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Efecto cobra

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Durante la administración de la India colonial, los funcionarios británicos allí destinados intentaron erradicar el número de cobras debido a las numerosas muertes que provocaban entre la población. Sabido es que el veneno de este reptil, una neurotoxina, tiene un efecto paralizante y letal sobre el sistema nervioso. Dicha serpiente se le trata allí todavía hoy con respeto cuasi-religioso y rara vez se le da muerte.

Es comprensible que los antiguos administradores de la India desearan cambiar dicho estado de cosas. Por tanto, decretaron que todo aquél que matara y presentara el cuerpo del reptil se le recompensaría con una cantidad de dinero. Con ello se pretendió acabar con el problema.

La realidad fue que un buen número de indios comenzó a criar cobras a destajo para obtener beneficios. Cuando las autoridades británicas descubrieron el pastel, cancelaron las recompensas. Los criadores se vieron repentinamente sin su fuente de ingresos y, en consecuencia, soltaron las serpientes porque ya no les resultaban útiles. El balance final de aquella medida humanitaria de los bienintencionados burócratas fue negativo. Hubo un aumento espectacular de la población salvaje de cobras. Los paternalistas funcionarios de su Graciosa Majestad miraron para otro lado.

Salvando las distancias, las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo son una muy loable preocupación por evitar dejar en desamparo a aquellas personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo e intentar activamente desde el Estado integrarlas de nuevo al mercado laboral. Pero estas ayudas tienen efectos no deseados: no sólo se estaría fomentando el fraude en aquellos casos que se trabaja en la economía sumergida y al mismo tiempo se recibe el subsidio o en los que se dan cursos fantasmas de formación pagados por todos los contribuyentes sino -lo que es aún más grave- se estaría desincentivando de forma masiva la búsqueda de empleo por parte de aquellas personas que se han visto, por desgracia, desposeídos de su trabajo en un momento dado de su vida. Es muy tentador volverse dependiente de las ayudas del bienintencionado Estado benefactor.

Aunque luego pretenda el gobierno controlar los fraudes, por mucho que endurezca las condiciones para acceder al subsidio, por todo el interés que muestre la Administración para controlar la asistencia a los imaginativos cursos de formación o se impongan penalizaciones a los desempleados que rechacen repetidas ofertas de trabajo, lo cierto es que las pretendidas soluciones a dicho problema sólo sirven para agravarlo y enquistarlo.

A esto se unen las malas cifras de desempleo en España que son lacerantes y demasiado tozudas. Los motivos son muy diversos, pero la palma de oro se la lleva nuestra legislación laboral que es la más inflexible de todos los países de la OCDE pues, a pesar de recoger todas las reclamaciones favoritas de los sindicatos, el resultado final es que dificulta y destruye la contratación en vez de animarla y conservarla. Las prestaciones por desempleo sólo son el remate final de dicha situación al volatilizar después todo incentivo personal de los individuos para ayudarse por sí mismo una vez se vean sin trabajo.

Demasiadas ofertas de empleo son repudiadas y muchos cursillos de formación se encadenan sin sentido alguno sólo por querer apurar hasta el último sorbo del subsidio. Son un caramelo envenenado con efectos paralizantes, como la neurotoxina. Es una protección sin duda compasiva pero mal planteada si se prolonga demasiado en el tiempo. No contento con ello, nuestro gobierno estableció en noviembre 2009 un Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), prorrogado ya varias veces (1,2 y 3), por el que ofrece adicionalmente 426 euros al mes a aquellos desempleados que ya no tienen "derecho a paro" durante seis meses mientras cumplan una serie de requisitos y la tasa del paro se sitúe por encima del 17%. Es un círculo vicioso. Alargará la agonía sin solucionar el problema de fondo.

En todos aquellos países que cuentan con mercado laborales rígidos aderezados con generosos sistemas de cobertura el paro se ha vuelto estructural. La propia naturaleza del ser humano está inclinada a la acción, siempre y cuando posea los incentivos correctos. El número de desempleados españoles es ya insoportable. Tenemos desde hace años el doble de tasa de paro de la zona euro; bastante mayor que Grecia o Portugal, por cierto. Con cinco millones de parados los sindicatos tienen las santas narices de mirar para otro lado.

Llevamos más de dos años con niveles de prestación por desempleo demoledores para nuestro maltrecho Presupuesto nacional (más de 30.700 millones de euros por año). Por su parte, las políticas activas de empleo, en su mayor parte ineficaces, tales como la intermediación del Servicio Público de Empleo Estatal (ex INEM) o los cursillos de formación patrocinados por las diversas administraciones, los sindicatos y las patronales suponen más de 7.600 millones de eurazos según Presupuesto de 2011. Estas últimas ayudas especialmente son una pesada carga despilfarrada bajo el encantamiento de las buenas intenciones; sencillamente son ya un lujo inasumible.

Es muy urgente permitir en España el reajuste de su desequilibrada estructura productiva, reformar el sistema financiero y tributario y liberalizar en serio el heredado mercado laboral para crecer, incentivar nuevas inversiones, exportar más y desendeudarnos de una bendita vez. Asimismo debemos también empezar a replantearnos como sociedad si tienen sentido las ingentes cantidades de dinero que se gastan anualmente en innumerables ayudas o subvenciones públicas (de todo tipo y especie) que implican recurrir a más deuda externa de la ya existente o lisa y llanamente el enterrar el dinero quitado a las cada vez menos numerosas empresas, familias y personas productivas que quedan entre nosotros.

Estoy denunciando un paradigma social que parece no da más de sí. Se debe cambiar la cultura asistencial por la del mérito, el sacrificio personal, el esfuerzo y la verdadera innovación, que no es otra que la del mercado, la libertad y la responsabilidad. No nos queda otra si no queremos que se nos reproduzcan los males.

Nuevos partidos, viejas recetas

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Las crisis no son por sí mismas malas. Tanto desde el punto de vista social como personal, deberían servir para deshacernos de todo aquello que se ha mostrado inútil, ineficiente o dañino. Deberían dar paso a una explosión de creatividad, de ideas y empresas que las pusieran en marcha y que mejoraran nuestra vida. Es cierto que en ese proceso se pueden producir situaciones aparentemente negativas, como el cierre de empresas y la pérdida de empleos, pero también es cierto que se producen otras positivas, como la liberación de capital y recursos que favorecerían la recuperación. Sin embargo, las crisis suelen provocar el miedo al cambio, el temor a la pérdida del estatus, potenciando los prejuicios y, en muchos, sacando nuestra personalidad más conservadora.

Las crisis políticas en democracia suelen suponer un menoscabo de los partidos tradicionales, en especial los que están en el poder que pierden la confianza de los votantes, y el nacimiento de nuevas alternativas. La crisis política y financiera en España está suponiendo para la izquierda un punto de inflexión. A la debacle que, según las encuestas, parece que va a experimentar el PSOE hay que unir la recuperación de IU y la ratificación de UPyD como alternativa de una izquierda más moderada y "nacional". En España nunca ha cuajado un partido de izquierdas ligado al movimiento ecologista, aunque sí sus ideas. Con el nacimiento de Equo, Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace España, e Inés Sabanés, ex de IU, pretenden hacerse un hueco en esta atomizada izquierda.

Pero ¿qué novedades supone la llegada de Equo a la política? ¿Realmente incluyen alguna primicia que las distinga de otras opciones de la izquierda política aunque no tengan la marca del ecologismo fetén? Pues básicamente, no.

Equo es un partido ecologista con una fuerte tendencia neo maltusiana, muy relacionada con la idea de los ecosistemas en equilibrio, de recursos finitos, el reparto de los mismos y una planificación central que corrija los excesos y establezca los comportamientos correctos. El manifiesto fundador de la organización es muy claro en sus primeros párrafos. El desarrollo económico:

Se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica. Este deterioro está provocando la acentuación de la pobreza para millones de personas y miles de comunidades humanas, la extinción de numerosas formas de vida y la pérdida irreversible de los beneficios y servicios proporcionados por los ecosistemas destruidos, haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Desde luego, sus ideas no son muy diferente de las dichas hace ya unas décadas por el Club de Roma. La introducción de las consecuencias del cambio climático (desde luego de origen antropogénico), del futuro incierto (como si algún futuro no lo fuera) o de las consecuencias catastróficas de nuestros acciones excesivas no hacen sino llamar a la emotividad del votante, que posiblemente se vea ahora envuelto en una escenario difícil y busque explicaciones a su situación.

Además, como según Equo las políticas públicas nacionales e internacionales no han tenido ningún éxito en cambiar esta tendencia destructiva, la organización apuesta por la ingeniería social:

"La crisis no es tan sólo financiera, se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de un modelo productivo y de consumo claramente insostenible, que debe cambiar". Y es que "si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo que los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas y sólo tenemos uno".

Aunque su evaluación y análisis tuvieran algo de cierto, son las soluciones que plantea las que recuerdan las viejas fórmulas de la izquierda: una intensa regulación de la economía, en especial de sectores como el energético y el financiero; un incremento de la fiscalidad (Tasa Tobin, desaparición de paraísos fiscales, persecución del fraude que está ligado a conductas antisociales); recaudación orientada a las políticas medioambientales; el cumplimiento de los protocolos internacionales firmados para luchar contra el cambio climático; reducción de la dependencia de los hidrocarburos y elevación del uso de energías alternativas; persecución de la corrupción política que Equo liga a la burbuja del ladrillo; recuperación de los "derechos sociales y laborales" perdidos e incremento de las políticas sociales; potenciación del comercio justo, el consumo responsable y los empleos verdes y erradicación de actividades socialmente perjudiciales.

Equo no ofrece nada nuevo, nada que no haya hecho o propuesto la izquierda española o internacional durante estos últimos años. De hecho, no propone nada diferente de lo que nos ha conducido a la situación que actualmente padecemos. Critica la burbuja del ladrillo, pero se niega a ver la que se ha creado en torno a las energías alternativas. Liga la corrupción a ciertas actividades político-financieras, pero no a la propia naturaleza del sistema que pretende no sólo recuperar, sino potenciar. A Equo le faltan las ideas y cuando un partido nace en un entorno oportunista, echa mano de la retórica, del populismo y de propuestas-espectáculo que pretenden arañar el voto de los ciudadanos que aún lo venden al partido que más les ofrece.

Un ejemplo de esta perjudicial tendencia sería la proposición que hizo Juan López de Uralde sobre incrementar progresivamente la protección para quienes no tienen ningún tipo de ingresos hasta llegar a 500 euros mensuales, unos 20.000 millones anuales. Esta cifra, en el país de los cinco millones de parados, se me antoja escasa ya que el presupuesto anual por millón de personas en estas circunstancias sería de 6.000 millones sólo por la prestación en sí, sin los gastos ligados a la propia administración. Uralde desde luego ignora los fraudes parecidos en este tipo de ayudas como el PER andaluz ni su nefasta influencia en la creación de empleo. Incluso de sus deseados empleos verdes.

Procesos de secesión política

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La convivencia define el tipo de relación moral, cultural, política y económica que vincula a un grupo de individuos entre sí, haciendo posible un orden social integrado, relativamente pacífico y estable. Sin embargo, existe una fuerte tendencia a colectivizar sentimientos. A pesar de la semejanza intersubjetiva, surgen discrepancias, conflictos de opinión y controversias que hacen peligrar la convivencia. Estos fenómenos sacuden internamente también a las comunidades mejor tramadas. La conflictividad se traduce en forma de particularismos, locales o trasversales.

El Estado rara vez se reduce a la evolución política de una única comunidad tradicional fuertemente definida. Lo habitual es que, en sus comienzos, los grandes Estados incorporen a varios grupos, apoyándose casi siempre en la preexistencia de rasgos culturales compartidos que tienden a dilatarse e incrementarse. Los Estados surgieron de la superposición de un poder concentrado, ejercido sobre un ramillete anterior de "soberanías", que acabaron siendo unificadas por un sistema "monárquico" (poder unificado). Hubo reinos únicos, aunque originalmente dominasen la unión de reinos o las monarquías plurales. El advenimiento del Estado-Nación se apoyó en otros cambios culturales, como fueron la consolidación del individualismo frente a la realidad gregaria y corporativa, o los resultados del esfuerzo homogeneizador emprendido por los monarcas en su ascenso absolutista.

Europa está dividida en Estados. Los habitantes de este continente se reparten pasaportes de un puñado de entidades que interactúan entre sí de acuerdo con una serie de reglas y a partir del mutuo reconocimiento. Sin embargo, no siempre esta convivencia internacional tuvo la suficiente consistencia para no considerarla una mera coexistencia.

Los individuos, así como las comunidades políticas y culturales en las que se integran, se hallan sometidos al poder social organizado a través del los Estados. Es un hecho que las instituciones políticas han sido prácticamente aniquiladas por el Estado, si bien esto no ha sucedido con tanta contundencia e intensidad respecto de los rasgos culturales que han conservado la singularidad de muchos pueblos.

La pervivencia de rasgos infranacionales no siempre converge en sentimientos de compromiso político sobre su defensa pública en clave particularista. Muchos de estos "pueblos" no han generado movimientos lo suficientemente fuertes como para que el rasgo diferenciador se transformara, además, en un instrumento de reivindicación política.

Cuando surge el deseo organizativo, éste puede plantearse con forma de regionalismo, autonomismo, federalismo (entendido como la pretensión de que la soberanía del Estado radique no sólo en los ciudadanos que lo forman, sino también en representación de los territorios que lo integran) e incluso independentismo. Estas opciones son todas legítimas, pero no siempre racionales, sociológicamente inevitables o ajenas a la impregnación ideológica y fundamentalista de quienes las defienden.

El Estado se define en las siguientes funciones o facultades: relaciones internacionales, paz interna, gobierno, jurisdicción y redistribución. Asimismo, todas ellas derivan de una teoría político-formal: la soberanía. El individuo "independentista" lucha porque se respeten su dignidad, su integridad, su libertad (como ausencia de coacción) y su propiedad. El movimiento colectivo de corte particularista busca razones asimilables. Una inclinación de esta clase puede conformarse con el reconocimiento de la singularidad cultural, con la defensa de sus rasgos diferenciadores frente a la homogenización del Estado general, o quizá, con la limitación de la fuerza redistributiva que ejerce el Estado sobre los ciudadanos pertenecientes a una entidad local o regional.

El independentismo se enfrenta al resto de alternativas particularistas. El primero aspira a la ruptura del Estado original, dando lugar a dos o más Estados. Las otras opciones apoyan la constitución de un Estado compuesto, plural o federal. Justificar una ruptura organizativa e institucional completa e irreversible es una de las cuestiones políticas que más complejidad guarda en nuestros días. La unidad política, sea ésta centralista, o bien federalista, tiende a ser el resultado de la integración social. Ésta (la unidad política) puede darse dentro de una soberanía excluyente, como también puede ser expresión de un ejercicio compartido de la soberanía.

Las relaciones internacionales sostenidas, estables y estrechas tienden a consolidar espacios compartidos donde la soberanía de cada Estado acaba supeditándose a la mera pervivencia del vínculo, convertido en acervo compartido para los individuos que forman las distintas naciones, a través de expectativas individuales, rasgos culturales compartidos, relaciones económicas e internacionalismo personal. Carece de sentido levantar una nueva barrera política entre individuos que ya conviven como parte de un mismo espacio social y político, salvo que, en realidad, no concurran tales circunstancias.

La sucesión de Estados resulta inevitable cuando existe un poder no representativo y extraño cuya práctica supone la persecución y opresión de los que se consideran, por dicho poder o por sí mismos, miembros de una entidad local diferenciada. Kosovo, por ejemplo, surge de una situación muy específica, y su independencia no supone un mal inmediato e irreparable, ya que no podía hablarse de una auténtica unidad política entre su pueblo y el resto del pueblo serbio. En Bélgica, donde conviven dos comunidades cada vez más diferenciadas, sin que ninguna de ellas represente una amenaza cierta para la otra, la desvinculación cultural, económica y política entre ambas puede convertirse en una causa de disgregación social. La soberanía belga podría deshacerse de la noche a la mañana si se entendiera, por una masa crítica relevante, que no existen ya motivos para mantener unidos a flamencos y valones. Estos procesos, aunque sean activados por la presión y la constancia de élites políticas, agravan una evidente y previa separación social entre pueblos o comunidades.

La existencia de particularismos locales que aspiran a disgregar el poder político de cierta unidad es consecuente y legítima. Que se reivindique cierto hecho diferenciador, lingüístico y cultural, y se aspire a defenderlo frente de agresiones públicas homogeneizadoras, es igualmente razonable. Como también lo es que se busque reducir la intensidad redistributiva del Estado. Es más, parece razonable que se pretenda la recomposición de la soberanía nacional a partir de un pacto federativo que incluya dentro de sus fuentes a esas entidades institucionales y organizativas locales. Lo que no parece en absoluto defendible es el soberanismo.

La independencia política es un estatus internacional que, o bien procede del pasado, quedando inmediatamente reconocido, o, en su caso, se plantea en confrontación al Estado cuya existencia se discute. La secesión, salvo en los dos casos descritos, supone en cualquier caso una innecesaria y perniciosa fractura en la convivencia, que rompe lazos y desvincula artificialmente a dos o más pueblos que se hallaban previamente integrados. Es ahí cuando el particularismo torna en nacionalismo, y un sentimiento irracional se apodera de quienes viven obsesionados por la diferencia, sin deparar en las ventajas que tiene salvaguardar la efectiva y preexistente integración social entre pueblos, grupos y comunidades. La política es el arte de la convivencia y la integración social, no una técnica al servicio del poder absoluto y la proliferación de soberanías.

Se crea la Unión Soviética Europea

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La misma semana que los eurócratas encontraron “inadmisible” recortarse el suelo un mísero 5%, decidieron poner coto a la libertad de los inversores, al ahorro y ampliaron la censura. Concretamente quieren prohibir la venta de CDS sin cobertura real, las ventas a corto en bolsa, eliminar los rating de las empresas de calificación y encarcelar a aquellos que manipulen el mercado. Aquí tienen un resumen de cada concepto.

Ventas a corto y CDS. Según los burócratas, todo el mundo es avaricioso menos ellos. Por tanto, todo lo que haga la gente ha de estar bajo un control estricto. Pero como ellos son delegados celestiales, no necesitan normas (Do We Ever Really Get Out Of Anarchy?, de Alfred G. Cuzan). A esta creencia generalizada se le llama Falacia de Hobbes o del Leviatán. Si la gente es avariciosa, los políticos lo serán igual y se volverán más al no tener control social.

No se puede prohibir la avaricia porque es un factor innato del hombre. Gracias a la avaricia el hombre salió de las cavernas y vivimos hoy con todo tipo de lujos. Los instrumentos que se usan en los mercados financieros son herramientas que funcionan de forma automática a la información existente. Si ahora hubiese una crisis de la gasolina, el precio se dispararía porque la gente la acapararía o la vendería más cara. Prohibir a la gente comprar y vender gasolina no arreglaría el problema de la falta de gasolina por más que recurramos al infantil recurso de la “avaricia”. Quien use esta excusa se lucrará con ella usando las prohibiciones, además que no solucionará nada. Los CDS y ventas al descubierto son una reacción al estado del mercado. Su función es nivelar los precios en el entorno de la economía. Las ventas a corto han sido siempre muy polémicas, y la primera que se prohibieron fue en el S. XVIII en Inglaterra. Desde entonces, los gobiernos no han parado de restringirlas. La prohibición nunca ha tenido un buen resultado. Pueden verlo aquí y aquí. Y si se quedan con más ganas: aquí, aquí y aquí.

La eliminación de los ratings es censura. Si los gobiernos no quieren ratings, ¿por qué los pagan y suministran la información a las empresas que otorgan las notas? Cualquier Gobierno o empresa que deje de pagar a Standard & Poor’s (S&P), Fitch o Moody’s se quedará sin rating. Imagínese que Telefónica no para de perder dinero y luego afirma que S&P le tiene manía por colocarle mala nota. Es un argumento tan infantil que lo usan hasta los niños cuando suspenden y culpan al profesor de no haber hecho los deberes que les correspondían.

Con la eliminación de los ratings, la UE pretende mantener al ciudadano y al inversor en un nirvana de desconocimiento para que los políticos puedan seguir creando inflación, deuda y pobreza a sus anchas sin ningún control. El siguiente paso será prohibir las críticas políticas y económicas en TV, prensa y radio. Luego en Internet. Por el bien común, por supuesto.

Si manipular los precios es un delito, no habrá cárcel lo suficientemente grande como para meter a toda la eurocámara y Banco Central Europeo (BCE). El BCE ha monetizado toda la deuda que ha querido. Ha comprado hasta un 18% de la deuda griega, parte de la italiana y española con el único fin de manipular el mercado, esto es: tirar la rentabilidad de los bonos hacia abajo para eliminar el riesgo país de cada nación.

No solo eso, lanza falsos mensajes de esperanza que nunca se cumplen para hacer subir la bolsa. Lo mismo hacen Merkel y resto de eurodirigentes que, tras tres años de reuniones, solo han hecho que agudizar la crisis. La bolsa europea va a golpe de ruedas de prensa de los políticos europeos. Si encarcelan a una persona por manipular el mercado, los eurodiputados y banqueros centrales tendrían que ser condenados a la silla eléctrica. El mercado financiero está lleno de absurdos mitos. Las manos fuertes (instituciones privadas) solo mueven el 50% del mercado, y las manos débiles (particulares) el resto. Solo los Gobiernos tienen suficiente dinero e influencia como para manipular el mercado. A ellos no les supervisa nadie. Y los que ahora se atreven a hacerlo, las empresas de rating, quieren convertirlas en unas proscritas.

Nos acercamos cada vez más a una Unión Soviética Europea y sin que nadie diga nada de tal proceso dictatorial. ¿Usted ha votado a Christine Lagarde (FMI), Ángela Merkel o Sarkozy? ¿Qué derecho tienen a tocar su dinero y libertad? Los especuladores solo son chivos expiatorios para el dominio total de nuestras vidas. Pero el dinero que están manejando estos políticos son el de sus fondos de inversión, pensiones, seguros de ahorro, depósitos y hasta cuentas corrientes. El principal enemigo de la libertad y del Pueblo no es la crisis, son los gobernantes de la UE y sus mentiras.

Tres Palabras Mágicas

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

"Escuelas, Hospitales y Pensiones", tres palabras mágicas, que al oírlas convierten al español medio en sumiso contribuyente, en pagano obligatorio, pero feliz y esperanzado… Tres palabras que al ser pronunciadas disparan un resorte en la mente del ciudadano que le deja inerte y anula su capacidad crítica.

Porque ¿qué alma desalmada puede estar en contra de que haya más hospitales para nuestros enfermos, más escuelas para los niños, más pensiones para nuestros mayores?

Así, una gran parte del fruto de nuestro trabajo nos es requisado y si por un casual alguien no está de acuerdo, si alguien replica que es su dinero, que es su propiedad, que le ha costado mucho esfuerzo ganarlo, allí están las tres palabras, "Escuelas, Hospitales y Pensiones", que caen como una maza sobre el insolidario discrepante.

Realmente, estos tres elementos, los "Pilares del Estado del Bienestar", se han convertido en una fuerza autónoma, en un ente con vida propia que cada vez crece más, consume más recursos y se desarrolla e hipertrofia por cuestiones absolutamente ajenas a sus funciones originales, educar, curar y mantenerse en la vejez. Tres funciones que puede y de hecho hace la iniciativa privada con mucha mayor eficacia y menor coste que la burocracia estatal. Siempre que le dejan, como bien saben los políticos, especialmente los socialistas, grandes usuarios del sector privado y fervientes defensores del sector público para los demás.

Básicamente, la clave del "Estado del Bienestar", la razón de su existencia, es que constituye la excusa perfecta, "Escuelas, hospitales y pensiones", para que haya dinero público a disposición de los políticos, un dinero que es usado para muchísimas otras cuestiones, desde construir y mantener una red de hoteles de lujo como son los Paradores hasta dar de comer (bastante bien por cierto) a unos artistas afines. Pero, eso sí, con un único y exclusivo fin, mantener sus privilegios y su control sobre la sociedad.

Llegan las elecciones. Y allí están las tres palabras. Todos los políticos "apuestan", con el dinero de los demás, por la educación -"la educación es el futuro"-, por la sanidad -"es un derecho de todos"-, por las pensiones -"que estarán garantizadas"-.

Hablan de que incluso en estos tiempos de crisis harán "esfuerzos inversores" en estos tres sectores y se arrojarán a la cabeza unos a otros la palabra prohibida "recortes" ante una opinión pública hipnotizada por las tres palabras mágicas.

"Escuelas, hospitales y pensiones"… Prueben a discutir con un progre sobre límites del estado, sobre libertad individual, sobre déficit público y ya verán cuánto tardan en aparecer, como un mantra, las tres palabras mágicas…

Banca, pagos y finanzas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un banco puede realizar para sus clientes diversas funciones que pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: gestión de cobros y pagos, e intermediación financiera. Un banco puede además prestar servicios adicionales como cambio de divisas o cajas de seguridad.

A grandes rasgos la banca comercial realiza operaciones de cobros y pagos, y la banca de inversión (o industrial) se dedica a la intermediación financiera o gestión del ahorro y la inversión; pero estos límites y denominaciones no son rígidos, drásticos o absolutos y pueden depender del marco legal de cada país.

Un cliente abre una cuenta corriente en un banco y con ella puede realizar ingresos y retiradas, cobros y pagos: utilizar billetes (si el banco los emite) o depósitos a la vista como medios de pago; domiciliar nóminas y recibos; realizar transferencias o giros; emplear cheques; utilizar tarjetas de débito y crédito (si el pago se aplaza durante un tiempo largo se convierte en un asunto financiero).

En la intermediación financiera el banco por un lado obtiene fondos prestados por un plazo determinado (ahorro) y por otro los presta o invierte (compra de acciones o deuda ajena por el propio banco); además puede ofrecer garantías, avales, cartas de crédito, y distribuir o colocar productos financieros ajenos (acciones, bonos).

Los ingresos y potenciales beneficios del banco pueden proceder de comisiones por operación (o  por mantenimiento de cuentas) y de márgenes de intermediación financiera (el tipo de interés al que el banco presta es mayor del que paga por recibir fondos prestados).

Para realizar sus funciones un banco utiliza medios de intercambio (dinero) y activos y pasivos financieros (deuda de diversos plazos y riesgos, y acciones). Un banco prudente cuadra su balance de modo que plazos y riesgos de sus activos y pasivos estén ajustados o compensados, vigilando no sólo su solvencia sino también su liquidez: para el sistema de pagos se utiliza deuda de bajo riesgo y corto plazo (depósitos a la vista y activos líquidos), y para la intermediación financiera se utiliza deuda con algo más de riesgo y mayores plazos. No es imprescindible separar legalmente la banca comercial (que utiliza depósitos a la vista) de la banca industrial (que puede invertir en deuda a largo plazo o acciones). Una misma entidad jurídica puede realizar ambas funciones, siempre que su balance esté ajustado.

Un banco imprudente descalza plazos porque puede intentar aumentar su margen de beneficios pidiendo prestado a corto plazo y bajo riesgo (tipos de interés más bajos) y prestando a largo plazo y alto riesgo (tipos de interés más altos). El desajuste o descalce de plazos y riesgos pone en peligro la liquidez, la solvencia y la supervivencia del banco: es especialmente grave cuando los pasivos a corto plazo (saldos de tesorería de los depositantes) sólo están respaldados por activos ilíquidos de largo plazo y alto riesgo; el sistema monetario (los pagos y cobros presentes) queda entremezclado con las finanzas a más largo plazo (coordinación intertemporal entre presente y futuro) y ambos se distorsionan mutuamente, produciendo el ciclo económico cuando todos los bancos lo realizan de forma coordinada (expansión y reducción del crédito, inflación y deflación).

En el pensamiento económico (incluidos muchos defensores del libre mercado) son comunes dos errores en extremos opuestos: no aceptar que algunas deudas pueden ser buenos complementos monetarios (que ciertas promesas de pago pueden circular y aceptarse como medio de pago), exigiendo que los bancos sean almacenes de dinero sin reserva fraccionaria (con reserva cien por cien en especie); creer que el negocio de los bancos sólo puede existir si realizan descalce de plazos, si toman prestado a corto y prestan a largo (arbitraje de la curva de tipos de interés), y que esto además es bueno porque incrementa los recursos disponibles para la inversión (sin tener en cuenta el plazo del ahorro y las inversiones).

Destruyendo los mercados bursátiles (I)

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

El comportamiento de las Bolsas constituyó para mucha gente el heraldo de la crisis global que se avecinaba. Allá por el verano de 2007, tras más de un año de verdadera euforia en los mercados financieros, con el IBEX-35 en los 16.000 puntos, recuérdese, comenzaron a aparecer los números rojos, extraños para los recién llegados al mundillo al calor de la euforia.

Poco después, comenzarían las "inyecciones" de dinero por parte de los bancos centrales para "estabilizar" la situación. A no mucho tardar, caería Lehman Brothers. Y así seguimos hasta hoy, cuando Grecia parece apunto de quebrar, y a su estela se agrupan otros países europeos. Desde entonces, los índices bursátiles son una verdadera montaña rusa que puede llevarles a descarrilar.

Como es bien sabido, en las Bolsas (o mercados secundarios de valores) se intercambia un determinado tipo de bienes: las acciones. Una acción es un título que representa una parte alícuota del capital de una empresa, de forma que los accionistas o tenedores de acciones son, en realidad, los propietarios de la empresa en cuestión. La alternativa a un sistema accionarial sería mucho más compleja: la distribución nominal de cada uno de los activos entre los accionistas. En fin, mucho más complejo, pero no inverosímil. De hecho, intuyo que en los orígenes de las empresas, los bienes utilizados se mantienen en propiedad de cada socio hasta que se va formalizando la figura.

Sin embargo, tal asignación presenta indudables dificultades, análogas a las que pueda tener el sistema de intercambio directo. De la misma forma que éstas hacen aconsejable la aparición de un activo universalmente aceptado como dinero, se tiende a generalizar la instrumentación de la propiedad de empresas mediante el uso de acciones.

Las acciones se pueden intercambiar como cualquier otro bien. Sin embargo, las acciones de una misma empresa son bienes bastante homogéneos; a su vez, en empresas de un cierto tamaño, su número puede ser lo suficientemente grande como para dar lugar a una gran cantidad de accionistas dispuestos a intercambiar los títulos. Es tal vez por ello que surgieron y se generalizaron las Bolsas como mercados organizados para el intercambio de acciones.

La importancia de las Bolsas en los mercados desarrollados no se puede despreciar. Por un lado, dota de liquidez a los títulos de propiedad, de forma que cada emprendedor puede con mucha facilidad salir y entrar al sector que considere atractivo, sin necesidad de enfangarse en peligrosas y arriesgadas inversiones hundidas. Las Bolsas permiten a cualquier persona invertir en el sector económico que represente el futuro para él sin requerirle conocimientos técnicos o compromisos duraderos. Las Bolsas, por tanto, disminuyen considerablemente los riesgos de la inversión, haciéndola más atractiva para cualquier individuo. Ello a su vez repercute en un aumento de la demanda de inversión (ceteris paribus) y una rebaja en su coste para las oferentes de inversión, lo que a su vez facilita el desarrollo de nuevos proyectos.

Como todo intercambio libre, la compraventa de acciones solo se produce si ambas partes valoran más lo que reciben que lo que entregan. Si los individuos estiman que una empresa está infravalorada, tenderán a comprar sus acciones para hacerse con la diferencia de valor, lo que hará subir el precio de la acción. Pero el que una empresa esté infravalorada significa que la gente piensa que su actividad va a ganar valor, esto es, va a ser demandada con más urgencia sobre otras. Si esto es así, lo lógico es que fluyan recursos a esa empresa con más prioridad que a otras. Por tanto, la subida de precios de las acciones de una empresa transmite el mensaje de que deben dirigirse más recursos a esa actividad.

Pero las acciones no dejan de ser un reflejo de los activos de la sociedad. En la medida en que suba (o baje) el precio de la acción, varía el valor de la empresa, que necesariamente se ha de reflejar en el valor de los activos que la constituyen. Por tanto, la Bolsa también consigue que los activos empresariales actualicen su valor con más rapidez y precisión que si lo hicieran a través de los mercados de los factores.

Esta revalorización de los activos encomendados a su gestión debería permitir a los gerentes del proyecto la obtención de recursos adicionales para el mismo, puesto que se muestran capaces de anticipar las necesidades de los individuos. Así se consuma la función "social" de las Bolsas: los precios de las acciones actúan como señal del lugar al que hay que dotar recursos para atender las demandas de los individuos.

Por tanto, un papel fundamental de las Bolsas es el de discriminar sectores y empresas alineados con las preferencias presentes y futuras de la gente de aquellos que no lo están. Si las Bolsas no son capaces de llevar esta señal de los ahorradores a los emprendedores, y viceversa, se pone en riesgo la afluencia de los recursos a los sitios donde son más valorados.

En este contexto, ¿qué sentido tienen subidas y bajadas generalizadas de los valores, como parece venir ocurriendo con especial virulencia desde 2007? ¿Qué efectos pueden tener sobre el funcionamiento de las Bolsas en el medio plazo? Sin embargo, no compliquemos más las cosas por el momento, y dejemos para dentro de un mes la respuesta a estas preguntas.

Comulgar con ruedas de molino

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Si hubiera que señalar la nota principal del sistema partitocrático, una subespecie de dictadura que durante treinta y cuatro años ha regido los destinos de España, ésta sería sin duda la falta de transparencia de la política. Resulta extraordinariamente difícil analizar cuáles son las razones reales de las decisiones con trascendencia pública que toman los políticos que se erigen en representantes de un país que, según las últimas estadísticas oficiales, cuenta con una población nacional de casi cuarenta y dos millones de habitantes.

Es un sistema apoyado en la perduración de numerosas mentiras sobre su origen, su legitimidad y la propia historia del país sobre el que se asienta; donde, no por casualidad, los políticos de la generación que se encontró con el poder después de la muerte del dictador Franco se llenaron la boca de frases grandilocuentes a propósito de la libertad y la democracia al mismo tiempo que construían un poder endogámico, cuyas bases se sustentarían en la cooptación de sus oligarcas. Las prescripciones de la malograda Constitución española de 1978 (art. 6) en el sentido de que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos debían ser democráticos ha tenido que suscitar carcajadas espasmódicas en las direcciones de los que componen el espectro político español. Grandes y pequeños. Nacionales y nacionalistas. Izquierdistas y derechistas.

En realidad, la dinámica de su funcionamiento (por no hablar de los sindicatos) se asemeja al centralismo democrático promovido por Lenin y sus secuaces. En este caso ese modelo de asociación disciplinada y sectaria buscaría el asalto al poder del Estado del (mal llamado) bienestar. Una forma de gobierno que cuenta con increíbles resortes de coacción sobre los individuos (¿no se propone hacerlos felices y saludables?) y que, como vía intermedia entre el socialismo y el liberalismo, bascula entre una y otra inspiración. Sin embargo, propende a la expansión del poder omnímodo del Estado en virtud de la clásica paradoja del intervencionismo vislumbrada por Mises.

Por otro lado, las relaciones de estos clanes entre sí y con la sociedad nunca se presentarían claramente ante la opinión pública y los tratos y apaños que considerasen necesarios para su supervivencia quedarían ocultos bajo un manto de impostada oficialidad. Cuanto más se repite que el parlamento constituye el centro de la vida política, menos debates serios se dan en él. Las ruedas de prensa hace mucho tiempo que no ponen en aprietos a los políticos. Bien es cierto que los maestros en este arte del engaño, los que han llevado la iniciativa de casi todos los desmanes acaecidos durante estos años, se han agrupado en torno a las siglas del PSOE. Resulta pasmosa la osadía y la temeridad con la que sus líderes transgreden las leyes de una manera u otra. Como pueden transitar del crimen de Estado contra los terroristas políticos a apoyarse en esos mismos terroristas para urdir una trama de apoyos externos a su grupo que les permita detentar el poder. O al menos ser la fuerza decisiva de todos los asuntos públicos. Por supuesto siempre subvirtiendo la legalidad en su propio beneficio.

Vienen al caso estas reflexiones a cuenta de la larga maceración del pacto con la ETA perpetrado por el gobierno con la aquiescencia del supuesto partido de la oposición. La pasada semana –un mes exactamente antes de la celebración de las elecciones generales– tenía lugar el penúltimo acto de este cambalache urdido en las bambalinas del poder político copado por unos pocos. La escenificación tiene ribetes de burla cruel. Solo unos malvados pueden ser los guionistas de esta farsa. Inmediatamente después de la celebración de una reunión con observadores internacionales, y nada menos que blandiendo el poder de la diputación foral de Guipúzcoa como evidente contraprestación anterior, los sempiternos encapuchados de la ETA, erigidos en representantes únicos de unos cuantos españoles –y de algunos franceses– como son los vascos, transmiten su decisión de dejar de matar y extorsionar porque, dicen, está en marcha un proceso de superación de un conflicto del que no ofrecen demasiados detalles. Sin embargo, piden (¿?) a los gobiernos de España y Francia la apertura de un proceso de diálogo directo para resolver "las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada".

Utilizan el típico lenguaje codificado tan común entre otros grupos marxistas que consideran el crimen como una faceta más de la lucha política. Como no cabía esperar menos, dado el largo tiempo de preparación de esta pantomima, se sucedieron las reacciones oficiales de la otra parte en ese conflicto virtual, perfectamente sincronizadas y de una pasmosa simetría.

Es difícil de prever las últimas consecuencias de este juego macabro de pillos. ¿Se producirá la temida "balcanización" de España? No creo que ningún grupo terrorista de los surgidos en Europa occidental en los años sesenta del pasado siglo pudiera haber soñado con conseguir un tratamiento igual al que han conseguido los etarras. Un trato basado en la infame mentira de considerar a las víctimas de sus crímenes como a los damnificados de una catástrofe natural o un accidente. Y, lo que es todavía más siniestro, por el que van a obtener, cuando menos, una sustanciosa cuota de poder estatal y la suelta de sus pistoleros de las cárceles como si se tratara de prisioneros de guerra. No comulgo con ruedas de molino.

La distancia que hay del Camp Nou a California

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de ocho meses, comer foie en California será ilegal. Según una ley firmada en 2004 por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, no sólo criar animales para este fin estará penado, sino que incluso traer el producto de fuera de sus fronteras para consumirlo dentro estará perseguido por la legislación. Los argumentos utilizados son los clásicos en la defensa de los animales: es una crueldad lo que se hace con las ocas y nadie debe disfrutar a costa del sufrimiento de otro ser vivo.

La medida es sorprendente por su carácter liberticida y porque con argumentos similares se podría prohibir casi cualquier otro alimento de origen animal. Es evidente que vacas, cerdos, pollos o corderos sufren (si se puede utilizar este verbo humano para referirse a un animal) para proporcionarnos alimento y placer. Algunos dirán que es una exageración pensar que se va a ilegalizar el consumo de carnes y pescados, pero una vez que le abrimos la rendija a la intervención estatal, nadie es capaz de imaginar adónde llegará su intrusión.

En España, décadas de intervencionismo público nos habían habituado a aceptar con más o menos resignación cualquier tipo de legislación caprichosa que se le ocurriera al político de turno. Cualquier alcalde, presidente autonómico o ministro sólo tenía que encontrar una excusa (nuestra salud, el bienestar de nuestros hijos, nuestra seguridad…) para imponernos una nueva obligación y una nueva forma de control. Hasta hace poco, sólo el tiempo de ocio estaba casi por completo libre del asfixiante abrazo del Estado. Como esto era intolerable, las comunidades comenzaron a sacar normas que prohibían la compra de alcohol a determinadas horas (las leyes antibotellón) y luego el Gobierno decidió establecer por su cuenta dónde se podía fumar y dónde no. Poco falta para que se metan también en qué alimentos podemos o no comer.

Pensaba en todo esto el otro día cuando me encontré con la noticia de que el F. C. Barcelona había prohibido fumar en el Camp Nou. La asamblea de socios había decidido en votación que su estadio será a partir de ahora un lugar libre de humos. Por curiosidad, entré en algunos de los foros de internet asociados a la noticia y allí me encontré con profundas discusiones sobre la medida, sobre si se puede prohibir fumar al aire libre, sobre los beneficios que ha aportado en estos meses la ley antitabaco o sobre lo que molesta el humo de un puro durante un partido de fútbol.

Aunque en parte me lo esperaba, me pareció muy preocupante lo que encontré en estos foros. Los argumentos utilizados a favor y en contra de la decisión de los socios del Barça son prácticamente los mismos que se emplearon cuando entró en vigor la Ley Antitabaco hace casi un año. Casi todos los que se posicionaban a favor de la normativa estatal aplaudían también la medida de auspiciada por Sandro Rosell. Y al revés, los críticos de una también lo eran de la otra.

El problema es que una cosa y la otra no tienen nada que ver. La distancia que separa las dos medidas es mayor que los 9.660 kilómetros que hay entre Barcelona y Los Ángeles.

Yo no sé lo que habría hecho si hubiera sido socio del Barça. Por una parte me parece un poco exagerado prohibir fumar al aire libre; por otra, he sufrido la molestia de tener a un fumador de puros a mi lado a lo largo de las dos horas que dura un partido y no es agradable. Lo que sí que tengo claro es que no tengo nada que decir sobre una votación de los dueños del F. C. Barcelona acerca de lo que se puede o no se puede hacer en su estadio. Es como si prohibieran ir de amarillo porque da mala suerte o servir productos derivados del cerdo en sus bares. Cualquiera de las dos decisiones podría parecerme una estupidez o una concesión absurda a lo políticamente correcto, pero están en su derecho de fijar las normas que se aplican en su propiedad.

De hecho, pocos días después me encontré esta otra noticia. Algunos fumadores están pensando en impugnar el acuerdo de la asamblea azulgrana porque según una Ley autonómica "sólo el Parlament" está capacitado para prohibir fumar en espacios abiertos. Es el colmo: no sólo prohíben ellos, sino que prohíben a los demás que prohíban en su casa lo que les dé la gana. Los mismos que criticamos la Ley Antitabaco o la Ley Anti-Foie de California debemos defender el derecho del F. C Barcelona a impedir que se fume en su estadio. En realidad, el principio que subyace es el mismo: la defensa de la propiedad privada y de la autonomía del individuo a tomar decisiones sobre su vida.

Lo preocupante no es que el Estado se tome licencias que no le corresponden. Siempre lo hizo. Lo que nos debe aterrar es la condescendencia con que el ciudadano medio lo admite. Incluso aquellos que detestan la forma en la que se mata a las ocas o el olor del tabaco deberían estar en contra de estas leyes. Puede que ahora les gusten sus resultados, pero una vez que han dejado entrar al ogro del intervencionismo, les será muy difícil hacerlo salir.

Posdata: no es casual que esta Ley del Foie se haya aprobado en EEUU y que sea apoyada por demócratas y republicanos por igual. A muchos nos apasiona este país, su historia de libertades y la promesa de sus fundadores de construir "una ciudad sobre una colina" en la que los hombres libres pudieran vivir. Sin embargo, no debemos ignorar que de unos años a esta parte, casi todas las normas liberticidas han surgido allí y se han extendido después al resto del mundo (absurdos excesos de seguridad en los aeropuertos, antitabaco, cuotas, discriminación positiva…). Puede que sigan teniendo una economía más desregulada que la europea, que su mercado de trabajo sea más flexible y que sus ciudadanos sean más conscientes de este ataque a sus libertades. Pero no nos engañemos, el poder político norteamericano es tan asfixiante como el europeo y su afán controlador no deja atrás al de los burócratas del Viejo Continente.

Nación, estado y libertad

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este es el título de la última Reunión Mont Pelerin, celebrada en Estambul, a la que he tenido la oportunidad de asistir este mes de octubre. Se trataba de un Special Meeting, bastante enfocado hacia los retos que afrontan los países del Este de Europa y del Cercano Oriente. Por lo menos, en cuanto al origen de los asistentes, ya que -además de Turquía, el país anfitrión- había gente de Kirguistán, Siria, Azerbaiyán, Kosovo, Tayikistán, Montenegro, Rusia, Bulgaria, Georgia, Ucrania, Serbia, Kazajstán, Polonia, Rumanía, Lituania o Bulgaria. Muchos de ellos, por cierto, gente joven.

El congreso organizó luego un encuentro menor para tratar el problema de la libertad en los países árabes, ya que asistieron también personas de Marruecos, Egipto, Jordania, Palestina (creo que no había ningún israelita), Malasia, Pakistán o Arabia Saudí. Por supuesto, entre los doscientos cincuenta asistentes había muchos norteamericanos (EEUU), de Canadá, y unos pocos representantes europeos. Hay que decir que solo estábamos apenas cuatro hispanoparlantes de origen: el matrimonio Alfaro, de la UFM, Gonzalo Melián y yo (o sea, ¡el IJM y la Marro!). En fin, siento haberme alargado con este descriptor geográfico; pero no va mal echar un vistazo al mapa de los institutos liberales por el mundo…

Con el rigor en el control del tiempo de las exposiciones que es característico de la MPS (¡ni un minuto más allá de lo previsto! Ojalá se extienda esta costumbre), estuvimos escuchando conferencias en torno a la libertad individual, los límites del Estado o el dilema del multinacionalismo. Tal vez, por la mayor cercanía con los problemas españoles, seguí con atención esta Mesa, en la que hablaron un profesor de Historia (Stephen Davies, del IEA en Londres), un filósofo (Chandran Kukathas, de la LSE) y el Director Ejecutivo de la Free Market Foundation en Sudáfrica (Leon Louw).

Este último reflexionaba sobre la paradoja del multinacionalismo (algo que conoce bien por razones obvias): mientras que en teoría los estados multinacionales podrían conducir mejor a la libertad, porque requieren mayores mecanismos de respeto y comprensión entre las minorías, la realidad histórica nos muestra una gran cantidad de ejemplos en los que ha sido más frecuente el abuso de unas minorías sobre el resto. Por eso concluía que el multinacionalismo en muchas ocasiones reduce la libertad. Mientras que en las sociedades homogéneas ésta se consigue con mayor naturalidad.

Todo ello me recordaba esa obsesión tan frecuente (entre los nacionalistas de nuestro país) por buscar elementos diferenciadores en una sociedad que siempre ha sido más homogénea de lo que se quiere pensar. La imposición de un nacionalismo forzado no impulsa la libertad, más bien la constriñe. Es el típico caso de unas minorías que acaban abusando de su poder, incluso reeducando a las nuevas generaciones (de manera que con el tiempo ya empiezan a ser mayoritarios); predican un multiculturalismo, pero en realidad expulsan de su territorio a los que no piensan como ellos. Lo que, desde esa aparente perspectiva de múltiples opciones, empobrece la diversidad ya que los otros terminan por marcharse del país de manera forzada. Habría que hablar aquí de una homogeneidad que no produce libertad, ya que ha sido impuesta desde la falsa prédica del multinacionalismo…

En su paper, Leon Louw advierte que es un error pensar que las leyes que promueven la diversidad mejorarían siempre la libertad. Y apoya esta idea con el Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation. Los países más homogéneos tienden a estar en la cabeza del ranking (con la excepción de Suiza que, una vez más, “confirma la regla”). Entre las posiciones finales se alternan, por otra parte, países aparentemente multiculturales (como algunas caóticas naciones centroafricanas) con férreas dictaduras monolíticas, como el caso de Corea del Norte.

Como posibles soluciones, Louw proponía una reflexión en torno al federalismo y la devolution (no soy capaz de traducir esta palabra: es algo así como llevar el poder a los niveles más bajos de la organización social). Recordando que la organización federal tampoco supone per se una mayor libertad, sin embargo estaría de acuerdo con la postura de Mises sobre la necesidad de reducir los poderes del Estado ofreciendo a la población muchos estadios intermedios que les permitan tener mayor capacidad de elección, un control más directo sobre las cosas que les atañen, etc.

Termino con alguna referencia a dos autores que tal vez les resulten más conocidos. Samuel Gregg (Acton Institute) expuso un consistente y reflexivo alegato a favor de la libertad religiosa como una de las maneras de reducir el peso de los estados. Y con una interesante llamada de atención contra el peligroso secularismo, que con la excusa de una falsa libertad en realidad restringe el ejercicio de la opción religiosa personal.

Por su parte, Peter J. Boettke (George Mason University) tituló la conferencia con una pregunta (Is State intervention in the Economy inevitable?), que respondía en seguida: “No, la intervención del Estado en la economía no es inevitable”. Aunque nos avisaba de que es algo frecuente y, por lo tanto, probable. Su charla discurrió en la línea de resaltar las cuatro aparentes excusas para la intervención pública: los monopolios, las “externalidades”, los public goods (bienes públicos) y la inestabilidad macroeconómica. Ciertamente, no toda la intervención estatal es mala; solamente aquella innecesaria o arbitraria (aunque, lamentablemente, ambas suelen ser bastante frecuentes). Así, una intervención demasiado constante del Estado en la economía de libre mercado puede considerarse como una de las causas de la presente crisis, unida a la irresponsabilidad fiscal y el desorden monetario. Por lo que reclamaba una vuelta a los argumentos clásicos del liberalismo sobre el control de la acción estatal. Y con una llamada a la responsabilidad personal, que me parece muy adecuada en estos tiempos.