Ir al contenido principal

Arcanos y cubrimiento del velo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Incluso para los cánones rastreros del pseudo estado de derecho coronado que ha regido los destinos de España durante treinta y cinco años, el último golpe asestado a la Ley y al Derecho por los miembros del Tribunal Constitucional descuella por su grave calado.

Como se sabe, este órgano extrajudicial –aunque tenga la última palabra en materia de garantías constitucionales– acaba de resolver el procedimiento de amparo planteado por los representantes de "SORTU" contra el Auto de 30 de marzo de 2011 de la Sala del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, que declaró la improcedencia de su constitución como partido político, por ser sucesor de la ilegal y disuelta Batasuna promovida por la ETA.

Si bien se daba por descontado el fallo favorable a los recurrentes, dado el sesgo político de la mayoría de los miembros –tres de ellos interinos– del Tribunal constitucional, cuidadosamente seleccionados por los dirigentes del PSOE y los partidos nacionalistas, no ha pasado inadvertida la inusitada celeridad con la que ha resuelto el caso en comparación con los plazos que, de hecho, se toma en procedimientos de similares características. En efecto, los representantes de Sortu presentaron la demanda de amparo el 18 de mayo del año pasado y han conseguido que el mismísimo Pleno satisfaga un año después sus pretensiones. Cabe añadir que el conocimiento de este tipo de asuntos queda ordinariamente en manos de tres magistrados que componen las secciones de sus dos Salas (Art. 48 LOTC). En efecto, un simple repaso de los dos últimos recursos de amparo resueltos por los mismos magistrados en sucesivas sentencias del mismo día, las cuales abordan, precisamente, sendas quejas nada complicadas de dos etarras en prisión contra el cómputo de las penas que están cumpliendo, descubre una tramitación mucho más pausada en un caso (un año y ocho meses) y escandalosamente dilatada en el otro (cinco años y cuatro meses). La diferencia resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta la costumbre en el foro, extrapolada de las normas de instrucción penal (Art. 504.6 LECr) de conferir preferencia a la tramitación de las causas con preso.

De esta manera, si no hubiera existido un trato de favor a los recurrentes en relación a los plazos para obtener una respuesta, habría sido prácticamente imposible que los actuales componentes del Tribunal Constitucional firmaran, incluso con votos discrepantes, esta sentencia. En ausencia de criterios transparentes, que no sean los temporales, sobre la preferencia en el despacho de los asuntos que trata, se cierne la vehemente sospecha de un empeño avasallador dentro del órgano constitucional por liquidar el tema de forma apresurada. Apenas un día antes de dictarse esta resolución, el actual presidente del gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco (Francisco López Álvarez) anunciaba, con ese lenguaje entre coloquial y codificado que caracteriza a la casta política, que las elecciones en esa comunidad se celebrarían cuando toque, es decir, el año próximo. Y poco tiempo después se filtraba que las negociaciones entre PSOE y PP para sustituir a los tres miembros interinos del Tribunal Constitucional que debe elegir el Congreso de los diputados, se encontraban "muy avanzadas", hasta el punto de que la elección podría materializarse en julio.

En cuanto a la argumentación esgrimida por los seis magistrados de la mayoría para anular el auto del Tribunal Supremo, caben varias observaciones. Por un lado, aunque reconocen que no pueden revisar la valoración de las pruebas consideradas por el órgano jurisdiccional (Fto Jurídico 6) es lo que efectivamente hacen. La Ley (Art. 54 LOTC) limita la función de la jurisdicción constitucional en los procesos de amparo a la concreción de la violación de los derechos fundamentales del demandante y la preservación o restablecimiento de los mismos y le previene de realizar cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, rebajan las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal Supremo a la categoría de indicios y erigen en prueba privilegiada a los estatutos del partido político SORTU y las declaraciones de sus promotores, a la que califican de "contraindicio suficiente para entender, en principio, contrarrestada (…) la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de los que pudiera inferirse que el nuevo partido político cuya inscripción se pretende en el Registro de Partidos Políticos pudiera perseguir continuar o suceder la actividad de los partidos políticos judicialmente ilegalizados y disueltos por la Sentencia 1/2003, de 27 de marzo". (Fto Jco 10).

Es decir, que la apreciación del fraude en la conducta de los promotores, servidores leales de las instrucciones de la ETA, según la valoración de las pruebas del Tribunal Supremo, queda desvirtuada exclusivamente por las propias declaraciones públicas de los interesados. Notable hallazgo intelectual: El Tribunal Constitucional cubre el velo corporativo de la ETA que el Supremo había descubierto en relación a su última franquicia.

A pesar de que algunos elementos permanecen ocultos entre bambalinas, la sentencia dictada ahora sigue las pautas marcadas por la estrategia política larvada por los ideólogos del PSOE a finales de los años noventa y asumida con disimulos por los actuales dirigentes del PP, tal como han demostrado la depuración de sus elementos díscolos en el País Vasco hace unos años y sus posteriores actuaciones una vez llegados al gobierno.

Los vascos, y españoles en general, que hayan mantenido la cordura durante tanto tiempo frente a la presión impuesta por el crimen y la extorsión tienen doble motivo para estar desconsolados. Los promotores de un proyecto totalitario, que han persistido en su vesania fanática, van a ser otra vez recompensados con parte del poder político, esta vez por dejar de matar, si nadie lo remedia. Los tibios y los que no han querido contemplar la realidad del crimen y la extorsión, porque no iba con ellos, hasta podrán sumarse a un movimiento que probablemente ha ido ganando adeptos porque jamás se le ha combatido de forma constante y legal, sino que se le ha considerado interlocutor político, a pesar de la retórica cuando se condenaban sus atentados.

La casta política española (que incluye a los políticos nacionalistas de todas las regiones, por supuesto) guarda en sus arcanos un plan para integrar a la ETA entre sus conmilitones con derecho a mantel y mesa. Todos se están engañando, se miran de reojo y no se pueden fiar del comensal de al lado, pero todos comparten esa obsesión por saltarse las normas de justicia, por retorcerlas y pisotearlas con este apaño. Hay que reconocer un cambio: Las bestias de la ETA se han refinado. Aconsejan a sus tutelados condenar a sus tutores en público.

La tributación de las ganancias del capital (plusvalías)

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Gravar las plusvalías y, en general, las ganancias del capital, significa disminuir el rendimiento de los activos, es decir, de las inversiones realizadas. Los efectos económicos de esta disminución de los rendimientos pueden producirse a lo largo del tiempo -porque se reducirá la retribución periódica del activo- o instantáneamente -a través de la capitalización del impuesto-.

En efecto, con la disminución de la retribución del capital, los inversores verán menguada a lo largo del tiempo (en función de la maduración de las inversiones) la capacidad para generar nueva riqueza con las ganancias conseguidas, reinvirtiendo todo o parte de las mismas en nuevos proyectos de inversión.

Pero, también, con la capitalización del impuesto, los propietarios se empobrecerán de golpe, dado que los activos valdrán menos al ofrecer menores rentabilidades. Esta disminución del valor de los activos sitúa al inversor en una posición económicamente más débil con respecto a sus otros posibles negocios. Así, la existencia del impuesto hace que el inversor cuente con bienes menos valiosos con los que avalar a los posibles agentes económicos que quieran invertir en sus otros proyectos empresariales, ya sean como accionistas o como prestamistas.

Del mismo modo, la tributación de las plusvalías resta cierto sentido a la venta del activo dado que esta se efectúa para cambiar un bien menos líquido por otro más líquido (el dinero). Gravar las ganancias patrimoniales, por tanto, penaliza la liquidez de los inversores y, cuando estos se encuentren en las dificultades propias de una crisis, no ayudará (tanto como si no existiera el impuesto) a ser más solvente al inversor.

Por otra parte, gravar las plusvalías implica dificultar y, en parte, obstaculizar, las ventas de los activos. Los inversores tenderán a atrasar las ventas para evitar el impuesto comparado con lo que habrían hecho en ausencia del gravamen. Y dificultar tales ventas perjudica directamente el uso más adecuado de los recursos, pues hace más difícil a los empresarios ordenar la producción y orientarla de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

Esta tendencia al inmovilismo provoca una rigidez en la inversión y, por ende, en el conjunto de la economía. Será más difícil entonces que la estructura de capital (las combinaciones de los diferentes planes empresariales con sus respectivos usos de bienes de capital) se modifique y se adapte a las nuevas necesidades de los consumidores u otras circunstancias.

En otro orden de cosas, muchos economistas se han quejado de que las ganancias del capital y, entre ellas, las ganancias patrimoniales (o plusvalías), que se incluyen dentro del Impuesto sobre la Renta, no deberían considerarse renta dado que son ganancias acumuladas a lo largo de varios ejercicios. Y es precisamente este hecho el que hace que se tribute por una cantidad superior a la renta real del año en que se ha producido la venta. Algo que provoca una descapitalización repentina del inversor (comparado con la situación sin impuesto) que penaliza su liquidez, su solvencia y sus posibilidades de invertir en nuevas empresas (como start-ups o entidades de nueva creación).  

Por último, es de destacar una grave deficiencia del cálculo de las plusvalías que se utiliza en los sistemas fiscales actuales. Así, para hallar estas plusvalías se toma en cuenta el precio de venta del activo menos el precio de compra (incluyéndose en ambos precios algunos gastos adicionales). Sin embargo, no se considera los continuos gastos de mantenimiento que ha tenido que desembolsar el inversor para mantener los activos y sin los cuales no habría podido realizar la venta que ha generado la plusvalía. Un ejemplo claro es el de los inmuebles, para los cuales no se toma en cuenta como mayor precio de adquisición (o coste) los sucesivos IBI o gastos de comunidad que han tenido que satisfacerse a lo largo de los años. Cantidades que pueden llegar a ser realmente relevantes y que, al no considerarse, provocan la sobreimposición de este tipo de ganancias.

Subvenciones, un gotero para los medios

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Entre los medios de comunicación la crisis ha hecho estragos, hasta el punto de que se puede decir que vive su propia crisis dentro de la crisis. Así, vemos constantemente cómo grupos de medios no hace tanto aparentemente invulnerables ponen en marcha Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a cientos de periodistas o, incluso, cierran de forma definitiva. El resultado no puede ser más desolador para los profesionales del ramo: el desempleo se ha disparado en muchos miles de personas.

Existen razones sobradas para esta dura situación: en época de dificultades económicas, tanto empresas como particulares tratan de recortar gastos que consideran más o menos prescindibles. Esto se traduce, por ejemplo, en que muchas personas dejan de comprar diarios o que las partidas destinadas a publicidad por parte de las compañías de todos los sectores se reduzcan de forma drástica, cuando no se eliminen de forma absoluta. Pero no sólo es eso. Al igual que en el sector inmobiliario, en España existió una burbuja de los medios de comunicación en la cual los empresarios actuaron de forma totalmente irresponsable. Se sobredimensionaron plantillas, en algunos casos con sueldos muy elevados, se crearon medios de comunicación imposibles de mantener de forma continuada y se afrontaron gastos totalmente irresponsables de todo tipo.

Pero los responsables de esta burbuja no son sólo los empresarios que se dejaron guiar por la apariencia de fáciles y rápidas ganancias (lo cual en algunos casos fue cierto al calor del poder político). Tampoco aquellos periodistas, que también los hubo, que engatusaron a empresarios presentándoles proyectos que se mostraban como la reinvención del periodismo a través de la cual ganarían influencia además de dinero. De todo eso hubo, pero también se vio mucho dinero público destinado a mantener con vida artificialmente viejos o nuevos medios a cambio de la complicidad con el poder.

En estos tiempos duros para el sector, ya desde hace un tiempo, aparecen de forma periódica voces que piden subvenciones para el periodismo. A veces se hace a título personal, y en otras de forma colectiva, se reclaman ayudas públicas con la excusa de que la democracia requiere de medios de comunicación con unas cuentas sanas. Esto último puede ser cierto, pero para lograrlo la vía no es esa. En determinadas zonas de España esas ayudas han fluido de forma constante.

El idioma es una de las excusas favoritas de determinados Gobiernos autonómicos para regar con los impuestos de los ciudadanos a periódicos, radios o televisiones. Recientemente, la Generalitat de Cataluña –siguiendo una política ya practicada por el ‘tripartito’ y por el previo ejecutivo ‘convergente’ de Pujol– repartió cuatro millones de euros para la prensa en catalán y aranés. No es el único caso, en el País Vasco se subvenciona a la prensa en euskera, incluyendo al diario Berria; en Galicia a aquella que se edita en gallego y en Asturias a la que se publica en asturiano y gallego-asturiano. No se trata tan sólo de favorecer desde el poder el uso de una lengua sobre otra, algo en lo que las autoridades no deberían entrar. También es una forma de comprar voluntades: la de los directores y los propietarios de los medios.

Pero no sólo entran en juego las subvenciones, la forma más evidente de mantenimiento económico de los medios desde el poder. También existen millonarias campañas de publicidad institucional o suscripciones masivas a medios de comunicación por parte de las Administraciones. Ejemplos de esto último abundan, por ejemplo, en diversas comunidades autónomas.

Ninguna de estas prácticas consiguen mantener un periodismo sano y en forma. Ni tan siquiera es lo que se pretende con ellas desde el poder. La inyección de dinero público a través de subvenciones y otras actuaciones tan sólo consigue mantener a los medios como un enfermo atado a un gotero. Su vida depende del suero que entra por esa vía. Y no se trata de algo seguro. Antes o después hay que afrontar recortes en las arcas públicas, y estos afectarán a estas partidas. De hecho, en algunos casos esto ya ha ocurrido y ha supuesto el fin de determinados medios de comunicación que se mantenían en pie prácticamente tan sólo por el dinero entregado por las autoridades.

Los medios de comunicación necesitan estar sanos, por su propia pervivencia y por el papel que juegan en una sociedad que es o quiere ser libre. Pero para ello no pueden depender del dinero que le den los políticos tras sustraérselo a los ciudadanos a través de los impuestos. De esta manera, serán marionetas que procurarán no molestar demasiado para no ver recortar el maná de lo mal llamado "público". El sector ha de reformarse en profundidad y saber atraerse el favor de las audiencias y los anunciantes. Tan sólo así podrán jugar el papel de contrapoder del que tanto les gusta alardear.

¿Se puede sacar a flote la economía sumergida?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación del Estado, y especialmente su regulación fiscal y social. El clamor popular contra la economía sumergida, sabiamente azuzado desde las esferas políticas, se revitaliza de vez en cuando, especialmente en tiempos de crisis. En el mejor caso, se tilda a los individuos operando de forma sumergida como insolidarios, pero lo normal es exigir que se refuercen los controles fiscales y que todo el mundo pague lo que el Estado exige.

La creencia que subyace en esta reivindicación es la siguiente. La actividad económica sumergida, por definición, no tiene control fiscal, no paga impuestos. Si el Estado fuera capaz de controlar esta actividad, de aflorar el mercado negro, ello se traduciría en una mayor recaudación de impuestos, por lo que se podrían reducir estos en general, o al menos paliar sustancialmente situaciones de déficit grave como la actual. De hecho, si no recuerdo mal, una de las medidas inicialmente anunciadas por este Gobierno consistía precisamente en reforzar la lucha contra el fraude. Como tantas otras de sus anunciadas propuestas, ésta también parece mantenerse en el limbo, por el momento. Y afortunadamente, por las razones que ahora se explicarán.

La cuestión que se plantea es si es posible tal afloramiento. En un marco estático, el manejado por el economista mainstream, se asume que la actividad se mantiene una vez controlada fiscalmente. El problema del mercado negro consiste, por tanto, en su identificación y control, pues una vez "registrada" la actividad no le quedará más remedio que pagar sus impuestos y cotizaciones, de los que se escapaba por estar oculta.

Sin embargo, a este simple análisis hay que añadirle los siempre importantes (y siempre ignorados o infraestimados por el mainstream) efectos dinámicos. Para ello, hay que buscar los sujetos activos en la economía sumergida.

En el imaginario popular, se trata de ricos empresarios con ribetes de mafioso, que se forran mientras explotan a unos trabajadores a los que pagan en negro; son los mismos que te ofrecen no darte factura a cambio de no cobrarte el IVA, para que estos ingresos no se reflejen en la liquidación del impuesto de la renta. Y claro que hay individuos así en el mercado negro, por supuesto.

Pero tiendo a pensar que no constituyen, ni de lejos, la porción más importante de la economía sumergida. Aquí están también muchas personas normales, a las que realmente no les gusta vivir en una situación que perciben como precaria. La mayor parte de la gente ve al Estado como una bendición que les proporciona milagrosamente educación, sanidad, pensiones, carreteras… Para la mayor parte de la gente, por tanto, estar fuera del sistema es una desgracia (aunque puntualmente puedan renunciar a la factura por ahorrarse el IVA). La mayor parte de la gente que trafica en la economía sumergida lo hace, creo, contra su voluntad.

¿Qué les impide aflorar? Muy sencillo: la sostenibilidad de su actividad y, por ende, de su vida. Veamos un ejemplo: un tal Juan, sevillano, lanzado a la fama por su aparición en un artículo del New York Times. Se dedica a transportar y montar muebles de Ikea, para lo que capta sus clientes a la salida del hipermercado ofreciéndoles un precio inferior al que da Ikea. Con este trabajo, Juan gana unos 800 Euros al mes, y no declara nada a Hacienda. Por cierto, a Juan le despidieron de Ikea y por eso se ve forzado a trabajar así, de hecho se siente víctima del defectuoso modelo económico. Vamos, que no está en esta situación tan voluntariamente como pudiera parecer a los que ven en la economía sumergida un nido de buitres.

Parece obvio que la situación de Juan no se puede regularizar. Los impuestos y cargas sociales a que habría de hacer frente, y eso olvidando otro tipo de regulaciones sectoriales, harían posiblemente inviable el negocio. Quizá 400 de los 800 euros ganados tuvieran que ir a las arcas del Estado. Pero con los 400 euros restantes Juan tal vez no pudiera mantener su familia. Por tanto, realmente Juan no tiene la opción de regularizar su actividad. Como tampoco la tiene el Estado: si trata de regularizar por la fuerza (y sin contar los costes de tal identificación u obligación), lo que conseguirá será hacer desaparecer la actividad. Juan dejará de trabajar, o continuará haciéndolo fuera de la ley a riesgo de terminar en la cárcel. Es evidente que si la cosa termina así, también habrá desaparecido la actividad económica. Y el Estado estará peor, pues no solo no habrá conseguido más ingresos, sino que deberá hacerse cargo, directa o indirectamente, de otro individuo al que ha privado de su modo de vida y dejado improductivo.

Por tanto, una vez se tiene una mínima consideración de los efectos dinámicos, es fácil observar que el "problema" de la economía sumergida no es fácilmente regularizable. Por supuesto que hay gente a la que esta hipotética regularización no haría insostenible, pues es cierto que algún caso de empresario mafioso se estará dando. Pero no es el caso de la mayoría, me temo.

Tratar de regularizar la economía sumergida a lo único que llevaría es a una reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía. Desaparecerían todos aquellos que están en el margen, reduciendo la actividad económica no oficial, y haciendo que más gente dependa de la caridad del Estado para su subsistencia. De un Estado que, dicho sea de paso, cada vez muestra más su incapacidad de atender a nadie.

En resumen, el Estado no puede acabar con la economía sumergida sin destruirse a sí mismo. Para próximos artículos dejaremos el análisis sobre si, por el contrario, podría la economía sumergida acabar destruyendo al Estado.

España ya había sido rescatada

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Después del préstamo extendido de 100.000 millones de euros no hay ninguna duda que España ha sido finalmente rescatada. Se nos dice que esta cantidad, que equivale a 10% de la riqueza que produce España en un año, irá destinada únicamente al sistema bancario. El dinero, que recibirá el FROB en primera instancia, se destinará a las instituciones financieras españolas para cubrir las pérdidas derivadas de su exposición al ladrillo.

Evidentemente, el gobierno ha tratado de tergiversar, retorcer y pervertir el lenguaje para intentar erradicar la palabra ‘rescate’ de nuestra mente. ‘Apoyo financiero’ es el término que han escogido desde el gobierno para describir la situación española. Bien es verdad que 100.000 millones de euros son un gran apoyo financiero… pero destinado a rescatar. Rescatar a la banca porque el Estado español no puede cubrir por sí solo esa cantidad debido a la desconfianza enorme de los mercados, que le exigen (lógicamente) intereses muy altos para financiarse.

Es decir, realmente estamos hablando de un rescate soberano, no un rescate bancario.

Sin embargo, el que piense que el rescate ha empezado ahora está equivocado: el rescate comenzó hace meses, en el 2011, cuando el BCE empezó a comprar bonos españoles.

Y más tarde continuó cuando se llevó a cabo el carry trade. Éste consiste básicamente en lo siguiente: los bancos acuden el BCE, que les presta dinero al 1% para invertir en deuda soberana que les renta a un tipo bastante superior. De ahí la "facilidad" del Tesoro español en el pasado para colocar deuda. Ha venido siendo una monetización indirecta. Es decir, un rescate a la banca y al estado español.

Y es que un problema de deuda no se arregla con más deuda por mucho que se empeñen políticos e intelectuales. Sería como intentar curar una borrachera con todavía más alcohol. Una crisis de deuda sólo presenta una solución: amortizar y reducir la deuda. No tiene sentido incrementar la deuda de una economía fuertemente apalancada a tasas insostenibles.

La única solución que le queda al Estado es disminuir sus gastos. Pero ya hemos visto que nuestros arrogantes políticos se han preocupado más de culpar a los mercados que de sanear sus cuentas. Sin embargo, la realidad es que los mercados no atacan, sólo se protegen… de futuras tempestades.

Una alternativa para sanear la banca española

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

A continuación, reproducimos el artículo de Juan Ramón Rallo aparecido ayer en Wall Street Journal con el título "A Better Way to Save Spain’s Banks". La traducción, gentileza de Gabriela Calderón, será publicada próximamente en elCato en español.

Lejos de calmar a los mercados, la petición de 100.000 millones de euros por parte de España con el propósito de rescatar a sus bancos ha provocado que se disparen los tipos de interés del país y ha conducido a que las agencias de rating reduzcan su calificación crediticia esta misma semana.

No hay duda de que el sector bancario español se enfrenta a enormes problemas debido a su alta exposición al mercado inmobiliario, el cual continúa en declive tras su masivo boom. Pero el Estado español, con sus propios déficits y una tasa de desempleo oficial del 25%, no puede permitirse rescatar a los bancos, aun con la ayuda de un préstamo blando de Bruselas. Al menos, este es el mensaje prístino que están transmitiendo los mercados.

Afortunadamente, hay una solución más acertada para los bancos españoles: en lugar de ser rescatados a costa del contribuyente (bail-out), el Estado español podría hacer un rescate a costa de los acreedores (bail-in), a saber, convertir forzosamente en acciones toda la deuda subordinada de estas entidades y parte de su deuda senior no garantizada. Esto reduciría el apalancamiento de los bancos y aumentaría su capital disponible para absorber las pérdidas futuras.

De entrada, hay que tener presente que incluso 100.000 millones de euros podrían ser insuficientes para recapitalizar por entero la banca española. Ésta podría enfrentarse perfectamente a pérdidas que probablemente triplican esa cantidad: los préstamos a promotores suman 298.000 millones; los créditos para la construcción, 98.000 millones; las hipotecas, 656.000 millones; y otros préstamos a familias y empresas, 683.000 millones. Asumiendo una pérdida de 50% en el crédito a promotores y constructores, una del 5% en las hipotecas, y otra del 10% en los otros créditos para el sector privado nacional, rápidamente llegamos a la preocupante cifra de 300.000 millones de euros en pérdidas. Y no hay que olvidar la exposición adicional de los bancos españoles en forma de 78.000 millones en préstamos a Portugal y 10.000 millones en préstamos a Grecia e Irlanda, los cuales podrían añadir unas pérdidas de entre 40.000 millones o más, según nuestro cálculo.

Los bancos españoles poseen actualmente un capital de 377.000 millones de euros, de modo que unas pérdidas como las anteriormente trazadas los dejarían con apenas 50.000-70.000 millones de patrimonio neto restante. Para restablecer unos niveles razonables de capital, se requerirían entre 150.000 y 170.000 millones de euros; una cifra muy superior a la línea de crédito de 100.000 millones que Bruselas planea ofrecer. Por lo tanto, incluso si el gobierno español decidiera pedir prestada la totalidad del monto ofrecido, los bancos nacionales todavía estarían infracapitalizados en un importe equivalente a dos o tres años de sus ganancias operativas antes de provisiones.

Sin embargo, la mayor razón para ser escépticos acerca del éxito del rescate de la UE no es la insuficiencia del préstamo, sino su tamaño desproporcionado en relación con una economía como la española, que ya ha llegado a su punto de saturación de deuda. El hecho de que nuestro gobierno fuese incapaz de conseguir esos 100.000 millones de euros directamente en el mercado muestra que, en estos momentos, ningún inversor privado cree en nuestra solvencia. Añadirle a una economía cuya capacidad para pagar sus deudas ya está cuestionada unos pasivos de alrededor de 100.000 millones de euros, sólo sirve para empujar a esa economía hacia el default.

Ni el gobierno ni los contribuyentes pueden asumir más deudas. Los agentes económicos españoles, tanto públicos como privados, deben desapalancarse aumentando sus tasas de ahorro y amortizando sus desproporcionadas obligaciones financieras. Esta es la razón por la que una verdadera austeridad pública (basada en recortes de gasto, no en aumentos de impuestos) es tan importante en estos momentos.

Afortunadamente, la incapacidad de España para rescatar a sus bancos no significa que nuestro país deba atravesar una bancarrota nacional desordenada y devastadora. Lo cual nos trae de vuelta a una alternativa más saludable y mucho más barata como es la propuesta recientemente por el Instituto Juan de Mariana de España: un intercambio forzoso de deuda por acciones que afecte a los pasivos subordinados y a los senior no garantizados.

Convirtiendo en acciones el 100% de los 88.000 millones de euros de obligaciones subordinadas y el 40% de los 160.000 millones de deuda no garantizada, se proporcionarían más de 150.000 millones de capital para la banca, lo que permitiría absorber las pérdidas del sistema financiero español y asegurar su razonable capitalización. Si a lo anterior le sumamos los 25.000 millones de ganancias, antes de provisiones, esperadas en 2012, la banca podría incrementar su patrimonio neto en 175.000 millones de euros. Todo ello sin aumentar la carga de la deuda para el contribuyente español y sin necesitar de préstamos de Bruselas.

En otras palabras, hay una solución a los problemas que enfrenta el sistema bancario español: no un bail-out, sino un bail-in mediante el cual los inversores asumen en gran medida el costo de sus propios errores, sin liquidar los bancos y sin empujar a la economía española hacia la bancarrota.

Seguramente, un bail-in forzoso podría causar al principio algo de confusión en los mercados interbancarios. Pero desde principios de 2012, la financiación de la banca española ya depende en un alto grado de la liquidez provista por el Banco Central Europeo. Y después de algún tiempo, el crédito a corto plazo regresaría nuevamente dentro del país para financiar a unas instituciones financieras mucho más sólidas y solventes.

América Latina, cada vez más bipolar

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Democracia liberal vs socialismo del siglo XXI. Esas parecen, actualmente, las etiquetas de los sistemas políticos latinoamericanos. En el medio existe un grupo de países (El Salvador, Honduras, Guatemala) que desea ver cómo su Estado de Derecho echa raíces, aunque para ello tienen que superar algunas deficiencias, casi crónicas, de naturaleza estructural.

Asimismo, de un tiempo a esta parte hemos visto como los integrantes del socialismo del siglo XXI no aumentan en cuanto a su número de integrantes. Son los mismos actores de siempre: Cuba y Venezuela de principales, con Bolivia y Nicaragua de "orgullosos" secundarios. Ecuador, en breve, será principal puesto que los pasos que viene dando Correa son de gigante, persiguiendo a la prensa y amedrentando a la oposición, sin olvidar que se ha convertido en el mejor embajador del Castrismo.

Sin embargo, este grupo, además de no haber logrado que otras naciones se sumen, se está encontrando con que los petrodólares de Caracas no llegan con la misma fluidez de antaño puesto que los problemas de financiación también asolan al mecenazgo chavista. Por ello, no debe sorprendernos que a partir de este momento, actores extra-regionales, caracterizados por su relativismo y por una curiosa concepción de la soberanía nacional, cobren protagonismo.

Uno de ellos es, evidentemente, China. Nada nuevo. Pekín desea afianzar su capitalismo de Estado o más bien, su capitalismo con pies de barro, más allá de Asia y de Asia Pacífico. Sin exigirle demasiado a cambio (en forma de respeto de los derechos humanos, por ejemplo), los gobiernos, no sólo de América Latina, quieren mantener lazos con Hu Jintao. Muchos no dudan en compatibilizar este deseo de alianza comercial con echarse las manos a la cabeza cuando se ven imágenes de cómo trata el comunismo a los monjes budistas…

Otro es Rusia. Durante la dictadura comunista (Stalin, Kruschev, Breznev, Chernienko, Andropov…) a la oposición se la silenciaba…ahora se la reprime por la fuerza. Entonces no había elecciones, ahora sí pero como diría un castizo "de aquella manera". Vladimir Putin lleva tiempo haciendo incursiones en América Latina, lo mismo que siendo interesadamente contemporizador con determinados regímenes liberticidas, como el sirio.

Finalmente, y no por ello menos importante, tenemos a Irán. Ahmadineyad ha encontrado un filón en el socialismo del siglo XXI con el que comparte desprecio hacia la democracia liberal y lenguaje anti-norteamericano. Además, los socios albistas de Teherán avalan su programa nuclear con la pueril justificación de que tiene derecho a llevarlo a cabo. Esta forma de pensar ha tenido sus recompensas. Así, el número 2 del gobierno iraní, Alí Saeidlo, visitó Cuba y Nicaragua hace escasas semanas, con la chequera dispuesta a repartir prebendas en La Habana y Managua.

Mientras todo ello acontecía, "la otra" América Latina, la que defiende la democracia, sin dar tanta publicidad, avanza a pasos agigantados. El último gran ejemplo es la Alianza del Pacífico integrada por Méjico, Colombia, Perú y Chile. Todos ellos son conscientes de que las "viejas organizaciones" de integración latinoamericana, especialmente MERCOSUR, atraviesan una parálisis con visos de ser crónica, sin olvidar que otras, como la OEA, se decantan más por los gestos que por la resolución de los problemas, como puso de manifiesto la última Cumbre celebrada en Cochabamba.

La importancia de esta iniciativa trasciende lo comercial, cuyo éxito parece asegurado, y enlaza directamente con un concepto que algunas naciones de América Latina han olvidado en los últimos tiempos: la seguridad jurídica. Perú, Colombia, Méjico y Chile son socios fiables en los que invertir, cuyos gobiernos no emplean las nacionalizaciones como herramienta de legitimación ante sus ciudadanos, lo que sin duda alguna repercutirá positivamente en su crecimiento frente a lo que viene sucediendo, y es probable que se acentúe, en Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Lo dicho: cada está más claro que hay dos Américas Latinas, con más diferencias que semejanzas.

Impacto político

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Los incentivos económicos pueden mucho y el free-rider mantiene su no rumbo impasible frente a cualquier tipo de racionalidad. Aquí no se mueve nada hasta que no percibamos si esa maquinaria de subvencionar que es Europa va a cerrarnos o no el suministro de euros y avales. Los cambios en el sistema político español, por tanto, pueden esperar. El artefacto constitucional español, no diseñado expresamente para servirse de Europa, ha encontrado en esta su última esperanza de salvación. Ese es el auténtico rescate, el del modelo parasitario español.

Mucho se ha escrito sobre la estructura del Estado de las autonomías, pero poco acerca de su más clara función. No es un sistema para romper la nación, aunque tensiones para hacerlo sí aparecen, si bien lo cierto es que ni de lejos llegan a contemplar un secesionismo real. Las tensiones nacionalistas son solo una extorsión, un modo de vivir a costa de la España productiva. El reparto territorial del poder en autonomías, con su espectacular, por incongruente y alambicado, tejido de competencias cruzadas, superpuestas y combinadas no es más que un disfraz político y jurídico para la pervivencia de lobbies políticos, sindicales y empresariales para los que España es el ente de quien viven.

Es habitual que se configure el Estado de esta forma. No puede mantenerse un complejo aparato de poder sin su reparto de prebendas pues, en última instancia, la tan manida y venerada legitimidad se basa en la percepción de que los diferentes individuos agrupados, que son la ciudadanía, no son más que la suma de lo que unos obtienen como beneficio del modelo y lo que otros creen obtener tras el imprescindible aparato de condicionamiento mental y temor al castigo. En esto último juega siempre un papel importante el atávico instinto tribal más o menos sublimado, pero ese es tema de otro análisis.

Lo que resulta novedoso en el sistema español es que se basa no en comunidades seudofederalistas ni en su motor separatista, sino en la reivindicación de la autonomía y la amenaza de segregación. Y nada más. El Estado fantasmal en que nos movemos tiene una sólida amalgama que no es otra que las ingentes cantidades de recursos que los grupos de presión institucionalizados en el Título VIII solo logran mediante la extorsión centrífuga. Ni van más allá para que su fuente de recursos no deje de serlo, ni bajan la guardia para que esos mismos sigan fluyendo.

Y en esto llegó la Gran Recesión, y aunque haya mandado parar, la ingente fiera parásita ha encontrado una posible salvación en el rescate, en este y en los que aún nos vayan a sobrevenir. "España es el problema y Europa la solución", dijo Ortega, y hoy hubiera dicho: la España autonómica es la impostura y Europa su perpetuación. Sin la expectativa de más Europa, el sistema territorial que sufrimos es inviable porque no hay recursos suficientes en una nación escasamente competitiva para satisfacer el hambre canina que lo caracteriza. Y como la solución de la responsabilidad fiscal completa es rechazada por las élites nacionales tanto como por las autonómicas, se acude a Europa.

En ella están todas las miradas puestas, de ella lo esperamos todo. La cohesión nacional depende de que haya más Europa, más eurobonos, más fondos estructurales y más mandangas fritas. En fin…

Otro rescate era posible

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Dijo en una ocasión Warren Buffett que sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. La inundación crediticia vivida durante los años de la burbuja invitó a buena parte del sistema financiero español a despojarse de su ropa. Todos los desmanes quedaban cubiertos por esa riada monetaria que lo cubría todo. El pinchazo de la burbuja puso en evidencia que una parte del sistema financiero español iba con sus vergüenzas al aire. Pero un Gobierno encastillado en la negación de cualquier problema económico y un Banco de España altamente politizado pusieron su empeño en encubrir la desnudez del sistema, disfrazándolo del "mejor sistema financiero del mundo". Tras cuatro años tapando a duras penas una insolvencia cada vez más evidente, el Gobierno de España ha decido levantar la mano ante Europa y el mundo, y solicitar un rescate para la banca.

La evidencia de que el Gobierno iba a pedir un rescate era que no hacía más que negarlo. Todo lo que se niega públicamente termina, tarde o temprano, aprobado por un Consejo de Ministros. Y en este caso, el rescate se niega incluso mientras se confirma. Tal fue la pose del Ministro de Economía, Luis de Guindos, al comunicar que los bomberos de Bruselas llegaban con sus mangueras crediticias "para dar apoyo financiero", especificando que "no tiene nada que ver con un rescate". El caso es que Europa sale al rescate de la banca española ante la imposibilidad del Gobierno de taponar la herida dados los problemas que tiene el propio Estado para financiarse. Por tanto, los fondos de rescate europeos, el ESFS y el ESM, ponen a disposición del Gobierno mediante el FROB una línea crediticia de 100.000 millones de euros para la recapitalización del sistema financiero. Ésa es la forma que tiene el salvavidas que generosamente nos lanzan desde Bruselas. Es, finalmente, el contribuyente europeo quien pagará los platos rotos de una crisis financiera de marcados tintes políticos. Y no lo dude: será el contribuyente español quien, a la larga, acabará soportando esta carga.

Una cosa es importante mencionar: no está podrido todo el sistema financiero español. Hay ciertos bancos españoles que están entre las entidades más solventes y más rentables del mundo. Son bancos que han apostado por la internacionalización, por la diversificación y por una estrategia relativamente conservadora. Para estos bancos, el rescate público supone una suerte de competencia desleal que penaliza la mejor gestión de sus riesgos. Sin embargo, por otro lado queda una constelación de entidades, principalmente cajas de ahorros, que funcionan con respiración asistida. Son entidades que han servido, en la mayoría de los casos, de brazo financiero del poder político regional. Y no se ha encontrado mejor solución para tratar de esconder las vergüenzas políticas de estas cajas, que proceder a fusionarlas sin mucho análisis para terminar creando unas manzanas podridas demasiado grandes para quebrar. El problema financiero que vivimos es otra demostración más, en definitiva, de que no hay peor gestor que un político español.

El asunto de fondo es que la intervención financiera europea en España no es otra cosa que dos rescates en uno. Es un rescate por parte del contribuyente a esas entidades politizadas incapaces de permanecer solventes por sí mismas. Pero también es un rescate al propio Gobierno. El hecho de que tenga que intervenir la Unión Europea inyectando dinero al FROB es la manifestación palmaria de que el Estado español, tras cuatro años de estricta política keynesiana y déficit desbocado, está al borde de la bancarrota. La no intervención de Bruselas es probable que hubiera obligado al Gobierno español a rescatar a la banca, y, acto seguido, a pedir ayuda a Europa.

Confirmado el rescate a la banca española, e indirectamente al Estado, por parte del contribuyente europeo, cabe hacerse una incómoda pregunta: ¿existía otra alternativa? Es cierto que en un sistema de banca con reserva fraccionaria, dinero fiduciario y banca central, la quiebra de una entidad financiera de cierto tamaño puede provocar el colapso del sistema de pagos de la economía como por arte de magia. Esto sucede por la naturaleza puramente ilíquida con la que opera la banca de reserva fraccionaria, por la que el dinero corriente de la población está en su mayoría inmovilizado en inversiones y préstamos a determinado plazo y riesgo. Pero, ¿significa esto que no hay otra alternativa que hipotecar al maltrecho e inocente contribuyente? El Instituto Juan de Mariana, a raíz de la nacionalización de Bankia, publicó una nota en la que expone una alternativa de rescate financiero más respetuosa con los contribuyentes, más eficiente y mucho más justa.

Dicha alternativa, denominada recapitalización interna o bail-in, se divide en dos pasos. El primero es que los accionistas, como los de cualquier otra empresa que quiebra, pierden su inversión. Esto es lógico, y necesario, en un sistema capitalista. Al igual que los accionistas son quienes cosechan beneficios cuando las cosas se hacen bien, también tienen que sufrir las pérdidas cuando se hacen mal. De lo contrario, el sistema de incentivos lógico de una economía de mercado quedaría triturado, enviando el mensaje de que lo mejor es asumir cuantos más riesgos, mejor. El segundo paso es la conversión de aquellos pasivos a más largo plazo y a más riesgo, como la deuda subordinada, en fondos propios de la entidad. De esta manera, los acreedores que apostaron por la entidad corriendo más riesgo, y obteniendo más rentabilidad, pasarían a ser los nuevos dueños de la entidad, recapitalizándola totalmente y dejándola solvente y lista para volver a generar beneficios.

Al final, la obsesión política por colocar la carga de todos sus errores sobre los hombros de los contribuyentes ha podido sobre la aplicación de mejores y más eficientes sistemas de recapitalización financiera. Nuestros gobernantes tienden a optan por políticas que penalizan a los ciudadanos, introducen riesgo moral y deterioran la eficiencia de aquello que tocan, hasta llegar a la humillación ciudadana someterse a un rescate internacional. En esas estamos. Que no sirva, al menos, para que la falsa sensación de respiro relaje a las autoridades españolas, y las invite a dejar de hacer las reformas que la economía necesita para estar saneada y ser de nuevo productiva.

Xavier Sala i Martín tiene poco de liberal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Anonadado me he quedado con algunas de las propuestas lanzadas por el economista catalán Xavier Sala i Martín para hacer frente a la crisis de deuda europea. El profesor, que dice ser liberal, ha elaborado un detallado listado de 25 medidas para combatir los cuatro problemas básicos que aquejan a Europa: sistema financiero; deuda y déficit público; falta de crecimiento; y el posible divorcio de Grecia. Sin embargo, curiosamente, algunas de sus ideas en poco o nada se diferencian de las defendidas por los socialdemócratas y socialistas europeos con lo que, en realidad, lejos de contribuir a la salida de la crisis su implantación sentaría las bases de una crisis similar en el futuro. A continuación, analizaremos algunas de estas propuestas.

Sistema financiero

“El sistema financiero europeo debe ser auténticamente europeo: con un Banco Central Europeo y una moneda europea no es suficiente. Es necesaria una regulación común, un fondo de garantía común, un supervisor común y un recapitalizador común”, según Sala i Martín.

En concreto, aboga por crear una institución supervisora europea permanente que sustituya al “desacreditado Banco de España en sus tareas de supervisión”. Vaya, curiosa propuesta, como si la mera creación de un nuevo órgano burocrático a nivel comunitario fuera factor suficiente para corregir los problemas estructurales que padecen la regulación y supervisión bancaria en manos del Estado. Una simple transferencia de competencias no cambiará absolutamente nada. Ni el BCE ni la autoridad bancaria europea (EBA) podrían garantizar que se reprodujese una crisis similar en el futuro. No en vano, fue la política monetaria de Trichet la que sentó las bases de la burbuja inmobiliaria en España, mientras que los famosos stress test aplicados a las grandes entidades europeas acabaron resultando en un absoluto fiasco pese a la supervisión comunitaria.

Sala i Martín parece, pues, ignorar la raíz de las crisis financieras: la expansión del crédito bancario sin necesidad de respaldo real (ahorro) como resultado de la reserva fraccionaria; o la laxa política monetaria que propició el BCE y la FED manteniendo los tipos de interés muy bajos durante excesivo tiempo, origen de la burbuja inmobiliaria en EEUU, Irlanda o España; o el descalce de plazos estructural que padece el sistema financiero internacional, que lo aboca a un riesgo constante de insolvencia. Ninguno de estos tres puntos ha sido ni será corregido por las autoridades monetarias y reguladoras, sean éstas españolas, europeas o estadounidenses.

Por otro lado, el economista defiende crear un Fondo de Rescate Europeo para los bancos, así como un Fondo de Garantía de Depósitos comunitario. ¿Y? ¿Es que acaso existe alguna diferencia entre la socialización de pérdidas a nivel nacional e internacional? La inmoralidad e ineficacia de esta práctica es idéntica en uno u otro caso. Sin embargo, el rescate privado de la banca, sin necesidad de aportar un euro del sufrido contribuyente, no es una opción -o al menos una aspiración realista y defendible- para el catalán. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de transformar deuda bancaria en acciones, obligando así a que los acreedores de la entidad insolvente se conviertan en los nuevos propietarios, con las consiguientes pérdidas para los actuales accionistas (bail-in frente a bail-out). Mientras, en cuanto al Fondo de Garantía Europeo parece ignorar la diferencia esencial entre un depósito (préstamo del cliente al banco) y una cuenta corriente a la vista que, en la práctica, también supone hoy en día un préstamo al banco gracias a la reserva fraccionaria, lo cual es claramente ilegal (el cliente debería pagar si lo que quiere es que el banco guarde su dinero sin usarlo para conceder créditos). La corrección jurídica de este último punto haría innecesario garantizar los depósitos, ya que éstos no serían prestados -el banco ejercería de guarda y custodia de estos fondos-.

También propone introducir un impuesto sobre la deuda bancaria para penalizar a las entidades más apalancadas, desincentivando su excesivo endeudamiento. Nuevamente, Sala i Martín se centra en combatir los efectos no las causas de este fenómeno, que no es otro que el descalce de plazos -las entidades se endeudan a corto y prestan a largo, cayendo así en una iliquidez permanente que hace imprescindible contar con un prestamista de última instancia (banco central)-.

Deuda pública y déficit

En este ámbito, el economista defiende la unión fiscal europea para, posteriormente, crear los eurobonos (deuda común europea) e incluso que el BCE compre directamente deuda periférica para reducir la prima de riesgo de los países en problemas. ¡Grave error! La unión fiscal significa, ni más ni menos, que homogeneizar la presión tributaria a nivel europeo, es decir, que el reducido Impuesto de Sociedades irlandés se suba hasta el nivel que padecen las empresas alemanas y francesas o que el IVA español se equipare al portugués -más alto-. Se habla de unión fiscal cuando, en realidad, se trata de incrementar aún más los impuestos que sufragan los europeos, y ello sin contar que tal monstruosidad borraría de un plumazo la sana competencia tributaria del Viejo Continente. En tal caso, y puesto que Sala i Martin apuesta por un superestado supranacional, el voto con los pies de los contribuyentes obligaría ya no emigrar a otro país sino a otro continente.

En cuanto a los eurobonos, esa aberración jurídica que tan denodadamente defienden ahora Francia, España, Italia o Portugal (los díscolos de la UE), solo decir que supondría trasponer el nefasto sistema de financiación autonómico a nivel europeo. Sobran los comentarios al respecto, pues se resume en una frase: que paguen los contribuyentes del norte los excesos cometidos por los países del sur. Y sobre que el BCE compre deuda al estilo de la FED, tan sólo señalar que, en última instancia, socavaría el propio euro, ya que el balance del emisor se llenaría de activos tóxicos (deuda periférica). Además, el hecho de que la prima de riesgo esté alta es bueno para los países en problemas, ya que obliga a sus políticos a hacer las reformas y ajustes precisos para corregir sus deterioradas finanzas y su endémico crecimiento.

Por último, Sala i Martín propone posponer los objetivos de déficit público uno o dos años, tal y como defienden Rubalcaba, Cayo Lara y Rajoy, muy liberales todos ellos. Olvida el economista que retrasar el imperioso ajuste fiscal implica dificultar la recuperación económica. Los países bálticos recortaron de forma drástica el gasto público en 2008 y 2009, hoy son los únicos países que crecen a nivel europeo.

Crecimiento

Para fomentar el crecimiento, defiende aplicar reformas estructurales -nada que objetar- pero, asimismo, apuesta por reducir aún más los tipos de interés en la zona euro -del 1% actual al 0,25%-; que Alemania y los países del centro sufran una inflación alta para fomentar las exportaciones de la periferia; y que el Banco Europeo de Inversiones financie, con dinero público, más infraestructuras en los países problemáticos. Medidas todas ellas propias del monetarismo más obsoleto y del keynesianismo más contraproducente. Uno, bajar tipos no ha solventado ni solventará nada, de hecho, desincentiva el desapalancamiento de los agentes y retrasa la recuperación; dos, la clave no es crear inflación artificial en el centro sino liquidar las malas inversiones, fomentar el ahorro y flexibilizar las economías del sur para cambiar sus estructuras productivas y volver a generar riqueza cuanto antes -el problema, señor Martín, no es de demanda sino de oferta-.

Grecia

Por último, en cuanto a Grecia, dice que el BCE y los líderes de la eurozona deben garantizar que “por la puerta del euro solo saldrá Grecia”, haciendo pues todo lo posible para evitar “ataques especulativos” contra España, Portugal e Italia. Es decir, la Eurozona debe “garantizar” que va a poner todo el dinero necesario. Una vez más, discrepo. Mucho me temo que si España no hace los deberes, tarde o temprano, también saldrá. No hay posibilidad de evitar tal salida, que, por otro lado, es una decisión unilateral de cada país ya que no existen mecanismos de expulsión. Y ello, con independencia de que se ponga ahora más o menos dinero. Para terminar, una nota al pie: los mercados no “atacan”, se defienden, señor Martín. Su exposición de 25 puntos la firmaría cualquier socialdemócrata europeo, lo cual me hace pensar que su supuesto liberalismo es mucho más endeble de lo que pensaba. Toda una desilusión.