Ir al contenido principal

La defensa del euro como lamento

La semana pasada, Telemadrid estrenó el documental En defensa del euro, realizado por Juan José Mercado. En él, diversos profesores universitarios como Huerta de Soto, Rodríguez Braun, Alonso Neira, Bagus y yo misma, explicábamos las razones que existen, hoy en día, para defender la moneda europea, frente a quienes pretenden que una vuelta a la peseta sería mucho más conveniente para solucionar la asfixiante situación de la economía española.

Hablo en nombre propio y sin ninguna intención de arrastrar con mi opinión a mis ilustres compañeros de reparto. No creo que quedara claro, no por obra y gracia del director, a quien le agradezco que contara conmigo y que ha hecho un impecable trabajo, sino por falta de tiempo, en qué consiste esa defensa.

Yo no soy partidaria de la centralización del poder, más bien al revés, creo que una de las claves del camino libertario es la descentralización. Es decir, que las unidades de decisión y gestión se limiten al tamaño de población mínimo más eficaz. No sé si hay que medirlo en términos de tamaño de la población, o área geográfica. Pero sí estoy convencida de que, junto con la diversidad institucional, es una de las direcciones hacia las que dirigirse. De manera que la idea de un Banco Central Europeo, o de la política fiscal comunitaria, o una autoridad europea del tipo que sea, no es, en mi opinión, la mejor apuesta.

Y, sin embargo, defiendo el euro.

Hay dos razones principales. Y las dos son lamentables, en el sentido literal del término, son más un lamento que otra cosa.

La primera razón es la certeza, demostrada desde que comenzó la crisis, de que nuestros gobernantes no van a emprender políticas monetarias sensatas, excepto si se les obliga. Quienes tienen sueños húmedos con la peseta imaginan el paraíso de la devaluación, de la máquina de hacer dinero como quien hace palomitas. En dos palabras, la ruina.

Porque, digan lo que digan, aunque no percibamos los resultados de la sobreemisión, de los manguerazos de dinero inyectado por el BCE, la bolsa de inflación se encuentra escondida bajo el manto de la burbuja de deuda. Cuando el BCE convocó la fiesta de los LTROS, no lo hizo por el bien de la ciudadanía europea, ni de esa parte que aporta (Alemania, Holanda, etc.), ni de la otra parte, que sufre la recesión cerrando empresas, en el paro y ayudados por las familias o por Cáritas. La única razón era saltarse la prohibición de dar dinero a los Estados miembros. Así, el BCE prestaba a muy bajo coste a los bancos nacionales que automáticamente compraban deuda soberana. Y de ahí, la burbuja de deuda que pagarán las futuras generaciones, quienes harán bien no mirándonos a la cara por lo que les estamos haciendo.

Imaginemos qué pasaría si se eliminan normas europeas e intermediarios.

La segunda razón, que no es sino la cara B de la primera, es que el euro es un buen "perro guardián". Al menos mientras haya países en la eurozona que se comportan y hacen esfuerzos por mantener sus finanzas en orden, estaremos a salvo. Porque tendremos a una valquiria reclamando que no se use el dinero de algunos contribuyentes europeos para financiar los desmanes ajenos. Este razonamiento, que a algunos les parece justificación suficiente para llamar nazi a Merkel, explotadores a esos países menos afectados por la recesión, y para negarse a pagar la deuda que consideran ilegítima, es el mismo razonamiento que esgrimen unas comunidades autónomas frente a otras. Y todos tan contentos. Es decir, el español entiende que su comunidad autónoma aporta más y no quiere que sus euros sirvan para financiar vicios ocultos tras EREs, pero sí le parece bien que los euros holandeses o alemanes se utilicen para financiar el gasto político de sus gobernantes, a quienes, por otro lado, detesta. Un sinsentido.

Si el sistema del euro va a servir para que los gobernantes españoles no tengan más remedio que ajustarse a las normas, incluso quienes creemos que el Banco Central Europeo es una perversión, como los demás bancos centrales, lo apoyaremos. Al menos yo. Aunque sea para evitar ese sangrado con que amenazan nuestros políticos y, todo hay que decirlo, muchos economistas afectos al "régimen" intervencionista, de derechas y de izquierdas.

Me permito recordar que los bancos centrales, en su origen, fueron una maniobra genial cuya intención era que el soberano dejara de depender de las familias de banqueros, para poder financiar sus guerras. Y que en aquellos momentos existía un ancla monetaria llamada patrón oro. Y precisamente en España las emisiones de deuda pública dieron lugar a varias bancarrotas del Estado, que no podía devolver su deuda a los ciudadanos, ni siquiera reestructurando los plazos e intereses de la deuda. Nadie puede pedir a un ciudadano que confíe en la independencia y la bondad del Banco de España visto lo sucedido en los pasados años. En cualquier caso, y no debería ser así, estamos en manos de la honestidad y coraje del gobernador del Banco de España, o del BCE de turno. Que es como jugar a la ruleta rusa quitando una sola bala al cargador.

La eliminación de los bancos centrales, la libertad monetaria y el anclaje de nuestra moneda en un activo sólido, en mi opinión, constituyen la mejor opción. Obviamente, a los políticos, no. Mientras eso siga así, espero que el euro sirva de contención a la incontinencia monetaria de nuestros gestores.

Repartir el trabajo

El consenso socialdemócrata nos aboca a seguir manteniendo el peso del bienestar del Estado sobre los hombros de los contribuyentes. No hay nadie en el arco parlamentario que proponga un recorte real de los gastos estatales para aliviar la carga impositiva de los exhaustos trabajadores.

Más allá del consenso, lo que sí existen son demandas para aumentar las subvenciones a sectores improductivos de la sociedad sin importar por cuántas generaciones nos tengamos que endeudar. Las soluciones son ingeniosas y hay quienes ya promueven el "reparto del trabajo". Para los planificadores, el problema no es la falta de trabajo sino que está mal distribuido. Ellos, claro, han recibido la iluminación de San Karl Marx para convertir lo ineficiente en eficiente y terminar con todos los males que padecemos.

El trabajo no es un bien dado preexistente que se pueda repartir. La visión estática de los colectivistas les lleva a entender la riqueza como un gran pastel que se puede repartir; de esta forma, si alguien acumula más de una porción, se la está quitando a otro. Lo mismo piensan que ocurre con el trabajo y muchos socialistas se lanzan a culpar a los trabajadores por acaparar el trabajo. Los políticos de izquierdas ya proponen reducir la jornada laboral para repartir el trabajo existente. No se trata de una exageración liberal, es una de las propuestasdeIzquierdaUnidaparacrearempleo. Las otras medidas incluyen varios planes de empleo, la creación de empleos públicos y verdes (sic) o el aumento del salario mínimo hasta los 1.100 euros mensuales. Todo pagado con el dinero ajeno que hoy no se recauda.

El pensamiento mágico de la Izquierda se resume en crear el trabajo de forma artificial de la nada (empleo público) o en redistribuir a la fuerza el que demanda el mercado laboral. Si el trabajo se pudiera crear de espaldas a las necesidades del mercado la solución política ideal sería la creación de 6.202.700 empleos, ni uno más ni uno menos. Problema resuelto.

La otra solución, la de repartir el trabajo existente, no es otra que aumentar la rigidez del sistema laboral español, que es lo que expulsa del mismo a mucha gente que se ve abocada a llenar las listas del Inem, pero que podría estar trabajando por salarios que los políticos creen dignos si se reciben en forma de subvención, pero indignos como contrapartida por desarrollar un trabajo. Aumentarían todavía más los costes laborales incrementando, por tanto, el coste de la contratación.

La riqueza no es un bien dado, el ser humano superó una situación de supervivencia gracias a su ingenio y su capacidad para ahorrar e invertir a largo plazo. Del horizonte vital de morir de frío en una cueva o servir como tentempié para un dientes de sable, hemos conseguido avanzar hacia una sociedad capitalista capaz de crear riqueza que en otras épocas eran inimaginables. Hoy en día podemos dedicar sólo una parte de nuestra vida a trabajar para procurarnos lo necesario e invertir de cara al futuro para vivir mejor y satisfacer necesidades. Necesidades que nuestros ancestros no tenían, pero a las que hoy nadie quiere renunciar. A estas se sumarán beneficios futuros que ni siquiera podemos imaginar. Esta riqueza colectiva creada de forma individual y distribuida por el mercado entronca con los trabajos necesarios para llevarla a cabo. Algunos ya no son necesarios y otros surgirán pero en ningún caso se trata de un juego de suma cero que se pueda redistribuir. De hecho, si hubiésemos metido hace cien años a uno de esos planificadores en una habitación con todos los componentes y herramientas necesarias para crear un Smartphone, habría sido incapaz de conseguir construirlo porque ni siquiera existía la idea de smarphone. El empresario Henry Ford revolucionó el transporte mundial haciendo posible que cualquiera pudiera tener su propio coche, suya es la frase de que "si hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho que un caballo más rápido". La creación de riqueza y trabajo es mucho más compleja que la que se pueda planificar desde un despacho.

Como todos los primero de mayo, los sindicatos saldrán a la calle para exigir al gobierno que blinde los empleos actuales a cambio de hipotecar la creación de riqueza y puestos de trabajo en el futuro. Defienden sus privilegios y pretenden subvencionar a todos los que no tuvieron tiempo de acceder a esta clase privilegiada durante los años de bonanza. El problema es que el parásito estatal está sobrepasando los límites de lo admisible que puede soportar la economía privada y, de tanto repartir sin permitir que se siga creando riqueza, lo único que se podrá redistribuir será la miseria.

Thatcher

Con un saludo para mi compañera de Comentarios, María Blanco (es que estaba pendiente de leer sobre Margaret en alguna de tus godivaciones… ), quería añadir algunas pocas ideas a la excelente semblanza de Alfonso Crespo en esta web. No tanto como análisis político, sino en torno a cuestiones de pensamiento económico y promoción de la libertad.

Tengo que reconocer mi admiración por esa conocida frase suya, disparada al tiempo que golpeaba la mesa con un ejemplar de Los fundamentos de la libertad de Hayek, sacado de su bolso: "this is what we believe". Como relata Diego Sánchez en su blog, ocurría durante una reunión entre miembros del partido Conservador cuando Thatcher todavía era líder de la oposición en el año 1975. Probablemente muchos de sus compañeros, como lamentablemente también ocurre en nuestro país, ni siquiera conocían al autor de Camino de servidumbre (1944), que por aquellos años setenta estaba publicando su Derecho, legislación y libertad.

Estos días hemos podido leer muchas de sus frases más famosas: "Nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero"; que me sugiere el realismo con que se deben afrontar las mal llamadas "desigualdades sociales". O esa otra: "Si pusieras tu dinero en un calcetín, seguramente, nacionalizarían los calcetines". Su convicción de la eficiencia de la propiedad y de la gestión privada permitieron a Gran Bretaña conseguir un crecimiento en el PIB per capita del 35% surante su mandato, convirtiendo a más de diez millones de ciudadanos ingleses en accionistas de antiguas empresas estatales.

De entre los muchos libros sobre Margaret Thatcher (generalmente críticos y mediocres), hay uno que recomiendo vivamente: El Presidente, el Papa y la Primera Ministra, editado por Gota a Gota. Ya saben que se trata de una visión conjunta de estos tres líderes de los años ochenta (junto a Reagan y Juan Pablo II), a los que se atribuye la caída del Muro de Berlín "sin disparar una sola bala". Ciertamente les debemos mucho por su eficaz lucha contra los totalitarismos y defensa de la libertad individual.

Uno de sus más conocidas políticas (junto a la controvertida Guerra de las Malvinas) fue su enfrentamiento con los sindicatos. El convencimiento de que no se podían mantener caducas e insolidarias prerogativas le llevó a limitar el poder sindical. Un ejemplo nos puede servir de bastante ilustración en esta época de tantos paros inútiles: al poco de lograr su segundo mandato, en 1984, aprobó una Ley que exigía a estas organizaciones la realización de una votación secreta entre sus miembros antes de la convocatoria de una huelga. Pienso que este tipo de medidas nos libran de una manipulación demasiado extendida, en la que minorías que se atribuyen la posesión de la verdad también se arrogan el control sobre el espacio público. E incluso, como vemos en nuestro país, sobre las personas, su domicilio o sus familiares: una coacción del más puro estilo fascista sobre los representantes políticos (resulta increíble que pretenda justificarse como libertad de expresión; y que los jueces así lo confirmen).

Junto a Reagan y Juan Pablo II, Thatcher defendió valores como la confianza en sí mismo, el afán de mejora o una actitud de esperanza. Resulta tan aburrida la queja permanente! Hay que ponerse manos a la obra con valentía: defender los propios ideales no es ningún fundamentalismo, como casi ha conseguido convencer a nuestra sociedad esa progresía socializante. Claro, que esta lucha exige un compromiso ético que no todos están dispuestos a asumir… Así nos va.

Los tres grandes líderes sufrieron atentados: más famoso el disparo en la plaza de San Pedro; tal vez menos relevante el tiroteo a Reagan; y menos conocida la bomba del IRA en el Grand Hotel de Brighton. Se trata de una frecuente herramienta de los enemigos de la libertad: deshacerse de quienes no piensan como ellos. En España también sabemos mucho de los que matan y extorsionan; y de los que los apoyan, toleran o simplemente miran para otro lado. Les copio a propósito de estas cuestiones una frase de José María Aznar en el prólogo del libro que citaba: "Desde esa dictadura del relativismo se pueden hacer afirmaciones tan sofisticadas como que no es cierto que la verdad nos hace libres, sino que la libertad nos hace verdaderos o que los terroristas son hombres de paz" (p. VIII. Seguro que les suena el autor de tan iluminados pensamientos).

Como todo ser humano, y particularmente como política, es claro que Margaret Thatcher tuvo sus aciertos y sus fracasos. Generó discusiones incluso entre los pensadores más cercanos a su ideario: son también conocidas las críticas de Rothbard a su Poll Tax, ajustes monetarios o a ciertas medidas en las privatizaciones (postura que no comparten todos los simpatizantes de la Escuela Austríaca). Pero es que con argumentos y buena educación se puede hablar de todo. También se le atribuye esta frase a la Primera Ministra que recordamos: "Amo los argumentos, amo el debate y no espero que quien se siente frente a mí esté de acuerdo conmigo".

Bitcoin (y III)

Bitcoin (I)

Bitcoin (II)

Algunas personas están preocupadas por la posible inestabilidad o carácter de burbuja del sistema bitcoin: según ellos, como es una entidad virtual sin valor de uso, industrial o intrínseco, que ha surgido de la nada y no tiene ningún respaldo material (no es deuda sobre un activo tangible), puede fácilmente volver a la nada; puede ser una moda o un sistema frágil del cual la demanda desaparecerá de repente y colapsará su valor hasta prácticamente cero.

El valor de bitcoin podría ser una burbuja pero no tiene por qué serlo. Los que están tan seguros de que sí lo es ya disponen de medios para ponerse cortos (hacer apuestas bajistas en mercados de futuros) y hacerse muy ricos gracias a su privilegiado presunto conocimiento: el hecho de que no lo hagan tal vez muestra que les gusta hablar con rotundidad sin arriesgarse a que la realidad les demuestre que pueden estar equivocados causándoles graves pérdidas.

Si bitcoin fuera una burbuja sería muy diferente de otras y merecería un análisis propio: los estudios o ejemplos de otras burbujas tal vez no le sean aplicables. Bitcoin no es como un activo financiero del que se esperan unos rendimientos o dividendos futuros que tal vez no se materialicen, ni una mercancía ordinaria con la cual se especula (como un tulipán), y no parece una moda pasajera; tampoco es como las divisas ya establecidas que pueden oscilar al ritmo de sus economías, políticas y bancos centrales, ni como una divisa nueva impuesta por un Estado a todos sus súbditos (normalmente como sustitución de una anterior).

Bitcoin es una entidad especial, prácticamente única en la historia: un bien económico intangible sin uso previo, que surge de una invención puntual y un pequeño núcleo inicial de usuarios, y cuyo uso podría popularizarse y extenderse hasta convertirse en un dinero de alcance universal (no necesariamente el único); si esto sucede su revalorización será muy rápida y su valor actual será ridículamente bajo (calcúlese la futura valoración considerando libremente el número de usuarios potenciales y el poder adquisitivo de los saldos de tesorería deseados). Cuanto más generalizado esté su uso mayor será su demanda y su valor, pero esto no implica que si no llega a universalizarse como dinero su valor será cero o cercano a cero.

Bitcoin como idea y como sistema que la implementa tiene valor instrínseco por los servicios que presta: no es lo mismo que exista que que no exista. Si su uso se extiende y estabiliza puede llegar a convertirse en una institución, en algo que está en la mente y en la práctica habitual o acostumbrada de muchos agentes de forma común y recursiva: todos saben que los demás saben sobre la institución, y la usan de forma rutinaria y coordinada sin mucho esfuerzo y sin pensarlo demasiado. Una vez formadas, las instituciones tienen un enorme valor individual y social y pueden ser muy resistentes, presentar una fuerte inercia.

Las empresas gastan grandes cantidades de dinero en publicidad para conseguir imagen de marca (capital intangible, cognitivo) y estar presentes en las mentes y valoraciones de los individuos e influir así sobre sus acciones; las personas también intentan ser famosas y tenidas en cuenta por todos. Las instituciones consiguen esto mismo de forma espontánea y descentralizada mediante fuertes bucles de realimentación positiva, por el interés de cada uno en participar y que todos los demás también participen en ellas.

Los procesos de monetización y desmonetización de una entidad son muy diferentes. Igual que la vida surge de la no vida, pero una vez que se establece es resistente porque su característica esencial es su actividad de automantenimiento y preservación, la monetización de bitcoin y su eventual desmonetización o abandono no son procesos simétricos sino profundamente asimétricos: renunciar a usar bitcoins una vez establecidos como dinero sería abandonar una institución que funciona eficientemente y todos sus beneficios, lo cual sólo tendría sentido si existieran alternativas mejores; quien quiera reducir o terminar su participación en el sistema necesita una opción que sea mejor, y además está ofreciendo a otros la oportunidad de hacerlo a mejor precio.

Nada tiene valor intrínseco: todo valor es subjetivo, ya sea para el uso propio o para el intercambio (porque otros lo demandan). El oro y la plata tienen valor, sin necesidad de ningún tipo de consenso o contrato social o coacción estatal, porque son difíciles de conseguir y a la gente les gustan como ornamentación y símbolos fiables de estatus social, y porque una vez monetizados todos saben que son dinero para todos los demás. Los sustitutos monetarios de un mercado libre (billetes y depósitos bancarios convertibles en oro de forma segura y a la vista) tienen valor por cómo están conectados al oro y porque sirven para economizar su uso.

Los metales preciosos tienen usos industriales, pero su valor procede fundamentalmente (sobre todo y de forma más estable cuando se les permite ser dinero) de la demanda monetaria. El hecho de que tengan un valor de uso previo puede haber contribuido históricamente a que se convirtieran en dinero, pero una vez monetizados puede ser un problema si estos usos no tienen una demanda estable: las variaciones podrían alterar el valor y la cantidad en circulación del bien monetizado.

Si el oro y la plata se hubieran desmonetizado de forma libre y espontánea (algo sumamente improbable), sus poseedores habrían sufrido grandes pérdidas. La desmonetización estatal del oro no colapsó su valor sino que incluso se incrementó por la expectativa de la depreciación de los dineros fiat y la posibilidad de remonetización de los metales preciosos. Los billetes y depósitos bancarios también pueden perder valor o incluso desmonetizarse si se pierde la confianza en la solvencia de su banco emisor.

Los dineros fiat impuestos coactivamente por los estados tampoco tienen ningún valor de uso: el Estado puede sostener parte de su valor por la exigencia de su uso para el pago de impuestos, pero su utilización generalizada para otras transacciones depende sobre todo de la existencia o no de alternativas competitivas. Mediante la inflación el Estado provoca pérdidas sistemáticas a los tenedores de dinero y activos fijos, y una mala gestión monetaria y crediticia puede provocar hiperinflación y el repudio de la moneda; en bitcoin no hay organizadores tentados de emitir más moneda por su cuenta y en su propio beneficio, simplemente porque el sistema no lo permite. El colapso del Estado emisor de un dinero fiat prácticamente garantiza la pérdida total del valor del dinero respaldado por su poder coactivo; bitcoin no está basado en la coacción ni depende de una entidad central cuyo fallo lo destruya.

Además de que el colapso de bitcoin es progresivamente menos probable, conviene estimar qué pérdidas habría si sucediera: se verían afectados los saldos de tesorería (normalmente una proporción muy pequeña del patrimonio de quienes sólo quieran usarlo como medio de intercambio) y los activos fijos denominados en bitcoins. Los principales perjudicados serían los especuladores o quienes lo usaran como depósito de valor.

Una de las funciones del dinero es ser depósito de valor: ni ganarlo ni perderlo; para ganar valor u obtener beneficios hay que asumir costes, riesgo e incertidumbre (posibles pérdidas) en alguna actividad productiva. Bitcoin puede ser un depósito de valor imperfecto (ganaría valor en vez de solamente conservarlo) por la posible deflación secular una vez que se llegue a su fase estacionaria, habiendo alcanzado la cantidad máxima producible y habiéndose generalizado su uso: sin cambios en su cantidad o en su velocidad de circulación, la deflación se correspondería con el crecimiento económico.

El triunfo de bitcoin no provocaría ningún tipo de hiperdeflación catastrófica, el colapso económico o desempleo masivo. La deflación suave y predecible no implica que nadie gaste nada de su dinero, lo que sería completamente absurdo porque entonces dejaría de ser dinero; tampoco implica no gastar hoy y gastar mañana, ya que si la deflación persiste el mañana será equivalente al hoy y entonces habrá que esperar hasta pasado mañana, y así sucesivamente de forma indefinida. La deflación implica una tendencia más o menos intensa a atesorar más que a gastar y una presión bajista sobre los precios en función de las expectativas de futuro (las tendencias pasadas no tienen por qué continuar), pero esta tendencia tiene como límites la necesidad o deseo de los individuos de intercambiar en el mercado y la preferencia temporal del presente sobre el futuro: aunque los bienes vayan a abaratarse, no comprarlos ya representa asumir el coste de oportunidad de no poder disfrutarlos desde ya.

Esta deflación puede dificultar un mercado de deuda (sobre todo a más largo plazo) denominada en bitcoins: un potencial prestamista puede guardar un dinero que se aprecia (si al hacerlo no asume costes) en lugar de prestarlo; el potencial prestatario necesita obtener unos beneficios marginales del capital mayores para compensar adecuadamente al prestamista. Esto fomentaría la financiación mediante acciones (participaciones) frente a la financiación ajena con deuda denominada en bitcoins, o que la financiación se realizara mediante otro dinero de valor más estable.

Es posible tener crecimiento económico sin que crezca la base monetaria (la cantidad de dinero en sentido estricto): sería más eficiente tener un dinero de poder adquisitivo más estable, pero el crecimiento es posible si la inflación o la deflación son pequeñas y predecibles. Si la deflación fuera suficientemente problemática, la producción de más moneda con un mecanismo semejante al actual (minería para seguridad de la red) es algo que la comunidad podría aceptar de forma conjunta si se considera una buena idea: las modificaciones son posibles pero sólo triunfan si su aceptación es generalizada.

Además una base monetaria rígida, como el bitcoin, puede complementarse con sustitutos monetarios en cantidad creciente y con calidad adecuada si son deuda a muy corto plazo y muy segura (respaldada por la propia producción económica a punto de ser vendida a los consumidores finales). Bitcoin no es un sistema crediticio pero cuando se reduzca su volatilidad puede servir como base de un sistema crediticio (que de hecho ya existe) con deuda a corto plazo denominada en bitcoin: son posibles sustitutos monetarios de bitcoin, los cuales pueden utilizarse para estabilizar su valor futuro y evitar o mitigar la deflación secular.

Bitcoin es compatible con un sistema crediticio no anónimo ya que permite el anonimato pero no lo exige. Un sistema crediticio puede funcionar de forma parcialmente anónima, con mecanismos de reputación basados en identificadores o alias que no proporcionan información sobre la identidad real del agente. Además el anonimato entre acreedor y deudor no es simétrico: el acreedor necesita conocer la solvencia del potencial deudor y si es necesario localizarlo para exigirle el pago o las garantías; el deudor no siempre necesita saber quién es su acreedor (deuda al portador o negociable en mercados secundarios; cuentas numeradas en bancos que respetan el anonimato financiero), este sólo debe poder demostrar que lo es para exigir el pago.

Es posible crear nuevas monedas paralelas parecidas a bitcoin (que ya existen aunque a mucha distancia en extensión y valor de mercado), ya que es un código abierto modificable por cualquiera; pero tendrán el problema de su popularización, y en eso bitcoin les lleva una ventaja inicial difícil de recuperar debido a los mecanismos de realimentación positiva de los procesos de monetización. La creación de múltiples monedas virtuales no va a generar hiperinflación.

Bitcoin plantea interesantes retos al teorema regresivo del dinero, que afirma que un bien monetario debe antes haber sido una mercancía con una demanda no monetaria, y que para conocer el poder adquisitivo del dinero hoy recurro a su valor de ayer (y realizo alguna predicción o expectativa de su valor mañana).

El teorema regresivo no tiene por qué ser una verdad absoluta, sino una posibilidad histórica muy generalizada necesitada de interpretación. Se podría entender que los usuarios iniciales de bitcoins los adquieren como un bien de coleccionista, o como un juego, o como señales de pertenencia a un determinado grupo o movimiento, o por el deseo de participar en un proyecto innovador de repercusiones potencialmente enormes. O que el bitcoin inicial es un dinero imperfecto que gradualmente va mejorando.

El que un bien tenga una demanda no monetaria ayuda a que se monetice al tener un valor conocido y generalizado de partida. Un bien que se crea directamente para que funcione como dinero obviamente no puede tener demanda no monetaria previa, ya que antes ni siquiera existía; pero su valor puede averiguarse y estabilizarse progresivamente mediante aproximaciones sucesivas en procesos de prueba y error; esto sería muy difícil en sociedades primitivas con escasa capacidad para transmitir y procesar información, pero es más factible en sociedades modernas con gran capacidad de hacerlo.

Una de romanos y escraches

En las últimas semanas ha cobrado relevancia en España el fenómeno llamado "escrache", que consiste, como es bien sabido, en acosar físicamente a los políticos para mostrar el desacuerdo con sus decisiones. Así, grupos más o menos organizados, montan bulla en los alrededores de las residencias de nuestros representantes, causando desazón a sujetos y sus familiares. Todo ello parece haber generado gran inquietud social, sobre todo en los sujetos afectados. Y, lógicamente, se han alzado voces contra el fenómeno y se empieza a pensar como prohibirlo o, al menos, prevenirlo.

Vaya por delante que, al contrario de la mayor parte de gente y periodistas a los que he oído sobre el tema, en ningún caso comparto el fondo de los escraches que se están llevando a cabo en España. Puede que el escrache sea aceptable para prevenir situaciones que son claras contra el interés general (como una subida de impuestos o una quita de depósitos), pero no me lo parece cuando se trata de presionar al político para conseguir un interés particular (como la condonación de la deuda hipotecaria particular de alguien a costa del resto de españoles).

Desde mi punto de vista, el escrache no es más que una consecuencia lógica de la organización democrática que sufrimos. Conforme los ciudadanos van siendo conscientes de la merma de poder que la democracia supone para el individuo, conforme van padeciendo con más intensidad el poder a que se han sometido (vía subidas de impuestos, reducción de "derechos", abusos de la clase política dominante, corrupción…), la gente se da cuenta de que tiene que reaccionar.

Entonces analizan los mecanismos con que cuentan. Pueden esperar cuatro años o los que correspondan hasta las próximas elecciones, y disciplinar al político ejerciendo su derecho a voto. Pero ya todos sabemos que eso es vano, pues encontramos los mismos perros con otros collares, y al final del día, un político del PP es siempre más amigo de uno del PSOE, que de cualquiera de sus votantes.

Otra alternativa podría ser acudir a la justicia. Pero esta herramienta quedó ya hace mucho tiempo absorbida en la casta política, que era muy consciente de los problemas de dejarla campar a sus anchas. Así pues, el ciudadano no cree, no puede creer, que la justicia vaya a equilibrar el juego de poder con sus políticos. Y así lo vemos y lo hemos visto día a día durante muchos años: los escándalos más aviesos se solventan muchos años después con magras penas de cárcel, nula restitución de los bienes robados e, incluso, indulto.

Ello cierra las posibilidades institucionales de tratar de equilibrar el poder con la clase política. Y, entonces parece que solo queda como salida la violencia.

No es nada nuevo, y ha demostrado en el pasado ser efectivo. Aquí es donde empieza la peli de romanos. Pues es poco conocido que en Roma, durante la República, no había policía como tal. La seguridad de cada uno corría a cargo de uno mismo, y por ello la gente evitaba las salidas nocturnas o internarse en barrios de dudosa reputación como el Subura. No estaba prohibido el tránsito, pero la seguridad corría de cuenta de cada uno y no del erario público.

Ello valía también para los Senadores, y otra gente con capacidad decisoria sobre los restantes individuos. La excepción eran los cónsules y algún alto funcionario, que eran acompañados por un número variable de lictores que les permitiera un cierto poder para ejercer su decisión.

La consecuencia de todo ello es que los Senadores de Roma estaban sujetos al escrache que redescubrimos ahora, que constituía una eficaz forma de disciplinar la decisión de los políticos, sobre todo cuando estos se hacían con el poder en otras instituciones de contrapeso como los tribunos de la plebe.

Los Senadores de Roma sabían que una decisión contraria a los intereses generales, y sobre todo si era beneficiosa a algunos particulares, podía terminar con su casa expoliada, su familia vejada y su cabeza en una lanza. Quizá por contrapoderes fácticos de este estilo, llegó Roma a ser lo que fue.

Que el escrache puede ser muy efectivo, ofrece pocas dudas. Que se lo digan a los parlamentarios chipriotas mientras tenían que hacer la votación sobre la primera quita de depósitos propuesta por la CE, con miles de chipriotas esperándoles a la salida de la sede.

En estas condiciones, es muy fuerte la tentación de los políticos para legislar de forma "auto-protectora", añadiéndose nuevos privilegios a los que ya disfrutan, como prohibir el acercamiento de la gente a sus residencias. También aquí Roma tiene lecciones que enseñarnos. Resulta que César Augusto, consciente de la posibilidad del escrache y de los problemas de popularidad a los que habría de hacer frente, decidió contratar (a su cargo) un grupo de germanos para que completaran su protección sobre la exigua que proporcionaban los lictores. Estos germanos supusieron una profunda transformación en la tradicional guardia pretoriana, sin cuya nueva forma no se puede comprender la aparición y supervivencia de emperadores como Calígula, Nerón o Domiciano, en los cuales descansa nuestra imaginación cuando recordamos los desmanes del Imperio Romano.

Por ello, no creo que se deban tomar medidas especiales contra los escraches. Aquello que sea delito, que lo siga siendo si lo hace un "escracher", y aquello que no lo sea, que no pase a serlo solo porque moleste a los políticos.

Pero quizá aprovechen los políticos españoles esta ola de escraches para hacerse con una nueva "guardia pretoriana" y aislarse aún más de la ciudadanía enojada. La fina ironía sería que, al contrario que con los emperadores romanos, será la propia ciudadanía enojada los que la financiaremos con nuestros impuestos. Tome la forma que tome dicha "guardia pretoriana", sería un nuevo paso en contra de la escasa capacidad de contrapoder que le va quedando al ciudadano español respecto a la casta política, y a favor de la aparición de un nuevo Nerón o un nuevo Domiciano en nuestro país.

Romper el silencio contra el horror

El pasado 19 de abril se cumplió el setenta aniversario del levantamiento de los fámelicos y pobremente armados habitantes del gueto judío de Varsovia contra sus torturadores nazis alemanes. Aunque la intentona, como se recuerda en estos días, estaba condenada al fracaso debido a la superioridad aplastante de las fuerzas de ocupación alemanas, muchos de sus habitantes libraron durante un mes una desigual batalla porque no tenían nada que perder.

Estas reacciones desesperadas ante la macabra maquinaria de asesinar por fases instaurada por los nacionalsocialistas alemanes, nos recuerdan que en otros tiempos las dificultades para luchar contra las fuerzas del mal absoluto superaban a las actuales. De cómo, durante el ascenso de los totalitarismos del siglo XX, al convencimiento de unos implacables fanáticos se unió la cobardía y el cálculo cortoplacista de muchos que vislumbraron beneficios en adaptarse a la nueva era que anunciaba una sarta de criminales. Doblegarse a la corriente que se estimaba poderosa e imparable constituyó la moda ideológica dominante en las sociedades europeas de los años treinta. Solo unos pocos se opusieron de forma activa a los actos de barbarie mientras ocurrían. No debemos olvidar los aspectos más tenebrosos del alma humana al analizar su comportamiento. Las masivas condenas retrospectivas solo vinieron después de la derrota sin paliativos de las potencias del Eje. Tuvieron que transcurrir todavía otros cuarenta y cinco años hasta que el derribo del muro de Berlín en 1989 abrió de par en par la miseria de los regímenes comunistas y su largo historial de asesinatos, robos y pillajes en nombre de "la clase trabajadora". Todavía hoy algunos orates con cierto público se proclaman herederos de esas ideas que tanta desolación han causado a la humanidad.

Por el contrario, a otros aún nos estremece la perversión de los experimentos ensayados para manipular la voluntad y la dignidad de las personas en los campos de exterminio y los gulags desplegados por los totalitarismos nacionalsocialista y comunista durante el siglo XX. En medio de la indigencia y la miseria forzadas, resultaba fácil obtener la colaboración a cambio de una doble ración o la esperanza de no ser incluido en las sacas a ejecutar un día cualquiera. Incluso individuos de los propios grupos señalados como víctimas propiciatorias (por su raza, por su religión, por su clase social, que sé yo…) se enrolaron en la casta inferior de colaboradores de los torturadores. Y ¿que hay de la colaboración de esas masas en los procesos de estigmatización, segregación y deportación hacia los campos de exterminio de grupos enteros de la población? Cundieron justificaciones escalofriantes, deseos de querer creer que lo que pasaba no era tan grave, de actuar como si no estuviera ocurriendo o de mantener la ilusión de que no tendría mayores implicaciones cuando las pruebas conducían a percibir justo todo lo contrario.

Salvando las distancias de lugar y tiempo, cabe trazar un paralelismo con el gravísimo problema que los españoles contempóraneos tenemos, individual y colectivamente, con la masacre de 191 muertos y 1.841 heridos, cometida delante de nuestras propias narices hace muy poco tiempo. Quien más, quien menos, sabe o sospecha que los dos únicos condenados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por su participación en los hechos no pudieron ser los únicos involucrados o -más probablemente- no tuvieron nada que ver con la conspiración para aniquilar al mayor número de personas que viajaban en esos cuatros trenes el aciago 11 de marzo de 2004.

Conviene recordar a los intoxicadores que tanto han hecho para que no se descubra en nueve años la verdad de lo ocurrido, que la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, según el propio artículo 17.1 del Código Penal español. Los actos preparatorios como la provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos solo están penados cuando se prevé expresamente en las leyes (art. 17.3 CP) y así lo prevé el Código Penal respecto al asesinato (Art. 141). A los efectos de la aplicación de las penas, la consumación del delito "absorbe" la conspiración, si bien, obviamente, resulta necesaria su existencia para que una matanza de esa envergadura tenga visos de suceder. Curiosamente, las sentencias del caso no declaran probado que Emilio Suárez Trashorras (supuesto suministrador de los explosivos) y Jamal Zougam (colocador de al menos una bomba, según dedujeron tres magistrados de la Audiencia Nacional del testimonio de dos testigos rumanas, ahora imputadas por falso testimonio) se conocieran antes de los atentados.

Y, sin embargo, una vez constatado que los políticos que controlan el Estado impiden investigar los hechos y la destrucción, ocultación y manipulación de pruebas posteriores, sorprende la actitud indiferente de la mayoría de los españoles ante la posibilidad de que esos asesinatos en masa queden impunes, cuando la exigencia de su completo esclarecimiento debería compartirse como una cuestión metapolítica que une, más que separa, a personas mínimamente racionales pertenecientes a la misma comunidad que las víctimas indiscriminadas de esos atentados.

 Superados los primeros meses de aturdimiento y detectadas las cortinas de humo tendidas para impedir que trascendiera la simultánea destrucción de pruebas, la condena de solo dos personas tendría que haber supuesto un revulsivo para demandar más averiguaciones sobre el caso y la participación de otras personas en esta matanza de personas equiparable, por sus dimensiones y crueldad, a los crímenes en masa del siglo XX.

Las apisonadoras propagandísticas que apuntalan una versión insostenible no son más poderosas que las que se pusieron al servicio de los líderes totalitarios de ese siglo, de manera que no caben tantos pretextos para mirar a otro lado como los que arguyeron personas que alegaron desconocimiento de lo que pasaba.

 Es por esto por lo que la iniciativa de Gabriel Moris de promover una petición de investigación de los atentados del 11-M dirigida al gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional merece el apoyo más entusiasta. Como se justifica en su encabezamiento: "Para hacer Justicia y regenerar las Instituciones. Para prevenir otro crimen de lesa humanidad como éste". En efecto, en otro comentario defendí hace años que estos asesinatos masivos reunían las notas para calificarse como delitos de lesa humanidad y, que por lo tanto resultaban imprescriptibles. Ahora me sumo a esa petición para romper el silencio ante el horror y añado la máxima de Virgilio en la Eneida: No te rindas frente al mal, sino combátelo con más audacia. Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

La casilla de la iglesia y la falacia de “Hacienda somos todos”

Con la llegada de eso que los políticos llaman la "campaña de la renta" (esa etapa en la que el Estado nos recuerda que en poco tiempo tenemos que presentar nuestra declaración del IRPF para que le digamos al Estado si el año anterior le entregamos menos de lo que los políticos decidieron que les teníamos que dar o, por el contrario, nos van a devolver una parte de lo que sustrajeron de nuestros ingresos), vuelve otro clásico.

En los periódicos de izquierdas menudean columnas en las que distintos articulistas protestan contra la conocida como "casilla de la iglesia". Quienes se oponen a la misma no suelen mostrar rechazo a su existencia como tal. Lo que les molesta, o eso dicen, es que la cantidad que se destina a la iglesia católica si se marca, un 0,7% del total que pagamos del impuesto sobre la renta, se deja de destinar a otras cuestiones en vez de aumentar el monto total de lo que debemos entregar al Estado. Curiosamente, suelen "olvidar" que si se selecciona la alternativa existente, "otros fines sociales", ese 0,7% va a parar a toda una serie de ONG sin que tampoco se incremente la cantidad que terminamos entregando a la maquinaria recaudatoria oficial.

El argumento que suelen esgrimir es que, al no aumentarse lo que se paga, quien marca la "casilla de la iglesia" lo que está haciendo es decir a Hacienda que le entregue parte del "dinero de todos" a las autoridades católicas. El problema es que se trata de una gran falsedad, que no es otra que la falacia de que "Hacienda somos todos", según el eslogan propagandístico estatal de hace años que tanto éxito tuvo.

Lo que entregamos al pagar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) no es "dinero de todos", por mucho que alguien se crea eso de que las propiedades (monetarias y de otro tipo) del Estado son del conjunto de los ciudadanos. Es un dinero que es nuestro y que nos vemos obligados a entregar a los poderes públicos con independencia de que queramos o no. La otra opción es aceptar que todo lo que ganamos con nuestro esfuerzo es del Estado y que este nos permite generosamente quedarnos con algo. Y, por supuesto, esto es radicalmente absurdo.

Al permitirnos decidir entre dos posibilidades de uso de una ínfima parte de esa cantidad total, se nos tolera cierta capacidad de elección sobre dicha fracción del dinero que entregamos. De hecho, dicha capacidad es muy limitada, pues tan sólo se nos ofrecen dos opciones (con el agravante de que una de ellas, "otros fines sociales", es muy difusa).

Esta mínima capacidad de elección no es ninguna maravilla, pero es la máxima libertad que se nos otorga al hacer la declaración de la renta. Por lo tanto, bienvenida sea. Aunque, para ser sinceros, lo mejor es que no nos quitaran ese 0,7% y nos dejaran decidir si se lo queremos entregar a la Iglesia católica, a cualquier otra confesión, a una ONG concreta o a nadie. Pero hasta ahí no van a llegar.

Sobre la nueva “reestructuración impositiva” a las empresas

Este viernes el Gobierno va a aprobar entre otras medidas una "reestructuración fiscal" que "favorezca el crecimiento". Suena a broma después de haber subido los impuestos como nunca antes se había visto y en uno de los peores momentos económicos que sufre la población. Se comenta que el objetivo del Gobierno ahora es favorecer el crecimiento por la vía de facilitar fiscalmente las cosas a los emprendedores, las nuevas empresas o PYMES. Cosa que sorprende, igualmente, tras haberse subido enormemente los impuestos a esos mismos emprendedores y empresarios individuales que tributan en el IRPF a los que ahora se pretende "favorecer".

También se dice que se "favorecerá" a las pequeñas empresas, pero se subirá el Impuesto sobre Sociedades a las más grandes. Después de la importante recaudación a las grandes empresas (fue la subida fiscal que más recaudó en 2012), era un caramelo demasiado dulce para que el Gobierno no continuara su rapiña impositiva por esta vía de la discriminación fiscal según el tamaño de la empresa.

Y es que las discriminaciones fiscales es una oscura tradición de rancio abolengo y son innumerables las excusas que se han usado por el Poder y los intelectuales de pro para justificarla. Como decía el historiador Charles Adams, los impuestos discriminatorios, impuestos por una clase de ciudadanos contra otra, "son tan viejos como la Historia". De hecho, no hace mucho tiempo en Europa los judíos pagaban tipos impositivos más elevados que los cristianos, los protestantes gravaban con el doble de tipos impositivos a los católicos, y viceversa. Ahora, se trata de gravar a las empresas grandes, que son "poderosas", que "defraudan" y "evaden", para "favorecer" y "dinamizar" el crecimiento de los emprendedores -después de machacarlos, insistimos, con tipos marginales nórdicos en uno de los peores momentos económicos en décadas-.

Se habla de eliminar las "desgravaciones abusivas"a las grandes empresas, concepto que considera implícitamente que toda la renta de las empresas es propiedad del Gobierno, que sólo permite que se queden en sede de quien las ha producido, pero hasta cierto límite. Es difícil que con esta ideología destructora de valor se pretenda incentivar la actividad económica y favorecer la recuperación que van a llevar a cabo esas empresas.

Efectos económicos de modificar las deducciones

La existencia de un sistema de deducciones asimétrico, donde para algunos casos se permite una deducción completa mientras que para otros es parcial o incluso está subvencionado, crea, de por sí, distorsiones porque la imposición efectivamente soportada por las empresas variará en función de los activos y pasivo utilizados. Es decir, aunque exista un tipo único, cada empresa soporta un Impuesto sobre Sociedades diferente. Esto creará incentivos de producción y arbitraje alejados de los que habría en un mercado en el que no hubiera esta distorsión fiscal.

Modificar la tributación empresarial cambiando el sistema de deducciones del Impuesto sobre Sociedades (como se espera que ocurra, especialmente en cuanto a las grandes empresas) traerá consigo otro cambio en el patrón de distorsiones en la producción debido a este Impuesto. De modificarse de nuevo las deducciones, la imposición efectiva relativa de las empresas volverá a cambiar.

Esta diferente imposición efectiva modifica, de nuevo, las decisiones de inversión y financiación dado que el valor relativo de los activos y pasivos de la economía variará. Si, por ejemplo, la deducción de toda la amortización en un año de determinados bienes hace más productivo dichos bienes, las empresas querrán disponer de ellos con más intensidad (variará, por tanto, su demanda) modificando su precio con respecto a los demás activos (o pasivos) que no gocen de este tipo de deducciones.

La variación relativa en la imposición efectiva de las empresas provocará que éstas tengan una diferente presión para trasladar el impacto del impuesto soportado a los agentes económicos con los que se relacionan. Recortar los beneficios o la liquidez presionará para que las empresas afectadas busquen ampliar los beneficios o su liquidez tratando de reducir el precio a sus proveedores, de aumentar el plazo de pago, aumentar el precio a sus clientes, reducir la calidad de algunos productos, demandar menos factores productivos, etc.

También habrá un efecto sobre la estructura productiva de la economía. Incrementar la fiscalidad a través de la modificación de las deducciones supone incrementar la imposición efectiva media y marginal relacionadas con las deducciones que se eliminen o reduzcan. Elevar la imposición efectiva media perjudicará la creación de actividad nueva, mientras que incrementar la imposición efectiva marginal supondrá enfriar (todavía más) la intensidad de las inversiones. Esto provoca un anquilosamiento de la estructura productiva que entorpecerá y ralentizará el cambio de modelo productivo que necesita el país. 

¿En qué medida se dejarán sentir estos efectos? Su intensidad dependerá de la subida fiscal, de las deducciones que se suban y la combinación de esto con la realidad económica actual. Puede que el aspecto fiscal no sea el determinante en muchas ocasiones, o no sea tan claro o automático, pero sí ejercerá su influencia y presión para que haya más probabilidades de que se den estos efectos descritos. No olvidemos que los impuestos pueden suponer una importante porción del resultado contable de una empresa o un buen zarpazo a su liquidez (especialmente, los pagos anticipados del Impuesto sobre Sociedades). Por tanto, no es un asunto baladí el fiscal, y aunque se trate de encubrirlo con una argumentación demagógica de subir impuestos a los más grandes para favorecer a los débiles (en una especie de David contra Goliat), subir los impuestos a las grandes empresas también traerá sus consecuencias negativas al resto de la economía, incluidas las PYMES.

Subir los impuestos a las grandes empresas también perjudica a las pequeñas

Por ejemplo, las empresas más grandes son una parte muy importante de la economía, que abre un mercado a las PYMEs al que de otro modo no tendrían acceso. No en vano, ellas son uno de los caminos importantes para que las pequeñas o medianas empresas tengan acceso a la cadena de valor internacional. Proveyendo bienes y servicios a las grandes, los proveedores locales (PYMEs) pueden aprovecharse de la internacionalización de las más grandes.

Además, las relaciones comerciales con empresas más grandes y más eficientes traen consigo también una mejora en la eficiencia para las pequeñas. Se ven obligadas a incrementar su valor para poder surtir de sus productos a las grandes, que compiten en mercados más globales. Incluso, las propias empresas más grandes obligan e influyen de manera determinante para que las más pequeñas se organicen de un modo más productivo. Es algo parecido a la mejora que experimentan las empresas que inician su internacionalización que mejoran continuamente su estructura dado que aprenden exportando.

Por no hablar de los efectos perjudiciales sobre la competitividad de realizar una actividad económica en España o de incrementar las inversiones en nuestro país. Habrá más presión, o bien para que las empresas de fuera no vengan a España (o vengan con mayor dificultad), o bien a que se reduzca el volumen de inversiones en nuestro país, o bien a la relocalización de actividades de aquí a otros lugares fuera del país. Algo que sin duda no ayuda al tejido productivo español poblado por microempresas y empresas de reducida dimensión. Basta de demagogia y de minar nuestra recuperación.

Los impuestos y sus efectos: reducción de incentivos para producir

Los impuestos reducen los incentivos para producir.

¿Por qué produce una persona? Para obtener unos beneficios, sean éstos materiales o no. Quiere mejorar su situación actual. Intenta pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria.

Así, cuando una persona decide crear una empresa arriesgando su capital, lo hace movida por su afán de lucro y no (necesariamente) por altruismo. Le mueve, por ejemplo, la aspiración de ganarse la vida mejor o asegurar el futuro de su familia.

Gracias a este deseo (¿egoísta?) de ganar dinero elabora productos que todos acabaremos disfrutando. Como dijo Adam Smith, "no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés".

Y la supervivencia de la empresa sólo será posible si satisface las necesidades de los ciudadanos. En caso contrario, tendrá que cerrar, y es bueno que así sea. La empresa está obligada a prestar cada vez un mejor servicio, siendo la ganancia la señal que indica en qué forma se está sirviendo a la gente.

El deseo de ganancia o afán de lucro del hombre es el incentivo que estimula su talento creativo y su capacidad empresarial. Es lo que hace que su tiempo y dedicación fluyan hacia sus bienes en busca de una mayor productividad.

Si una persona tiene una iniciativa empresarial novedosa pero tiene que pagar impuestos sobre la renta, cotizar a la seguridad social por cada empleado, imponer el IVA y pagar un sinfín de impuestos adicionales, los beneficios pueden no ser tan grandes como pensaba. No compensará el riesgo que ha tomado, por lo que no invertirá en proyectos y emprendimientos.

Los impuestos sobre el ingreso y el capital, por tanto, suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico. Son los que aumentan el nivel de vida de todos y hacen que un país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Lo pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores. La sociedad se empobrece.

El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Pero ¿qué es lo que hace en su lugar?

Incentivar el parasitismo y la depredación mediante todo tipo de subvenciones, es decir, extrayendo la riqueza de quienes la han creado y repartiéndola entre quienes nunca la lograrían en un mercado competitivo. Privilegia a unos ciudadanos a costa del esfuerzo y trabajo de otros. ¿El resultado? Una sociedad más injusta y menos próspera.

@jmorillobentue

Primavera en el Fondo Monetario Internacional

Como cada primavera, el Fondo Monetario se reúne para analizar qué ha pasado con sus previsiones y recomendaciones tras el frío invierno. Del 19 al 21 de abril se reunieron en Washington los miembros del club. No fue una alegre celebración, por más que las declaraciones a la prensa estuvieran teñidas de un falso atisbo de optimismo. Dentro del FMI, el Comité Monetario y Financiero era el que despertaba más inquietud. Su declaración final no es exactamente muy animosa.

El lenguaje oculto tras las palabras

No debe ser fácil redactar un comunicado negativo sin transmitir pesimismo. Y esa era la misión del Comité. Algo así como contarle a un alumno esforzado que ha vuelto a suspender, sin hundirle. El texto del comunicado está plagado de términos graves y, a pesar de ello, el tono no es dramático.

Recuperación, repuntes, avances… acompañado de muchos peros, debe, es necesario, se requiere. Es decir, los países avanzados, emergentes y de bajo ingreso estamos en el borde del abismo todavía. El que los emergentes saquen la cabeza no quiere decir que ese avance sea permanente. Y ese adjetivo es uno de los que con más insistencia se repite. Las reformas deben ser estructurales, el crecimiento sostenible, hay que eliminar vulnerabilidades (luego están ahí) y reforzar la capacidad de resistencia (luego nos falta). No son buenas noticias. No son buenos resultados. El Comité Monetario y Financiero maquilla como puede el mensaje de fondo porque, tras un duro invierno, no se puede mirar a cámara y decir, de nuevo, que la cosa no funciona.

La lección para los españoles, en mi opinión, debería ser, precisamente, que las recetas cortoplacistas no valen. Llevamos años aplicando medidas de pocas miras, fijadas para horizontes cercanos, y así no alterar las calles, evitar más ocupaciones de plazas por indignados que, además del grito y la violencia, poco serio han aportado hasta ahora. Y, no se puede olvidar, para no ceder más votos. Porque el PP tiene presente que ganó las elecciones porque el PSOE perdió votos, no porque el PP ganara muchos adeptos. Y la racionalidad política, para nuestra desgracia, ha sustituido los intereses de los ciudadanos por el recuento de votos.

A vueltas con el crecimiento

Al analizar las palabras que el Comité Monetario y Financiero le dedica a Europa el panorama se enturbia. Es un difícil equilibrio en el que nos movemos, hay varios ritmos dentro de la UE, y lo fácil es interpretar el mensaje a gusto del interlocutor. Es verdad, como han destacado los medios, que se hace hincapié en el crecimiento y su sostenibilidad. Sólo faltaría. Estamos en recesión. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que el comunicado hable de objetivos y de políticas "creíbles". Ese toque de atención indica que muchos anuncios de medidas y fines a alcanzar no se ajustaban a las posibilidades reales de las economías. Los objetivos que la Unión Europea establece y a los que los gobiernos como el español se comprometen son irreales en muchas ocasiones. En el caso de España, no tanto por irrealizables como por la manifiesta falta de coraje político a la hora de ir a por ellos.

Crecer de manera permanente implica crear riqueza, absorber el 26% de paro, frenar la sangría empresarial y reinventar el modelo de producción. Y, para ello, el saneamiento del sistema financiero y la reorganización fiscal son un sine qua non. El siguiente eslabón en la cadena de decisiones políticas es la necesidad de desmontar el clientelismo bancario de los partidos políticos y del gobierno, y la reorganización territorial del Estado para disminuir el gasto de las administraciones públicas. No se me ocurre quién o qué partido político va a tener el arrojo necesario para emprender esas reformas. Todo lo demás, peanuts. No sirve de nada a largo plazo.

Ya está convocada la siguiente reunión para octubre. Nos espera un final de primavera cargado: el viernes se anuncia el nuevo paquete de medidas, y un verano incierto, con la esperanza del tirón del turismo en la mente de todos. Mientras tanto, la hidra de las tramas de corrupción emponzoña el ánimo de los ciudadanos, y la ultra izquierda amenaza con echarse a la calle, de nuevo. Lo que no se gana en las urnas y se gana en la calle no es democrático. Pero ellos no lo son. Y yo, como Antonio Camuñas, prefiero contar votos en tres días que muertos en tres años.

Solamente me queda la esperanza de oír a Soraya Sáenz de Santamaría anunciar medidas serias de apoyo a los empresarios, a los inversores y a los ahorradores. Es lo último que se pierde, dicen.