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La mujer en su laberinto

Era inevitable. El día 8 de marzo propios y ajenos han enarbolado la bandera de la mujer y han llenado las redes sociales, las radios y las televisiones con recordatorios de lo importantes que somos las mujeres en la sociedad y lo poco que lo decimos. Después de tantos años delegando en el Estado la misión de reivindicar, en este caso la igualdad de la mujer y el hombre, o al menos, supuestamente ese es el encargo, no nos hemos percatado del estrepitoso fracaso de la misión. ¿Por qué?

Aristófanes en el siglo XXI

El día 8 de marzo yo estaba hablando en el Instituto Juan de Mariana de Aristófanes y sus comedias, entre ellas La Asamblea de Mujeres. Leer La Asamblea de Mujeres y deducir que es un alegato feminista del siglo V antes de Cristo, y mucho más, proviniendo de la mente de un comediógrafo como Aristófanes, es una de las boberías feministoides más habituales de los últimos tiempos. El escritor ateniense dibuja una situación en la que las mujeres, disfrazadas de hombres, convencen a los participantes de la Asamblea, que son sus maridos, para que les den el poder a ellas. La razón de los hombres es clara: era lo único que no se había intentado para salvar a Atenas de la quiebra. Y con todo y con eso, el futuro que le espera a la polis dirigida por la líder Praxágora es la de una abundancia que nadie sabe de dónde proviene que será redistribuida por ella misma y las demás mujeres. Como en todas las comedias de Aristófanes, el final es exageradamente idílico, tanto que resulta absurdo y hasta cómico. Tomarse en serio la idea de un comunismo implantado y regido por mujeres, es no entender al autor.

Y, por otro lado, el plan de una redistribución comunista regida por mujeres puede resultar atractivo para algunos y algunas porque atribuyen a la mujer más sensatez, pero ¿de dónde sale la idea de que las mujeres somos seres con una moral más firme que los hombres? ¿No hay ejemplos en la historia de la humanidad en la que aparecen mujeres perversas e inmorales y hombres sensatos y buenos? El problema de la redistribución planificada no es quién sea el planificador, su raza, sexo, origen, etc. Ni siquiera es determinante que tenga una formación exquisita o una inteligencia mayor que la media. Es que, como demostraron hace mucho Mises y Hayek, es imposible.

El Día de la Mujer, pero la que piensa como yo

Y con todo y con eso, aquí andamos planificando listas “cremallera” en los partidos políticos, que desbaratan la elección de los mejores candidatos para que haya paridad. ¿Qué es preferible para una política con salud de hierro? ¿Se trata de que haya paridad o de que el candidato sea el mejor? Porque no me vale eso de que en los partidos políticos hay candidatos tan buenos como candidatas. Si eso es realmente así, que se elija al mejor sin obligar a que haya paridad. Y si no lo es, busquen lo que favorece más a los ciudadanos que subvencionan esos partidos y a cuyo servicio están todos los políticos.

La idea de dedicar un día especial a recordar la lucha de las mujeres por el acceso a la educación, que durante siglos estuvo limitado a los hombres, la participación en la vida política, que durante siglos estuvo limitada a los hombres, y a decidir libremente sobre su vida, posibilidad de la que durante siglos no disfrutó, no sería tan perversa si no fuera por la carga de hipocresía que hay detrás.

Los beneficios que sacan los partidos políticos, las subvenciones a las asociaciones que dicen representarnos a las mujeres, algunas de cuyos miembros viven de eso, la sensación de palmadita en el hombro que una siente ese día, sinceramente, asquea. El pasar de la obligación hacia el padre, a la obligación al marido, y de ahí a la sujeción al gobierno, sea éste paritario o no, no es un avance, es un cambio de manos, pero la misma servidumbre. Para romper de verdad con la discriminación lo primero que tenemos que hacer es caminar solas, sin la mano en el cuello de nuestras salvadoras, compañeras igualitaristas que empiezan por decirnos qué tenemos que elegir y acaban por exigir que todos y todas financiemos sus ideas y sus iniciativas, y de los hombres que aún consideran que somos seres inferiores.

En el fondo, ¿no es el feminismo ultra (o feminazismo o hembrismo) una manera de discriminar al hombre, de considerarle inferior? La excusa de la represión del pasado, que la hubo, ya no es válida en el siglo XXI. Ya solamente cabe financiar tus iniciativas, dar pasos por ti misma, y simplemente exigir el cumplimiento de las leyes o luchar por su cambio cuando no son iguales para todos. Para todos: hombres y mujeres.

La tarifa, el “tarifazo” o cómo escurrir el bulto

A mediados del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria anunció a bombo y platillo un nuevo sistema para determinar la tarifa eléctrica a través del ínclito Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. Esto ya deja muy claro que las quejas de aquéllos que culpan al mercado de las continuas subidas no dejan de ser pura retórica antiliberal, simple desconocimiento o ambas cosas, pues resulta obvio que en un sistema liberalizado nadie debe “fijar” el precio de un bien o servicio como lo hace el Gobierno.

Pero aun admitiendo esto como un mal más mayor que menor, el nuevo sistema parece más bien un artificio pensado durante una mala noche que algo procedente de un sesudo y profundo análisis. Este sistema no pretende en ningún momento solucionar los problemas del sector (financiación de las renovables, fin del déficit de tarifa, liberalización real, etc.), sino que trata de ocultar el ridículo del Gobierno cuando en diciembre suspendió la subasta eléctrica que el propio Estado había creado y que, cuando las cosas le favorecían, como en la bajada del mes de abril de 2013, tan buena le parecía. Y sólo lo oculta ligeramente.

En diciembre, un cúmulo de circunstancias hizo que el resultado fuera el opuesto y el precio se disparara muy por encima de lo previsto. El Gobierno, ante el temor del impacto político de semejante subida, entró en estado de pánico y se lanzó a anular el sistema como buenamente pudo. La idea, como era de esperar en política, fue precipitada y poco meditada en el medio y largo plazo, y se acusó a las empresas eléctricas de manipular el sistema. Suspendida la subasta, el Gobierno, en su inmensa bondad, anunció que fijaría una subida menor para evitar al indefenso ciudadano un daño injustificado. José Manuel Soria, ministro del ramo, no se molestó en explicar cómo y quién había manipulado la subasta, pero ahí quedó la afirmación y la anulación.

Unos días después, se fijó la subida arbitrariamente en un 2,3%, pero lo que fue más indignante es que la propia CNMC, órgano “independiente” no sé si a servicio del Gobierno, tras abrir un expediente informativo después de la petición de Soria, afirmó que no había detectado ninguna manipulación y sólo apreciaba alguna circunstancia atípica.

Como era previsible, la polémica se calmó durante las Navidades y el comienzo del año, pero el problema creado por la suspensión de la subasta seguía abierto y exigía una solución relativamente rápida, ya que en abril se debía acometer una nueva revisión. Y aquí entra en juego la capacidad de análisis y resolución del Gobierno. Lo deseable habría sido una solución que encauzara el sector, que acometiera sus problemas y permitiera una mayor liberalización, algo que la propia UE exige. Sin embargo, el Gobierno ha creado un sistema caótico pero que, sin duda, sirve a sus cortoplacistas fines.

El nuevo sistema de tarificación ofrece dos alternativas: la primera es que el precio se fije con la variación de la cotización de la energía en el mercado mayorista, que cambia cada hora, y la segunda opción es una tarifa plana que será más cara que la media del precio en el ‘pool’ antes mencionado.

De entrada, conlleva numerosos problemas técnicos, ya que requiere contadores inteligentes, de los cuales hay apenas cinco millones instalados y de ellos, sólo uno mide por horas, y además supone la creación de nuevos sistemas informáticos por parte de las eléctricas. Tampoco permite a los consumidores saber el precio que van a pagar por la energía, ni cuando ésta es más o menos cara, ya que deberían estar atentos cada hora a la fluctuación del mercado. Y éstos son sólo algunos de los problemas más inmediatos para el usuario, pero incluso se ha llegado a afirmar que sería incompatible con la Ley del Consumidor, que impide que se fije el precio de un servicio o bien en el momento de la entrega, que es lo que sucedería.

Entonces, se preguntará el lector: ¿qué pretende el Gobierno con este caótico sistema? La respuesta es sencilla si nos fijamos en el verdadero problema del Ejecutivo. Ni a Soria ni a Nadal les importa el precio que pagamos por la electricidad, o no cargarían cada vez más impuestos y primas en el recibo. La verdadera preocupación del Gobierno es que, cada tres meses, se enfrenta al papelón de ver en los medios de comunicación que la tarifa vuelve a subir por su mala gestión, su ineficacia, su desidia y su afán de incluir cada vez más impuestos en el recibo eléctrico.

Con este nuevo sistema, lo evita. Si optamos por el enrevesado sistema de tarificación horaria, nunca recibiremos la noticia de una subida en el precio, pero éste será distinto cada vez que pulsemos un interruptor sin que nos demos cuenta. En cambio, si nos pasamos a la tarifa plana, entraremos en lo que se llama “mercado liberalizado”, que si bien no lo es, deja en manos de las eléctricas la tarifa que nos cobran y que se renovará, en principio, anualmente. De esta manera, el Gobierno esquiva la polémica que, obviamente, se traslada a las empresas. ¡Objetivo conseguido, no más precio político por un sistema caótico! El Gobierno no está para solucionar problemas, está para que parezca que no los hay. Las encuestas y las elecciones lo mueven y el interés ciudadano les importa un pimiento a todos.

Inmigración (VIII): ni asimilación ni multuculturalismo

 "Cerremos la puerta y asimilemos lo que ya tenemos, criemos ciudadanos americanos puros y desarrollemos nuestros propios recursos americanos". Senador DuRant Smith, discurso de 9 Abril 1924.

"El bilingüismo es una gran ventaja para cualquier persona pero tiene consecuencias peligrosas para una nación". Congresista republicano Tom Tancredo, dic. 2007.

"La asimilación no es posible en un contexto de inmigración masiva. Medidas de orden constitucional, legislativo y reglamentario deben adoptarse de forma urgente para detener tanto la inmigración legal como la clandestina". Extracto sobre la inmigración de la Web del Frente Nacional francés. www.frontnational.com.

 "La equivalencia moral de todos los grupos culturales y sociedades es la premisa filosófica que constituye la base del multiculturalismo". Álvaro Vargas Llosa.

"Multiculturalidad: Política activa consistente en poner en valor todas las culturas, a excepción de la occidental, contaminada por siglos de cristianismo, franquismo, fascismo de los mercados y barbarie sionista". Enciklopedia perroflauta. Fernando Díaz Villanueva y Pablo Molina.

 "El ejemplo de los Amish en EEUU sirve para ilustrar las implicaciones de una sociedad abierta, donde no se exige la homogeneización lingüística y cultural que tanta gente reclama en Europa". Albert Esplugas.

"De ordinario, la gente elige la civilización cuando tiene posibilidades de hacerlo". F.A. Hayek.

Cuando se trata el tema de la inmigración se desencadenan siempre y en todo lugar acalorados debates y se acaba, por desgracia, yendo en última instancia contra la libertad de las personas, sea en un sentido o en otro. Así, los conservadores proponen cerrar las fronteras a cal y canto acompañadas de soluciones policiales y de asimilación forzosa, sin importarles que la libertad de los extranjeros migrantes o la de los nativos que desean contratar con ellos sean conculcadas. Por su parte, los progresistas, aun siendo favorables a una mayor apertura de fronteras y a un reconocimiento de los "ilegales" que trabajan o residen de facto, reclaman mayores gastos públicos para el mantenimiento de culturas ajenas a la propia y, al mismo tiempo y en clara contradicción, para planes de integración de los inmigrantes financiados con presupuesto público, castigando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Los sindicatos, por su parte, han cambiado de posición con respecto a la inmigración a lo largo del tiempo. Si bien al inicio eran contrarios a la misma por considerarla una fuente de competencia a la baja en los salarios de los trabajadores, posteriormente se han ido mostrando, al igual que los progresistas, más proclives a una mayor apertura de fronteras, acercándose así a las posiciones liberales. No obstante, lo que les separa a los primeros de los liberales es el escepticismo y rechazo de estos últimos hacia las políticas activas de multiculturalismo patrocinadas desde los poderes públicos. Todo izquierdista de pata negra las defiende, a diferencia de los liberales que las critican. Esta posición de los liberales se acercaría a la de los conservadores, pero se distancian de éstos en que los liberales no están en contra de la diversidad ni de la inmigración, como sí declaran los conservadores cada vez que ponen en cuestión las medidas multiculturalistas.

Los liberales son los únicos en tratar el tema de la inmigración sin necesidad de ir contra la libertad de nadie.

Asimilación, impaciente exigencia conservadora

Los conservadores tienen poca tendencia a tolerar aquellas conductas o formas de vida que se apartan de lo que juzgan normal y deseable. Cualquier minoría fuertemente cohesionada por otros valores a los suyos propios la perciben con desagrado cuando no, como una seria amenaza. Es por ello que son proclives a que el número de inmigrantes no crezca y a que los que están ya trabajando en sus sociedades de acogida sean asimilados lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta que toda verdadera integración requiere de un tiempo y de unos ciclos generacionales de adaptación cultural.

El deseo de dar nombres autóctonos a los niños de los inmigrantes, las exigencias de aprendizaje del idioma o de tests de cultura o ciudadanía como requisitos para la concesión de visados o para el otorgamiento de la nacionalidad son medidas típicamente conservadoras de asimilación artificial. Se es intolerante frente a cualquier desviación de la cultura hegemónica porque se cree peligrosa para la cohesión grupal. En el fondo dicha actitud refleja falta de seguridad en los valores propios además de un lamentable sesgo beligerante y hostil ante códigos morales diferentes.

La discriminación positiva sería otra medida más de asimilación forzada (compartida en este caso también por los progresistas). Obedece a los deseos del legislador por integrar a machamartillo a los inmigrantes y otras minorías. Obliga a empresas, centros educativos o guarderías a darles preferencia frente a los autóctonos. Esto atenta contra la libertad de contratación y tiene consecuencias inesperadas.

El ritmo del aporte de los diferentes tipos de inmigración, las complejidades de la división del trabajo y la adaptación cultural como proceso dinámico en el tiempo hacen desaconsejable forzar la asimilación de manera artificial.

Una nación no se ve amenazada por la existencia de minorías dentro de sus fronteras que tardan más o menos en asimilarse. Puede verse amenazada, por el contrario, si no se comparten unos principios de convivencia verdaderamente básicos como veremos más adelante.

Multiculturalismo, peligrosa ocurrencia progresista

De todas las alegres políticas progresistas, tal vez sea ésta la que mayor carga de profundidad contenga. Partiendo, con razón, de una crítica contra la asimilación forzosa patrocinada por los conservadores, se afirma que todas las culturas y sus valores implícitos son igualmente defendibles en la sociedad de acogida para, a continuación, dar un paso más y acabar defendiendo (y subvencionando) todo lo imaginable excepto precisamente los propios valores de la sociedad occidental. Ante el fenómeno necesario y deseable de la inmigración, se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para debilitar los lazos verdaderamente cohesionadores de las complejas sociedades anfitrionas.

Las políticas multiculturales son puras medidas colectivizadoras, como todas las socialistas. Encajonan al inmigrante en su colectivo correspondiente y niegan su individualidad, aislándole de la comunidad local en donde vive y privándole a la postre de las oportunidades que la interacción del mercado/sociedad puede ofrecerle. Inspiradas en la tesis del antropólogo Calude Lévi-Stauss (todas las sociedades tienen una misma equivalencia cultural y moral) pretenden injertarla en las sociedades de acogida.

Éstas quedan, por tanto, parceladas en grupos étnicos o culturales, cada uno con sus propios derechos de identidad que implican obligaciones del resto de la sociedad para con ellos. Esto da pie a que desde las instancias administrativas se fomente la educación en la diferencia de las minorías, inculcando un nacionalismo étnico e impermeable. Se recurre al permanente victimismo y se denuncia la discriminación sufrida para, en consecuencia, reclamar más justicia social o compensatoria para remediarla. Es una mala política el poner el foco en el grupo para proveer derechos; puede fomentar también los prejuicios por parte de los nativistas hacia dicho grupo. No es la inmigración, sino la incapacidad y torpeza intervencionista de los políticos gobernantes la que está alimentando la xenofobia y el rechazo a ciudadanos extranjeros. Lo mejor es siempre garantizar derechos individuales bajo un mismo imperio de la ley para todos.

El Reino de Suecia ha sido el campeón del multiculturalismo; ha habido épocas en que se ha impartido enseñanza pública hasta en cien idiomas diferentes. En muchos otros países se han aplicado políticas de vivienda pública (social) que han favorecido la construcción de grandes núcleos de vivienda barata para inmigrantes que resultaron en la creación de guetos periféricos cerca de las grandes urbes. Se han dado subvenciones para transmitir la cultura de colectivos de lo más pintorescos, multiplicando las identidades ad infinitum. Este sistema, pese a su buenismo, ha supuesto un costoso experimento de dudosa efectividad en todos los Estados de bienestar y no ha logrado la integración real del inmigrante.

La ideologización de las minorías es muy perniciosa. Los supuestos marginados invierten las reglas de juego objetivas y, en vez de esforzarse ellos mismos por adaptarse, sus esfuerzos son dirigidos a ser reconocidos institucionalmente en lugar de aportar lo mejor de sí a los procesos de mercado en la sociedad anfitriona. Quedan encasillados en su etnicidad o en su peculiaridad identitaria. Conceptos como la "nación" negra, aborigen o islámica pueden derivar en la pretensión de conformar su propio sistema político dentro de las fronteras de un país. Esto no sólo hace imposible la mínima integración necesaria de los inmigrantes sino que socava los fundamentos más básicos de la sociedad de acogida.

Todas estas políticas de "multiculturalidad" no pueden sino estar abocadas al fracaso. Caso de que triunfaran, el fracaso sería el de la sociedad anfitriona y su incapacidad por integrar mínimamente al inmigrante. Es preciso repensar o reenfocar este tema en las modernas sociedades con el fin de celebrar la diversidad cultural pero oponerse decididamente a las disolventes políticas multiculturales.

Integración, deseable propuesta liberal

Los flujos migratorios amenazan sólo aparentemente los valores de los países receptores. El mercado integra verdaderamente al inmigrante, no así las políticas activas de asimilación o de multiculturalismo. Hay que favorecer la integración y dejar de patrocinar intervencionismos desde el Estado. Más mercado y más reglas generales y menos políticas y menos subvenciones para los inmigrantes y sus culturas.

La forma en que mejor se puede integrar un inmigrante en la sociedad de acogida es mediante el trabajo, sea éste el que sea. Cuando una persona está cubriendo las necesidades de otros mediante la prestación de servicios o el intercambio de bienes en el mercado, tiene sentido su presencia en el mismo. El trabajo dignifica al inmigrante y beneficia a la sociedad en su conjunto. Su participación en el mercado, con sus necesarias interrelaciones diarias, exigirá irremediablemente al inmigrante un mínimo de adaptación a las costumbres y al idioma del entorno. Además, requerirá el aprendizaje del cumplimiento de los contratos, el acatamiento de las normas y el respeto por la propiedad privada; es decir, hará suyos los valores fundamentales de cohesión mínima en el país de acogida. La diversidad cultural o la diferenciación de los individuos no impiden en absoluto su integración en la Gran Sociedad plural, cosmopolita y diversa, ni tampoco su particular contribución a la misma.

Los trabajadores inmigrantes no tienen por qué asimilarse de forma inmediata o completa en la sociedad anfitriona (aunque la experiencia nos dice que la mayoría lo hace a partir de la tercera generación). Tampoco los gobiernos deberían gastar dinero en políticas de multiculturalismo que convierten en derechos públicos cuestiones que debieran permanecer en la esfera estrictamente privada como son la religión, la cultura, las costumbres o el idioma de los inmigrantes. Éstos han de limitarse a cumplir la ley del Estado anfitrión.

En el fondo, el sentimiento anti-inmigratorio y el multiculturalismo son dos caras de la misma moneda. Por un lado, están los nativistas que desean restringir la inmigración sobre la base de que es imposible mantener un conjunto de valores compartidos sin contar con una nación étnica y culturalmente homogénea. Por otro, están los multiculturalistas que afirman que debido a que tenemos sociedades étnica y culturalmente diversas, es imposible mantener un conjunto de valores compartidos. Ambas posturas son erróneas. Tanto los "halcones" convencidos del inevitable choque de civilizaciones como las "palomas-multiculti" tienen una pobre visión de las personas que migran y de su capacidad para la integración por sí mismas. Ambos desdeñan los principios liberales e ilustrados de las sociedades desarrolladas.

El hecho de convivir personas de diferentes lugares del planeta dentro de un mismo país no significa un problema en sí mismo desde el punto de vista de las relaciones sociales, ideologías o valores. Tal vez una de las hipótesis más geniales lanzadas por Hayek fue el haber sugerido que son las reglas de conducta las que sobreviven, no necesariamente los grupos biológicos que se formen en torno a ellas. La sociedad por la que juzgamos el éxito de su orden extenso y sus normas no tiene por qué ser una población homogénea a lo largo del tiempo. Quienes adoptan las prácticas del orden extenso beneficiándose del mismo, lo hacen a menudo sin percatarse de los sacrificios que tales cambios puedan entrañar.

Por tanto, la propuesta liberal no es ni asimilación forzada ni el reconocimiento público de derechos a diversos grupos culturales, sino defensa del cumplimiento de las normas e integración en sociedad mediante el trabajo por parte de los inmigrantes con el fin de que se conviertan en miembros productivos de su nueva comunidad.

Por otro lado, es también deseable que exista cierta tolerancia a la diferencia por parte de los autóctonos, propia de sociedades abiertas y civilizadas. La única cultura por la que debiéramos preocuparnos es por la del respeto y protección de los derechos individuales (vida y su derecho a desplazarse, defensa de la propiedad y cumplimiento de los contratos voluntarios).

Los memes, pautas de comportamiento y hábitos de vida civilizados, pese a confrontar o desafiar los modos de vida de sociedades tradicionalistas o cerradas, son mucho más persuasivos y potentes de lo que generalmente suponemos. No los forcemos ni los diluyamos con absurdas intervenciones públicas.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVI y VII.

El Gobierno se sirve a la mesa

"Cuando el Gobierno asume la responsabilidad por la gente, la gente ya no toma responsabilidades por sí misma".

George Pataki, político estadounidense.

A pesar de la inmensa leyenda que hay tras el presidente Abraham Lincoln, de un tiempo a esta parte se nutre la oposición a esa leyenda desenmascarando a Lincoln como un presidente fuertemente estatista y antiliberal. Buscando los orígenes del intervencionismo dietético y nutricional en EEUU, parece quizás no casualidad que Abraham Lincoln fue el comienzo de todo. Al fin y al cabo a él y básicamente él se debe el surgimiento del Departamento de Agricultura (USDA) que hasta nuestros días ha estado detrás de todas las guías dietéticas oficiales del Gobierno estadounidense.

Si pedir al Gobierno una postura científica como requería la nutrición era como esperar de Jhonny Walker la promoción de una conducta responsable con el alcohol, la borrachera parecía asegurada. En concreto, fue en 1862 cuando el presidente Lincoln creó dicho organismo con el objetivo central de "diseminar información útil en asuntos relacionados con la agricultura". Atiborrar a los estadounidenses, y a medio mundo por imitación, con cereales desde luego ha sido muy útil para la salud financiera de los agricultores, pero no para la física de los consumidores. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1916 para la primera guía nutricional del Gobierno. Se trataba de "Food for Young Children", que se resumía en comer siempre más en una época donde la desnutrición era elevada –aquello de la obesidad era entonces una rara, por no decir inexistente, enfermedad-.

En la Gran Depresión de los años 30, el papá Gobierno cuidó de sus ciudadanos publicando guías de compra de alimentos en función del nivel de ingresos de la familia. En los años 40, en plena guerra, llegó la "National Wartime Nutrition Guide", un gráfico en forma de rueda que distinguía siete grupos de alimentos y en una época donde aún la moda era ganar peso para no estar delgado como las personas de clase baja. Aquella guía era bastante confusa, pero es que el propio Gobierno era el primero confuso sobre qué recomendar. Y el descubrimiento de la importancia por aquel entonces de ya bastantes vitaminas y minerales no facilitaba la cuestión. El propio Gobierno pronto empezaría a ir modificando sus propuestas dietéticas a golpe casi de ocurrencias e ir desdiciéndose en ocasiones a sí mismo.

Lo que en los años 40 fueron los siete grupos alimentarios del Gobierno, en 1956 se convirtieron por arte de la magia gubernamental en sólo cuatro. Aquella guía duró básicamente hasta los años 70. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar como cambia el cielo soleado ante una súbita e inesperada tormenta de verano. Pero ¿por qué en los años 70?

Era una noche de la primavera de 1968 cuando, casi en medio de las revueltas estudiantiles que harían célebre para la posteridad aquellas fechas, cientos de miles de estadounidenses confrontaron a través de la CBS una cruda imagen en sus televisores: la muerte de un niño pequeño, bastante pequeño, soltando sus últimos alientos ante una cámara que enfocaba impertérrita. "Este niño está muriéndose de hambre". Con la voz firme, tras un hilo emotivo, el narrador enfrentaba abruptamente al espectador norteamericano con la verdad que menos podría haber imaginado: "Era un americano. Ahora está muerto".

El trending topic en una era sin internet no se hizo esperar. Aquel documental sería la chispa que habría de encender la mecha del Gobierno. Empezaban los años 70 y con ellos la cuenta atrás para un Gobierno tan grande como para engullir a todos sus ciudadanos.

@AdolfoDLozano/www. juventudybelleza.com.

La Constitución como garante del individuo, no siempre

Una de las bases de la democracia consiste en el necesario sistema de contrapesos al poder del gobierno que asegure que cualquier tirano no puede llegar al gobierno y explotar a la población. Tan importante y necesario es, que su fallo lleva a los países democráticos a situaciones como la de Venezuela.

Son varias las instituciones que componen ese sistema de protección de las personas en las democracias entre las cuales destaca la existencia de una Constitución y un Tribunal Constitucional que refuerce su cumplimiento. Como ya avanzaran Buchanan y Brennan en La Razón de las Normas. Economía Política Constitucional (1985), la Constitución fija la frontera del poder estatal frente al individuo y define los límites de la autoridad política.

El análisis que proponen estos autores desde la Escuela de la Elección Pública requiere contemplar a los gestores políticos, a los gobernantes y a todos aquellos que trabajan en el sector público, como individuos movidos por las mismas necesidades que todos los demás. Y así, la búsqueda del propio interés se convierte en la clave para explicar el comportamiento de los políticos y servidores públicos y, además, para desbrozar los aspectos más relevantes del diseño y evolución de las Constituciones nacionales. De la misma forma que la búsqueda del propio interés para una persona generosa incluye el bien ajeno, y para una egoísta no, así también el interés propio de un político puede ser honroso o deshonroso. Todo es una cuestión de incentivos y expectativas.

Así las cosas, podemos preguntarnos por la Constitución Española, la pretendida reforma constitucional que sobrevuela nuestras cabezas, y las razones que empujan a los reformistas. Un somero vistazo al panorama político actual de nuestro país nos dibuja una realidad bastante triste. No voy a realizar un análisis exhaustivo de nuestra Carta Magna porque no soy quien y no es mi intención. Pero sí creo que es necesario poner encima de la mesa que lo que movía a los padres de la Constitución no era otra cosa más que la armonía y estabilidad de los diferentes grupos de presión que efervescían con el despuntar de la democracia, una vez muerto el dictador: sindicatos, prensa, partidos políticos, nacionalistas, la Iglesia… unos porque querían entrar en la arena política y otros porque temían ver recortado su peso, necesitaban de unas reglas de juego que compensara las tensiones. En ese sentido se entornaron, más que cerraron puertas, y se dejaron de lado cuestiones espinosas que en aquel momento eran inabordables.

Pero hete aquí que han pasado las décadas y se oyen voces cada vez más numerosas y más potentes reclamando una reforma constitucional. ¿Qué debemos tener en mente los ciudadanos?

En primer lugar, es necesario desoír los cantos de sirena de quienes pretenden que dichos cambios son por nuestro bien. Deberíamos haber aprendido que detrás de esas frases tan bienintencionadas hay un político que solamente busca su propio interés, igual que todos los demás. Si su propio interés es el bien de la comunidad o la victoria electoral es la clave.

¿Qué nos dice la realidad? Para averiguarlo podemos reflexionar acerca de la conducta de los mismos que reclaman esa reforma constitucional en la última década o en el último lustro. ¿Cuántos de nuestros gestores políticos han asumido la responsabilidad de sus decisiones políticas y económicas? ¿Cuántos de ellos han dimitido cuando su opción ha demostrado ser la peor? ¿Cuántos de ellos han puesto su inocencia por delante de su escaño? ¿Cuántos partidos políticos han mostrado tanta severidad con los casos de corrupción propios como la que muestran con los ajenos?

Las respuestas son muy claras y nos llevan a la conclusión de que, incluso si es necesaria una reforma constitucional, quienes pretenden liderarla no van a tener en su punto de mira a la sociedad sino sus propios intereses partidistas. Desolador. Este pesimismo se reafirma aún más si extendemos el análisis al Tribunal Constitucional.

¿Cómo se sale del embrollo? Para lograrlo, los ciudadanos deberíamos luchar para cambiar el perverso sistema de incentivos y recompensas políticas que sostienen el sistema político y que pagamos con nuestro trabajo. Sería un proceso lento porque la resistencia al cambio sería enorme, la prensa y medios afines al régimen tratarían de manipular la opinión pública y la sociedad civil debería querer ser líder de su propio destino. Y creo que nuestra sociedad civil está demasiado verde para eso. Preferimos la jaula y los grilletes. Una pena.

Foreign aid: La tecnocracia como parte del problema.

Tecnocracia: idealismo enmascarado

En un artículo anterior sobre esta materia, presenté el marco del debate actual en el contexto de la economía del desarrollo respecto del papel de la ayuda internacional en la lucha contra la pobreza global extrema. Una de las figuras centrales de este debate es la de Jeffrey Sachs, director del Earth Institute (Columbia University) quien aboga fervientemente por el aumento del volumen de la ayuda internacional como instrumento para viabilizar las innovaciones tecnológicas mejorarían el nivel de vida de los menos favorecidos. Luego de la publicación de su trabajo de referencia The End of Poverty (2005) que constituía un llamado a la acción para los líderes globales, Sachs canalizó sus ideas a través del proyecto de las "Villas del Milenio", para el que obtuvo apoyo de las Naciones Unidas, de distintos agentes gubernamentales así como el apoyo de un amplio conjunto de donantes privados (entre ellos se puede mencionar a George Soros que donó inicialmente 50 millones de dólares al proyecto).

En noviembre de 2006, la periodista Nina Munk, redactora colaboradora de Vanity Fair, fue enviada por la revista para cubrir la andadura inicial del proyecto de las Villas del Milenio. Nunk había quedado conmovida ante la retórica comprometida de Sachs: "o bien dejas a la gente morir o te decides a hacer algo". Ella quiso hacer algo. El proyecto pretendía desplegar una serie de acciones en 79 villas extendidas por todo el continente africano, particularmente en la zona del África subsahariana. El proyecto preveía un lapso de cinco años para "solucionar" el problema. Las cosas se dilataron un poco y no salieron como se esperaba.

En septiembre de 2013 Munk publicó The Idealist: Jeffrey Sachs and the Quest to End Poverty, luego de haber estado casi siete años recorriendo los sitios vinculados a las Villas del Milenio. El libro recorre la biografía de Jeffrey Sachs y de su proyecto, desde Derty, en Kenia a Ruhiira en Uganda. La obra de Munk intenta mantenerse alejada de juicios de valor personales; sin embargo, a medida que se avanza en su lectura se puede comprobar su transición desde la ilusión y entusiasmo inicial al desaliento y desesperanza posteriores. No se trata de que la autora se desalentara ante los distintos fracasos y contratiempos que iba sufriendo el proyecto –y que son narrados con gran detalle–, su desilusión se debió particularmente al proceso de negación en el que se sumieron las distintas autoridades involucradas en el proyecto.

En cierta medida, el libro de Munk no pasaría de ser una mera anécdota si no fuera porque, de hecho, es la punta del iceberg de una serie de duras críticas que viene recibiendo el proyecto de Sachs a distintos niveles y desde varios ámbitos. En junio del año 2013, Paul Starobin publicó una extensa investigación en la revista Foreign Policy en la que, al hilo del análisis del las Villas del Milenio, compilaba los comentarios negativos de importantes investigadores y publicaciones científicas sobre distintos aspectos del trabajo de Sachs. Staborin destaca un editorial de la prestigiosa revista Nature, del 10 de mayo de 2012 ("With Transparency comes True") –que se hace eco de la opinión mayoritaria entre expertos en economía del desarrollo (Anhijit Banerjee, Esther Duflo, Paul Collier, Niall Ferguson, Edward Miguel, etc.)–, en el que se señala que los resultados que exponen Sachs y sus colegas no son fiables dado el alto nivel de opacidad que poseen. El editorial señala un problema metodológico crucial: el hecho de que al no compartir las bases de datos, lo resultados de los informes surgidos de las Villas del Milenio no pueden ser contrastados ni replicados por otros investigadores. El editorial sentencia que "si bien el proyecto tiene potencial, no se puede tener certeza de su verdadero impacto".

Obviamente, Sachs y los expertos de las MVP ("Villas del Milenio" por sus siglas en inglés) contestaron ambos artículos, el de Staborin (ver "It Takes a Village", publicado en FP el septiembre 3, 2013) en FP y el editorial de Nature (ver "Errors in a paper on the Millennium Villages project", publicado en The Lancet, en Mayo 26 de 2012). Sin embargo, en la respuesta al editorial de Nature se vieron forzados admitir que habían cometido un error estadístico básico en un paper académico en el que se pretendía demostrar la efectividad de las MVP.

Todas estas lagunas en el trabajo de Sachs y la virtual certeza de que, aunque el proyecto de las MVP tenga potencial está muy lejos de alcanzar el ambicioso (¿y arrogante?) objetivo que se había planteado de erradicar la pobreza, llevaron a William Easterly a publicar una reseña del nuevo libro de Munk titulada "El gran debate sobre la ayuda ha terminado" (en la Reason, 4 de octubre de 2013). Sin embargo, Easterly no se siente vencedor de un debate en el que, además, se encontró casi forzadamente ubicado como si su perspectiva fuera la antítesis de la que impulsa Sachs. Además, Easterly desliza el eje de lo que tal vez constituya el nuevo eje del debate en los años venideros: La relación entre el nivel macro (instituciones, marco jurídico, economía política, etc.) y el nivel micro (experiencias concretas de ayuda, análisis de datos y contraste de estas acciones micro en la lucha contra la pobreza, implementación de acciones bottom-up, etc.) en el análisis de la economía del desarrollo. Aquí es donde la advertencia del peligro que reviste la fatal arrogancia –desgraciadamente tan extendida entre burócratas, tecnócratas y expertos– señalada por Hayek hace años, tiene rigurosa actualidad. Pero esto ya es parte de otro debate. Es de esperar que las nuevas aproximaciones más humildes y de nivel micro en los temas vinculados a la lucha contra la pobreza no olviden alentar el espíritu emprendedor y la importancia de la perspectiva en primera persona, para que las personas menos favorecidas comprendan la importancia radical de sus propios deseos, anhelos, decisiones y acciones, a la hora de mejorar su nivel de vida. En esta línea, el proyecto Poverty Cure, con relativa independencia del marco de valores que uno profese, brinda mucha luz sobre la importancia de no adoptar una actitud paternalista y tecnocrática frente a los pobres. Sin duda, todo esto será parte del argumento central del próximo libro de Easterly: "The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor" (de publicación prevista para marzo de 2014).

Hayek y Juan Pablo II

Desde hace algunos años asistimos a un estimulante debate alrededor de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su mayor o menor entendimiento con el liberalismo económico. Creo haberles ya mencionado aquí ese interesante libro de los profesores Rodríguez Braun y Rallo (El liberalismo no es pecado), que juega con el título de otro famoso acerca ciertas incomprensiones sobre cuál deba ser el ámbito de la libertad de opinión de un cristiano respecto a las actividades económicas, políticas, etc. (al que añado Liberalismo, catolicismo y ley natural, de Francisco José Contreras). Del mismo modo que también es conveniente explicar a ciertos académicos particularmente laicistas qué significa el Magisterio de la Iglesia y cómo se entiende la diferencia entre las cuestiones de fe y la libertad de las conciencias en el día a día de los creyentes.

La Encíclica Caritas in Veritate (2009) de Benedicto XVI volvió a despertar estas discusiones, que más recientemente han vuelto a suscitarse con la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013) del Papa Francisco, escrita en un sentido bien distinto de los académicos documentos de su antecesor. Hace apenas un mes tenía lugar un concurridísimo seminario de AEDOS en torno a EG, donde se ponían bien de manifiesto las diferentes posturas sobre el tema; que pueden completar con la abultada documentación que les ofrece la web del Centro Diego de Covarrubias apoyándose muchas veces en la mayor experiencia del Instituto Acton Argentina y otros thinktanks anglosajones.

Evidentemente, no voy a resolver este complejo asunto en unas pocas líneas (ni siquiera creo que haya una única solución para ese debate). Al revés, me permitirán que confunda un poco más los ánimos refiriéndome a un tercer Papa, Juan Pablo II (que la Iglesia elevará a los altares el próximo mes de abril). Juan Ramón Rallo lo citaba aquí ya el año 2005, a propósito de varias encíclicas sobre cuestiones económicas, que marcaron un giro muy interesante en la Doctrina Social de la Iglesia. Es famosa, por ejemplo, esta valiente y bastante incomprendida apuesta por el modelo capitalista "si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía" (Centesimus Annus, 1991).

Pues bien, en torno a la redacción de esta Encíclica (y, en general, al conocimiento de la Economía que tuvo ese Papa), pueden encontrarse en la web varias referencias a una supuesta entrevista de Juan Pablo II con Friedrich Hayek y la posible influencia del premio Nobel sobre el pensamiento económico del Papa Wojtyla. En España, lo ha repetido varias veces Jesús Huerta de Soto, a partir de su semblanza sobre Hayek publicada en La Ilustración Liberal el año 1999: "en 1992, el pensador católico Michael Novak sorprendió al mundo intelectual cuando hizo pública la extensa conversación personal que el Papa Juan Pablo II y Hayek mantuvieron antes del fallecimiento de éste, de manera que existen signos inequívocos de la gran influencia que el pensamiento de Hayek tuvo en la encíclica Centesimus annus y en particular en sus capítulos 31 y 32, todos ellos llenos de importantes aportaciones hayekianas". Esta misma referencia la volvió a utilizar el profesor Huerta de Soto en su artículo sobre Hayek para la página web liberalismo.org.

Por curiosidad, he seguido la pista sobre esta afirmación (animado por el catedrático Victoriano Martín, al que dedico este pequeño rastreo anticipándome a su Iubilatio), y puedo añadir los siguientes datos: por una parte, el propio Huerta de Soto precisa mejor la cita de Novak en su libro Nuevos estudios de Economía Política (2002), concretamente en el capítulo VIII al hablar de "La doctrina social de la Iglesia Católica y la Escuela Austríaca de Economía". Aquí nos indica la fuente empleada, un párrafo de Michael Novak publicado en Economic Affairs que les copio: "During the last months of his life, Hayek had the opportunity for a long conversation with Pope John Paul II. There are signs of Hayek’s influence in certain portions of the Pope’s encyclical Centesimus Annus. In sections 31 and 32 in particular Centesimus Annus employs unmistakably Hayekian insights". Michael Novak, "Two Moral Ideas for Business (The Hayek Memorial Lecture, 22 June 1992, London, England)", Economic Affairs, septiembre-octubre 1993, p. 7. Y un poco más adelante refuerza este argumento con la referencia a otra posible influencia del pensamiento de Israel Kirzner, conocido economista austríaco, sobre Juan Pablo II al señalar "el gran paralelismo existente entre la concepción de la acción humana creativa desarrollada por el Papa en su tesis doctoral titulada Persona y acción, y la concepción de la función empresarial que debemos a Kirzner (Michael Novak, The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, The Free Press, Macmillan International, Nueva York, 1993)".

Finalmente, quiero añadir una última pista sobre esa hipotética conversación de Hayek con Juan Pablo II, en este caso a partir del artículo sobre Hayek en la Wikipedia: "In 1980, Hayek, a non-practicing Roman Catholic, was one of twelve Nobel laureates to meet with Pope John Paul II, to dialogue, discuss views in their fields, communicate regarding the relationship between Catholicism and science, and bring to the Pontiff’s attention the problems which the Nobel Prize Winners, in their respective fields of study, consider to be the most urgent for contemporary man". Para lo que cita un documento PDF del Cato Institute (se trata de la transcripción de una entrevista con Lanny Ebenstein en una especie de Book Forum) que no he podido localizar. Sin embargo, sí ofrece otra referencia que puede resultarle de interés al lector curioso que haya perseverado hasta aquí: el libro del personaje entrevistado, Alan O. Ebenstein, Friedrich Hayek: A biography (2003), páginas 301 y 305. Ya me dirán si les ha convencido o no este argumentario.

No son meros plazos lo que se descalza

Dentro del análisis de la teoría del ciclo económico que pergeña la nueva escuela de economía austríaca, destaca, como es sabido, el análisis de incentivos financieros para descalzar plazos y riesgos. A saber, como el coste financiero de los recursos a muy corto plazo es bajo y el retorno de los flujos generados por inversiones a largo es alto, resulta rentable financiarse a corto e invertir a largo. Esto, que de por sí no es perjudicial, comienza a contaminar la estructura financiera si los activos en los que se invierte a largo plazo pierden calidad, por ende, pierden demanda y se vuelven más ilíquidos.

Sin embargo, este análisis resulta a mi entender algo incompleto. O mejor, cuando se realiza el análisis de estas premisas, se suele hablar de financiación de deuda a largo plazo garantizada por algún tipo de activo. No en vano, la presente crisis económica se ha caracterizado por el uso de financiación mediante repos de compraventa de deuda hipotecaria – con garantía jurídico-real – luego uno puede pensar: "los bancos, cuyo modelo de negocio se basa en captar ahorro y canalizarlo a la inversión, se han equivocado en sus inversiones en deuda, se han vuelvo más ilíquidos y de ahí que se haya fraguado nuestra presente situación actual". Empero, no es sólo deuda y plazos lo que han estado arbitrando los bancos durante este tiempo, también se ha cocido en sus backoffice dos problemas que antes no existían, (i) la gestión de una ingente cantidad de activos ajenos al core business del banco, y (ii) desenvolverse en múltiples modelos de negocio para los que los bancos carecían completamente de know-how. Así, los bancos han pasado de canalizar ahorro a inversión a realizar todo tipo de actividades, desde gestionar empresas de la industria del envasado, de canalización de aguas o de la alimentación, hasta gestiones que pudieran parecernos mucho más relacionadas con su negocio principal (como podría ser la gestión de clientes morosos) pero que, como pasaremos a explicar después, pueden incrementar de manera importante los costes operativos internos del banco. Y eso por no hablar del "negocio estrella" que han tenido que realizar los bancos los últimos años en todo el mundo (y particularmente en España): la gestión de una gran plataforma inmobiliaria.

Comencemos primero por la gestión de activos ajenos al modelo de negocio. El peso de la cartera industrial en el balance de los bancos siempre ha sido muy significativa, aunque la industria mayoritaria haya ido rotando. Así, en la primera década del siglo presente la composición de la cartera era mayoritariamente inmobiliaria (y relacionados) y durante los primeros años de esta década la industria energética ha tenido gran presencia en los balances de los bancos. Uno pudiera pensar que son simples operaciones especulativas, en la que los bancos compran un puñado de acciones que guardan en una caja unos años hasta que se revalorizan y venden, mientras van cobrando un dividendo. Sin embargo, los bancos realmente gestionan estas entidades. Diseñan sus planes de negocio, eligen las estrategias a futuro, participan en las negociaciones de inversiones y desinversiones y en los procesos de expansión. Sientan consejeros en los órganos de administración de las entidades que poseen en cartera. Y mientras tanto, el banco debe controlar junto a su modelo de negocio que estas entidades están siendo realmente bien gestionadas.

Como observamos, esto va mucho más allá de lo que habíamos definido al principio como principal objeto de la banca comercial. ¿Qué incentivo impulsa a las entidades a no limitarse a financiar si no tomar parte de la gestión? Bueno, en primer lugar la sensación de que tienen una importante cantidad de recursos ociosos que pueden emplear a estas tareas. Ya sea capital humano, flujos para emplearlo y financiación para sufragarlo a menor coste que el retorno que va a devolver. En segundo lugar, el convencimiento de que la entidad va a obtener una rentabilidad superior a la que otro obtendría, cierto ego irracional que nos encaja con las premisas keynesianas del que preside la fase expansiva del ciclo económico.

Pero es que, además, estas entidades no tienen un grado de complejidad elevado en el momento en que la banca comercial entra en ellas. ¿Por qué? Pues porque cuando compras sector inmobiliario totalmente inflado cuando aún le queda recorrido antes de explotar estás ante un negocio en el que sólo hay que esperar para recoger la rentabilidad. Y lo mismo ocurría con el sector renovable español mientras ha estado tan sumamente subvencionado y protegido. El problema aparece, obviamente, cuando aparecen mal dadas. Y es cuando el modelo de negocio en el que participa el banco es ilíquido, por un lado y, por otro, muy difícil de gestionar. El banco se encuentra atrapado con empresas en cartera de las cuales no es su dueño natural de las que se tiene que desprender y no hay mercado líquido para ellos. Y aunque, seguramente, para el banco la empresa valga mucho menos que para un socio industrial que pueda utilizar la empresa para generar sinergias de costes y alguna sinergia de ingresos, el contexto cíclico en el que se produce la desinversión impide que incluso alguien para quien la empresa vale más pague suficiente por ella. Y si volvemos al problema inicial (inversiones ilíquidas que, al liquidarlas, generan retorno insuficiente para cubrir la financiación a corto empleada) observamos como esto se nos agrava sin haber ni tan siquiera participado del mercado de deuda con esta operativa.

Cuestión pareja surge con ciertas gestiones que va acumulando el banco en época de bonanza y que no tiene ningún sentido que continúe realizando, como puede ser la ya mencionada gestión de morosos, la gestión de plataforma inmobiliaria, gestión de activos (fondos de inversión, fondos de pensiones, SICAVs…), seguros, etc. Una larga lista de actividades que todos los bancos hoy en día (o casi todos) continúan prestando a día de hoy (para muestra, el botón del Banco Santander o BBVA, no podríamos decir lo mismo ya del Popular o de Bankia). Cuando la morosidad, por motivos cíclicos, es baja, la gestión de clientes morosos no es un gran incordio para la institución financiera. Lo mismo ocurre cuando las ejecuciones hipotecarias son escasas y el banco cuenta con un gran mercado en el que liquidar los activos inmobiliarios que pasan a formar parte del balance del banco. Sin embargo, vuelven a ser negocios ajenos al knowhow principal del banco. Los bancos no son aseguradoras, no son compañías de recobro ni agencias inmobiliarias. Ni tienen los recursos para ello ni el conocimiento, y mucho menos los tienen en épocas de crisis. No es buena idea que detraigan recursos de su actividad principal para centrarlo en estas áreas. Y uno podría pensar que los bancos sí son los indicados para gestionar activos a través de fondos de inversión, pero simplemente comparando rentabilidades de gestoras independientes con las de los bancos uno se percata que no son los mejores, puesto que sigue sin ser su negocio esencial.

Como comentábamos al comienzo, las razones que pueden impulsar a los bancos a realizar este tipo de actividades son similares a las que les impulsan a descalzar plazos, de hecho, el incentivo perverso es idéntico. La consecuencia difiere (nos pasamos de la deuda a, por un lado, la gestión de empresas y, por otro, el aumento de gestiones a realizar por el backoffice de la institución financiera) pero no la consecuencia última, que es el aumento de la iliquidez del banco a nivel particular y del sistema económico a nivel general.

Al final, el verdadero valor puede maximizarse cuanto mayor sea la especialización en la tarea que uno ejecuta, sea a través de una gran entidad o incluso una persona a nivel individual. Esta misma regla se aplica a los bancos que, sumidos en la irracionalidad del aumento crediticio van ampliando su cartera y su operativa muy por encima de lo que son capaces de gestionar. Y, por ello, ahora en la industria financiera nos estamos dedicando a desguazar bancos, esto es, a limpiarlos de todo negocio ajeno a su actividad principal y devolverlos a su esencia. Puesto que podrán encontrar agentes que les saquen más valor, podrán limpiar sus balances, reestructurar sus costes internos y, encima, vender a buen precio a los verdaderos especialistas en estas gestiones.

Comparaciones odiosas

En efecto, aunque el nacionalismo vasco, ayudado por sectores buenistas, se ha empeñado en monopolizar la atención del ciudadano de a pie con el mantra de la "paz" en Euskadi, lo cierto es que Cataluña sigue siendo el epicentro del liberticidio en el territorio del "Estado español". No se trata de una afirmación "fachosa" como gusta denominar a este tipo de aseveraciones la progresía. Por el contrario, han sido los propios empresarios alemanes, poco proclives a ser calificados favorables o contrarios a la singularidad catalana (o hecho diferencial) los que han puesto de manifiesto los riesgos de la tan añorada secesión.

La respuesta por parte del nacionalismo catalán no se hizo esperar. Joan Tardá, desde Esquerra Republicana, procedió a descalificar a una clase empresarial que da trabajo a muchos de sus "compatriotas" catalanes. La soez respuesta del político de ERC no debe sorprendernos puesto que no es la primera vez que lo hace. Antes fue "el Borbón", sin olvidar que su partido, con la inestimable ayuda de CIU, PSC y eco-comunistas estigmatizó al PPC (Pacto del Tinell) y después a Ciudadanos. En fin, esa es la libertad que se promete en el supuesto paraíso catalán independiente, donde cualquier disidencia recibirá como respuesta el insulto.

Mientras tanto, los "nacionalistas moderados" insisten en hablar de diálogo. Esto es ciertamente chocante, puesto que las veces que lo ha intentado el President Artur Mas, ha parecido más una suerte de chantaje que una apuesta por la conciliación, siempre con la envoltura victimista propia de los convergentes.

Difícilmente puede llegarse a buen puerto, es decir, a un acuerdo, cuando una de las partes al inicio de la conversación exige pacto fiscal o si no, rompe la baraja; o cuando amenaza con referendos ilegales o habla de elecciones plebiscitarias.

En toda esta dinámica, es curioso como se buscan establecer parecidos con lo que sucede en Reino Unido. En efecto, los hay, pero no en la dirección ni con el contenido que "explican" los impulsores del derecho a decidir (concepto que, por otra parte, nunca ha existido ni en el nacionalismo escocés ni en el unionismo británico). En las Islas se opta por el pragmatismo. El SNP siempre ha defendido su deseo de establecer un Estado escocés propio y así aparece en los diferentes manifiestos electorales, en los cuales lo que no encontramos son construcciones tan deliberadamente polisémicas como "estructuras de Estado" o afirmaciones más chabacanas del tipo "España nos roba" de uso cotidiano entre el establishment político catalán y que han calado entre amplios sectores de la ciudadanía.

En lo que sí coinciden ambos separatismos es en presentar la independencia como un paraíso en el cual los perros se atarían con longanizas, en mostrarse constructivos en su visión de la Unión Europea y en no plantear dudas sobre la moneda que emplearían. Como se observa, una independencia a la carta, financiada en última instancia por el gobierno central del cual se quieren separar. De consumarse, el resultado sería un nuevo Estado caracterizado por sus injerencias y por el intervencionismo, no la utopía que explican empleando para ello ingentes sumas de dinero público.

Sin embargo, esta situación que parece alarmar a muchos no es algo reciente ni susceptible de achacar exclusivamente a la crisis económica. Habría que retroceder un poco más en el tiempo para comprobar sus antecedentes inmediatos en ese Estatuto de 2006, perpetrado a partir de 2003 con el Tripartito y promocionado por la irresponsabilidad del primer gobierno de Rodríguez Zapatero. En aquellas fechas ahora tan lejanas, se empezó a jugar con fuego mediante el uso de conceptos tan "progres" como vacuos (España plural, España nación de naciones), más orientados a discriminar a quien no pensaba así que a realizar políticas tangibles que en última instancia dieran respuesta satisfactoria a las demandas reales, no imaginarias, de la ciudadanía.

La solución al drama del paro juvenil está en manos del Estado

Afirma María Fanjul en este artículo en el Huffinton Post que la solución al problema del paro juvenil está en manos de los propios jóvenes. María Fanjul es, a sus treinta años, la consejera delegada de entradas.com -empresa con una facturación cercana a los 110 millones de euros- y este pasado enero ha asistido al World Economic Forum celebrado en Davos, participando en un panel sobre paro juvenil en calidad de "Global Shaper", figura con la que el WEF señala a líderes del futuro menores de 30 años. María había sido previamente, con apenas veintiséis años, la directora ejecutiva de StepOne, una empresa que facilita a startups españolas triunfar en Sillicon Valley. Estamos por tanto ante una mujer con un precoz e innegable éxito profesional designada por el influyente foro de Davos como una voz digna de ser escuchada para aportar posibles soluciones al drama del paro juvenil. El problema estriba en que su diagnóstico del problema es erróneo y por tanto las soluciones que propone no acabarían con el 57% de paro juvenil que padece España.

A modo de resumen, María Fanjul define varios problemas que, según ella, son responsables del paro juvenil y propone soluciones para los mismos. Insiste en que, si bien no exclusivamente, gran parte de la solución a este problema está en manos de los propios jóvenes. El Estado y el sector privado pueden y deben ayudar también, argumenta. Según su opinión, la causa fundamental del paro juvenil en España es fruto de la ausencia de una cultura emprendedora. Como solución a ese problema, Fanjul plantea dos soluciones: fomentar el emprendimiento y cambiar el modelo educativo. Para fomentar el emprendimiento, propone dos medidas: incrementar la financiación disponible para startups a través de una cooperación público-privada y comenzar a despertar el espíritu emprendedor en las aulas a una edad temprana. Los cambios en el modelo educativo que sugiere Fanjul son principalmente metodológicos. En su opinión, la metodología tradicional del profesor explicando la lección se ha quedado caduca. Lo que el mercado laboral demanda es el desarrollo de habilidades que permitan el análisis de la ingente cantidad de información a nuestro alcance y su utilización para crear e implementar ideas.

No hay duda de que el paro juvenil es un auténtico drama social. El desempleo es siempre una situación indeseable para alguien con ganas de trabajar. Pero en el caso de los jóvenes, el paro es aún más dañino por ser sus primeros años incorporados al mundo del trabajo y por el impacto tan negativo que puede llegar a tener en el futuro salarial de un profesional. No es lo mismo estar desempleado durante dos años cuando se tienen cuarenta años y se llevan cerca de veinte en el mercado laboral que hacerlo nada más acabar la carrera.

Analizando el diagnóstico que Fanjul plantea, discrepo con ella. ¿Es la ausencia de una cultura del emprendimiento en España un grave problema? Sin duda. ¿Explica este déficit el alto índice de desempleo juvenil? En mi opinión, no, e intentaré explicarlo. El paro (tanto el juvenil como el que padecen el resto de trabajadores activos en una sociedad) puede ser de dos clases: el friccional y el estructural. El paro friccional no es más que una desconexión entre trabajadores y empresarios, que no logran ponerse de acuerdo a corto plazo, fruto de cambios en las plantillas por parte de las empresas. Este paro no es problemático y si una economía sólo padece este tipo de paro se considera que existe pleno empleo técnico. El problema de la economía española es el paro estructural. El paro juvenil es un caso particular del paro estructural, que contabiliza el impacto del paro en un tramo concreto de la población activa (menores de 25 años). Fruto de la incapacidad por parte de los empresarios existentes de encontrar proyectos empresariales lo suficientemente rentables como para ofrecer a los trabajadores una remuneración que consideren adecuada y sea legal (igual o superior al salario mínimo). Solucionar este tipo de desempleo es complejo y exige dos medidas fundamentales. A corto plazo eliminar todo tipo de regulaciones salariales que puedan mermar la muy saludable flexibilidad salarial. A largo plazo, lo único que puede solucionar este tipo de desempleo es modificar la estructura productiva. Para que eso suceda, es condición necesaria que exista un entorno que propicie la inversión a largo plazo con medidas como una fiscalidad moderada y una gran seguridad jurídica, además de un buen sistema educativo.

Como pueden ustedes intuir, en España carecemos de ambos mecanismos: ni nuestro mercado laboral facilita la necesaria flexibilidad laboral (aunque la reforma laboral sí ha contribuido a mejorarla) ni se dan los ingredientes necesarios para el ajuste de una estructura productiva a todas luces inadecuada. De tal forma que, cuando una crisis económica azota nuestro país, los tradicionales mecanismos para reducir el paro brillan por su ausencia. Como colofón, acabamos siempre en la lista de los países con mayores tasas de desempleo de toda la Unión Europea. ¿Tiene algo que ver el paro juvenil con la cultura de emprendimiento? Atendiendo a la teoría económica y a los datos oficiales, parece difícil creer que si España tiene un paro juvenil del 56% y Alemania del 7,7% sea porque los alemanes sean siete veces más emprendedores que los españoles. Los españoles somos menos emprendedores en general que la media de la UE, tenemos, como bien señala Fanjul, un miedo al fracaso muy perjudicial, pero no somos siete veces menos emprendedores que nadie. Este factor por sí solo no explica el altísimo paro juvenil de nuestro país. Lo que lo explica es sencillamente el enorme intervencionismo estatal en la economía. El Estado interviene y distorsiona al no permitir la flexibilidad salarial, al fijar salarios mínimos por encima del nivel de equilibrio (lo que genera paro) y al no fomentar todos los mecanismos necesarios para impulsar la inversión a largo plazo. Según el Banco Mundial, montar un negocio en España es más difícil que en Zambia. La seguridad jurídica en España es escasa en comparación con otros países infinitamente más "business friendly". Que se lo pregunten a los inversores en renovables, que al calor de la garantía del Estado invirtieron cantidades ingentes de ahorro y han visto cambiada la Ley con carácter retroactivo sin salir de su asombro.

La cultura emprendedora es vital para el desarrollo de una sociedad próspera. Al cabo, son las empresas las que satisfacen las necesidades humanas más básicas y las generadoras de riqueza en una economía. Desarrollar y potenciar el espíritu emprendedor de los jóvenes es, coincidiendo plenamente con Fanjul, algo imprescindible, no ya por tener un paro juvenil desorbitado sino en cualquier circunstancia. Esta misma semana, en un taller sobre educación financiera que impartí a niños desescolarizados entre 6 y 14 años, la tarea principal era montar un puesto de helados, decidiendo cómo administrar el presupuesto inicial y atender a los gastos habituales como el alquiler, los suministros o la materia prima y elegir la carta a ofrecer y unos precios que cubriesen los costes. Cualquier medida que logre fomentar este espíritu será garantía de éxito. Cualquiera, salvo una que propone Fanjul y que pasa por la cooperación público-privada en materia de financiación de startups. Si algo debe aprender el ciudadano medio sobre economía es que el Estado es un terrible planificador y decisor. Miren si no la ruina de inversiones que tenemos en infraestructuras en España y que los políticos levantaron con nuestro dinero. España necesita muchas cosas, pero no al Estado financiando ni un sólo proyecto empresarial más. Si la mejor de las startups no logra financiación privada, o la startup no merece la financiación, o España no debe ser el mercado en el que la lancen.

Como mencionaba previamente, eliminar el miedo al fracaso de la mente de los individuos es otro objetivo muy beneficioso para desarrollar el emprendimiento. Por otra parte, mejorar el sistema educativo también tendría un impacto positivo en el sistema económico de un país pero, de nuevo, es el Estado el mayor responsable del fracaso del sistema y el que tiene la llave para revolucionarlo. Basta con privatizar la enseñanza y que el mercado empiece a ofrecer infinidad de ofertas educativas novedosas y a precios de asequibles. Pero todas esas medidas son insuficientes sin los dos mecanismos de ajuste mencionados con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, no podemos exigir a los jóvenes que aporten soluciones para arreglar este problema. Ni ellos no son los responsables de esta situación ni la solución está a su alcance, por muy buena voluntad que tengan. La solución está en manos del socialdemócrata Gobierno de Rajoy y ni tan siquiera es necesario gastar un solo euro de dinero público: basta con eliminar leyes dañinas para los ciudadanos como el salario mínimo o la negociación colectiva y redactar de cero aquellas otras que despierten el interés por invertir en España a largo plazo con seguridad jurídica plena. ¿A qué esperas, Mariano?