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Por el matrimonio de libre mercado

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 26 de junio pasará a la historia. A la historia de la lucha de la comunidad homosexual por sus derechos y libertades individuales que prendió mecha un día de 1969 en el neoyorkino enclave de Stonewall, y entre tales derechos el reconocimiento del vínculo afectivo del que se derivan derechos y obligaciones contractuales y que viene a denominarse matrimonio. Y es que el 26 de junio de 2013 el Tribunal Supremo de EEUU falló inconstitucional la DOMA, ley que promulgó en 1996 el progresista Bill Clinton por la cual el gobierno federal sacaba de la legalidad como matrimonio cualquier unión que no fuera entre dos personas de opuesto sexo. Permítaseme una breve descripción del estado de la cuestión previa a un enfoque libertario de la misma.

Dicha resolución judicial fue la respuesta de la Corte Suprema al caso “Estados Unidos contra Windsor”, por el que Edith Windsor reclamaba su igualdad ante la ley frente a un matrimonio heterosexual a la hora de heredar de su esposa fallecida Thea Spyer. Ambas, Edith y Thea, residían en Nueva York y se casaron en 2007 en Toronto, Canadá. Tras más de 40 años de relación, Thea falleció y Edith tuvo que padecer los agravios fiscales de que aquel matrimonio no fuera reconocido como tal. El histórico fallo del Supremo estadounidense deja, en cualquier caso, la aprobación o no del matrimonio homosexual a cada estado del país y parece reafirmar que el propósito de la DOMA de sacar de la legalidad una forma de matrimonio excede las competencias del Gobierno federal (concepto que, aunque no recogido en la sentencia, se deriva inequívocamente de la 10ª enmienda de la Constitución de EEUU).

A día de hoy el matrimonio homosexual es válido y legal en trece países del mundo, a saber: Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Canadá, España, Argentina, Francia, Islandia, Noruega, Brasil, Portugal y Sudáfrica. En Reino Unido parece inminente su aprobación y también es válido en algunas jurisdicciones o territorios de México y EEUU.

Siendo indiscutible que el matrimonio, dada su entidad civil, es una institución que va más allá de los márgenes de lo religioso y sagrado, conviene no obstante tener en cuenta –y de paso cuestionar ciertos argumentos religiosos que, como digo, son inanes de partida- que el matrimonio homosexual religioso está dispuesto y es sancionado como válido en iglesias cristianas como la Episcopaliana de EEUU, la Iglesia luterana de Suecia, la iglesia de los cuáqueros en EEUU o la Iglesia Unida de Cristo en EEUU y Canadá, siendo en este último país la segunda mayor comunidad cristiana tras la católica. El apoyo popular al matrimonio homosexual crece como tendencia global de manera pareja al nivel educativo y de forma por el momento más bien inversa a la edad cronológica (dicho llanamente, es mayor dicho apoyo entre personas con estudios superiores que básicos y entre personas jóvenes que de edad avanzada). En 2011, la mayoría de estadounidenses se posicionó por primera vez favorable al matrimonio homosexual en los sondeos de opinión.

Las personas opuestas al matrimonio homosexual dicen con ello defender el matrimonio “tradicional”. Para lo cual habrá que ignorar parte de la historia de la humanidad. El emperador romano Nerón contrajo matrimonio en más de una ocasión con otro hombre, se cree que también hizo lo propio el emperador Heliogábalo, y aunque fue irregular y poco clara la popularidad del matrimonio homosexual en la era romana, como tal llegó a darse y sólo se prohibió explícitamente tras la extensión del Cristianismo. Rituales de matrimonio homosexual se dieron asimismo en la antigua Mesopotamia, en la provincia china de Fujian bajo la dinastía Ming, en el Antiguo Egipto y existe evidencia de un matrimonio homosexual en el siglo XI en Galicia. De todos modos, es peligroso hacer de la tradición la guía única y central de la justicia. Tradicionalmente, los negros han sido esclavos en gran parte del mundo, las mujeres también de sus esposos, y los ateos quemados en hogueras.

Los oponentes al matrimonio homosexual no sólo suelen presentarse como guardianes de la historia, sino que muestran un repentino celo académico por la preservación del brillo y esplendor de la lengua. El argumento etimológico de que “matrimonio” significa en su origen latino “una sola madre” o bien “cuidado de una madre” podría valer para cuestionar –etimológicamente claro- el matrimonio homosexual, pero el masculino no el femenino. Pero, siguiendo con tal purismo lingüístico, “mater”también significa en latín “materia”, aludiendo así a la materia original de la que procederíamos y no diciendo nada sobre el sexo o género.

Si el argumento es la procreación, ¿qué hay de las parejas heterosexuales estériles? Si el argumento es la figura paterna y materna, ¿qué hay de la prole criada por un padre o madre prematuramente enviudado? Si la cuestión es que un niño tiene “derecho” a un padre y una madre para una buena crianza, podemos abrir la veda a cualesquiera cosas imaginables para una “buena crianza” que, claro está, deberán ser provistas por un Estado benefactor, redistribuidor y aun totalitario. Los siguientes pasos en este sentido bien podrían venir a prohibir la procreación o tutela por parte de parejas de fumadores, de alcohólicos, de personas incultas… (no deseo dar demasiadas ideas a los ingenieros sociales). En tal caso qué mejor padre y madre que el Gobierno, dentro de un mundo feliz como plasmó Aldous Huxley en su distopía de humanos convertidos en autómatas.

Además de todo esto, es harto curioso que los autoproclamados defensores del matrimonio “tradicional” defiendan en la actualidad las uniones múltiples: la de un hombre, una mujer y el Gobierno. Pues hoy nos casamos, más que nunca, con el Estado. En el siglo XX, el Estado no sólo nos robó nuestra sanidad, educación o pensiones. También nos ha arrebatado como sociedad civil el matrimonio. Y es que el matrimonio si tradicionalmente es algo es un contrato eminentemente privado. En las civilizaciones griega y romana, el matrimonio era básicamente una unión contractual cuya validez se asentaba más en el reconocimiento general de la comunidad que en la sanción de un Estado o Gobierno. Era parte del derecho consuetudinario basado en usos y costumbres en lugar de imposiciones legales de un gobernante, Estado o Parlamento. Fue en el Concilio eclesiástico de 1215 y más tarde en el de Trento en 1545 cuando se dieron los primeros pasos para que una Iglesia investida de poderes de tipo gubernamental quisiera abrogar de la esfera estrictamente privada el matrimonio. En Inglaterra, el matrimonio privado basado en aquella Ley Común fue abolido por el Gobierno inglés en 1753.

Podríamos ofrecer una resumida definición de matrimonio como aquella institución entre al menos dos personas, cimentada por un compromiso vital-afectivo, un conjunto de acuerdos contractuales proyectados hacia el futuro, y la asunción del cargo de la crianza de la prole en el caso de darse. No sólo eso, sino que probablemente sea la institución en la que invertimos más capital (nosotros mismos, nuestras vidas) y a más largo plazo (presumiblemente hasta el fin de nuestros días). Habiendo compromiso y contrato, la ruptura del matrimonio típicamente requería la demostración de claro incumplimiento por al menos una de las personas involucradas. Todo esto finalizó cuando el Gobierno monopolizó el matrimonio para articularlo a su antojo con, entre otras aportaciones, la universalización del divorcio sin culpa o causa. Dado el coste del divorcio, especialmente el coste soportado cuando hay niños de por medio, tradicionalmente el vínculo del matrimonio podía disolverse, pero no tan fácil y rápidamente. Hoy, con el Gobierno definiendo el matrimonio y su disolución y asumiendo cual costes públicos los derivados del divorcio (educadores sociales públicos, la custodia gubernamental…, esto es reduciendo notablemente el coste real soportado por las partes del contrato matrimonial) se ha dinamitado el espontáneo avance del matrimonio como institución social que determina sus precios, costes y valor a partir de la estricta interacción de los seres humanos subjetivos. Hemos nacionalizado el matrimonio, que ha dejado de ser institución social –y de libre mercado y evolución–, para serlo estatal. A nadie debería extrañar, pues, la rampante epidemia de divorcios. Cual destructor de todo lo que toca, el Gobierno ha sido artífice del matrimonio basura. Mientras el orden social voluntario o de mercado disciplina, el Gobierno corrompe, destruye y vicia. El matrimonio, igual que la moneda, es vivo ejemplo de cómo los Gobiernos pueden devaluar un bien preciado que, en su origen, es estricta y puramente privado. Por tanto, más que hablar de privatizar el matrimonio deberíamos hablar de reprivatizarlo.

En las posiciones oficiales de sus estatutos, el Partido Libertario de EEUU –el tercero del país- condensaría mi punto de vista:

“La orientación sexual, la preferencia, el género o la identidad de género no deberían tener impacto en el tratamiento de los individuos por el Gobierno, como en el actual matrimonio, en la custodia infantil, la adopción, la inmigración y las leyes de servicio militar. El Gobierno no tiene derecho a definir, permitir o restringir relaciones personales. Los adultos que consienten deberían ser libres de elegir sus propias prácticas sexuales y sus relaciones personales”.

Los libertarios no debemos cejar en pretender levantar muros lo más infranqueables posibles alrededor de nuestras comunidades y sociedades para mantenernos libres de la conquista y fagocitación del Gobierno. También en lo que respecta al matrimonio y nuestras relaciones interpersonales. Porque el verdadero avance no está en sustituir un Gobierno ‘discriminador’ por un Gobierno ‘inclusivo’, sino en pasar de aquél a un Gobierno neutral. Pues no se trata de igualdad para casarse, sino de libertad para casarse. Y donde hay Gobierno no puede haber libertad.

@AdolfoDLozano/ david_europa@hotmail.com

La decadencia universitaria

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

En la impresionante fachada plateresca de la Universidad de Salamanca resalta el medallón dedicado a los Reyes Católicos en el que se puede leer en griego "Los Reyes a la Universidad y ésta a los Reyes". No se trata de un símbolo de pleitesía hacia los monarcas sino de todo lo contrario, un pequeño homenaje de buena voluntad por parte de la Universidad para contentar a sus católicas majestades. En aquel tiempo Universidad y Monarquía tenían distintas legitimidades, se enfrentaban y cada una intentaba influir sobre la otra. Los reyes tuvieron que consultar a la Universidad sobre el modo en el que debía proceder la conquista del Nuevo Mundo y no dudaron en perseguir a aquellos pensadores que criticaban las políticas regias. Una Universidad que fue real y pontificia, de referencia universal pero que descabalgó de la listas de las mejores y de cuya antigua gloria tan solo quedan las magníficas fachadas.

A día de hoy las universidades españoles son cascarones vacíos dependientes del poder político que todo lo inunda gracias a los tentáculos estatales. La funcionarización de sus trabajadores los ha convertido en defensores de sus privilegios y del propio sistema, eliminando todo sentido crítico. La izquierda que pide más Estado y los nacionalistas, allí donde controlan los resortes de poder, se han infiltrado convirtiendo las aulas en altavoces partidistas en lugar de centros de saber. Paul Johnson escribía ya en 1991 "de todas las calamidades que ha sufrido el siglo veinte, aparte de las dos guerras mundiales, la expansión de la educación superior, en los años 50 y 60, fue la más duradera". Añadía que las universidades son ahora "invernáculos donde florece el extremismo, la irracionalidad, la intolerancia y el prejuicio, donde el esnobismo social e intelectual se cultiva casi deliberadamente y donde los profesores procuran contagiar a sus estudiantes su propio pecado de orgullo".

Las Facultades en las que se imparten ingenierías son algo más serias pero también han caído en esa defensa vacía de los privilegios. Por ejemplo, al reordenar el mapa de estudios para adaptarlo al sistema de grados, cada facultad y departamento ha primado su supervivencia manteniendo las antiguas titulaciones en lugar de permitir una especialización razonable posterior. Es lógico que quieran defender sus puestos de trabajo para que muchos de los edificios construidos en cada provincia no queden vacíos. La organización universitaria no debería depender de ellos.

La última polémica ha sobrevenido porque el gobierno proponía aumentar la nota mínima para la concesión de becas. Quienes se oponen dicen cosas como que "cualquier tiene derecho a pasar por la Universidad", como si se tratara de un viaje iniciático por el que todo el mundo tiene derecho a pasar aunque al final no consiga terminar los estudios, como muchos ministros del Reino de España. Olvidan que el Estado financia el 80 % de las carreras a todos los universitarios, las becas entonces sirven para financiarles también ese 20 % que falta.

El problema de la baja calidad universitaria no es una cuestión de porcentajes sino de dependencia, dependencia del Estado. El sistema está diseñado desde, por y para el Estado, de espaldas al mercado. Las universidades deberían ser centros totalmente independientes y privados, con una legitimidad diferente a la estatal para que puedan contribuir libremente al saber y formar con verdadero espíritu crítico a los futuros universitarios. No para que "pasen" por la Universidad, sino para que aporten algo a la sociedad. Y este modelo no es incompatible con un sistema de becas, públicas -para los socialdemócratas- o privadas, que financie hasta el 100 % de aquellos que universitarios que no pasen por la Universidad, sino que se impregnen de ella.

La caridad como abuso moral: la zancadilla solidaria

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Hablar de pobreza es tocar un tema que pellizca los corazones de la mayoría de las personas. La empatía de la que hablaba Adam Smith nos lleva a alinear nuestros sentimientos con los necesitados, los débiles y los afectados por la injusticia. El sentimiento de ayuda al necesitado es el resultado no esperado de la evolución de las relaciones humanas. Nuestra naturaleza, para los psicólogos evolucionistas, está preparada para el intercambio recíproco de manera que te doy sabiendo que antes o después me devuelves, y ese "o después" ha marcado la evolución de nuestra sociedad, ha permitido la aparición del dinero, del sistema financiero y nos ha enseñado a vivir con la mente puesta en el largo plazo. Un enorme avance que explica que yo no necesite conocer a las personas concretas que han fabricado mi café para comprarlo y beberlo sin desconfiar. La capacidad de dar incondicionalmente es un maravilloso subproducto de este entramado de intercambios, alianzas, aprendizaje que ha llevado al ser humano hasta donde estamos. Dar sin esperar nada a cambio muestra, en mi opinión, la medida del corazón de una persona.

Pero nuestra sociedad ha teñido de confusión los valores que todo el mundo entiende, convirtiendo cada acto humano en la consecuencia de una orden ministerial o un decreto ley. De esta forma tan enrevesada, la caridad, palabra que se ha convertido en anatema porque muchos la consideran peyorativa por razones que se me escapan, es patrimonio del Estado, no de los individuos. La solidaridad, antaño una virtud, no existiría si no se viera reforzada por la actuación coactiva del estado, dicen. Incluso si eso implica que desde el momento en que es forzada, la virtud deja de serlo para convertirse en obediencia.

Estamos en una mala época. Es ahora cuando más ayuda se necesita. Pero también es cuando hace falta formularse las preguntas más incómodas porque tenemos menos para todos. Por ejemplo: ¿hay que ayudar siempre a todos incondicionalmente? Mi impulso es responder que sí. Hasta que lees que hay gente sin recursos que estafa a gente sin recursos. Hasta que te das cuenta de que algunos encargados de repartir entre los menos favorecidos están trincando de mala manera. Entonces te planteas si a lo mejor dar todo a todos no es sino un unicornio más: ese animal mitológico, puro, inalcanzable que, simplemente, no existe.

Antes de que apareciera el Estado había ayuda: desde que existe el hombre. El ser humano es previo al Estado. También había Sol y Luna antes del Estado. ¿Es esta institución el mejor redistribuidor de los frutos de la virtud individual de la solidaridad? Pues no. El Estado, históricamente es una máquina expendedora de privilegios. Los Estados más comunistas y pretendidamente igualitarios han resultado ser, precisamente, los que han asegurado la pobreza de la mayoría y los atropellos más descarados. El que tenga algo que decir que hable un rato con Kim Jong Un y después me cuente.

Pero hay otra pregunta más incómoda aún. ¿Es un deber moral la caridad? Para Ayn Rand no lo era. Su explicación era clara: No hay nada malo en ayudar a otros, siempre que merezcan esa ayuda y te lo puedas permitir. Por más que su tajante afirmación suene tan cruel (es el momento de recordar que ella pasó hambre gracias al régimen soviético), bien vale una reflexión desnuda de prejuicios.

El primer escollo es el de considerar que hay personas que no merecen ser ayudadas. Un joven padre de familia pide ayuda para alimentar a sus hijos y se lo gasta en el bingo. Una señora anciana pide ayuda para curarse un mal y se lo gasta en vino. ¿Hay que ayudar a esas personas? Y añadamos un factor importante: no hay para todos. ¿A quién ayudamos? ¿A quien emplea la ayuda adecuada y responsablemente o a todos?

¿Por qué no es un deber moral para Ayn Rand? Porque es una actitud que uno puede tener o no, pero cuya práctica no te hace mejor persona. Lo que para Rand te hace peor persona, lo que sí es inmoral es vivir a costa de los demás y permitir que esa sea la norma en la sociedad. Por eso, para ella, incentivar que las personas se acostumbren a que otros trabajen para que tú salgas adelante es perverso, mina la moral del individuo (de todos, del rico y del pobre) y da lugar a sociedades guiadas por la molicie moral y la desidia. La virtud, lo moral, para Ayn Rand es vivir con tus propios medios, asegurar que no eres una carga para los demás, y enseñar a tus hijos a hacer lo propio, a no ser parásitos de la sociedad. Personalmente, yo sí creo que la generosidad y la caridad (bien entendida) son valores a transmitir, pero siempre unidos a la virtud randiana.

Y llegamos al meollo del asunto. ¿Son los impuestos la mejor forma de canalizar la solidaridad? No lo sabemos, no existe la posibilidad de elegir entre diversas instituciones. Estamos obligados a entregar nuestro dinero. Por eso nuestra sociedad no es generosa y solidaria, es aborregada y obediente. La crisis ha hecho bajar la marea y ha mostrado la desnudez del crowding out de la pobreza: gente necesitada que estafa a gente necesitada, redistribuidores que retienen la ayuda haciéndose pasar por samaritanos. ¿Hay algún sistema que históricamente haya demostrado que elimina los privilegios? Sí. El mercado libre. Pues eso.

Lincoln, la película y el glorificado déspota racista (I)

Escrito por Sergio Alberich en . Publicado en Análisis diario.

Siempre que Abe es divinizado, el gobierno crece, la libertad sufre y el individuo se siente profundamente herido.

Una noche del pasado febrero fui al cine y, después de casi 3 horas viendo el último trabajo de Spielberg, dejé la sala sintiéndome muy incomodado por el guión. La crítica estaba encantada con la película, que fue nominada a 12 premios Oscar, y que acabó por llevarse unos cuantos a casa. Creo que la narrativa es demasiado lenta. Sally Field y su hijo son un poco molestos y algunos de los personajes balbucean todo el tiempo. De todas formas, no quiero entrar en si me gusta o no la película, pues esto es algo pertinente solamente a la indiscutible valoración individual y subjetiva de cada uno de nosotros. Aun así, me gustaría señalar lo poco pulida que es la película, cómo se beatifica a Lincoln y cómo se alaba al gobierno federal de EEUU. 

Empezaré por la autora del libro en que se ha basado la película. Haciendo una búsqueda rápida en internet, al poco tiempo, uno se encuentra con que Doris Kearns-Goodwin es una plagiaria confesa que fue expulsada del comité de los premios Pulitzer. Ha escrito libros acerca de varios famosos demócratas americanos: FDR, los Kennedy (el caso de plagio), Lyndon Johnson (trabajó como becaria durante su presidencia), y siempre ha mantenido una estrecha relación con el poder estatal. En su introducción de la biografía de Lyndon, hace referencia a que el ex presidente se recostaba con ella por las mañanas temprano diciéndole que le recordaba a su madre fallecida. Un poco raro, ¿no? Bueno, al final, la cuestión es: puesto que Lincoln es posiblemente el presidente americano más estudiado en la historia, con varios reconocidos académicos dedicando sus vidas profesionales a él, ¿fue este libro la mejor opción en la que basar la película?

Ejércitos de estudiosos que investigan minuciosamente todos los aspectos de la vida [de Lincoln] no han logrado encontrar un solo acto de intolerancia racial de su parte.

Doris Kearns-Goodwin, Team of Rivals: El genio político de Abraham Lincoln.

Voy a decir entonces que no estoy, ni nunca he estado a favor de lograr de ninguna manera la igualdad social y política de las razas blanca y negra, porque no soy ni nunca he sido partidario de que los votantes o jurados de los negros, ni de calificarlos en sus funciones, ni a casarse con el hombre blanco (…) yo tanto como cualquier hombre estoy a favor de la posición superior asignada a la raza blanca.

Abraham Lincoln, Primer Debate Lincoln-Douglas, Ottawa, Illinois, 18 de septiembre de 1858, en las Obras Completas de Abraham Lincoln.

Ambas citas han sido recogidas por Thomas DiLorenzo en sus artículos sobre Lincoln. 

Entonces, llegan Lincoln, la guerra, la Unión y la esclavitud. La película presenta a Abraham Lincoln como el padre de la Abolición Americana, el hombre que liberó a los esclavos, pero es difícil pensar en algo más alejado de la realidad que eso. De hecho, sus partidarios afirman que sus acciones antes de la Guerra de Secesión (y antes de su eventual apoyo a la abolición de la esclavitud) no deberían tenerse en cuenta. Al fin y al cabo, él hizo lo que fue necesario para llegar a la presidencia y eso es lo que un “genio político”, como reza el título del libro de Kearns-Goodwin, hace. También dicen que un tiempo antes de la Guerra, alguna revelación le golpeó concienciándole de que el fin de la esclavitud era lo correcto. Este cambio inexplicable de su mente va en contra de los pensamientos que abrazó la mayor parte de su vida.

¿Quién liberó a los esclavos? En la medida en que alguna vez fueron “liberados”, lo fueron gracias a la Decimotercera Enmienda, que fue escrita e impuesta no por Lincoln, sino por grandes emancipadores a quienes nadie conoce, los abolicionistas y los líderes del Congreso que crearon el clima y la presión que aguijoneó, pinchó, condujo, forzó a Lincoln hacia la gloria al asociarlo con una política a la que se había opuesto firmemente, por lo menos, durante cincuenta y cuatro de sus cincuenta y seis años de vida.

Lerone Bennett, Jr., ex editor de la revista Ebony y autor de Forced into Glory: Abraham Lincoln’s White Dream.

Bennett señala: “Hay una encantadora ficción de que Lincoln (…) se convirtió en un ferviente defensor de la enmienda y empleó el poder de su cargo para comprar votos que aseguraran su aprobación. No hay ninguna evidencia, como David H. Donald ha señalado, para apoyar tal ficción…”. En la medida en que, finalmente, Lincoln apoyó, aunque de forma vacilante, esta enmienda, Bennett afirma que fue él quien se vio obligado -literalmente- a hacerlo por otros políticos, y no al revés, como se puede observar en la película de Spielberg (cabe destacar que David Donald es el más destacado estudioso de Lincoln de nuestro tiempo y ganador del premio Pulitzer como biógrafo de Lincoln).

Thomas DiLorenzo, Lincoln the Racist.

Es importante mencionar que, mientras estuvo en Illinois, el Sr. Lincoln apoyó leyes que prohibían a los negros vivir en ese Estado; estaba en contra de matrimonio interracial y dijo que los negros podían ser iguales, pero no en los EEUU. En su parte final, la película muestra a un presidente dedicado a la causa de otorgar el derecho de voto de los negros, pero se olvida de mencionar su proyecto más importante. En sus últimos meses de vida, el conocidísimo presidente “microgerente“ se encontraba muy centrado en su proyecto “Liberia”. Sí, su único objetivo era enviar a tantos negros como fuera posible fuera del país, de vuelta a África, a Liberia. A menudo se preguntaba si dispondrían de suficientes barcos para llevar a cabo su propósito. Al final, no parecen estas las acciones de un hombre que había recibido una revelación divina y que había cambiado su punto de vista sobre cuestiones raciales. 

Bennett menciona que Lincoln declaró públicamente que “Estados Unidos se construyó para la gente blanca y no para los negros” (p. 211) y “al menos veintiuna veces, dijo públicamente que se oponía a la igualdad de derechos de para los negros”. “Lo que más deseo es la separación de las razas blanca y negra”, dijo Lincoln (Obras Completas de Abraham Lincoln, vol. 2, p. 521).

Thomas DiLorenzo, en Lincoln the Racist. 

El Partido Republicano de la época, su partido, tenía una facción abolicionista fuerte y creciente que constantemente hacía presión sobre el tema. No fue hasta que surgió la oportunidad de ir a la guerra y de usar la esclavitud como pretexto cuando el presidente Lincoln finalmente se une a los abolicionistas. De hecho, en su discurso inaugural, el nuevo presidente manifestó su apoyo a enmiendas a la Constitución que defendían que la esclavitud no era un tema del que debiera encargarse el Gobierno Federal, sino un tema de discusión por parte de los Estados.

Si no era un abolicionista, ¿por qué la guerra? Siempre fue para mantener y aumentar el poder de la Unión sobre los Estados. El fin de la esclavitud era simplemente la justificación oficial, y un favor necesario para obtener apoyo político. ¡Simplemente eso! Además, es importante mencionar que a lo largo del siglo XIX, la mayoría de los países pusieron fin a la esclavitud de forma pacífica. Aun cuando se produjeron conflictos violentos, en comparación con la matanza de Lincoln, no fueron más que pequeñas gotas de agua que caen en el océano. ¡Nueva Inglaterra y Ohio lo habían conseguido pacíficamente! Entonces, ¿por qué los EEUU no podían hacerlo de la misma forma?

La guerra duró más de 4 años; acabó con una cifra de entre 650.000 y 850.000 fallecidos (en cifras actuales –comparando la población de la época y la de hoy–, tendríamos que multiplicarlo por 10, siendo el resultado de ¡8,5 millones de muertes!), familias destruidas y hundimiento de la economía durante años. Aun en números absolutos es, con bastante margen, el mayor número de bajas sufridas por los EEUU en su historia bélica. ¡Es incluso más que la suma de todas las otras guerras juntas! Y sólo en la Segunda Guerra Mundial el país sufrió un montante de víctimas en la misma escala.

Guerra
Fallecidos
% población
Guerra de la Independencia
25.000
+- 0,9 %
Guerra de Secesión
650.000 – 850.000
 +- 2% – 3%
Primera Guerra Mundial
116.000
+- 0,1%
Segunda Guerra Mundial
405.000
+- 0,3%
Guerra de Corea
36.000
+- 0,02%
Guerra de Vietnam
58.000
+- 0,03%
Guerra del Terror
6.300
+- 0,003%

Es más, repasando algunos periódicos de la época, se pueden hallar constantes ataques de la prensa y de sus enemigos políticos, calificando a Lincoln de dictador. En muchos sentidos, actuaba como tal. Durante la Guerra de Secesión se suspendió el Habeas Corpus, se detuvo a miles de personas que se oponían al conflicto o defendían el derecho a la secesión, y se cerraron más de 300 periódicos. ¡Qué respeto a la primera enmienda! Es difícil entender cómo reputados intelectuales pueden llegar a encontrar excusas tontas para justificar sus ataques a la libertad. Mientras muchos de estos simpatizantes, con razón, se oponen a estallidos parecidos en la “Guerra contra el Terror”, dan una salida gloriosa a un Lincoln santificado.

Gobierno y autonomías: la amenaza fantasma

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El ministerio de Montoro explicó la semana pasada que las autonomías podrán ser intervenidas también si incumplen el pago a proveedores. Hacienda suma esta advertencia a otras en las que se autoriza a la intervención del Gobierno si las CCAA no cumplen el objetivo de déficit. Pero se trata de un gesto sin contenido, como tantos, que pretende transmitir una sensación de control que la realidad se empeña en contradecir.

El orgullo de mamá

Cantaba David Summers en una canción de los 90: "aquí viene ya, el orgullo de mamá, con la paga en el bolsillo, quiere colarse para entrar…". Esa es la imagen que año tras año, déficit a déficit, exigencia a exigencia ofrecen al mundo las autonomías españolas. Tratar de explicar cómo funcionan, cuál es su presupuesto y para qué lo utilizan a una persona sensata de fuera de España es una ardua tarea: todo suena a ciencia ficción.

Instituciones repetidas que dan un aire solemne pero son, en realidad, un agujero negro presupuestario y una fuente de ineficiencia más para el ciudadano; aeropuertos, universidades, obras públicas que hinchan el pecho de políticos locales y vacían los bolsillos de la gente… Todo huele a las películas de los geniales Martínez Soria o Alfredo Landa, en las que si un pueblo construía una fuente, el pueblo vecino construía dos y con luces de colores. Es decir, la manifestación de un complejo no asumido.

Y en estos tiempos que corren, algunos de estos 17 "orgullos de mamá" están ofreciendo un panorama particularmente penoso. Se trata de los escándalos de corrupción. Los principales partidos políticos autonómicos han hecho lo que les ha venido en gana sin que  la dirección nacional se enterara. Para el ciudadano de la calle no versado en temas jurídicos, como yo, que lee la prensa sin pretender más que informarse, la trama Gürtel, los EREs andaluces, las corruptelas regionales suponen tal laberinto que resulta muy complicado seguirles la pista en condiciones.

En una situación así, debería ser un motivo de esperanza y regocijo que el gobierno central haga frente a los caciques regionales.

El partido del gobierno, el gobierno del partido

Sin embargo, el director de orquesta de las autonomías no está por la labor y cada una de ellas va a lo suyo.

No es solamente que en materia educativa la situación sea caótica. No es cuestión nada más de que las incompatibilidades sanitarias te obliguen a mirar en qué comunidad autónoma te pones enfermo. Ciñámonos a los dineros. Por simplificar, no porque todo lo demás no sea importante.

Los gobiernos regionales juegan al mismo juego que los países de la Unión Europea en su entorno. La regla máxima es la misma: ingresos centrales (más los impuestos autonómicos), gastos independientes. Es decir, el "orgullo de mamá" con la paga en el bolsillo se gasta el dinero, que es de todos los españoles, en lo que cree oportuno. Y lo que cree oportuno muchas veces es de carácter partidista y sirve para asegurarse la reelección.

Desde un punto de vista exclusivamente político, como estrategia de partido no está mal. Tenemos esta comunidad autónoma, para evitar que el partido de enfrente nos la quite vamos a llenar las panzas locales y a presentar unas cuentas chapuceras pero "vendibles", y que el poder central trague con ello. Y si no, transferimos competencias a ayuntamientos pero no disminuimos nuestro presupuesto y así tenemos más margen de gasto.

En este tipo de situaciones, lo lógico sería cerrar el grifo del dinero (de todos los ciudadanos) a las comunidades ineficientes, gastosas, chapuceras y/o corruptas. Pues no. No se hace. Eso sí, se amaga y no se da. ¿Qué razón puede haber para esa falta de rigor presupuestario y de respeto al sudor de la frente de los españoles? La razón de los votos. De manera que una ya no sabe si el Gobierno pertenece a un partido o es un partido que está en el Gobierno.

La gravedad de amagar y no dar

Pero en esta ocasión, el tema no es presupuestario. Se trata del cumplimiento en el pago a proveedores, esos empresarios que decidieron firmar un contrato con la administración y pensaron que un contrato es un contrato y se cumple siempre. Cuando un gobierno tiene que presentar un anteproyecto de ley de Control de la Deuda Comercial y amenaza con recuperar los tributos transferidos a las CCAA en el caso de que sigan sin cumplir los contratos con sus proveedores es que la cosa es muy grave.

Pero no es que sea grave, es que el tema es peor, va mucho más allá. No solamente se está quitando el pan de la boca a quien firmó un contrato con la administración. Es que la exigencia del cumplimiento es de un timorato insultante. Exactamente igual que las amenazas fantasma de los incumplimientos de déficit. La comunidad autónoma será advertida, dispondrá de 7 meses y entonces si no depone su actitud será sancionada. ¿Qué ha sido del proveedor para entonces? Otra empresa cerrada, familias en el paro, drama social.

Pero recuerden… los culpables son los hedge funds, los mercados, Merkel y el chachachá.

La mediación, justicia de tercera generación

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La vida está llena de conflictos. Es impensable vivir sin ellos porque no existe un mundo perfecto y porque nuestros intereses pueden ser y de hecho son contrapuestos. Los métodos tradicionales para resolver los litigios han sido la violencia o la justicia. Las sociedades que han ido dirimiéndolos de forma civilizada sin recurrir a la violencia se han adaptado mejor y progresado más que aquéllas que no lo han sabido hacer.

La justicia moderna, sin embargo, está basada en un modelo fundamentalmente punitivo en el que suele haber un único ganador. Adolece, además, de serios problemas como el creciente asalto político al poder judicial, el encarecimiento progresivo del acceso a los tribunales de justicia, la sobrecarga de trabajo de los juzgados y su incapacidad para ser más eficaces y eficientes. Para eludir dichos problemas, desde hace décadas han ido formalizándose en diferentes países métodos alternativos de resolución de conflictos (alternative dispute resolution, en inglés). Las dos herramientas principales han sido el arbitraje y la mediación. Me detendré en la segunda al ser el método menos conocido.

La mediación no es una negociación pues en ésta participan sólo las dos partes. Es, en cambio, un encuentro entre tres partes: el requirente, el requerido y el mediador que buscan entre sí una solución compartida en el que hay dos posibles ganadores. El mediador no tiene poder decisorio en el conflicto (no es un juez ni tampoco un árbitro). Es un profesional de la negociación cooperativa que trabaja para beneficio de ambas partes en disputa. Es imprescindible que éstas vayan a la mediación de forma voluntaria. Si cualquiera de ellas no acude de buena fe, la mediación es impracticable.

La mediación es apta para conflictos de todo tipo, tanto privados como públicos. Comenzó a aplicarse en conflictos familiares, vecinales, escolares, laborales, de consumo, etc., para luego extenderse a todo el ámbito civil y mercantil. Hoy se aplica ya en algunos países incluso en el entorno administrativo, penitenciario y penal (generalmente para faltas y delitos de carácter leve). Eso sin contar con su papel ya contrastado en los conflictos internacionales. Se ha consolidado como una alternativa extrajudicial muy sensata y cívica para resolver casi cualquier disputa.

El mediador no trabaja en problemas intrapersonales (eso es tarea de un psicólogo) sino en los interrelacionales. Su objetivo es ayudar a los enfrentados por cualquier tipo de conflicto a intentar entender la posición del otro y facilitar que ellos mismos encentren una solución. No es labor del mediador imponer una solución, como mucho, la puede sugerir. El objetivo del mediador es lograr que cada parte "vea" el punto de vista del otro –que antes era incapaz- para, de esta forma, puedan los implicados acordar por sí solos una solución.

La mediación es un procedimiento que no tiene por qué terminar necesariamente en un acuerdo; pueden también rubricarse acuerdos parciales sin llegar a resolverse por completo el conflicto. Es la vía más idónea antes de llegar a la vía arbitral o judicial. Las sesiones de trabajo son informales y flexibles, pero no deja de ser un instrumento pautado en el que deben ser respetadas una estructura y unas reglas de trabajo explicadas por el mediador al iniciar la mediación. Se centra en resolver un litigio concreto de manera colaborativa. El fin del mediador debe ser conseguir que las partes se comuniquen adecuadamente. El mero hecho de llevarse a cabo la escucha activa entre ellas en presencia de un mediador experto, prefigura muchas veces la solución. Existe incluso la mediación electrónica o por vía de la videoconferencia, especialmente recomendables para conflictos transfronterizos.

Con la mediación se tiene siempre el control de los resultados a diferencia de las otras vías litigiosas. Al igual que el arbitraje, es confidencial, privada y expedita pero la mediación no cierra la vía jurisdiccional, a diferencia de aquél que sí lo hace siendo además dirimido el arbitraje en única instancia. La mediación puede iniciarse incluso cuando esté abierta la causa en sede judicial. Por ello, más que un método alternativo diría que es un método complementario de resolución de conflictos entre personas, familias y empresas.

Su coste y su plazo de resolución son imbatibles. Otra gran ventaja de la mediación es que da satisfacción a ambas partes, en contraste con lo que sucede en la justicia o el arbitraje que, al ser procesos litigiosos, suelen dar la razón sólo a una de ellas. Esto no implica ni mucho menos que la mediación tienda a soluciones salomónicas, como ocurre a veces en los laudos arbitrales. Los que recurren a la mediación para resolver un conflicto suelen mantener luego una relación normalizada ya que contribuye a recobrar la confianza entre las partes. Todo lo contrario a lo que sucede con los que se han visto sometidos a sentencia judicial o a laudo arbitral. No por casualidad cada vez son más los jueces que recomiendan y derivan los casos a mediadores (mediación intrajudicial) pues desgraciadamente a veces se abusa de los procedimientos judiciales. Recordemos que en los órganos judiciales de nuestro país entran, por lo menos, nueve millones de asuntos cada año.

Como vemos, son muchas las bondades de la mediación frente al coste emocional, económico y temporal que tiene la vía judicial y frente al coste económico y jugárselo todo a una sola baza que tiene la vía arbitral. Aunque no todas las jurisdicciones reconocen la fuerza ejecutiva del acuerdo privado alcanzado por las partes a través de la mediación, debería tenerla sin duda alguna. En España es así si el acuerdo es elevado a público ante notario.

La mediación ha cuajado en el sistema anglosajón, lo está haciendo con fuerza también en Europa continental (especialmente en Holanda y Francia), así como en algunos países de la OCDE. En España dicha institución ha tomado carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico hace solo un año a través de la ley de carácter general de julio 2012, aunque antes existían ya leyes sobre mediaciones sectoriales (mayormente de carácter autonómico) y queden aún algunas cuestiones por consolidar.

La mediación implica un cambio de mentalidad que modifique el enfoque del litigio por el de la cooperación en la que entran en juego variables emocionales y cognitivas ausentes en los otros medios de resolución de conflictos. Es posible, así, encontrar soluciones imaginativas e innovadoras a disputas que sirvan de modelo a otros casos semejantes en el futuro. Acostumbrados a que se nos impongan siempre soluciones desde fuera, las posibilidades que nos ofrece la mediación son desafiantes. Con ello, los actores se convierten en una suerte de coparticipantes y descubridores de la justicia, mejorando la calidad de ésta.

Dicha técnica autocompositiva favorece las resoluciones autónomas entre las partes que son protagonistas en la regulación de sus propios intereses. Además de fomentar la desjudicialización de los litigios, también lograría en algunos casos la deslegalización de los mismos en la medida en que las soluciones acordadas entre particulares no tienen por qué coincidir siempre con las previstas por el legislador. La mediación se nos presenta, pues, como una oportunidad -aún poco explorada- para dar participación a la sociedad civil en el ámbito de la resolución de conflictos sin necesidad de que tasazos e injusticias recientes en nuestro país nos empujen a ello.

Los frentes británicos

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

La situación económica británica sigue sin mejorar o, cuando menos, no lo hace de una forma tan sobresaliente como desearía el binomio Cameron-Clegg. En consecuencia, los ataques que viene sufriendo el Canciller George Osborne aumentan. Al respecto, un nuevo "paquete de austeridad" fue aprobado con la finalidad de reducir el gasto público, que, tras el control inicial de los dos primeros ejecutivos laboristas (1997-2005), se disparó cuando Gordon Brown se convirtió en Primer Ministro (junio de 2007).

Con este tipo de medidas impopulares, la imagen del gobierno se deteriora y en paralelo mejora la de la oposición. Sin embargo, las recetas que propone Ed Miliband no suponen novedad alguna. Por el contrario, prefiere centrarse en la ortodoxia intervencionista, rememorando con nostalgia los tiempos de Harold Wilson y James Callaghan que dejaron como "legado" la imagen pésima del Labour Party como gestor de las arcas públicas. Les llevó dos décadas recuperarse, para lo cual optaron por la mimetización, en algunos aspectos, con políticas propias del Thatcherismo (entre ellas también las relativas al orden y la seguridad interior o las relaciones con Estados Unidos).

Sin embargo, poco queda actualmente de la Tercera Vía. Los sindicatos han recuperado parte del protagonismo que perdieron en los años 80 y 90, aunque, entre otras razones por la existencia de un gobierno conservador, no tienen la capacidad para dictar la política económica como en los setenta. Tampoco hay un Arthur Scargill que monopolice la demagogia con un discurso de corte marxista, más preocupado en el bienestar de su gremio que en el del país.

Con respecto a la Unión Europea, el Labour Party está apostando por una equidistancia deliberadamente calculada. Ataques a Cameron por su deseo de renegociar las relaciones entre Londres y Bruselas, pero sin hacer una defensa a ultranza del proceso de integración europea, más allá de repetir ciertos tópicos, como que Reino Unido debe jugar un rol clave en las instituciones comunitarias. En este punto, es probable que en la estrategia, compleja y comprometida, seguida por el líder tory, los principales adversarios no sean ni Clegg ni Miliband ni Merkel ni el mediático y populista Farage, sino sectores de su propio partido. Por tanto, los próximos años serán testigos de un intercambio de reproches, ataques y acusaciones. Es predecible que cuando lleguen las elecciones generales (2015), Europa sea uno de los asuntos fundamentales de la campaña, compitiendo en protagonismo con la propia economía.

Sin embargo, existe un tema donde la clase política británica ha dado una nueva lección al resto de democracias occidentales. Nos referimos a su capacidad de unirse para defender la soberanía de la nación ante la amenaza rupturista liderada por el nacionalismo escocés y secundada, aunque con menor protagonismo y más ambigüedad, por los Verdes y los socialistas republicanos. De hecho, para estos dos últimos partidos, formar parte de ‘Yes Scotland’ es una manera de cobrarse un protagonismo que su discurso les niega. Aun así, la constante que se está apreciando, y que indica que serán fagocitados por el SNP, aumentará conforme nos acerquemos al 18 de septiembre de 2014.

Autorizar el referendo no es sinónimo de que David Cameron quiera desmembrar el país y sí de la fe que muestra en los argumentos unionistas. Ésta viene respalda por los hechos que tienen su máximo exponente en la creación de la plataforma ‘Better Together’ que aglutina a conservadores, laboristas y liberales bajo el liderazgo de Alistair Darling, peso pesado del Blairismo.

En definitiva, puede percibirse un consenso alrededor de un objetivo (derrotar al independentismo) que hace que los nombres sean secundarios ante el fin. Además, la exaltación de un pasado común no implica etiquetas tipo "facha" como en otros lares no tan lejanos geográficamente de las Islas.

Free market roadshow

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este mes de junio ha tenido lugar en Madrid la jornada FMRS, que desde hace algunos años organiza el Austrian Economic Center en colaboración con otros institutos liberales de diversos países. Como explicaba su Presidenta, Barbara Kolm (en el Acto que en seguida les comento), cada edición es diferente pero todas tienen una particular semejanza por su defensa de la libertad individual y el orden espontáneo. En su página web podemos leer que ésta es la 6ª convocatoria con el topic: "To save or not to save: will austerity programs alone save Europe?". Y recuerdan también una certera frase de Hayek: "Emergencies have always been the pretext on which the safeguards of individual liberty have been eroded". Hasta ahora, el FMRS se ha celebrado en Georgia, Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Albania, Serbia, Bosnia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Austria, Francia, Suiza o España. Pueden encontrar una completa crónica de esta Jornada en el siguiente artículo: Barbara Kolm: "El euro no va a funcionar porque Europa, por fortuna, es muy diversa".

El partner español de esta convocatoria ha sido el think-tank Civismo, una joven iniciativa que impulsa Julio Pomés "para el fomento de la sociedad civil en España y el ejercicio de las libertades personales y económicas". Civismo ya es bien conocido por su celebración del Día de la Liberación Fiscal, que lleva tres ediciones en marcha, y que nos plantea esta pregunta sangrante: ¿qué parte de tu dinero disfrutas realmente? Se trata de poner de relieve cómo los españoles solamente nos quedamos con una media del 61% del sueldo que cobramos (que se reduciría al 50% incluyendo la cotización a la Seguridad Social que pagan las empresas)… Pero no voy a detenerme en esta cuestión de los impuestos demasiado elevados, bien conocida por los lectores de nuestra web.

Vuelvo a la Jornada FMRS, que tuvo lugar en el edificio de la Representación de la UE en España, una muy peculiar paradoja (ya que bastantes ponentes criticaron a gusto el despilfarro y la burocracia de la Unión Europea; algo que encajó con bastante elegancia su Director, Francisco Fonseca, y que agradecía en su despedida Julio Pomés). No les puedo explicar con detalle esta circunstancia, ya que falté a la primera Mesa Redonda titulada "Más Europa vs. Menos Europa". Aquí participaron los profesores Pedro Schwartz y Francisco Cabrillo, Barbara Kolm y Juan Pina, Presidente del Partido de la Libertad Individual.

Les hablo ahora de la segunda: "Desregulación vs. Regulación", moderada por nuestro compañero del Instituto y periodista en La Gaceta, José Carlos Rodríguez (del que tomo prestadas algunas ideas de su síntesis final). Aquí participó María Blanco, conocida también por los lectores: citando el libro de Fernando Herrera, nos puso alerta contra los "mitos sobre la regulación": hay demasiada literatura inexacta sobre la libertad de mercado y la competencia. Lo que nos pone ante un riesgo moral: regulación o corrupción. Después, Enrico Colombato del Center for Economic Research (Turín) se quejaba de que "el gobierno nos ha orientado mal sobre dónde invertir nuestros ahorros". Destacando un error tantas veces criticado por la Escuela Austríaca: confundir consumo con ahorro; no es posible la inversión sin la formación de capital.

En la misma Mesa, Lorenzo Montanari (Director Ejecutivo de Property Rights Alliance- Americans for Tax Reform) nos ofreció una provocadora lectura transatlántica de la burocracia europea, señalando que probablemente haya más funcionarios de la PAC que agricultores… Como también invita a la polémica la frase de Reagan que nos recordaba el ejecutivo de PLANASA Alexandre Pierron-Darbone: las nueve palabras most terrifying en inglés son "I’m from the Government and I’m here to help".

Se cerró la Jornada con una tercera Mesa Redonda: "Estado de Bienestar vs. Oportunidades". Joaquín Trigo, Director del Instituto de Estudios Económicos indicaba que no deberían oponerse ambos términos; pero la realidad es que al aumentar el Estado tiene menos capacidad de control y más lentitud en la toma de decisiones. Algo similar sostenía la norteamericana Brenda Pejovich, comparando de una forma muy clarificadora los estados de Texas y California. Recurriendo a los indicadores de gastos en bienestar, regulación pública, impuestos o cifras de pobreza real concluía cómo era lógico el descenso de la población en el Golden State (y que ella calificaba como "votar con los pies"). Pueden leer más detalles sobre esta charla en el artículo de Julio Pomés: Menos estado, más bienestar.

En otro orden de cosas, el consultor de CEGOS Ignacio Arellano se preguntaba si tiene solución el paro juvenil. Para lo que dio algunas pistas: invertir en educación, pero con racionalidad; saber cambiar los criterios sobre lo que uno estudia (vocación) y dónde trabaja (profesión); acostumbrarse a la movilidad: vivimos en un mundo global; aprender a convivir con el riesgo y aprender también a "vender" la imagen de uno mismo. Desde su experiencia en RRHH, proponía algunas ideas que solemos escuchar a menudo en el ámbito académico, pero menos en el mundo laboral, como reducir la economía subsidiada; acabar con el mito de la intervención; o no tener miedo a bajar el salario mínimo (un gran enemigo, a su juicio, del empleo juvenil). Igualmente me pareció de interés la aportación de otro hombre de gestión, Antonio Oporto, Secretario General del Círculo de Empresarios: citando de nuevo la Escuela Austríaca, destacaba la importancia de la libertad individual frente al control del Gobierno (pero sin descuidar el reverso de la responsabilidad). Y señaló dos carencias en nuestra sociedad española actual: la necesidad de un gran consenso sobre el tamaño del Estado; y en cuanto al tejido empresarial, la necesidad de negocios medianos, emergentes, que produzcan bienes comercializables.

Una “app” para encontrar papel higiénico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Según parece, alguien ha desarrollado una "app" que, instalada en tu dispositivo móvil o en tu tableta, te facilita localizar supermercados que dispongan de productos de primera necesidad, entre ellos papel higiénico.

La aplicación, que ha sido desarrollada en Venezuela y para los venezolanos, se llama "Abastéceme" y ya ha tenido varios miles de descargas. Consiste en una especie de red social en que la gente identifica los locales comerciales que, en un momento dado, disponen de bienes básicos, como puede ser el papel higiénico ya citado, pero también azúcar, leche, arroz o café.

No es momento aquí de analizar las causas de tan terrible desabastecimiento. El imaginario popular tiende a culpar de estas carencias a las sequías, las guerras u otras catástrofes. Sin embargo, todo buen economista sabe que las causas siempre tienen que ver con los controles de precios que imponen los gobiernos en esas y otras circunstancias. Y seguro que la democrática Venezuela de Chaves y ahora Maduro, algún control de precio tiene. Porque, que se sepa, no ha habido ninguna catástrofe natural o guerra a la que culpar de tan nefasto acontecimiento.

Más interesante, o al menos original, me parece reflexionar sobre la circunstancia que revela la existencia de esa app, que podemos resumir de la siguiente manera: en Venezuela es más fácil tener una tableta o un smartphone que hacerse con leche o papel higiénico. La tecnología más puntera se utiliza para tratar de cubrir las necesidades más básicas. Los dispositivos más caros, al servicio de los productos menos elaborados. Aquí hay algo que no funciona.

La primera conclusión que se podría sacar, y al hilo con lo dicho en el penúltimo párrafo, es que existen controles de precios para los bienes básicos, y no para los teléfonos móviles. Es típico de gobiernos y políticos preocuparse por las necesidades básicas de los individuos, y establecer para su correcta satisfacción todo tipo de controles regulatorios. Ello conlleva siempre mala calidad, listas de espera y continuas amenazas de desabastecimiento. Así que cuanto más importante sea la necesidad, menos debería dejarse al gobierno intervenir en ella. O en otras palabras: con las cosas de comer no se juega.

Además de este primer análisis, cabe otro relacionado con la distorsión de las preferencias de los individuos, en este caso producidas por las políticas de bajos tipos de interés que están llevando a cabo desde hace varios años los distintos bancos centrales, como infructuoso remedio contra la crisis económica.

En efecto, el tipo de interés consiste también en una relación de intercambio, el precio de cambiar bienes presentes por bienes futuros. Como explica Böhm-Bawerk[1], los individuos preferimos un bien presente al mismo bien en el futuro, por al menos tres razones:

  • Los bienes futuros solo pueden satisfacer necesidades futuras, mientras que los bienes presentes pueden satisfacer tanto las necesidades presentes como las futuras, si se opta por posponer su uso.
  • Los seres humanos sistemáticamente infravaloran sus necesidades futuras.
  • Los bienes presentes son técnicamente superiores a los futuros, pues su posesión permite desarrollar procesos productivos más largos y más productivos, por tanto, de mayor utilidad marginal.

Si se interviene sobre el tipo de interés bajándolo artificialmente respecto al que sería su nivel de mercado, el efecto es que se infravaloran los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Dicho de otra forma, a los empresarios y productores se les está dando la señal errónea de que la gente prefiere posponer su consumo. Ello les impulsa a actuar con inversiones a mayor plazo, esto es, en productos más sofisticados y con tecnologías más complejas, que supuestamente tienen tiempo para desarrollar habida cuenta de las preferencias de los individuos por bienes futuros.

Así, las bajadas artificiales de los tipos de interés impulsan a los emprendedores hacia la fabricación de productos como los smartphones, las tabletas o las apps para estos aparatos, atrayendo recursos desde las etapas de fabricación más cercanas al consumo, como puedan ser la de azúcar, leche o papel higiénico.

Comparativamente, ello hace que tienda a ser más fácil o más barato en términos de costes relativos, comprarse un iPad que un kilo de azúcar. Y esta tendencia proseguirá mientras los tipos de interés se mantengan artificialmente bajos. Venezuela ya está allí, como revela la noticia comentada, aunque haya que reconocer el rol desempeñado por los controles de precios implantados[2].

La cuestión es cuánto tiempo nos queda a nosotros. Disfrutemos entretanto de iPads, televisiones planas y consolas de última generación, y esperemos que no llegue el momento en que deseemos que sean comestibles.


[1] Böhm-Bawerk, E. von (1891). The positive theory of capital. Londres: McMillan & Co, p. 250-281.

[2] En caso de no existir controles de precios, no se habría producido desabastecimiento sino un gran encarecimiento de los productos básicos.

Anatomía de las patentes de corso

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Favorecidos por un entramado institucional que las permite, los delincuentes poderosos traman en España enrevesadas operaciones de elusión de sus responsabilidades. Las patentes de corso actuales ya no son autorizaciones expresas repartidas por el gobierno a unos cuantos privilegiados para realizar actos prohibidos a los demás. En consonancia con la opacidad característica del proceso político partitocrático, se trata más bien de sobreentendidos sobre la plena disponibilidad de instrumentos y prácticas, legales e ilegales, para controlar las consecuencias que el descubrimiento de sus delitos podría depararles. Básicamente, verse sometidos a un juicio público que puede derivar en una pena de prisión y el pago de una indemnización como responsabilidad civil a los damnificados.

Esos medios van desde el intento de ocultación del delito (el encubrimiento define la actuación de quien no interviene en el delito originario) pasando por el aforamiento de la élite político administrativa o la extraña credulidad e indolencia de los jueces que examinan los casos denunciados hacia las justificaciones ofrecidas por autoridades investigadas o juzgadas, y terminan con las enmiendas a las condenas en manos del ejecutivo a través del indulto, total o parcial, y los beneficios penitenciarios que modifican el cumplimiento real y efectivo de las penas.

Resulta conveniente repasar la anterior lista de medios que exceden el legítimo derecho de defensa para comprender que solamente determinados servidores del Estado, o personas muy bien relacionadas con ellos, tienen a su disposición el elenco completo. Dada la tendencia insaciable del estamento político por blindarse ante cualquier resquicio de exigencia de responsabilidades, el gobierno actual de Mariano Rajoy Brey pretende añadir a los anteriores mecanismos la asignación al Ministerio Fiscal de la instrucción penal contenida en una propuesta de Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva.

Eximir, sin más, a alguien de la aplicación de leyes penales -prototipo de normas de aplicación general y universal- presenta indudables dificultades jurídicas (vulneración grosera del principio de igualdad ante la Ley) y políticas, pues la opinión pública puede mostrarse muy renuente a aceptar privilegios declarados abiertamente, sobre todo, en relación a los crímenes que suscitan mayor rechazo. Aun admitiendo cierta volubilidad de esas tendencias, como muestra la experiencia en relación al asesinato (indiferencia mayoritaria ante la impunidad en la masacre del 11-M o los oscuros apaños con los asesinos políticos de la ETA), lo cierto es que la única persona que goza de irresponsabilidad penal de manera explícita en el régimen constitucional español es el Rey (Art. 56.3 CE). Parecía que ese privilegio quedaba contrarrestado con el control político de la actuación del monarca por parte del gobierno y las Cortes generales, pero la corrupción general del sistema demuestra que la lenidad con la que se obsequian los componentes del estamento político no resulta casual, sino fruto de un interesado intercambio de favores.

De los mecanismos enumerados para conseguir el efecto equivalente a la patente de corso, la ocultación de los delitos mediante maniobras oscuras y disimulos se ha convertido en una de las principales herramientas para alcanzar la impunidad de los poderosos, frente a una sociedad a la que se invita a participar en parte de la redistrubución delictiva (Caso de los EREs en Andalucía) o se la envilece con una propaganda exculpatoria. En este sentido, la reciente polvareda levantada por un "informe" de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de la infanta Cristina, me ha recordado el uso frecuente de la estafa procesal como vía para la ocultación de delitos cometidos por los poderosos en la reciente historia de España. En mi opinión, esa falsedad documental (calificada como error por sus responsables, de forma inverosimil) tenía la entidad suficiente por su procedencia para apoyar una maniobra que, de haber prosperado, habría beneficiado a la supuesta afectada al ofrecerle una coartada para su defensa.

Desde una perspectiva penal, incurren en ese delito "los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero" (Art. 250.1.7º C.P).

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la estafa procesal implica la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito mediante una maniobra torticera, siendo el beneficio el reconocimiento judicial de un derecho que no se tiene, y en la que existen dos clases: la estafa procesal propia donde el sujeto pasivo es el Juez, porque es éste quien sufre el error provocado, siendo el perjudicado el titular del patrimonio afectado, y la impropia donde el sujeto pasivo es la parte contraria cuando se le induce a que erróneamente se allane, desista o renuncie, mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004). En todo caso, la estafa procesal constituye un subtipo agravado de la estafa común, y ésto presupone la concurrencia de los requisitos configuradores del delito básico (STS 21 de julio de 2004), del que comparte sus elementos, es decir, la existencia de un engaño bastante, que éste cree el error causante del acto de disposición, y el ánimo de lucro (STS de 5 de diciembre de 2005).

Se echan en falta estudios académicos que analicen con perpectiva la abundantísma casuística de estafas procesales que han salpicado los cierres en falso de casos como el terrorismo de estado de los GAL, con su derivadas de malversaciones de fondos públicos y apropiaciones indebidas y la financiación ilegal de los partidos políticos, sindicatos y patronal, tanto de las organizaciones como de sus cargos y allegados. Porque de aquellos polvos vienen los lodos actuales del caso Gürtell/Bárcenas del PP; el caso Campeón/José Blanco del PSOE donde aparecen indicios de relaciones transversales entre partidos políticos; la financiación de Convergencia i Unió; los EREs de Andalucia, Mercasevilla, y el enriquecimiento de Manuel Chaves y su familia; la financión ilegal de sindicatos después de la "socialización" de las responsabilidades civiles de la UGT por el caso de la cooperativa de viviendas PSV; la utilización de los consejos de administración de las Cajas de Ahorros para pagar la fidelidad a sus organizaciones de todo tipo de pícaros y el llamativo caso "Urdangarín". Y como colofón, la gigantesca estafa procesal articulada en la destrucción y manipulación de las pruebas y vestigios de la masacre del 11-M que impide saber, aun hoy, que ocurrió.

Sorprendentemente todavía no ha merecido la atención de juristas, politólogos e historiadores episodios en los que de forma evidente se utilizaron las falsedades más increíbles preparadas desde altos estamentos del estado para eludir las responsabilidades de destacados políticos. Pocos recuerdan "los papeles de Laos" (y al capitán Khan) que sirvieron para la simulación de una extradición pactada con el prófugo Luís Roldán, quién, finalmente, no tiró tanto de la manta, o los "papeles del Cesid" donde los leguleyos de cámara urdieron un plan para dar pábulo a la especie de que la invocación del secreto de estado puede mutilar una investigación criminal que afecta, precisamente, a quién declara secretos unos documentos con virtualidad incriminatoria. Y que decir de la célebre estrategia de echar la culpa al muerto (Pedro de Toledo) por decisiones de pagar informes falsos al PSOE por parte del Banco de Bilbao Vizcaya (Caso Filesa).

Falta un conocimiento sistematizado con los ejemplos mencionados de las patentes de corso. De esta manera, el estamento político consigue confundir al público y campar a sus anchas ante una sociedad sin criterios éticos y jurídicos claros, bombardeada por mensajes de propaganda política.