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Sobre aliens, guerras y bromas: el show de Krugman

En estas dos últimas semanas se ha desatado una fiebre krugmanita sólo comparable a modas como llevar botas con pantalones cortos en verano y otras igualmente absurdas. El detonante ha sido la visita del premio Nobel a la Fundación Rafael del Pino. Krugman venía a presentar su último libro Acabad con la crisis y fue presentado por dos economistas de renombre y prestigio: Pedro Schwartz y Manuel Conthe. Uno fue crítico y el otro condescendiente.

A partir de ahí, se han sucedido los artículos, entradas en blogs y comentarios en Twitter por parte de sabios e ignorantes acerca de lo acertado de las tesis krugmanitas, sus recomendaciones, el keynesianismo y la solución a la crisis. Uno de los ataques más obvios ha sido su intervención en un programa de televisión estadounidense en el que, conversando con Kenneth Rogoff, afirmaba que la crisis del 29 fue solucionada, en parte, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y bromeaba con la necesidad de que estallase una tercera. Además, para reforzar su argumento, Krugman explicaba que si hubiese una falsa amenaza de invasión alienígena, dejaríamos de preocuparnos tanto por la eliminación del déficit y nos centraríamos en la construcción de edificios para defendernos de los extraterrestres y la economía despegaría.

Me parece un ataque falaz el que pretende poner en boca de Krugman la defensa de las guerras o de las invasiones alienígenas. Fueron ejemplos. Bromeaba. También bromeaba al parecer cuando afirmó que la burbuja inmobiliaria era necesaria. Lo peor no son los ejemplos, que personalmente me resultan muy gráficos. Lo terrible es el mensaje que hay detrás.

La idea de Krugman es que cuando hay una deficiencia de la demanda el Estado debe intervenir generando consumo, y para ello, nada como las obras públicas, o cualquier otro gasto público que se perciba como necesario y que genere rentas para los trabajadores de manera que éstos consuman y se active la economía. Y, como decía Krugman en el vídeo, si después resulta que no hay aliens, tanto mejor.

Esta idea está fuertemente enraizada en las mentes de economistas, políticos y ciudadanos normales y Krugman lo único que hace es refrendarla. De hecho, no es suya, sino de su maestro John Maynard Keynes. Es una de las ideas que ha catapultado el keynesianismo a los periódicos, televisiones, universidades y colegios. Por eso es tan perniciosa, porque siendo errónea es intuitiva y satisface la necesidad de la gente de que ante una situación dramática "alguien tiene que hacer algo". Y ese alguien, desde luego, ha de ser el Estado.

Pero lo que hay detrás, el "cristal roto" de estas tesis es veneno para la economía. Básicamente el Estado aparece como sustituto del empresario como generador de rentas y riqueza. La lógica empresarial nos enseña que un empresario invertirá en aquel negocio que más rentable le resulte, es decir, aquel que produzca los bienes y servicios más deseados y, además, que consista en la inversión en la que el equilibrio riesgo/rentabilidad sea más sólido. Un empresario se guiará por lo que sucede en los mercados, el de bienes y servicios, el de capitales, etc. Para tomar sus decisiones de inversión y de contratación. Buscará en el mercado de trabajo el empleado más eficiente y barato. Venderá en donde su producto sea más valorado. Y lo hará por lucro, desde luego, pero generará riqueza de diferentes maneras.

Para empezar, los trabajadores tratarán de especializarse en aquellas tareas más remuneradas, intentarán ofrecer trabajo de calidad y también buscarán su lucro personal. Además, los más meritorios serán quienes logren una mayor remuneración. Asimismo, aquellas inversiones más sólidas y rentables se verán favorecidas y los negocios que no respondan a las necesidades de la economía desaparecerán. Es decir, habrá un filtro espontáneo.

Pero al ser el estado el que se hace cargo de la generación de rentas se pervertirán los incentivos. Las inversiones elegidas no serán necesariamente las mejores, sino las que los políticos decidan, sea para proteger a la población de una amenaza externa de este mundo o de otros, sea para favorecer a sus lobbies, sea porque creen que es lo mejor para todos. Y ese es el punto. Una cosa es creer que se sabe lo que es mejor para todos, y otra muy diferente que se manifieste espontáneamente lo que es mejor para todos, no por arte de magia, sino mediante el mecanismo más antiguo del mundo: el mercado.

El tiki-taka alemán

Los detalles técnicos los dejó para más adelante. A nadie se le escapaba que precisamente esos detalles técnicos eran, como se suele decir, la madre del cordero.

El órdago Monti-Rajoy

Veinte días después, las portadas de todos los periódicos se hacían eco del triunfo del tándem Monti-Rajoy quienes, en la cumbre europea, habían conseguido que Ángela Merkel cediera y aceptara que las ayudas se concedieran directamente a la banca española, y no al gobierno español. Además la deuda con el EMS no tendría prioridad frente a las demás deudas españolas por lo que la prima de riesgo no tenía por qué deteriorarse.

Las cuestiones de procedimiento siempre son espinosas, pero cuando se trata de transferir tantos miles de euros a un país cuyo sistema bancario está quebrado, en gran parte, debido a la ineptitud y falta de coraje de sus gobernantes, el procedimiento es una cuestión vital. Por eso, a algunos se nos enarcaba una incrédula ceja al leer en titulares que Rajoy aseguraba que no habría contraprestaciones. Cierto es que la tajante afirmación de Merkel: "No hay prestación sin contraprestación" sonaba a "Te vas a enterar". Como cuando tu madre te dice "Perfecto. Si no te gustan las lentejas no las tomes". Uno se va a la cama sin cenar pero con la sensación de que ha conseguido que su madre ceda a los caprichos culinarios de uno. Sin embargo, Merkel y la madre de una son duras de pelar.

El procedimiento habitual

Lo que sabíamos todos es que la línea de crédito se concedería a la banca en una operación vigilada por un supervisor único por determinar y, que hasta que se decidiera quién iba a ocupar esa función, las ayudas llegarían a través de los mecanismos que existen. De momento, éstos son el EFSF, es decir, el fondo temporal, y el EMS, que es el mecanismo europeo de estabilidad que entrará en funcionamiento a finales de año.

Rajoy se fue a ver ganar a la selección de fútbol, los mercados nos dieron dos días de respiro y la prima de riesgo se relajó un poquito. Pero, al cabo de cuarenta y ocho horas, la tensión volvió a los titulares de los periódicos salmón y a nuestras vidas. No era explicable. El gobierno recibirá ahora fondos que serán devueltos por la banca al FROB con los fondos que, a partir de fin de año, le transferirá el EMS. ¿Por que la alteración de los mercados?¿qué estaban descontando?

El truco de Merkel: las lentejas de desayuno

Era difícil imaginar que Merkel iba a traicionar su mantra vital: solidaridad sí, pero con control. ¿Cómo conseguir controlar a los díscolos Monti y Rajoy que se negaban a pasar por el aro? Tocando la zona sensible al tercero en discordia: Francia. Hollande, que aprobó desde la distancia el plante hispano-italiano, y que sigue formando parte del eje franco-alemán, base de la zona fuerte europea, no puede tolerar que haya una autoridad exclusivamente alemana, sin que algún francés de pro participe dejando patente que la grandeur francesa es más grandeur que nunca. Y ese es el truco alemán: resulta que para que la banca española reciba fondos, Francia y Alemania han de ponerse de acuerdo respecto a quién es el supervisor único. Mientras no sea así, España ha de esperar.

La semana pasada Holanda y Finlandia amenazaron con salirse del euro si no se ponían las cosas en su sitio: el sistema monetario europeo no es un medio para que los derrochadores se paguen las juergas. Además, Alemania explicó que sintiéndolo mucho, no se darían detalles económicos de nuestro rescate porque los informes no estarán hasta finales de julio. Y esta gente no toma decisiones sin cifras fiables en la mano.

Lo que hay de fondo es un problema de liderazgo europeo. Igual que mi madre me ponía las lentejas para el desayuno, para la siguiente comida, para la cena… hasta que las comiera, Merkel ha tensado el acuerdo con Francia respecto al supervisor y mirando a Monti-Rajoy a los ojos les ha explicado que no habrá dinero para la banca española hasta el año que viene. Es como el tiki-taka futbolístico, la pelota pasa de un pie a otro hasta que el tiro está claro. Y Merkel ha metido gol.

Mientras no haya acuerdo, el dinero lo recibe el gobierno a través del FROB, y de esa forma habrá solidaridad pero con control, porque el responsable último de lo prestado al FROB es el reino de España. Rajoy no puede exponerse tanto. Va a tener que bajarse del árbol de la tibieza y tomar medidas radicales. Anunciadas están. Veremos si cumplen las expectativas o no.

El progresismo de Woodrow Wilson

Los presidentes de los Estados Unidos tienen la costumbre de fijarse como referente otros que ocuparon su mismo puesto. Barack Obama se ha fijado en las presidencias de Lincoln, Franklin D. Roosevelt y Ronald Reagan. Estos tres presidentes, dos republicanos y un demócrata, lograron producir cambios en los términos políticos que asentaron la primacía de sus propios partidos en las décadas siguientes. Pero ideológicamente su referencia es otra. Aunque Lincoln y FDR le sirvan de inspiración ideológica, Woodrow Wilson completa el monte Rushmore del presidente Obama. Wilson es el epítome del progresismo americano, tanto por la profundidad de su pensamiento como por haber tenido la ocasión de llevar sus ideas más lejos que cualquier otro, por la posición que ocupó en la Casa Blanca.

¿Qué ideas eran esas? Sus raíces son varias, pero emergen en un tronco muy reconocible. Steven H. Wayward, en su reciente libro The Political Incorrect Guide to The Presidents, considera que “frente a la tradición Americana de los fundadores, Wilson deseaba sustituirlas por las ideas de culto al Estado del filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel, más las ideas evolutivas de Charles Darwin”.

El autor inglés le ofreció una explicación que consideraba suficiente, de carácter científico, para su racismo acendrado. Darwin también le hizo descartar la idea de que la naturaleza humana es fija. El hombre es perfectible. Puede mejorar bajo la guía del Estado. En 1913, año en que ocupó la presidencia, publicó un libro bajo el título The New Liberty en el que frente a la idea negativa de libertad, él defendía otra mucho más relevante: la libertad positiva, vista como la capacidad del hombre de conseguir cosas que desea. Y esa capacidad sólo se puede ampliar mediante la actuación del Estado.

Ambas ramas de su pensamiento, la de Hegel y la de Darwin, le llevaron a ver al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y la Constitución como un organismo que evoluciona con el tiempo. Por eso fue él quien primero utilizó la expresión “constitución viva”. El propio Wilson nos explica a qué se refiere en su libro Congressional Government: “A medida que la vida de la nación cambia, del mismo modo la interpretación del documento que la contiene cambia por un sutil ajuste. No por los propósitos originales de aquéllos que escribieron el documento, sino por las exigencias y los nuevos aspectos de la vida misma”. El encargado de hacer este “sutil ajuste” es la Corte Suprema, que “proveerá de la interpretación que servirá a las necesidades del momento”.

Pero ¿cómo podía tener la pretensión de conocer todo eso? Es difícil no ver en eso una visión gnóstica del líder como un profeta secularizado, que tiene un conocimiento único de cuál debe ser el sentido de la historia. El líder gnóstico promete liberar al pueblo de todas las ataduras del pasado, y conducirlo hacia un futuro, tan cercano que casi lo tocamos con las manos, de paz y justicia infinitas.

El presidente es “un hombre que entiende su propia época y conoce las necesidades de su país, y que tiene la personalidad y la iniciativa necesarias para imponer su visión sobre la gente y sobre el Congreso”. “Un presidente en el que confía el país no sólo puede liderarlo”, dice Wilson, “sino que puede ahormarlo a sus propias ideas”. Porque en esa distancia insalvable entre el líder y la masa, “los hombres son como barro en las manos de un líder consumado… Un (verdadero líder) utiliza las masas como (instrumentos). Debe inflamar las pasiones sin prestar demasiada atención a los hechos. Los hombres son como barro en las manos de un líder consumado”, repite, recreándose en su idea.

Ese mesianismo no está desligado de su propia actuación. Durante la campaña electoral de 1912, la que le llevó a la presidencia, Wilson dijo: “Creo que Dios ha otorgado las ideas de libertad (…), que hemos sido elegidos, elegidos de un modo señalado, para mostrar el camino a las naciones del mundo cómo han de recorrer los caminos de libertad”.

Su política exterior se entiende mejor desde estos presupuestos ideológicos. Wilson veía en los Estados Unidos un agente para el progreso de la humanidad, para “un nuevo orden y una nueva vida”, como dice en sus catorce puntos. La suya era una promesa de “una nueva Tierra que emergerá del horror, pero que se ennoblecerá por el sacrificio de millones de personas”. Intervino Méjico en 1914, Haití en 1915 y la República Dominicana en 1917. Quería “enseñar a las repúblicas de Sudamérica a elegir a los hombres buenos”.

Entró en la I Guerra Mundial para “hacer que el mundo sea seguro para la democracia”. Una democracia que estaba siendo amenazada por “la existencia de gobiernos autocráticos”, como el de Alemania. Dado que luchaba “contra una idea, no contra un pueblo”, y que esa idea se oponía al progreso tal como él lo conocía, Wilson no podía transigir. No lo hizo. Rechazó todos los intentos de mediación, como el de Benedicto XV. Y siguió con su proyecto hasta sus últimas consecuencias, que eran el desmembramiento del Imperio alemán y del Imperio austro-húngaro.

La lucha por la humanidad es mucho más importante que cada una de las personas que la conforman. La Constitución debe de estar lo suficientemente viva como para que quede en letra muerta. Y las leyes deben adaptarse a lo que indique un líder consumado. Por eso promovió la Ley de Espionaje del año 1917, en la que criminalizó “la transmisión de información que tuviese la intención de interferir con la operación o el éxito de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o promover el éxito de los enemigos”. Actos punibles con penas de hasta 30 años, o con la muerte. Nótese que decir la verdad entra dentro del ámbito punible.

Esta ley fue corregida por la Ley de Sedición de 1918, que prohibía cualquier forma de expresión que utilizase “un lenguaje desleal, profano, insidioso o abusivo sobre el gobierno de los Estados Unidos” o cualquiera de sus símbolos. Luego esta ley se taimó, pero con ella en la mano el fiscal general, Thomas Gregory, dijo: “Que Dios tenga merced con él, pues no ha de esperar nada por parte de un pueblo indignado y de un Gobierno vengativo”. Los juzgados ordinarios persiguieron a dos millares de ciudadanos por pronunciar discursos desleales, sediciosos o incendiarios. Sólo 10 de los detenidos estuvieron implicados en algún tipo de sabotaje.

La política exterior tradicional de los Estados Unidos consistía en ser una ciudad sobre una colina, a la que todos pudiesen observar para seguir su ejemplo de escrupuloso respeto por la libertad. Wilson la cambió radicalmente. El gobierno federal de los Estados Unidos ya no sería un ejemplo. Sería un agente transformador del mundo. Si lo iba a ser fuera, por descontado que lo iba a ser dentro de sus fronteras. Bajo su mandato se produjo lo que se ha llamado la “revolución de 1913”, por sus amplios efectos sobre el peso del Gobierno Federal: La decimosexta enmienda que aprueba la introducción de los impuestos directos, y la creación de la Reserva Federal, el tercero y parece que definitivo intento por crear un banco central en los Estados Unidos. Durante la guerra se hizo un ensayo de economía planificada.

Este es el modelo ideológico de Barack Obama. Un presidente mesiánico que tenía la pretensión de conducir la nación por una senda de progreso para la que el país no está preparado. Por suerte, Obama carece de la voluntad irrestricta de transformar el país frente a cualquier obstáculo, como por ejemplo los derechos humanos.
 

La “contra-enmienda del ladrillo” del PP

Hace un año comenté la iniciativa legislativa del PSOE por la que se puso fin en nuestro ordenamiento jurídico a los arraigados blindajes estatutarios de empresas cotizadas por los que se impedía a legítimos accionistas ejercer sus derechos de voto en justa proporción a su número de acciones cuando éstas superaban cierto límite. Fue una verdadera sorpresa que una medida contraria al proteccionismo anti opas, respetuosa con los derechos de propiedad y alineada con los mecanismos del mercado proviniera precisamente del grupo socialista, generalmente propenso a aprobar normas en sentido contrario.

La forma en que se llevó a cabo dicho cambio legislativo en el ámbito mercantil fue una auténtica chapuza jurídica en la que se coló de tapadillo una enmienda en una ley que trataba de otra cosa (ley de auditoría de cuentas). Durante la burbuja crediticia de la década del 2000 ACS y Sacyr adquirieron con gran apalancamiento numerosas acciones de empresas del sector energético (Iberdrola y Repsol respectivamente) y necesitaron derribar aquellos blindajes existentes para poder introducirse en sus consejos de administración. Aquella "Enmienda del ladrillo" -también conocida por "Enmienda Florentino"- no la presentó el PSOE por convicción ni principios propios sino por maniobras de presión del lobby constructor. Pero, a fin de cuentas, sus efectos iban a ser positivos al vislumbrarse un mayor control de los accionistas sobre las empresas del Ibex en detrimento de sus equipos directivos y una mejor formación de precios de las acciones en nuestra bolsa de valores. Esta convulsión en el panorama del gobierno corporativo de buena parte de las empresas de nuestro país entró en vigor el pasado 1 de julio de 2011.

Pues bien, para algo que había hecho bien sin querer ZP, el Partido Popular se ha propuesto recientemente desactivarlo. Con la misma falta de rigor legislativo que demostró en este mismo asunto la formación política socialista, acaba de aprobar el PP, con el apoyo del PNV, un proyecto de ley en el que por la puerta de atrás –en la Disposición Adicional de una norma que regula obligaciones de información en fusiones o escisiones de sociedades de capital- se anula la prohibición de las restricciones del derecho de voto introducida por el PSOE y sus amigos del ladrillo (hoy ya no tan poderosos) y se recuperan los blindajes estatutarios que permiten limitar al 10% los derechos de voto de un accionista independientemente de su porcentaje de participación como propietario.

La excusa alegada por el PP para dicha marcha atrás ha sido el deseo de proteger a la debilitada petrolera Repsol tras el expolio de YPF y a los accionistas minoritarios, señuelo este último al que se suele recurrir para desviar la atención; pero la verdadera intención de fondo es proteger a equipos gerenciales -esos sí que son minoritarios- de Iberdrola, la misma Repsol, el B. Popular o Telefónica, por ejemplo, acorralados por una ley demasiado liberal de la Administración anterior. Su lobby ha hecho valer su posición y ha logrado que el PP mediante el BOE permita un bodrio jurídico y retome esos blindajes apolillados en nuestras cotizadas, pese a que se establezca una excepción cuando se produzca una opa por el 70% del capital que confiera derechos de voto. Con ello se regulariza la situación de varias empresas que –a modo numantino- no habían aún eliminado esos blindajes de sus respectivos estatutos sociales contraviniendo lo decretado por la reforma zapateril.

Ante la deteriorada cotización bursátil de la mayoría de las acciones debido a la actual crisis, quedan nuevamente protegidos los gestores (insiders) y los grupos familiares de control de las compañías de nuestro Ibex frente a ofertas hostiles, frente a grupos de accionistas no mayoritarios o frente a "ataques especulativos" –léase nuevos propietarios- que pudieran ser incómodos. Como se ve, todo va a quedar en casa.

Además de esta intromisión en las empresas cotizadas que supone un rebrote del nacionalismo económico, lo que más grima da es comprobar que sigue siendo usual entre nuestros legisladores el vaivén o bandazo normativo, el desprecio por la buena técnica legislativa y el atropello de pilares básicos del Estado de Derecho como son la certeza jurídica o la existencia de normas generales no concebidas para destinatarios concretos. Todo ello perpetrado sin ningún complejo y sin que sus conculcadores públicos pasen, al menos, un poco de vergüenza. Todavía habrá representantes electos del grupo popular que piensen que han actuado correcta y patrióticamente.

Esta contrarreforma ha sido aprobada hace poco en el Congreso, lo que supone certificar el sabotaje a la promoción de la eficiencia en la gestión de empresas cotizadas con sede en España. Algunas personas próximas al actual gobierno han cobrado ya por adelantado por sus servicios prestados (1 y 2) que no hace sino engordar la abultada lista de antiguos cargos públicos (y sus familiares) que han acabado en puestos bien remunerados del sector privado. Es descorazonador ver que se vuelve de esta forma a la situación de antes para que nada cambie en nuestro corralito corporativo patrio.

Queda claro que una menor defensa de los intereses de los inversores externos por parte de nuestro parcheado sistema legal no va a animar a que acuda mucho capital foráneo dentro de nuestras fronteras. Aparte de la apresurada e infeliz subida de impuestos del pasado mes de diciembre que se nos vendió como medida temporal y que se llevó a cabo sin antes ajustar el gasto del elefantiásico sector público, me temo que lo de liberalizar con determinación y rigor nuestra estructura productiva para disfrutar de una economía dinámica, abierta a la competencia y a los cambios no va a ser para esta legislatura, por muchos hombres de negro que vengan desde Bruselas.

De la caridad bien entendida

Una de las peores consecuencias de la crisis es el elevado número de personas con serios problemas económicos. Algunos no pueden satisfacer sus necesidades más básicas; no sólo no pueden hacer frente a los gastos corrientes, sino que incluso no pueden comer todos los días o vivir bajo un techo, propio o alquilado, todas las noches.

Los servicios sociales públicos se encuentran en una situación que ellos mismos juzgan como desesperada. Un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid asegura que en esta Comunidad se atienden todos los días alrededor de 5.000 peticiones de ayuda de personas y familias en situación límite. Pese a que aseguran que la Administración autonómica aporta las ayudas que ha prometido, las peticiones por Renta Mínima se han disparado. En algunos ayuntamientos, hay listas de espera de hasta dos meses. La situación es tan desesperada que, de seguir en esta línea, el 60% de los solicitantes no podrá obtener la ayuda requerida. El Colegio habla de recortes de servicios de entre el 25% y el 45% respecto a lo que no hace mucho se venía dotando y que sólo hay un trabajador social por cada 14.500 habitantes.

Las peticiones/conclusiones de este estudio son claras:

  • Ampliación de las partidas presupuestarias dedicadas a ayudas económicas directas a las familias.
  • Modificación del marco legislativo para poder reglamentar las ayudas económicas a familias con normativas adaptadas a los tiempos.
  • Agilización de los procesos y plazos de gestión de dichas ayudas.
  • Acceso de los inmigrantes irregulares a estas ayudas.
  • Que las administraciones central, autonómica y local se comprometan al fortalecimiento de los servicios sociales.
  • Ampliación del ratio de atención, hasta conseguir llegar a un trabajador social por cada 3.000 habitantes.

Si investigamos en otras Comunidades Autónomas y ayuntamientos, la situación no es mucho mejor. Los presupuestos son cada vez más cortos, las organizaciones sociales denuncian recortes y los trabajadores sociales se manifiestan pidiendo más. Desde su perspectiva, resulta aberrante que, precisamente ahora, que es cuando su labor es más necesaria, tengan más dificultades presupuestarias. ¿Tienen razón al denunciar esta situación? Desde mi particular punto de vista, no demasiada y tampoco deberían sorprenderse tanto.

Durante siglos, la caridad ha sido ejercida, sobre todo, por personas e instituciones privadas sin imponer ninguna obligación a los que, por la razón que fuera, no desearan ayudar a otras personas. Y al frente de esa labor, ha estado tradicionalmente la familia. A la familia se ha acudido cuando la desgracia o las malas decisiones han tenido nocivas consecuencias. Y ha sido la familia la que, por lo general, nos ha ayudado a pasar el mal trago. A continuación, tenemos a amigos y conocidos, y si por alguna razón no queremos que ni unos ni otros conozcan nuestra situación, hemos acudido a las instituciones de caridad. Por razones tradicionales, la caridad se ha identificado con la Iglesia, pero ha habido otras organizaciones financiadas y patrocinadas por empresas o personas adineradas que se han dedicado a ello. En todas ellas ha destacado una cosa: el carácter voluntario de los participantes, de los que buscan ayudas, de los que allí trabajan o aportan material o mercancía, y, desde luego, de los que financian todo lo que haya de ser financiado.

El Estado ha ido colonizando actividades que son propias de la sociedad civil, de los individuos que la conforman, y entre ellas, la caridad. Durante décadas, este término se ha ido reconvirtiendo en solidaridad, un sinónimo de justicia social que, a su vez, apunta al viejo clásico de la redistribución de la riqueza. Al Estado le cuesta permitir que haya otras instituciones que compitan con él, y poco a poco ha ido socavando la actividad de estas asociaciones tan necesarias, que se han reducido o se han reconvertido en organizaciones que, definiéndose a sí mismas como no gubernamentales, dependen del presupuesto público. Incluso las ideologías más progresistas han ridiculizado y atacado las simples relaciones familiares, quizá porque muchas veces han considerado a la Iglesia, el mayor defensor de la familia, como su principal enemigo. Paradójicamente, han favorecido la alienación de las personas que, reclamando justicia social y esperando que el Estado lo haga por ellos, no actúan si no es a su sombra.

Si la solidaridad ha sustituido a la caridad, si el Estado ha sustituido a la sociedad civil y el primero depende de los impuestos que obtiene de la segunda, no es de extrañar que, ahora que la crisis del Estado de Bienestar está en su apogeo, cuando los excesos de los políticos no tienen suficiente con lo que coactivamente nos arrebatan, las labores que algunos consideran más esenciales y, por tanto, deben tener un carácter estatal, se vean abocadas a recortes, incluso antes de la reducción del enorme aparato estatal y la corrupción que arrastra. Pero ésta no es la peor parte; lo peor es que el Estado ha atenuado el espíritu cooperativo de la gente, que sólo sabe ejercerlo bajo los parámetros de la moral pública.

Las dos Europas

El ataque sistemático que muchos políticos y pensadores europeos están dirigiendo contra Angela Merkel y su aparentemente férrea defensa de la disciplina fiscal y el rigor monetario está dejando al descubierto las dos alternativas que existen del proyecto europeo.

No es cierto que la canciller alemana personifique de manera recta y coherente la cara más estricta de la moneda común. El euro, con sus ventajas e inconvenientes, no ha sido precisamente la moneda que debería o que se propuso ser en su fundación. En cualquier caso, Merkel trata de afianzar cierta tendencia, más próxima a la idea federativa que a la estrictamente unionista y redistributiva pura.

Quien defiende la austeridad fiscal es favorable a la corresponsabilidad de los Estados dentro de los pactos constitutivos de la moneda única. El euro fue concebido como una divisa internacional, y no como un instrumento al servicio de uno o varios de sus miembros para que pudieran manipularla a su antojo y según la necesidad coyuntural de sus gobernantes.

La muestra de que el proyecto resultó fallido desde el primer momento es que el euro ha sido, entre otras, una causa fundamental de esta crisis. Por lo tanto, no se trata de dejarlo como está, sino de avanzar hacia su consolidación. La cuestión es qué dirección tomar desde hoy: la federativa o la unionista.

Un euro federal se convertiría en una herramienta de control y disciplina para los Estados. Sometidos a unos máximos de déficit y deuda pública, los Estados deberán acomodar su estructura fiscal a los presupuestos que elaboren, siendo responsables externamente de la deriva de gasto que encaren sus cuentas públicas, así como de la intensidad con la que, internamente, decidan redistribuir la renta de sus ciudadanos. Estados en competencia bajo un patrón común, que no debe servir a las necesidades coyunturales de ninguno de ellos. Lo cierto es que el euro no ha permanecido en el pasado ajeno a tales "necesidades" particulares. De ahí que ahora la moneda común genere expectativas y pedimentos que en ningún caso debería satisfacer.

El Euro unionista, sin embargo, ahondaría en esta centralización monetaria destinada a estabilizar y rescatar Estados o Regiones enteras, según su coyuntura y sin la necesidad de que sus gobernantes se sometan al control del déficit y el límite de la deuda pública.

La España autonómica representa el mejor ejemplo de lo que supone realmente un sistema unionista de esta clase, donde no existe corresponsabilidad entre los entes autónomos partícipes. Quien defiende los eurobonos, o la monetización directa de la deuda de los Estados, ambas como soluciones alternativas a la acuciante exigencia de acometer reformas estructurales, liberalizaciones y reducción drástica del déficit y el endeudamiento, pretende también que en Europa se establezca la misma relación de dependencia interterritorial que ya existe dentro de países como el nuestro. Aquí, algunos ciudadanos están pagando más cara la financiación de los servicios que reciben de la administración central por culpa de esa perversa compensación que conlleva la existencia de la redistribución presupuestaria. Es más, no contentos con eso, muchas autonomías aspiran a que nuevamente a nivel nacional, si se vieran en la necesidad de acudir a los mercados financieros en busca de recursos adicionales para sufragar sus excesos presupuestario, tuvieran acceso a un título único de deuda que redistribuyera el coste financiero del más manirroto o insolvente hacia el más comedido y fiable. El Estado no sólo respondería en solitario de su propio déficit en relación con sus competencias, sino que además se convertiría en el parapeto para el déficit autonómico (con más intensidad con la que ya lo viene siendo). Todo esto permite la existencia de entes locales, o en su caso Estados, permanentemente quebrados y situados por encima de las posibilidades de sus respectivas economías.

El unionismo pretende por tanto, que los ciudadanos alemanes paguen más por financiar su déficit a costa de que españoles o griegos paguen algo menos. El resultado final sería catastrófico para todos, pero sus defensores quedarían inmediatamente complacidos ante el nacimiento de una suerte de Europa del Bienestar, donde el gobierno italiano, por ejemplo, se podría permitir con cargo a déficit presupuestario (inmediatamente monetizado por el BCE, o emitido a través de eurobonos), unos servicios sociales que sólo Alemania o los países nórdicos son realmente capaces de permitirse.

La Europa federal, sin embargo, equilibra la unión monetaria con la corresponsabilidad fiscal, lo que implica que los distintos gobernantes pierdan el poder para manipular y envilecer sus extintas divisas, asumiendo además la disciplina presupuestaria impuesta por los tratados. Sin excusa, la única manera de que baje el interés al que se financian en el mercado aquellos Estados que sean más manirrotos, será reducir su endeudamiento, es decir, no gastar por encima de sus ingresos fiscales. En una Europa federativa, y por tanto, corresponsable, los Estados también competirían por atraer inversiones, o al menos, no provocar la fuga o repulsión de capitales, todo ello mediante mercados más libres e impuestos bajos.

En vez de proponer la exportación de un modelo que ya ha resultado fallido en España, nuestros políticos deberían iniciar las negociaciones y reformas que hicieran que, no solo en Europa triunfase el federalismo, sino también, que a nivel nacional las autonomías pasarán a ser entes controlados y realmente responsables de su propia situación financiera. Así, aun admitiendo la existencia de determinados servicios redistributivos a nivel estatal (o comunitario), cada uno de sus componentes (Estados, comunidades autónomas o regiones, cualquiera que sea el caso), quedaría finalmente sometido a un orden competitivo federal y ascendente, al margen casi completamente de la tentación monetaria.

Con esta explicación se entiende además la pugna que existe entre el euro y el dólar por consolidar y extender el modelo que representa cada una de estas divisas. Un dólar unionista y redistributivo frente a un euro federal como auténtico patrón monetario. Los que pretenden para la moneda común europea una salida a la americana, son tan irresponsables como ingenuos. Ese sí que sería el final del euro.

Al hilo de este artículo, recomiendo la lectura de "En defensa del euro, un enfoque austriaco" del Profesor Jesús Huerta de Soto.

@JCHerran

¡Churris al volante!

Vas conduciendo y un coche que vas a adelantar pone el intermitente y, sin mirar, se mete en tu carril haciendo que des un volantazo… O en medio de una autopista un coche ralentiza su marcha para que el conductor vea un cartel, provocando el caos. Tercer caso, un maravilloso sitio para aparcar, metros y metros de espacio para maniobrar y allí en medio, un bonito Cinquecento a casi un metro del bordillo o subido en el… A todos nos ha pasado, hemos visto situaciones así.

Y, honestamente, si tuvieseis que apostar vuestro dinero acerca del sexo del conductor de los casos anteriores, ¿por quién apostaríais? ¿Era un hombre o mujer el conductor?

La respuesta sincera es evidente, aunque políticamente incorrecta. El conductor era una mujer. No hay duda, son tres casos típicos de mujeres al volante. O, mejor dicho, churris al volante, para seguir con el tono políticamente incorrecto del artículo.

Y esto mismo, identificar patrones diferenciados, para adaptar su oferta al mercado, es decir, jugándose su dinero, es lo que hizo la red de autoescuelas del Real Automóvil Club de Cataluña en Zaragoza hace algunos meses… Efectivamente, habiendo detectado que las mujeres, como media, tardaban más en sacarse el carnet y necesitaban más horas de clase, el RACC estableció dos precios cerrados y garantizados en función del sexo. Así, los varones pagarían 665 € y las mujeres 850 €.

La respuesta de los guardianes de lo políticamente correcto no se hizo esperar… Desde la Dirección General de Consumo del Gobierno aragonés, y a instancias de la UCA, Unión de Consumidores de Aragón, se abrió expediente a las autoescuelas. Se les acusó nada más y nada menos que de violar el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley (no sabía que las tarifas de autoescuela fueran leyes…), así como de saltarse la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el Acceso a Bienes y Servicios de 2007, otro gran logro zapateril del año 2007… ¡Toma ya!

Pero no pensemos que estamos ante un caso de feminismo exacerbado militante. La propia UCA ya valoró positivamente la decisión de la Unión Europea de prohibir a las aseguradoras de automóviles que tuvieran en cuenta el sexo de sus clientes a la hora de contratar las pólizas, aunque en este caso eran las mujeres las beneficiadas, dada su menor propensión a los accidentes, y habrían podido acceder a unas cuotas más baratas.

Estamos simplemente ante un nuevo caso de intervencionismo exacerbado militante, un caso de "igualitarismo" absurdo que solo consigue perjudicar tanto a los clientes como a las empresas que dan el servicio, impidiendo de forma artificial que la oferta se adecúe a la demanda…

Está claro, ni el Gobierno de Aragón ni la UCA ni, por supuesto, la Unión Europea se juegan su dinero…

Libertad, cristianismo y tradición Occidental

Este mes vuelvo a escribirles con un encabezamiento parecido al Comentario anterior, que coincide con el título de una reciente charla de Thomas E. Woods en la Fundación Rafael del Pino. El profesor Woods, Senior fellow del Mises Institute y amigo del IJM (pudimos comprobarlo entre los asistentes), plantea un acercamiento a la reflexión económica desde esos fundamentos éticos que venimos señalando aquí. En su caso, además, posiciona sus consideraciones en el ámbito de la religión y la necesidad de un entendimiento entre la espiritualidad cristiana y el desarrollo de la economía. Tema bien conocido, tratado desde los primeros tiempos de la predicación evangélica, y que tiene algunas controversias famosas que ya hemos señalado en alguna ocasión, como la tesis de Weber sobre La ética protestante y el espíritu del capitalismo o la fulminante condena El liberalismo es pecado de Félix Sardá i Salvany. 

Esta conferencia forma parte de un programa de colaboración entre el Centro Diego de Covarrubias y la Fundación del Pino, como explicaba Vicente Boceta al comienzo de la charla. De la que entresaco algunos párrafos que pueden consultar en la web (www.frdelpino.es).

Según Tom Woods, "Hasta hace muy poco tiempo, la opinión pública creía que la tradición occidental de derechos individuales era algo que se originaba en la época de la Ilustración, que no había indicios de estas ideas en épocas previas. Por el contrario, investigadores actuales han encontrado que la tradición respecto al derecho individual se remonta al siglo XII y realmente se origina en los tiempos del Medievo. Más aún, es en España, en la Universidad de Salamanca, donde encontramos cómo muchos de los últimos escolásticos fueron los pioneros en la idea del derecho individual, del derecho natural, de que los gobiernos no son moralmente autónomos. Esto significa que el Estado está sujeto a las leyes morales. Esto supone un importante paso adelante en la limitación del poder de los gobiernos y de que estos entiendan que no están sujetos por un conjunto distinto de reglas o leyes del que afecta a los ciudadanos. Creo que todos estos hechos no han sido suficientemente reconocidos y que se le presta demasiada atención al papel de la Ilustración en el S. XVIII y se ignora la herencia cristiana en este asunto".

Conocemos bien el carácter seminal de los doctores de Salamanca en el nacimiento de una ciencia económica compatible con los principios del liberalismo, pero también con los de la ética cristiana. Ya hemos repetido tantas veces que un juicio moral sobre el precio justo llevó a los escolásticos salmantinos a prefigurar el concepto de oferta y demanda (mercado), en su definición de libre concurrencia. Algo similar venimos manteniendo respecto a los fundamentos de un orden político basado en el respeto a las leyes y al sentir mayoritario de los ciudadanos (Suárez o Vitoria en sus textos sobre el poder). De manera que no puedo dejar de expresar mi satisfacción por escuchar estos mismos argumentos en los labios del profesor americano.

Como era previsible, ya durante su conferencia, pero también a raíz de las preguntas posteriores, Thomas Woods compartió algunas opiniones sobre la actual crisis económica, sosteniendo que ha llegado el momento de revisar ciertas ideas: "Me preocupaba el convencimiento general de que el origen de esta crisis está en el exceso de libertades y que si los gobiernos hubieran tenido más poder y hubiese habido mayor vigilancia por parte de los reguladores los problemas se hubiesen cortado de raíz. Pero mi idea es que el mayor factor que ha contribuido a la crisis actual ha sido el comportamiento de los bancos centrales de todo el mundo, así que esta crisis no se puede solucionar ni siquiera aplicando toda la regulación en la que se quiera pensar. Cuando las instituciones reguladoras o gubernamentales se han puesto a pinchar todas las burbujas financieras, ninguna se ha parado a pensar en parar la máquina que las provocaba. Eso es lo primero que se debería haber hecho. Pero lo que hacen todos los gobiernos, en todas las crisis -de la naturaleza que sean: financieras, militares…- es siempre lo mismo: reclamar más poder para sí mismos. Eso, y culpar al sector privado de la crisis como pretexto para acaparar más poder, para incrementar el gasto público, ejercer mayor control sobre los ciudadanos y propagar la idea de que solo confiando en el gobierno y en las medidas que tome se puede salir de la crisis. El problema es que las instituciones gubernamentales occidentales han estado gobernando la economía mundial durante los últimos setenta años. Y en esos setenta años han repetido el mismo mantra: confiad en nosotros; todo está bajo control; sabemos cuáles son las medidas adecuadas… ¿Por qué deberíamos confiar en ellos una vez más?".

Una palabra que repitió muchas veces fue "desregular", insistiendo en la importancia de las pequeñas decisiones individuales, en la defensa de toda libertad de movimientos o de comercio; coherentemente con lo que Vicente Boceta denominaba Ley de Woods en estos términos: "Cuando el sector privado introduce una innovación que hace que los pobres vivan mejor que cuando ésta no existía, o que ofrece beneficios o condiciones que nadie más está preparado para ofrecerles, alguien, en nombre de la ayuda a los pobres, pugnará por su restricción o abolición".

Termino con una breve alusión al último capítulo de su libro La Iglesia y la economía (El buey mudo, 2010), donde explica el convencimiento de que "existe una profunda afinidad entre el catolicismo y el brillante edificio de verdad que puede encontrarse en la Escuela Austríaca de Economía". Afirmación que tal vez resulte demasiado fuerte para algunos…; pero creo que ha llegado el momento de afrontar con valentía que Tom Woods tenga mucha razón en lo que dice.

Leyes descriptivas o prescriptivas

– Leyes descriptivas: leyes del movimiento de Newton, leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, ley de la gravitación universal, ley de Coulomb sobre la interacción eléctrica, leyes del electromagnetismo, leyes de conservación (energía, momento lineal, momento angular), ley de acción de masas (velocidad de reacciones químicas), leyes termodinámicas (energía, entropía, trabajo), leyes de Mendel (genética), leyes de funcionamiento de un organismo vivo, leyes praxeológicas, leyes económicas de formación de precios en el mercado libre (oferta y demanda), ley de la utilidad marginal decreciente, principio de imposibilidad del socialismo, relación entre beneficio y riesgo de una inversión, etc.

– Leyes prescriptivas: constitución, mandamientos religiosos, código penal, leyes fiscales y presupuestarias, código civil, código mercantil, código de comercio, ley hipotecaria, ley contractual, derecho canónico, derecho militar, derecho natural, derecho internacional, derecho administrativo, reglamentos, regulaciones, convenios, cláusulas contractuales, reglas de juegos y deportes, etc.

Las leyes descriptivas representan cómo es el orden de la realidad: las regularidades presentes en la naturaleza o en el ámbito humano se expresan de forma abstracta mediante proposiciones que establecen relaciones estables entre diferentes entidades o procesos. Estas relaciones pueden ser cuantitativas (ecuaciones) o cualitativas, igualdades o desigualdades, exactas o de tendencia. Las regularidades más simples, fundamentales o profundas generan de forma emergente regularidades más complejas a diversos niveles: de la física a la química, a la biología, y a la cognición, la economía, la moral y el derecho.

Las leyes prescriptivas (o proscriptivas) son normas que regulan la conducta de los agentes afectados por las mismas, indicando qué es obligatorio y qué está prohibido, qué se debe hacer y qué no se puede hacer. Utilizan alguna descripción de la realidad (estados, procesos, acciones) y le añaden un operador lógico deóntico: obligación o prohibición. Estas leyes no pretenden describir el comportamiento de los individuos, sino influir sobre él, condicionarlo y ordenarlo mediante incentivos como premios (recompensas) o castigos (sanciones, penas, daños); son advertencias acerca de qué conductas no son aceptables y qué consecuencias pueden esperar quienes las realicen. Las sanciones pueden imponerse mediante el uso de la fuerza o mediante amenazas de exclusión (expulsión de un colectivo, boicoteo).

Las leyes prescriptivas cuyo cumplimiento es adecuadamente supervisado y controlado (policías, jueces) permiten generar expectativas de conducta fiables: los agentes regulados tenderán de forma previsible a hacer lo obligatorio y a no hacer lo prohibido. Ciertas leyes prescriptivas y sus sistemas de vigilancia asociados pueden generar órdenes explicitables mediante leyes descriptivas. Sin embargo, algunos sistemas jurídicos pueden ser destructivos o imposibles de cumplir.

Todas las leyes se expresan mediante algún lenguaje natural o formal. El lenguaje puede utilizarse para describir la realidad, para transmitir información sobre el mundo: datos (hechos concretos), o leyes que representan las regularidades que los conectan, lo que tienen en común. El lenguaje también se utiliza para coordinar las acciones de los individuos, dando órdenes imperativas o estableciendo las reglas para la convivencia o para la realización de tareas colectivas.

La vinculación entre los fenómenos presentes en una ley descriptiva está basada en la causalidad. El comportamiento ordenado de la naturaleza no depende de que sus regularidades se describan mediante leyes, ni de la voluntad o la conciencia de un agente cognitivo. El orden natural es espontáneo y no necesita a ningún legislador o creador que lo origine o mantenga. El conocimiento de las regularidades puede alterar la conducta de los agentes cognitivos (la información es relevante para la acción), pero la acción es consecuencia de las leyes naturales más elementales, las cuales no puede violar ni determinar (la voluntad y la conciencia son resultado de las regularidades fundamentales y no su origen o fuente).

Las leyes prescriptivas requieren agentes cognitivos que las produzcan y apliquen para regular la conducta, y pueden ser diferentes para distintos grupos humanos. La determinación de qué actos son ilegales y cuál es su sanción depende de la voluntad de quienes establecen las normas y pueden hacer que se cumplan: un individuo que quiere regular su propia conducta o que pone condiciones para el uso de su propiedad; las partes contratantes que pactan cláusulas y penas por incumplimiento; los legisladores o gobernantes. Las leyes prescriptivas tienen alguna fuente o autoridad que las promulga y supervisa, y unos sujetos afectados a quienes se aplican. Un agente o un colectivo son autónomos si se dotan de sus propias leyes, y heterónomos si las reciben de otros.

Las leyes descriptivas son propias del ámbito de la ciencia positiva; las leyes prescriptivas pertenecen al ámbito de la moral y el derecho. Las leyes descriptivas pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo de si se corresponden o no correctamente con la realidad que pretenden representar. Las leyes prescriptivas no son verdaderas o falsas, sino útiles o no (para los objetivos que se pretendan con su implantación), justas o injustas, legítimas o ilegítimas, vigentes o no vigentes. Es posible hacer una ciencia moral y jurídica con leyes descriptivas acerca de las respectivas leyes prescriptivas en ambos ámbitos: la ciencia jurídica describe cómo el derecho prescribe; la ética o filosofía moral estudia los sentimientos morales.

Las leyes descriptivas y prescriptivas son proposiciones generales que se refieren a múltiples casos concretos (no son necesariamente universales sino que tienen algún ámbito de validez o condiciones de aplicación). Las leyes descriptivas pueden fallar si no describen correctamente la dinámica de la realidad que representan: un suceso particular no cumple la ley que presuntamente lo determina. Las leyes prescriptivas pueden ser incumplidas si los agentes desconocen su existencia (no están informados sobre las leyes vigentes) o si la expectativa del castigo no es suficientemente disuasoria: un sujeto asume el riesgo del castigo y realiza un acto ilícito.

La ciencia económica permite estudiar las leyes prescriptivas, sus problemas, limitaciones y consecuencias, e ilustrar cómo algunas son perjudiciales. Las capacidades cognitivas humanas son limitadas, y además son comunes el engaño y la manipulación: el conocimiento de la realidad es imperfecto, y las normas que rigen un grupo pueden ser contrarias a su supervivencia y desarrollo; a menudo las leyes se utilizan como herramientas para la dominación, el parasitismo o la depredación, favorecen a unos a costa de otros. Los marcos institucionales estatistas pretenden conseguir un orden que supere al presunto caos del mercado y la sociedad libre, pero en realidad dificultan la coordinación social. El auténtico derecho emerge espontáneamente y de forma evolutiva y adaptativa de abajo hacia arriba y no es impuesto de forma planificada, centralizada y coactiva.

Cuando un intervencionista critica las leyes del mercado libre, puede mostrar su necedad acerca de la naturaleza descriptiva de las leyes económicas, o puede manifestar su desacuerdo con normas prescriptivas como el derecho de propiedad, el principio de no agresión y la libertad contractual: es ignorante o violento, y posiblemente ambas cosas.

Competitividad internacional y el ajuste del gasto público

En cierto modo, la actual tensión política y social es similar a la ocurrida en los años 30 del siglo XX, que permitió el ascenso de las ideologías colectivistas del nazismo, el fascismo o el comunismo. Así, por ejemplo, si observamos la suma de los votos a los partidos políticos extremistas en Grecia se acerca al 40% de un electorado que parece no estar dispuesto a realizar sacrificios y prefiere abrazar utopías. Si bien, afortunadamente, en otros países europeos parece que, de momento, los ciudadanos están siendo política y económicamente más sensatos y maduros.

La crisis económica y financiera que atraviesan España y Europa requiere un cambio cultural que deben asumir las autoridades y los ciudadanos. En vez de dejar caer sus voluntades hacia el lado de las soluciones erróneas y radicales que pretenden imponer más Estado y más gasto "social", los europeos deben estar dispuestos a afrontar la necesidad de imponer la austeridad en las cuentas de las administraciones públicas, ajustar los gastos a los ingresos de las familias, trabajar más duro y mejor, investigar, desarrollar e innovar, emprender nuevos negocios que aporten valor añadido a la sociedad y, en definitiva, competir con excelencia para poder sufragar nuestro nivel de vida con exportaciones de bienes y servicios.

1. Competitividad internacional

Europa está ante una encrucijada histórica que determinará su papel geopolítico en las próximas décadas. Por un lado, los ciudadanos europeos se han acostumbrado a su actual nivel de vida con multitud de derechos "sociales" que son provistos, de forma ineficiente, por un gigantesco estado de "bienestar".

Y, por otro lado, aunque Europa dedica un presupuesto mínimo a los asuntos de seguridad interior y exterior porque cuenta con el paraguas protector de los Estados Unidos de América, la creación de riqueza en las naciones europeas viene descendiendo de manera imparable en las últimas décadas y, para retomar la senda del crecimiento económico, se requiere realizar una considerable reducción del gasto público e implementar reformas estructurales para ganar competitividad frente a las áreas económicas de los países emergentes como los denominados BRICKS (Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica).

2. Estructura de gasto público en España

Tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa, y a pesar de los ajustes realizados en la administración central por el actual Gobierno de España, el gasto "social" sigue siendo excesivo porque todavía representa un 56 % sobre los capítulos I a VIII en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 [1] frente a un 58 % en los PGE 2011 [2] y, en el presente contexto de recesión económica y bajos ingresos tributarios, sigue lastrando —aún más— la economía española.

Esto último significa que, si queremos sanear las cuentas públicas para poder atender los pagos comprometidos por el Estado, sin necesidad de subir aún más los impuestos a las personas físicas y jurídicas [3][4], es imprescindible sumar la austeridad en la administración periférica y que el ajuste fiscal llegue con rigor y seriedad a las 17 Comunidades Autónomas y a las entidades locales porque, curiosamente, las Transferencias a otras Administraciones Públicas ascendieron desde 42.810,63 millones de € en el año 2011 hasta los 49.686,40 millones de € en los PGE 2012 [5].

Adicionalmente, ese porcentaje implica que sigue siendo excesivo (e insostenible) un gasto social de 175.382,70 millones de € sobre los 311.825,85 millones de € de los capítulos I a VIII, teniendo en cuenta que se ha reducido el dinero destinado a los servicios públicos básicos desde los 19.731,10 millones de € en el año 2011 hasta tan sólo 17.909,01 millones de € en el 2012 para Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior.

Estos datos económicos explican por qué la mayoría de españoles tiene la sensación (o la certeza) de que no operan con la suficiente eficacia tanto el servicio exterior como la justicia y la seguridad. Es un hecho que los recursos públicos detraídos de nuestros impuestos se están dedicando a asuntos más "sociales" y "autonómicos", lo que está mermando la calidad de los servicios fundamentales que debería prestar un Estado a sus ciudadanos y que justifican su propia existencia como institución.

En definitiva que, para poder hacer frente a sus pagos, las Administraciones Públicas tendrán que rebajar las prestaciones sociales e introducirse el copago en multitud de servicios públicos en Europea, porque es la única vía económica para garantizar su sostenibilidad por medio de su provisión público-privada o sólo privada. La otra vía es la subida de impuestos, que provoca el estancamiento del consumo, desincentiva la función empresarial y, por tanto, nos sumerge con un mayor lastre en la recesión económica.

3. Toma de decisiones en política económica

La reticencia de los políticos a tomar decisiones económicas, para realizar los cambios necesarios en la estructura de gasto de las administraciones públicas, viene provocada por el deterioro electoral que tienen que asumir, y que sólo puede minorarse con una política de comunicación muy cuidada, que sea didáctica y logre transmitir adecuadamente los valores de transparencia, honradez, austeridad, esfuerzo y sacrificio que se requieren para salir de una crisis económica y financiera.

Sin embargo, es especialmente importante que arraigue con fuerza entre las autoridades el sentido de Estado y la visión estratégica a largo plazo que exigen la necesidad de gestionar con austeridad pública, con fomento del ahorro y con impulso de la empresarialidad, para dotar un área política y económica que compita con garantías de éxito en el contexto de la economía mundial, para lo cual el Euro puede ayudar, siempre que se le deje actuar como un patrón monetario, para que fuerce a los gobiernos hacia la reducción del gasto público y hacia las reformas estructurales; sin necesidad de recurrir a los déficit presupuestarios y a las emisiones de deuda soberana para financiarse que operan a medio y largo plazo en contra de los principios del crecimiento económico.

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