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Inmigración (V): Más acosos al “último recurso”

  "El mayor acto de misericordia que puede practicar una familia numerosa hacia un recién nacido es matarlo" Margaret Sanger

 "La sociedad debe considerar el plasma genético como perteneciente a la sociedad y no únicamente al individuo que lo porta" Harry H. Laughlin

"Ha llegado la hora de que cada país requiera una política nacional que determine qué tamaño poblacional es el más idóneo… Más adelante llegará el tiempo en que la comunidad en su conjunto deba prestar atención a la cualidad innata y no al mero número de sus miembros futuros." John M. Keynes

"Debe haber una relativamente indolora erradicación antes de nacer o bien una más dolorosa eliminación de individuos tras el nacimiento" Garrett Hardin

"La batalla para alimentar la humanidad se ha perdido" Paul Ehrlich

"Algunas de las ideas en que se basan tales políticas tendentes a limitar la población son realmente indignantes" Friedrich Hayek

"Si la población no hubiera crecido más allá de los cuatro millones de personas que poblaban la tierra hace diez mil años, probablemente no tendríamos ni luz eléctrica, ni calefacción de gas, ni automóviles, ni penicilina, ni habríamos viajado a la luna. Los seres humanos se convierten entonces en el último recurso" Julian L. Simon

El historiador norteamericano John Higham define el nativismo en su obra seminal, Stangers in the Land, como un estado mental cargado de emociones que se manifiesta en una oposición intensa contra una minoría étnica, religiosa o cultural bajo la premisa de sus conexiones extranjeras. Las antipatías culturales y los juicios etnocéntricos constituyen las características más evidentes de los nativistas.

Los nativistas y sus temores, pese a no ser generalmente conscientes de ello, se dan la mano con un nutrido elenco de primos hermanos ideológicos de muy diversa procedencia: los contrarios al aumento poblacional, los defensores del límite al crecimiento, los eugenistas, los supremacistas, xenófobos, los proteccionistas y antiglobalizadores, los nacionalistas exacerbados y los ecologistas o ambientalistas.

Los que se sienten amenazados por el "excesivo" crecimiento económico son legión. Suelen ser partidarios del llamado crecimiento cero y de la conservación del planeta tal cual lo conocemos. Entienden la economía como un proceso estático de suma cero y bastante destructivo para los recursos del planeta. Ven a los seres humanos como meros o exclusivos consumidores y no como proveedores también de bienes y servicios. Son favorables a la intervención de los gobiernos para ordenar mejor la sociedad.

Hayek denunció en su obra final, Fatal Arrogancia, el ideal constructivista de control de la sociedad en general atacando los fundamentos epistemológicos de la posibilidad de tal control, demostrando la imposibilidad de predecir las respuestas a los cambios en los sistemas económicos y sociales. Los órdenes complejos de tipo evolutivo (i.e. el social) no pueden ser mejorados mediante la intervención humana o decisión premeditada y dirigida a un/os fin/es concreto/s.

Los restriccionistas de la inmigración, al promover de alguna forma el control poblacional, tienen también elementos ideológicos comunes con eugenistas, partidarios de la esterilización forzosa, la planificación familiar, la promoción y subsidio público del aborto y del control de la natalidad. Lo que late en el fondo es un gran temor hacia el "descontrolado" aumento poblacional del planeta y el requerimiento al Estado para ejercer cierto control poblacional sobre los habitantes patrios respectivos.

Tal y como evidenció agudamente el teólogo Romano Guardini, la voluntad de los constructivistas/ humanitaristas de querer eliminar a toda costa el sufrimiento humano mediante mecanismos estatales de ordenación social puede transformarse en la voluntad de eliminar a los hombres que sufren, y cuyo sufrimiento ya no puede vencerse. En nombre del bienestar del pueblo o del provecho de la comunidad se puede llegar (si bien no necesariamente) al terrible lema de que "Es justo lo que es útil a la nación" o, en otras palabras, "Pueden vivir quienes sirven a la nación". Esta aberración no es ni mucho menos coto exclusivo del nazismo; existen evidentes paralelismos con los que históricamente desde el Estado moderno han declarado la guerra al débil o al diferente con respecto al estándar social percibido como deseable (Harry Laughlin, Margaret Sanger y otros planificadores). Afortunadamente buena parte de estas ideologías están hoy bastante desacreditadas.

Aunque no se quiera reconocer tampoco, los partidarios de restringir la inmigración participan también de planteamientos xenófobos, racistas y/o supremacistas, sean éstos blancos o no. La muy lamentable retórica anti-inmigración es una de las últimas y pocas formas de racismo socialmente aceptada. Ciertos políticos y sus voceros mediáticos se permiten con la inmigración ciertas opiniones y prejuicios dirigidos a un grupo despersonalizado bajo el título de "inmigrantes" que jamás se atreverían a dirigirlos a una raza en particular. El abogar por una homogeneización de la población lleva consigo, guste o no, un sentimiento de repudio hacia el foráneo (alien, en inglés) y la "amenazante" diversidad. Implícitamente se está queriendo decir que la convivencia con otras razas o culturas contaminaría la esencia autóctona.

Asimismo al acusar que los inmigrantes ejercen una presión hacia el medioambiente del país de acogida y de sus recursos nacionales comulgan también con los planteamientos de los alarmistas ecologistas, conservacionistas y demás ambientalistas que quieren imponer límites al crecimiento económico y poblacional (y a la entrada de nueva gente al país). Curiosamente defienden una diversidad biológica en la naturaleza a costa de mermar el progreso económico pero suelen rechazar en su fuero interno la diversidad racial y cultural que pueda afectar a su barrio. Lo que pareciera ser beneficioso al orden natural no lo sería para el orden o entramado social del ser humano.

Por último, los restriccionistas de la inmigración utilizan parecidos argumentos a los proteccionistas y su defensa preferencial del comercio nacional amenazado por la invasión de productos más baratos procedentes del exterior y de la maldita globalización.

Todas estas obtusas ideologías se dan de bruces con el liberalismo y con todo lo que representan las sociedades abiertas.

Julian Simon denunció que todo lo anterior son nociones fundamentalmente erradas y, como tal, deben ser combatidas en el terreno de las ideas. El crecimiento de la población no obstaculiza el desarrollo económico, tal y como defiende la teoría malthusiana, sino que aumenta los estándares de vida a largo plazo. Los ingenieros y técnicos agrónomos saben que la población del mundo está mucho mejor alimentada desde los años 50. Los demógrafos tienen registrado que la esperanza de vida casi se ha triplicado en los países ricos en los dos últimos siglos. Los mismos ecologistas reconocen que la calidad del agua y del aire de los países desarrollados ha mejorado en las últimas décadas. Asimismo cualquier especialista en commodities o energía admite que la disponibilidad de los recursos naturales ha aumentado, al tiempo que disminuyen sus precios con respecto a décadas o centurias pasadas.

No existe, pues, una correlación estadística negativa entre el crecimiento económico y el aumento de población. Más bien todo lo contrario: si se tratan de sociedades desarrolladas, no hay ninguna razón que nos haga pensar que no continúe la tendencia positiva de mejora en la calidad de vida, al mismo ritmo que crece la población, tanto si es a través de nuevos nacimientos de autóctonos como si es a través de la (bienvenida) inmigración. Hayek se sorprendía de que aunque la extensión del mercado y el aumento de la población puedan conseguirse enteramente por medios pacíficos, no dejase de haber gentes informadas y sensatas que se negaran a admitir la existencia de vinculación alguna entre el incremento de la población y la favorable evolución del orden civilizado.

Julian Simon lo tuvo meridianamente claro: la inmigración no es ninguna amenaza para los EE UU sino un apoyo para su desarrollo. Según este profesor de administración de empresas en la Universidad de Maryland, el beneficio más importante que se deriva del aumento de la población en sociedades que dispongan de instituciones que permitan la libertad económica y la protección de la propiedad privada y sus contratos es el "incremento del conocimiento útil". Cuanta más gente haya o engrose las poblaciones del mundo desarrollado, mayor será el progreso material y cultural de nuestra civilización.

No importa que el aspecto de la población cambie con motivo de un aumento de la inmigración de personas extranjeras,lo verdaderamente importante es que las instituciones de los países de acogida reconozcan y protejan la libertad, ofrezcan seguridad jurídica y que el sistema político-económico permita a las personas superar las dificultades y la búsqueda de soluciones ante la escasez. Es decir, lo relevante no es la "identidad" nacional sino la subsistencia de instituciones pautadas en el seno de la sociedad anfitriona que permita cierto grado de libertad en el desarrollo económico, independientemente del origen de las personas que vivan en ella en un momento dado. Así ha sucedido en los EE UU, Canadá, Australia y Europa a lo largo de su historia, pese a sus reticentes y angustiados nativistas y demás acompañantes ideólogos en su seno, y no tiene por qué ser diferente en el futuro.

El principal recurso para mejorar las condiciones de vida es sin ningún género de dudas el ser humano libre, creativo, tenaz y emprendedor (sea éste autóctono o venido de otros lugares del planeta). Es obvio, por tanto, afirmar que los inmigrantes forman parte también del inestimable "último recurso" de las naciones prósperas al que hacían referencia Julian Simon y Friedrich Hayek.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIII y IV.

Justicia asimétrica, Estados fallidos

Esta mañana se ha sabido de la ayuda de la Hacienda española gestionada por Montoro a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín. Se dan por buenas las facturas falsas, se considera a Aizoon, la empresa del yerno del rey, como una sociedad instrumental y mediante trucos de magia legales, se consigue que el peso recaiga sobre Urdangarín y se descargue a la pequeña de los Borbón. Es uno de los diversos empujones poco disimulados que el gobierno de nuestra nación le da cariñosamente a la Corona para que salga de la sima en la que se encuentra su popularidad. Y es la enésima patada que los gobiernos españoles le propinan a la justicia desde hace unos años.

No sé si todo empezó con el caso RUMASA, antes o después. Pero es notorio que en los últimos años, la falta de respeto a la justicia es tan habitual que apenas nos escandaliza. Una herida que se ha ido agrandando y profundizando de la mano del mal diseño de la doctrina Parot, las consecuencias de dicho error, el uso político de dicha doctrina, pero también el reparto de los puestos en los máximos órganos de justicia de nuestro país.

Pero creo que hay algo más: el doble mensaje de los políticos acaba por paralizar la capacidad de reacción de la gente.

Quienes reclaman que rindan cuentas ante la justicia los políticos corruptos, son políticos en cuyos partidos también se cuecen habas, y muchas. Los políticos que reclaman respeto a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo son los mismos que pactaban con ETA por debajo de cuerda y que se reparten desde hace años los puestos en el Consejo General del Poder Judicial y manipulan a su antojo el Tribunal Constitucional. Y los españoles, que padecen el engaño, votan a esos mismos políticos. Son los que hay.

El deterioro económico, siendo como es tan grave, no es tan peligroso como el de la justicia. Porque es la justicia lo que asegura que los ciudadanos tengamos confianza en todas las demás instituciones y cuando desaparece esa confianza, las consecuencias son de largo alcance. Las causas por las que los españoles prestamos tan poca atención a las cuestiones de gran calado jurídico, a la limpieza y transparencia de las instituciones fundamentales de nuestra justicia radica, en parte, a nuestra historia.

Estamos acostumbrados al privilegio, que se instaló entre nosotros desde la época preindustrial y que no fuimos capaces de superar en el siglo XIX, cuando era el momento. El cambio en el siglo XX apuntaba, solamente, a quiénes eran los receptores de esos privilegios. La corrupción en democracia se ha democratizado y la asimetría en la justicia también. No se trata solamente de la familia real, hay grupos de presión, encabezados por los políticos, sindicatos y sus aliados, que disfrutan de un trato judicial diferente al del resto de la población.

Eso sí, en este país, cuestionar las leyes es razón suficiente para que te acusen de loca o de anti demócrata, por ser suave. Nadie se plantea hasta qué punto esas leyes son meros mandatos al servicio de estos nuevos "poderosos", padres de los privilegios, amparados por un mal llamado "estado de derecho", y por una democracia que se ha convertido en un paraguas para el reparto de desigualdades ante la ley.

El complejo de la población española nos lleva a temer que cuestionar la limpieza de nuestra democracia signifique defender la vuelta a una dictadura. Un miedo sabiamente alimentado por quienes viven de la explotación ajena.

Y el pueblo, víctima de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, no reacciona. Esta disonancia cognitiva consiste en la distorsión que se produce cuando se da una situación contradictoria que confunde y que requeriría admitir lo inadmisible. En este caso, si los españoles admitimos los males de nuestra justicia, tendríamos que aceptar que hemos votado a quienes han bombardeado esas instituciones, tendríamos que mirarnos al espejo y reconocernos como consentidores de nuestro propio perjuicio y, lo que es peor, tendríamos que estar dispuestos a hacer algo. Y ahí está la causa última de nuestra pasividad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo recuperar el estado de derecho?

Y, de la misma forma que el paisano que se sienta a mi lado en el metro afirma "Pues si falta dinero, no hay más que crearlo y se acaban los problemas", sin ser consciente de las consecuencias de esa medida, muchos españoles se limitan a decir "Pues todos a la cárcel", como si fuera tan fácil arreglar el desaguisado. No sabemos y esa sensación de impotencia nos paraliza.

La consecuencia de una justicia asimétrica y de unas instituciones podridas, como por desgracia nos muestran algunos países de Latinoamérica, es un Estado fallido, una quiebra que implica la aparición de instituciones paralelas, no siempre ideales, que se alejan del sistema democrático que parecen querer los españoles. 

La mano invisible

Dicen que el mundo es movido por fuerzas oscuras, secretas, una pequeña élite que controla el mundo. Dicen que unos pocos, el uno por ciento, deciden por el resto, el noventa y nueve por ciento. Dicen que se reúnen en grupos, que controlan las grandes empresas y allí deciden por nosotros. Dicen que la mano invisible del mercado es en realidad una mano, como el anillo de Sauron, que lo domina todo.

Recuerdo una conversación en la que mi interlocutor estaba culpando a "cuatro grandes bancos" de promover la crisis para enriquecerse, le pregunté por el nombre de esas cuatro empresas que tenían semejante poder y el primero que me dijo fue Lehman Brothers. Resultaba curioso que uno de esos cuatro ya hubiese quebrado en el trasunto de la crisis que, teóricamente, había coadyuvado a crear con el objetivo de enriquecerse. Desde luego los otros tres debían ser mucho más hábiles, aunque mi interlocutor no consiguió recordar ninguno de esos tres nombres. En realidad, daba lo mismo, lo importante era señalar a unos malos malísimos –capitalistas, por supuesto- que controlan la economía y nos hacen bailar al son de su música.

Dicen muchas cosas, la imaginación es libre y siempre buscamos causas externas en las que descargar nuestras culpas. Los países culpan a los vecinos para declarar guerras y evadir problemas internos, o se busca un chivo expiatorio interno al que cargar todo los males. En esta descarga de conciencia los colectivistas siempre han encontrado la fórmula perfecta para evadir las responsabilidades de quienes no quieren afrontarlas. Así, los ricos lo son porque empobrecen a otros y su éxito nada tiene que ver con la capacidad emprendedora de la acción humana ni las buenas (o malas) decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas.

El sentido común es a veces el menos común de los sentidos y no se comprende el funcionamiento del mercado, de esa mano invisible. Más allá de la benevolencia o el egoísmo del cervecero existen cervecerías porque hay gente que valora esta bebida dorada lo suficiente como para llegar a sacrificar parte de lo que gana por conseguir un trago.

El poder del mercado no reside en las grandes corporaciones sino en esa mano visible, la nuestra, que necesita un guante para protegerse del frío o coge un vaso de cerveza para refrescar el aperitivo veraniego. Nuestra mano es movida en parte por razones y pasiones que son las que nos llevan a tomar diferentes acciones. Aislados podemos parecer insignificantes pero cuando todas esas necesidades se juntan de forma descentralizada y espontánea aparece esa gran mano invisible del mercado. No busquemos manos invisibles que deciden por nosotros mientras protegemos nuestras propias manos dentro de los bolsillos.

Farsa final en Venezuela

"La historia se repite. Una vez como tragedia, otra como farsa".

La verdad es que hay que reconocerle a Karl Marx su capacidad para hacer frases ingeniosas e impactantes, perfectos eslóganes que, durante años, han ayudado a vender una ideología absurda.

Concretamente, con la frase que encabeza el texto estuvo fino, con una sentencia que, en plan "nos veremos en el infierno", queda muy "heavy", muy atractiva para cerebros "logsianos"…, aunque, eso sí, habría que matizarla si la aplicamos a lo que significó la puesta en práctica de su ideario.

Efectivamente, la historia del comunismo no fue una tragedia al repetirse. Fue una tragedia de primeras, desde el minuto uno. Asesinatos, hambrunas, gulags, purgas… Desde Lenin a Pol Pot, de Stalin a Mao, sin olvidarnos de sus hijos bastardos, el fascismo y el nacional socialismo…

Finalmente después de más de cien millones de muertos a sus espaldas, de haber dado forma a los regímenes totalitarios más inhumanos de la historia, con la Caída del Muro, el comunismo acabó en "el basurero de la historia", tomando de nuevo otra célebre frase de una de sus más destacadas figuras (y, como muchas de ellas, también víctima, en su caso con un pico clavado en el cráneo).

Pero, lástima, el basurero de la historia no estaba del todo cerrado y el comunismo "de toda la vida" ha vuelto, ahora se llama Socialismo del Siglo Veintiuno. Y en este caso, en esta repetición de la historia, aquí sí acertó Marx, lo clavó… La palabra farsa es perfecta.

Empezando por los respectivos protagonistas de las diferentes etapas históricas. En ambos casos, curiosamente, un líder que murió prematuramente y que fue sustituido por un medianía con la que nadie contaba. Si comparamos al dúo Lenin & Stalin, que también tenían lo suyo, con Chávez & Maduro, sus ¡Aló, Presidente! y sus apariciones aviarias respectivas, la farsa empieza a ser evidente.

Pero sobre todo, qué otra mejor palabra que farsa para definir un sistema que, en su retorno, ya no busca competir con el capitalismo, ya no aspira a producir más y mejor que este para elevar el nivel de vida del pueblo y demostrar su superioridad, como en su momento predijo Kruschev que sucedería.

Porque al comunismo hay que reconocerle que, en una primera fase, lo intentó. Se lo creían (bueno, no todos…). Con la economía planificada como instrumento, con el socialismo científico como fe, diseñaron planes quinquenales (absurdos), crearon industrias (ineficientes), granjas colectivas (improductivas)…, construyeron megafábricas de tractores que acabaron tirados en los campos por faltas de repuestos, de televisores que no se podían sintonizar… Durante tres cuartos de siglo vivieron en un gigantesco Plan E (no sé dónde he leído esta comparación, pero me encanta…) que arruinó el país y devastó el medio ambiente… Pero, repito, al menos lo intentaron.

El Socialismo del Siglo Veintiuno ya ni lo intenta… Casi cien años después de la Revolución de Octubre, sus "herederos" no aspiran a superar a su rival ideológico, a batirle en el terreno de la eficacia económica, de la productividad, sino, como hemos visto de forma descarnada en Venezuela, solo a parasitarlo, a saquearlo , a quedarse por la cara y a repartir entre sus seguidores, por supuesto con los dirigentes llevándose la mejor parte, los productos que el odiado capitalismo produce: televisores de plasma, i-pads, secadores de pelo, tostadoras, ropa de marca

Un patético final, un final de farsa, para una ideología que, tiempo atrás, aspiraba a algo más…

Pd: Hay que reconocer que la socialdemocracia hace algo parecido, pero con algo más de estilo.

Antonio Banderas, Hugo Chávez y los mercados

La semana pasada leía con cierto asombro algunos de los titulares que había dejado la reciente entrevista de la periodista Ana Pastor al actor español Antonio Banderas. En ella, además de tratar temas profesionales y personales, Ana Pastor no desaprovecha la oportunidad de preguntar a Banderas sobre cómo ve la situación en nuestro país. Banderas empieza a tirar de topicazos del tipo "nos gobiernan los mercados" hasta que se lanza a hablar de temas económicos y acaba, ni corto ni perezoso, alabando la política económica del difunto Hugo Chávez. Para hacernos una idea de su discurso, transcribo la parte más "jugosa" de la entrevista:

Antonio Banderas: "Uno tiene la sensación últimamente de que quizás, en el mundo entero, no estamos siendo gobernados por las personas a las que hemos votado".

Ana Pastor: "¿Por encima de eso hay algo más?".

Antonio Banderas: "Por supuesto".

Ana Pastor: "¿Los mercados?".

Antonio Banderas: "Los mercados, los lobbies, las corporaciones… Allí hay mucho jaleo y hay gente, además, que no tiene que poner la cara para responsabilizarse de las cosas que pasan después en los gobiernos, o en los países".

Ana Pastor: "Bueno, pero también lo consienten, ¿no? Forman parte del sistema, de la inercia de la que tú hablabas. ¿Cómo te saltas de esa inercia? ¿Cómo la rompes?".

Antonio Banderas: "Tú la puedes romper como la rompió Chávez en su momento. ¡Eh! Tú dices: ´Se ha acabao el tema y ahora yo agarro todas estas corporaciones, las nacionalizo’. ¡Claro!, pero ¿es que dónde está otra salida? En una época en la que nos tenemos que plantear que quizá estemos viviendo una época postdemocrática".

No es nuevo que actores y demás personalidades del mundo del espectáculo den su opinión acerca de cuestiones políticas y económicas. En nuestro país, la industria del cine siempre ha mostrado su apoyo público a partidos de izquierdas (quiero creer que no necesariamente por las mayores subvenciones que reciben de los mismos cuando gobiernan) y ha hecho lo contrario con el PP. Sonada fue la edición de 2003 de los premios Goya, en la que una mayoría de actores portó chapas con el eslogan de "No a la guerra." Pero una cosa es oponerse a una guerra (a las que los liberales siempre nos oponemos) y otra bien distinta defender a un régimen liberticida como el de Hugo Chávez. Antonio Banderas es absolutamente libre de decir lo que le venga en gana -faltaría más- acerca de cuestiones económicas. Otra cosa bien distinta es que, en el momento en que ponga como ejemplo una política económica tan sumamente empobrecedora y dañina para los más desfavorecidos como la que se viene implantando en Venezuela desde que Hugo Chávez fuese elegido presidente -y que continúa Nicolás Maduro tras su muerte-, deba ser replicado para que sea consciente de su terrible error e incongruencia fruto de un profundo desconocimiento económico.

El cliché de que nos gobiernan los mercados está a la orden del día y a Banderas no se le olvida mencionarlo. Esta terrible crisis económica que padecemos, provocada por el intervencionismo estatal y los privilegios otorgados a la banca, ha enseñado a más de uno el mecanismo de financiación de los déficits públicos en los que suelen incurrir los gobiernos de todo signo político. No contentos con esquilmar a toda la población con cerca de la mitad de sus rentas, los Estados se ven incapaces de cuadrar sus cuentas, a diferencia del común de los mortales que no tienen más remedio que hacerlo. Por ese motivo, los gobiernos se ven obligados a emitir deuda para hacer frente a esos abultados déficits y, lamentablemente para ellos, tienen que ofrecer un interés a cambio. La preferencia temporal, la inflación y el riesgo determinan ese interés. Como es lógico, en los últimos años los inversores han aumentado su escepticismo sobre la solvencia de algunos países y eso ha provocado que exijan un mayor interés, es decir, una mayor prima de riesgo para financiar a los Estados emisores de deuda. También les han alentado a reducir sus déficits públicos para seguir comprando su deuda, ya que de lo contrario dejarían de hacerlo. Hasta aquí todo parece razonable. Pero para Banderas, en un burdo ejercicio de demagogia, todo lo anteriormente expuesto equivale a que "no estamos siendo gobernados por las personas que hemos elegido" sino "por los mercados." Cuantas más deudas contrae alguien, menos libertad tiene y viceversa. ¡Bienvenido al mundo Antonio!

Puede sorprender a muchos que, una persona que se beneficia enormemente de la bondades del libre mercado, como es el caso de Antonio Banderas, quiera para el resto del mundo un modelo económico como el que los venezolanos llevan años padeciendo. Vamos a enumerar algunos de esos puntos. En primer lugar, Banderas debe comprender que, sólo un sistema económico libre y con un alto grado de especialización del trabajo como el de la industria cinematográfica en Estados Unidos permite que, un actor pueda llegar a recibir un salario de hasta $20 millones de dólares por una película grabada en cuatro (duros) meses de trabajo. Sólo en un mercado libre es rentable pagar sumas tan grandes de dinero para contratar a estrellas de Hollywood por un trabajo de interpretación. Las productoras saben que si contratan a un actor famoso y con buenas dotes de interpretación harán una taquilla que permita, si se logra hacer un buen producto, cubrir los costes de la película y su comercialización y ganar unos jugosos beneficios. La meritocracia imperante en Hollywood, que permite a los mejores llegar a los más alto, también precisa de mercados libres y no intervenidos. Las posibilidades que tienen los consumidores en Estados Unidos frente a un país como Venezuela son como la noche y el día. Si en un mismo supermercado un consumidor puede elegir en Estados Unidos entre más de 50 tipos de papel higiénico, en Venezuela tienen serias dificultades para abastecer a la población con un sólo tipo de papel. La libertad de la que goza Banderas para mover con libertad sus capitales es otro lujo que los venezolanos no tienen. En el momento en el que una moneda pierde muy rápido su valor, los usuarios de la misma intentan desprenderse de ella a toda costa, lo que acelera aún más su depreciación. Esto acaba llevando a un repudio generalizado de la moneda, lo que supone su colapso. Para evitar que esto suceda, al menos en el corto plazo, la solución estatista que está implantando Venezuela es imponer controles de cambios, impidiendo que se cambien las monedas de forma libre. De nuevo Banderas tiene una libertad que los venezolanos no tienen.

En segundo lugar, conviene repasar los problemas y las dificultades a las que se enfrentan los venezolanos por culpa del sistema económico fuertemente intervenido que impera en Venezuela para hacerle ver a Antonio Banderas que aquello que alaba no hace sino empobrecer a la mayoría. Para empezar, es importante recordar que la inflación es un impuesto silencioso que disminuye el valor de una moneda. Precisamente son las rentas más bajas aquellas a las que más castiga una inflación alta, ya que son el grupo social más indefenso y con menos recursos para protegerse de la misma. Mientras que las clases más altas tienen activos reales como viviendas, negocios y demás activos, los pobres sólo tienen su sueldo, que sufre el cruel ataque inflacionista. La inflación en Venezuela se encuentra actualmente por encima del 50% y algunos comerciantes que "osan" subir precios están siendo encarcelados acusados de "especular". No contentos con destruir el valor de la moneda de curso forzoso que el Gobierno controla, se atreven a encarcelar a los comerciantes que suben los precios para no sufrir pérdidas. El patrimonio del que goza Antonio Banderas se vería seriamente en peligro en un escenario de fuerte inflación como padece Venezuela. Además, su condición de millonario, le haría ser un perseguido de la Hacienda venezolana, ya que la riqueza es vista como el fiel reflejo de una conducta criminal. Sin entrar en cuestiones de libertades individuales, como la libertad de prensa, expresión y asociación, que están siendo violadas sistemáticamente en Venezuela y de las que Banderas sí goza, es terrible también el daño que hace el gobierno al nacionalizar industrias, medida que específicamente Banderas alaba en la entrevista con Ana Pastor. La nacionalización de empresas en una economía es una de las medidas económicas que más puede ahuyentar a inversores extranjeros para invertir en un país y garantiza que la actividad económica de la futura empresa nacionalizada será infinitamente más improductiva y costosa que la que tenía en manos privadas. Otro de los problemas de las medidas económicas implantadas en Venezuela se refiere a los controles de precios. Cuando el socialismo monetario dispara la inflación, los gobiernos se lanzan torpemente a implantar precios máximos en algunos de los productos de primera necesidad que tienen un importante peso en el cálculo de la cesta de la compra. Esto lo único que acaba provocando es escasez de productos, lo que termina derivando en un racionamiento de los mismos. Tal ha sido el desastre en Venezuela en este sentido, que el gobierno tuvo que vender petróleo para comprar 50 millones de rollos de papel higiénico para la población. El problema es que esa medida no daba para más que dos rollos por persona durante una semana. Es de sobra conocida la costumbre en Cuba de utilizar el periódico oficial Granma para estos mismos menesteres por motivos similares.

Como decía el economista Murray Rothbard: "No es un crimen ser un ignorante en ciencia económica, que es, después de todo, una disciplina especializada, además considerada por la mayor parte de la gente como una ciencia lamentable. Pero sí es totalmente irresponsable tener una opinión radical y vociferante en temas económicos mientras que se está en ese estado de ignorancia". Es muy peligroso pregonar determinadas recetas económicas desde una posición de ignorancia. También resulta un tanto hipócrita hacerlo desde una posición económica tan privilegiada y alejada de los dramas inflacionistas, de controles de cambios, de precios y de nacionalizaciones empresariales como la de Antonio Banderas. Por todo ello, Banderas debería hacer lo que mejor sabe hacer: interpretar y producir películas. Mientras siga sin haber leído al menos un buen par de libros de Economía, seguirá haciendo torpes y peligrosamente empobrecedoras recomendaciones económicas. Le animo a empezar por La Economía en una lección de Henry Hazlitt y Economía Básica de Thomas Sowell.

Chile y Honduras: un reflejo de la dualidad de América Latina

De sorpresa puede calificarse que Michelle Bachelet deba acudir a una segunda vuelta en Chile. A pesar de este contratiempo, su victoria no parece peligrar frente a Evelyn Matthei. Marco Ominami no ha generado tantos titulares como en 2009 pero ha defraudado.

Por tanto, tras cuatro años de gobierno de la derecha con Sebastián Piñera, la Concertación retornará al Palacio de la Moneda. La economía chilena sigue siendo de las más sólidas en América Latina, mientras que entre los defectos que presenta su sistema político destaca, como en muchas democracias occidentales, la alta abstención electoral.

Asimismo, el relevo no implicará que los patrones que han caracterizado a este país se alteren, pese a que la izquierda extraparlamentaria "tardó" en asumir la victoria de Piñera en 2009 y ejercieron una oposición más ruidosa que de sustancia, particularmente grupos de estudiantes, para los que la derecha no está legitimada para gobernar, fenómeno que también apreciamos en España.

Chile seguirá siendo un socio fiable en las relaciones internacionales, un país que respeta la seguridad jurídica, que no cuestiona el rol de Estados Unidos y que rechaza deliberadamente entrar en confrontaciones verbales con el bloque albista. Desde el punto de vista comercial, Bachelet mantendrá una de las características más sobresalientes de los años de Piñera como es mirar hacia el Pacífico, lo que a su vez generará que la penetración de China en América Latina persista.

Con menor revuelo mediático que hace 4 años, Honduras ha afrontado elecciones este fin de semana. Entonces, cuando triunfó Porfirio Lobo, el pequeño país centroamericano era poco menos que un paria en la comunidad internacional, recibiendo sanciones y ataques verbales, promocionados por Venezuela, tras la salida obligada del gobierno de Manuel Zelaya, toda vez que éste, siguiendo la estela de algunos de sus referentes ideológicos (Chávez, Ortega…) buscaba perpetuarse en el poder, recurriendo a la clásica treta de modificar la Constitución.

Lobo ha afrontado un contexto complicado, particularmente a nivel doméstico, donde atajar la falta de seguridad ciudadana ha sido su asignatura pendiente, a pesar de sus continuadas llamadas de socorro a Estados Unidos. No obstante, logró reconducir las relaciones internacionales en un contexto que, de partida, presentaba un número de interrogantes que no invitaban al optimismo.

Igualmente, durante estos cuatros años Honduras ha presenciado un fenómeno que iba en paralelo a la gestión de Lobo: la formación del partido Libertad y Refundación, cuya cara visible es Xiomara Castro, la mujer del ex Presidente Zelaya, que a su vez, ha dirigido toda la campaña electoral.

Conocidos los resultados, la reacción del matrimonio Zelaya-Castro ha sido la previsible: rechazo de los mismos, acusaciones de corrupción y proclamación de "su victoria". Nada nuevo, por ejemplo López Obrador en Méjico puso de moda este tipo de interpretaciones que a la postre, sólo ralentizan el traspaso de poderes y lo que es más importante, la puesta en marcha de las principales medidas para frenar los acuciantes problemas que asolan a Honduras. De hecho, Zelaya ha amenazado con salir a las calles y pronto aparecerán los clásicos voceros que propagarán el habitual mantra de que la CIA está detrás de la victoria de Juan Orlando Hernández. Cuando se carece de argumentos sólidos, se fomenta la algarabía gratuita.

De la misma manera, no menos relevante es otro análisis que puede deducirse de los resultados hondureños: nuevo golpe al socialismo del siglo XXI que sigue sin aumentar el número de gobiernos bajo su égida.

En definitiva, Chile y Honduras ilustran que América Latina es una región plagada de contrastes no sólo económicos y sociales, sino políticos. Quienes han optado por la democracia en vez de por la demagogia populista son observados como modelos incluso más allá del continente.

Galileo en Guatemala

Me voy a referir con este sonoro octosílabo a un Coloquio Liberty Fund celebrado una semana atrás en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ya les he escrito en más ocasiones sobre esos interesantes e intensos encuentros para dialogar sobre un tema, a partir de varias lecturas fijadas, que desde hace tiempo organiza con gran eficacia Lucy Martínez-Mont y su equipo de la Marroquín. En la presente edición el título elegido fue: Galileo Galilei y la libertad de pensamiento y de expresión. Para ello contábamos con varios textos relativos al proceso inquisitorial, cartas suyas y dirigidas a él, o fragmentos de algunas de sus obras, como el Sidereus Nuncius (El mensajero de las estrellas) y el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano. Saben también que los asistentes a estos coloquios recorren toda la geografía iberoamericana: en este caso había profesores y profesionales de Nicaragua, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, o España. Además de otro profesor de la Rey Juan Carlos y un joven Máster en Economía Austríaca que trabaja en el Ecuador, he compartido viaje desde nuestro Instituto con Luis A. Iglesias, aparte de contar con la presencia de Gabriel Calzada, flamante Rector de la UFM que actuaba de moderador del Coloquio.

El caso Galileo es un paradigma de los efectos perniciosos causados por una intransigencia religiosa en temas de libertad de expresión e investigación científica, pero también de una obsesiva crítica llena de prejuicios contra la Iglesia Católica (resulta sorprendente la cantidad de personas que todavía piensan que el astrónomo italiano fue condenado a la hoguera por decir que la tierra se mueve…). Veamos todo ello en una apretada síntesis.

Galileo fue un notable profesor de matemáticas, física o astronomía en las universidades de Padua y de Pisa. Investigador curioso y apañado, construyó uno de los primeros telescopios técnicamente eficaces (aunque se discute su originalidad en la invención), con el que descubrió cuatro lunas de Júpiter, sus fases, o las montañas y superficie real de la luna. Persona cercana a los duques de Florencia, se movió en un peligroso circuito de altas esferas políticas y religiosas, lo que veremos tendrá relación con su Proceso.

Con esos y otros descubrimientos publicó el Sidereus Nuncius en 1610, viajando a Roma al año siguiente en medio de una formidable expectación y buena acogida. Conferenciante exitoso en el Colegio Romano de los jesuitas, el Colegio Pontifical o la Academia de los Linces, allí trabó amistad con el Cardenal Barberini, futuro papa Urbano VIII. Las cosas comenzaron a complicarse en 1616 por una condena relativa del libro de Nicolás Copernico (De revolutionibus orbium coelestium, 1543), lo que también incluía una prohibición a que Galileo explicase esta doctrina. El problema estaba en aceptar científicamente un heliocentrismo, opuesto a la vieja opinión aristotélica sobre la inmovilidad de la Tierra, supuestamente confirmada en la Sagrada Escritura.

Pasan los años, cambian los protagonistas y, después de varias disputas literarias, Galileo publica en 1632 su Diálogo en el que defiende la órbita terrestre alrededor del sol, confirmando que nuestro planeta no es el centro del universo. Con la ironía de ser enviado al Santo Oficio por el mismo Urbano VIII, tal vez molesto por sentirse aludido en el libro de Galileo, o bien presionado por otras razones políticas o teológicas. El caso es que el sabio florentino se vio obligado a presentar la famosa abjuración de 1633, por la que abandonaba "la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve y que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve". Siendo un personaje famoso, y mayor, estuvo viviendo durante el Juicio en la embajada de los Medici en Roma, después se retiró al palacio del Arzobispo de Siena y finalmente a su casa en Arcetri (cerca de Florencia), donde moriría unos diez años después.

Durante el referido Coloquio sobre el Proceso de Galileo pudimos conversar y discutir muy animadamente en torno a la Iglesia y el avance de las ciencias; el propio desarrollo jurídico del caso; o su trasfondo teológico a partir de una llamativa cita de alguno de los muchos libros que existen sobre el tema: "Galileo acertó en lo religioso (al cuestionar una interpretación literal de la Escritura), mientras que el tribunal romano tuvo razón en la falta de una demostración empírica válida (para aquel momento) sobre el movimiento de la Tierra. Dos siglos y medio después, a partir del Vaticano II, hemos visto cómo entiende la Iglesia la interpretación de la Biblia (no como un libro de geografía, física o historia, sabiendo interpretar su mensaje religioso). Aunque esto ya lo dijo algún cardenal en tiempos de Galileo: "el Espíritu Santo nos enseña cómo se va al cielo, pero no cómo va el cielo".

En cualquier caso, con Galileo, Kepler o Newton se produjo una importantísima revolución científica que cambiaría los paradigmas de la física (al menos, hasta el modelo actual). Y me preguntaba si no es posible esperar algo parecido en la cada vez más obsoleta y matematizada ciencia económica: ¿no podemos aspirar a un debate serio, riguroso y abierto en torno a los alcances o límites de las propuestas Austríaca y Neoclásica? Parece que discutir el equilibrio general y la teoría de la información perfecta; o defender la desregulación y potenciar la libertad en la elección humana es una terrible herejía… A veces pienso que hoy día encontramos alrededor muchas inquisiciones muy parecidas a las de Galileo: eppur si muove!

Una solución de libre mercado al Insider-Trading

El "Insider-Trading" se puede producir en empresas cotizadas en mercados bursátiles. Consiste en que alguien de dentro de la empresa (el Insider), valiéndose de determinada información no pública, que él posee por estar involucrado en las decisiones de la empresa, la utiliza para comprar o vender acciones en el mercado en condiciones mejores a las que obtendría una vez hecha pública dicha información.

Por ejemplo: el señor Povedilla, alto directivo de la empresa Obras Unidas S.A., sabe que ésta va a ganar un contrato de alto importe, que posiblemente haga subir el precio de la acción. Utilizando estos conocimientos antes de que se hagan públicos, puede comprar acciones de Obras Unidas S.A. y beneficiarse de la posible subida del precio una vez se produzca el anuncio.

La cuestión que se plantea es si se debe o no permitir al señor Povedilla, directa o indirectamente, tal adquisición. Mucha gente interpreta que el señor Povedilla está, de alguna forma, engañando a quien le vende la acción, pues conoce información que el vendedor no puede saber. Y que, en consecuencia, el Insider-Trading debería someterse a cautelas o incluso prohibirse.

Sin embargo, la respuesta no es tan fácil como pudiera parecer a primera vista. En primer lugar, hay que darse cuenta de que el Insider corre riesgos en la transacción: aunque los detractores del Insider-trading piensen que ganará seguro gracias a la información privada de que dispone, lo cierto es que el Insider ha de anticiparse al mercado para tratar de beneficiarse. Y siempre hay incertidumbre en la forma en que el mercado va a reaccionar ante una noticia, o simplemente puede ocurrir algún otro suceso que haga que el precio de la acción no se comporte como esperaba el Insider. Así pues, el éxito de la transacción del Insider no está garantizado, ni mucho menos, sino sujeto a los mismos riesgos que la transacción de un tercero.

Lo que nos lleva al segundo punto. La operación de compra o venta que hace el Insider es una transacción que la contraparte realiza voluntariamente. Dicho de otra forma, el individuo que vende/compra los títulos que adquiere/vende el Insider, piensa que se está beneficiando de la transacción, pues en otro caso no la llevaría a cabo. Ello supone que cree tener información que el Insider no tiene; llevado al límite, alguien podría decir que está tratando de "engañar" al Insider. Ocurre que todas las personas disponemos de información privada, nuestra experiencia, que nos hace valorar los datos de formas completamente distintas. Lo que para alguien puede ser positivo, para otro puede ser negativo. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que todos los agentes que transan en el mercado bursátil están beneficiándose de su información privada.

Por último, desde un punto de vista más teórico, los Insiders aportan información al mercado mediante sus transacciones, información que, gracias a ellos, llega antes al mismo, posibilitando así que el precio de los títulos se aproxime más a su valor real. Esta argumentación es coincidente con el análisis que hace Rothbard[1] del papel social de los especuladores.

Pese a esta defensa del Insider-Trading, lo cierto es que hay algo que causa incomodidad en esta figura. Parece claro que el inversor normal siempre estará en desventaja respecto al inversor Insider, no solo por la información de que éste pueda disponer, sino también por las actuaciones que puede realizar con impacto en el precio de la acción; por tanto, parece razonable que se trate de equilibrar la situación.

Personalmente, como inversor, creo que me comportaría diferentemente si me planteara vender acciones a un tercero o a un Insider. Esto es, el mero hecho de que el Insider quiera comprar o vender arroja información sobre el valor de la acción, que queda oscurecida en el anonimato de las transacciones que impone la Bolsa, lo que beneficia indudablemente al Insider.

¿Ha de resolverse esto mediante regulación impuesta por los poderes públicos? Esta es la cuestión: que el Insider-Trading plantea problemas para la gente que quiere operar en Bolsa es indudable; que la solución sea que el Estado obligue a las empresas cotizadas a determinados comportamientos para prevenirlo o informarlo, es más discutible. Sobre todo, porque no hay una solución objetiva y científica para el problema.

Aceptado que no se debe de prohibir (entre otras, por las razones más arriba apuntadas), la discusión se centra en la información que ha de ser proporcionada por los Insiders (o las empresas) y los plazos en que tal información se ha de proporcionar. Por ejemplo, en Japón el Insider tiene que notificar la transacción el mismo día que la hace; en Suiza, la transacción se hace por un canal específico, de modo que se sabe en tiempo real.

En mi opinión, estas condiciones son un atributo más del mercado bursátil en cuestión y, por tanto, su definición debe quedar al arbitrio del propietario-operador del mercado bursátil que se trate. A su vez, ello implica que quedaría determinado por lo que decidiera el mercado de "mercados bursátiles" en sus transacciones.

Si existe competencia en "mercados bursátiles", esto es, si las empresas pueden decidir en qué mercado bursátil se van a comerciar sus acciones[2], es claro que preferirán ceteris paribus aquellos mercados en que más inversores (ie, más demandantes potenciales) participen. A su vez, el número de inversores participantes dependerá de las condiciones en que puedan acceder a la información que les permite tomar sus decisiones de inversión y de otros factores. Son estos inversores los que pueden optar por comprar en uno u otro mercado bursátil según condiciones como los precios de las transacciones, o, por qué no, las condiciones que se impongan a las transacciones de los Insiders o de las compañías sobre sus propias acciones.

En definitiva, una empresa que opta por un determinado mercado bursátil para cotizar sus acciones ha de cumplir las condiciones que dicho mercado le imponga, en cuanto a información a publicar o datos sobre Insider-trading. Los inversores, a la vista de estas condiciones, deciden a qué mercado bursátil acudir. Si las condiciones para el Insider-trading no les parecen adecuadas, acudirán a otro mercado. Idénticamente, si la empresa cotizada quiere hacer operaciones de Insider sin cumplir los requisitos del mercado bursátil, habrá de buscar otro mercado en que cotizar.

De esta forma, serán las preferencias individuales de unos y otros las que vayan conformando las condiciones exigibles al Insider para sus operaciones, sin necesidad de imposiciones gubernamentales de ninguna clase. Adicionalmente, esta solución elimina la consideración de delito del Insider-Trading, consideración que sí me parece infundada, pues nunca atenta el Insider contra otro individuo, ya que todas sus transacciones se realizan voluntariamente por las partes involucradas.

En resumen: ¿quiere un Gobierno proteger al inversor de los Insiders? Permita que haya competencia en mercados bursátiles, esto es, elimine las barreras legales si las hay. El resto se os dará por añadidura.

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Las reflexiones realizadas se generaron en una de las Sesiones del X HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS, organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Harvard Law School, por lo que es de justicia expresar agradecimientos a sus organizadores, asistentes y especialmente al profesor Jesse Fried, quien dirigió la citada sesión.



[1] Véase el apartado 2.7 de Man, Economy, and State

[2] Obsérvese que los mercados bursátiles no son más que empresas, que incluso pueden cotizar en Bolsa como cualquier otra empresa. En España, por ejemplo, es BME la empresa que opera los mercados bursátiles.

Los banqueros deben leer a Fekete

Dentro del mundo de la banca de inversión hay, como en cualquier otra industria, distintas divisiones con funciones muy específicas asignadas. Lejos del mundanal ruido de las mesas de ventas (estas que siempre aparecen en todas las películas), ajenos de aquellos banqueros que trabajan ayudando a levantar capital a las empresas (tanto a través de emisiones de deuda como a través de emisiones de acciones) y desde luego muy lejos de otros roles como aquellos que conceden préstamos a grandes corporaciones, se encuentran las divisiones que llevan a cabo la asesoría y ejecución de las transacciones financieras.

Estas divisiones (normalmente denominadas como Investment Banking Division o Mergers & Acquisitions Department entre otros) desarrollan una función vital dentro del mundo global y dinámico que vivimos. No es el propósito de este artículo explicar qué es lo que exactamente se hace en este departamento, pero podría resumirse como en que las personas que trabajan allí –entre otras muchas funciones– se dedican a dar la razón a Lachmann. Bien es sabido que Lachmann, en su Capital and its structure, logró demostrar la eficiencia marginal creciente de los bienes de capital. Uno de los pilares de su teoría era lo que él denominaba la complementariedad de los bienes de capital. Esto es, cuando un bien de capital podía ser utilizado de una manera más óptima en otra industria o en otro proceso de fabricación. O cuando un bien de capital podía ser mucho más productivo rodeado de los bienes de capital indicados. Pues no es otra la función que estos banqueros desempeñan cuando estudian las posibles sinergias que se generan al fusionar dos compañías. Trabajan dando la razón a Lachmann.

Ahora bien, para desarrollar este trabajo han de valorar continuamente las empresas que están en funcionamiento. Entender qué valor en concreto se va a generar con cada transacción, dónde puede flojear, qué puede ir mal. En fin, analizar cada detalle para que, al final, el precio de la transacción sea el más razonable en función de cómo se espera que vaya esta transacción. La metodología empleada a tal efecto ha sido comentada aquí en muchas ocasiones y sigue las líneas generales (al margen de otros detalles) del value investing, que tanto comparte con la escuela austríaca. Y como bien sabrán los que hayan estudiado esta metodología – así como aquellos que hayan leído a Menger y entendido el concepto de valor subjetivo – el valor de las empresas dependerá de lo que sean capaces de generar a futuro.

Pues bien, huyendo a propósito de tecnicismos contables o financieros que no vienen al caso, este valor futuro sencillamente dependerá de los gastos y de los ingresos que estimemos. ¿Cómo estimamos los gastos y los ingresos a futuro? Pues aquí es donde surge con fuerza la Biblia de la banca de inversión, el libro de mesa que todos los banqueros tienen y consultan con gran frecuencia: Damodaran on Valuation. Desde aquí querríamos sugerir otro tomo más que debe constituir, sin lugar a dudas, libro de mesa para todos los banqueros. Bueno, más bien que un tomo, una bibliografía entera: la de Antal E. Fekete.

En efecto, si uno va avanzando por el libro del profesor hindú de la New York University se va a ir percatando de la importancia fundamental que tiene, para la correcta valoración de empresas, conocer el ciclo económico, conocer los conceptos de liquidez e iliquidez y comprender el papel de la evolución de los precios y cómo ello va a impactar en la empresa en concreto que estamos valorando. Y si bien es cierto que el libro de Aswath Damodaran va explicando distintos escenarios y analizando cómo uno u otro varía la valoración de la compañía, la parte de teoría económica le falta (como no podría ser de otra manera al ser la especialidad del hindú las Finanzas Corporativas). Esa pata que le falta a la gran obra de Damodaran sólo puede ser complementada por los conocimientos que emanan de la Nueva Escuela Austríaca y, muy en concreto, de Antal Fekete.

Pongamos un ejemplo que, sin lugar a dudas, viene como anillo al dedo para entender la radical importancia de esto. Imaginemos que tenemos que estimar qué flujos de caja va a generar un banco durante los próximos años. Las herramientas las tenemos todas, conocemos la técnica, la metodología y tenemos toda la información que necesitamos. Sin embargo, ¿es probable que este banco sufra una repentina corrida bancaria?, ¿qué activos tiene que cubran este evento?, ¿qué ocurre si caen los precios de los colaterales de los activos del banco en un 5%? Preguntas que, sin lugar a dudas, nos surgirán mientras vayamos avanzando en nuestra valoración. Y no son preguntas ligeras. Como sabe bien la Nueva Escuela Austríaca, una ligera variación en los activos del banco puede llevarlo a la bancarrota inmediata, por lo que en el análisis de la entidad financiera hay que ser muy cuidadosos, valorando uno a uno todos los activos con los que cuenta el banco y sabiendo, después, incorporar la imagen global de la entidad a nuestro análisis.

¿Por qué, entonces, es relevante la aportación de Fekete y no nos podemos conformar con otras aportaciones? Pues al margen del correcto y preciso entendimiento del ciclo económico y de las fluctuaciones de los precios en función del mismo, es su concepto de liquidez (y de iliquidez) el vital para poder llevar a cabo este análisis. Al final, la degradación de la liquidez de un banco es fácil verla si cuentas con las lecturas necesarias. Cuando un banquero es consciente de que si un banco tiene un 25% de su activo invertido en deuda pública española ello vuelve el banco mucho más frágil frente a fluctuaciones de un único activo (recuerdo ahora que muchos bancos españoles poseen, a día de hoy, porcentajes tan preocupantes como este de deuda patria en sus carteras). La posición de liquidez del banco se va degradando porque va invirtiendo más y más en activos que "presuntamente" tienen poco riesgo pero que les atrapan durante varios años una sensible cantidad de capital y que si tuvieran que liquidar todos de pronto, la depreciación fruto de la liquidación masiva no daría ni de lejos para cubrir sus asfixiantes pasivos.

Estos escenarios, que cualquier banquero los conoce y puede imaginar, deben ser completados con conceptos de liquidez e iliquidez para desarrollar bien su trabajo. De ahí la recomendación que encabeza este artículo.

Derecho penal y política

La reciente excarcelación (seguida de otras no menos chocantes) de la etarra Ines del Río por parte de la Audiencia Nacional ejecutando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 ha levantado un justificado escándalo. Sin embargo, lejos de congratularse, las críticas deberían centrarse en los despropósitos de la política legislativa de los últimos cuarenta años que han conducido a esta situación.

Es en este sentido donde debe profundizarse para no quedar atrapado con argumentos que parecen convenientes para explicar lo que sucede, pero que no responden a la realidad. La coincidencia en el tiempo de esta resolución con los tenebrosos apaños entre la ETA y los gobiernos españoles no pueden ocultar el fondo de las cuestiones abordadas en esa resolución del máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino de España en 1979. Ni siquiera el hecho de que uno de los 17 magistrados de la Gran Sala que ha dictado la sentencia, el español Luis López Guerra, no tuviera la dignidad de abstenerse explica el sentido del fallo. Por el contrario, quien lea los antecedentes y los fundamentos de la sentencia descubrirá la larga historia de incompetencia y de engaños de los gobernantes españoles en relación con el terrorismo y la delincuencia más sanguinaria.

En resumen, la cuestión se reduce a constatar que, pese a la admonición de Felipe González Márquez de que los "terroristas se pudrirían en la cárcel en el siglo XXI", no se derogó "la redención de las penas por el trabajo" (reconocida en el Código Penal de 1973, con antecedentes en el decreto dictado por el general Francisco Franco el 28 de mayo de 1937) cuando los crímenes se cometían durante los años ochenta. Según los artículos 100 y 70.2 de ese texto legal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los reclusos acumulaban sus penas en una condena que no podía superar el triple del tiempo de la más grave, con un máximo de treinta años, sobre la cual se abonaba un día por cada dos de trabajo -entendido de forma muy amplia ya desde los reglamentos de prisiones franquistas- a los efectos del cumplimiento. La aplicación semiautomática de la libertad condicional, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, confirmaba la creencia popular de que asesinar salía muy barato en España.

Bien es verdad que, salvo algunas iniciativas de dirigentes del PP de aquel tiempo proponiendo la cadena perpetua y la eliminación de los beneficios penitenciarios para "crímenes indiscriminados dirigidos a causar gran número de víctimas", parecía existir un consenso académico sobre la materia. Cuando estudiaba en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerdo las disquisiciones sobre la función retributiva, de prevención general y especial de las penas y pocas críticas a la lenidad del sistema.

Y es que, en definitiva, desde la perspectiva de prevención general, resultaba bastante evidente que la legislación española incentivaba, traspasada la inhibición de matar, la comisión de sucesivos crímenes, habida cuenta de que con el primer delito se agotaba toda la condena efectiva a partir de la cual aplicar la redención de las penas por el trabajo y los demás beneficios penitenciarios. En el caso del delito racionalizado con intencionalidad política, verbigracia los cometidos por los terroristas de la ETA, ese cálculo frío de los riesgos que asumían tuvo que estar presente en sus planes. De hecho, durante esos años ochenta se produjeron sus atentados más mortíferos en el Hipercor de Barcelona, la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza o el convoy de miembros de la Benemérita en la Plaza de la República Dominicana de Madrid.

Una vez que se excluyeron por inconstitucionales algunas de las limitaciones establecidas en las normas franquistas, como la que excluía la aplicación a un reo concreto si el tribunal sentenciador apreciaba su "peligrosidad social", este mecanismo, dudosamente constitucional si se interpreta como un tipo de trabajo forzado, jamás fue impugnado por recluso alguno, pues ofrecía extraordinarias oportunidades para salir de prisión mucho antes de lo que se leía en las sentencias de condena.

El Código Penal de 1995 eliminó la redención de las penas por el trabajo. Lo que cabe preguntarse es por qué se tardó tanto tiempo en hacerlo. No obstante, mantuvo los límites al cumplimiento en torno a los treinta años y sus disposiciones transitorias establecieron que los reclusos podrían elegir entre los régimenes de penas de ambos textos, dada la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Y esto es lo que ha destapado el Tribunal de Estrasburgo, por más que unos políticos enfangados en otros tratos intenten ocultar su responsabilidad en lo ocurrido. Entiende que la aplicación a la recurrente de "la doctrina Parot" de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006, que interpretó que la redención de penas por el trabajo se calcularía sin una previa acumulación, vulneró los derechos recogidos en los artículos 5 (derecho a no ser privado de la libertad si no se dispone en virtud de un sentencia judicial dictada en un proceso legal) y 7 de la Convención (prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de la infracción). En sus pronunciamientos no solo declara unánimemente que a partir del 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no fue "legal", sino que, el Estado demandado debe garantizar que la demandante sea puesta en libertad en el más breve plazo y una indemnización por daño moral de 30.000 euros, además de 1.500 euros por las costas del procedimiento.

En el fundamento 115, la sentencia, desechando la tesis del Gobierno de que la interpretación del Tribunal Supremo era previsible, ya que resultaba más conforme con la letra de las disposiciones del Código Penal de 1973, señala que podría haberse llegado a otra conclusión si hubiera sido el fruto de una evolución jurisprudencial (o tal vez del proceso de aprobación de una ley en ese sentido, añado yo) como suele ocurrir en los sistemas basados en el Common Law. Tampoco esto se hizo con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, promovida por el último gobierno de José María Aznar López.