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El liberalismo y el problema del estado

Tres son, básicamente, las funciones que le competen al estado dentro de un ordenamiento liberal: 1) la defensa frente a un ataque externo; 2) la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de miembros de la propia comunidad; 3) el arbitraje en los casos de conflicto de derechos entre ciudadanos. (En rigor, hay una función adicional pero, por razones de espacio y complejidad conceptual, no es posible tratarla aquí).

El punto en debate es si el cumplimiento de esas tres funciones demanda la existencia del estado o, en su defecto, es posible dejarlas al arbitrio de la iniciativa privada. Del resultado de ese debate depende que consideremos posible, o no, la existencia de una sociedad sin estado, llamada, usualmente, anarcocapitalismo. Analicemos, entonces, caso por caso.

Si la defensa frente a un ataque externo no estuviera a cargo del estado, habilitado para coaccionar a los ciudadanos a participar del esfuerzo bélico, el resultado sería que la participación en esa tarea defensiva se tornaría optativa. Y la pregunta es si tal metodología sería eficiente.

La respuesta es negativa porque una acción militar constituye, esencialmente, una gestión con vistas a la consecución de un propósito colectivo, no a la realización de objetivos individuales. Si la participación en la defensa común fuera librada al albedrío de cada ciudadano, todos tendrían incentivos para dejar la tarea en manos de otros y, finalmente, no habría acción de defensa, esencialmente, porque la conveniencia individual de cada uno derivaría en que nadie contribuiría al esfuerzo común. Sería un caso de "tragedia de los comunes", aunque no aplicado a la explotación de un recurso (como en la versión ortodoxa de Hardin) sino a la prestación de colaboración con vistas a la consecución de un fin comunitario. Como el bien a defender es de propiedad común, todos procurarían mejorar su beneficio individual y eso llevaría a que toda la gestión fracase. Por lo tanto, el único modo posible de resolver el problema es que haya una autoridad que obligue a todos a participar del esfuerzo común. Esto, naturalmente, implica un cercenamiento de la libertad individual, pero las circunstancias no dejan margen de elección porque, ante un ataque externo, el principio de la libertad individual queda postergado frente a la necesidad colectiva de impedir el sometimiento al atacante.

Con respecto a la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de terceros, la opción es acción estatal o agencias de seguridad privadas. En rigor, la privatización del servicio de seguridad es perfectamente posible. Pero el problema que se plantea es el de la determinación de los alcances y los límites de las acciones que los agentes de seguridad pueden efectuar en el ejercicio de la defensa del orden público y/o privado. Por ejemplo, imaginemos que un supuesto ladrón es sorprendido in fraganti y se da a la fuga con el botín; ¿hasta dónde los agentes de la seguridad privada tienen derecho a atacarlo para sancionar su accionar, sin vulnerar los derechos del malviviente? Esto requiere algún tipo de reglamentación y la determinación de las facultades de las fuerzas de seguridad constituyen una decisión política, no empresarial, y, por lo tanto, es el estado quien debe adoptarla. El criterio que el estado aplique para reglamentar el ejercicio del derecho del acusado y de los derechos de defensa de los supuestos damnificados, constituye una decisión discrecional, adoptada conforme a criterios de aceptación social mayoritaria, cuyos contenidos pueden ir mejorándose gradualmente conforme la experiencia práctica vaya arrojando enseñanzas que permitan perfeccionarla. Pero en cada instancia particular tiene necesariamente que haber determinadas reglas que, para ese momento (y hasta tanto se corrijan eventuales insuficiencias) sean las que estén vigentes y, por lo tanto, en aplicación. No hay margen para dejar a la decisión individual de los actores de cada incidente en particular la legitimidad de los actos de represión del delito, ya que en tal caso nadie sabría exactamente a qué parámetros atenerse para regir su conducta. No queda más alternativa que fijar algún criterio e imponerlo coactivamente para evitar que las relaciones sociales devengan caóticas porque cada cual interpreta sus derechos como le plazca. Por eso es imposible resolver este tipo de problemas por fuera de una estructura de naturaleza estatal.

En relación al problema del arbitraje en caso de conflicto de derechos, típicamente se produce cuando alguna de las partes intervinientes en un contrato demanda a la otra por un supuesto incumplimiento. Puede ocurrir que la parte demandada rechace la acusación o justifique su accionar en algún otro posible incumplimiento previo del demandante. Entonces, se plantea el problema de determinar quién, y en qué medida, es el responsable del conflicto. En principio, esto se podría tratar por medio de jueces privados. Pero el problema es que la legitimidad de la decisión de un juez privado está condicionada por el grado de consenso que tenga su sentencia. Y es obvio que si una de las partes no está conforme, la impugnará, lo cual es legítimo porque podría suceder que el juez no haya fallado conforme a derecho. Esto obliga a establecer instancias de apelación, que también podrían ser privadas. Pero, en último término, tendrá que haber alguna instancia judicial que sea definitiva e inapelable. Quien no concuerde con ese fallo final, deberá someterse a él aunque no le satisfaga. Esa función de tribunal supremo (aun en el caso de que la tarea operativa esté delegada en una compañía privada) tiene necesariamente que contar con la legitimación estatal, para que su resolución sea inapelable y esté respaldada por la facultad de emplear la fuerza para obligar al cumplimiento de sus disposiciones.

Estos ejemplos explican por qué, aunque muy acotada, es necesaria una organización que cumpla funciones estatales para garantizar la libertad y evitar que las relaciones interpersonales deriven en un desorden cuyo efecto práctico sería, precisamente, la desaparición o el achicamiento de los márgenes de libertad individual. Si damos como aceptado que la libertad individual es el valor supremo del sistema social, debemos admitir que, a los efectos de garantizar la defensa, el orden público y el cumplimiento de los contratos, y evitar que se desencadene un caos, es necesaria, dentro de límites mínimos, la existencia de una organización que detente la facultad de ejercer la coacción para evitar los desbordes cuyo efecto sería la vulneración de los derechos de cuya vigencia la libertad depende. El tema suscita acaloradas polémicas en círculos liberales, donde algunos núcleos, partidarios de un orden social sin estado, omiten considerar seriamente cuáles serían las consecuencias reales de la puesta en aplicación del mecanismo que propugnan.

La Europa de Carlos V

Este mes de mayo celebraremos las elecciones al Parlamento Europeo, y me ha parecido interesante hablarles de uno de los personajes históricos más vinculados a la idea de Europa: nuestro Rey Carlos I de Austria, quinto emperador con ese nombre del Sacro Romano Germánico Imperio. En esta columna daremos un apretado repaso a su política europeísta, si se pudiera llamar así (aunque no es un concepto adecuado a esa época). Pero el caso es que le tocó vivir un momento crítico, precisamente para esta idea de Europa: la ruptura de la Cristiandad con la Reforma de Lutero. Durante los mil años de la Edad Media, y a pesar de las muchas guerras entre sus reinos, se habían identificado ambos términos: el de Europa y el de la communitas christiana. Cosa que cambió por completo con el nacimiento de las confesiones reformadas. Veremos que esa preocupación por la unidad, junto al ansia de paz, fueron dos características importantes de un gobernante que pasó en los campos de batalla casi tantos años de su vida como en los palacios.

He rescatado de la biblioteca tres libros famosos sobre el Emperador Carlos. Comienzo por uno más antiguo de Ramón Menéndez Pidal: La idea imperial de Carlos V, que en realidad es un discurso del año 1938 que da nombre a un volumen con otros ensayos. Este famoso historiador escribía sobre el interés que había despertado Carlos V en varios países europeos, como Bélgica o Alemania. Aunque discute la interpretación que se le ha dado a su "idea imperial", sobre todo por parte de algunos autores alemanes como Brandi. Pidal defiende un sentido de Imperio como herencia del romano, pero esta vez configurado en una geografía europea (ya no mediterránea). Y con dos características: la búsqueda de la unidad y de la paz.

Efectivamente, las dos grandes preocupaciones de Carlos V (tanto en lo militar como en lo religioso) fueron la amenaza turca y la secesión luterana. Aspiraba a una paz interna que respetase el status quo, aunque también estaba dispuesto a mostrar una respuesta enérgica ante lo que considerara una traición a esa unidad: así se entiende el famoso Saco de Roma de 1526 (que no promovió, pero tampoco castigó al militar que lo llevó a cabo). Como expresaba en un discurso de 1528, antes de partir para Bolonia para ser coronado Rey de Romanos, él no quería tomar lo ajeno, sino respetar lo heredado; y mantuvo este mismo criterio poco después, en otra conocida intervención ante el Papa. Fue a su regreso de la defensa de Túnez, donde había encontrado correspondencia del rey Francisco I de Francia con el Turco (algo que le parecía inconcebible): allí exigía a los gobernantes europeos una coherencia en la defensa del ideal cristiano, repitiendo por tres veces ante Paulo III "que quiero la paz, que quiero la paz, que quiero la paz". Pero señalando a la vez que también estaba dispuesto a "rompernos las cabezas" si finalmente no se llegaba a un acuerdo.

Hay otro libro parecido de José María Jover, Carlos V y los españoles, que también contiene tres ensayos históricos. Nos fijaremos en el primero: "Sobre la política exterior de España". Jover transcribe y estudia varias cartas del Monarca a su mujer, la emperatriz Isabel, en las que resume su actividad militar y diplomática. Aquí vemos la referencia a otro episodio memorable para los europeos: la defensa de Viena contra Solimán, en 1532. Aunque los ejércitos no llegaron a encontrarse, Carlos se ocupó de lograr previamente un entendimiento con los protestantes alemanes (en Ratisbona) para hacer frente al enemigo común, al tiempo que movilizaría los Tercios españoles desde Italia y Flandes. Es llamativo cómo escribía a Isabel que no esperaba ninguna ayuda de Roma, ni de los reyes de Francia, Portugal o Inglaterra… Vemos de nuevo aquí esa preocupación por la unidad de Europa, incluyendo ahora las propias fronteras geográficas (y se me ocurre pensar: ¿cómo habría actuado el Emperador ante una situación como la de Ucrania?).

El tercer libro se titula Carlos V, un hombre para Europa, de Manuel Fernández Álvarez (1976). Tiene más bien un formato de manual de historia, recorriendo toda la biografía del Emperador desde su nacimiento en Gante hasta su muerte en Yuste. Pero es un acercamiento desde la perspectiva del "estadista de Europa", mostrando cómo supo equilibrar una política global que incluyese a los territorios de Italia, Alemania, los Países Bajos y, por supuesto, España. Sobre esta cuestión también se ha escrito abundantemente: cómo ese joven príncipe borgoñón, que apenas sabía hablar castellano cuando desembarcó en Santander, finalmente adoptó una estrategia de hispanizar Europa, como señalaba Menéndez Pidal. No me parece un patrioterismo desfasado esta expresión, ya que nuestros monarcas del siglo XVI y sus ministros fueron verdaderamente unos ilustres ciudadanos europeos, que al tiempo estaban orgullosos de sus raíces españolas. En el citado discurso de Roma ante Paulo III, que pronunció en castellano, Carlos V señalaba al embajador francés que "no espere de mi otras palabras que de mi lengua española".

El nombre de Carlos V es hoy reconocido en Europa con respeto: unas becas de Movilidad e Investigación en Estudios Europeos llevan su nombre, al igual que el Premio Europeo Carlos V que otorga la Academia Europea de Yuste. Precisamente, en la edición de este año 2014 fue galardonado el Presidente de la Comisión, José M. Durão Barroso, por "su impulso a la construcción de una Unión Europea cada vez más fuerte". En su intervención, Barroso destacó el protagonismo del Emperador en "la superación de los egoísmos nacionales, los nacionalismos extremos y las guerras". Esperemos que nuestros representantes electos al Parlamento lleven alguno de aquellos ideales políticos del Emperador a las instituciones europeas.

Aires de libertad: Societat Civil Catalana

CIU y ERC llevan insistiendo desde hace varios años de manera reiterada en mantras como que están "oprimidos" (por el Estado Español) o que el gobierno español roba y expolia a Cataluña. A base de repetir soflamas de esta naturaleza han logrado que sectores de la población, que no habían comulgado con el independentismo, se hayan sumado al mismo, particularmente con el inicio de la crisis económica. Cada 11 de septiembre es una oda al victimismo, compatible con la manipulación de la historia.

Para ello, la Generalitat no ha escatimado medios a la hora de hacer proselitismo de sus intenciones rupturistas. La Asamblea Nacional de Cataluña es el gran ejemplo pero no el único. Junto al citado órgano, un buen número de asociaciones, medios de comunicación y fundaciones se esfuerzan en captar adeptos para sus fines. El dinero público al servicio de los intereses sólo de una parte de la sociedad.

La condescendencia simplista con que sectores académicos y políticos del "resto de España" encaran estos envites, no ha hecho más que espolear a CIU y ERC, nunca calmar a las formaciones aludidas. En consecuencia, hablar de choque entre los nacionalismos catalán y español sólo describe actitudes buenistas que no solventan el problema.

Igualmente, PP y PSOE se empeñan en hablar de conceptos como federalismo o reforma de la Constitución con los cuales sostienen, ingenuamente, que el nacionalismo catalán va a recular. Sin embargo, de los liberticidios recurrentes de la Generalitat en materias como la libertad de expresión o de elección de lengua para la escolarización, poco han dicho que no sea retórica.

Con todo ello, no debemos sorprendernos por que hayan aparecido partidos como Ciudadanos que se han enfrentado sin tapujos al nacionalismo excluyente en el Parlamento de Cataluña. La irrupción de Societat Civil Catalana sigue la estela de organizaciones, como el Foro de Babel, que aglutinó a "rebeldes" que se oponían al statu quo.

De la misma manera, Societat Civil Catalana, en su manifiesto fundacional, ha servido para sacar a la superficie hechos que estaban "olvidados" como el progreso de Cataluña con el resto de España, los vínculos profundísimos que unen a los catalanes con el resto de españoles o a nivel más global, que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la UE, idea esta última que CIU y ERC menosprecian.

De un modo más particular, es pertinente que Societat Civil Catalana rechace que Cataluña esté oprimida por España. Al mismo tiempo y sin demagogia lanza un deseo que refleja a las claras el panorama actual de la citada comunidad autónoma: "aspiramos a que Cataluña vuelva a ser un punto de atracción intelectual y económica, un hogar donde se respire una atmósfera dinámica, emprendedora y cosmopolita". En esta última premisa, por tanto, apreciamos una clara referencia a la Cataluña de los setenta, aquella que constantemente evocan con conocimiento de causa periodistas (Jiménez Losantos), intelectuales (Amando de Miguel, Albert Boadella) o músicos (Loquillo).

Como era previsible, el recibimiento por parte del establishment nacionalista de Societat Civil Catalana ha combinado la indiferencia con las recurrentes acusaciones de fascistas, menospreciando de este modo, entre otras cosas, su origen plural. Nada sorprendente. El PPC, Ciudadanos, Vidal Quadras, Inés Arrimadas, Albert Rivera…ya sufrieron la estigmatización, fenómeno que por otro lado, también encontró palmeros en el resto de España. De nuevo el buenismo rodeado de múltiples complejos apareció. Defender a los citados políticos no formaba parte de lo políticamente correcto; por el contrario, el ataque y los insultos a ellos sí. Resultado: el nacionalismo excluyente ganaba una partida sin necesidad de emplear grandes esfuerzos.

En definitiva, la Cataluña real, no la oficial, se moviliza. De cara a hacer llegar su mensaje, sería bueno que se le brindara plataformas mediáticas (algo que al nacionalismo le sobra). El escenario que afrontará en el medio y corto plazo estará plagado de dificultades. 

El nuevo rapto de Europa

Desde el primero de abril, día en el que se dio el pistoletazo de salida de la campaña europea, nos encontramos sumergidos en un vaivén de slogans que son soltados al aire como los globos en las fiestas infantiles. Y da la sensación de que los candidatos y demás políticos involucrados en dicha campaña, exactamente igual que los niños de la fiesta se emboban mirando cómo sube el globo, una vez soltada la frase se entretienen mirando el termómetro electoral, para ver cuántas décimas porcentuales ganan al otro.

Explicaba el profesor Luis Díez del Corral en su libro El Rapto de Europa que la palabra “rapto” puede entenderse como secuestro o como lapsus que priva de sentido a quien lo padece. En mi opinión, las elecciones al Parlamento Europeo son una exhibición del nuevo rapto de Europa, una conmemoración del secuestro de una realidad que probablemente no regrese nunca.

El canto difónico de los partidos políticos españoles

Los partidos mayoritarios españoles, en lugar de presentar un programa detallado, elaborado y defenderlo como si se lo creyeran, se muestran los dientes el uno al otro de cara a las futuras elecciones en nuestro país. El resultado es una suerte de canto difónico, en el que se oyen dos voces que salen de la misma persona, separadas normalmente por una variación de un armónico.

De esta forma, las palabras de Cañete, Valenciano y el resto de la pandilla, hablan de la troika, de los ciudadanos europeos y del gran proyecto europeo, y a la vez, nos cuentan las miserias del partido de enfrente, la responsabilidad del contrincante en la crisis, lo bien que lo hacemos, lo bien que lo hicimos y que si no ganamos viene el hombre del saco, así que ¡vótanos!

El ciudadano español, además, ha de soportar el coro de maracas de los medios de comunicación afines a unos y a otros (cada cual tiene uno, como se tiene un cepillo de dientes) que maquillan cifras, informan sesgadamente y sobre todo, marean muchísimo, con el fin último de que su candidato gane para seguir siendo ‘el’ medio de comunicación del partido en el gobierno (presente, pretérito o futuro). Como resultado, al cabo de apenas un mes la sensación generalizada es de confusión total. O bien te aplasta la responsabilidad de dejar que el PP o el PSOE aparezcan renovados tras las elecciones europeas, y votas pensando en la batalla nacional, o bien, te reconoces perdido en el espacio y decides no votar. Porque nadie cuenta la diferencia entre Juncker y Schulz, nadie te dice cómo va a afectar a tu presupuesto familiar, si la unión bancaria y presupuestaria son una meta para ya o es mejor esperar, los motivos que sustentan una u otra opción, y por qué es necesariamente una meta.

La Europa “arrebatada”

Y, volviendo a Díez del Corral, que afirmaba en 1954 que Europa se arrebataba y era arrebatada a un tiempo, lo que está sucediendo es un nuevo rapto.

La Europa que reclaman tanto PP como PSOE, es una unidad de destino en la intervención, diría parafraseando una definición de España de otros tiempos. Una intervención que conduce a un Estado europeo tan totalitario o más que el Estado nacional actual, sancionado por una población a la que se le extrae su riqueza sin preguntar y que se mantiene democráticamente amedrentada. La propaganda que afirma que si no votas todo lo malo que sobrevenga es merecido es de lo más sucio y rastrero que hay. Y de ahí, en adelante: las siete plagas caerán sobre nuestras cabezas si no aceptas mis políticas, si gana la derecha quitan el pan de la boca a tus hijos, si gana la izquierda también pero más socialmente. Pero Europa no es eso aunque traten de secuestrar su significado.

Cuando algún iluso se atreve a presentar un proyecto de Europa más libre, menos centralizada e intervenida, enseguida se recurre a todo tipo de descalificaciones, como antieuropeísta o euroescéptico, como si el escepticismo fuera malo. Más aún si uno se declara abstencionista y aconseja esa opción. Entonces los insultos y las maldiciones traperas son lo normal.

Hace muchas décadas que Mises y Hayek explicaron por qué la economía central planificada era un unicornio, un mito imposible de alcanzar, en cuya persecución se desperdiciaba el esfuerzo, tiempo y dinero de muchos trabajadores. Yo añadiría a la vertiente económica la jurídica y la política. Cuanto mayor sea la unidad de gestión (económica, jurídica y política), mucho peor. Se pueden obtener mejores resultados sin comprometer la libertad de los ciudadanos.

Pero nuestros políticos prefieren, por su propio interés, seguir embaucando a los votantes europeos con cantos de sirena. Eso sí, cantos difónicos.

Capitalismo, filantropía y solidaridad voluntaria

Uno de los principales argumentos que esgrimen los enemigos de la libertad para justificar la existencia del Estado es el de garantizar la redistribución de renta. Sin esa redistribución -afirman los estatistas-, la acumulación de riqueza de los ricos impedirá a las clases económicamente menos favorecidas de la sociedad cambiar su situación. Ya saben el famoso meme: los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se me ocurren dos grandes objeciones a esta idea errónea. En primer lugar, es una falacia que la acumulación de riqueza por parte de los individuos y familias más acaudaladas del planeta impida a los más pobres revertir su situación. En segundo lugar y aun en el caso de que esa errónea teoría fuese cierta, también es cuestionable que la única (o mejor) solución para lograr que los más pobres accedan a la parte de la acumulación de riqueza de los más ricos sea mediante la coacción. La primera objeción es fruto de ignorancia económica, la segunda de una clara actitud estatista y coactiva, valga la redundancia.

Con respecto a la falaz asunción de que es necesario que el Estado impida que los ultra ricos acumulen riqueza con el paso del tiempo hay dos problemas. Por el lado de los más desfavorecidos, sus oportunidades de prosperar en la vida y la acumulación de riqueza de los ricos son dos fenómenos que nada tienen que ver. El que un rico acumule capital no impide que un pobre haga lo mismo. En los años 30, algunas de las familias más ricas del planeta eran los Rockefeller, los Morgan o los Du Pont. Que esas familias tuviesen unos patrimonios gigantescos no impidió que, por ejemplo, un niño nacido en 1930 en el seno de una familia de clase media-baja en la ciudad de Omaha se convirtiese, décadas más tarde, en el hombre más rico del planeta. Ese hombre es Warren Buffett. Del mismo modo, que Bill Gates fuese el hombre más rico del mundo durante prácticamente dos décadas tampoco impidió que otro joven proveniente de una familia sin una acumulación de capital significativa se convirtiese en el mil millonario más joven del mundo. El joven del que hablo es Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook. Las oportunidades que tienen los individuos para prosperar en la vida y probar fortuna nada tienen que ver con que los ricos acumulen riqueza.

Pero la cosa no acaba aquí.

Una vez analizada la situación desde la perspectiva de los pobres, toca ahora hacerlo desde la de los más acaudalados. El sofisma económico mencionado hace una asunción que, lamentablemente para los anticapitalistas, no se cumple. Esa asunción es que, una vez un individuo o un grupo familiar acumula una ingente cantidad de riqueza, lo único que sucederá es que esa riqueza aumente con el paso del tiempo. Craso error. La riqueza, igual que se genera, se puede destruir. En eso son expertas las segundas y especialmente las terceras generaciones familiares. Pero más allá de una mala gestión del patrimonio familiar, el motivo fundamental de esa compleja preservación del capital es que el libre mercado no entiende de apellidos. Las mayores fortunas del planeta no tienen miles y miles de millones en el banco rentando un interés, sino que tienen una gran cantidad de acciones, normalmente de una misma empresa. Y aquí es donde viene el problema: si los beneficios esperados de un negocio de éxito pasan a ser cuestionados y finalmente caen en picado, la riqueza de esa familia se habrá evaporado. Por poner un ejemplo, el dueño de la cadena de videoclubs Blockbuster -que fue una empresa de enorme éxito y que acabó perdiendo el 99% de su valor en Bolsa- pasó en cuestión de años de ser un hombre tremendamente rico a convertirse en alguien con una riqueza mucho más modesta. De obligada lectura es el reciente artículo de Juan Ramón Rallo hablando precisamente de la voraz rotación de los apellidos de los ultra ricos en la lista de Forbes con el transcurso de las décadas. También merece la pena leer el artículo de Gray Matter titulado "From Rags To Riches To Rags". Este profesor y su colega Thomas A. Hirschl han estudiado la evolución de los ingresos de los norteamericanos durante los últimos 44 años y las conclusiones no pueden ser más reveladoras. El 12% de la población se encontrará en algún momento en el 1% más rico por ingresos. Mejor aún, el 39% estará al menos un año en el top 5%, un 56% lo hará en el top 10% más rico y un sorprendente 73% se encontrará entre el 20% con mayores ingresos en algún año dado. El libre mercado -no el corporativismo estatista imperante- enriquece sin miramientos del mismo modo que empobrece. No hay un trato de favor ni privilegios a la hora de conservar capital: si el negocio que ha generado una gran acumulación de capital ya no logra satisfacer las necesidades de una masa crítica de la sociedad, la riqueza desaparecerá. Esto explica la cantidad de americanos que algún año de su vida se encontrarán entre los más ricos del país.

Como comentaba al principio, aun en el caso de que la falacia de que los ricos impiden a los pobres prosperar por acumular riqueza fuese cierta, tampoco deberíamos asumir que la redistribución coactiva del Estado sea la solución. El libre mercado y los individuos, de forma libre y voluntaria, han llegado a una mejor solución. Ignoro si es por casualidad o si hay un interés por no darle mucha publicidad al asunto, pero lo cierto es que en los últimos años ha acaecido un hecho sin precedentes: las mayores fortunas del planeta, lideradas por Bill Gates y Warren Buffett, se han comprometido de forma libre y voluntaria a donar en vida al menos el 50% de su patrimonio a causas benéficas. El proyecto, lanzado en 2010, se llama "The Giving Pledge". Hasta la fecha, cerca de 120 mil millonarios con una riqueza acumulada valorada en más de $600.000 millones, se han comprometido a donar a causas filantrópicas la mitad de sus inmensas fortunas en vida. Entre los logros de estos acaudalados filántropos se encuentra el caso de Bill Gates, que está a punto de lograr erradicar la polio en todo el mundo. Ya va camino del 99%.

Cierto es que algunos de los promotores, como es el caso de Warren Buffett y su cruzada por que EEUU suba los impuestos a los ricos, están a favor de que la redistribución de renta se haga de forma coactiva. Pero no es menos cierto que esos 120 ultra ricos de Forbes acceden de forma libre y voluntaria a donar una gran parte de su riqueza para mejorar, en muchos casos, la vida de los que menos tienen. Este altruismo tiene una parte de lógica: cuando uno se ha beneficiado enormemente de un sistema como es el capitalismo que premia a quienes mejor saben darle a la sociedad aquello que demanda, se siente extraordinariamente recompensado. Quienes experimentan ese enriquecimiento se sienten tan sumamente gratificados que, en muchas ocasiones, desean devolver a la sociedad parte de esa riqueza obtenida: solidaridad voluntaria, la única solidaridad posible.

Como el mundo en el que nos ha tocado vivir dista mucho de ser una sociedad capitalista libre, no todas las personas que acumulan ingentes cantidades de riqueza la han obtenido de forma lícita, compitiendo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de privilegios estatales ni enchufes políticos. Por citar dos ejemplos, ni Carlos Slim ni Roman Abramovich se caracterizan por ser dos mil millonarios que hayan obtenido sus gigantescas fortunas sin privilegios estatales fruto del libre mercado. En el caso del primero, su estrecha relación de amistad con el que fuese presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, jugó un papel decisivo en la construcción de su imperio. En el caso del segundo, su acceso privilegiado al círculo del entonces presidente Boris Yeltsin le permitió sacar tajada del proceso de privatización tras la perestroika. Curiosamente, estos dos ultra ricos han declinado participar en el proyecto "The Giving Pledge". Desconozco si, al no haber obtenido su enorme riqueza gracias al libre mercado sino al capitalismo de amiguetes -como se conoce en nuestro país al crony capitalism-, no tengan ese sentimiento de gratitud hacia la sociedad que sí tienen aquellas personas que han obtenido su riqueza de forma libre y voluntaria, con el voto de los millones de clientes de sus empresas. Pero me aventuro a pensar que algo de influencia ha podido tener.

La auténtica democracia es el libre mercado y aquellos que obtienen muchos "votos" en el mercado se dividen en dos grandes grupos: quienes sí los merecen suelen ser generosos y altruistas y el resto parece ser más avaricioso y egoísta. Así que la forma óptima para que los ricos ayuden a los más pobres parece simple: más libre mercado (que es la esencia de la prosperidad) hará más ricos legítimos y esos ricos, sin que nadie se lo imponga, suelen tender a ser solidarios y querer ayudar a quien más lo necesita. Mientras esta cooperación voluntaria y altruista a escala planetaria tiene lugar, los enemigos de la libertad seguirán argumentando que la redistribución coactiva de renta de ricos a pobres es necesaria para garantizar una "igualdad de oportunidades". Que no le den gato por liebre.

No podemos votar con los pies, Profesor

El mes pasado tuvimos ocasión de comentar el excelente libro de Juan Ramón Rallo, “Una revolución liberal para España”. La verdad es que el libro está siendo un verdadero éxito. El Profesor lo ha presentado ya en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ha acudido a entrevistas con los principales medios económicos, tanto liberales como no -Vozpopuli, LibreMercado, esRadio o elEconomista-. Además, recientemente hemos conocido la inclusión del Profesor en una “lista negra” de economistas enfrentados con este Gobierno. Señal inequívoca de que algo bien estará haciendo Juan Ramón.

El libro merece muchísimos comentarios. Tanto elogios como los que brindó un servidor o José Luis Ricón como matizaciones y críticas como la de Andrés Casas. Y sobre uno de los temas del libro querría yo volver a reflexionar: las ciudades “autónomas” que propone Juan Ramón en el libro al hilo de la consabida capacidad de votar con los pies que tanto han defendido diversos economistas en España (Diego Sánchez de la Cruz, Adrià Pérez, Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, etc. Y la lista sigue).

El argumento es sencillo y es de meros incentivos. Si un gobernante aumenta los impuestos y cercena las instituciones privadas (de propiedad individual o de mano común) junto con la autonomía de la voluntad corre el riesgo de perder a su ciudadanía. Algo que ya estudió la Public Choice respecto de la fuga de cerebros y que en España ha traído como paradigma a la Comunidad de Madrid con sus mayores libertades y sus menores impuestos.

Sucede, no obstante, que votar con los pies no resulta sencillo a nivel personal. Algo que sí reflexiona Juan Ramón. Uno ha tejido una valiosa red de contactos en su lugar de residencia (capital social), cuenta con la institución de la familia (lo que Huerta de Soto diría que genera seguridad al individuo) e, incluso, tiene su mayor fuente de renta en su lugar de residencia (habida cuenta de que la diversificación de la procedencia de los flujos de caja para los ciudadanos es casi inexistente). Por ello, expone Juan Ramón, si las Administraciones son pequeñas, territorialmente hablando, se consigue ese doble efecto verdaderamente sano: el ciudadano puede votar con los pies con mayor facilidad al reducir el desplazamiento necesario y tiene a sus políticos más cerca para elevar sus protestas. Al cabo, y perdonen el simplismo del símil, es como cambiar de comunidad de vecinos porque te suben las cuotas a un nivel inasumible.

El problema viene no sólo auspiciado por este apego a la red de contactos tejidas y al lugar de residencia, el problema viene con la ley fiscal. Supuesto, obviamente, no contemplado en el libro del Profesor pero existente a día de hoy. La Hacienda Pública, perra vieja y sabia, ya ha previsto el sufragio con los pies y ha trabajado muy duro para evitarlo. Alguno pensará que tal trabajo es orientado a mantener a los ciudadanos en sus residencias con leyes fiscales más benévolas y sencillas. Pero nada más lejos de la realidad. El duro trabajo del legislador fiscal ha ido orientado a lograr que el ciudadano que abandona su territorio siga tributando y rindiendo cuentas ante el territorio que abandona. Veamos algunos ejemplos de semejante mordida:

  • IRPF: La ley del IRPF considera residente y por tanto contribuyente del IRPF a todo aquel que resida más de la mitad del año en España o que perciba más de la mitad de sus rentas en España. Con que se dé una condición ya tributa. Es decir, el que emigra pero percibe todas sus rentas, verbigracia, por dividendos de El Corte Inglés, tributa por el IRPF. Pero hay un caso más sangrante. Supongamos que un individuo emigra a trabajar para ACS en Inglaterra. Las rentas del trabajo las paga la filial inglesa. Pero, según la ley del IRPF el contribuyente sigue residiendo en España salvo que haga un complejo papeleo. Porque para la Hacienda será un contribuyente ausente “esporádicamente”. Pero si tal ciudadano, en vez de Inglaterra, acude a las Islas Caimán la cosa empeora mucho. Deberá probar fehacientemente la residencia en las Caimán durante más de medio año y después de probarlo durante ese año deberá esperar 4 años más. Si uno va hoy a las Caimán seguirá tributando por el IRPF hasta 2020.
  • ISD: Si uno quiere que cuando muera se le aplique a sus herederos un impuesto de sucesiones como el de la Comunidad de Madrid deberá acudir presto al citado lugar. Con 5 años de antelación a su fallecimiento como mínimo. Si no, se le aplicará el maravilloso 30% andaluz, en caso de que uno sea sevillano.
  • Impuesto de Sociedades: el abandono de la residencia fiscal debe ser por “motivos económicos válidos”. ¿Cuáles son esos? Pues los que el burócrata de turno decida, como no podría ser de otra manera.

En fin, ejemplos similares los hay en patrimonio y otros impuestos. Evitando a toda costa ese voto con los pies. Tanto fuera de las fronteras españolas como a nivel intracomunitario entre distintas autonomías. Lo cómico de todo esto es que, una vez logra el individuo salir de España, seguirá tributando lo que perciba en rentas aquí por el Impuesto de la Renta de No Residentes.

El problema de agencia y el mercado de take-overs (II)

En la primera parte de este artículo, se describió el problema de agencia, específicamente en el ámbito de las sociedades anónimas. En este caso, la relación principal-agente se establece entre los accionistas y los ejecutivos de la empresa, más en concreto el Consejo de Administración.

Dijimos entonces que la forma más directa para que el accionista discipline a su agente es mediante la venta de la acción. De esta forma, el precio de la empresa baja y puede haber emprendedores que se hagan con el control de la misma y eliminar las prácticas negligentes o simplemente ineficientes del anterior equipo ejecutivo, consiguiendo así poner en valor la empresa.

Quedan así alineados los intereses del accionista (que la empresa suba de valor) con los del agente (que mantiene su retribución mientras genere valor). Y este debería de ser el fin de la historia.

Pero, obviamente, no lo es. Alternativamente a mejorar su gestión para evitar ser despedidos, los consejeros pueden acudir a otro tipo de mecanismos que les permitan mantenerse en el puesto con independencia de los resultados de su gestión, o que al menos dificulten el cambio tanto que se impida la rentabilidad de la toma de control de la empresa hasta el punto de que los posibles interesados renuncien a ello.

Un ejemplo de cómo obstaculizar el cambio es hacer que el Consejo se renueve por turnos (staggered board). Así, si cada año se renueva solo un tercio del Consejo, es claro que un inversor que quiera hacerse con el control de la compañía va a tener que esperar al menos dos años para poder implementar sus decisiones, plazo que puede ser excesivamente largo para la rentabilidad que se pretende obtener, aparte de permitir a los miembros del Consejo reaccionar contra la adquisición si la perciben como hostil.

Por otro lado, se pueden argumentar las ventajas de tener un staggered board, básicamente en la necesidad de mantener cierta continuidad en la gestión ante planes de acción plurianuales. Es claro que si todos los años cambian los gestores, tenderán a buscar siempre la ganancia al corto plazo.

¿Cuál es la solución correcta? La teoría económica no puede predecirla, dependerá de cada caso. Lo único que hay que hacer es asegurar que los accionistas puedan decidir en cada momento cómo quieren que funcione su Consejo.

Ello, lógicamente, nos llevaría a ver cómo son los procesos de decisión interna de la compañía, que a su vez pueden ser manipulados por los miembros del Consejo para dificultar los cambios contra sus intereses. Ahondando por este camino no tardaríamos en llegar al estatuto de funcionamiento de la compañía, y, por fin, a la regulación, sí, que en nuestro país comienza (pero no termina) con la Ley de Sociedades Anónimas.

Como se ha visto en el ejemplo ilustrativo, los intentos del Consejo por blindarse ante adquisiciones hostiles (al Consejo, no a la empresa) por vía estatutaria están en principio sujetos a la tensión del mercado, pues son los accionistas los que pueden o no autorizar los blindajes que éstos se quieran proporcionar, en función del coste-beneficio que observen. Para ello, los accionistas se pueden organizar en torno a activistas, como ocurre en los EEUU.

De hecho, en este país y gracias a la presión de determinados grupos (destancado entre ellos ISS – Institutional Shareholder Services), se están eliminando los staggered boards de la mayor parte de las empresas cotizadas. Así, cambia el balance de poder desde los miembros del Consejo, que ahora están sujetos a renovación anual, en favor de… empresas como ISS que tienen la confianza de muchos accionistas, entre ellos de los fondos de pensiones, para cambiar o mantener a los consejeros. En todo caso, esto tampoco debería ser preocupante, pues no es más que la dinámica de mercado en movimiento, en continuo proceso de prueba y error, y con los mecanismos de retroalimentación adecuada para ir corrigiendo los excesos que constantemente se producen.

El uso de estatutos sociales no es la única forma en que el Consejo se puede blindar: también se puede acudir, cómo no, a la intervención gubernamental. Por ejemplo, promocionando leyes en que se precise autorización de los políticos para una toma de control. O incluyendo umbrales sutiles en las leyes de organización que impidan en la práctica el control por parte de los accionistas.

Ejemplos no faltan en España, en que cada cambio en el control de una empresa cotizada está sujeto al escrutinio de la opinión pública, en lugar de simplemente al arbitrio de sus accionistas. Endesa o el más recientemente Deoleo son nombres que rápidamente saltan a la memoria. También cabría incluir aquí las preceptivas autorizaciones de las autoridades de competencia en caso de adquisición de empresas en un mismo mercado.

Recapitulando: la solución del problema de agencia en el caso de las sociedades anónimas pasa básicamente por la posibilidad de que terceros se puedan hacer con el control de las empresas mal gestionadas con las menores trabas burocráticas y regulatorias. Solo así la venta de la acción por el accionista minoritario podrá llegar a suponer disciplina efectiva sobre el agente. Y solo así el accionista podrá obtener el valor adecuado a la inversión realizada.


Las reflexiones realizadas se generaron en una de las Sesiones del X HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS, organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Harvard Law School, por lo que es de justicia expresar agradecimientos a sus organizadores y especialmente al profesor Guhan Subramanian, quien dirigió la citada sesión. 

Chivos expiatorios de la crisis: las ventas al descubierto

No falla. En cada crisis financiera e incluso en cada mercado bajista se saca a pasear al mismo chivo expiatorio: las ventas al descubierto. (Ver otros chivos de las crisis: aquí y aquí). ¿El argumento? Los especuladores que abren posiciones cortas perjudican a las compañías por vender sus acciones y hacer que la cotización se desplome. En el caso de los Estados, el ataque a los bajistas es todavía más furibundo: son antipatriotas que venden deuda estatal haciendo que la deuda se encarezca, la economía se hunda y los derechos sociales de los países retrocedan. 

¿Y todo por qué? Porque invierte con la idea de que el mercado (o un activo concreto) está sobrevalorado. Sólo eso.

Lo primero que hay que aclarar es que tanto las ventas a corto como las ventas al descubierto no son nada extraño ni ningún engaño del sistema financiero. La venta a corto consiste en la venta de activos que han sido tomados en préstamo de un tercero (bróker normalmente) con la intención de comprar idénticos valores en una fecha posterior para devolvérselos a ese tercero. Las ventas al descubierto se producen sin tener prestado el activo previamente. En este sentido, cualquier negocio con un fondo de maniobra y/o necesidades operativas de fondos negativas está realizando una operación similar. Por ejemplo, un supermercado, que vende su producto rápido y al contado pero paga a proveedores a 60, 90 o más días. En este caso venden algo que tienen prestado pero que todavía no es formalmente de su propiedad. Operación beneficiosa para todas las partes. Ocurre absolutamente todos los días.

Las ventas al descubierto proporcionan un servicio de gran valor a los mercados y a la sociedad. El especulador que arriesga y abre cortos está poniendo de manifiesto que hay compañías que están cotizando muy por encima del precio que deberían, es decir, que su valor está por muy por debajo de su precio negociado. Dicho de otra manera, la compañía está cotizando a precios altos no porque su modelo de negocio y beneficios sean fuertes y sólidos. Nos avisan de que la situación actual es insostenible y llegará a su fin. Nos indican que el emperador está desnudo. Y así fue: los grandes hedge funds anticiparon la crisis y el problema subprime con años de antelación.

Quizás una de las cosas que más molesta a nuestra hipócrita sociedad es el hecho de que puedan ganar dinero fácilmente con ello. La realidad es muy distinta. La mayoría de hedge funds tiene rendimientos muy discretos y un gran número de ellos ha desaparecido durante la crisis actual debido a sus nefastos resultados. De hecho, corren más riesgo. Al realizar ventas cortas, existe el riesgo de perder incluso más que el 100% del capital negociado, dado que las acciones no tienen un techo que limite sus alzas. Que se lo digan a Adolf Merckle cuando sufrió un short squeeze en 2008. Y es que las posiciones cortas nunca pueden configurar un mercado.

Esto nos lleva a la cuestión de quién es el culpable de los mercados bajista y del encarecimiento de la deuda. Desde luego, unos cuantos hedge funds no pueden hacer cambiar la realidad ni convertir peras en manzanas. Los hedge funds no someten al mercado, tratan de anticiparse a él. ¿A qué se han anticipado en esta crisis?

Pues previeron con gran acierto la dimensión del desequilibrio entre ingresos y gastos públicos. Desequilibrio que, por cierto, arrastran los países desde hace décadas, pero que desde el 2007-2008 se ha manifestado como inasumible. La economía española, por ejemplo, está en permanente déficit, es decir, no puede ingresar más que lo que gasta. Esto, simple y llanamente, significa que no somos solventes. No podremos devolver las deudas que contraemos. Es decir, estamos técnicamente quebrados. Nadie ha forzado, ni puede forzar de ninguna manera, a los gobiernos a endeudarse. Nadie. Ellos han elegido endeudarnos a nosotros y a futuras generaciones para no disminuir el gasto social actual y, de esa manera, no perder popularidad y votos futuros.

Como hemos señalado, algunos inversores abrieron posiciones cortas porque veían clara esta situación. Lo lógico es que invirtieran a la baja para no perder los ahorros y capitales de sus clientes. Imagínese que usted sabe que en su población va a haber un terremoto devastador dentro de dos meses. Estoy seguro de que se marcharía ante tal acontecimiento futuro. ¿Sería usted el culpable del terremoto o un antipatriota por abandonar la población? Desde luego que no, usted sólo estaría reaccionando y defendiéndose. Lo mismo cabe decir de un inversor que abre posiciones bajistas cuando cree que se va a producir un cataclismo económico debido a la nefasta gestión de políticos, autoridades monetarias, banca y empresas.

Y esto no lo puede cambiar el regulador, la CNMV, prohibiendo las posiciones cortas en algunos valores. Entre otras cosas porque los alcistas venderán igualmente cuando se percaten de la sobrevaloración de los activos. No se puede poner puertas al campo y obligar a la gente a tener confianza en algo en lo que no cree. Lo que sí puede hacer la prohibición es aumentar la volatilidad, aumentar la horquilla (al eliminar la contrapartida), eliminar volumen, eliminar liquidez de los mercado y hacerlos más ineficientes. Olvidando, una vez más, que las ventas en descubierto son un elemento fundamental en la estabilidad de los mercados.

A vueltas con la policía judicial

Determinadas actuaciones de ciertas unidades de la policía nacional integradas en la Comisaría de Policía Judicial, así como los relevos de sus mandos en los últimos años plantean la inquietante cuestión del funcionamiento politizado de las distintas policías españolas. 

En efecto, la lucha partidaria por el control del estado no se ha detenido ante las puertas de departamentos que cabría presumir blindados en su profesionalidad, sino que, antes al contrario, se perfilan como campos donde los partidos políticos del sistema libran una nada soterrada batalla por aprovechar sus medios y efectivos para proteger sus intereses y atacar a las fuerzas contrarias.

Obviamente, las discordias partidistas acerca del control a su favor de la policía no pasarían de una disertación académica, si en medio de ese campo de Agramante no se hubieran producido acontecimientos estremecedores, que ponen en cuestión la esencia misma de la utilidad del Estado como garante de una mínima libertad y seguridad para las personas que lo soportan.

A este respecto, el sistema político español ha tenido una curiosa evolución, pues, al mismo tiempo que ha descentralizado el poder político en Comunidades autónomas y ha cedido competencias a la Unión Europea, ha concentrado en el ejecutivo una ingente cantidad de decisiones, hasta subordinar claramente a las Cortes o el poder judicial a sus designios. El estamento político – formado por los dirigentes de unos pocos partidos que han copado el reparto de los puestos clave de organizaciones fuertemente jerarquizadas con el refrendo de las urnas – constituye el ejemplo más pintiparado de una "élite extractiva" que no ha cejado en ridiculizar las declaraciones constitucionales sobre un poder judicial, integrado por jueces "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (Art. 117.1 CE) que "controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa" (Art. 106 CE) y "ejerce la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" (Art. 117.3 CE).

De modo análogo, los partidos turnantes dan por descontado que deben aprovechar su estancia en el poder para ralentizar las investigaciones policiales que les afecten y, por el contrario, impulsar un paso más adelante aquéllas que involucran a sus rivales. La manipulación resulta táctica, ya que en última instancia un entramado institucional que no discuten les garantiza auténticas patentes de corso, más allá del escándalo momentáneo. La lucha sin cuartel por el poder, obteniendo ventajas coyunturales por el dominio de los resortes decisivos, no resulta incompatible con la identificación de intereses comunes.

Nuevamente, sorprende hasta el punto que han llegado los políticos para garantizar su impunidad y la de sus allegados. Una larga retahíla de instrumentos, legales e ilegales, configurados con el paso del tiempo les ha rendido unos resultados nada desfavorables para sus intereses, habida cuenta de la ausencia de nombres de importancia en el banquillo de los acusados de casos que se remontan en el tiempo como la trama Gürtell/Bárcenas , la financiación de Convergencia i Unió, los EREs de Andalucia, Mercasevilla, el caso "Urdangarín" o la estafa procesal dada por la destrucción y manipulación de pruebas y vestigios de la masacre del 11-M.

Así, a pesar de las previsiones constitucionales, no solo se ha apuntalado la dependencia del poder judicial al ejecutivo y legislativo, sino que también se ha mantenido una dependencia dual de la Policía Judicial desde la promulgación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.

Aunque la Constitución pareció distinguir dos tipos de policías; una encargada de las labores de seguridad ciudadana (Art. 104 CE) bajo la dependencia del Gobierno y otra judicial (Art. 126 CE) dependiente de los jueces y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Es decir, si bien los jueces y fiscales dirigen a las fuerzas policiales que les auxilian en su labor, éstas quedan bajo el mando organizativo de los distintos gobiernos que cuentan con ellas (incluidos los gobiernos autónomos y ayutamientos). Más aún, esas unidades de policía judicial no se desgajan de los cuerpos policiales a los que pertenecen y su asignación depende de los planes en ese sentido del Ministerio del Interior de turno.

Como anticipó el antiguo fiscal del Tribunal Supremo en un artículo doctrinal, Candido Conde-Pumpido Ferreiro (no confundir con el hijo magistrado y luego Fiscal General del Estado) la dualidad de dependencias de esos policías adscritos a las unidades de policía judicial podía suscitar problemas de confrontación y de "obediencia" a dos superiores. Observando la realidad que ocurría en aquel tiempo, este jurista, que ilusamente creía en la independencia del Ministerio Fiscal, concluía que "los policías de las unidades adscritas sí saben a quién elegir en la obediciencia: a sus mandos naturales que tienen el poder de disciplina (…)". Pues eso.

La defensa liberal de los trabajadores

Justo este pasado 11 de abril, el Viernes de Dolores, este diario digital destapaba la punta de un iceberg que, por desgracia, tiene pinta de crecer en los próximos meses. Se trata del fraude en los cursos para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, e impartidos en concreto en la provincia de Málaga.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sigue investigando, pero las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora son de vergüenza.

Dame pan y dime tonto

Lo que es seguro es que de las veinte empresas adjudicatarias de la ayuda solamente tres cumplían con los requisitos. Las otras diecisiete cometían irregularidades. Bien no colocaban al 66% de los alumnos, como estaba estipulado en las condiciones para recibir el dinero, llegando a obligar a los parados a firmar la renuncia al puesto de trabajo. Bien la lista de alumnos que enviaban era fraudulenta. O bien, una vez recibido el 75% del dinero de la Junta, la empresa desaparecía como por arte de magia.

Los cerca de 200 testigos que ya han declarado han explicado que no había vigilancia alguna por parte de la Junta de Andalucía. Hablamos de una cantidad de 1,5 millones de euros solamente en una provincia en la comunidad autónoma con más paro de la Unión Europea, que además es la región con un índice de pobreza más alto de España. El pasado diciembre, el informe Pobreza 3.0 apuntaba que el 40% de la población andaluza rondaba el círculo de la pobreza. En esas circunstancias, ¿no deberían ser las autoridades especialmente cuidadosas con cada euro gastado?

Y con ello me refiero a la medida del impacto que los cursos van a tener en la población desempleada, el uso eficiente de la ayuda, la estricta observancia de los requisitos por parte de las empresas que ofrecen los cursillos seleccionados, encuestas de satisfacción a los estudiantes (estos cursos datan de hace cuatro años). En fin, toda una serie de medidas que asegurara que el euro pagado por el contribuyente, ese que se ha empobrecido y que sigue manteniendo a pensionistas, parados y a todos los demás, es un euro bien gastado. Es una cuestión de respeto. En primer lugar, al desempleado al que se le vende algo que no es. En segundo, al sufrido paganini. Y, no se nos olvide, en tercer lugar, al votante que cae embaucado ante la defensa del trabajador por los socialistas, en concreto por un partido político que tiene la desvergüenza de llevar la palabra Obrero en su nombre. Yo imagino a los líderes socialistas andaluces, de los de pura cepa, de los que argumentan "si eres obrero, ¿qué vas a votar si no es al partido que te representa y lleva tu nombre?", como he tenido que oír alguna vez. ¿Dónde están los escraches a los que no vigilaron? ¿Dónde está la exigencia al negligente, la rendición de cuentas? ¿Dónde están los parados andaluces reclamando lo que les prometieron? ¿De qué color va a ser esta "marea" de gente reclamando honestidad? Porque hoy es Málaga, pero se anticipa una ola de denuncias en el resto de la geografía de Andalucía.

La liberación de los trabajadores

Por esas casualidades que tiene la vida, ayer estaba escribiendo sobre la revolución liberal chilena y, cotilleando en la página de José Piñera, uno de los actores principales de la misma. Y encontré este párrafo que extraigo de su discurso como ministro de Trabajo en la celebración del 1 de mayo del año 1980, en el que anunciaba la reforma del sistema de pensiones tan exitoso para los trabajadores chilenos:

"Toda forma de trabajo es un ejercicio constante de la libertad humana. Mediante su trabajo creador, el hombre no sólo expresa y manifiesta su condición libre, sino que también acrecienta día a día la magnitud de su libertad. El hombre, trabajando más y mejor, se libera de la servidumbre de las ciegas fuerzas de la naturaleza, de la esclavitud geográfica, de las imposiciones del clima y del medio ambiente. El hombre, trabajando más y mejor, se libera también de las coacciones sociales y de las presiones políticas. En efecto, su capacidad creativa le permite erguirse con firmeza frente al posible atropello de un Estado totalitario, que para imponerse requiere una masa anónima de siervos tan dóciles como carentes de educación laboral. Y con el producto de su mayor y mejor trabajo, el hombre conquista ese tanto de propiedad privada, de libertad económica, que es la base de su libertad social y política, pues le impide ser arrasado por un poder central absoluto: sólo el que nada tiene puede caer bajo el yugo de esas fuerzas impersonales e irrestrictas".

Y la historia acaba bien. Cosa que la izquierda liberticida, que profana vergonzosamente el término "obrero", jamás perdonará al liberalismo. Trabajadores españoles, no nos dejemos engañar más, nuestra lucha es la de la libertad.