las supuestas élites extractivas y destructivas y requieren ciudadanos-sin-valores para mantenerse en el poder, sujetos pasivos ante las políticas intervencionistas, personas maleables por los medios de comunicación, trabajadores orientados hacia el rendimiento y la productividad máxima pero, sin embargo, privados de derechos individuales y de capacidad de pensar críticamente al objeto de extraer (robar) el fruto de su trabajo, mediante impuestos y endeudamientos siempre crecientes.

El proceso de oligarquización trata de dirigir la sociedad civil como un laboratorio cientista legislando y experimentando las políticas de ingeniería social sobre el resto de la población; que se encuentra inmersa en la "carrera del hámster", dentro de una jaula de hierro estatista donde la vida está estabulada y el raciocinio es mínimo, y en movimiento en una rueda infinita donde el fruto del trabajo es captado por la casta política —impuestos, endeudamiento y dinero fiduciario— a cambio de un mínimo sustento y del subsidio del Estado-Administración.

De un modo más taimado, suave y sibilino, el consenso socialdemócrata es también empleado por las oligarquías "extractivas" y "destructivas" para seguir defendiendo (o accediendo a) los privilegios y los propios intereses bajo excusas como el "interés general" o el "bien común". Se pueden identificar porque se caracterizan por el aumento del intervencionismo, el crecimiento del tamaño del Estado, y el sometimiento de los ciudadanos al totalitarismo democrático en el que los hombres de "nuda vida", despojados de derechos individuales y de criterio propio, son explotados y dominados por el orden político y, sin embargo, creen ser libres, como señalaba Alexis de Tocqueville.

2. Valores morales frente a la religión secular

Sin embargo, merece la pena destacar el libro El Mito del Hombre Nuevo (2009) del catedrático Dalmacio Negro, puesto que explica los "cientismos" creados entorno al mito del hombre "nuevo" que, durante los siglos XIX y XX, han dado lugar a múltiples movimientos y religiones de la política. Finaliza con una gran reflexión sobre el resultado obtenido por los "cientismos": 

La Gran Revolución [francesa] confiaba en el hombre moralizado por el poder racional del Estado-Nación (…) Que se sepa, a pesar de los esfuerzos de los siglos XIX y XX por crear el hombre nuevo, en puridad, hasta ahora sólo se conocen —aparte del último hombre de Nietzsche—, el hombre masa de Ortega, el hombre elemental de Gómez Dávila, el hombre sin atributos de Musil, el hombre hueco de Eliot, el hombre sin contenido de Agamben, el hombre animalizado de Skinner, el hombre sin retorno de Sloterdijk, el hombre aborregado u hombre oveja de quienes describen el conformismo de las politizadas sociedades democráticas, o figuras parecidas. Formas de hombre sin otro horizonte que el fracaso de la individualidad personal.  

Atrapados en el Estado-Iglesia de la religión secular, viven vagabundos conscientes de la inutilidad de mirar al pasado, al futuro o al más allá, limitándose a beneficiarse del presente que se les da, puesto que no tienen otra posibilidad ni la esperan. Malraux hablaba de «la muerte del hombre» (…) El auge de la religión secular, consecuencia de la divinización del conocimiento, amenaza con dividir la cultura de las sociedades en dos partes incompatibles aunque estén mezcladas: aquella en la que siguen vigentes las pautas que se atienen a la religión tradicional, y la adepta a las de la religión del hombre nuevo.

(Negro, 2011), p. 418.

Como consecuencia de ello, la única esperanza de evitar nuevos experimentos cientistas radica en la férrea oposición de la mayoría de los ciudadanos y, si acaso existen, de los líderes inclusivos, promoviendo la libertad en el orden de mercado hacia una sociedad abierta o civilizada, y oponiéndose con contundencia a los procesos de involución institucional del orden político u oligárquico que "guían" hacia una sociedad cerrada, tribal o colectivista.

Los ciudadanos deben hacer frente a los intelectuales y dirigentes políticos intervencionistas, que viven obsesionados con la búsqueda del "paraíso en la tierra" por medio del "cientismo" o cientifismo constructivista, las utopías y los experimentos de ingeniería social, intentando imponer una nueva moral y"guiando" al resto de la población hacia: las ideologías colectivistas (fascismo, nacional-socialismo, comunismo, socialismo, socialdemocracia…), las bio-ideologías (eugenesia, eutanasia, ecologismo, feminismo del género, humanitarismo, animalismo…), o las pseudo-ideologías (laicismo radical, gnosis, New Age…).

Por ello, la única opción de regenerar la democracia pasa, primero de todo, por una evolución institucional previa de los ciudadanos hacia los patrones de comportamiento, valores o instituciones morales de una sociedad civilizada o abierta frente al relativismo moral, la corrección política, el consenso socialdemócrata y las utopías que intentan imponer las oligarquías extractivas y destructivas para seguir medrando del presupuesto público.

Los ciudadanos que promueven las instituciones morales fijas y absolutas frente a la «nuda vida» (sin derechos ni valores más allá del plano físico), son los únicos que pueden impulsar las reformas escalonadas o hayekianas que necesita la Constitución y las leyes para garantizar los derechos individuales (vida, propiedad y libertad), la separación de poderes, la independencia judicial, el cumplimiento de la Ley o una organización territorial racional en España.

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Espacios públicos: libertad y civismo

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La ciudad puede mostrar abundantes ejemplos de incivismo: basura en el suelo (colillas de cigarrillos, restos de chicles, envases, latas, papeles); cacas de perro; contaminación por escapes de vehículos mal mantenidos; ruidos y malos olores; pintadas en las paredes (simples firmas garabateadas o grafiti presuntamente artístico); mobiliario público roto o cubierto de papeles o pegatinas con anuncios de particulares; pancartas con reivindicaciones políticas o sindicales; carteles de publicidad de comercios en soportes portátiles que invaden la vía pública; vendedores callejeros o tiendas físicas que bloquean el paso con sus mercancías en la acera; vehículos aparcados de forma irregular; conducción temeraria o poco fluida; botellón; prostitución en calles y parques; mendigos en la acera o en los semáforos; calles cortadas por alguna protesta o manifestación ilegal; fachadas de edificios en mal estado de conservación o con elementos antiestéticos (aparatos de aire acondicionado o antenas parabólicas) o cierres ilegales. En zonas más apartadas es posible encontrar chabolas o vertidos de basura o escombros junto a los caminos.

Un entorno agradable es muy relevante para el bienestar de las personas: los lugares más atractivos para la vida, el trabajo o el turismo lo son, entre otras cosas, en la medida en que no tienen estos problemas. Un ambiente degradado es desmoralizador, puede reflejar una cultura de poco respeto por la legalidad y además es un problema difícil de resolver: es común imitar conductas ajenas, de modo que lo que está sucio o mal cuidado puede ensuciarse o deteriorarse más.

Estas agresiones contra los espacios comunes muestran una falta de respeto de algunas personas por los demás: minoritarios o no, son individuos mal educados, pícaros, tramposos o vándalos. También muestran la incompetencia o negligencia de los poderes públicos (políticos, burócratas, legisladores, inspectores, policías, jueces, servicios de limpieza) que toleran, no vigilan y castigan adecuadamente o no remedian estas actividades nocivas.

Son fenómenos que no se dan por igual en todos los ámbitos: son raros en zonas de control privado (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones), y algunos países o culturas son más civilizados que otros. El estado de los espacios públicos puede servir como indicativo del desarrollo moral y económico de una sociedad: las más prósperas y avanzadas los respetan; las más pobres y retrasadas abusan de ellos.

Algunas personas pueden pretender que los espacios públicos no requieren regulación ni vigilancia especial y que cada persona puede hacer lo que quiera en ellos (siempre que no mate, robe o agreda a otros): que no son de nadie, o que su propiedad pública es ilegítima, y por lo tanto cualquiera puede apropiarse de ellos y usarlos como desee; o que como son de todos, entonces son míos y hago en ellos como me place. Sin embargo la propiedad común no siempre es ilegítima y obviamente no es equivalente a los bienes sin propietario; y la propiedad de varios es de cada uno de los dueños, pero no sólo de cada uno de ellos de forma exclusiva.

Otra posible pretensión es que los espacios públicos no deben existir y que todo debe privatizarse a título individual. El liberal puede legítimamente proponer o exigir que muchos bienes y servicios estatales se privaticen: sanidad, pensiones, educación, televisiones, empresas y entes estatales. Son sectores ineficientes (cuando no corrompidos), poco productivos y competitivos, con problemas de incentivos y de información, faltos de empresarialidad y capturados por diversos grupos de interés organizados (como los funcionarios y otros empleados públicos). Su impacto presupuestario y los daños económicos y sociales que causan son grandes.

Pero privatizarlo todo a escala individual tal vez sea absurdo: el mantenimiento de ciertos espacios comunes puede tener sentido siempre que consigan articularse normas cívicas y mecanismos para su cumplimiento. Estas normas regulan la financiación de la producción y mantenimiento en buen estado de estos espacios, si es posible en función del aprovechamiento por cada individuo (impuestos, tasas, peajes, precios de acceso), y sirven para evitar su deterioro o degradación y los abusos o molestias.

Privatizar absolutamente todo es problemático. Es posible definir la libertad como el respeto al derecho de propiedad privada, el cumplimiento del principio de no agresión (no invasión, daño o robo de lo ajeno), y la posibilidad legal de realizar pactos contractuales voluntarios exigibles por la fuerza. Pero la propiedad no siempre es individual: algunos espacios físicos, como calles, caminos, carreteras, plazas y parques, se poseen y gestionan de forma común por algún grupo privado o por alguna unidad de convivencia colectiva (pueblo, barrio, ciudad, provincia, región, país).

Son bienes que o son difícilmente separables en unidades discretas, o tienen límites extensos que hacen muy difícil el control de acceso y la exclusión, o se colonizan y usan por un grupo de forma conjunta, o simplemente las personas desean compartirlos o gestionarlos como un colectivo. A menudo son espacios comunes, zonas de tránsito y convivencia que requieren una normativa adecuada que permita su uso y disfrute con el máximo aprovechamiento y la mínima conflictividad posible: se trata de normas mínimas de urbanidad, de elemental buena educación para respetar al prójimo, evitar molestias y mantener y no deteriorar el entorno común.

Toda la convivencia en sociedad se basa en normas: el derecho de propiedad es una norma peculiar que indica que el dueño decide las reglas dentro de su propiedad; pero cuando la propiedad es de varios el establecimiento de las normas no es tan sencillo; mucho menos cuando la propiedad es de todos. En los espacios privados los propietarios pueden decidir las normas de conducta e informar a sus potenciales invitados, visitantes o clientes: no es necesario alcanzar acuerdos entre agentes en posiciones iguales o simétricas; los dueños mandan, y los demás o aceptan sus reglas o no son admitidos; cualquier conducta e interacción es posible siempre que sea voluntaria y se eviten los daños a terceros. En los espacios públicos los propietarios son todos o casi todos (salvo extranjeros): como en toda propiedad colectiva, la gran cantidad y diversidad de individuos con derechos de decisión puede originar múltiples conflictos al intentar regular su uso.

Los espacios privados pueden cerrarse o aislarse para evitar daños al exterior; los espacios públicos son por su propia naturaleza abiertos y de interacción constante, de modo que las acciones de unos afectan fácilmente a otros. En los espacios privados el acceso y los usos, quiénes tienen permiso y qué pueden hacer, están restringidos por la voluntad del propietario: tal vez sean pocas o muchas personas autorizadas, y pocas o muchas las conductas permitidas o prohibidas. En los espacios públicos el acceso y la movilidad son libres para todos, pero su uso debe estar estrictamente limitado. Como lugares de tránsito y convivencia los principios que deben regularlos son la funcionalidad (que cumplan con su cometido, que la circulación de personas y vehículos sea fluida) y el respeto al otro (que se pueda vivir en ellos con otros y no contra otros).

Los problemas de los espacios públicos pueden resultar difíciles de resolver por varias razones: su delimitación y diseño suele realizarse por planificación urbanística centralizada que rara vez produce resultados óptimos sino más bien escasez o excesos; los actos de incivismo no son crímenes o delitos graves (como asesinatos, daños físicos, violaciones, secuestros, robos) con víctimas afectadas muy concretas que se benefician directamente de su resolución; suelen ser externalidades negativas difusas, de costes relativamente bajos para cada individuo pero acumulativos y que afectan a mucha gente cuya coordinación es compleja; puede ser costoso descubrir y castigar a los responsables; y los poderes públicos suelen ser incompetentes o negligentes y es difícil para los ciudadanos exigir rendición de cuentas y sustituirlos por otros mejores.

Posibles soluciones son: limitar la extensión de los espacios públicos y exigir respeto de los que tienen sentido; separación de poderes públicos por zonas y funcionalidades (como tráfico, limpieza, mobiliario urbano), con elección directa de los responsables por los ciudadanos; una mínima buena educación para la ciudadanía basada en principios básicos de decencia y cortesía (no hacer daño, no molestar, no traspasar costes a otros) en lugar del adoctrinamiento colectivista e igualitarista y la moralina de baja calidad de la solidaridad estatal coactiva; participación altruista en campañas de limpieza y vigilancia (complementando la escasa capacidad de los vigilantes públicos); incentivar denuncias ciudadanas adecuadamente probadas (testimonios múltiples, imágenes grabadas) y castigos disuasorios para los culpables; represalias ciudadanas (avergonzar públicamente a los incívicos en medios de comunicación, saturar los teléfonos de quienes se anuncian de forma irregular); supervisión y denuncia de los vigilantes incompetentes (policías, inspectores) que no cumplen con su deber.