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Esquilache y Turgot fueron al grano

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Es vano, señor, esperar la baratura de los precios de otro principio que la abundancia, y es vano esperar esta abundancia sino de la libre contratación de los frutos.

Jovellanos, Informe sobre el expediente de la Ley Agraria, 1794

Desde tiempo inmemorial, el comercio de granos estuvo envuelto en múltiples falacias. Tradicionalmente el vulgo consideró el tráfico de cereales como una especie distinta de comercio. Al ser artículos de primerísima necesidad, hubo siempre un temor a sufrir hambrunas. Debían, por tanto, regirse por reglas distintas al resto de los productos. Asimismo, los necesarios especuladores en granos fueron objeto preferente de la inquina popular al ser acusados de codiciosos y de celebrar pactos con el hambre. Otro error muy extendido fue considerar la agricultura como fundamento de toda la riqueza.

Debido a todas estas falsas ideas, no hubo duda alguna en atribuir a la autoridad la misión de garantizar el abastecimiento barato de bienes de consumo de primera necesidad. Por ese motivo han existido a lo largo y ancho de este mundo juntas de abastos de control de precios, graneros públicos, acopios e incluso monopolios estatales de alimentos. A esto se añadían multitud de restricciones al comercio de cereales, tasas, gravámenes y demás reglamentos administrativos que lo constreñían y dañaban.

Hoy sabemos que el tráfico de cereales y demás alimentos se ajusta a las mismas reglas comunes del comercio en general y su distinta naturaleza no altera en absoluto la esencia de los intercambios ni modifica las leyes del mercado. Es más, su libre concurrencia es, si cabe, más necesaria aún al conseguir satisfacer las necesidades humanas más perentorias.

El libre comercio de granos ha sido una conquista de la ciencia económica sólo a mediados del siglo XVIII, cuando los postulados mercantilistas y el sistema gremial se empezaron a cuestionar. Dos fueron sus pioneros introductores en la arena política: el ministro preferido de Carlos III, el marqués de Esquilache, mediante la Real Pragmática de julio de 1765 por la que se abolió la tasa de granos y se permitió el libre comercio del trigo en el interior del reino y el otro fue Turgot -el mejor ministro que tuvo jamás Luis XVI- que hizo lo propio en Francia a través del Edicto de septiembre de 1774. Fueron los primeros intentos para la liberalización del comercio de granos en el interior de cada respectivo país.

Los efectos benéficos de este tipo de programa reformador ilustrado no se produjeron de inmediato. Por desgracia, las escasas medidas verdaderamente liberales que en la historia han sido tienden a agravar la situación sólo en un primer momento para luego -si se mantienen en el tiempo- favorecer al conjunto de la sociedad en detrimento de ciertos grupos organizados. Esto es una constante a lo largo de la historia: la conquista de cualquier parcela de libertad de la acción humana nunca ha sido fácil, siendo ineludible el toparse con obstáculos y chocar con inercias o intereses creados.

Así, en la primavera de 1766 los habitantes de diversas ciudades de España se sublevaron casi al unísono; fue el llamado motín de Esquilache (atribuir su causa a la prohibición de los juegos de cartas, del uso de la capa larga y del sombrero de ala ancha no deja de ser algo anecdótico). Por su parte, en la primavera de 1775 se produjo igualmente en Francia una ola de motines conocida como la guerra de las harinas, siguiendo las pautas clásicas de los motines de subsistencia. El pueblo acusó en ambos casos a dicha liberalización y a los "acaparadores" del alza del precio del pan. No hubo más opción que volver a las anteriores restricciones. Europa no estaba aún preparada para acoger la plena libertad del comercio de granos. Se vivía en los albores de la sociedad industrial y seguían en pie, como denunciara J.C.M. Vicent de Gournay, muchos prejuicios de eras de ignorancia pasadas.

No obstante, la semilla quedó plantada para que fructificara años después de la mano del preclaro empresario y político inglés Richard Cobden, una de las personas del siglo XIX que más hizo por la prosperidad y la paz europeas. Promovió una revolución mucho más importante y acorde con la naturaleza humana que la de su casi coetáneo Karl Marx.

Todavía hoy en el mundo no se ha logrado, ni mucho menos, una completa liberalización del comercio de granos (tampoco del resto de productos alimenticios) ni se han desterrado las numerosas subvenciones públicas a la agricultura que producen enormes distorsiones en el comercio internacional.

La seguridad alimentaria de todos –especialmente la de los pobres- estaría mejor garantizada con la total libertad del comercio mundial, pues con ello se evitaría el riesgo de poner en manos de la autoridad las llaves de la abundancia.

Estado omnipresente

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

Son muchos los muros mentales que los individuos derriban cuando cambian su concepción del mundo (cosmovisión). Algo parecido recuerdo que me sucedió a mí cuando allá por 1996, en un curso de verano de la entonces Cánovas del Castillo, apareció Jesús Huerta de Soto blandiendo loas al anarcocapitalismo. Aquello no me convirtió políticamente en nada, pero fue tal el shock que recibí que me hizo ver que el “sistema” en que vivimos es un marco político, o sea, humano, que normalmente asumimos por defecto, pero que, por el contrario, hay que poner en cuestión y observar con el máximo recelo. Ya llegaba con la idea de que el liberalismo era un buen camino, máxime para una persona solitaria, poco gregaria y nada “igualitarista” –en tanto observadora de la variedad de personalidades y fines en los seres humanos–, pero el problema, descubrí allí, es el Estado: el Estado omnipresente.

Ese Estado que recibimos por defecto penetra por todos los poros de nuestra piel y no somos conscientes de ello hasta que algún shock derriba nuestro muro mental. Por supuesto que sabemos que está ahí, pero lo creemos imprescindible y, sobre todo y peor aún, totalmente neutro. Lo asumimos, en suma, como una institución en el sentido de Menger. Como el lenguaje, las buenas (o malas) maneras, el Derecho, el folclore, el mercado, etcétera. Muchas discusiones hay, por cierto, respecto de si una institución que se deriva de hechos violentos se puede concebir como tal según la visión mengeriana. A mí se me antoja que separar lo “violento” de lo “no violento” en el origen de una institución cuya evolución está influida por interacciones de miles de personas a lo largo de mucho tiempo es más que difícil, pero los amigos del sólo vale lo “blanco” o lo “negro” seguramente lo tengan más claro. Tan sólo pensemos en los idiomas. Mucha tela que cortar…

Así que, como norma “particular”, reflexiono sobre esto como cuando los hijos, al alcanzar su pubertad, se rebelan contra los padres (o los mayores), a quienes precisamente increpan por educarles en el uso de unas instituciones que ellos no han creado. Este espíritu de derrumbar muros es ideal, en especial, si se trata de “instituciones” perversas que contribuyen a la desintegración de los lazos pacíficos que estrecharían los seres humanos caso de serles permitido. Hablamos de enfrentarse al poder: a aquellos que ejerzan coacción sistemática, institucional.

Los incentivos perversos que genera el Estado son innumerables a múltiples niveles. Que haya un 25% de desempleo en España no se debe sólo a la crisis. Italia acaba de alcanzar su cifra récord de casi el 11%. En Irlanda, se mueve en cerca de un 15%, y en Portugal es de un 15,4%. Así no hay manera de que el Estado español recaude ni de que se aligere de gastos sociales, como las prestaciones por desempleo. Recordemos que España está en el puesto 36 del Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), por detrás de Jordania, Botswana, Georgia o Emiratos Árabes Unidos. Creamos o no en estos índices, éste tiene la virtud de destacar elementos clave que apuntalan la libertad económica, como son el “rule of law” (derechos de propiedad y baja corrupción), gobierno limitado (gasto público y libertad fiscal), eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de mercados (libertad comercial, de capitales y financiera). No nos extraña, viendo estas categorías, estar donde estamos en España. Pensemos, por otro lado, que el sistema productivo en España –y en cualquier otro lugar– no crea sólo dos facciones enfrentadas: personas productivas y clase política. Podríamos identificar al menos hasta cinco: productivos, adormecidos, clase política, lobbies (incluyendo sindicatos, funcionarios, etc.), parásitos. Quiénes están soportando el peso de las reformas fiscales de “a una subida de impuestos por mes”, los dos primeros grupos. Los primeros lo harán… hasta que aguanten. Los capitales (no sólo de ellos, sino de políticos y lobbies) ya están huyendo. Y las personas acabarán yendo detrás de su dinero buscando mejores destinos para crear riqueza, encontrar oportunidades y no ser expoliados. Los adormecidos empiezan a espabilar porque la presión derivada de su endeudamiento, los despidos y la dictadura fiscal es ya insoportable. Sobre qué acaben haciendo, dependerá en buena medida de qué discurso abracen en su despertar. Y en ésas estamos.

Este es un país que nunca ha querido trabajar. Y en este país en plena liquidación, aún menos. Estamos ante un juego de suma negativa, porque la tarta mengua a marchas forzadas. Cada día es más pequeña. Cada día, la deuda se come más producción presente y futura. Y la producción presente y futura, a fecha de hoy, no deja de encogerse. Estamos ante un sálvese quien pueda, un esquilmar a propios y extraños (a los dos primeros grupos, principalmente) a sabiendas de que el pastel se está consumiendo. No es de extrañar. Quien nunca ha sabido ni querido producir, siempre ha buscado esto. Pero antaño la tarta aún parecía crecer. El statu quo estaba servido entre fuerza productiva, parásitos, lobbies y Estado, que tenía sus arcas a rebosar. Y ahora qué pasa, los que sólo consumen y nada producen siguen haciendo aquello en que se especializaron tiempo atrás, pero ahora los nervios, el ansia por trincar y las malas expectativas futuras les llevan a blandir derechos sociales y luchar entre ellos como fieras para repartirse lo que quede del pastel. Y los demás, a verlas venir. A buscar planes B, economías sumergidas o lo que sea.

El Estado, históricamente, se ha movido en varios niveles. Obviamente, no hemos llegado hasta aquí, hasta este colapso del Estado de Bienestar, de un día para otro. En su refundación, se trató de un estado gendarme (o “estado mínimo”), guardián del orden público. La Revolución Americana de finales del XVIII es un buen ejemplo de ello. Otra Revolución de la misma época, la Revolución Francesa, sentaría los posos del segundo estado, el estado democrático o social, que se desarrollaría enormemente ya en el XX.

En 1913, Leon Duguit, líder de la Escuela de Derecho Público de Burdeos, definió los servicios públicos como: “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”. Esta definición es pertinente en tanto da cabida a casi cualquier cosa, como ha acabado por suceder.

Se ha puesto en bandeja la legitimidad de la tiranía a que estamos sometidos. Mientras dé el presupuesto, mientras no se destruya absolutamente el tejido productivo y unos puedan seguir viviendo de los otros, los tentáculos del poder lo asumirán todo.

De esta forma, llegamos al último paso que el Estado acabó por dar impulsado por la anterior Gran Depresión: el “estado planificador o regulador”. Controlar la moneda, intensificar y optimizar (a ojos de la Hacienda Pública) el sistema fiscal y dirigir la economía eran el último reducto que les permitiría penetrar aún con más fuerza en el sistema productivo nacional y ganar tiempo para que unos sigan viviendo de los otros, con el soporte teórico y científico de aquello que en realidad sólo sale de las vísceras: institucionalizar la rapiña, el colectivismo y el resentimiento ante el éxito de nuestro vecino. De este tercer estado, surge el servicio público de carácter económico: eléctricas, transporte, telefonía, espacio radioeléctrico, etc. Servicios públicos, pues, son todos: sanidad, justicia, policía, educación, pero se sumaron a los anteriores los de carácter económico, principalmente, desde mediados del XIX, alternando desde entonces fases de privatización, pero por medio de sistemas concesionales, y nacionalizaciones.

A partir de aquí, el engaño, a saber, los muros que han esculpido en nuestro cerebro en piedra, ha sido apoteósico. Muchos se han llegado a creer que porque una empresa deje de ser de titularidad pública ya no es servicio público, o, como los llaman ahora para suavizar el impacto y confundir aún más, servicio de interés general. Incluso muchos piensan que siendo ciertos servicios de titularidad privada, pero no recibiendo transferencias públicas, entonces ya no se puede hablar propiamente de que son monopolio legal. La clave no es, aun siendo importante, sólo lo anterior: titularidad y transferencias públicas. La clave para determinar que un servicio de carácter económico está siendo ofrecido en régimen de monopolio estatal legal es el tercer factor: la regulación. No nos olvidemos de la tercera clase de estado: el “Estado planificador, regulador y redistribuidor”.

Esto es fundamental debido a que la propia legislación, que en muchos casos se enmascara como leyes de competencia, procura promover dos resultados: redistribución de la riqueza y de la propiedad. De nuevo, limitaciones a nuestras libertades como individuos productivos o consumidores. Piénsese en la regulación de horarios comerciales para favorecer a los pequeños comercios. Los hipermercados o los comercios son a priori privados (no titularidad pública); además, no se transfiere dinero público a los pequeños comerciantes para compensarles porque el “pez grande se come al chico”. Lo que se hace es regular en favor de los pequeños. Qué coste para el consumidor: mucho porque no puede probar alternativas que pudieran serle de mayor utilidad (y a menor coste). Pero qué coste para el contribuyente: aparentemente, ninguno. Cuál es el problema entonces. Riqueza y propiedad. Cómo se articula la distribución de la riqueza a gran escala: se encamina de hipermercados y consumidor al pequeño comercio. Cómo lo hace la distribución de la propiedad: los comercios –sea el que sea– no pueden explotar su equipo capital tanto como desearan. ¿A quién pertenece ese local en realidad?

Lo mismo si hablamos de urbanismo y los límites a las alturas de viviendas, por ejemplo, en Madrid. O la catalogación de suelo urbano frente a rústico. O la legislación laboral. O la prohibición de fumar en la hostelería… O tantas y tantas cosas. La arbitrariedad es brutal.

Y de esta arbitrariedad regulatoria que fagocita y anquilosa todo el sistema productivo (recuérdese el Índice de Libertad Económica) tampoco querrá la clase política desprenderse en estas épocas de vacas exiguas. Porque sólo devolviendo propiedad y dejando que la riqueza se encamine a sus legítimos dueños en tanto los consumidores rubrican con sus compras una propuesta de valor exitosa del productor, se podrá volver a la “senda del crecimiento” (según jerga política al uso). Crecimiento que ayudaría a recaudar más y gastar menos a la propia Administración, vaya por delante. Pero no, seguirá exprimiendo limones (agentes productivos y despistados) hasta que no haya una gota que extraer para mantener este cambalache de parásitos y jetas (hasta la próxima devaluación previa salida del euro). Estado omnipresente.

El oro, a 94.000 euros

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El deporte es posiblemente una de las pocas actividades humanas capaces de aglutinar las esperanzas y deseos de grandes colectivos y, al tiempo, permitir a los individuos comprender y superar sus límites físicos y psicológicos.

En España, pese a los enfrentamientos políticos, pese a los estereotipos que ligan los colores patrios con el régimen franquista y la derecha más conservadora, la bandera española ha acompañado a la selección española de fútbol en sus últimas y más importantes victorias: las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Innumerables banderas han adornado balcones y ventanas de muchos hogares españoles sin sonrojo ni tapujos, incluso en lugares donde los nacionalismos dominan el panorama político y social.

La expresión colectiva del deporte no ha pasado desapercibida a gobernantes y políticos, que más de una vez la han convertido en política de Estado, creando para su gestión y control ministerios, secretarías y grandes burocracias, regulando cómo y quién puede acceder a lo que se ha venido llamando el deporte de élite.

Para las grandes dictaduras como la nazi o las comunistas, ganar era y es una cuestión mucho más que relevante, era y es el objetivo de todo buen ario o comunista, era y es la manera de demostrar que su proyecto político y totalitario es superior a cualquier otro. No obstante, el deporte tampoco es una cuestión exclusivamente privada en las grandes democracias y, en mayor o menor medida, los deportistas pueden terminar controlados por sus gobiernos, representando a sus países, aunque de manera totalmente voluntaria, en las competiciones deportivas internacionales.

La gestión del deporte responde a dos modelos puros. Por una parte, surgen organizaciones privadas (clubes deportivos, grandes instituciones educativas, mecenas, etc.) que apoyan, financian y gestionan entrenamientos, pruebas y competiciones deportivas a las que acuden aficionados, que pagan por ver a sus equipos e ídolos, así como patrocinadores, que quieren mostrar a los espectadores sus marcas comerciales.

El otro modelo es esencialmente político. El Gobierno, a través de sus instituciones deportivas, elige a ciertas personas con características físicas que, a priori, destacarían sobre sus compañeros, o que ya lo están haciendo, y les financia su formación y entrenamientos. Es decir, elige una minoría que satisface sus deseos y objetivos (y quiero suponer que no les obligan en la mayoría de los casos) con dinero del contribuyente, utilizando además las instalaciones construidas para ello.

En la práctica, pocos sistemas son puros, sino una mezcla de ambos; en los países más libres, debería tenderse al primero, y en los menos, al segundo. En España, desde 1988, con el objetivo de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en posteriores citas olímpicas, se adoptó un sistema mixto: el llamado Programa o Plan ADO. En él, Gobierno e instituciones públicas y privadas aportan dinero para la formación de deportistas, a la vez que gestionan la ayuda y eligen a quienes pueden obtenerla. Dadas las medallas ganadas antes y después de su implantación, (27, seis de ellas de oro, frente a 88, veintinueve de ellas de oro), este modelo es claramente exitoso. Sin embargo, pese al éxito objetivo del Programa, ¿estamos ante una medida moralmente aceptable?

Cuando en 2009, el entonces Secretario de Estado del Deporte, Jaime Lissavetzky, presentaba el Plan ADO que prepararía los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anunció un presupuesto inicial de 51,3 millones de euros, de los cuales se pretendía que al menos 35,3 millones procedieran de patrocinadores, no todos privados, como RTVE, que ya había anunciado que reduciría su aportación de 7 a 3,5 millones. El Plan ADO de 2012 reparte casi 9 millones de euros, que se distribuyen de la siguiente manera: 5.397.000 euros se destinan a deportistas, repartidos en 263 becas, lo que representa un 54,73% del total, 1.245.000 van dirigidos a 69 entrenadores y otros 2.210.000 a planes especiales. Las becas se dividen en varias categorías y las cuantías van desde los 9.000 hasta los 60.000 euros. A Londres han acudido 279 deportistas y el Comité Olímpico Español ha anunciado que, para estos Juegos, se destinará un premio de 94.000 euros por cada medalla de oro, 48.000 por la plata y 30.000 por el bronce.

Puede que nos parezca poco dinero en términos relativos, si lo comparamos con las cifras que se mueven en la alta política o las que nos muestran los innumerables casos de corrupción. Puede que a muchos, la gran mayoría, les parezca incluso correcto que parte del dinero público se destine a apoyar a esos atletas que, con sus medallas, satisfacen sus propios objetivos y, cómo llamarlo, ¿el ego o el honor del aficionado? Cabría preguntarse si es éste el modelo deportivo que queremos.

El deporte, como casi todo en este país, depende en gran medida del Estado. Muchos equipos de fútbol, aun de primera división, tienen una fuerte relación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que les favorecen de mil maneras. Qué podemos decir cuando la disciplina no es el deporte rey y las instalaciones municipales, a través de convenios ventajosos, se ponen al servicio de clubes de baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey sobre patines, voleibol, rugby, etc. Cabe preguntarse si esas competiciones serían viables si no recibieran dinero público y sólo se mantuvieran con el dinero del aficionado o del patrocinador. Incluso el fútbol, que tantas pasiones arrastra, cuenta ya con muchos equipos en quiebra técnica, aunque bien es cierto que las administraciones públicas han terminado fagocitando durante muchas décadas las iniciativas privadas que podrían haber dado pie a un modelo privado de competición. El modelo de las sociedades anónimas deportivas no ha servido para que el peso estatal disminuya, y eso da qué pensar.

De cualquier manera, cada vez que el ganador de una medalla de oro, plata, o bronce de éstos o de cualquier otros Juegos Olímpicos exhiba con orgullo su éxito, debería recordar que buena parte de él se ha pagado con los impuestos de ciudadanos que no tienen su suerte, que no han sido seleccionados por el Estado y cuyo trabajo posiblemente no sea digno de un oro, o de 94.000 euros, pero a quienes no les habrá gustado ser despojados de ese dinero para pagar un salto, una carrera o un tiro tan magníficos. En todo caso, deseo suerte a los atletas españoles en Londres, que para algo han recibido dinero público.

La crisis de la socialdemocracia

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Con el fin de la guerra fría concluyó en cierto modo el debate político sobre la alternativa socialista al "capitalismo". Si bien lo que provocó realmente la crisis en los Estados que practicaban el "socialismo real", o su evolución hacia nuevas formas de relación entre mercado y Estado, fue la constatación de la hegemonía socialdemócrata. Lo que muchos llamaron el éxito del neoliberalismo no debe entenderse como tal. Ante la perplejidad del pensamiento dominante, se optó por ocultar los cambios acaecidos en el seno de la socialdemocracia, tachándolos de asimilaciones de corte liberal, que resultaban perfectamente separables e incluso reversibles dentro del sistema socialdemócrata.
Esta asimilación aparente de principios liberales por parte de la socialdemocracia ha dado lugar a que existan pensadores, políticos y corrientes de opinión obsesionadas en separar, aislar y definir los elementos "ajenos" a la socialdemocracia cuando se la presenta como antagonista pura del liberalismo. Se habla de la "desregulación" del mercado frente al empequeñecimiento del Estado, sometido al avance de la economía financiera sin el control de los organismos públicos de supervisión… Patrañas que de nuevo han sido de utilidad a la socialdemocracia para, en su inconfesado esfuerzo catártico, eludir la responsabilidad sobre las causas y las consecuencias de la terrible crisis económica que padecemos. Otra vez se postula como alternativa a sí misma.

La socialdemocracia fue una alternativa durante el periodo en que el "socialismo real" le opuso resistencia, pero nunca lo fue a nivel interno, ni una vez caído el bloque soviético, dado que su dominio en el seno de las sociedades occidentales es y ha sido absoluto desde al menos el final de la segunda guerra mundial.

¿Qué papel político ha tenido el liberalismo durante este tiempo? Fundamentalmente, ninguno. No a nivel organizado, como fuerza política dominante que haya logrado reformas completas. Sí como influencia en el mundo de las ideas, centrada en la reforma de las instituciones socialdemócratas. El liberalismo ha contribuido a hacer a los pueblos más libres. Pero nunca ha gobernado. Ha transformado el Estado, haciéndolo compatible con la libertad individual en la medida que esta se antojaba como más eficiente en términos de coordinación, creación de riqueza y progreso humano. Ha sido, por lo tanto, una herramienta más al servicio de la socialdemocracia en su proceso de permanente asimilación ideas e instituciones que en principio podrían parecer contrarias a su fin teórico, pero que acaban por convertirse en instrumentos al servicio de su supervivencia como régimen total. La socialdemocracia nunca ha renunciado al imperio, al dominio social, a la doma del individuo, su conducta, sus valores. Si bien se diferencia del resto de totalitarismo por los medios que utiliza para lograr estos objetivos.
La cuestión es si esta crisis va o no a suponer un antes y un después en la breve historia de la socialdemocracia. Por fin nos encontramos en una situación en la que el Estado aparece noqueado e incapaz de enfrentarse a la vorágine que él mismo ha creado. La socialdemocracia ha dejado de proporcionar respuestas completas, no concede esperanza a un pueblo cada vez más pesimista y desencantado.
La crisis de la socialdemocracia deja paso a tres mundos posibles:

1.- Una socialdemocracia agónica que arrastre consigo a toda la civilización occidental hasta su ocaso definitivo.

2.- Una socialdemocracia reformista, que sorprenda como siempre lo hace haciendo propios instrumentos liberales que logren asegurarla durante, digamos, los próximos veinte años.

3.- Un horizonte de sensatez y auténtica indignación donde se vea en el liberalismo la única baza nunca utilizada, la alternativa real al sistema que tanto desagrado e indignación, por uno u otro motivo, nos provoca a todos.

 

Al decir esto, que el liberalismo es la única alternativa jamás aplicada en nuestra historia, algunos tendrán la tentación de sacar el siglo XIX a relucir, valiéndose de tópicos, historia y literatura ficción, propaganda marxista o reaccionaria. Cualquier tipo de argumento les permitirá autoconvencerse de que una "vuelta" a los valores del XIX, según ellos liberales, nos llevaría a un mundo de explotación y precariedad de la mayoría de la población.
Este pensamiento es la traducción de graves deficiencias teóricas e históricas en la formación intelectual de quien lo manifiesta. De igual modo, existen factores morales, religiosos y políticos que conducen a este error.

La socialdemocracia, aprovechando los instrumentos ensayados por el totalitarismo comunista y nacionalista, el estado de guerra, y otras cuestiones, se ampara en una suerte de religiosidad atea que justifica la imposición de una parroquia coactiva que es admitida en términos filosóficos y morales. Este fenómeno supone una auténtica novedad que protege al pensamiento socialdemócrata de muchos ataques. "Lo bueno" se enmaraña con "lo recto", y la caridad se colectiviza en forma de solidaridad forzada. Nace la parroquia por vía de apremio e inculcación moralizante intensiva a través de todos los medios imaginables.

 

Si nos atenemos estrictamente al orden de lo político, el siglo XIX no fue de ninguna manera un mundo donde la libertad dominase sobre la coacción. El siglo XIX es la centuria de los Estados. Estados que crecen y comienzan a planificar sus economías, privilegiando a industriales, reorganizando ciudades, regulando la expropiación, inflando su legislación…

El colonialismo y el imperialismo son consecuencias de ese avance de la coacción sobre la libertad en el seno de los Estados, que no tardarán en asimilar, o quizá dejarse dominar, por el pensamiento socialista. Dulcificado, y de esta simbiosis, surgirá un tipo de socialismo que poco a poco será conocido como socialdemócrata. El mal llamado Estado Liberal (solo el Gobierno limitado puede ser ciertamente "liberal" en oposición al Gobierno absoluto), se hace social a medida que avanza una ideología, un pensamiento, y un tipo de totalitarismo que se concibe, tanto desde el convencimiento como desde el pragmatismo conservador, como el paso fundamental en la evolución de la organización política de las sociedades occidentales. Esta circunstancia representa el germen de los otros totalitarismos, y a la vez, causa indiscutible del gran colapso o crisis que precipitó las dos guerras mundiales. El siglo XIX, por tanto, preparó y vio nacer el Estado mastodóntico, burocratizado, expansionista, social, intervencionista, etc. No parece entonces razonable que se le atribuya a la sociedad de aquel entonces siquiera un ramalazo estrictamente liberal, cuando su progresión estuvo claramente orientada hacia el dominio de la coacción frente a la libertad.

Muchos de los "liberales" de aquella época fueron en realidad socialistas con piel de cordero, al estilo de J.S. Mill. Es curioso que se denomine liberales a tanto constructivista, cuando la realidad es que los pocos que hubo quedaron muy pronto relegados al papel que seguirían cumpliendo sus sucesores: meros susurradores a los que recurrir en momentos puntuales de crisis. No obstante, y a pesar de lo negativo de mis palabras, debemos tener en cuenta que el Estado no lo era todo, como no lo es en la actualidad. Las ideas y valores defendidas por el liberalismo eran fuertes entonces como lo son hoy en día. Quizá estemos viviendo el principio del fin de la socialdemocracia. Hagámoslo una realidad.

@JCHerran

A resguardo en el mercado negro

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último comentario se explicó por qué el Estado no puede acabar con la economía sumergida. O, mejor dicho, por qué tal esfuerzo en realidad destruiría al propio Estado.

Uno de los supuestos del análisis entonces presentado era que la mayoría de la gente percibe eso del mercado negro como indeseable y precario, y que por tanto prefieren estar "regularizados", aunque ello suponga pagar impuestos y otras tasas a los políticos. Ello no es óbice para que siempre haya habido individuos más cómodos en el mercado negro, a los que se podría tildar, desde una perspectiva estatista, correctamente como insolidarios.

Pero ¿qué ocurriría si esa percepción cambiara? Si, de repente la gente no viera tan mal eso del mercado negro. Y no solo no lo evitara, sino que lo buscara activamente. Siguiendo el razonamiento del anterior comentario, no hay duda de que se aceleraría la descomposición del Estado.

La cuestión es ahora en qué condiciones podría empezar a cambiar la actitud hacia la economía sumergida. Podemos obtener una respuesta a partir del análisis económico. En este caso, la decisión está entre permanecer regularizado o pasarse al mercado negro. Cada opción tiene costes y beneficios, de hecho, los beneficios de una son los costes de la otra; el individuo se decidirá por la opción que mayor beneficio le reporte.

En condiciones normales, el principal coste de permanecer regularizado consiste en las obligaciones fiscales y sociales, esto es, los impuestos y las cargas de seguridad social. A cambio de eso, el individuo, ¿qué obtiene? La respuesta no es tan obvia como podría parecer. Servicios como carreteras, justicia, seguridad, educación o sanidad realmente no dependen en la actualidad de que el individuo esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Por tanto, en general, la persona que paga impuestos no lo hace para poder acceder a estos servicios, cosa que ya tiene sin (aparentemente) pagarlos.

En realidad, parece que el individuo que paga impuestos lo hace más bien por temor a posibles complicaciones con el gobierno que terminen en sanciones de algún tipo. Así, para mucha gente, el beneficio del pago de impuestos proviene más bien de la tranquilidad de no tener que enfrentarse al gobierno que de los servicios públicos que éste le va a suministrar, pues estos los tiene por dados. Mientras el beneficio por tranquilidad supere al coste de situarse fuera de la ley, se mantendrán en el mercado regulado.

Obsérvese además que a muchos individuos (por ejemplo, los asalariados) se les retiene gran parte de sus impuestos en el pago de la nómina. Para ellos, la declaración del IRPF representa simplemente un pequeño esfuerzo incremental, incluso ni siquiera tal en algunos casos, cuando la declaración sale "a devolver". Para esta gente, la comparación en la decisión no es con el total de los impuestos, sino solo con el pago que han de hacer en la regulación con Hacienda, muy inferior al global de impuestos, lo que inclina con más probabilidad la balanza del análisis hacia el lado de no complicarse la vida.

Sobre el análisis estático, procede ahora incluir elementos dinámicos. En primer lugar, es obvio que una subida de impuestos llevará a un mayor número de gente a optar por el mercado negro, cosa que sabemos que ocurre. Esto es así porque aumentan los costes, pero no lo hace el beneficio (evitar conflictos con el gobierno).

Asimismo, si se empieza a cobrar por los servicios públicos hasta ahora gratuitos, vuelve a incrementarse la posibilidad de optar por el mercado negro. En este caso, porque la renta disponible para servicios no públicos disminuye. Eso hace que aumenten los beneficios subjetivos de no pagar impuestos, ya que la renta disponible incrementa su valor.

Análisis similares aplican a muchas de las medidas que están tomando los gobiernos europeos y en particular el español. Por ejemplo, las variaciones en las condiciones para el acceso a pensiones en el sistema público incrementan la propensión a optar por el mercado negro.

En general, se puede observar que el gobierno español, con sus subidas de impuestos y mermas de servicio público, está empujando a más y más gente al mercado negro. Poco a poco, la gente se irá dando cuenta de que en el mercado negro se puede vivir, y que quizá se puede vivir incluso mejor que en el regular. Para esta gente, los problemas del gobierno serán exclusivamente del gobierno, no de España, pues ellos no van a afrontar los incrementos de interés que exige el mercado de deuda pública.

Este efecto se verá además realimentado por una disminución en los beneficios de evitar problemas con el gobierno. En la medida en que la gente vaya escapando a la economía sumergida, el gobierno irá debilitándose, y cada vez le será más difícil perseguir estas actividades. En consecuencia, más individuos percibirán una disminución del riesgo de estar en el mercado negro y, de nuevo, aumentará la posibilidad de prefieran estar en él.

Así pues, cada vez más individuos se van a resguardar de la crisis en el mercado negro. Cada nueva subida de impuestos o nueva tasa o recorte de prestaciones, impulsará a otras cuantas personas al mercado negro, mientras los "regulares" les miran con creciente envidia. Y llegará un momento en que la presión será tan insoportable que incluso las empresas más grandes, reducto del mercado regularizado por ser fácil blanco del gobierno, tendrán que capitular, pues la alternativa será no poder operar. Si los trabajadores empiezan a pedirles que les paguen en "negro" o que si no se marchan, ¿qué harán?

En fin: parece que, ante los crecientes abusos del gobierno, se va a producir una creciente huida a refugiarse en la economía sumergida. Inicialmente, será por mera supervivencia, pero terminará siendo por conveniencia, conforme vaya cayendo el mito del Estado del Bienestar, conforme avance en su inevitable autodestrucción con cada uno de los llamados "recortes".

Pero, si cae el Estado, ¿quién suministrará los servicios públicos? Es la pieza que falta en el puzzle, que dejamos al próximo comentario.

Tres preguntas (para este verano)

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Ya casi a las puertas de agosto, había pensado escribir este mes un Comentario menos histórico o académico (como tiendo a hacer en esta columna) y plantearles tres cuestiones sobre las que vengo pensado en estos últimos días por si las quieren llevar a sus reflexiones playeras o montañosas…

La primera tiene que ver con la grave (y omnipresente) crisis económica que padecemos; y relacionado con ello me llamó la atención el eco que ha recibido la labor asistencial que presta Caritas. Como han puesto de manifiesto sus gestores, durante el último año se ha multiplicado el número de personas que buscan (y encuentran) su alimento diario en los diversos comedores que llevan adelante otras tantas instituciones religiosas. Hay un famoso vídeo en youtube que rodó un publicista conocido al encontrarse a un amigo en ese trance de necesitar ayuda. Pero no quería referirme a este aspecto, sino a otra labor asistencial que presta Caritas: en su Memoria 2011 del Programa de Empleo explica que por medio de este servicio fueron atendidas en toda España más de 80.000 personas; de las que consiguieron trabajo un 16% (casi 14.000).

Pues bien, me pregunto: ¿cómo es posible que sea necesaria (y da la sensación que más eficiente) la presencia de organizaciones particulares en el ámbito de la formación para el empleo, cuando existe un organismo público, el INEM, que supuestamente debería ofrecer esa tarea como principal objetivo? Parece confirmarse, una vez más, la postura de quienes defendemos la iniciativa privada en cualquier ámbito de la actividad humana; también en este campo de la labor asistencial, donde machaconamente se nos habían vendido las bondades de un supuesto estado del bienestar, que no lo es tal (y además está en completa bancarrota).

La segunda pregunta gira en torno a una cuestión más complicada, si cabe, y sobre la que ya habrán podido leer alguna otra opinión en estos comentarios. Me refiero al aborto; y en concreto me han inquietado varias estadísticas que también se publicaban recientemente: ¿por qué la drástica reducción de los niños nacidos con Síndrome de Down en los últimos años? Aunque se trata de un tema generalmente desatendido, sobre el que todo el mundo pasa de puntillas, parece que ya empiezan a conocerse algunos datos reales. Así, la Fundación Down España editaba en su último boletín los resultados de una revisión sistemática de la literatura sobre tasas de interrupción del embarazo en mujeres que se habían sometido a un diagnóstico prenatal (amniocentesis) en los Estados Unidos: los índices variaban desde un 61% en California al 93% en Maine. Para el caso español parece que nadie se atreve a estudiar a fondo tales estadísticas, pero se habla de en torno a un 80% menos de nacimientos de niños con esta deficiencia.

No resulta extraño, por lo tanto, leer las conclusiones de su Presidente, José Fabián Cámara Pérez, a propósito del debate sobre la modificación de la actual regulación existente de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva: "es necesario modificar el actual supuesto discriminatorio que permite el aborto hasta la 22ª semana en el caso de graves anomalías en el feto" ya que, según explica, "este aspecto supone de facto una discriminación por motivo de discapacidad". Por esta razón, opinaba que la regulación legislativa del aborto deberá ser debatida y sometida a decisión, pero considerando que "los límites o condicionantes que se establezcan tendrán que ser iguales para todos los seres humanos en esta situación, sin distinción por el hecho de que el feto sea o no una persona con discapacidad".

El presidente de Down España apuntaba finalmente que no hay una respuesta clara para un tratamiento "adecuado" de la discapacidad en la futura Ley del Aborto. En este sentido, hacía referencia a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende y ampara la consideración de este grupo como "sujetos de derechos, dignos de pleno reconocimiento y respeto, en igualdad al resto de seres humanos".

Mi tercera pregunta: ¿quién es John Galt? Encontrarán la respuesta (con mayor facilidad que las anteriores) si se animan a leer este verano La rebelión de Atlas (el título original en inglés es Atlas shrugged): una de las novelas de culto de Ayn Rand. Tal vez un poco extensa (necesitarán de unos cuantos días por delante), pero que tiene pasajes memorables como la hipócrita acusación de "antisocial" que hacen unos políticos mediocres e interesados contra los empresarios exitosos; su rotunda defensa de la propiedad privada o la también vehemente justificación del dinero como motor de progreso humano (y, por cierto, basado en un riguroso patrón-oro). Mucho ánimo y felices vacaciones.

Dependientes del delirio

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cualquiera que sea la evolución de la quiebra de facto producida en las cuentas del Estado español (entendido como el conjunto de las administraciones públicas de España) en las próximas semanas, deben distinguirse distintos grados de urgencia para acometer reformas de calado que atajen el enorme desfase entre los impuestos que recauda a una sociedad exangüe, debido a la recesión y los impuestos confiscatorios promovidos por el gobierno, y los compromisos de gasto que ha venido asumiendo durante los últimos años.

Como ha apuntado recientemente el director de este Instituto, las burbujas financiera e inmobiliaria crearon a su vez otra en el sector público, por lo que, una vez reventadas las dos primeras, resulta obligado pinchar la última para no arruinar la recuperación bajo montañas de déficit y deuda pública después de los necesarios ajustes que se están produciendo en el economía española. Está en juego la prosperidad general de los españoles durante mucho tiempo. Las medidas del gobierno de Rajoy pueden acelerar, arrostrando en primera instancia el descontento de muchos beneficiarios del actual estado de cosas, o retrasar ese proceso indefinidamente, derrochando ingresos en el pago de los intereses de la deuda pública.

Frente al tremendismo y a las increíbles mentiras que la casta política española, secundada por sus turiferarios en los medios de comunicación dominantes, está vertiendo para mendigar al Banco Central Europeo una financiación que no prestan los inversores particulares, conviene insistir en que debe reducirse el gasto estructural para cuadrar las cuentas públicas y evitar la materialización del desastre. Si el banco central comprara aún más deuda pública española e italiana, el euro concebido como un sustitutivo de un patrón monetario óptimo quedaría condenado al fracaso. No obstante, la tentación de ampliar su poder para los políticos europeos sin unos problemas financieros tan acuciantes es fuerte, aunque violen los tratados y actúen contra los intereses de sus contribuyentes. Después de todo, cuentan con la colaboración de los dirigentes de los países supuestamente beneficiarios por esa socialización de las deudas, quienes están dispuestos a renunciar a la soberanía en aras de conseguir sus objetivos a corto plazo.

Antes que simular como pícaros irresponsables que no pueden reformar la estructura de un Estado insostenible y maldecir a los inversores que exigen una prima adicional para asumir el riesgo de financiar un tinglado de tan incierto futuro, los dirigentes políticos podrían confeccionar en cuestión de días sendas listas de competencias y funciones, clasificándolas en función de su necesidad. Incluso con la muy mejorable constitución de 1978 en la mano, cabría aclarar la distribución de competencias entre las administraciones y establecer el orden de importancia de sus funciones, centrándose los debates más prolongados en la colocación de algunas en los márgenes inferiores. Obviamente, el objetivo de dicho inventario no puede ser otro que eliminar gradualmente las funciones no esenciales y a los sectores públicos enteros encargados de prestarlas, de manera que desaparezcan de los presupuestos y dejen de aumentar los déficits públicos.

A este respecto, debe observarse que el penúltimo ajuste, aprobado por decreto-ley del gobierno, consolida un régimen fiscal confiscatorio en España –vedado por el artículo 32 de la constitución- ya que la subida de los tipos de IVA y las retenciones a cuenta se suman a otras de impuestos directos. En la vertiente del gasto, el gobierno se ha limitado a suprimir la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos (haciendo responsables a justos por pecadores) suspender la eficacia de la ley de dependencia durante dos años sin cuestionar su propia existencia, y reducir la prestación de desempleo.

El mantenimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia revela elocuentemente la resistencia del gobierno a replantearse ni una sola de las funciones del Estado. A pesar de la pomposa propaganda consensuada en el momento de su aprobación, ese llamado "cuarto pilar del estado del bienestar" no es más que una promesa insensata a una población que envejece a pasos agigantados (y no necesariamente con buena salud) de que el Estado sufragará su asistencia domiciliaria por enfermeros o ayudantes, con independencia de su nivel de renta. Hasta ese momento la legislación española de seguridad y asistencia social, se "limitaba" -con esquemas alejados al contrato de seguro que la hacían inviable- a ofrecer prestaciones por incapacidad laboral sobre la base de una cotización anterior o, en el caso de las prestaciones no contributivas, a proporcionar subsidios a personas impedidas que no hubieran cotizado a la seguridad social ( o a sus familias en el caso de los incapaces) siempre que sus rentas fueran inferiores a determinados baremos.

Contradiciendo abiertamente el texto constitucional, el cual contempla estas instituciones del estado del bienestar dentro de los "principios rectores de la política social y económica", que solo pueden invocarse ante los tribunales en la medida que se desarrollen mediante leyes (Art. 53.3 CE), se denominó "derechos" a esas nuevas prestaciones, con un nuevo reparto absurdo de competencias entre administraciones. En un momento en que la casta política creyó que los impuestos anticipados derivados de la burbuja inmobiliaria llenarían las arcas públicas indefinidamente, se dio un paso temerario en el ilusionismo fiscal característico del estado de bienestar. La evidente necesidad de atender a personas con dificultades de movilidad, que los españoles comenzaban a paliar contratando a esforzadas y pacientes inmigrantes latinoamericanas y europeas del Este, sería pagada por el Estado y sus terminales autonómicos. La genial idea solo reportaría beneficios, dado que, además se "crearían puestos de trabajo", es decir, se eximiría a ciertas empresas previamente homologadas de competir por prestar esos servicios a las familias en ese incipiente mercado. El señuelo quedaba claro: un enfermero cualificado sustituiría a esas aficionadas que no contaban con formación especializada. ¡Y gratis porque la factura la pagaría el Estado!

Como cabía esperar, el aluvión de peticiones desbordó a los gestores públicos y durante cierto tiempo escuchamos la clásica disputa por dilucidar qué administración pagaría el sistema. Para ganar tiempo los gobiernos autonómicos ralentizaron la tramitación de esos expedientes. Sin embargo, una vez que su insostenibilidad ha quedado patente, el gobierno se resiste a reconocerlo y actuar en consecuencia. Definitivamente, los políticos españoles dependen del delirio.

De la interacción física a la acción intencional

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en De la interacción física a la acción intencional

Las partículas materiales interaccionan unas con otras según sus propiedades físicas y químicas. Estas interacciones pueden dar lugar a agregados complejos estables formados por diversos componentes (núcleo atómico, átomos, moléculas). Algunos sistemas son agentes: poseen una estructura que les permite realizar trabajo: son máquinas que actúan mediante la liberación restringida de energía en ciclos termodinámicos (ciertas rigideces relativas dirigen de forma no aleatoria el flujo de la energía liberada en alguna reacción). La acción tiene costes: consume energía y puede implicar un desgaste o deterioro del agente.

Los seres vivos son agentes autopoyéticos: trabajan para construirse a sí mismos, usan energía y materiales de su entorno para su mantenimiento y reproducción; también actúan sobre su entorno, modificándolo para su conveniencia. Los organismos son sistemas complejos altamente estructurados y ordenados: están formados por múltiples agentes más básicos integrados en un todo coherente.

Los organismos vivos son agentes autónomos: tienen un sistema de control cibernético que dirige su conducta en su propio interés, de modo que tienden a actuar de forma adecuada para su supervivencia (los que no lo hacen mueren). Los organismos y sus diversos subsistemas tienen repertorios de acciones posibles que deben ser seleccionadas o activadas de algún modo por el sistema de control (no puede hacerse todo a la vez y conviene que los diversos subagentes estén coordinados para complementar y no anular sus efectos).

En un organismo complejo (como un animal) su sistema de control está constituido por agentes especializados (sensores y neuronas) en la recepción, procesamiento y transmisión de información: la percepción y el pensamiento son también acciones; los efectores realizan las acciones indicadas por los agentes controladores o directores del comportamiento. La evolución produce de forma gradual (a partir de mecanismos preexistentes) modos de control de la acción más complejos y exitosos.

La acción podría no ser controlada sino producirse al azar: pero la acción aleatoria, desconectada de la situación del mundo, es peligrosa e ineficiente y no es tan adaptativa como la reacción que conecta un determinado estado de la realidad (externa e interna) con una acción concreta acertada, como acercarse a una oportunidad o alejarse de un peligro (del entorno inorgánico o de otros seres vivos). Las reacciones representan asociaciones estables entre estados percibidos y acciones elegidas.

La reacción inmediata y directa frente a oportunidades y peligros es menos adaptativa que la preacción o reacción anticipada e indirecta frente a atributos del entorno que informan de dichas oportunidades y peligros, dando al agente tiempo para prepararse (adelantar la huida, esconderse, iniciar la caza). Un organismo con una inteligencia más desarrollada es capaz de representar en modelos abstractos en su sistema cognitivo algunas regularidades del mundo, de modo que puede predecir la evolución de su entorno mediante el cálculo mental a partir de datos sobre condiciones iniciales y de contorno. Las capacidades de previsión y anticipación (memoria y procesamiento) se hacen evolutivamente más complejas y potentes, sobre todo porque a menudo son actividades estratégicas: los seres vivos intentan predecir no solo al entorno inorgánico, sino especialmente a otros seres vivos que a su vez son agentes anticipativos. La predicción estratégica requiere de cierta capacidad de imaginación acerca de las posibles acciones de otros organismos.

El control intencional de la acción se consigue mediante una inversión del procesamiento de la información en el sistema cibernético: en lugar de predecir qué estados futuros sucederán a partir de la situación presente, el agente fija en su mente un objetivo futuro (lo imagina y lo desea) y piensa qué debe hacer para alcanzarlo. Un agente intencional no solo prevé y reacciona sino que además imagina estados deseados del mundo y utiliza su conocimiento de la realidad para descubrir posibles combinaciones de recursos y acciones que lleven al objetivo querido. El agente intencional es proactivo y emprendedor: no solo reacciona frente a lo que se encuentra o prevé, sino que elabora con antelación un plan para su propia conducta y se prepara para posibles problemas y alternativas. La intencionalidad es un modo de generación de conducta y también es un modo de interpretación y comprensión del comportamiento de otros agentes, lo que facilita la coordinación necesaria para la cooperación social.

El valor de los factores productivos y la empresa

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica nos dice que la remuneración de un factor productivo depende del valor presente de su productividad marginal. Cuando el precio del factor productivo esté por debajo del valor con el que contribuye a la producción –es decir, cuando esté infravalorado- se demandará más, de modo que su precio se elevará y tenderá a alcanzar el valor que aporte. Y al contrario, si el precio es superior, no compensará económicamente pagar ese precio por lo que este tenderá a reducirse debido a su menor demanda.

Sin embargo, siendo esta una ley económica de plena vigencia, en la realidad calcular el valor presente de la producción marginal de un factor productivo no es algo tan sencillo. Se da entonces lo que se conoce como el problema de la imputación del valor de los factores productivos.

Esto es debido en parte a la idea desarrollada por Menger, Hayek o Lachmann según la cual la economía, la estructura productiva y los procesos de producción se caracterizan por ser actividades conjuntas, en las que varios bienes de capital se combinan de modo que se convierten en bienes productivos. Dicho de otro modo, estos bienes por separado no serían productivos y es su combinación, la producción conjunta, lo que los hace productivos individualmente considerados. Es entonces, como hemos dicho, cuando deviene la dificultad de calcular esa productividad, la contribución de manera individual de cada input al valor del producto que ayudan a producir.

Es ante este problema de imputación donde la teoría económica ve una de las razones de existir de esa institución espontánea surgida solamente en la economía de mercado que es la empresa. Pero no toda teoría económica recoge esta idea, puesto que si acudimos a las versiones más naive de la teoría neoclásica de la competencia, la empresa como organización no tendría sentido ni se explicaría su existencia.

De acuerdo con ese modelo neoclásico, los factores productivos son combinados indistintamente en lo que se conoce como la función de producción. Esta teoría se basa en considerar los inputs como bienes perfectamente divisibles, homogéneos y en los que su distinta combinación no afectaría al valor del producto final obtenido. En tal mundo, se conocería perfectamente el valor de la productividad marginal de cada bien de capital, de manera que se combinarían siempre eficientemente a través de procesos productivos estandarizados, en donde todo estaría previsto y conocido. Es este mundo en el que no habría lugar para la empresa porque no habría razón para su existencia. La cooperación de cada factor productivo podría realizarse a través de contratos en los que se estableciera perfectamente la remuneración de cada uno de los activos contratados.

Es dentro de este contexto teórico neoclásico en el que Coase trató de explicar la existencia de la empresa, fijándose en los problemas a la hora de establecer estos contratos, es decir, en los costes de contratación e intercambio o, en su terminología, en los costes de transacción.

Y es que para explicar la existencia de la empresa debemos abandonar el rígido mundo neoclásico de información completa, y así poder apreciar la empresa como la respuesta a los procesos productivos (con sus combinaciones de bienes de capital) que tiene un irreductible grado de indeterminación o arbitrariedad en la imputación del valor. De hecho, la respuesta de Coase estuvo orientada a tratar de solventar los problemas que surgen por no disponer de una información completa o perfecta.

Después del trabajo de Coase surgió toda una literatura que ha enriquecido la teoría de la empresa y que ha tratado de explicar su existencia dando entrada al problema de valorar los factores productivos en la producción conjunta, así como con la manera en que efectivamente en dicha producción se combinan conjuntamente los bienes de capital.

Así, una parte se ha centrado en explicar la existencia de la empresa por la variedad de problemas organizativos que plantea el no poder aislar a la perfección el valor de cada uno de los inputs, enfatizando conceptos como los costes de administración, la dirección, la negociación o la monitorización –valga la expresión- de las actividades productivas.

Otra línea de investigación se ha enfocado en analizar la empresa teniendo en cuenta la especificidad de los activos. Este punto de vista se centra en los problemas de información asociados al hecho de que la producción conjunta descansa en gran medida en activos que son específicos en su empleo actual. Específicos en el sentido de que el coste de oportunidad de los activos utilizados es muy inferior al valor con el que contribuyen a la producción.

Ambos enfoques sugieren que la empresa es, por tanto, una organización cuyo propósito es hacer frente a los inevitables problemas de información de la producción conjunta.

¿Democratización de los medios? Liberticidio de la expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Tras participar el pasado 10 de julio en el programa ‘Agenda’ de Deutsche Welle para analizar la petición de asilo político en Ecuador por parte de Julian Assange, recibí un curioso y significativo mensaje de correo electrónico enviado por alguien que daba un supuesto nombre, Martina Solis, pero no identificaba desde qué país escribía ni dónde trabajaba. Tras reprocharme mi supuesto desconocimiento de “las realidades” de América Latina, finalizaba con una frase esclarecedora:

“Con sus palabras creo menos en la libertad de expresión que usted pregona y creo más en la libertad que trabajamos desde nuestra región, claro está, nosotros no trabajamos en los medios privados”.

Esa era la clave de su molestia. Yo había defendido el valor de hacer públicas las informaciones que los gobiernos quieren ocultar a los ciudadanos, por insulsas o insignificantes que puedan ser, y había denunciado los reiterados ataques de Rafael Correa a la libertad de expresión en su país. Había recordado que, con un discurso de “democratización” de la información, el Ejecutivo ecuatoriano ha clausurado desde inicios de este año veinte medios de comunicación. La excusa es el impago de licencias, pero hay más. De otro modo no se entendería que para cerrar las emisiones la policía haya irrumpido en algunos casos en las instalaciones de una emisora lanzando gases lacrimógenos y se hayan requisado los equipos técnicos.

Esta es sólo una de las técnicas utilizadas por Correa, Chávez y otros presidentes aliados suyos para cercenar la libertad de expresión. Por no salir de Ecuador, aunque en otros países vemos casos parecidos, podemos citar algunas de dichas técnicas: fuertes condenas impuestas por un poder judicial cada vez menos independiente a medios y periodistas críticos, como la sentencia contra El Universo y varios de sus responsables; imposición de límites legales a los temas que se pueden tratar en los medios durante la campaña electoral (censura que ha obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional) o la proscripción de entrevistas a medios privados ofrecidas por miembros del Gobierno. Por supuesto, todo eso combinado, al más puro estilo chavista, con largas conexiones televisivas en las que el presidente insulta y amenaza a todos aquellos que le critican, incluyendo los medios de comunicación. En una de sus intervenciones por televisión, Correa llegó a romper en directo un ejemplar del diario La Hora con el argumento de que “ahora sí tendrán motivo para quejarse”.

Todo eso se disfraza, se aliña, con el discurso de la democratización de los medios, muy repetido desde hace años por personajes como Correa, Chávez, Evo Morales y otros. Por supuesto, aquí se tergiversa el sentido originario de la palabra “democratización” para hacerle significar algo diferente de lo que quiere decir.

Para los gobernantes bolivarianos, esta supuesta “democratización” implica un ataque desde el poder político contra los medios privados y toda iniciativa surgida de ciudadanos que no esté controlada por el poder privado. Se quiere hacer creer (y en esa idea se fundamenta parte de los artículos de la nueva ley de medios que se debate en Ecuador) que las radios, televisiones y periódicos en poder del Estado o de organizaciones supuestamente ciudadanas controladas por el partido gobernante son democráticas, mientras que aquellos que son propiedad de empresas o inversores privados están al servicio de espurios intereses oligárquicos (como si no hubiera una oligarquía más tiránica que la del PSUV de Chávez, el MAS de Morales o la Alianza PAIS de Correa y su control del Estado). Pero la realidad es muy diferente. Pretende atacarse uno de los fundamentos de la democracia, que no es otra que la libertad de expresión, y a aquellos que están dispuestos a replicar un discurso oficialista destinado a afianzar a unos gobiernos cada vez más autoritarios e, incluso, totalitarios. La supuesta ‘Martina Solis’ cuyo correo electrónico citaba al principio de este artículo expresaba de forma muy clara el pensamiento de los Gobernantes bolivarianos. Frente a la auténtica libertad de expresión ellos creen en una supuesta “libertad” en la que trabajan. El problema es que esta última no es tal, sino tiránico liberticidio.