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Rodríguez Braun, Honoris Causa en la Marroquín

Los lectores de esta página web ya conocerán que nuestro Instituto acaba de conceder el Premio Juan de Mariana 2013 al catedrático de la Complutense Carlos Rodríguez Braun. Premio que se entrega todos los años durante la Cena de la Libertad, y que justamente se celebró el pasado viernes día 24 en el Casino de Madrid. Sin embargo, no voy a hablarles sobre este acontecimiento (del que podrán obtener más información desde este foro), porque les escribo el mismo viernes antes de la Ceremonia.

Pero sí quiero aprovechar para contarles otra muy reciente distinción que también acaba de recibir el profesor Rodríguez Braun: el doctorado honorario por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala (UFM) durante la graduación de sus alumnos. Para ello, voy a emplear alguna información que se ofrece en la web El Amigo de la Marro. El acto de graduación contó con la participación de más de doscientos graduandos que recibieron sus correspondientes diplomas en este semestre y se celebró el sábado 4 de mayo de 2013 en el Jardín Manuel F. Ayau de La casa de la libertad, como se conoce a la UFM.

Las palabras de agradecimiento del nuevo Doctor fueron precedidas por el discurso de Encomio del Decano de la Facultad de Económicas, profesor Wenceslao Giménez Bonet, quien destacó la capacidad de reflexión y de comunicación de Rodríguez Braun, así como su compromiso en la búsqueda de la verdad. Quien contestaría recordando el lema de la Universidad Francisco Marroquín, que promueve el cultivo de los principios para ser hombres libres y responsables: Veritas, Libertas, Iustitia. Pero no puede haber libertad sin el ejercicio de la responsabilidad: son las dos caras de la misma moneda.

Durante su visita a La casa de la libertad, el doctor Rodríguez Braun también participó en distintas actividades académicas. A estudiantes del Centro Henry Hazlitt les ofreció una charla titulada Estado contra mercado. A estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas les habló sobre Adam Smith y el liberalismo clásico, tema que también abordó con profesores de esa unidad académica en otro encuentro. Finalmente, Rodríguez Braun les dedicó unas palabras a los setenta graduandos distinguidos durante el acto en su honor, previo a la Graduación: "Habéis conseguido graduaros en esta universidad, que es muy buena y muy exigente…y eso os convoca a grandes tareas y misiones en el futuro, donde vais a tener que combinar dos cosas que os da esta universidad: los conocimientos y los valores de una sociedad de personas libres y responsables". Así, continuaba a su vez con el mensaje de la presentación, hecha por el Rector Giancarlo Ibargüen, quien destacaba el valor de las ideas: tienen consecuencias, y son poderosas por sí mismas. Cuando te propones algo, ya has avanzado en el camino.

Coincidiendo con su estancia en Guatemala, Rodríguez Braun participó en un coloquio del Liberty Fund titulado Charles V and his Bankers, Fiscal Crisis and Institutions, celebrado en la histórica Casa Popenoe (Antigua). Igualmente asistió a un encuentro con columnistas en donde abordó el tema de la retórica de la economía. He aquí una conversación con él acerca de la comunicación de las ideas de la libertad.

En la nota de prensa institucional nos recordaban que Carlos Rodríguez Braun es profesor visitante de la UFM, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina, profesor visitante de la Universidad Católica Argentina, miembro de la History of Economics Society, de la European Society for the History of Economic Thought, de la Asociación de Historia Económica y de la Sociedad Mont Pèlerin. En España le conocemos bien por su trabajo de divulgación periodística en la radio, prensa y plataformas digitales. Es autor de veinte libros; los más recientes son: Grandes economistas (Pirámide, 2ª ed. 2007), Diez ensayos liberales (LID, 2008), Una crisis y cinco errores (con J.R. Rallo, LID, 2009), Economía de los no economistas (LID, 2011), El liberalismo no es pecado: la economía en cinco lecciones (con J.R.Rallo, Deusto, 2011), y Economía para andar por casa (con O. Macías, I. Rodríguez Burgos y P.P. González Vicente, LID, 2012).

Termino añadiendo que Rodríguez Braun comparte ese doctorado honorífico de la Marroquín con varios premios Nobel de Economía (como Friedrich Hayek, Milton Friedman, James Buchanan o Vernon Smith), así como con otros académicos españoles, como Rafael Termes o Jesús Huerta de Soto. La cercanía de nuestro Instituto con la UFM queda de manifiesto en este enlace a la entrega del premio Juan de Mariana (2008) al fundador de aquella Universidad, Manuel F. Ayau, cuya ceremonia estuvo precisamente enmarcada por un discurso de Carlos Rodríguez Braun.

El As de Espadas, secreto de la recuperación

Echar una ojeada por el mundo le pone a uno en su sitio. Los problemas de tu país, que te parecen terribles, se ven de otra manera cuando charlas con un mexicano que se ríe de tu crisis. Con un argentino la experiencia es mucho más intensa. “Ustedes aún no saben qué es una crisis de verdad”.

El mito del español intrépido

Y es cierto. En España no sabemos prácticamente nada de recesiones de verdad. Llamamos revuelta social a cuatro “escraches”, corrupción a unos sobres, unos trajes… calderilla. Tonterías… ¡comparado con lo de México, claro! Por eso es interesante aprender de quienes han sobrevivido no a una ni a dos, sino a una retahíla de crisis económicas, sociales, institucionales y de todo tipo.

La gente que antes alardeaba de su origen español porque eso explicaba su espíritu intrépido, aventurero y “echado para delante”, ha dejado de hacerlo. La imagen del español ha cambiado. Ahora se nos mira como personas paralizadas ante la adversidad, que se niegan a devolver deudas y observan por la ventana, embobados, cómo se deshace su castillo construido en el aire.

“¿Y por qué no miran lo que hacen los países a los que le va mejor? ¿Alemania, por ejemplo?”. Parece lógico ¿no? Pues no. En España miramos con lupa los países con mejores datos y cuestionamos, airados, cómo lo lograron. Es más, en el caso de Alemania, menos cuatro gatos (que merecemos la hoguera), la mayoría de la gente está convencida de que su éxito lo obtuvieron a nuestra costa y su unificación, sobre los lomos de Europa. Nadie habla de lo que le hemos sacado los españoles a Europa, las infraestructuras (no siempre eficientes) con dinero europeo que, eso sí, rendían beneficios monetarios, o no, a determinados alcaldes. Ni se dice que hay comunidades autónomas que dependen no solamente del dinero de los españoles sino de las subvenciones europeas, y que en el caso de Castilla-León, por ejemplo, constituyen el 21% de los ingresos de la región. Nos preocupa mucho más demostrar que “ellos también” para no tener que resolver nuestros defectos.

El As de Espadas empresarial

“Lo que se conocía de España en vacas gordas eran dos o tres bancos y alguna constructora”. Y con esa frase se resume la falta de actividad sólida que nos respalde. “Un ingeniero de una fábrica española no puede cobrar lo mismo que uno de una alemana. No son de la misma calidad ambas fábricas. Tienen que darse cuenta de eso”. Los alemanes lo saben. ¿Y nosotros? El valor del trabajo cualificado no lo da el título en sí, sino el sello del título. Y nuestras universidades no dan la talla. Nuestros empresarios hacen lo que pueden. Esperan que la nueva ley de emprendedores sea su As de Espadas, la carta que simboliza la presencia de la inteligencia, la razón, la justicia, la verdad y la fortaleza. Es ese espíritu el que muestra un joven empresario que te dice “Gracias a la crisis hemos salido fuera de España y hemos tenido resultados históricos en la empresa”. No es, por el contrario, la voz de quienes consideran que emigrar es lo peor que te puede pasar, como si al nacer en España te adjudicaran un lote compuesto de trabajo en la esquina de tu barrio, un pan multicereal, un pisito y un futuro venturoso. Lo peor que te puede pasar es que no tengas nada de valor que aportar: esfuerzo, inteligencia, capacidad. Y si has hecho lo esperable, estudiado una carrera y resulta que no te han enseñado, la culpa no es de quien no te contrata, sino de quien no te formó.

¿Parálisis permanente?

Los ciudadanos en España hemos vivido mirando al techo, mientras los políticos entre los que podíamos elegir apostaban con nuestro dinero, como dice Mötorhead en su canción Ace of Spades: “…bailando con el diablo, siguiendo la corriente, todo es un juego para mí… sabes que he nacido para perder, y que jugar es de locos…”. Y todos, voto en ristre, mirando. Ahí seguimos, perplejos, indignados, pero esperando todavía, que alguno de los jugadores haga una maniobra milagrosa.

“Son los ciudadanos los que acaban superando a los políticos pero eso sucede cuando el hambre acaba con la parálisis”. Eso me decía mi amigo Alonso para rematar. Mientras el Estado siga manteniendo una renta de miseria con la que el españolito medio esté contento, no hay nada que hacer. Mientras sigan convenciéndonos de que nos dan gratis la educación y la sanidad, las calles y los parques, y no nos preguntemos si es lo mejor que pueden ofrecernos los gestores de nuestro dinero, o si hay mejores modos de hacer las cosas, estará todo perdido. La percepción siempre corre el peligro de convertirse en realidad. Y, en este caso, el pueblo español sigue teniendo la percepción de que el Estado, sea cual sea el gobierno (si éste no va ponemos el otro, como quien cambia pilas) es el garante. El garante de nuestro pan, de la estabilidad, de la certeza y, dentro de nada… de la vida eterna. 

El IPC a impuestos constantes

Una de las grandes necesidades de Estados y de muchos economistas son las estadísticas económicas. Obsérvese, como primer indicio para la sospecha, que los lexemas de ambos términos, Estado y estadística, coinciden. Como ya he defendido en alguna otra ocasión[1], las estadísticas económicas son el indicador que construyen los Estados para justificar sus decisiones en el ámbito económico, al no poder utilizar la señal económica por excelencia, el precio, que es la que usan los individuos para sus decisiones.

En otras palabras, las estadísticas constituyen el sucedáneo barato y manipulable del precio. El proceso de gestación de las mismas merece sin duda un estudio profundo, pero es fácil imaginar que también están sujetas a un proceso de prueba y error, en el que termina siendo determinante la intención que tenga el Gobierno para el indicador. Así, la atención a la prima de riesgo es relativamente novedosa, y hasta esta crisis era un indicador que, de existir, pocos conocían.

Durante estos años se han manejado otros indicadores para medir el riesgo soberano, como el tipo de interés de los bonos a distintos plazos o los CDS, pero el tiempo ha hecho que se consolide como principal indicador del riesgo de España la ya citada prima de riesgo, que tiene la virtud de esconder el valor absoluto del interés que España paga por su deuda, algo harto conveniente para el Gobierno. Todos somos muy felices mientras la prima de riesgo baje, aunque España esté pagando el triple por sus préstamos. Es más, el colmo de la felicidad se produciría si a Alemania se le encarecieran los préstamos recibidos, pues nos podría llevar a primas de riesgo negativas, aunque estuviéramos pagando tipos de doble dígito.

Otro ejemplo, conveniente y sobradamente analizado aquí[2], es el déficit público.

En todo caso, seamos benévolos y admitamos que la intención original del Gobierno al crear las estadísticas, haya sido realmente tener una guía objetiva para sus decisiones. Pudiendo ser así originalmente, el problema se produciría cuando dichas estadísticas pasan a dominio público y empiezan a considerarse como un indicador del desempeño del Gobierno. Pues es entonces cuando el Gobierno, que es también quien "objetivamente" las elabora, puede tener una fuerte tentación de cambiar los métodos y criterios de elaboración para que el resultado parezca mejor a ojos de la opinión pública de lo que realmente es.

En este contexto hay que entender los distintos ajustes que se hacen de las estadísticas, por ejemplo, debido a circunstancias estacionales, y que terminan ocultando las realidades objetivas que se puedan producir.

Viene todo esto a cuento por la reciente creación del llamado IPC a Impuestos Constantes. Se trata de una revisión del Índice de Precios al Consumo, esto es, de lo que nos sube mes a mes el precio de una cesta de bienes que supuestamente representan el consumo medio de una persona o de un hogar. Pero en el IPC-IC, que así se abrevia la creación, se descuenta de dicha subida de precios la posible subida de los impuestos sobre los bienes formando la cesta.

Cabe preguntarse qué puede representar tal indicador. Al menos, el IPC te puede dar una idea de cómo se encarece la vida conforme pasa el tiempo, idea tanto más distorsionada conforme se aparte tu consumo de la cesta media que supuestamente consumimos. Pero ¿el IPC-IC?

Parece como si tratará de verse la evolución de los precios de los bienes que consumimos, pero sin contar el IVA o el impuesto de Hidrocarburos. Quizá para un empresario, esa evolución pueda tener sentido, pues el IVA lo va a poder repercutir a su cliente, o el de Hidrocarburos considerarlo gasto y desgravarlo. Pero para el ciudadano qua consumidor, esto es, al que le resulta relevante el IPC (no se olvide, precios de consumo), es absurdo darle una evolución de precios que no contenga el IVA, como si éste no lo tuviera que pagar. Pues eso es lo que hace el IPC-IC.

Si se analiza desde la perspectiva del Gobierno, y más en unos momentos de constante subida de impuestos, entonces sí que cobra toda la lógica del mundo. Con este indicador, el Gobierno oculta los efectos de su política fiscal sobre los precios de los bienes que consumimos: ningún Gobierno quiere que el IPC se dispare por culpa de la subida del IVA, claro.

El siguiente paso, que solo se puede dar con la connivencia de los medios, es que la gente, los analistas, dejen de preocuparse por el IPC y empiecen a fijarse en el IPC-IC. Estoy seguro de que, a la menor oportunidad, sesudos analísticas mediáticos justificarán de forma muy convincente que lo que es relevante para la sociedad es el IPC-IC, en lugar del IPC, de la misma forma que nos han convencido de que lo relevante es la prima de riesgo y no el tipo de interés pagado por la deuda.

De forma más pragmática, el Gobierno ya está usando este índice o alguno de sus derivados, para revisar determinadas tarifas y prestaciones que están en sus manos. Es lógico: lo último que quiere el Gobierno es tener que subir la pensión a los jubilados como consecuencia de la subida del IVA.

El IPC-IC no es más que otra vuelta de tuerca para convencernos de que vivimos en los mundos de Yupi. ¿Nos convencerán de que pueden subir el IVA del bien sin que nos suba su precio? Al tiempo.



[1] https://ijmpre2.katarsisdigital.com/comentario/4673/precios/estadisticas/

[2] https://ijmpre2.katarsisdigital.com/comentario/5343/enganen/deficit/publico/problema/

Las causas de la corrupción

Cuando afloran más casos de corrupción (abusos del poder para lucro particular) en las portadas de los periódicos, surgen intentos de explicar la situación por causas esencialistas relacionadas con las actitudes éticas dominantes en la sociedad la española. Admitiendo la existencia de concausas compatibles entre sí, considero, no obstante, que una atención excesiva a esa generalización relega a un segundo plano la responsabilidad de los implicados en los casos concretos y al marco institucional que estimula esa corrupción. Conviene, asimismo, descartar la posibilidad de cuantificar los factores concurrentes en un resultado determinado para, por el contrario, centrarse en una enumeración que refleje ordinalmente su influencia en la producción del resultado.

Puestos a confeccionar esa lista, el primero de sus elementos vendría determinado por el marco institucional. Desde una perspectiva liberal muy amplia se resalta la correlación de la corrupción con el socialismo (entendido como la colectivización de la propiedad de los medios de producción) y el intervencionismo (en sus distintos grados: corporativista, nacionalsocialista, mercantilista, socialdemócrata…). En resumen, cuantas más tamaño y funciones acapara un gobierno y más decisiones adopta sobre lo que se debe producir, mayor es la propensión a la corrupción de ese sistema.

Los modelos que aplican esa línea continua que va del intervencionismo al socialismo no solo eliminan o coartan la libertad y el derecho de propiedad, sino que, debido a su propia naturaleza ordenancista y arbitraria, estimulan los abusos tanto de los gobernantes y los que buscan su favor desde grupos de presión y clientelas varias.

En los mal llamados estados del bienestar contempóraneos, que con carácter general absorben más del 50 por ciento de la riqueza que generan los países donde se hallan instalados, las iniciales promesas de redistribución de rentas de los más ricos a los más pobres de una sociedad se han sustituido por un reparto con direcciones múltiples que pretende justificarse con todo tipo de argumentos pintorescos. Por remitirnos solo a uno de los planes más delirantes de los últimos tiempos, la cantinela del calentamiento global preparó el caldo de cultivo a una de las mayores transferencias corrientes en favor de los promotores y productores de energías renovables en España, una gigantesca corrupción con aspecto de legalidad. Parece que fue ayer cuando destacados miembros de este Instituto publicaron el célebre “Estudio sobre los efectos en el empleo del apoyo público a las energías renovables” donde se desmontaron las falacias de este tipo de programas de despilfarro masivo. Todavía hoy no se ha eliminado la significativa partida que ocupan en los presupuestos anuales del Estado. Alguna vez los diseñadores de ese plan deberán explicar qué justificó realmente quitar dinero a los contribuyentes, actuales y futuros, para que unos beneficiarios compraran terrenos, paneles solares, molinos y demás y se subvencionara la compra de la energía así producida a las compañías eléctricas. Ahora que los norteamericanos han revolucionado la producción de fuentes de energía con la explotación a gran escala del petróleo y el gas de esquistos bituminosos, provocando la reconsideración de la política energética de los países de Unión Europea que observan la ventaja competitiva para fomentar el crecimiento en medio de la recesión, cabe preguntarse dónde quedarán los compromisos del Protocolo de Kyoto de reducción del uso de combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Ejemplos como el anterior reafirman la percepción de que asistimos a un retorno del fascismo económico. Los gobiernos pretenden dictar a empresas y particulares las fuentes de energía que deben utilizar, sin permitir que sean éstos quienes descubran mediante el funcionamiento del mercado libre las más útiles y eficientes en un momento dado. Da lo mismo que unas veces invoquen la protección de la naturaleza y, poco tiempo después, el impulso del crecimiento económico, pues el dirigismo causa parecidas distorsiones en ese proceso. Por eso, cuando algunos cantamañanas claman con argumentos pseudomorales por una mayor regulación gubernamental de los mercados, escamoteando la realidad de las tremendas manipulaciones a las que éstos se ven sometidos (comenzando por el monetario que siempre escapa a sus análisis), deberían recordar que esa expansión del poder estatal coincide con el modelo fascista y que la corrupción resulta su trasunto.

Como se ha visto, por sí mismo el marco institucional ampara situaciones de corrupción, sin necesidad de incurrir en ilegalidades y menos aun delitos. Si se añade la dependencia del poder judicial que administra justicia al poder ejecutivo y legislativo, tendremos amplísimas zonas de penumbra a la investigación de la implicación de individuos concretos en hechos que el propio sistema califica como delitos. Y, por lo tanto, que no se ventilen y depuren las responsabilidades penales de los auténticamente involucrados, segundo factor en importancia en estas situaciones, lo cual contribuye a magnificar las consecuencias de esa corrupción delictiva y la retroalimenta.

En conclusión, antes de lanzar hipótesis sobre el nervio ético de los individuos de una determinada comunidad, deben analizarse cuáles son los mecanismos que incentivan el abuso del poder por parte de los políticos y los miembros de la burocracia para favorecer a determinadas personas y a ellos mismos. Es decir, cuáles son los auténticos mimbres de la corrupción. Decir que ésta ha existido siempre no debe ocultar que las probabilidades de que se produzca aumentan cuanto mayor es el tamaño del gobierno y la administración y, por lo tanto, las regulaciones y las decisiones discrecionales que deben tomar los gobernantes de todo pelaje y los empleados públicos sobre las actuaciones de los individuos y sus empresas. La hiperregulación y el intervencionismo que padecen las sociedades de los estados contemporáneos motivan que sus decisiones al respecto alcancen un valor inusitado. Al final se produce un triple efecto que comienza por desalentar a los individuos de emprender actividades empresariales y profesionales; estimula en paralelo su incorporación a la estructura burocrática encabezada por políticos y dispara las ocasiones para que concurran un particular y un preboste que asume funciones públicas para dispensarse mutuamente de cumplir unas regulaciones que no son más que órdenes y mandatos incompatibles con una idea de ley general y universal.

Obama, como Maduro y Correa, enemigo de la prensa libre

En el poco tiempo que lleva en el poder, Nicolás Maduro está acelerando de forma creciente la destrucción de la libertad ciudadana que emprendió Hugo Chávez. De hecho, la castrización del país caribeño y la destrucción de los restos de democracia en Venezuela han alcanzado una velocidad sin precedentes.

En esa estrategia, y siguiendo los pasos de su mentor, entra la persecución y represión de los medios de comunicación y los periodistas que no le son afines. Esta última no pasa siempre necesariamente por el cierre de radios, televisiones o periódicos, así como por el encarcelamiento de sus directivos y profesionales. También incluye técnicas como el espionaje de los informadores. Ejemplo de ello es el hecho, recientemente descubierto, de que los servicios secretos bolivarianos espían a periodistas venezolanos residentes en Miami.

Pero estos no son los únicos periodistas que son espiados por un Gobierno en territorio de EEUU. Cada vez surgen más noticias referentes al espionaje de medios y periodistas estadounidenses por parte de las autoridades de su propio país.

Primero fue el caso de los cien periodistas de la Agencia Associated Press cuyos teléfonos fueron pinchados por orden de la Casa Blanca. Ahora se suma la noticia de que el FBI –una agencia que, a pesar de lo que muestren series como Bones o Mentes Criminales, es básicamente un servicio de inteligencia que actúa dentro de las fronteras de Estados Unidos– ha estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, un periodista de Fox News.

En ambos casos, el objetivo era conocer las fuentes de sus informaciones. En el caso de la agencia de noticias versaban sobre las actividades antiterroristas de EEUU en Yemen y en el de la televisión trataban sobre el régimen comunista de Corea del Norte. Obama y su administración no han pedido perdón por estos espionajes. Al contrario se han justificado y casi se podría decir que han sacado pecho.

El secreto de las fuentes es una herramienta fundamental para poder ejercer el periodismo, por lo que está garantizado por ley en cualquier país del mundo. Si no se puede asegurar el anonimato de quién proporciona una información delicada, en numerosas ocasiones sería imposible acceder a ella. Por eso, violarlo es un atentando directo contra la libertad de expresión.

Pero en el caso de Rosen estamos ante algo de una gravedad mayor. En un hecho sin precedentes, ha sido acusado por las autoridades como "como instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Estamos ante un salto cualitativo tremendo. Si al espiar a los periodistas Obama se comporta como Maduro, al acusarles –sobre todo si se tiene en cuenta de que se trata de un profesional de un medio muy crítico en el actual presidente de EEUU– imita las técnicas de Rafael Correa, el mayor represor de los medios de comunicación en América tras los hermanos Castro.

Ya no consiste tan sólo en espiar a los periodistas, algo de por sí muy grave. Al presentar cargos contra uno de ellos por ofrecer informaciones incómodas para la Casa Blanca, ese es el motivo real de la acusación aunque nominalmente sean otro, la administración de Obama lanza un mensaje al resto de profesionales de los medios: "a partir de ahora, quien publique algo que nos moleste se arriesga a que encontremos la excusa para tratar de mandarle a la cárcel". Se trata de un paso de gigante en el recorte de la libertad de expresión. Si Rosen resulta finalmente condenado, Obama tendrá su primer preso político.

No se trata tan sólo de una cuestión que afecte tan sólo a los periodistas y los dueños de los medios de comunicación. Sin una prensa libre, se priva a los ciudadanos de recibir informaciones que el poder no quiere que les lleguen, además de la oportunidad de acceder a todo tipo de opiniones. No en vano, otro presidente de EEUU, Thomas Jefferson, sentenció en 1787 (cuatro años antes de acceder a la Casa Blanca):

Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo.

Es tradición que durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el presidente de EEUU bromee sobre sí mismo. Si este año se comparaba con Lincoln y parodiaba la película sobre dicho mandatario, el año que viene podría dejarse bigote y salir vestido con una camisa roja. Hasta podría incluir un pajarito sobre su cabeza como detalle de atrezzo. Claro que no sería una parodia, sería la escenificación de cómo le gusta tratar a los medios de comunicación.

Los impuestos y sus efectos: distorsión de los precios

No deja de ser interesante la manera que tienen los gobiernos para legitimar los impuestos. Estamos entrando en la época del año en la que veremos algún anuncio de televisión de la Agencia Tributaria en donde se nos diga que debemos ser buenos "contribuyentes" y pagar todos nuestros impuestos religiosamente. Y acabará diciendo que "así mejoramos todos". Y claro, ¿quién va a ser el desalmado que no quiera que mejoremos todos?

En otro artículo hablábamos de cómo los impuestos tienen un efecto nocivo en las empresas y la economía porque desalientan y desincentivan las actividades productivas y creadoras de empleos. Sin duda, una manera curiosa de que mejoremos todos…

Pero los impuestos también tienen otro efecto devastador que generalmente no se tiene en cuenta: distorsionan los precios de mercado.

El mercado libre se basa en el mecanismo de los precios. Éstos reflejan las condiciones de oferta y demanda, por lo que suponen la información más relevante y valiosa de la que disponen los consumidores y productores para decidir cuándo comprar o vender.

Al gravar un determinado producto (o servicio) se varía artificialmente su precio y deja de ser indicador de la oferta y demanda real. Su aumento de precio en el mercado ya no refleja una menor oferta o una mayor demanda.

Inevitablemente, esto altera la toma de decisiones tanto en la producción como en el consumo porque empiezan a recibir mensajes distorsionados, señales modificadas y actuarán en consecuencia. Se impide el correcto funcionamiento del mercado porque se distorsiona la asignación de recursos.

En un mercado libre, donde se respetan las transacciones voluntarias y la propiedad privada de los medios de producción, los recursos fluyen hacia aquellas líneas de producción que satisfacen las necesidades que los consumidores en cada mercado consideran más "urgentes", es decir, que generan más valor. De esta manera, el sistema de precios actúa con toda su eficacia para transmitir oportunamente la información relevante asegurando que los bienes se produzcan de la manera más eficaz y menos costosa posible.

Los impuestos no son económicamente neutros. Los principios económicos más básicos nos muestran que los controles de precios, los precios "justos" y demás intervenciones gubernamentales distorsionan el sistema de precios, impidiendo que los bienes fluyan hacia dónde más se necesitan. Y no sé si alguien se puede creer que esto nos ayude a todos precisamente.

No hay que ser asesor fiscal para vigilar al Taxman

El Gobierno ya incrementó el año pasado el Impuesto sobre Sociedades (IS) y pretende hacerlo ahora otra vez. Sin embargo, el incremento no ha sido fácil de entender para el ciudadano de a pie porque se ha basado en cambiar disposiciones técnicas y, además, orientadas principalmente a las grandes empresas, que por ser grandes parece que incluso se lo merezcan (como si no sufrieran los incrementos de impuestos, o los absorbieran solamente ellas y no sus clientes, proveedores, accionistas, etc.).

Los aspectos técnicos de este Impuesto, aunque no conocidos por una mayoría, son determinantes para la población si lo que se quiere es la prosperidad económica. Y aun siendo temas técnicos, tan sólo con disponer de un sencillo enfoque de lo que debería ser la política y su intervención en la vida de los ciudadanos permitirá a éstos no dejarse engañar por sus políticos, y ante cualquier incremento sutil y técnico de impuestos, interponer un freno social a ese monstruo lovecraftiano que es el Taxman.

El IS es uno de los impuestos más distorsionadores de la actividad económica. Una de esas distorsiones es la creada por la posibilidad de deducción de los gastos financieros frente a la no deducción del coste de oportunidad de los fondos propios. Esto, junto con otras características del Impuesto, ha favorecido el uso de la deuda, la inversión en inmuebles, la complejidad en la financiación de las empresas (deuda híbrida) y de las transacciones financieras.

Tanto es así que en trabajos académicos recientes ya se ha llamado la atención sobre el papel que ha tenido este Impuesto en el fomento y agravamiento de la actual crisis económica, y no es que ésta haya surgido por el Impuesto, pero ha sido favorecida y engrandecida por él.

Ante esto, las respuestas académicas son diversas, pero mayoritariamente se centran en tratar de equiparar la deuda con los fondos propios, bien a través de la eliminación de la deducción de los gastos financieros, bien creando una nueva deducción para los fondos propios (la deducción de una especie de coste de oportunidad). De ese modo, ambas partidas estarían igualmente tratadas: o bien penalizándolas a las dos o no penalizándolas (tanto).

¿Y cuál creen que ha sido la respuesta política mayoritaria? La que más se está extendiendo hasta el momento ha sido la aplicada y liderada por Dinamarca y Alemania: limitar la deducción de los gastos financieros, es decir, acercar los tratamientos por la vía de la penalización también de la deuda. Como decía, esta es también la seguida por Montoro, y aplaudida por su partido.

Pero penalizar igualmente las fuentes de financiación de las empresas no es la solución. Además, hay muchas más distorsiones creadas por el IS que han sido cómplices de la crisis. Por eso, tampoco sería un remedio completo introducir una deducción para los fondos propios. Lo que realmente suavizaría no solo estas sino todas las distorsiones de este impuesto sería reducir los tipos impositivos nominales drásticamente (superiores a la media de la UE). Son los tipos nominales los que se ceban especialmente con los proyectos de inversión más rentables, aquellos que más beneficios traen a la sociedad, y son los más distorsionadores de la creatividad empresarial y del beneficio puro empresarial (cuantos más beneficios, el tipo efectivo se acerca más al tipo nominal).

Por tanto, aunque desde la academia la asimetría de tratamiento fiscal fondos propios/deuda ha sido más que identificada y se hayan ofrecido diversas soluciones, depende de la población vigilar cuál adopta el político e incluso corregir el sesgo liberticida de los propios entendidos. Y sobre todo, presionar para que unos y otros reduzcan su ingeniería social y sus ganas por el ¡exprópiese!

Si, por ejemplo, los políticos empiezan a limitar la deducción de los gastos financieros para las empresas, no debemos pasar por alto esta maniobra porque se aplique a las grandes empresas, que por ser grandes, son malignas, claro. De hecho, como en cualquier intervención estatal, lo que empieza por algo nimio y sin importancia, al final acaba por extenderse al resto de población (ya sea de personas físicas o jurídicas), y entonces ya es más difícil que la propia población se movilice en su contra. Véase el propio Impuesto sobre la Renta o el IVA, que nacieron en los países occidentales con tipos impositivos irrisorios y ahora alcanzan el 52% o 21% en nuestro país.

No hace falta entender de leyes fiscales. Pero al igual que debemos incrementar nuestra cultura financiera y saber cómo funcionan los negocios y el dinero (y que estos deben ser respetados) también debemos ser furibundos defensores de cualquier contribuyente, por muy mala prensa que tenga, y vigilar siempre al Taxman y sus cómplices.

El camino de nuestra economía: el ‘Abe-Road’ de Madrid a Cádiz

La semana pasada, el “economista observador”, José Carlos Díez, publicaba un artículo en su blog en el que alaba la política monetaria expansiva del ministro japonés Shinzo Abe, basándose en los resultados positivos casi instantáneos de su inyección de dinero.

La metáfora de “este economista observador” desvela uno de sus errores más gruesos pero menos evidentes. El error de fondo.

Las piedras en el camino

De acuerdo con el artículo de José Carlos Díez, Merkel y Rajoy nos estarían guiando por un camino equivocado, el opuesto al del ministro Abe. En sus propias palabras: “Rajoy y Merkel siguen por el camino equivocado sin hacer caso al GPS”. Se diría que, para el profesor Díez, el GPS está representado por las políticas monetarias japonesas. En cierto sentido, sí podríamos considerar que ese tipo de políticas monetarias son una especie de ‘piloto automático’ en cuanto que uno las aplica para no tener que pensar ni dirigir nada. Pero como José Carlos Díez sabe, la política económica no es un mecanismo automático y no hay política extrapolable a rajatabla. No hay recetas, solamente recomendaciones en función de determinadas circunstancias, dadas unas previsiones que se cumplirán o no con diferentes grados de probabilidad. La política económica (no la teoría económica) está atada a un cúmulo de factores que lo complican todo.

Por ejemplo, el factor político, es decir, el uso político de las medidas económicas. Algo tan frecuente en la actualidad que no lo percibimos como un fenómeno anormal. Y, sin embargo, es aberrante que, por mostrar un botón, el Banco Central Europeo financie a un Estado (lo que tiene prohibido por definición) mediante el recoveco de ofrecer financiación muy barata a la banca española para que ésta, a su vez, compre deuda soberana. Y, lo peor, la estampa benefactora ofrecida a la sociedad: el Banco Central Europeo financia barato a los bancos para que estos ayuden a las empresas y las familias. Y todavía hay gente que se sorprende. Nunca fue esa la intención del BCE. Los bancos centrales, por definición, protegen la capacidad financiera del Estado, no la de los ciudadanos. Esa es la primera piedra en el camino: los ciudadanos y las empresas estamos desprotegidos frente a los bancos centrales y los gobiernos.

No todos los caminos conducen a Roma, ni todas las escaleras al cielo

Pero la idea de “este economista observador”: “Si quieres ir a Cádiz desde Madrid hay que coger la carretera de Andalucía. Si te equivocas y coges la de La Coruña cuanto antes te des cuenta menos tiempo perderás en recorrer el camino andado”, todavía es más perniciosa que la del GPS.

Para ir de Madrid a Cádiz, efectivamente, hay que tomar la autopista adecuada. Otra cosa es que una autopista sea el camino más eficiente posible. En este caso, desde luego que no lo es. El camino pautado muchas veces no es el mejor. No hay recetario económico, no hay autopistas perfectas e indoloras para ir desde el caos económico a la recuperación. La política económica que propone José Carlos Díez no es una alternativa, es, como decía Led Zeppelin en su famoso éxito Stairway to Heaven, una escalera suspendida en el viento susurrante, mientras nosotros seguimos caminando y nuestras sombras son más grandes que nuestras almas. La proclamada austeridad, inexistente si miramos los datos (por ejemplo, el crecimiento persistente del gasto), lo sería si fuera real y viéramos los resultados. Porque los españoles estamos exhaustos. Con subidas de impuestos a traición, gasto persistente, malas previsiones y años escuchando los mismos mensajes de la autoridad, pero sin ver resultados, el cansancio hace mella y estamos dispuestos a apuntarnos al carro de quien mejor nos dore la píldora. Que se puede, que podemos, que la culpa es de Merkel, de los hedge funds, del cha-cha-chá… cualquier cosa menos decir la verdad: vamos a seguir sufriendo porque un caramelo de menta suaviza la garganta pero no cura la gripe. Y lo nuestro va camino de la pulmonía.

Abe-Road o camino del averno

No hay una sola carretera, hay varias, y el Abe-Road, el camino trazado por el ministro japonés, simplemente mirando lo que sucede en su país desde el año 2001, y viendo los datos (Daniel Lacalle los muestra muy bien en su artículo Japón y el manga monetario), parece que no es la mejor. Sí, ha crecido la economía japonesa. Y cuando te emborrachas y tienes una resaca terrible, lo mejor es una cervecita bien fría, como remedio inmediato. No para combatir la resaca, sino para sentirte mejor. Y ese es el objetivo del Abe-Road, sentirse mejor al menos un ratito. Para los economistas que analizamos cómo salir de la crisis, sentirse mejor no es el objetivo. El objetivo es… salir de la crisis. Y la idea de repetir la experiencia de diez años de estancamiento económico a la japonesa, no debería convencer a nadie. Tampoco al economista observador.

Querido José Carlos, claro que hay vida después de la crisis, y después de las guerras y los tsunamis, pero se trata de que sea la mejor de las vidas posibles, no la más popular.

La alternativa a la democracia

No hay que confundir democracia con libertad. La democracia es una forma de decidir sobre los asuntos de todos, la libertad es el derecho a decidir sobre lo que es tuyo. Aunque hoy la gente asocia ambos términos y a menudo, como dijera Ortega y Gasset, gritan lo uno queriendo lo otro, lo cierto es que la edad dorada del liberalismo tuvo lugar en un contexto dominado por monarquías constitucionales y democracias restrictivas.

Erik von Kuehnelt-Leddihn, en su obra magna Leftism Revisited, explica que ni José II ni Jorge III tenían el poder efectivo que detenta un parlamento moderno. Hasta mitades del siglo XIX el gasto público se mantuvo por debajo del 5% de la riqueza nacional, y el empleo público estaba por debajo del 3% (hoy el gasto alcanza el 50% del PIB en muchas economías occidentales, y el empleo público se sitúa entre el 10 y el 20% de la población activa). El servicio militar obligatorio, la Ley Seca o el impuesto sobre la renta fueron introducidos por "representantes del pueblo". En democracia el parlamento es el pueblo, y esta identificación tan falaz como arraigada permite al legislador violentar la libertad sin que el pueblo pueda acusarle de tiranía. No en vano las primeras "guerras totales" se sucedieron en el siglo XX, cuando se difuminó la distinción entre Estado y sociedad civil, y la población pasó a ser un objetivo militar aceptable. Numerosos liberales clásicos ya habían alertado sobre los peligros de la democracia (Locke, De Tocqueville, Constant, Lord Acton, von Humboldt), e incluso entre los fundadores de la democracia americana había escepticismo (Hamilton, Washington, Adams, Madison, Jefferson).

Hans-Hermann Hoppe, quizás el mayor referente antidemócrata y promonárquico del liberalismo contemporáneo, argumenta que el gobierno electo es como el arrendador de una casa (por cuatro años), y el monarca absoluto como su propietario (pudiendo dejarla en herencia). ¿Quién tiene más incentivos para procurar su mantenimiento y recapitalización a largo plazo? El gobierno democrático despilfarra a costa de gobiernos y generaciones futuras: burbujas que estallarán en otra legislatura, gasto con cargo a deuda, derechos sociales sobre esquemas Ponzi. Además, prosigue Hoppe, en democracia siempre gobiernan los más demagogos, la competencia electoral ensalza a los que más prometen (o sea, a los que mejor engañan). El monarca absoluto, en cambio, no compite con nadie, no ha tenido que corromperse para llegar al poder. Puede ser un déspota o una persona decente, pero al menos está en manos del azar, porque si está en manos de las urnas es improbable que sea muy decente.

Con todo, algo falla en la argumentación de Hoppe, porque muchas dictaduras actuales son como dinastías, y en general no se correlacionan con un mayor grado de libertad, antes al contrario. Hay excepciones, como los emiratos del Golfo Pérsico, la democracia controlada de Singapur, o la ex colonia de Hong Kong, gestionados con una visión largoplacista bastante hoppeana que ha priorizado la libertad económica y el desarrollo. Pero tampoco aquí está clara la causalidad. El tamaño de la unidad puede haber sido más determinante que su sistema político (Nassim Taleb dixit). Por otro lado, quizás en democracia los demagogos y corruptibles jueguen con ventaja, pero al menos puedes expulsarlos cada cuatro años, no hay que esperar a que abdiquen.

Pablo Carabias también nos propone viajar en el tiempo, en este caso para instituir el sufragio censitario. Que voten solo los que más impuestos pagan (o que emitan más votos los que quieran y puedan comprarlos). Según Pablo, la democracia es un mecanismo para decidir cómo se gestiona lo que aportamos, y en este sentido los que más aportan deberían tener más poder de decisión. Este planteamiento presenta muchos problemas, aunque suscita también interesantes reflexiones.

Primero, la democracia no es un mecanismo para decidir sobre la aportación de cada uno. La democracia es un mecanismo para tomar decisiones que afectan a todos, incluyendo los que no quieren participar de ellas. El rico no tiene más derecho a imponerme sus caprichos que el ciudadano medio, o que el 99% de la población, da igual cuánto aporte al erario común. El Ministerio de Educación no sería menos autocrático si fueran los más pudientes los que impusieran su currículum nacional. Dicho de otra manera, una cosa es que los más adinerados puedan "votar" más sobre lo suyo (sería el resultado de bajarles los impuestos), otra muy distinta, y ajena al liberalismo, es que puedan votar más sobre los asuntos de todos. En tiempos del laissez faire, cuando los ministerios se contaban con una mano, quién votaba era trivial, pues apenas podía decidir sobre nada. Pero hoy el votante puede entrar en tu dormitorio, decir cómo tienes que llevar tu negocio y meterte la mano en el bolsillo una y otra vez. Es verdad que Pablo introduce un matiz que pocos comentaristas han advertido: que el Estado se financie solo con aportaciones de los que deseen votar, una suerte de cláusula "opt out" para el que no quiera participar en el sistema ni como votante ni como contribuyente. Esta idea es más sugerente, ¿pero hasta qué punto estamos "saliéndonos" del sistema si las políticas de los votantes siguen afectándonos?

Segundo, se podría argüir que el sufragio censitario en función de la renta serviría para contener la represión fiscal y mitigar la redistribución. Quizás fue así en el pasado, y sin duda sería una consecuencia deseable desde el punto de vista liberal, pero si ése es el objetivo, ¿por qué elegir la farragosa vía del sufragio censitario y no directamente abogar por una enmienda constitucional que proscriba determinados niveles de fiscalidad? Es poco probable que un parlamento vote una enmienda semejante, pero es menos probable todavía que vaya a excluir del censo a la mayoría de sus electores.

Tercero, en cierto sentido ya vivimos en una "democracia censitaria" y los resultados dejan mucho que desear. Quizás todos los votos valen lo mismo en las urnas, pero en los despachos ministeriales unos tienen más peso que otros: la banca, la gran industria, los sindicatos… La influencia de los lobbies es indicativa de un fenómeno que cuestiona las tesis de Pablo sobre el sufragio censitario: las rentas altas no solo quieren pagar menos impuestos (algo perfectamente liberal), también quieren proteger su nivel de renta petrificando el statu quo (algo perfectamente anti-liberal). Del mismo modo que tienen incentivos para demandar menos impuestos, también tienen incentivos para demandar regulaciones y privilegios que les protejan de los vaivenes del mercado y de la competencia. Bancos y grandes corporaciones piden rescates públicos para no quebrar y tipos de interés artificialmente bajos para inflar burbujas, empresas establecidas piden regulaciones para obstaculizar la entrada de nuevos competidores, los sindicatos blindan los puestos de trabajo de sus afiliados a costa de encarecer la contratación de los desempleados, intelectuales y artistas piden subvenciones para no tener que depender de los consumidores…

Cuarto, enlazando con el punto anterior, la defensa del sufragio censitario parece sustentarse sobre la premisa de que el Estado del Bienestar redistribuye renta de ricos a pobres (y conceder el voto solo a las víctimas del expolio fiscal pondría coto a este trasvase). Pero dejando a un lado el marketing socialdemócrata, no está claro que la redistribución sea netamente vertical. En los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones) la progresividad es baja. Para el grueso de la clase media, es como este ejemplo: Pedro paga la sanidad de Juan, mientras Juan paga a Pedro la educación de sus hijos. Redistribución horizontal. En muchos otros ámbitos las políticas son regresivas (hay redistribución de rentas más bajas a rentas más altas, o los pobres salen más perjudicados): universidad, cultura, energía, agricultura, política monetaria, mercado laboral…

Quinto, quienes se rasgan las vestiduras con la propuesta de sufragio censitario no parecen percatarse de que virtualmente todas las democracias occidentales restringen el voto de una fracción de los ciudadanos con menos recursos: los inmigrantes, más de un 10% la población en España (sin contar los que no tienen papeles). Da igual que trabajes en España legalmente y pagues tus impuestos, si vienes de fuera no puedes votar el gobierno del país. Naturalmente a los inmigrantes (ya se trate del comerciante paquistaní en Barcelona o el expat europeo en Dubai) les importa bien poco la falta de "derechos políticos", no han cruzado la frontera para votar sino para ganarse mejor la vida. En este sentido no hay política más solidaria que la apertura de fronteras y la consiguiente extensión del sufragio censitario, y somos muchos los liberales que defendemos la libertad de inmigración como el mayor programa anti-pobreza (¡al menos en países que crean empleo en lugar de destruirlo!).

En definitiva, que el voto censitario (como las monarquías constitucionales y los gobiernos mixtos) conviviera con el laissez faire antes del advenimiento de la democracia absoluta no significa que sea un modelo deseable e importable al siglo XXI. Los sistemas políticos son a menudo fruto de sus circunstancias, y divorciados de su contexto pueden perder su razón de ser.

¿Hay entonces alternativa a la democracia? Para contestar a esta pregunta primero hay que saber para qué sirve y para qué no sirve la democracia.

La democracia no sirve para producir buenas políticas. Bryan Caplan, en su libro The Myth of the Rational Voter, explica que el votante medio es peor que ignorante: es irracional, esto es, defiende políticas en base a creencias erróneas que tiene sobre economía, y estas políticas se contradicen con el fin de promover un mayor bienestar, que también valora. Caplan estudia empíricamente los sesgos de los votantes y concluye que la mayoría de gente no entiende los procesos de mercado, subestima los beneficios de comerciar con extranjeros, equipara la prosperidad con el empleo y no con la producción, y tiende a ser más pesimista de lo que la realidad exige. Obviamente los sesgos no empiezan y acaban a las puertas del colegio electoral, pero el mercado desincetiva la irracionalidad con precios, pérdidas y quiebras, la democracia no. Equivocarse en las urnas casi nos sale gratis, porque la relevancia de nuestro voto tiende a cero. El precio de satisfacer nuestras erróneas creencias es la reducción del bienestar que produce una determinada política descontada por la probabilidad de que nuestro voto sea decisivo. Si una medida proteccionista va a reducir nuestro bienestar en 1000€ y el electorado es de 1000 personas, satisfacer nuestras ansias nacionalistas solo nos cuesta 1€. Decir que los elevados costes de una política nos empujarán a ser más sabios es análogo a afirmar que los perjuicios de la polución nos llevan a conducir menos. Que los niveles de polución sean altos o bajos no depende de nosotros, de modo que conducimos igualmente. Como dice Caplan, nadie se enfrenta a la elección "conduce menos o padece un cáncer de pulmón" o "reconsidera tus ideas sobre economía o malvive en la pobreza".

Con todo, la democracia y el sufragio universal sí sirven para producir un valioso bien en el contexto actual: la ilusión de "juego limpio", de que todos tenemos el mismo derecho a participar en el sistema, y esta ilusión genera paz social. En un contexto en el que se valora la igualdad, la ausencia de discriminación hace que las distintas facciones no sientan agravios ni puedan alegarlos, y dediquen sus esfuerzos a ganar votos en lugar de organizar revueltas. Si dejas jugar a la gente y pierde, se resigna. Si no les dejas jugar, se resienten y se sublevan. La democracia, además, está vinculada a un elevado grado de libertad de expresión y de asociación, así como a otras libertades civiles, como el derecho a un proceso justo, sin las cuales sería difícil crear las condiciones que hacen posible unas elecciones pacíficas.

¿Significa esta reflexión que tenemos que aceptar la democracia para lo bueno y para lo malo?¿Que el precio de la paz social y las libertades civiles son políticas económicas que nos empobrecen? Habría una forma de evadir este odioso "trade-off": reducir el ámbito de decisión de la democracia tanto como sea posible. La mayoría de decisiones importantes en nuestra vida no las sometemos a votación democrática de nuestra comunidad, ni siquiera de nuestros más allegados: qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar o qué negocio queremos montar, dónde queremos vivir, con quién nos relacionamos y tenemos amistad, con quién nos emparejamos, a qué clubs y organizaciones nos asociamos, en qué invertimos, cuánto ahorramos, qué casa compramos… Cuantas menos decisiones se tomen "democráticamente" y más decisiones se tomen en el marco del mercado y la sociedad civil, menos necesaria será la ilusión de "juego limpio" para capturar el poder, pues no habrá ningún poder que capturar, y mayor será el bienestar social fruto de una política económica laissez faire.

Porque la alternativa a la democracia no es la dictadura, ni la monarquía, ni el sufragio censitario, ni cualquier otra forma de gobierno. La alternativa a la democracia es el mercado.

Evolución de las formas del Estado (I)

El proceso de institucionalización del poder ha sido estudiado por diversos autores como, por ejemplo: Georges Burdeau (1), Otto Hintze (2), Carl Smith (3), F. Meineke (4), Bertrand de Jouvenel (5), Michael Oakeshott (6) o Dalmacio Negro (7).

Carl Smith describía el Estado Total del siguiente modo en el año 1931:

…la sociedad hecha Estado se transforma en Estado económico, Estado cultural, Estado de protección, Estado de prosperidad y Estado de previsión: el Estado hecho autoorganización de la sociedad y que, por consiguiente ya no puede separarse de ella, por su objeto abarca todo lo social, es decir, todo lo que se refiere a la vida común de los hombres.

—Carl Smith, "Hacia el Estado Total", Revista de Occidente, Mayo 1931—

En paralelo, se ha producido un proceso de despolitización de la sociedad civil en los últimos siglos, en el sentido de que los ciudadanos han renunciado a proteger sus derechos individuales (vida, propiedad privada, libertad, igualdad de trato ante la Ley) y a ejercer su derecho subjetivo a decidir qué hacer y qué no hacer respecto de los asuntos transcendentales para su futuro. Surgen así otros poderes que dicen representar los intereses de la población como partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y grupos de medradores de prebendas públicas (patronales, fundaciones, asociaciones, actores,…).

Ante la renuncia de la mayoría de ciudadanos a ejercer su responsabilidad individual, el "ethos" de la población desaparece de la vida política y pasa a ser representado por los intereses de los grupos organizados que, si logran cierto peso político, pasan a integrarse en la oligarquía y "guiar" la sociedad civil. Así es como, también, confluyen un proceso de "oligarquización" de la sociedad, que aumenta exponencialmente conforme se imponen las ideologías colectivistas, y un proceso de confinamiento y reclusión de las libertades de la sociedad civil en la jaula de hierro que establece la oligarquía.

Actualmente, la población se conforma con ejercer su derecho al voto cada cuatro años, con depositar su responsabilidad individual en la oligarquía y, a cambio, renunciar a ejercer su derecho a participar activamente como sociedad civil y, por tanto, a decidir (referéndum) en los asuntos políticos trascendentales para su futuro como, por ejemplo: la protección del derecho a la vida, la protección de los derechos de propiedad, las subidas de impuestos, los déficit presupuestarios, el endeudamiento del Estado, la alteración de la moneda, la independencia unilateral (o no) de territorios, la entrada (o no) en conflictos armados en donde no exista coacción o agresión previas…

El libro Historia de las formas de Estado, del catedrático Dalmacio Negro, describe magistralmente el proceso de institucionalización del poder. Señala como:

Las formas políticas "espontáneas", "orgánicas", naturales, de lo Político son la Ciudad, el Reino, y el Imperio; el Estado es una forma, la cuarta, artificial. Pierre Manent pone aquí la Nación en vez del Estado. Sin embargo, esto parece ser una confusión, puesto que la Nación no es una forma abstracta en el tiempo ni en el espacio, como sí lo es en cambio el Estado, aunque su realidad empírica sea reciente… El Estado, aparato técnico, parece haberse emancipado a su vez de la nación y acaba con ella. Esto es perceptible en el Estado totalitario, cuyo concepto sobrepasa y supera al Estado-Nación.
Negro, D. (2010), p. 42.

Muchas personas y, especialmente, los autores intervencionistas confunden la forma del gobierno con la forma del régimen. Las formas de Gobierno son aquellos tipos de organización social en que se institucionaliza formalmente el orden político para afrontar las incertidumbres que afectan a la vida.

Sin embargo, las formas del Régimen van más allá de lo meramente formal y, en los últimos siglos, tienen mucho que ver con el tamaño de ésa forma política artificial que se denomina Estado. Artificial en el sentido de que es sólo una de las formas de Gobierno y que no es "natural" al no respetar los derechos individuales que son propios, inmanentes e inherentes a la naturaleza de un hombre libre.

Desde un punto de vista liberal, es importante tomar distancia respecto del momento presente y observar la evolución del Estado como forma política "artificial" que no respeta los derechos de las personas. En la parte II del presente artículo, explicaremos en detalle la evolución del Estado en tres grandes fases: la Monarquía Estatal, el Estado-Nación y el Estado Total.

A partir del año 1989, con la caída de los regímenes comunistas que configuraron un Estado Total en los países de Europa del Este, y que se caracterizaban por un tamaño del Estado cercano al 100% del tamaño de su Economía, sólo parcialmente, una pequeña parte de la oligarquía de los países toma cierta conciencia de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo que predijeron Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek.

Sin embargo, la mayoría de la oligarquía no renuncia fácilmente a sus privilegios y las soluciones de mercado sobreviven bajo un fuerte intervencionismo en muchos sectores económicos. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el tamaño del Estado en la mayoría de países de la Unión Europea se sitúa entorno al 50% del PIB, lo que lastra el crecimiento económico y las libertades de sus ciudadanos.

Se puede comprobar la afirmación anterior, analizando los presupuestos de las administraciones públicas de cada país, tal y como demostraré el próximo jueves 23 de mayo en el VI Congreso de Economía Austriaca. Como ejemplo, recomiendo se analice la siguiente gráfica que muestra el espacio que cubre el Estado en España en el año 2013:
 

Gráfica – Porcentaje que representan las administraciones públicas de España

respecto del PIB 2013 en comparación con el sector privado.

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

(1) G. Burdeau, El Estado, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.

(2) O. Hintze, Historia de las formas políticas,

(3) C. Smith, El concepto de lo Político, Alianza, Madrid, 1971.

(4) F. Meineke, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.

(5) B. de Jouvenel, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Unión Editorial, Madrid, 1998.

(6) M. Oakeshott, El Estado europeo moderno, Barcelona, Paidós, 2001.

(7) D. Negro, Historia de las formas del Estado, Madrid, El Buey Mudo, 2010.

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