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La verdadera reforma del Estado español

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Tal y como van las cosas en la economía española, las reformas del gobierno se revelan insuficientes y los recién presentados Presupuestos Generales resultan poco austeros para lo que hace falta. Obviamente, la sensación general es la contraria. Pero este espejismo se debe a la propaganda del Gobierno, a los ataques del tipo "disparen contra todo lo que se mueva" de la izquierda, y también a que los ciudadanos comparamos de alguna manera con lo que teníamos hasta ahora. Y, es verdad que, comparado con lo anterior, hay cierto cambio. Pero profundizando en las medidas tomadas, no se trata de un cambio tan drástico.

En cualquier caso, no se ha cogido el toro por los cuernos aún. A saber: si antes del año 1978 el peso del Estado en nuestra economía era menor al 25% del PIB y ahora está en tormo al 50% del PIB, hay algo que no marcha como debería. Los españoles soportamos en nuestras espaldas una carga doble, pero nuestra economía, nuestra espalda, no ha crecido el doble. No somos capaces de aguantar tan pesada carga más. Hay que reformar ese Estado.

En este sentido se presentan dos soluciones. Una es desmantelar el Estado de las autonomías y volver a centralizar servicios transferidos, cerrar instituciones duplicadas, despedir funcionarios autonómicos, etc. La segunda es dar paso a un verdadero Estado Federal, en el que cada palo aguantaría su vela, es decir, se transferiría también la capacidad recaudatoria, los ingresos y gastos se descentralizarían aún más, y el gasto del Estado Federal quedaría reducido a un "minimo minimorum". Y, por supuestos, nos olvidaríamos de la estupidez tan perniciosa de la "solidaridad autonómica". En Madrid, saldríamos ganando.

En ambos casos existe el peligro de volver a caer en corruptelas, enjuagues, cesiones políticas por motivos sospechosos, juegos de poder y todos esos vicios asociados a la planificación. Porque uno de los verdaderos y más dolorosos problemas de España es que no hay líderes políticos con arrojo suficiente, con imaginación, seriedad y honestidad a prueba de bomba que coordinen esa reforma. Sobre todo porque, para empezar, habría que plegarse a la realidad: se gobierna para unos ciudadanos (no a su costa), así que habría que plantear un referéndum y eso da pánico en este país. La razón principal es que, también por desgracia, no existe una verdadera ciudadanía capaz de decidir sin dejarse llevar por cantos de sirena. Por lo cual han florecido como champiñones en otoño todo tipo de cantamañanas, vendedores de crecepelo político, salvapatrias e iluminados tanto de derechas como de izquierdas en los medios de comunicación, que "tienen la solución". Nuestra ciudadanía debería estar dispuesta a dejarse de colores políticos y pensar hacia dónde hay que encaminarse, hacia una federación de Estados o hacia un Estado centralizado. Pero después de ver los resultados de las elecciones en Valencia y Andalucía, solamente por poner un ejemplo, uno se pregunta en qué estaría pensando esa gente cuando vota.

Probablemente pasen muchos años antes de que se llegue a plantear seriamente este tema. Sobre todo después de ver la "alergia" que produce entre muchos políticos la simple idea de retocar o cambiar la Constitución. Porque, desde luego, para que la reforma del Estado se diera, sería necesario sentarse y redactar una nueva Constitución, una en la que no hiciese falta tanta concesión a unos y a otros, una que no fuera de transición.

Plantear este cambio en medio de una crisis como la que tenemos encima puede parecer inoportuno, pero creo que, precisamente, es la ocasión perfecta. Porque el barco zozobra más de lo que nos podemos permitir, y el lastre estatal es insoportable para todos.

No tengo ninguna confianza en que esta reforma se pudiera dar en serio. Ni tampoco creo que, dado el carácter español que sigue tratando de sacar lo que pueda de cuanta ubre se le cruza, esa reforma significara una mayor libertad real, una reconquista de la responsabilidad individual en la medida de lo posible. Pero no es porque no sea factible, no porque sea una utopía, sino porque la mayoría de los españoles prefiere la jaula de oro a cambio de la ilusión de una falsa estabilidad.

Una jaula que hoy por hoy pesa demasiado y nos está llevando hacia un abismo.

De votos y corruptos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los pilares básicos del movimiento del 15M fue y sigue siendo la lucha contra la corrupción política. Los autollamados "indignados" se han manifestado y concentrado por toda España pidiendo, entre otras cosas, el fin de esta lacra. También han demandado una mayor transparencia de las administraciones públicas y una participación popular más destacada en las decisiones políticas, así como una fuerte defensa del sector público frente al privado, llegando en sus posiciones más radicales a pedir la nacionalización de algunos sectores económicos. Si bien muchas de sus reivindicaciones son más consecuencia de su ignorancia económica que de las acciones de los corruptos, no dejan de ser un reflejo de las reivindicaciones de una parte de la sociedad.

La corrupción y la política parecen quitar el sueño a los ciudadanos. Según los últimos barómetros del CIS, después del paro y los problemas económicos, las principales preocupaciones de los españoles eran la clase política, los partidos, la corrupción y el fraude. El porcentaje de preocupación por la corrupción y el fraude se había duplicado entre los encuestados del 6% en diciembre de 2011 al 12,3% en enero de 2012, pero había vuelto a caer al 8,6% en febrero de este año. En todo caso, seguía siendo la cuarta razón de preocupación. Durante los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado como las setas después de un chubasco. Y cuando las encuestas indican que algo se percibe como un problema, los políticos se ponen nerviosos y hacen cosas. Muchas veces, a tontas y a locas.

A los casos más mediáticos, como Gürtel, los ERE falsos de Andalucía, las sospechosas actividades de la familia del ex presidente andaluz y ex ministro Manuel Chaves, las oscuras actividades de José Bono o las no menos polémicas actividades del ex ministro José Blanco, así como las del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, hay que añadir otras con más tradición, como las falsas peonadas del PER, o más novedosas, como algunas primas que no debían ser cobradas en torno a las renovables o los típicos fraudes y corruptelas en torno a la construcción, las promociones inmobiliarias, las comisiones exageradas, los presupuestos que se disparan sobre las cifras iniciales, los aparentemente elevados sueldos de los políticos y sus privilegios, etc.

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su programa la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares de acción y ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Transparencia que pretende atajar el desmadre que percibimos. La citada ley permitirá a los ciudadanos acceder mejor a la información pública (aunque no totalmente), reclamar ante el silencio administrativo, limitar los regalos que puedan recibir los altos cargos de la Administración en condiciones ventajosas o que superen la cortesía, o imponer castigos ante infracciones presupuestarias. Lo primero que viene a mi cabeza es qué tipo de moral retorcida tienen nuestros dirigentes para que estas cosas, que debían formar parte de su moral más básica, se tengan que poner en una ley porque son incapaces de interiorizarlo. Si los políticos y los altos cargos de la Administración son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿estamos ante una sociedad enferma?

Me surge una duda: ¿realmente están los ciudadanos tan en contra de la corrupción o de lo que están en contra es de que ésta beneficie a ciertos grupos que no son de su agrado? También es posible que cada persona tenga su propia percepción de la corrupción y, lo que para unos es un caso flagrante, para otros no lo es tanto o incluso no lo es para nada. Sólo de esta manera se podría entender cómo es posible que una Comunidad Autónoma como la andaluza, donde los casos de corrupción económica y política surgen día sí, día también, vote con tanto ánimo a un partido como el PSOE, que sigue en el poder desde que en Andalucía se vota. Ni los excesos del PER ni los ERE ilegales ni la corrupción de sus dirigentes han desviado el voto a otras opciones más moderadas de la izquierda, que las había, como UPyD. ¿Tenemos en España una percepción tribal de la política, de los míos frente a los tuyos?

Una última reflexión. Decía el clásico que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Estado de Bienestar, que ahora gustan llamar "social", es un modelo político que, sistemáticamente, cede el poder que los ciudadanos tienen de afrontar y solucionar sus propios asuntos y problemas a los políticos, que dejan de ser meros gestores de asuntos públicos y se convierten en generadores de derechos positivos, pero sobre todo, en defensores de los privilegios de algunos grupos con poder o amparados por él. ¿No puede ser que el propio sistema, un acumulador de poder, favorezca la corrupción, la apropiación de bienes públicos o el uso indebido de los mismos? ¿No podría ser que el propio sistema sea el corrupto y los corruptos, una mera consecuencia lógica?

La Trampa de la Igualdad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Imaginemos a una mujer titulada en un ámbito de conocimiento que encuentre una gran demanda de trabajo. Nuestra mujer se especializa y adquiere experiencia suficiente como para sentarse frente a su viejo o potencialmente nuevo empleador y “exigir” determinadas condiciones salariales.

¿Qué sucede si el Estado convierte el logro competitivo de la mujer de nuestro ejemplo en un “derecho” para todas las demás?

Nos han querido adoctrinar en la idea de que las conquistas individuales de unos cuantos, incluso los de la mayoría, deben ser homologados como mínimo coactivo que afecte al resto de individuos. Los mal llamados “derechos sociales” no son sino una extensión artificial y forzosa de condiciones que determinados trabajadores conseguirían “fácilmente” negociando con su empleador en el mercado.

¿Cómo beneficia esta extensión de determinadas condiciones laborales “mínimas” a quienes por su productividad o especialización no llegarían a alcanzarlas en el mercado?

Un trabajador cuya aportación al valor de lo producido sea tan baja que resulte perfecta e inmediatamente sustituible por casi cualquier otro trabajador sin importar su experiencia o especialización, nunca conseguirá superar cierto nivel salarial (ni siquiera, como veremos merced del  intervencionismo o la acción sindical).

No debemos ver lo anterior como una desventaja, sino como una consecuencia inevitable de las circunstancias personales y económicas de ese trabajador. No obstante, en un mercado libre, sin barreras artificiales a la contratación y la fijación y aceptación de salarios y condiciones, el trabajador menos productivo, aun cuando se quedase en el paro consecuencia de un embarazo, por ejemplo, tendría prácticamente garantizada su inmediata reincorporación al mercado laboral en idénticas o muy similares condiciones a las que ya disfrutaba. Es decir, el trabajador marginal, en un mercado libre, encuentra una ocupación relativamente bien retribuida mucho más rápido de como la pierde.

Ahora vayamos a un mundo donde tanto a una mujer como a su empleador se les obliga a asumir los costes inherentes a condiciones laborales alcanzadas libremente por la primera protagonista de nuestra historia. Obviamente, la incertidumbre que suscita la posibilidad de una baja de maternidad es un coste que, estando el empresario “forzado” a asumirlo, va en demérito de la contratación de mujeres fértiles en competencia con hombres. Lo anterior ocurrirá salvo que exista la posibilidad de descontar dicho coste del salario de cualquier mujer aparentemente fértil que oferte sus servicios al empleador en cuestión.

¿Qué sucederá si una trabajadora no es capaz de contribuir lo suficiente al valor del bien o servicio producido, como para descontar dicho coste, y al mismo tiempo, deban cumplirse el resto de mínimos imperativos? Muy sencillo, directamente no será contratada.

Lo que al principio parecía una buena decisión (generalizar por ley las condiciones de la mujer más productiva), se ha convertido en la condena de las trabajadoras más débiles o marginales. Pero no se queda aquí el mal generado por esta intervención. El resto de mujeres (las que sí pueden asumir con su productividad este coste impuesto, entre otros) verán que, a pesar de todo, estarán suscitando muchas más reticencias que sus competidores masculinos en el momento de ser contratadas. Esto, que en un mercado libre sucedería para un reducido número de casos, en un ámbito de intervención se convierte en un estigma general. Una excesiva cautela inducirá al empleador a esquivar la contratación de mujeres fértiles cuando existan hombres con similar capacidad.

¿Qué hace el Estado ante este panorama? Redistribuir. Subvencionando la contratación de mujeres cree el legislador laboral que corregirá las desventajas artificiales previamente generadas por culpa de la extensión coactiva de “derechos”. Con bonificaciones a la cuota a la seguridad social lo que se consigue es reducir el coste que el empleador soporta contratando a alguien, es decir, el Estado tolera salarios inferiores por la puerta de atrás, a cambio de mantener el resto de condiciones, incluido el neto percibido por el trabajador (que es sólo un espejismo del salario real). ¿Quién soporta el coste que ello comporta? La respuesta es sencilla. El resto de trabajadores, los que sí cotizan al 100%, que con cargo a su salario real estarán pagando las “conquistas sociales” de todo aquel que sea incapaz de producir por encima del sobrecoste que, arbitrariamente, la ley establece.

En primer lugar, se pretende generalizar condiciones que libre y previamente sólo algunos trabajadores han conseguido en el mercado (a medida que aumente el capital invertido per cápita, las conquistas se irán generalizando de forma espontánea y sin necesidad de intervención, tal y como ha venido sucediendo en los últimos dos siglos). En segundo lugar, y a la vista de la precaria situación en la que dicha intervención coloca a los trabajadores menos productivos y especializados, o cuyas circunstancias personales les impiden implicarse profesionalmente tanto como lo haría un hombre, el Estado decide subvencionar su contratación.

Las consecuencias que ello tiene para el caso de las mujeres son principalmente dos. Las mujeres fértiles acudirán estigmatizadas al mercado laboral. Pero es que además, y dado que nadie regala nada, únicamente será contratada aquella trabajadora que supere con su aportación al valor de lo producido el coste que debe anticipar el empleador en forma de salario. Las que no lo hagan, exclusivamente a través de subvenciones, directas o en forma de bonificación, lograrán un puesto de trabajo. Es decir, los más productivos verán como una parte considerable de su salario se redistribuye en forma de políticas activas de empleo.

Día de huelga

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

29 de marzo. Día de huelga y de lucha de clases. No por anacrónico, al margen de la actualidad. Los sindicatos de clase tan hartos están de que el gobierno quiera "acabar con todo, con los derechos laborales y sociales" que optan por llevarse por delante derechos –de los de verdad, en sentido negativo– de quienes osan cruzarse en su camino.

La reforma laboral aprobada por el Partido Popular el pasado febrero ha sido el detonante del clamor de los sindicatos contra políticos y empresarios. Los términos han ido cambiando algo con el paso de los años. De proletariado se ha pasado a ese otro, más suave, pero igualmente engañoso, como es trabajador. Como si trabajador no fuera un autónomo, un empresario, un capitalista o cualquier otra figura productiva.

Las formas, algo han ido cambiando, aunque más bien poco. El trasfondo es el mismo. Todo este lenguaje, cuya violencia aquellos que lo profieren no hacen demasiado esfuerzo por ocultar, nos retrotrae a Marx y su flamante apuesta contra el capitalismo. Con todo, reconoció del capitalismo que era un paso necesario en el camino hacia el estado ideal que finalmente se alzaría, el comunismo, al cual se llegaría por la vía de la lucha de clases. Con ello, llegaría el fin de la historia. El paraíso en la Tierra.

Así pues, la suya fue una teoría explicativa de la crisis del capitalismo. Sus miles de páginas así lo atestiguan. Son varias las teorías de Marx que se entrelazan para explicar un mismo final, el del capitalismo.

Böhm Barwerk mantuvo una acerada polémica con él a cuento de la teoría de las plusvalías marxista, lo que quedó plasmado, entre otros, en el primer volumen de Capital e Interés, dedicado a la teoría de la explotación (también en otro escrito posterior: "La conclusión del sistema marxiano"). El empresario, según Marx, se apodera de las plusvalías del trabajador. Dicho de otro modo, las ganancias del empresario proceden del esfuerzo, se diría que físico, del trabajador. Rapiña y se apropia de su trabajo al tiempo que le mantiene con un salario de subsistencia. Este discurso no es nada lejano a lo que escuchamos en la actualidad. No nos es ajeno, y menos estos días en que empresarios o banqueros están el punto de mira (y de ira) de los sindicatos.

La respuesta del discípulo de Menger no se hizo esperar. La remuneración de un asalariado está en función de su rentabilidad marginal esperada. Y es esperada en tanto que todo proceso productivo requiere de un período de maduración. El capitalista adelanta las remuneraciones a los integrantes de la empresa con la esperanza de que la rentabilidad del proyecto responda a sus expectativas iniciales. Aplica, pues, un tipo de descuento, que no es otra cosa que su coste de oportunidad o, dicho de manera más sencilla, la tasa de beneficio que espera obtener.

Asimismo, el asalariado se mueve en un mercado. El empresario pagará como máximo la parte que se corresponda con el rendimiento marginal esperado, pero si hay gran abundancia de trabajadores con equivalente especialización, competirán entre ellos con fuerza y los salarios seguramente tiendan a la baja. Al revés, si se han especializado en una actividad con futuro, donde hay pocos profesionales con formación equivalente y hay una importante demanda de éstos, la empresa pujará con mucha intensidad por ese recurso escaso e impulsará las remuneraciones al alza, teniendo como tope el rendimiento marginal que espera obtener con su contratación.

Otro problema en la teoría de Marx y que Böhm Bawerk destapó es la aplicación de una teoría objetiva del valor, que provenía de clásicos como Ricardo, de tal forma que la remuneración de un asalariado deba estar en consonancia con la cantidad de trabajo aportada. Este objetivismo lleva al absurdo de que con tal de echar horas de trabajo físico a una tarea la remuneración debería ser máxima. Pero todos hemos escuchado este tipo de quejas en los bares: "Estos jugadores del Atlético son unos mercenarios que no sienten los colores y cobran millonadas mientras no dan un palo al agua". Cuánto trabaja en horas un futbolista. Sinceramente, creo que no mucho. Hoy día, creo que dedican más tiempo a la peluquería o a ponerse tatuajes. Cuál es el rendimiento real del jugador citado: ya vemos que la misma afición piensa que más bien flojo.

Pero, año tras año, las esperanzas llevan a que el rendimiento económico esperado por el empresario (quién lo es en el Atlético…) sea alto y por eso remunera mucho al jugador. Los mismos aficionados lo reconocen: "en el fondo, somos nosotros quienes propician esto; deberíamos dejar de ver partidos". Pero el fútbol es adictivo. El club está dispuesto a pagar mucho porque son muchos los aficionados del Atleti que pagan entradas o televisiones que pagan derechos de emisión o publicidad… Vemos que es la demanda quien tira de la oferta en la formación de los precios del factor trabajo. No si trabajan mucho o poco: los jugadores de segunda división seguramente dediquen las mismas horas.

En el caso del fútbol, como la cantidad de jugadores de primer nivel es limitada y el servicio que dan al público muy deseado (hay una gran demanda de partidos de fútbol), habrá poca competencia de jugadores de calidad y mucho margen para que el empresario puje por los jugadores pagando salarios crecientes. Son los jugadores quienes, por así decir, tienen la sartén por el mango. Es éste tan sólo un ejemplo, como miles de ellos los hay en el mercado de trabajo. Pero es un ejemplo en que las plusvalías apoderadas por el capitalista o empresario no se vislumbran por ningún lado y en el que la remuneración no atiende a factores objetivos (sino a los subjetivos de amor a unos colores, pagando en consecuencia). ¿Falcao puede considerarse explotado por Cerezo cuando el primero cobra mucho más (y supongo trabajará menos horas) que el segundo? Cualquier teoría debería ser general.

Que fuera algo objetivo la remuneración del trabajo haría mensurable y, por ende, casi diríamos que planificable la economía. Tanto trabajas, tanto vales. No nos extraña vista la ideología de la que parten estas aseveraciones científicas. Es por ello que el mercado se ve con extremo recelo. El mercado es el consumidor (y el productor). Cuando se habla de "soberanía del consumidor", por más que el término sea más o menos feliz (hay discusiones algo bizantinas al respecto), se hace hincapié en un primer elemento que caracteriza al consumidor. Su capacidad de decidir a quién compra, qué adquiere y qué deja de adquirir y por cuánto. El productor está subordinado a él. Repentinamente, el consumidor deja de sernos fiel. Encuentra un proveedor que atiende mejor sus deseos, necesidades, caprichos… y cambia. El productor anterior deja de tener mercado, así, de un día para otro. Algo que ya explicó Mises con sabia ilustración en la Acción Humana.

Paralelamente, se ven afectados los factores productivos insertos en ese proyecto. Si esos factores productivos, trabajadores, locales comerciales, computadores, tienen salida en un mercado vivo, con suficiente demanda, el resultado de la infidelidad de los clientes habrá afectado al empresario principalmente, que deberá liquidar la empresa o reinventarse. Pero los factores tendrán fácil reubicación en nuevos fines empresariales y no habrán caído de valor.

De no tener fácil reubicación, probablemente estemos ante una crisis de ese sector, que ha empleado factores muy específicos ahora difícilmente reconvertibles (por ejemplo una grúa o un futbolista -si el fúbol dejara de gustar…-), o una crisis más honda de la economía. En estos casos, sobre todo, el segundo, el consumidor deja de comprar de manera generalizada, aunque siempre se deshace de unos bienes más que otros (vivienda o coches se demandan menos), siendo además unos bienes sustituidos por otros (Mercadona frente al Corte Inglés).

En resumen, el consumidor es infiel y caprichoso, y no siempre tiene la misma capacidad de compra (como ahora, en esta crisis), lo que pone al sector productivo en situación de alarma. Casi todas las visiones y teorías sobre la realidad tienen sus posos o cuota de verdad.

Es cierto que lo primero, la infidelidad, crea incertidumbre, pero al mismo tiempo un universo de posibilidades inimaginable. Hablamos de la "destrucción creativa" de Schumpeter. Efectivamente, el consumidor infiel lo es porque pasa a aceptar una propuesta de valor alternativa que le satisface mejor una necesidad. Sólo gracias a ello surge una sana competencia por hacerse con el favor del consumidor y miles de mentes de empresarios e investigadores se afanan en crear una gama creciente y variada de bienes y servicios a precios decrecientes. Sólo así podrán encandilar al consumidor.

El segundo elemento, el de la capacidad de compra del consumidor, nos lleva de lleno, dado el sistema financiero de los países occidentales, a los ciclos económicos. No en vano, parte de la volatilidad de las compras de los consumidores se debe al efecto que tienen en los hábitos de compra y endeudamiento los ciclos en su fase alcista. Pero en la fase de auge poco importan a sindicatos o gobierno situación y costes laborales. Todo es jauja, pleno empleo de factores, mucha producción y consumo… El problema viene cuando da la vuelta la tortilla y el consumidor deja de consumir tanto (por falta de ingresos estables, devolución de deuda, etc.) y cambia hábitos por versiones low cost. El gobierno hace la reforma laboral para favorecer la creación de empleo y los otros pían contra empresas y banqueros (y gobierno).

La incomprensión de la izquierda de esta materia de los ciclos es generalizada y a ello dedicaremos, con la excusa también de Marx, un próximo artículo.

Las mentes con aversión a los cambios, a la libertad, a su propia creatividad en no pocos casos acaban abrazando teorías que, por erradas que sean, crean una falsa seguridad al dibujar un mundo estático, predecible, ideal. Un mundo sin sorpresas, por más que muchas de las sorpresas desagradables en la economía procedan de la intervención pública, ésa que iba a ser capaz de mantener todo el engranaje productivo estático y sin sobresaltos. Paradójico, ¿no?

La realidad es más fuerte que la ideología y cuando se pierde en el campo de la argumentación racional se suele acudir al mamporro y la demagogia para intentar prevalecer.

Carlos de Amberes

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

La Fundación Carlos de Amberes debe ser una de las más veteranas instituciones españolas de este tipo, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Me gusta recordar esas iniciativas privadas de "protección social" (como decimos ahora), que se llevaron a cabo muchos siglos antes de la intervención del poder público en este área. Y es que no hizo falta que se inventara la Seguridad Social para que bastantes personas, preocupadas por las condiciones materiales de sus conciudadanos, dotasen fondos para cubrir alguna necesidad que les parecía más importante: así surgieron hospitales, asilos de ancianos, escuelas, colegios universitarios, orfanatos o simplemente dinero para dotar a doncellas pobres y que pudieran casarse.

Esto puede sorprender a nuestra sociedad, acostumbrada a que el Estado se ocupe de tales actividades, generalmente con cierta ineficacia (sobre todo, comparada con iniciativas similares de gestión privada) y por supuesto siempre a costa de nuestros impuestos. Pero la historia nos enseña cómo ha sido perfectamente posible un orden espontáneo (con palabras de Hayek) en la cobertura de este tipo de carencias, pues también forma parte de la naturaleza humana esa preocupación generosa por el más débil.

Aquí se insertaría la obra fundacional de Carlos de Amberes, un ciudadano de los Países Bajos españoles, quien cedió en 1594 una serie de inmuebles para que a su muerte sirvieran de albergue y hospedaje a los pobres y peregrinos procedentes de las Diecisiete Provincias Unidas de Flandes que visitaban la Villa y Corte de Madrid.  La creación del Hospital de San Andrés de los Flamencos coincidió con el nacimiento de otras instituciones de caridad privada, como San Luis de los Franceses, San Antonio de los Alemanes o San Fermín de los Navarros. A la muerte de Carlos de Amberes en 1604, el arquero real Miguel de Frêne se encargó de materializar la idea del fundador poniendo el nuevo Hospital, instalado provisionalmente en una de las casas legadas, bajo la advocación de San Andrés, patrón de la nación borgoñona.

En 1621 se encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora un nuevo edificio en la calle San Marcos que albergase el Hospital y la iglesia en la que en 1638 se colgó el cuadro "El martirio de San Andrés" que Rubens pintó por encargo de Jan Van Vucht, uno de los benefactores que con sus legados y donaciones contribuyó a que se realizase el fin benéfico que perseguía la Fundación, y que hoy se puede admirar en la sede de la Fundación, en la calle Claudio Coello de Madrid. Aquí se llevan a cabo, desde 1992, una gama muy variada de actividades, que van desde exposiciones de arte hasta conferencias, seminarios, recitales de poesía o conciertos de música.

Les escribo todo esto porque a mediados de marzo visité una bonita muestra en torno al Toisón de Oro, una vieja Orden caballeresca fundada en 1430 por el duque de Borgoña Felipe el Bueno, cuya soberanía pasó a la Casa de Austria española desde el reinado de Carlos I, rey de Castilla y duque de Borgoña y Flandes. Allí se pudieron admirar muchos retratos de monarcas españoles luciendo esta insignia, de la que el Rey Juan Carlos ostenta su jefatura. Había también una selección de ropajes de ceremonia, libros de estatutos y otros objetos ceremoniales.

Y me acordaba de una interesantísima exposición anterior, que se completó con un Seminario Internacional, de la que también quiero hablarles: "Tiempo de Paces" celebrada en 2009 con motivo del centenario de la Tregua de los Doce Años (Amberes, 1609). Creo que el Catálogo de la exposición todavía está disponible, y allí se pueden disfrutar las fotografías de todo el material expuesto con ese motivo, junto a unos estudios introductorios de gran relevancia. No puedo dejar de señalar, por ejemplo, el texto de Bernardo J. García (profesor de la Complutense, y gran impulsor de estas actividades desde la Fundación): "Tiempo de paces", en el que se recuerda la importante influencia de nuestra Escuela de Salamanca sobre Hugo Grocio, quien precisamente publicaba también en 1609 su obrita Mare Liberum. Pues bien, este pionero tratado de derecho internacional recoge toda la doctrina de nuestros escolásticos sobre el ius gentium; lo que incluye el debate sobre la libertad de comercio y circulación en los mares frente a los monopolios o frente a las dinámicas de guerra económica, así como una crítica a las políticas proteccionistas.

Termino con una breve referencia al Seminario Internacional que señalaba: "El arte de la prudencia. La Tregua de los Doce Años", celebrado en Madrid ese invierno de 2009. Tuve la ocasión de presentar un estudio en torno a la influencia de la Escuela de Salamanca en el entorno de los Tratados de 1609, insistiendo en el gran conocimiento que tenía Hugo Grocio de las obras de los autores españoles, y particularmente de la doctrina de nuestros Doctores sobre la libertad de comercio y navegación por el mar. Conocimiento que usaría precisamente para defender la libertad de los mares en favor de los barcos holandeses que navegaban por las Indias al tiempo de la Tregua.

No es una extraña coincidencia que Carlos de Amberes fuera un contemporáneo de los doctores de Salamanca: su pequeña contribución para resolver un problema social es una bonita muestra de que la iniciativa privada suele anticiparse y, casi siempre, afrontarlos con mayor eficacia que el Welfare State. Esto me parece que está en consonancia con la defensa del comercio libre que propugnaba Francisco de Vitoria, las críticas a la manipulación monetaria que escribía Juan de Mariana, o las explicaciones sobre la formación de los precios en un mercado libre que explicaban Tomás de Mercado o Diego de Covarrubias.

El altruismo (I)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los seres vivos son agentes que operan en la realidad física, emplean recursos escasos, y guían su conducta mediante mecanismos cognitivos que incluyen distinciones y valoraciones acerca de cosas, estados, eventos y acciones (sensibilidad, preferencias, emociones, sentimientos).

Un agente puede hacer cosas exclusivamente para sí mismo (egoísmo), o puede hacerlas por el bien de otros (altruismo): conseguir comida para mí o para otros; protegerme a mí o defender a otros; aprender algo solo para mí o compartir el conocimiento. En un acto altruista un agente proporciona un beneficio a otro asumiendo un coste o un riesgo para sí mismo: un animal entrega alimento a otro (que él ya no puede consumir) o se pone en peligro para defenderlo.

El agente que se ocupa exclusivamente de sí mismo, que dedica todos los recursos disponibles a su propia supervivencia y desarrollo, tiene en principio ventajas evolutivas sobre el agente que asume costes en favor de otros; y los receptores de ayuda ajena tienen ventaja sobre quienes no reciben ninguna ayuda.

El altruismo unilateral e indiscriminado, de un agente que da a todos pero no recibe de nadie, es prácticamente imposible porque los agentes que lo intenten tienden a extinguirse, a eliminarse a sí mismos en la competencia evolutiva por la supervivencia: los parásitos o gorrones, que reciben sin dar, proliferan a costa de los ingenuos sacrificados, que dan sin recibir.

Puede existir el altruismo cuando es selectivo o recíproco: cuando se limita a ciertos beneficiarios de forma discriminatoria y excluyente; o cuando el altruista da pero también recibe. Frecuentemente la selectividad y la reciprocidad aparecen juntas: el agente ayuda a aquellos de quienes a su vez recibe ayuda.

La forma más esencial de altruismo selectivo sucede cuando un agente ayuda a otro agente idéntico o muy semejante: el beneficiario y el benefactor son elementos de la misma clase. Las especies cuyos miembros no sólo se mantienen a sí mismos de forma independiente sino que se ayudan unos a otros pueden ser especialmente exitosas o incluso dominantes. Los componentes de la especie deben alcanzar un compromiso sobre cuántos recursos dedican a su propio mantenimiento y cuántos a ayudar a otros, sopesando beneficios y costes.

Un caso particular especialmente importante de este altruismo selectivo es la reproducción, la generación de nuevos miembros o copias de la especie. Los organismos progenitores dedican algunos recursos (inversión parental) a la producción de las crías: estos recursos pueden ser mínimos, como una célula a partir de la cual el nuevo organismo debe valerse por sí mismo; o mayores, cuando los progenitores cuidan de los vástagos durante algún periodo de crecimiento y desarrollo hasta su madurez. Mediante la selección de parentesco los genes programan cerebros que ayudan a otros organismos con los mismos genes, por lo general sus hijos o parientes cercanos. La relación entre padres e hijos es por lo general asimétrica: la ayuda sólo fluye de padres a hijos.

El altruismo recíproco o cooperación sucede cuando un organismo es beneficiario y benefactor: ayuda a algunos pero también recibe ayuda de otros, asume costes que le compensan porque también recibe algún beneficio mayor y su resultado neto es positivo.

La entrega y la recepción de ayuda pueden ser simultáneas, inmediatas, como en un intercambio presente de bienes o servicios o el reparto de lo obtenido con un esfuerzo común; o pueden ser diferidas en el tiempo. La reciprocidad puede ser directa (entre dos organismos que intercambian sus papeles como benefactor y beneficiario) o indirecta (un organismo ayuda a otro pero recibe ayuda de otro diferente).

En el altruismo diferido el primer benefactor corre el riesgo de que su beneficiario no le devuelva el favor en el futuro, o que le devuelva algo menos valioso. Para evitar a los parásitos y colaborar sólo con los buenos cooperadores es conveniente ser capaz de distinguir y recordar (percepción y memoria) qué otros individuos son honestos y cuáles son tramposos, para concentrarse en cooperar con los buenos y evitar a los aprovechados. Los individuos pueden utilizar señales que comuniquen buena reputación, capacidad y buena voluntad como cooperadores; el lenguaje permite compartir información sobre experiencias pasadas exitosas o fracasadas con diferentes agentes (quién es buen o mal cooperador).

El altruismo indirecto sucede en grupos delimitados de cooperadores que existen porque proporcionan mayor seguridad y capacidad de acción a sus miembros: el beneficiario contribuye algo a alguna causa común (defensa del grupo, ayuda a necesitados) de la cual también se beneficia (inmediatamente o cuando lo necesite). El grupo precisa, para ser eficiente en la competencia con otros grupos, mecanismos de supervisión que vigilen que los elementos no sean una carga neta: el grupo puede seleccionar a sus miembros, filtrando a posibles candidatos para que no se infiltren parásitos o expulsando a los elementos nocivos. La pertenencia al grupo implica obligaciones y derechos de ayuda para todos los miembros: la conducta individual se regula para fomentar la cooperación y evitar la competencia destructiva.

¿Se puede salir de la crisis sin crédito?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Los problemas de los sistemas financieros de cada país son vistos por la clase política y mediática y, consecuentemente, por muchos ciudadanos, como uno de los principales obstáculos para salir de la crisis que estamos viviendo. Se suceden las reformas del sector bancario en nuestro país; son constantes las referencias a la fluidez del interbancario como signo de evolución de la crisis; y hay una queja generalizada entre las empresas sobre la falta de crédito para su actividad. Parece que no se puede salir de la crisis sin que vuelva a fluir el crédito.

Con tal disculpa, y con la consonante necesidad de restablecer la solvencia de cajas y bancos, los políticos han concedido y siguen concediendo ingentes fondos públicos a las entidades financieras: no hay dinero para nadie, excepto para los bancos, para los que en cambio no parece haber límite.

Y, claro, bancos y analistas financieros nos siguen bombardeando con los peligros de que no funcione el sistema crediticio ("el aparato circulatorio de la economía"), nos convencen a todos y sobre todo a los gobiernos, y consiguen nuevas remesas de millones de euros para sus arcas, mientras a los demás se nos suben los impuestos, se nos reducen las pensiones y se nos empieza a re-cobrar por servicios públicos que supuestamente se pagan con los impuestos antes dichos.

Pero, ¿es realmente necesario el sacrificio? ¿Hasta qué punto es verdad que el crédito es imprescindible para la economía y, por tanto, para salir de la crisis?

La creación de empresas precisa de una inversión que permita al emprendedor acopiar aquellos recursos necesarios para llevar a cabo su idea. Tal inversión o acopio solo se puede hacer a partir de recursos previamente ahorrados, por lo que es evidente que sin ahorro no puede haber inversión.

Ahora bien, el ahorro puede haber sido realizado por una persona diferente del emprendedor. Y éste lo que hace es pedir prestado dicho ahorro a su dueño a cambio de algún tipo de contraprestación. Por ejemplo, participar en gestión y beneficios si el ahorrador entra como accionista; o devolución de principal más intereses si el ahorrador entre como prestamista.

Así pues, se crea un mercado al que los emprendedores acuden con sus proyectos y los ahorradores con sus ahorros, que podríamos llamar mercado crediticio. Y aparecen agentes que se especializan en canalizar los ahorros a los proyectos a cambio de una retribución como intermediario: los agentes financieros, los bancos. En la medida en que este mercado sea eficiente en su funcionamiento, se canalizará mejor el ahorro hacia los proyectos empresariales a menor coste para todos los involucrados.

No perdamos de vista, sin embargo, una cosa: el mercado de crédito es un gran facilitador para los posibles emprendedores. Pero NO es imprescindible para la creación de empresas. Para esto, lo que se necesita es ahorro, propio o ajeno, pero solo ahorro.

Una empresa necesita tanto el crédito como la energía, las telecomunicaciones o medios de transporte. ¿Puede haber empresas sin luz o sin teléfono? Difícil de imaginar, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el crédito. Nada es imprescindible, pero todo facilita enormemente la tarea. De hecho, cualquier industria viable en el libre mercado lo es porque "facilita enormemente la tarea" de otros individuos, sea como consumidores o emprendedores.

Por tanto, no debería singularizarse la industria del crédito como imprescindible para la salida de la crisis. El mismo razonamiento que se aplica para que los gobiernos den dinero a los bancos se podría aplicar a la industria alimenticia, energética, de transporte o textil: ¿cuánto tiempo duraría el emprendedor en su trabajo si no tuviera ropa que le abrigara y protegiera?

Si esto es así, ¿por qué las empresas contribuyen al coro de quejas de ausencia de crédito? La razón puede tener que ver con el mutuo condicionamiento que se produce por las condiciones de los distintos sectores productivos. Me explico: si la energía o las telecomunicaciones fueran gratuitas, surgirían muchas empresas cuya viabilidad se sostendría en dicha gratuidad. Estas empresas adaptarían su estructura productiva, como muchas otras, a esas condiciones. En el momento en que la energía o telecomunicaciones subieran de precio, todas las empresas deberían adaptarse a la nueva situación para ser viables, pero aquellas que han construido su viabilidad sobre esa gratuidad, posiblemente se verían abocadas a la desaparición.

Algo parecido ha ocurrido con el crédito: gracias a la intervención de los gobiernos (mediante los bancos centrales y la fijación del tipo de interés de referencia), el crédito ha sido abundante y muy barato. Por ello, muchas empresas han adaptado su estructura productiva a estas condiciones. En el momento en que empieza a haber restricciones de crédito (producidas porque el gobierno no deja ajustar el precio), todas estas empresas han de adaptar su estructura o morir, con más riesgo en aquellas que más dependencia tengan. La gravedad de la situación estriba en que prácticamente cualquier actividad económica puede adaptarse a depender del crédito barato (todas las empresas trabajan con dinero), mientras que la dependencia de la energía o de telecomunicaciones es distinta de unos actividades a otras.

No es de extrañar, pues, que muchas empresas clamen por la reapertura de los mercados de crédito, y unan su voz al coro de plañideras del sector financiero. Les hacen así un enorme favor a bancos y cajas, que rara vez se ve devuelto, como lo prueba el que dichas empresas sigan quejándose de ausencia de crédito pese a todas las ayudas dadas a los agentes financieros.

En resumen: por supuesto que es necesario que el crédito fluya libremente para poder salir de la crisis; es tan necesario como que funcione cualquier otro sector económico con demanda real en el mercado. Pero no es imprescindible: lo imprescindible es que haya ahorro, no que haya crédito. Mientras haya lo primero, ya se encargarán los emprendedores de buscar y proporcionar lo segundo, aunque sea sin el actual sistema financiero.

En defensa de otros ayuntamientos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Como modo urgente de paliar el calamitoso estado de las cuentas públicas, ha surgido la idea de forzar la fusión de miles de pequeños ayuntamientos que existen en España para, se dice, ahorrar gastos innecesarios y reducir los déficits y el endeudamiento público. Sin duda, con la vista puesta en el anuncio del gobierno griego de eliminar dos tercios de esas administraciones locales para ahorrar gastos, pero con precedentes en la reorganización ensayada en otros países europeos, los defensores de esa reforma administrativa esgrimen unos argumentos dignos de consideración: Debido a su minúsculo tamaño, estos gobiernos locales son muy poco eficientes a la hora de gestionar servicios. Si los ayuntamientos, sigue la argumentación, tuvieran un tamaño que les permitiera alcanzar economías de escala y optimizar su gasto, sería posible, además, eliminar otras administraciones locales superpuestas que contribuyen al descomunal volumen del aparato burocrático español, esto es, las diputaciones provinciales y los cabildos y consejos insulares.

Sin embargo, aun reconociendo que la propuesta más definida asume que el proyecto consistiría en promocionar la agrupación de ayuntamientos, adaptándose a sus circunstancias concretas, más que en imponer esa medida desde el gobierno central o autonómico respectivo, entiendo que ese planteamiento invierte las prioridades que deben fijarse para simplificar y reducir al máximo la estructura administrativa del Estado e, incluso, soslaya la cuestión de que la centralización y la concentración de funciones no garantiza por sí misma la reducción del gasto. Antes al contrario, el ahorro inicial derivado de la supresión de cargos electos y funcionarios municipales equivalentes quedaría muy menguado si se mantienen las actuales premisas legales y políticas que incentivan el gasto irresponsable de los gobiernos locales. La supuesta solución residiría en dar vueltas al mismo modelo sin atajar los problemas de fondo.

Si desengranamos las disposiciones de la Ley de bases del régimen local en España, cuyo cuerpo principal, refundiendo y actualizando la legislación franquista, se aprobó durante los mandatos de González Márquez, comprobaremos hasta qué punto los socialistas marcaron su impronta en el régimen local español, de acuerdo a los símbolos utopistas dibujados en los carteles de estilo infantil del genial José Ramón Sánchez para la campaña electoral de las elecciones municipales de 1979.

En el artículo 25 nos encontramos con una declaración de partida ciertamente chocante: "El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal". Sin ser conscientes del exceso cometido con ese desiderátum colectivista, los legisladores españoles atribuyen a los ayuntamientos la provisión obligatoria y gradual de determinados servicios (pero no excluyente de otros) en función de su número de habitantes. En principio (Art. 26.1) todos los ayuntamientos deben prestar los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Subiendo en esa escala, en los pueblos con más de 5.000 habitantes debe añadirse al menos un parque público, una biblioteca pública, un mercado y el tratamiento de residuos. En el siguiente peldaño (municipios con población superior a 20.000 habitantes), los ayuntamientos deben asumir la protección civil, la prestación de servicios sociales, la prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas de uso público. Por último, en las localidades con una población superior a 50.000 habitantes, la lista de servicios se amplía al transporte colectivo urbano de viajeros y a la protección del medio ambiente.

A poco que el lector haya viajado por España, no se le habrá escapado (incluso antes del definitivo impulso dado al despilfarro por el anterior inquilino de La Moncloa) que todo pueblo que aspire a tener cierta reputación cuenta con un parque, un centro cultural y un polideportivo con piscina públicos. No ha sido ajeno a esta proliferación de obras y servicios públicos, imposibles de mantener por los impuestos ordinarios de los pequeños municipios, el papel de las manirrotas comunidades autónomas y las expectativas que abre la legislación urbanística de confiscar a los promotores los terrenos necesarios e, incluso, obligarles a pagar los costes de ejecución inicial de los proyectos. Toda esta dinámica parecía parte del sueño español, a pesar de que la "sabiduría" del legislador impuso esos servicios solo a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Curiosamente, el tamaño que los redactores de la propuesta de UPyD consideran óptimo para la gestión de un municipio.

Pero cabe defender otro régimen local en España. Un modelo que abra los ayuntamientos a la competencia y les haga responsables de sus decisiones, permitiéndoles prestar solo aquellos servicios que puedan financiar con los ingresos obtenidos por sus tributos reales de ejercicios pasados, sin incluir los impuestos y tasas procedentes de la gestión urbanística. La enajenación de parte de su patrimonio debería destinarse a saldar sus deudas. Esta opción no impediría que gran parte de los servicios se presten por empresas privadas que se encargarían de cobrar a sus clientes, bien como concesionarias o bien como competidoras. Estas reglas, respetuosas de su autonomía y de la elección de sus vecinos, paliarían los déficits y el endeudamiento que han alcanzado límites insoportables después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En el caso de que los políticos locales impulsaran planes de incremento de gasto se verían obligados a trasladar inmediatamente el coste a los vecinos a través de los impuestos.

Una cuestión diferente sería que, además, fruto de la decisión de sus habitantes de emigrar a otros municipios donde existan mejores condiciones para trabajar o invertir, la despoblación de muchos municipios conduzca a la agrupación voluntaria de ayuntamientos o, incluso, a abrir la posibilidad de constituir mancomunidades que compartan los sueldos de los funcionarios públicos asignados a más de un ayuntamiento, sin que cada uno ellos pierda su personalidad jurídica. En este caso, obviamente, debería reformarse la rígida legislación de los funcionarios y empleados públicos para permitir la amortización de aquellos puestos que no tengan garantizada su existencia en el presupuesto y la movilidad administrativa.

¿Se debería acabar con la ayuda al desarrollo?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El sistema de cooperación internacional al desarrollo está en plena refundación. Así piensan diversos expertos en una publicación del Real Instituto Elcano. Identifican una crisis tanto de legitimidad como de identidad del sistema.

La llamada Ayuda Oficial al Desarrollo es criticada de forma creciente por una variedad de analistas. Desde la izquierda neomarxista (permítanme la licencia del "neo") más anticapitalista a las ya conocidas críticas desde los liberales, pasando por economistas académicos.

Los puntos de las críticas son obviamente distintos, pero todos ellos merecen consideración. Los unos enfatizan el papel de la ayuda como instrumento ideológico de Occidente y de grandes corporaciones; los otros, que es un arma del intervencionismo gubernamental; y los de más allá ponen su acento en la falta de evidencia empírica sobre la bondad de la ayuda en generar efectos positivos de desarrollo.

Por el otro lado están, lógicamente, los defensores de la ayuda externa. Jeffrey Sachs es su cabeza más visible, y quizás menos matizada y más utópica. Pero se estaría errando si se pensara que, criticando a Sachs, se critica a todos aquellos que piensan que los países desarrollados tienen un importante papel que jugar en ayudar a las sociedades y regiones más pobres.

¿Qué debería hacerse con el sistema internacional de cooperación al desarrollo? El debate está abierto y, en realidad, salvando extremos, algunas de las posturas no son tan contrapuestas como parece. El mismo Bill Easterly, visto generalmente como un enfant terrible del enfoque de la ayuda externa, reconoce que ésta cuenta en su haber con casos de éxito. Las dos siguientes citas provienen de su The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good: "Algunas historias de éxito muestran que las agencias de ayuda pueden hacer progresos. Ha habido programas exitosos alimentando a los hambrientos, lo que significa que niños han podido conseguir comida en Voluntad de Dios, Ecuador. El éxito en expandir el acceso al agua limpia ayudó a los pobladores de una comunidad de Kwalala, Malawi".

Y, acto seguido, afirma que "Las agencias de ayuda podrían hacer mucho más sobre estos problemas si no estuvieran desviando sus energías hacia Planes utópicos y fueran hechos responsables por las tareas tales como proporcionar comida, carreteras, agua, servicios sanitarios, y medicinas para los pobres".

Según se desprende de Easterly, hay un importante margen para mejorar los resultados e impactos de la cooperación al desarrollo. Desde mi punto de vista, se requiere un enfoque mucho más modesto, con programas centrados en problemas concretos, en los que exista rendición de cuentas (accountability). Los protagonistas de estos programas deben dejar de ser planners, para ser searchers con incentivos claros y un conocimiento de las circunstancias locales relevante.

La ayuda externa no es en absoluto una pieza clave para que los países crezcan y se desarrollen de forma armoniosa y sostenida. Incluso puede ser contraproducente. Pero, al mismo tiempo, puede ser un elemento que ayude a suavizar problemas acuciantes puntuales.

Televisiones y campañas electorales, la libertad eliminada

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de unos días se celebran elecciones en dos comunidades autónomas españolas: Andalucía y Asturias. Es, por tanto, un buen momento para centrar la mirada en la legislación electoral española en alguno de sus aspectos. Uno, y no menor, es el relativo a la normativa sobre medios de comunicación existente para la campaña electoral. Esta es sumamente restrictiva, en parte, pero no sólo, gracias a una deficiente protección constitucional de la libertad de expresión.

La normativa electoral contempla una serie de limitaciones para los medios de comunicación en general, como la prohibición de informar sobre encuestas electorales durante los últimos días de la campaña. Pero, además, en el caso de las televisiones privadas es todavía más intrusiva en su actividad. Desde enero de 2011 les impone un régimen de funcionamiento similar al previamente existente ya para las televisiones públicas (cuyo papel o, incluso, la justificación o no de su existencia no vamos a tratar en el presente artículo). Tan sólo se exime a las privadas de la obligatoriedad de emitir propaganda electoral gratuita. Como contraparte, y atacando de forma directa a la libre empresa y cerrando una fuente legítima de ingresos, se les prohíbe emitir anuncios políticos pagados.

Entre las modificaciones que introdujo la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, figura la inclusión de un "punto 2" en el artículo 66 que obliga a las televisiones privadas a respetar "los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente".

La Junta Electoral Central interpretó la norma en una instrucción del 24 de marzo de 2011 que viene a reforzar el ataque a la libertad de expresión y a la libre empresa.

En su punto Séptimo, la instrucción impone a los canales privados la obligación, en periodo electoral, de "garantizar el respeto a los principios de pluralismo e igualdad", además de "los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral que decidan realizar". Evidentemente, la apelación a los principios de pluralismo, igualdad o neutralidad, que no son desarrollados más a fondo, es coartar en gran medida la libertad de las televisiones de tener una línea editorial de apoyo a un partido político frente a otro.

Sí se desarrolla más a fondo, en el apartado octavo, punto 1, qué quiere decir el principio de neutralidad:

Entendiendo este en el sentido de que su tratamiento deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes, sin que dicho criterio impida proporcionar otra información sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones. En cualquier caso, estas últimas candidaturas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones.

La "neutralidad", tal como la entienden los partidos que aprobaron la reforma de la ley electoral (PSOE, CiU, PNV y PP, si bien este último después dijo que fue un error apoyar estos cambios y anunció que no iba a reclamar su aplicación) y la Junta Electoral Central, no sólo es un ataque a la libertad de las televisiones privadas, a las que se les imponen cuotas de emisión por partidos. También supone un importante obstáculo a los pequeños partidos no presentes en las instituciones. Si una cadena quiere informar sobre uno de ellos, está obligada a dedicar espacios de tiempo mucho más largos a hablar de los grandes partidos, de forma que se diluye el mensaje de los pequeños.

La legislación electoral española, con la excusa de la neutralidad y la pluralidad, ataca la libertad y el pluralismo político e informativo. Una sociedad de ciudadanos libres no puede permitirse el lujo de que sean los políticos quienes decidan cómo se informa sobre determinados acontecimientos, con independencia de que se trate de un partido de fútbol, un desfile de moda o una campaña electoral.