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Involución institucional desde la partitocracia hacia la cleptocracia

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En el I Congreso de Economía Y Libertad, el catedrático Dalmacio Negro [1][2][3][4]dictó una magnífica conferencia sobre "El consenso social-demócrata", en la que explicó cómo "existe una crisis política y moral que es una crisis histórica" y destacó la situación prerrevolucionaria que viven España y Europa, dado que: "la democracia es una ficción al estar secuestrada la democracia política (entendida como el poder de decidir de los individuos) por el parlamentarismo".

1. Crisis institucional en Europa

Dalmacio Negro destacó como las ideologías colectivistas instrumentalizan el Derecho, porque la legislación se distorsiona "al servicio de la política y no de los ciudadanos" y se extiende el incumplimiento de la Ley (rule of Law) y, con el tiempo, se impone la tiranía de valores colectivistas, caracterizada porque todos los partidos políticos parten de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado, a favor de los privilegios de la casta política y de sus redes clientelares, y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado.

La actual crisis no es solo una crisis económica y financiera, sino que tiene una relación intensa con una crisis política, moral e histórica de las sociedades occidentales. Dalmacio Negro destacó cómo dicha crisis se observa en la cristalización y el aislamiento de la sociedad política, formándose una casta política al margen de la sociedad civil y, al mismo tiempo, extendiéndose entre los ciudadanos un intenso sentimiento de traición por parte de los dirigentes que, inmersos en los escándalos de corrupción, ejercen "potestas" sin contar con "autoritas".

Advirtió como "los cambios históricos son estéticos, de la sensibilidad colectiva hacia el Estado y las instituciones", si bien advirtió que "una situación prerrevolucionaria no siempre acaba en revolución como en la URSS o en China y puede crecer el Estado".

2. Involución institucional y corrupción generalizada en España

Después de más de treinta años de democracia parlamentaria, la crisis institucional se manifiesta en España con una involución de la Ley que ha involucionado el régimen político, desde la partitocracia iniciada en la Transición hasta la cleptocracia, con la corrupción extendida por todas las instituciones del Estado como prueba evidente del secuestro de la democracia (o poder del pueblo) por parte de una gran parte de la casta política, heredera de la dictadura, que deteriora y que incumple la Ley con total impunidad.

Como señala el catedrático Roberto Centeno asistimos a una crisis institucional irreversible que puede aniquilar las ventajas sociales de un país moderno, bien con la argentinización o la corrupción generalizada de España o bien, incluso peor, con la balcanización o la fragmentación y el enfrentamiento permanente en Reinos de Taifas autonómicos:

3.Evolución institucional y corrupción limitada por Ley

Ante las situaciones de crisis institucional, existen sólo dos alternativas, optar por mantener la corrupción institucional y mermar el crecimiento socio-económico por medio de la inacción y la permisividad frente al latrocinio de los clanes políticos y su adláteres, o bien impulsar una evolución institucional que intente minimizar la corrupción mediante un referéndum en donde todos los españoles mejoren la estructura institucional que instauró la Constitución Española de 1978, con un paquete de reformas "hayekianas" que arraiguen las soluciones de mercado frente al intervencionismo y profundicen en la democracia, transfiriendo el poder de decisión a los ciudadanos como forma de: garantizar la separación "real" de poderes, una verdadera independencia judicial y el cumplimiento estricto de la Ley, de modo que se minimice la corrupción de la clase política y sus redes clientelares:

 

  1. Independencia del Poder Ejecutivo. Sistema electoral a doble vuelta. En la primera vuelta, elección uninominal de cada parlamentario, en circunscripciones o distritos electorales no superiores a 200.000 personas.
  2. Independencia del Poder Legislativo. Sistema electoral a doble vuelta. En la segunda vuelta, elección uninominal del Presidente del Gobierno, en circunscripción nacional única, eligiendo entre los candidatos de los partidos políticos que hayan obtenido más de un 5% de los votos en la primera vuelta.
  3. Independencia del Poder Judicial. Elecciones de jueces por los ciudadanos o, en su defecto, por los propios jueces. En la mayoría de los estados de los Estados Unidos de América, los ciudadanos eligen a los jueces de condado, de distrito o, incluso, de la corte suprema de cada estado. Si se hace en la democracia norteamericana, también puede realizarse en Europa.
  4. Referéndum nacional con decisión adoptada por todos los españoles, vinculante y de obligatorio cumplimiento por el Gobierno en las decisiones transcendentales para el futuro del país como, por ejemplo: secesión de una región, aumento de impuestos, incremento del déficit presupuestario por encima del 3% PIB, aumento del endeudamiento por encima del 90% del PIB, aprobación del Código Penal o, por ejemplo, intervención en conflictos armados sin agresión ni coacción previas.   

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¿Las energías renovables son el futuro?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Quién no ha oído la célebre frase: "las renovables son el futuro de la humanidad". Ciertamente, debe de ser el enunciado más utilizado y gastado de la última década. Pese a ello, si hay una cosa cierta es que las energías renovables no son el presente ni tampoco deberían serlo.

Si nos fijamos en las cotizaciones de las principales empresas relacionadas con la energía renovable constatamos que se han desplomado y perdido alrededor de un 95% de su valor (Gamesa, Solaria), que no es una pequeña fluctuación pasajera. Los mercados no creen que el futuro de las renovables sea precisamente esplendoroso. Sus valores deberían revalorizarse alrededor de 1500-2000% para pensar en una posible recuperación, lo que indica que quien invirtió su dinero con la alegre convicción de que las renovables eran el futuro lo ha perdido todo. Simplemente.

Pero no hacía ninguna falta recurrir al mercado bursátil para prever la evolución o el posible rumbo de las renovables. Una buena teoría económica descuenta un evento o situación mucho antes que la bolsa.

Y es que las renovables ya nacieron con fecha de caducidad desde el momento en que los gobiernos de turno empezaron a jugar a ser empresarios, cuando sólo pueden aspirar a ser adivinos. Cuando esto ocurre, y lamentablemente sucede a diario, los recursos se asignan ineficientemente generando escasez y aumento de costes.

De la teoría económica sabemos que son los empresarios, y no los políticos, los que deben descubrir qué negocios son los posibles, viables, sostenibles y eficientes.

Los seres humanos interactúan en el mercado movidos por sus objetivos, gustos y valoraciones subjetivas, y estas interacciones (básicamente intercambios de propiedad) se plasman en precios monetarios. Ésta es la forma de transmitir la información que utilizarán los empresarios para ajustar y coordinar los planes contradictorios de los individuos.

Este conocimiento relevante transmitido y necesario para ejercer la función empresarial es subjetivo, disperso en la mente de todos los hombres y tácito, no articulable. Como hemos dicho, sólo transmisible a través del sistema de precios.

Con el sistema de precios los empresarios tiendan a descubrir la información práctica y relevante para, actuando con el beneficio como incentivo, discriminar entre las distintas alternativas de inversión que tienen en mente, centrándose en las que son viables y que proporcionarán más beneficios y valor a la sociedad. Solamente mediante este mecanismo se puede determinar si un determinado negocio es real, viable y sostenible.

Con esto queremos decir que es posible que las renovables sean un negocio adecuado y rentable en un futuro, quién sabe, pero eso no se determinará por procesos políticos sino mediante los procesos de mercado antes expuestos. Sólo de esta manera se puede generar riqueza real y optimizar eficientemente los recursos escasos que disponemos.

Veamos ahora lo que se ha conseguido por procedimiento políticos, es decir, sin tener en cuenta la demanda de la sociedad ni la escasez de los factores productivos.

En 2002 España tenía una de las facturas eléctricas para la industria más baratas de Europa, unos 50€/MWh. Desde entonces el coste de la electricidad ha aumentado más de un 100% para las empresas y un 85% para las familias. Todo ello debido a decisiones políticas que han acabado siendo ruinosas.

El gobierno de Aznar mediante el decreto 436/2004 incentivó la instalación y el uso de las energías renovables que los distribuidores estaban obligados a comprar. Los costes aumentaron notablemente, quedando muy por encima de los ingresos del sistema (lo que pagamos los consumidores básicamente). Como el gobierno no repercutió esos costes en los precios de la electricidad en su momento (por su previsible impopularidad), se generó el llamado "déficit de tarifa". Los déficits tarifarios que se han generado hasta 2013 han supuesto una deuda equivalente al 3% del PIB (30.000 millones de euros). Ya para 2013, Unesa calcula que la tarifa eléctrica será deficitaria en otros 5.000-5.600 millones.

Como las deudas hay que pagarlas y el déficit devolverlo a las eléctricas, veremos como los precios de la electricidad y los impuestos van a aumentar indudablemente.

Así, el gobierno actual aprobó siete impuestos en lo que a energía se refiere para solucionar el déficit de tarifa: céntimo verde al gas natural, céntimo verde al carbón, céntimo verde al fuel oil, impuesto a la generación de residuos nucleares, impuesto al almacenamiento de residuos nucleares, canon hidráulico, y un impuesto del 6% a la producción eléctrica (que parece que ahora se elevará al 7%).

En cuanto a producción eléctrica, las energías eólica, solar e hidráulica, que representaron casi el 50% de nuestro sistema eléctrico en 2011, sólo generaron el 30% de la electricidad que consumimos. En el caso de la energía nuclear, con sólo un 8% de potencia instalada generó más del 20% de la electricidad consumida. No es lo mismo potencia instalada que energía eléctrica producida.

Los datos son incuestionables: las energías renovables son caras e ineficientes. Actuar con lógica económica y sentido común debería llevar a sustituir las centrales poco rentables por las centrales más rentables. Eso sería así si los gobiernos no interviniesen en los costes reales.

Pero, y aquí está el problema, los gobiernos no se movieron por la lógica económica sino motivos político-ideológicos que les llevaron a beneficiar arbitrariamente a unas energías con respecto al resto. Todo ello con el objetivo de ser el país líder en energías renovables y ser unos referentes en cuanto a tecnología e industria. Y posiblemente eso pueda ocurrir en un futuro, pero no vendrá de la mano de un político sino de una legión de empresarios, tal y como hemos detallado anteriormente.

Ahora nos damos cuenta que estas convicciones eran mera esperanza que no estaba basada en ningún proceso ni estudio económico real. Además incumple la Ley 54/1997 que regula el sector eléctrico, que indica claramente que "la presente Ley tiene como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible…".

Las consecuencias han sido notablemente desastrosas, y más teniendo en cuenta que afecta al factor productivo principal, la energía, por lo que las empresas son y serán menos competitivas hoy y en futuro. Lo cual no es una gran medida que ayude a salir de la crisis y a disminuir el 26% de desempleo que existe actualmente.

En 2012 el gobierno del Rajoy no tuvo más remedio que suspender temporalmente las concesiones de primas a la mayoría de las renovables. Muy a su pesar, como él mismo expresó. Sin embargo, la medida es insuficiente y deberían eliminar el principal problema si se quiere revertir la situación energética actual: suprimir las primas a las energías de régimen especial que suponen más de un 20% del total de costes del sistema.

Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño

Los miles de afectados por las polémicas participaciones preferentes, sobre todo las comercializadas años atrás por las cajas hoy nacionalizadas, llevan meses reclamando su dinero mediante campañas de todo tipo e incluso amenazas contra los poderes públicos y los empleados del sector financiero. El argumento básico que emplean para demandar la devolución íntegra de sus ahorros, a costa del dinero del contribuyente por cierto, consiste en denunciar que han sido víctimas de un fraude, un engaño masivo orquestado deliberadamente por las entidades, aprovechándose maliciosamente de la confianza de sus clientes. Sorprendentemente, su mensaje ha calado en la opinión pública y en la mayor parte de la clase política española, de forma similar a lo que acontece con las plataformas de afectados por las hipotecas.

Sin embargo, es preciso situar este polémico debate en su debido contexto, tanto jurídico como económico y moral, ya que las falacias y errores en torno a este asunto están enormemente extendidas. En primer lugar, el concepto de "fraude" está relacionado con el de "estafa", un delito perfectamente tipificado en el ordenamiento jurídico, por el cual una persona o entidad atenta contra el patrimonio o propiedad de un tercero en beneficio propio a través del engaño, haciéndole creer que obtendrá algo que, en realidad, no existe.

La cuestión, por tanto, es si las entidades han engañado o no a sus clientes, garantizándoles una determinada rentabilidad y condiciones que, en realidad, nunca existieron. Para ello es preciso saber, en primer lugar, qué son las famosas preferentes. Se trata de un producto financiero híbrido y complejo, ya que combina características propias de la renta fija (similar al depósito) y de las acciones. Sus principales características se resumen en cuatro puntos: son de carácter perpetuo, es decir, no tienen fecha de vencimiento; por ello, el que quiera recuperar su dinero tendrá que ponerlas a la venta, de forma que su precio y, por tanto, la recuperación del capital, varía en función de la demanda existente (cotizan en un mercado secundario), como las acciones; la rentabilidad ofrecida no está, en ningún caso, garantizada, ya que la entidad puede suspender el cupón en caso de que registre pérdidas; y, por último, pese a su nombre, las "preferentes" no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos en caso de que la entidad quiebre y, además, sus tenedores ocupan uno de los últimos puestos en el orden de prelación. Esto quiere decir, ni más ni menos, que serán de los últimos acreedores en cobrar en caso de que la entidad quiebre y sea liquidada.

Visto lo visto, es evidente que se trata de un producto de riesgo, de ahí, precisamente, que ofrezcan una rentabilidad también superior al de otros productos como, por ejemplo, los depósitos. Aunque muchos afectados dicen ahora que desconocían este tipo de riesgos, lo cierto es que todas estas advertencias han sido siempre públicas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede ser más claro al respecto: "tienen carácter perpetuo y su rentabilidad no está garantizada"; su "remuneración está condicionada a que la entidad emisora obtenga beneficios suficientes"; "se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido". Así pues, a cualquier persona interesada en este producto le habría bastado con informarse mínimamente sobre su contenido para conocer los riesgos que asumía.

Pero lo más sangrante, si cabe, es que este tipo de advertencias figuran en todos los folletos de emisión de preferentes y, por tanto, en cada uno de los contratos que los afectados tuvieron que firmar, voluntaria y conscientemente, para adquirir este producto, tal y como puede observarse en una de las emisiones efectuadas por Banca Cívica en 2010 -antes de que estallara el problema-, en donde la palabra "riesgo" aparece en 22 ocasiones en apenas cuatro hojas. Cosa distinta es que el cliente no leyera con atención o ni siquiera leyera el contrato antes de estampar su firma. Es más, pudiera ser que no comprendiera correctamente el texto, pese a que éste es bastante claro y explícito. Así, el contrato aclara en el apartado de "aspectos relevantes", y con el término "RIESGOS" en mayúscula, lo siguiente (sic): "producto complejo y de carácter perpetuo"; "no constituye un depósito bancario"; "el adjetivo preferente […] NO significa que sus titulares tengan la condición de acreedores privilegiados"; "discrecionalidad en el pago de la retribución". No son términos técnicos o complejos como para dificultar en exceso su comprensión. Aún así, el sentido común dicta que ante la duda mejor no firmar, sobre todo si está dispuesto a invertir una parte muy sustancial de sus ahorros.

Así pues, ¿hubo fraude en su comercialización? Las pruebas al respecto son concluyentes. Los contratos de preferentes, firmados voluntariamente -insisto-, no adolecían de defectos jurídicos, ni en forma ni en fondo. Es decir, no prometían ni garantizaban algo inexistente. Eran perfectamente legales y válidos. Las investigaciones abiertas por la CNMV contra algunas de las entidades emisoras revelan que su colocación entre inversores minoristas (particulares) se realizó, "con carácter general, ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente, al menos desde la perspectiva de la documentación contractual que soporta la operación". Dicho esto, es posible que se produjeran ciertas irregularidades que sí otorgarían el derecho a la devolución íntegra de la inversión, en casos donde se probara debidamente la suplantación de la firma o la incapacidad manifiesta del cliente para entender el contrato (analfabetos o personas que no gocen de plenas facultades), pero son absolutamente marginales y anecdóticos.

De hecho, la mayoría de los afectados no denuncia la existencia de defectos contractuales para reclamar su dinero sino que manifiesta haber recibido una información verbal contradictoria con la documentación firmada. Dicho en román paladino: "Yo firmé lo que firmé, pero en la caja de ahorros me dijeron que no había ningún riesgo, que las preferentes eran como un depósito". He aquí la clave de todo el asunto. El contrato advertía claramente de los riesgos, pero la gente se fió más de lo que les decía su director u oficinista de toda la vida, de ahí que aduzcan engaño.

¿Problema? Varios. Desde el punto de vista jurídico prima, en primer lugar, la validez del contrato. Si éste es legal, el afectado tendría que demostrar al juez, en todo caso, que el director de su sucursal le vendió de boquilla un producto totalmente diferente al que firmó. Pero es que, incluso en ese caso, el argumento no se sostiene. En primer lugar, porque muchos de los tenedores ya habían invertido antes en preferentes sin ningún tipo de queja ni problema -se comercializan desde 1999-, con lo que ya conocían el producto, sin que quepan pues vicios en el consentimiento, tal y como certifican numerosas sentencias judiciales.

En segundo lugar, porque una cosa es lo que se vende y otra muy distinta la que se firma. Por esa regla de tres, y llevando el argumento de los afectados al absurdo, casi la práctica totalidad de las técnicas comerciales y publicitarias deberían ser calificadas de engañosas y, por tanto, condenadas por estafa y fraude, desde Red Bull te da alas hasta la promesa de un lotero que no duda en afirmar que lleva ‘El Gordo’ o que este fin de semana le toca seguro. Los empleados de banca son, simplemente, comerciales, ni son asesores ni su trabajo consiste en ofrecer el producto de inversión más adecuado al cliente sino, muy al contrario, en vender lo que considere oportuno la entidad, desde créditos hasta acciones, a fin de cumplir una serie de objetivos.

Pero es que, por si fuera poco, en la mayoría de los casos, ni siquiera las promesas de alta rentabilidad y garantía de devolución que ofertaban los empleados se efectuó a mala fe. Las entidades financieras colocaron unos 30.000 millones de euros en participaciones preferentes desde 1999 hasta finales de 2010. Esto es, durante toda la burbuja inmobiliaria, en donde no hubo el más mínimo problema con este producto, y durante los primeros años de la crisis financiara, cuando casi nadie en España -ni economistas, ni gobierno, ni reguladores ni tan siquiera las propias entidades- pensaba que la tormenta arrastraría a buena parte del sistema financiero a la más absoluta insolvencia. Los problemas surgen en 2011, sobre todo a finales de ese año, cuando el valor de las preferentes en el mercado secundario empezó a hundirse hasta convertirlas en un activo totalmente ilíquido ante la ausencia de compradores. ¿Y por qué sucedió esto? Porque entonces ya era evidente para muchos que algunas entidades (cajas de ahorros) estaban técnicamente quebradas. De hecho, las quejas existentes hoy proceden, básicamente, de los clientes de las entidades nacionalizadas, con un volumen próximo a los 5.000 millones de euros (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa, y Banco de Valencia). Dicho de otro modo, durante su comercialización -toda una década-, la inmensa mayoría de empleados no pensaba que pudiera llegar a producirse tal escenario, y prueba de ello es que algunos de ellos -y/o sus familiares y amigos- también invirtieron.

El problema, por tanto, no radica en el producto en sí sino en la insolvencia del emisor, un riesgo que, por otro lado, siempre está presente, pues cabe recordar que las preferentes no son algo exclusivo de entidades financieras sino de todo tipo de empresas cotizadas. En este sentido, los preferentistas han perdido parte de su dinero al igual que millones de ahorradores compraron acciones bancarias e inmobiliarias en pleno boom confiando en la ilusoria solvencia del sector. Por último, algunos juristas sostienen que, pese a todo, el riesgo de este producto no se ajustaba al perfil inversor del cliente. Olvidan, sin embargo, que la normativa europea no prohíbe colocar activos complejos entre inversores minoristas. Es más, tales restricciones son erróneas y contraproducentes, ya que el Estado carece de legitimidad alguna para decidir quién debe invertir en qué. Las acciones tienen tanto o más riesgo que las preferentes -al menos a corto y medio plazo- y ello no es óbice para que el Gobierno de turno impida por ley a determinados individuos convertirse en propietario de una empresa.

El pecado no radica, pues, en el supuesto fraude o engaño cometido por las entidades, del todo irreal y falaz, sino en la ingenuidad, exceso de confianza y, por encima de todo, incultura financiera de los españoles. Ésa es la clave. El caso de las preferentes no es asimilable al de fraudes como el de Gescartera, Fórum Filatélico o Nueva Rumasa, como se pretende hacer creer. El problema de fondo aquí radica en la imprudencia y en los errores de inversión cometidos por los afectados, al igual que otros muchos accionistas, empresarios e hipotecados han perdido parte o todo su capital durante la crisis. Por ello, su rescate, a costa del resto de contribuyentes, tal y como pretendía el Gobierno, es injusto e inmoral. No en vano, reclaman para sí el mismo trato concedido por el Estado a los bancos, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas con el dinero del resto de españoles, lo cual es absolutamente condenable.

De la “ilusión fiscal” a la “ilusión de deuda pública”

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

La crisis de deuda que azotaba España en 2008 se circunscribía al ámbito privado hasta que el Gobierno extendió aún más sus tentáculos en la economía y se dio de bruces con la realidad del colapso productivo y recaudatorio (fiscal). Durante el auge económico, fue la "ilusión fiscal" la que permitió al Estado crecer y crecer. Mientras, en los inicios de la recesión, la "ilusión de la deuda pública" propició que gozara de margen para aumentar su tamaño y poder, creando nuevas bolsas de receptores netos de transferencias públicas. Téngase presente que tanto en las crisis nacionales (económicas o de otra índole) como en épocas de esplendor económico, el Estado tiende a incrementar su poder (si no se ponen frenos constitucionales muy rígidos –a lo Buchanan y, muy a menudo, de poco sirven…– o medidas de parecido cariz que inmunicen a la población contra la palabrería populista). El Estado crece siempre que puede… y le dejan.

La "ilusión de la deuda pública" (debt illusion) hace referencia al hecho de que los contribuyentes no son conscientes del coste impositivo que tendrá un incremento del gasto público de aquellas Administraciones Públicas que recurren a nuevas emisiones de deuda pública o a créditos con entidades financieras. Si, en lugar de ello, este nuevo gasto se financiara con cargo a consiguientes subidas impositivas, los bolsillos del contribuyente se verían perjudicados ipso facto, siendo conocedores de los efectos fiscales de manera inmediata. Este no es el caso cuando de emisión de deuda pública se trata.

La práctica de emitir deuda pública es tolerable durante un tiempo, en buena medida, gracias a que, al quedar diferido el pago, el contribuyente desconoce muchos factores asociados a las emisiones:

  • Cuándo se pagará: es práctica habitual la refinanciación (emitir nueva deuda para pagar la deuda pública que va venciendo) si no hay Presupuesto para atender al pago.
  • En qué cuantía final: Si hay refinanciaciones, la coyuntura económica y el plazo influirán en los costes financieros (tipos de interés). Léanse las famosas primas de riesgo.
  • Cómo se pagará: Hace referencia a qué configuración del sistema tributario estará en vigor en cada momento. Por ejemplo, si en un momento histórico la tributación recaerá más sobre el consumo; cuáles son los tipos marginales del IRPF y qué tramos hay, etc.
  • Quién lo hará: Estas promesas de pago diferido recaerán a menudo en gente sin derecho a voto (jóvenes) o que ni siquiera ha nacido. Además, cada agente desconoce qué situación personal y económica tendrá cuando llegue el momento de pagar.

La ignorancia sobre el proceso gubernamental, presupuestario o la futura estructura fiscal por parte de las masas, e incluso de políticos y burócratas, es total. Por tanto, el grado de información de que dispone el ciudadano es insuficiente para calcular el valor descontado de la carga que soportará la economía en forma de subidas futuras de impuestos o generación de inflación.

De esta manera es como se logra incurrir en creciente deuda pública durante un lapso de tiempo más o menos continuado sin hacer saltar las alarmas en la población general. Sí lo hará en especialistas conocedores del peligro que la práctica sistemática conlleva, si bien se trata de profesionales con un impacto mínimo en la opinión pública. Más tarde, se apercibirán los mercados de deuda pública y la prensa especializada. Incluso en esos momentos, la alarma social estalla a consecuencia de las noticias sobre convulsiones en los mercados nacionales y mundiales de deuda pública y bursátiles, sobre los que, paradójicamente, se ciernen miradas inquisitoriales. Sólo es al final, cuando llegan los recortes de gasto –si es que llegan– y las subidas de impuestos de los gobiernos o las devaluaciones, cuando muchos núcleos de la población general empiezan a tomar conciencia de los abusos de las Administraciones en el pasado. Esto nos toca muy de cerca a los españoles.

Así pues, el manejo de la deuda pública, otra inspiración más del keynesianismo, pone en manos de la clase política una herramienta más con la que acrecentar su poder mientras la ciudadanía se sume en otro velo más de ignorancia.

A todo lo anterior se sumó la característica "burbuja de deuda pública" española, que facilitó que, hasta febrero de 2010, España tuviera carta blanca para endeudarse a espuertas: no sólo se sirvió la Administración de que partía de una salud financiera "sólo aparentemente" envidiable, sino que en torno a septiembre u octubre de 2008, dio comienzo esta burbuja de deuda coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese mismo año, cuando se constataron las miserias del sector financiero, que dio muestras de una situación de grave insolvencia. Los ahorradores huyen de los bancos, pero también del sector productivo.

  • Se empieza a dudar de la capacidad de atender al pago de sus pasivos bancarios (depósitos) tras haberse endeudado cuantiosamente a corto plazo e invertido a largo plazo (en activos financieros ilíquidos y de elevado riesgo).
  • Del mismo modo, la sombra de la duda alcanza al sector productivo de la economía (son precisamente los bienes reales producidos por éste los que están respaldando la parte del activo bancario de dudoso cobro). El hundimiento del sector y del precio de estos bienes lleva a que haya fuertes caídas de las bolsas mundiales y el pesimismo sobre la duración y la intensidad de la crisis productiva se apodere de los inversores.
  • Por último, los primeros indicios del desplome de la burbuja de materias primas se vivieron en el verano de 2008, que pinchó definitivamente en las mismas fechas en que se arrancó la burbuja de deuda soberana.

Estos tres factores contribuyeron a la llegada al mercado de deuda pública de dinero caliente que huía de estos tres tipos de inversión, en esos momentos, en franca decadencia.

Este impulso, reforzado por la situación de partida del sector público español, que llegó a registrar superávits entre 2005 y 2007, posibilitó que las emisiones de deuda fueran recibidas con los brazos abiertos entre el público durante algo menos de dos años. Por consiguiente, se pudieron colocar a tipos de interés muy interesantes y en cuantías crecientes, debido a las bajas primas de riesgo.

En palabras de Nouriel Roubini (julio de 2010):

El desapalancamiento del sector privado apenas ha comenzado. Además, ahora hay un enorme reapalancamiento del sector público en las economías avanzadas, con enormes déficits presupuestarios y una acumulación de deuda pública impulsada por los estabilizadores automáticos, los estímulos fiscales anticíclicos keynesianos y los inmensos costos de la socialización de las pérdidas del sistema financiero.

De aquellos polvos…

El conocimiento y el management modular

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Como dijimos en el comentario anterior, los recursos productivos son heterogéneos. Esta característica es un reflejo de la división del trabajo y del conocimiento. De hecho, detrás de los medios físicos y humanos de la producción, encontramos toda una intrincada estructura de conocimiento plasmada, contenida, en los bienes de capital y complementada por el conocimiento en cómo estos deben usarse.

La estructura en la economía

El capital heterogéneo implica conocimiento heterogéneo. A medida que el conocimiento se especializa a través de nuevas combinaciones de bienes o la creación de nuevos bienes, más heterogénea y mayor complejidad alcanza la estructura productiva de la economía. Y cuanto más compleja es la economía, mayor es su desarrollo y crecimiento, y más intensamente se plasmará el conocimiento en la estructura productiva –en los bienes productivos que componen dicha estructura-.

La estructura en la empresa

Del mismo modo que decimos que los bienes de capital conforman una estructura productiva a nivel de la economía, también en el seno de la empresa los bienes de capital forman estructuras y subestructuras, puesto que están ordenados de una manera coherente atendiendo a sus características subjetivamente juzgadas por el empresario.

Ante un conocimiento cada vez más especializado, plasmado en los bienes de capital que son cada vez más heterogéneos, la tarea de organizar y gestionar estas estructuras es crucial para el desarrollo de la empresa y el crecimiento económico. Por ello, las estructuras a nivel de la empresa deben ser cuidadosamente planeadas y mantenidas, aunque sus mutaciones adaptativas sean gobernadas por impredecibles y emergentes fenómenos del conocimiento. Los empresarios o directivos deberán sopesar la heterogeneidad y complementariedad de sus factores productivos así como su capacidad de sustitución, los fines específicos que ayudan a lograr, y su adaptabilidad ante distintas combinaciones, y tener en cuenta cómo operarían todas estas características ante los cambios que siembre el futuro.

La organización en la empresa

Cuanto mayor sea la heterogeneidad de los recursos y, por tanto, mayor la especialización del conocimiento, la organización de activos del conocimiento en combinaciones productivas (rentables) requiere de una habilidad organizadora y una estructura organizativa mayor que gestioneese conocimiento.

Por este tipo de habilidades se entiende las reglas, costumbres o normas internas de la empresa que serán más valiosas en la medida en que creen las condiciones internas idóneas para acercar el conocimiento común u homogéneo de cada una de las partes (subestructuras) de la empresa (véase N. J. Foss sobre liderazgo y conocimiento). Y esa homogeneización del conocimiento será clave para gestionar y coordinar eficientemente el conocimiento heterogéneo de la producción. Es decir, la producción con recursos heterogéneos no dependería tanto de disponer de los mejores recursos sino de conocer más adecuadamente las actuaciones productivas relativas de esos recursos (Alchian y Demsetz 1972).

EL management modular: la gestión del conocimiento cada vez más complejo

La complejidad (heterogeneidad) del conocimiento implica estrategias de gestión del mismo más avanzadas -como diría Peter Drucker, el management deviene necesario cuando una empresa alcanza cierto tamaño y complejidad-. Una de ellas es la gestión de la empresa vista como un sistema modular, que coincide plenamente con la teoría austriaca del capital aplicada a la empresa –combinación por parte del empresario de recursos heterogéneos, creciente complejidad del conocimiento plasmado en los bienes de capital, información centralizada vs. Dispersa, etc.-.

Un sistema modular se compone de partes que se combinan entre sí, pero no de cualquier manera, sino con una serie de orientaciones de unos con otros. Lo importante de esta perspectiva modular del management es que, al igual que la estructura de módulos o, en nuestro caso, bienes de capital –que en sí mismos pueden ser, también, una subestructura compuesta por otra combinación de módulos o bienes de capital-, es coherente –con partes heterogéneas pero con características de complementariedad- y facilita la organización de las actividades internas de la empresa.

¿Cómo? A través de la observación de la estructura organizativa, el manager de la empresa puede economizar el conocimiento infiriendo propiedades de unas pocas partes de la estructura, y elaborar principios de interacción: ya no hará falta que conozca todo lo relacionado de cada parte de la empresa, sino sólo lo imprescindible de cada módulo –o bien de capital- y de cómo se relacionan entre sí –que en sí mismo también será como un bien de capital, un conocimiento productivo-. De ahí que esta estrategia permita economizar conocimientos, pues ya no es necesario que el empresario conozca el funcionamiento de cada módulo o subestructura (hidden information, información oculta al observador de alto nivel).

Por tanto, la perspectiva modular de las estructuras de conocimiento presentes en una empresa es un diseño de la organización de la misma –también se usa para el diseño de productos- en el que se establece lo que el directivo necesita saber y lo que no necesita saber. El directivo necesita conocer el conocimiento de otras partes de la empresa, pero dada la naturaleza compleja de este, se trata de economizar la tarea a través de la abstracción –a través de la modularidad: a partir de las partes inferir propiedades y principios de la estructura-.

Teniendo en cuenta esto, una gestión exitosa dependerá de encontrar el nivel justo de abstracción, es decir, conocer lo suficiente para hacer juicios correctos sobre el empleo rentable de los recursos (humanos y físicos), que conocen más sus actividades (especialización del conocimiento) que el propio manager, evitando que el directivo malgaste su tiempo entendiendo los múltiples procesos que se dan a diario en una empresa.

La moneda del trillón de dólares

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En Estados Unidos es recurrente el debate sobre el techo de la deuda. El gobierno americano, desde hace muchos años, gasta a tal velocidad y tan por encima de sus posibilidades que cada pocos meses se alcanza un nuevo techo de deuda pública que debe ser redefinido por el Congreso. El límite constitucional al endeudamiento del Estado, que una vez pretendió ser un mecanismo para contener el poder político, se ha convertido en una farsa. Cada vez que se llega al tope previamente fijado, se organiza un paripé, un intercambio de trapos sucios en el que los dos partidos mayoritarios se acusan mutuamente de mala gestión y de haber llevado al país al borde de la quiebra, para, a continuación, sin excepción, dar una patada hacia adelante al límite de la deuda sin solucionar el problema de fondo. Los políticos americanos deben de creer que los ciudadanos no tienen bastante con que cada gobierno sea más manirroto que el anterior y que las finanzas públicas sean una ruina, sino que encima les someten a este lamentable espectáculo partidista.

No hace falta seguir muy de cerca la política americana para ir descubriendo señales que van indicando el declive económico y político de Estados Unidos. En los últimos días los medios de todo el mundo se han hecho eco de una absurda propuesta del Congresista por Nueva York Jerrold Nadler para solucionar el problema del techo de deuda. Ha encontrado que una ley permite al Departamento del Tesoro acuñar un tipo de monedas conmemorativas de platino para coleccionistas. Para sacarlas a subasta, el gobierno puede asignar a la moneda un precio de salida provisional. La absurda propuesta es la siguiente: el Tesoro acuña una de esas monedas de platino y le asigna un valor de un trillón de dólares. Acto seguido la deposita en la Reserva Federal y ésta emite el dinero correspondiente al valor teórico de ese activo. Con esa chequera en el bolsillo, el gobierno ya puede seguir pagando todas las facturas que hagan falta sin preocuparse por el dichoso techo de deuda.

Cuando un disparate económico recorre los medios, y más cuando está encaminado a facilitar el aumento del déficit y la deuda, hay un economista americano que nunca pierde la oportunidad de subirse al carro. En este caso tampoco ha decepcionado. Paul Krugman, el mismo que afirmó que una posible solución para salir de la crisis era prepararse para un ataque alienígena, ha respaldado públicamente desde su púlpito de The New York Times la acuñación de la moneda del trillón de dólares como remedio al problema del techo de deuda: "La ley es la ley, y ofrece una simple aunque extraña salida de la crisis. […] La tarea del Presidente es hacer lo que sea necesario, no importa lo excéntrico o estúpido que pueda sonar, para calmar esta crisis de rehenes. ¡Acuñad esa moneda!"

George Selgin, Profesor de Economía en la Universidad de Georgia, ha sugerido cambiar para dicha moneda la clásica inscripción "In God We Trust" por una leyenda más acorde con la situación, como por ejemplo "In Idiots We Trust". Matthew O’Brien, editor asociado del diario The Atlantic, también tentado a entrar en el debate de los pormenores de acuñación de dicha moneda, propone sustituir la correspondiente efigie por la imagen de una banana.

Aunque la idea de la moneda del trillón de dólares no es nueva, mi apuesta personal es que el Congresista Nadler encontró la inspiración en una fuente intelectual acorde con la categoría de la propuesta: Los Simpsons. En un capítulo de la popular serie, Homer ayuda al FBI a recuperar un billete de un trillón de dólares que emitió el gobierno en tiempos de Truman para pagar sin esfuerzo los gastos de la posguerra a sus aliados europeos. Por lo visto, el cómico guión de una serie basada en el humor absurdo, en manos de ciertos políticos y economistas puede pasar por política económica seria. Lo cierto es que cada vez es más difícil distinguir entre una medida keynesiana y una estupidez sacada del guión de Los Simpsons.

Si, como defienden conocidos economistas, políticos y periodistas, esta solución es válida, ¿por qué acuñar solamente una de esas monedas de un trillón? ¿Por qué no acuñar 17 y olvidarnos de toda la deuda pública? ¿Y por qué no acuñar 100 y gastarlas a manos llenas en solucionar todos los problemas del mundo? Pues, sencillamente, porque esta medida carece de cualquier tipo de sentido económico. La solución es equivalente a imprimir dinero, es decir, lo que hace es quitarle valor a los dólares que sufridamente se han ganado los ciudadanos y meterlo en el bolsillo del gobierno, distorsionando, en el proceso, la estructura productiva. Sólo Krugman considera que la acuñación de dicha moneda no es inflacionaria. De lo que se deduce, digo yo, que mediante esta estúpida propuesta se crea riqueza real de la nada. ¿En qué estarían pensando los que le dieron el Premio Nobel?

Al final, para disgusto de Krugman y sus seguidores, los portavoces del Tesoro y de la Reserva Federal han salido a la palestra para decir, no muy convencidos, que no están barajando esta solución. Anthony Coley, portavoz del Tesoro, explicó el motivo: "No creemos que la ley de monedas conmemorativas deba usarse para evitar tener que incrementar el límite de la deuda". Es decir, que no aplican la propuesta de la moneda de platino, no porque sea económicamente absurda, sino porque va contra el espíritu de la norma en cuestión.

El problema de fondo de todo este sainete es que han montado una guerra partidista por parte de ambos partidos que tiene como rehén a las finanzas públicas de los americanos. Los Demócratas consideran que los Republicanos están haciendo chantaje amenazando con no aprobar un nuevo techo de deuda para cumplir que se le concedan sus exigencias. Y en parte tienen razón. Algunas de esas exigencias son razonables, como recortar partidas de un gasto público desbocado, pero casi siempre trufadas de clientelismo político y electoral. Los Republicanos afirman querer recortar el gasto, pero siempre se refieren al gasto político de los Demócratas, porque el suyo propio no quieren ni que se toque. Por otro lado, el gobierno de Obama y los Demócratas también están haciendo chantaje a los americanos. Han incurrido en gastos por encima de lo que pueden pagar con el actual techo de deuda, con lo que amenazan con la suspensión de pagos si los Republicanos no aumentan el techo de deuda sin rechistar. Lo que no mencionan es que la quiebra, de producirse, sería por los irresponsables gastos en los que ha incurrido el gobierno actual.

Bajo el ridículo de la idea de la moneda del trillón de dólares, subyace una crisis fiscal igualmente absurda. La solución no son ideas traídas de Los Simpsons ni chantajes electoralistas. Tampoco es, como afirma Krugman o el gobierno, que siempre que se alcance el techo de deuda se aumente sin pensar en lo que se está haciendo, ni la abolición de dicho límite constitucional. La solución es mucho más sencilla: hay que equilibrar las cuentas públicas. Hasta el propio Homer Simpson lo haría mejor que los políticos actuales.

Iñaki Arteta y el crowdfunding: algo más que una herramienta económica

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Arteta sigue siendo un pionero, no sólo en lo que a temática se refiere, sino también en aquellos aspectos relacionados con la producción. Esta última tesis exige una serie de matizaciones que en última instancia ilustran el compromiso a ultranza y militante del director vasco con las víctimas de la barbarie etarra.

El nuevo documental se titulará 1980. No es un año o una cifra escogida al azar. Por el contrario, refleja una de las épocas más sanguinarias de ETA con casi 100 asesinatos, acompañados de secuestros, extorsiones y amenazas.

Arteta no lo ha tenido fácil para sacar adelante su proyecto, fenómeno que no es nuevo para él. En efecto, ante la ausencia de ayudas públicas, ha recurrido a la novedosa fórmula del crowdfunding, en función de la cual, mediante las donaciones de ciudadanos anónimos, ha reunido la cifra de 50.000 euros con los que empezará a costear el documental. Como puede observarse, una cantidad mínima, especialmente si la comparamos con las entregadas años atrás, en pleno apogeo y esplendor del zapaterismo, para hacer proselitismo ideológico de dudosa calidad.

Lo fácil por parte de Arteta hubiera sido iniciar un proceso de auto-victimización; sin embargo, ha optado por asumir la gravedad de la coyuntura económica y social por la que atraviesa España, algo que el clan de la ceja, cegado por el egoísmo, subordina a su interés particular.

Frente a las altas subvenciones de las que ha gozado el cine español entre 2004-2011, que no se tradujeron en éxitos en taquilla, Arteta viene siendo ninguneado (en ocasiones incluso descalificado) desde las poltronas instaladas en el buenismo sectario o en el sectarismo buenista. Se trata de un hecho que ya se percibió en sus anteriores obras Trece entre mil y El infierno vasco. Conseguir por parte del espectador una sala donde se proyectasen era casi utópico, aunque una vez logrado, el aforo estaba completo.

Desde buena parte de los medios oficiales y no oficiales se intentaron silenciar ambos proyectos, a pesar de la calidad de los mismos, reflejada, por ejemplo, en la ingente labor de documentación. Arteta nos ofreció el testimonio de víctimas del entramado etarra y nos describió la cruda realidad del País Vasco durante estas últimas décadas. Así, nos encontramos a familiares de asesinados o personas que debieron abandonar Euskadi ante la persecución de “los violentos” (generoso epíteto que se emplea para referirse de forma tan condescendiente como equidistante a quienes matan y amenazan).

Fueron dos brillantes trabajos que tendrán su continuación en 1980, obra de indudable valor histórico y pedagógico para las nuevas generaciones de españoles que no conocieron los denominados “años de plomo” de la banda terrorista y a los que se intenta ahora adoctrinar bajo el eslogan de “Eta ya no existe”. Este mantra, tan cacareado en los últimos tiempos, oculta una evidente rendición, al mismo tiempo que fomenta el intercambio de roles, de tal manera que los victimarios se convierten en las víctimas y éstas en culpables de que no haya “normalidad democrática”, expresión que prueba cómo el lenguaje puede ser adulterado a base de repetir machaconamente determinadas mentiras.

En consecuencia, quienes hemos seguido la trayectoria de Iñaki Arteta (acompañado de su socio Alfonso Galletero) estamos ansiosos de que 1980 vea la luz. Se tratará de una auténtica pieza de denuncia que definirá con precisión conceptos adulterados (como democracia o libertad), y todo ello sin recurrir a la bronca y al pancarterismo, como acostumbra un sector de la izquierda española, siempre pendiente de la foto y de reivindicar la memoria de etarras encarcelados, ¿verdad Willy y Pilar?

Sus pensiones no son suyas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Una de las noticias estrella de esta semana ha sido la utilización del dinero del fondo de pensiones para comprar deuda del Estado. La excusa es, por supuesto, el espíritu de "arrimemos el hombro que nos la damos". Este "todos contra el fuego", que es la base de la cooperación y que en España tenemos tan a flor de piel, esta siendo mal utilizado para emplear el dinero de todos de manera, cuando menos, imprudente.

Los malditos especuladores son menos malditos

Algunos economistas que se definen a ellos mismos como críticos y enarbolan banderas de ultra izquierda, como lo es el movimiento de izquierda extrema y radical ATTAC, justifican esta actuación del gobierno. Me refiero a Eduardo Garzón, al que no hay que  confundir con su hermano Alberto, diputado del partido IU.

Con toda  tranquilidad, Eduardo Garzón explica en su blog que, lejos de estar mal, está fenomenal eso de concentrar la deuda comprada con pensiones. Ya que las pensiones que usted paga son invertidas por el gobierno sin que usted diga ni pío, pues qué mejor que hacerlo en deuda española. Cuenta con detalle cuál ha sido la variación en el destino del dinero de las pensiones: de diversificar en deuda de diferentes países hemos pasado a tener un 90% invertido en deuda del Estado español. Y claro, la idea es siempre salvífica: al comprar empujamos la prima de riesgo a la baja porque presionamos aumentando la demanda de títulos españoles, así que, el mercado nos favorece. Nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos.

Vamos, lo que toda la vida de Dios se ha llamado especulación y que tantos juicios condenatorios ha suscitado desde el comienzo de la crisis. Los especuladores al parecer eran los culpables de casi todo en España. Sin embargo, cuando quien especula lleva sello oficial, la cosa cambia.

Lo que de verdad está pasando

El artículo de Eduardo Garzón termina explicando que, incluso si España quiebra y esa deuda que hemos comprado con el dinero que habría de sostenernos de mayores no se devuelve, no pasa nada. Primero, porque dónde se ha visto que un Estado quiebre. Grecia, Argentina, etc., no deben ser ejemplos suficientes. La razón que aduce es “que siempre se le terminan ofreciendo facilidades para que ello no ocurra”. Muy convincente no es.

En segundo lugar, porque, en último caso, si no se puede devolver todo el dinero, se puede priorizar y devolver el montante de las pensiones antes que todo lo demás. Es decir, como si las instituciones financieras especialmente las que nos tienen que prestar, no establecieran cláusulas especificando que yo le presto pero usted me devuelve a mi el primero, y firme aquí con sangre que no sé si creerle o le presto a un precio prohibitivo.

Y esos son los argumentos de peso que explican que concentrar el riesgo es bueno.

Pero lo que de verdad está pasando es que el fruto del trabajo de los ciudadanos, que ellos creen que en un futuro ha de pagar su retiro, tras una vida de esfuerzo, se está invirtiendo en un activo de riesgo, como lo es la deuda española. Si no lo fuera no tendríamos los problemas que tenemos. Y, además, estamos concentrando en vez de diversificar el riego, como haría cualquier persona con dos dedos de frente.

Hay un tercer aspecto que resalta Daniel Lacalle y que se refiere específicamente a la deuda. Comprar deuda con el dinero de las pensiones es esconderla, es camuflarla bajo instituciones alfombra, como dice Daniel. Es como esos niños que no saben cómo escaquearse de comer lo que no les gusta y esconden la comida odiada bajo las patatas, en la servilleta y donde pueden. Eso no quiere decir que se han acabado el plato: lo han escondido. Pues de igual forma, el gobierno esconde la deuda que puede en las instituciones que no tienen más remedio que tragar: el fondo de pensiones, las entidades intervenidas…

El problema es el fondo del fondo

En el año 2006, el Instituto Juan de Mariana publicó su primer informe, dirigido por la actual vicepresidenta, Raquel Merino. Se llamaba “Una sociedad de propietarios” y proponía que los ciudadanos nos hiciéramos responsables de nuestra riqueza y nuestros ahorros para no depender del Estado, y menos en una edad en la que uno ya comienza a ser dependiente físicamente. Si encima dependes de la pensión que “el Estado te da”, empleando ese lenguaje envenenado que te hace parecer aún más desprovisto de todo, pues mucho peor.

El informe se preguntaba qué pasaría si cada cual gestionase sus ahorros privadamente de manera que pudiera invertirlos para tener una pensión, tan generada por él como la de ahora, pero sobre la que sí pudiera decidir. Los resultados eran rotundos: las pensiones serían casi el doble. Y a pesar de eso, hay cierta prevención hacia la autogestión de la riqueza individual como alternativa.

Sin ir tan lejos, cada vez que se oye alguna voz clamando por el sistema de capitalización, enseguida te saltan a la yugular con aquello de y qué pasa si hay una crisis, es que hay que dejar que la gente invierta mal y se venga abajo?

Bueno, pues la pregunta realmente es ¿hay que dejar que se invierta mal el dinero de la gente? ¿si lo hace el Estado, que debería crear el marco adecuado para que todos disfrutáramos de la riqueza que fuéramos capaces de generar, es menos malo?

En mi opinión, es mucho más sangrante. Hasta que no dejemos de confiar más en el Estado que en nosotros mismos seremos esclavos.

El Suffolk Bank

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Andrew Jackson había acabado con el Segundo Banco de los Estados Unidos, y con él se fue durante décadas la institución de un banco central en aquel País. A mediados de los años 30 del siglo XIX comienza la era de “banca libre” en aquel país. Cualquier empresario que cumpliese ciertas condiciones podía crear un banco. Pero estas instituciones tenían importantes limitaciones, como no poder abrir sucursales en otros Estados, o se les obligaba a aceptar bonos estatales como reservas. Sin llegar a ser una era de verdadera libertad económica en el ámbito monetario y crediticio, sí permitió, no obstante, una gran competencia. Ésta favoreció la creación de nuevas fórmulas bancarias. Y también limitó la capacidad de los bancos de crear inflación (es decir, de emitir billetes sin respaldo de oro o plata), ya que cualquier ciudadano podía entregar las notas en su mano y conseguir la cantidad correspondiente de oro, en forma de monedas o lingotes.

Es más, cualquier banco que acumulase las notas emitidas por una entidad distinta podría redimirlas. Una práctica muy inflacionaria ponía en riesgo la solvencia del banco y, por tanto, la continuidad del negocio. Dado que las comunicaciones eran costosas, las notas perdían valor cuanto más lejos estuviesen del banco emisor. Además, a medida que los billetes, en la incesante cadena de intercambios, se alejasen del banco que ponía su sello, toda la buena fama que pudiera tener entre su clientela se iba difuminando. Y, por supuesto, había una creciente incertidumbre respecto de la voluntad o capacidad del banco de aceptar su propio papel y entregar a cambio el dinero (oro) correspondiente. De este modo surgió una clase de comerciantes que compraban papel con descuento y lo conducían al banco emisor para reclamar la cantidad de oro correspondiente.

Boston, como floreciente ciudad comercial, contaba con numerosos bancos, que recibían notas de muchos otras entidades del resto del país. Es en ese contexto en el que adquirió un papel predominante el banco Suffolk. Aquellos country banks cuyas notas perdían valor con la distancia perdían oportunidades de negocio. Suffolk creó un sistema que podríamos llamar de compensación que aportaba seguridad a las transacciones y oportunidades de negocio. Aceptaba las notas por su valor nominal, es decir, por todo el valor de la promesa de pago, a cambio de que los bancos emisores hiciesen depósitos en Suffolk sin interés. Suffolk obtenía como beneficio el interés del préstamo de esos fondos. Y las entidades que eran clientes de Suffolk, por el coste de mantener un depósito en aquel banco, obtenían los beneficios de que sus notas resultaban mucho más líquidas, más aceptables por el mercado, y adquirían una mayor circulación. Por tanto, sus servicios como banco eran más valiosos.

El interés de los bancos por contratar el servicio de Suffolk era evidente. Pero la entidad bostoniana no podía admitir cualquier cliente. Les obligaba a mantener su solvencia. De este modo, en una cadena que va desde la conveniencia del uso de los billetes más la necesidad de que respondan a la cantidad de oro que prometen, hasta las notas del banco Suffold y las de los bancos que contratan sus servicios y de ahí a la relación entre éstas y los depósitos de las entidades, Suffolk logró que prevaleciese una inflación más moderada en su zona de influencia.

No fue una interesante experiencia pasajera, una reliquia para el divertimento de los historiadores. Duró de 1819 a 1859, cuarenta años. Según John Jay Knox, citado por Murray N. Rothbard en su libro A History of Money and Banking in the United States, la experiencia del Suffolk Bank prueba que “se puede confiar en las empresas privadas para la redención de los billetes que circulan, y puede hacerse de un modo más seguro y mucho más económico que el servicio que pudiera proveer el Gobierno”. Rothbard incluso se refiere a Suffolk Bank como un banco central privado.

Esta fórmula para crear confianza en el mercado fue seguida con éxito por otros bancos, atraídos por los enormes beneficios de Suffolk. La competencia acabó por desbordar a la entidad, que acabó por abandonar el esquema que ésta había creado. Otros bancos, no obstante, siguieron realizando la misma labor beneficiosa para la sociedad y para ellos mismos. La Guerra Civil acabó con esta experiencia, y el establecimiento del monopolio del Gobierno de la emisión en 1863 acabó con cualquier posibilidad de retomarlo después de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Es un ejemplo de cómo los resquicios de libertad respetados por el Gobierno permiten que los empresarios atiendan las necesidades sociales, incluso las más complejas, obteniendo por ello un beneficio.

Rajoy vertebra España… o no

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Si hubiera que clasificar la línea política del residente de La Moncloa sobre la nación española habría que buscar entre las categorías más inquietantemente ambiguas: posibilismo, visión a corto plazo, supervivencia. Pero nada sería más certero que definirlo como alguien que sí, puede acabar manteniendo los vínculos comunes mínimos y formales entre españoles durante los próximos años, pero que deja semivacía a la resultante España futura y, sin duda, descoordinada y debilitada tanto hacia dentro como con vistas al exterior.

Hacia el envite nacionalista catalán todo es mano tendida, amago y retirada, tanto en materia lingüística como en lo referido a recursos transferidos. Cuanto más evidente es el beneficio inversor realizado en la otrora próspera Cataluña y su contraste con el de otras comunidades de similar cariz, más agresivos son los independentistas y menos educados y protocolarios sus dirigentes.

La actitud hacia "la nueva realidad vasca" no es muy diferente en las filas del partido popular, aunque para mantener las formas y acostumbrarnos a que el nacionalismo radical e institucional sea una realidad por muchos años, son alcaldes del PP y dirigentes de grado medio quienes se expresan conciliadoramente, seguidos de débiles desautorizaciones de Basagoiti. Por el otro frente, los gestos hacia Artur Mas se reparten entre la meliflua crítica de Sánchez Camacho y la oferta de diálogo de Rajoy.

Nada hay en la actitud del gobierno nacional, así como en la del Rey, que nos haga pensar que su estrategia, si es que lo que hacen y no hacen pueda llevar ese nombre, sea más que una resistencia blanda que incluya el envío de ríos de recursos a Cataluña y miradas a otro lado en una comunidad donde la sangre de las víctimas del terrorismo aún no se ha secado.

Tal y como podemos entender que es la esencia de la actitud del gobierno, se espera que el desafío catalán acabe paniaguado en 2014 y que el radicalismo en el País Vasco se enrede en la gestión diaria de las instituciones. Pero en el mejor escenario de ese planteamiento se les ha permitido a los nacionalistas de ambos lados penetrar a sus sociedades con mensajes de desafección y, a los españoles, aprender una actitud hacia su nación tan difusa, débil y falta de convicción como el propio gobierno de Rajoy está dando a entender.

 Y si no es de esta, lo intentarán con más descaro aún, si cabe, en la siguiente ocasión.