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Una ocasión para la caída de “lo social”

La crisis financiera de los estados es una ocasión para los liberales. Es cierto que la inercia de una opinión pública parcialmente favorable a la restitución de las competencias políticas sobre la crisis económica sigue actuando con cierta fuerza, pero es aún más cierto que los discursos emitidos en 2009 acerca de que la crisis de las entidades financieras habrían de iniciar una etapa de suspensión de la iniciativa de los mercados (Rodrigo Rato dixit) ha dejado paso a que la actual, relativa a las finanzas de los gobiernos, suspendan la suspensión. Lo más tóxico, ahora, es la deuda soberana. Esa misma deuda que era la solución es el mayor de los problemas.

La única alternativa a todo ello es la restitución de una franja, más amplia aún que la preexistente, de libre mercado, pues, aunque se vea como provisional, se sabe bien que si la creación de riqueza se obtura, no quedará estado que la succione ni, por tanto, subvenciones que sostengan el falso mito de "lo social".

Puede que se vea como lamentable y provisional esta situación, esta necesidad imperiosa e ineludible de reducir el tamaño de las administraciones. Sin duda la opinión pública, hoy difusamente partidaria de poner fin a los dispendios, será mayoritariamente propensa a exigir nuevas políticas de gasto público para volver a financiar la vida loca disfrutada en la década precedente. Pero esta dosis de realismo a la que nadie puede ya escaparse favorece la intrepidez política de quienes conservan todavía algún ideal liberal.

Pero sí es cierto que nada es seguro y no hay garantías de que un mínimo repunte del PIB en cualquier economía no genere una recaudación fiscal y un incremento en la penuria deudora que libere la imaginación delirante de que se puede volver a gastar. Por eso es determinante la capacidad de los políticos que supuestamente renovarán la dirección de las políticas públicas para exponer sin complejos la verdad. Y si no tienen esa valentía aún queda el recurso de que desde instancias supranacionales les hagan percibirla. Incluso culpar a éstas de la reducción del Estado del Bienestar llega a ser positivo para una adecuada pedagogía a favor de los mercados.

Ninguna reforma constitucional puede sustituir a la voluntad política de dar una oportunidad a la sociedad abierta de restituir su crecimiento económico. Lo importante es saber que este "parque temático" en que Europa se está convirtiendo (como José Borrell, en el único alarde de lucidez que se le conoce, dijo) sólo se sostiene decentemente si la economía más productiva de Europa, la alemana, sigue manteniéndolo. El problema para los socialistas de todos los partidos es que Alemania considera un lastre, por fin, esta situación. Es más, aunque han puesto ya amplios sectores de su opinión pública la necesidad de dejar de pagar a los improductivos de Europa, lo más crudo para éstos está aún por llegar.

De todo observador avispado es sabido que una buena parte de los gastos del Estado alemán está, aún hoy, subvenido indirectamente por los Estados Unidos. No solamente en forma de apoyo financiero a los rescates bancarios y soberanos europeos, sino por la simple geopolítica. Alemania puede hacer que su innegable productividad mantenga la improductiva maquinaria "social" de sus vecinos por la simple razón de que su protección militar disuasoria frente al eterno enemigo del este, Rusia, está esencialmente cargada al presupuesto norteamericano. Alemania ha podido financiar el sueño europeo porque los intereses geopolíticos siguen haciendo necesario que los EEUU mantengan un poderoso ejército en la locomotora económica continental. Y no es en absoluto seguro que el amigo norteamericano vaya a poder sufragar sus gastos militares al nivel actual.

Sean cuales sean las razones (crisis de las deudas soberanas y/o capacidad estadounidense para sufragar la seguridad alemana y, por ende, europea) el realismo se impone. Es aquí donde los liberales pueden hacer pedagogía. Unas reformas en la buena dirección pueden reactivar los mercados. Un renovado vigor de éstos puede mostrar que las fiestas siempre hay que pagarlas y que menos fiesta significa mayor bienestar.

El separatista Naboulione Buonaparte

El pequeño corso Naboulione sentía un odio visceral hacia los franceses. Unos meses antes de venir al mundo, Córcega había sido vendida por la república de Génova a Francia como pago de una deuda a su aliada tras verse incapaz de sojuzgar a los ariscos isleños. Era el sino de esta isla. Durante su milenaria historia había sido gobernada por romanos, vándalos, sarracenos, pisanos, turcos, aragoneses, genoveses, para acabar finalmente en manos galas.

Sin embargo, antes de pasar definitivamente bajo soberanía francesa, Córcega, ante el menguante dominio final genovés, conoció un breve periodo de independencia entre 1755 y 1769 que dejó extasiado a todos los ilustrados del momento. Fue la primera revolución auténticamente burguesa de Europa contra el Antiguo Régimen que promulgó, antes incluso que los americanos, una constitución democrática. El héroe de aquella gesta emancipatoria fue Pasquale Paoli. Fue el ídolo indiscutible del joven Naboulione.

La familia Buonaparte era de origen toscano y llevaba más de dos siglos asentada en Córcega cuando se produjo su anexión a Francia. El padre de Naboulione, Carlo María Buonaparte, formaba parte de la aristocracia local con escasos recursos y participó activamente en la resistencia armada contra los nuevos invasores. Su esposa, Letizia Ramolino, también de sangre noble corsa pero con más posibles, contrajo matrimonio a los 14 años aportando una suculenta dote de 7.000 libras genovesas. Pese a las constantes luchas y huidas junto a su marido de los ocupantes, no cesó de parir y cuidar manu militari a sus trece hijos (de los cuales sólo sobrevivieron ocho, Naboulione entre ellos).

Las tropas coloniales de Luis XV sometieron al fin a los sublevados en la batalla de Ponte Nuovo imponiendo acto seguido las leyes y el idioma francés en toda la isla (la matriarca Letizia se negó a aprenderlo y no llegó a hablarlo jamás; menuda era la mamma). Con ello la independencia corsa quedó oficialmente finiquitada. Pese a aquella derrota, en el imaginario corso se forjó una aureola alrededor de su héroe independentista Pasquale Paoli, que huyó rumbo a Londres en espera de una mejor ocasión.

Con Carlo María Buonaparte, lo que se forjó, sin embargo, fue un cambio de estrategia en la aproximación a los nuevos gobernantes galos para ganarse su confianza. Fue tan diestro en dicho empeño que consiguió labrarse una buena posición política como representante real por Ajaccio. Más tarde obtendría sendas becas costeadas por el erario francés para la formación de sus dos hijos mayores: el primogénito Giuseppe (el futuro Pepe Botella) se haría seminarista y Naboulione, militar. Pese a ello, este último siguió cultivando una intensa galofobia y no perdonó a su padre -antiguo secretario personal de Paoli- la traición acomodaticia que perpetró contra la memoria de su sufrido pueblo.

Naboulione partió, pues, a los diez años hacia la Francia continental. Dicha marcha la vivió como una deportación. Antes de ingresar en la escuela militar de Brienne debió aprender francés en un colegio jesuita, pues lo único que sabía era su dialecto natal. Hasta su muerte hablaría la lengua de sus opresores con un marcado acento italiano. Simultaneó su instrucción militar (completada por su paso por la Academia militar del Campo de Marte en París) con sus compulsivas lecturas y posteriores escritos acerca de las costumbres de Córcega, su idioma, su lucha por la libertad y su autogobierno. Parecía antes un hombre de letras que un militar. Apenas tuvo amigos por su carácter intratable, marca de la casa que le acompañaría toda su vida.

A los veinte años hizo la promesa al venerable Abad Raynal de escribir un libro sobre la historia de la indomable Córcega. Su rencor hacia Francia por haber ahogado la libertad de su nación era enfermizo; algún día merecería vendetta aquel ultraje. Un mes antes de que estallara la Revolución escribió a Paoli que temía que se le echaran encima los funcionarios opresores que gobernaban su isla por las ácidas críticas que les dedicaba.

Muerto su padre y siendo ya un oficial de artillería, se trasladó intermitentemente a su añorada Córcega desde la metrópoli gracias a numerosas (y descaradas) bajas por enfermedad en su servicio activo y que el Estado opresor tuvo siempre a bien concederle. Parecía no importarle que Francia estuviera ya en guerra contra media Europa. Se puso inicialmente a disposición del caudillo nacionalista Paoli, convertido entonces en un federalista girondino por conveniencia del momento. Desde que se supo que Luis XVI estaba considerando ceder la soberanía de la isla de nuevo al gobierno de Génova, la secesión estaba en la mente de todo patriota corso que se preciara. En la fratricida lucha de las diversas facciones locales, el enardecido Naboulione se enemistó con todos, incluido el mismo Paoli. Ante sus repetidos fracasos por hacerse con el mando insular, el joven oficial se decantó finalmente por los afrancesados favorables a la Convención republicana. Se produjo su conversión paulina al jacobinismo.

El progresivo deterioro de las relaciones de la saga Buonaparte con los paolistas llevó al cabeza del clan, Naboulione, a hacerse mediante intrigas, sobornos y secuestro incluido de un comisario, con la jefatura militar de la isla obteniendo 522 votos de un censo total de 492 votantes.Como solución final, salió de Bastia hacia Ajaccio con la intención decortar por lo sano y ametrallar a sus antiguos camaradas, devenidos contrincantes. Fracasó miserablemente. Después de aquello tuvo que huir con toda su familia para escapar al saqueo de su casa y al linchamiento por parte de sus sañudos compatriotas. Se refugiaron en Marsella para no volver jamás a su país. Corría el año 1793 y acababa de rodar la cabeza del monarca francés. Nuestro iracundo personaje llevaba siete años y medio en el cuerpo militar francés, de los cuales había estado de baja por vacaciones o simulando enfermedad un total de cinco años completos para poder participar en todas sus aventuras corsas.

En aquella nueva etapa pudo reconducir su ambición (ejercer el mando). Logró llamar la atención del benjamín de los Robespierre y fue nombrado capitán en el 4° regimiento de artillería de Niza. A la sombra de su otro protector providencial, el vizconde de Barras, empezó a labrarse una prometedora carrera militar en el seno del ejército francés. Su éxito bélico durante el sitio de Tolón –principal puerto de la marina de guerra francesa en el Mediterráneo–, tomado por las tropas británicas, le hizo merecedor de los galones de general de brigada. Fue su gran arranque. Le había tocado en Tolón luchar en el bando francés dadas sus circunstancias vitales pero nada le hubiese impedido hacerlo en el contrario, caso de que su difunto padre hubiese decidido acompañar a Paoli en su primer exilio londinense. Naboulione se consideró durante mucho tiempo un condottiero moderno.

Los íntimos anhelos de este antiguo separatista corso se verían sobradamente colmados a través de su oportuno afrancesamiento y de los medios que le proporcionaría su nueva nación adoptiva. El "général Bouona", como le denominaba la soldadesca revolucionaria, no tuvo más principios que luchar por el poder y una fortuna que amasar. Vaya si lo consiguió. El resto de las peripecias de este tirano es historia y mitología a partes iguales.

Mercadeo eléctrico

Hoy no pienso hablar de mercado eléctrico. Que yo sepa, nunca ha existido en España. Hoy voy a hablar de mercadeo eléctrico, de un mercadeo que ha transformado al sector energético en una pieza más de la política española.

Las elecciones suelen cambiar las estrategias y tácticas políticas. Los objetivos se suelen reducir a uno, llegar al poder o colocarse en una posición lo suficientemente buena para defender determinadas posiciones e intereses que no tienen que coincidir necesariamente con los de sus votantes y mucho menos con las de sus representados. El partido en el poder intenta por todos los medios no perjudicar a su candidato y entorpecer a los de la oposición y viceversa. En este juego electoral todo vale, como en el amor y en la guerra, y parece desaparecer toda moral y ética, pudiendo llegarse a un utilitarismo casi vomitivo.

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar la subasta CESUR que fija parte de la tarifa de último recurso (TUR)[1] del mercado eléctrico español. La evolución de los precios de los mercados OTC y del pool eléctrico ya estaban avisando de que esta tarifa iba a incrementarse y el resultado final ha sido de un ascenso del 6%. Pero en el sistema regulado e intervenido que tenemos, la subida de la electricidad no la determinan la relación entre usuarios y empresas, ni las compañías por su cuenta, como algunos pueden creer, ni mucho menos estas subastas y mercados aparentemente libres. En España, quien determina el precio final es el Gobierno.

La subida de la energía en periodos de crisis económica es muy sensible. Por lo general, los ciudadanos no entienden por qué los servicios públicos tienen que subir cuando a lo mejor sus sueldos bajan, la gente pierde su trabajo o incluso las empresas privadas, sobre todo las pequeñas y medianas, hacen esfuerzos y bajan algunos precios de sus productos y servicios. Es más, hay mucha gente que piensa que los servicios que regula el estado, al no primar el ánimo de lucro y no perseguir un gran beneficio, deben ser más baratos que sus equivalentes estrictamente privados, frenando así esa ansia insana de beneficios empresariales. Los grandes beneficios de las compañías eléctricas están muy mal vistos por los ciudadanos que no entienden que, teniendo esos balances tan positivos, no puedan reducirse y ajustarse para dar un servicio más barato. En un país tan socialista como España, el ánimo de lucro ajeno está muy mal visto.

Como el escenario electoral es prioritario, una subida del precio de la electricidad sería un lastre para el actual candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El gobierno no la quiere, así que ha decidido compensar ese incremento con los peajes de acceso, que podrían bajar para que no se pueda decir que el socialismo abusa de los españoles. El gobierno al servicio de los intereses del partido, ¿dónde está el tan cacareado interés general? Pero es que tampoco lo quiere la oposición, que defiende el abaratamiento de los precios en una medida claramente demagógica.

Sin embargo, esta medida tiene una derivada primera. Los precios que se están pagando no cubren los costes de producción y distribución y se genera un déficit de tarifa. Este déficit suele pasar sin pena ni gloria por los medios de comunicación porque parece una pelea interna en el entramado estado-empresa que domina el sector de la energía. Sin embargo, lo pagamos todos por la vía de los impuestos y ya roza los 20.000 millones de euros. La nueva medida del ejecutivo socialista incrementará de esta manera el problema de deuda que tenemos en España, generando más desconfianza en los mercados financieros que no quieren asumir el riesgo de un impago y exigen tipos muy altos.

Existe otra segunda derivada que puede ser tan catastrófica a largo plazo como el déficit y es que las eléctricas, al no cobrar lo que se les adeuda, se ven obligadas a buscar financiación para mantener sus inversiones y sus costes de operación. Esta financiación no es gratis y en definitiva supone una reducción del dinero del que disponen. De esta manera, se pueden ver afectados las inversiones y el mantenimiento. Además, las empresas del sector, con una gran proyección internacional, se plantean si deben invertir en un mercado problemático como el español o en otro donde las garantías de cobro y la estabilidad regulatoria es mucho mayor. En definitiva, se puede producir una fuga importante de inversiones hacia otros mercados más atractivos por su elevado crecimiento y seguridad.

El mercado eléctrico español muestra así su verdadera naturaleza, la de un mercadeo, un intercambio de favores basado en intereses a corto plazo de los agentes implicados y donde no se tienen en cuenta los intereses de los consumidores y los contribuyentes, en definitiva, las mismas personas. Pagar, pagaremos, directa o indirectamente. A muchos les parecerá que es mejor la segunda opción, pero sus consecuencias pueden ser mucho más negativas. En todo caso, el problema lo tendrá el siguiente gobierno y los mismos ciudadanos.



[1] Grosso modo, la TUR se compone de dos elementos: el precio de la energía que se fija a través de la subasta CESUR y los denominados peajes de acceso que los fija Industria con los que se retribuyen los costes regulados (uso de redes y primas de las energías renovables, principalmente).

Juego de intereses

El interés, legítimo o ilegítimo, justo, injusto, simple o compuesto, es uno de los objetos de estudio más controvertido en las ciencias sociales. La RAE, en lo que aquí nos interesa, lo define como "provecho, utilidad o ganancia", "inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.", y "conveniencia o beneficio en el orden moral o material".

El hombre actúa en todo caso como consecuencia de una inclinación autónoma y personal. Dicha preferencia puede o no coincidir con el interés o las valoraciones de otro agente. En el intercambio voluntario, las valoraciones distintas convergen en forma de acuerdo mutuamente beneficioso. En términos subjetivos, quienes en él participan obtienen su propio interés generando sin quererlo una ganancia mutua.

Únicamente existe el "interés particular" frente al pretendido interés colectivo, social, general o público. La teoría política, y por extensión, la teoría económica, manejan comúnmente una dicotomía perversa en torno a la idea del interés. En esta línea, cualquier utilidad que se considere parte del interés general someterá al individuo, aunque no estime personalmente provechoso perseguirlo. El nomenclátor de intereses garantizados bajo dicha etiqueta es a su vez identificado con la motivación de lo público, los fines del poder social, cualquiera que sea su expresión. El interés colectivo prima sobre el particular, en términos morales y, por asimilación, también en términos jurídicos. Y de este modo, el poder social, incluso cuando éste sea privado y surgido del intercambio voluntario y la libre competencia entre agentes, será necesariamente identificado con los valores e "intereses" propios del catálogo que precisa lo general y lo colectivo.

Lo colectivo dentro del orden jurídico es comúnmente confundido con lo compartido. Se afirma que los límites jurídicos sobre el dominio privativo dependen estrictamente de una definición moral previa e indisponible de lo que debe ser parte del interés general. La teoría política incorpora estas ideas, concediendo sustancia y personalidad a la voluntad supraindividual. Tal abstracción coadyuva en determinar la entidad jurídica de los sujetos colectivos. Estos últimos no son descritos como aquella alianza competitiva y privada de intereses particulares en lo que a todos los intervinientes concierne y preocupa. Y en cuanto al Poder social público o Gobierno civil, deja de identificarse como aquel espacio común concretado por cierta integración institucional de una comunidad cultural y política. En ambos casos, son definidos por la presunta y metafísica preeminencia de una trama definida de intereses que somete a los individuos en sus querencias y necesidades personales.

El Estado no actúa como juez que dirime entre las reclamaciones de dos o más individuos. El Estado encarna intereses que gozan de un fondo autónomo y singular, fruto de la reificación de cierto constructo intelectual, práctica institucional u organización política, que deja de representar la coordinación pacífica de intereses sobre lo compartido, o su mera aspiración, para convertirse en el agente que representa y salvaguarda el interés general.

Aceptando semejante dualidad (o perversa dicotomía), el paso que sigue es el de calificar aquellos  actos y  fines particularísimos e individuales en función de su identidad u oposición con los valores e intereses considerados como colectivos o sociales por el consenso prepolítico. Egoísmo y altruismo pierden su auténtico significado para convertirse en instrumentos al servicio inquisitorial del socialismo.

Altruista será aquel que tenga interés particular en conseguir objetivos considerados sociales por la mayoría. El egoísta será quien persiga finescalificados como antisociales (pese a que, como hemos visto, todo intercambio voluntario, surgido del interés particular de dos o más individuos, genera un mutuo beneficio que debe considerarse "social" en sentido estricto), tachados de ese modo por el mismo consenso moral que define lo prepolítico y da lugar a cierto orden de convivencia. Se produce una relevante atribución de virtudes, así como de exclusión de vicios, para quien tenga como interés particular la realización de aquellos valores, fines y objetivos que se hallen incluidos dentro de la esfera de lo general, lo colectivo, lo público, en definitiva, "lo social". La avaricia será en todo caso un pecado egoísta, incluso cuando se ejerza desde la apariencia altruista. La filantropía no podrá ser nunca una cualidad más del individuo, sino que será interpretada como parte de su concienciación "social".

Siguiendo con esta idea, podemos afirmar que existen dos maneras de expresar y ejecutar fines particulares, en función de que hayan sido previamente categorizados como "egoístas" o "altruistas".

  • El primer canal es el de la libertad, proyectada ésta en un entorno institucional dinámico y competitivo donde los acuerdos voluntarios y la formación espontánea de un espacio moral y jurídico compartido permiten que los intereses particulares tiendan a traducirse en forma de oportunidades que resulten mutuamente beneficiosas. El altruismo se expresa en este ámbito como la entrega libre y personal de un individuo a las necesidades de otros, quedando al margen del estricto intercambio económico. El dominio (poder limitado, revisable y plural) define el orden social que funciona de este modo.
  • En segundo lugar, aparece la vía política, donde no existen intercambios libres y voluntarios, sino resignación, obediencia o adhesión. El egoísmo permanece y adquiere tintes dramáticos especialmente dentro de aparatos de represión y redistribución que ponen a disposición de quien ostenta todo el poder social y la autoridad pública (monarquía frente a poliarquía) un instrumento capaz de garantizar la preeminencia (en ocasiones, incluso la exclusividad) de cierto conjunto de intereses. Este altruismo aparente se traduce en la consagración jurídica de una serie de conductos redistributivos nutridos a través de la coerción de intereses particulares de unos, frente a una entrega sin contrapartida de medios suficientes para que otros consigan sus fines sin someterse al intercambio voluntario y las reglas institucionales compartidas. Se inventa la idea del conflicto de intereses, presentando al Estado como la única vía de resolución gracias al uso del monopolio de la violencia en que se traduce el imperio (poder ilimitado, inapelable y excluyente).

En uno y otro sistema funciona un principio desigual de atribución del control sobre los bienes y la propia integridad y dignidad personales. Dentro del primer mundo, el libre, individualista y competitivo, la propiedad plural se define en términos jurídicos como un dominio personal sobre determinados bienes, ordenado bajo la preeminencia institucional espontáneamente compartida, y que se encarga de dirimir y racionalizar la encarnación de la iurisdictio. En el segundo de los mundos descritos, el supeditado, colectivista y socialista, el imperio define las facultades y prerrogativas del poder social unificado (monarquía). Así, la iurisdictio se disuelve en el gubernaculum, quien se sirve de la legislación en su propósito por diseccionar el Derecho hasta desnaturalizarlo y convertirlo en la expresión del interés social.

Parásitos cerebrales, memes y memos

Son el no va más de la parasitología, parásitos capaces de modificar el comportamiento de sus huéspedes tomando el control de sus cerebros y haciendo que sus víctimas se comporten de forma extraña y aberrante, actuando en contra de sus propios intereses biológicos.

Hay muchos ejemplos, desde grillos que deciden ahogarse para que un gusano parásito que crece en su intestino pueda pasar la siguiente fase de su desarrollo en el agua, hasta hormigas zombis que infectadas por un parásito se encaraman a la hierba para ser ingeridas por las vacas, que de este modo pasan a ser el siguiente huésped.

También hay un caracol que al ser parasitado por un gusano se expone a ser comido por los pájaros y de esta forma infectarlos, así como una araña que al ser parasitada por una avispa, no solo es devorada desde dentro por las larvas, sino que además construye una red especial para que las larvas asesinas cuelguen el capullo donde completar su desarrollo…

Finalmente, hay una especie de primates que cada cuatro años vota y elige a unos individuos de su propia especie que les quitan el fruto de su esfuerzo y su trabajo.

En todos los casos, el proceso es parecido. Es un proceso que se realiza a nivel instintivo en el cual una serie de conductas estereotipadas son modificadas levemente en sentido favorable al parásito.

Así, por ejemplo, la araña parasitada tiene un programa de construcción de red que, digamos, se "encasquilla" en una de las etapas, de forma que un segmento de red que serviría de base para la construcción de la telaraña es repasado cientos de veces hasta que adquiere el grosor necesario para soportar el capullo del parásito.

Básicamente, el comportamiento de la araña está codificado en su ADN. El ADN del parásito lo que hace es producir sus propias proteínas que interfieren con las propias del huésped, modulando y alterando sus comportamientos instintivos.

En los primates que hemos mencionado el proceso es muy similar. Aquí también intervienen los instintos y las conductas estereotipadas que son aprovechadas por los parásitos para buscar sus propios fines.

Y es importante señalar que en ningún caso entra en juego el neocórtex, es decir, el pensamiento racional, sino que todo este proceso se da a nivel del sistema límbico.

Es decir, se utilizan sentimientos básicos, instintos primarios… algunos muy elevados como la solidaridad, el altruismo o la justicia, pasando por otros menos, digamos, nobles como la envidia, el miedo a lo desconocido y otros más o menos neutros como el sentimiento de identidad grupal.

Pero aquí no actúa el ADN biológico, no es una cuestión de genes. El primate al que nos estamos refiriendo es un ser altamente cultural y utiliza como sustrato de comportamiento los memes, unidades de información cultural que conforman los rasgos específicos presentes en el pool cultural de la población.

Y por supuesto, dentro de dicha población, el grupo de primates parásitos debe tener unos memes que puedan influir de manera positiva para sus intereses dentro de la propia población general parasitada, dándose un proceso de co-evolución, una carrera evolutiva en la cual ambos grupos de memes, tanto los de la población parasitada como del grupo parásito, se influyen mutuamente.

Un ejemplo. En las sociedades anglosajonas o escandinavas, sus rasgos culturales básicos, sus memes, contienen una programación básica que incluye el respeto a la propiedad privada, a la libre iniciativa, a la ley… El político que quiera vivir a costa de dicha sociedad ha de tener por tanto unos memes adaptados a dichas condiciones… Es decir, un mínimo de decencia…

En cambio en otras sociedades más cercanas, donde impera la cultura de la dependencia, de la corrupción, del estado omnipresente, los políticos y partidos que sobreviven y transmiten su memes son aquellos que encajan con la población parasitada… Es decir, los más demagogos, vacíos y corruptos.

En otras palabras, para que nos entendamos, existe una relación directamente proporcional entre el número de memos presentes en la sociedad y la posibilidad de que un memo llegue a presidente del gobierno…, como hemos podido comprobar.

Pero aun así, hay grados… Al igual que en los microorganismos parasitarios hay diferentes cepas más o menos virulentas, también las diferentes organizaciones políticas dentro de un país presentan memes más o menos dañinos para la sociedad, desde cepas portadoras de memes que pueden, en el mejor de los casos, significar un mutualismo simbiótico en el cual tanto la sociedad hospedadora como el huésped salgan beneficiados, lo cual no suele ser la norma, hasta cepas portadoras de memes deletéreos que acaben con la salud de dicha sociedad…

Y en un par de meses tenemos la oportunidad de librarnos de una de estas últimas cepas mencionadas…

Terapia de choque

Tras el pistoletazo de salida dado oficialmente por el Consejo de Ministros el pasado lunes, se abre uno de los periodos de mayor incertidumbre de la reciente historia de España, dentro de una generalizada crisis mundial.

El futuro nunca está escrito, pero, como en una pesadilla, parece que van concatenándose las peores consecuencias de las políticas gubernamentales con otros acontecimientos que conducen a un desastre de difícil arreglo por mucho tiempo.

No se repetirá bastante hasta qué punto el gobierno saliente ha emponzoñado la vida de los españoles, ha arruinado sus expectativas de prosperidad con sus recetas keynesianas de desenfrenado gasto público e intervencionismo, ha despedazado los escasos resquicios de sometimiento al Derecho que parecían salvaguardados en la Constitución y ha conculcado las libertades individuales. Su irrupción tras la conmoción por los crímenes de lesa humanidad del 11-M, cuyo esclarecimiento impide, no pudo ser casual.

El supuesto partido de la oposición tampoco se queda a la zaga de la culpa en todo este drama. En lugar de forjar un discurso alternativo consistente contra la degradación institucional y la destructiva gestión económica socialista, ha reculado en las ocasiones que planteaba críticas certeras, cuando no se ha prestado a seguir la corriente o al pasteleo más obsceno.

En este sentido, los estertores de esta agonizante legislatura de Rodríguez Zapatero al frente del gobierno muestran a las claras que la casta política española mantiene tratos similares a los clanes mafiosos. No solo el portavoz del Partido Popular en el Senado despidió al presidente del gobierno con unos inmerecidos buenos deseos, confundiendo la buena educación con el compadreo, sino que este partido pergeñó un apaño con el gobierno para aprobar por vía de urgencia una prevaricación legislativa que permitirá a jueces y fiscales que saltaron a la política volver directamente a sus anteriores puestos con efecto retroactivo. Esta medida de recolocación parasitaria, a expensas del contribuyente, privilegiará a diputados, ministros y ex ministros, así como a sus homólogos autonómicos, y anticipa aún más manipulaciones partidistas del poder judicial. Hace años la misma Ley del poder judicial se reformó –se dijo– para evitar casos de saltimbanquis como el juez Garzón. Aquella cínica frase acuñada por el ministro de Justicia (¿?) Bermejo para defender en un momento u otro los trapicheos con la ETA, "cuando lo aconseje la jugada", ha vuelto a desplegarse como auténtica fuerza motriz de la putrefacta política española.

Dentro de este panorama desolador, los españoles han sido llamados a las urnas el próximo 20 de noviembre por una casta política especializada en medrar para sí misma y sus amigos, gracias a la voladura de todos los controles, incluso en las condiciones económicas más penosas para los demás. Su miopía no resulta incompatible con la cruda defensa de los intereses más primarios de sus miembros.

La "gracia" de estirar la legislatura hasta hacer coincidir las elecciones generales con el aniversario de la muerte del anterior dictador impide en cualquier caso que cualquier gobierno presente un presupuesto para 2012 antes de fin de año. Ese presupuesto, dadas las condiciones del sistema, sería el principal instrumento para atajar el desbocado déficit fiscal por la vía de la reducción del gasto, habida cuenta de que la coyuntura internacional convierte en suicida el recurso al endeudamiento por parte de un gobierno que puede verse obligado a suspender pagos en cualquier momento. Todo ello suponiendo que ese gobierno eligiera políticas sensatas. Evidentemente, podría alargar la agonía del Estado del Bienestar, puesta de manifiesto con esta crisis económica, y prestar atención a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de subir los impuestos, al mismo tiempo que se prorrogan los presupuestos vigentes.

Paradójicamente, el mismo sistema democrático imperfecto, diseñado para tomar demasiadas decisiones colectivamente, se presenta como la única oportunidad de derrocar a un gobierno que quiere sucederse a sí mismo, encabezado por otro candidato que juega a ser antisistema cuando es uno de los principales muñidores del mismo. Las actuaciones del Partido Popular y la magnitud de los problemas acumulados hacen pensar, empero, que incluso una derrota sin paliativos de la actual mayoría social nacionalista (con la ETA al fondo) no redundaría por sí misma en una mejora de la situación. Para ello haría falta que el gobierno surgido de una mayoría distinta adoptara una terapia de choque valiente y escapara, despacio pero sin pausa, de la dialéctica política dominante forjada a lo largo de muchos años en los medios de comunicación y el sistema educativo formal. No puede aceptarse que la política gire alrededor de un pacto con una banda de asesinos dispuestos a sacar tajada de poder de sus crímenes y el terror impuesto durante muchos años. Ni que simplezas tan cacareadas por los socialistas de todo pelaje como la "preservación de lo público" o "los derechos sociales" oculten la realidad de lo que significan, que no es otra cosa que el aprovechamiento de la coacción estatal para otorgar ventajas particulares a grupos concretos que se convierten en clientes de la extorsión a los demás. Tampoco que los gobiernos autonómicos pugnen por sustituir la hidra del gobierno central ampliándola e impongan su corrupción aldeana y la arbitrariedad como práctica habitual en sus dominios.

Por el contrario, se trataría de gestionar la transición desde las ruinas de este estado del bienestar, liberticida e inviable, al Estado de derecho y a la economía de mercado. No hay nada malo en que ese estado mínimo adopte, además, una forma simétricamente federal. Y de plantearlo abiertamente. A medio plazo, estos cambios profundos conllevarían reformas constitucionales y de tratados internacionales, pues la positiva interdependencia alcanzada entre los pueblos de la tierra gracias a tímidas liberalizaciones del comercio mundial requiere zafarse del corsé ordenancista que los tiene sometidos a todos. Sería mejor que los encargados de pilotar esas reformas estuvieran convencidos de lo que tienen que hacer, ya que deberían explicarse eficazmente a personas que no han conocido otro sistema y no son conscientes de que la libertad y el bienestar general dependen de su desmantelamiento.

Llegados a este punto, querido lector, pensará que el que suscribe está soñando. Sin embargo, debe pronunciarse con claridad a dónde se quiere llegar para vencer las suspicacias de muchos denostadores del liberalismo y del libre mercado. La gravedad de la situación, en medio de la descomposición del malhadado estado de bienestar en todos los países donde se ha instaurado, exige esta terapia de choque con vagas resonancias de las políticas inconclusas emprendidas en los países del Este tras el derrumbamiento del socialismo soviético. Se trata de que la rapidez en los cambios permita percibir inmediatamente los efectos perseguidos, que son conseguir mayores cotas de libertad y prosperidad general.

¿Espía el Gobierno a los jueces incómodos para el Gobierno?

El hecho de que alguien del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisara a Ramoncín de que se estaba investigando a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) resulta de por sí escandaloso. Al fin y al cabo, el cantante es un ex directivo de la organización sometida a escrutinio y amigo personal del principal sospechoso de los presuntos delitos. Pero hay algo que ha quedado relegado a un segundo plano en este asunto, y cuya gravedad puede ser mucho mayor.

Para poder filtrar dicha información a un interesado, los servicios secretos españoles debían de estar al tanto de la investigación de la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta todavía no eran pública y el centro de inteligencia no tenía por qué haber sido informado de ella. Así que se plantea una cuestión importante: ¿Se dedica el CNI a espiar a la Audiencia General? Sospechamos que sí. ¿Somete a esta vigilancia, prohibida por la ley, al conjunto de dicho órgano judicial o tan sólo a algunos de sus magistrados en particular? Es de temer que nunca lleguemos a saberlo, aunque realmente se trata de algo secundario. Con independencia de cuál sea la respuesta, es algo que no debería ocurrir.

En cualquier caso, resulta llamativo que la investigación en cuestión estaba siendo llevada a cabo por el juez de instrucción Pablo Ruz. Se trata del mismo magistrado que está investigando a altos mandos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior por el chivatazo al grupo terrorista ETA conocido como "caso Faisán".

EL CNI está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, pero trabaja bajo la tutela de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Esta está presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe el presidente del Gobierno, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior y el de Economía y Hacienda, además de por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del propio Centro Nacional de Inteligencia, que actúa como secretario de la misma.

Dicho de otro modo, estamos ante la más que probable posibilidad de que el CNI, dependiente de forma directa del Gobierno, haya estado espiando las actividades investigadoras de un magistrado incómodo para ese mismo Ejecutivo. Se trata de un supuesto en grado extremo grave, puesto que podríamos estar ante un intento de adelantarse a cada paso de ese juez con el objetivo de borrar cualquier rastro incómodo que pudiera encontrar el togado en sus pesquisas.

La naturaleza de los servicios secretos es siempre conflictiva y sus actividades, por definición, siempre bordean el límite de la legalidad y en no pocas ocasiones los rebasan. Pero incluso ahí deben existir límites. Y uno de ellos es respetar el poder judicial y sus actuaciones. Resulta muy probable que el chivatazo a Ramoncín haya dejado al descubierto una evidente violación de las leyes y los principios más básicos de la democracia. Ahora sólo falta que algún político de la oposición o algún juez tenga el valor de actuar para intentar que estos hechos queden aclarados.

Dinero, deuda y banca

El dinero mercancía se atesora como depósito de valor o se entrega físicamente para comprar algo o saldar alguna deuda. El dinero es muy susceptible de ser robado: puede ser necesario protegerlo de algún modo, dificultando el acceso de los ladrones al mismo; pero las medidas de protección (esconderlo, custodiarlo personalmente o de forma colectiva en algún refugio) pueden dificultar su uso como medio de intercambio (y para entregarlo físicamente a otro es necesario llevarlo consigo, lo cual puede poner en peligro la integridad física del portador). Además atesorar dinero tiene un coste de oportunidad: no es un bien de consumo ni una herramienta para la producción de más bienes o servicios.

En la búsqueda de la eficiencia económica estos problemas se minimizan mediante agentes especializados, los bancos, que intermedian cobros y pagos utilizando su propia deuda como sustituto o complemento monetario.

El sistema de pagos y cobros de una sociedad puede ser descentralizado o centralizado en diversos grados (con varios centros o nodos más o menos importantes), y puede basarse solamente en dinero mercancía o utilizar también deuda (promesas de entrega de dinero mercancía) como medio de intercambio.

En un sistema completamente descentralizado con solamente dinero mercancía (por ejemplo monedas de metales preciosos), cada individuo guarda por su cuenta o lleva consigo dinero y lo entrega o recibe físicamente en los intercambios. La deuda puede existir si se producen intercambios diferidos (dinero o bienes presentes a cambio de promesas de entrega de dinero en el futuro), pero no hay agentes que se dediquen a compensar deudas para economizar los movimientos físicos de dinero.

La deuda emitida de forma descentralizada no circula (no se acepta por terceros como medio de pago) por varios problemas: es difícil estimar el crédito de una gran cantidad de emisores, y puede ser muy costoso localizarlos y exigirles el pago del dinero (quizás no se sabe dónde están o están muy lejos).

La deuda podría circular de forma limitada en la medida en que el sistema se centralice parcialmente, es decir si existen redes locales de confianza (los agentes son localizables con facilidad y tienen buena reputación gracias al cumplimiento satisfactorio de frecuentes relaciones comerciales previas). Para que la deuda se monetice debe estar emitida por acreedores fácilmente localizables (negocios establecidos) y de confianza (con suficientes garantías, avales o colateral líquido), como es el caso de las letras comerciales.

En un sistema centralizado (parcial o total) con solamente dinero mercancía algunos agentes (o uno solo si la centralización es total) están especializados en recibir el dinero del comprador y entregárselo al vendedor. Para economizar los movimientos físicos de dinero los intermediarios pueden guardar en un mismo lugar (almacén, depósito) el dinero de sus múltiples clientes, quienes pueden pagar a otros entregándoles certificados o resguardos de depósito u ordenando al almacén que cambie la titularidad de la cantidad correspondiente de dinero. Un almacén de dinero es un blanco muy atractivo para los ladrones, de modo que es necesario dedicar muchos recursos a su protección: los clientes deben pagar al almacén para que les guarde el dinero e intermedie sus operaciones.

En un sistema centralizado con monetización de deuda un banco no es simplemente un almacén de dinero mercancía sino un intermediario o gestor de pagos y cobros que emite su propia deuda o pasivo a la vista (billetes como documentos al portador o depósitos como apuntes contables) para ser utilizada por sus clientes como medio de pago; además cada banco actúa como cámara de compensación de deudas entre sus clientes.

El banco guarda ciertas reservas de dinero mercancía para facilitar la convertibilidad de los billetes o depósitos si sus dueños así lo requieren, pero estas reservas son solamente la parte más líquida de los activos que respaldan el valor de ese pasivo, los cuales pueden venderse (liquidarse) en caso de necesidad. La reserva fraccionaria (que los pasivos del banco no estén respaldados al cien por cien por dinero mercancía) no es ninguna estafa sino un rasgo esencial del sistema de monetización de deuda.

Los activos que respaldan los billetes y los depósitos a la vista de un sistema bancario solvente deben ser muy líquidos: tener un plazo semejante al pasivo correspondiente (a la vista o muy corto) y muy poco riesgo (valor estable). Así los depositantes confían en el banco (no corren a retirar sus depósitos porque todos están adecuadamente respaldados), y sus pasivos circulan sin descuento.

Un depositante puede protegerse de un banquero imprudente (que incrementa el plazo o riesgo de sus activos para intentar obtener mayores beneficios) cancelando su cuenta y llevando su negocio a la competencia, y de todo el sistema de monetización de deuda saliéndose del mismo al convertir sus billetes y depósitos en dinero mercancía. Pero no son solamente los depositantes de un banco quienes lo vigilan: todos los agentes económicos (incluidos otros bancos) pueden negarse a aceptar sus medios de pago o aplicarles un descuento.

Diversas formas de intervencionismo estatal (subvenciones y protecciones a los bancos) desactivan de forma progresiva estos mecanismos de protección frente a la imprudencia bancaria: si los bancos no pueden emitir sus propios billetes, los agentes económicos no pueden elegir entre ellos y rechazar los peores; si todos los depósitos están garantizados por igual, entonces los bancos son prácticamente indistinguibles para el depositante; la supresión de cláusulas de convertibilidad en dinero mercancía y las leyes de curso legal forzoso impiden salirse del sistema a un dinero no manipulado ni por los bancos ni por el gobierno; las garantías de refinanciación a bajos tipos de interés de los bancos por el banco central incentivan la toma de riesgos de entidades que además nunca quiebran por ser demasiado grandes e interconectadas.

El sistema de banca libre queda así distorsionado o destruido, se envilece la moneda, se expande el crédito de forma insostenible y se genera el ciclo económico. Pero el problema no está en la reserva fraccionaria.

Las formas del Estado

A estas alturas de la crisis parece que todos deberíamos estar de acuerdo en que hay que reducir los gastos del Estado, mejorar su eficiencia, eliminar las muchas corruptelas que se esconden bajos sus alfombras y -algo bien complicado- acostumbrarnos a reclamar menos servicios gratuitos; que luego han resultado no serlo tanto. Porque ofrecer unas sofisticadas coberturas de sanidad, educación o ayuda a la dependencia puede llevar a la ruina a un país que no cuente con los recursos suficientes para mantenerlas; a no ser que se entrampe con la deuda pública, municipal o autonómica. Lo que implica que de gratuidad nada; y que el coste final será mucho más elevado que si los ciudadanos hubiésemos pagado de nuestro bolsillo los estudios, medicamentos o intervenciones quirúrgicas. Quedan exentos, de acuerdo, los casos de necesidad; que pueden ser razonablemente cubiertos con el dinero de todos: siempre que no haya otra alternativa (como esa falacia que explica con ingenio Carlos Rodríguez Braun sobre el niño pobre y enfermo que vive alejado en las montañas… y que descubre la existencia de una Fundación privada que justamente se dedica a financiar estas situaciones; y con mayor eficacia que la gestión pública). Aquí no puedo dejar de señalarles que tuve la oportunidad de estrenar mi colaboración con esta web escribiendo sobre esas mismas cuestiones, hace ya tres años.

Pero este largo introito en realidad es un desahogo que Uds. me permitirán antes de hablarles del Estado y sus manifestaciones históricas. Porque lo que pretendo es contarles la publicación de un interesante libro del profesor Dalmacio Negro: Historia de las formas del Estado (El buey mudo, 2010). Asistí a la explicación del propio autor en una iniciativa de AEDOS llamada "Seminario Permanente Bibliográfico", donde un grupo de académicos conversan con escritores de actualidad, y que les resumo.

El libro se puede dividir en dos apartados: uno primero de fundamentación de la vida política; y varios capítulos que narran las diferentes formas del Estado en la historia: las monarquías estatales, el Estado moderno, el Estado nación y los diversos estados totalitarios que frecuentan la era contemporánea. En seguida comentaremos la situación actual.

Dejo aparte todas las reflexiones sobre teoría política, en las que no soy experto. Quería simplemente destacar algunas referencias a nuestros escolásticos de Salamanca que, como vengo escribiendo últimamente, no solo fueron pioneros en una concepción moderna (y libre/liberal) de la Economía; sino que trasladaron muchas de aquellas novedades al terreno de la organización política. Por encima de la exitosa "razón de Estado", iniciada por Maquiavelo o Botero (y que "con Bodino transformó la posesión del poder en una propiedad del soberano"), los Doctores de Salamanca consideraban que "el titular del poder era el pueblo y éste lo cedía en fideicomiso al gobernante, por lo que no cabía pensar en concentrarlo sistemáticamente para separarlo de aquél" (p. 160). Pone el famoso ejemplo de Jacobo I de Inglaterra, con su doctrina del derecho divino de los reyes como una especie de monopolio; que fue rebatida por Francisco Suárez (en su Principatus Politicus de 1613), como unos años antes había hecho Roberto Bellarmino en una Apología (1609), menos conocida, y que desarrolla según Dalmacio Negro "la mala solución de la potestas indirecta de la Iglesia sobre el poder civil" (p. 144. Tema que me parece de enorme interés y del que seguiré escribiéndoles en cuanto pueda).

Dos breves comentarios bibliográficos: este libro es uno de los pocos que conozco en los que se cita a Hans Herman Hoppe (aparte de, por supuesto, la escuela de Jesús Huerta de Soto); aunque se discuta su concepción de la monarquía. Como también se cita y discute al autor español casi desconocido Ángel López Amo (uno de los primeros preceptores del príncipe don Juan Carlos); recuerdo un texto antiguo: La monarquía de la reforma social, y una edición reciente: El principio aristocrático. También reconoce el profesor Negro a los austríacos Mises y Hayek. A este último se refiere cuando critica la Constitución, "entendida como una suerte de planificación de la conducta política" y no el resultado de "la prudencia y la sabiduría ilustrada por la experiencia" como escribía Jovellanos a su amigo Lord Holland (p. 261).

Termino con la visión de Dalmacio Negro sobre la época que nos ha tocado vivir: "El Estado Totalitario era un tiránico estado paternal. El Estado del Bienestar es un tiránico Estado maternal. El Estado Minotauro, la última figura del Estado, es un tirano andrógino" (p. 418). Lo describe como señor de las haciendas, dictador de las conductas y dueño de la vida y la muerte. Proviene de la sustitución del "obrerismo" por el "hedonismo" en los objetivos de la socialdemocracia, convertida ya en lo políticamente correcto (recordemos la intuición hayekiana de 1944: "a los socialistas de todos los partidos"). Citando a Etienne de la Boetie, el Minotauro recoge aquella antigua idea de Ciro que, tras apoderarse de Lidia, a fin de mantener el orden ahorrándose una numerosa guarnición permanente, "estableció burdeles, tabernas y juegos públicos, obligando a sus habitantes a frecuentarlos… Desde entonces nunca más fue necesario utilizar la espada contra los lidios: estas pobres y miserables gentes se entretuvieron en inventar todo tipo de juegos" (p. 412). Es la nueva servidumbre voluntaria.

La cuestión de la convergencia en el crecimiento económico

Una de las cuestiones que ha atraído gran interés y discusión dentro de la economía del crecimiento económico es la convergencia en niveles de desarrollo entre países. ¿Existe una tendencia hacia la eliminación o reducción de las desigualdades de renta internacionales, es decir, tienden los países pobres a crecer más rápidamente que los ricos?

Al igual que con las desigualdades interpersonales de renta, se suele considerar como algo positivo siempre que un país pobre se acerque en renta a un país rico. Y en la mayoría de casos puede ser así, pero no tiene por qué serlo necesariamente. En la última década, por ejemplo, la riqueza per cápita en los países menos prósperos ha crecido a una tasa siete veces por encima que la de los países más prósperos, según el Informe de Riqueza Global 2011 de Allianz. ¿Es esto bueno? En parte sí, dado que revela el dinamismo de los países en vías de desarrollo. Pero en parte no, dado que se debe al débil desempeño de las economías desarrolladas, especialmente afectadas por la Gran Recesión. (El alegrarse de que a unos les vaya mal porque se ha reducido la desigualdad tiene un nombre: envidia, y es algo muy humano).

En el análisis de los modelos teóricos formales de crecimiento se dedican reflexiones respecto a sus predicciones sobre la convergencia. Así por ejemplo, en el modelo básico de Solow se habla de que entre los países hay una tendencia hacia la convergencia, debido a la existencia de rendimientos marginales decrecientes (RMD) del factor capital –adicionales incorporaciones de capital conducirán a aumentos en la producción cada vez menores-. En pocas palabras, el crecimiento se produce por la acumulación de capital, y ésta contribuirá a aumentar la producción tanto más cuanto menor sea el stock de capital (por los RMD). Por tanto, en países con menor stock de capital, que son los menos desarrollados, habrá grandes oportunidades de inversión, y la tasa de crecimiento económico será mayor que la de países con elevados stocks de capital –por lo que existe convergencia en el largo plazo-.

En los modelos de crecimiento endógeno, en cambio, una vez suavizado el supuesto de RMD e introducidas las externalidades a través del capital humano o la I+D, desaparece la predicción de convergencia, dado que no existe relación entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel alcanzado por el nivel de renta.

Desde el punto de vista empírico se ha tratado de analizar si los datos permiten constatar una relación clara entre niveles de renta y tasas de crecimiento: ¿han sido los países más pobres los que han crecido a tasas más rápidas, y viceversa? Los resultados, como suele ocurrir en los estudios econométricos, son variados, y dependen mucho de qué muestra de países y periodo temporal se escoja, entre otras cosas. No obstante, sí se han encontrado algunos resultados interesantes, como que no se observa convergencia si se toman todos los países del mundo, pero sí si se incluyen solo "clubes de países".

Asimismo, la observación señala que los países que crecen más rápidamente nunca son aquellos que disfrutan de rentas per cápita mayores, sino siempre un subconjunto de los países de bajos ingresos, como en la segunda mitad de siglo XX han podido ser Singapur, Corea del Sur, Botswana, China y más recientemente India o incluso países africanos.

¿Por qué sucede esto? Hayek en La competencia como proceso de descubrimiento ofrece una hipótesis persuasiva, afirmando que "las posibilidades de crecimiento tenderán a ser mayores cuanto más extensas sean las posibilidades aún no utilizadas de un país… una alta tasa de crecimiento es, con frecuencia, prueba de que las oportunidades han sido descuidadas en el pasado. En esta forma, una alta tasa de crecimiento puede testimoniar, a veces, las políticas erróneas del pasado antes que las buenas políticas del presente. En consecuencia, no es razonable esperar en los países altamente desarrollados una tasa tan alta de crecimiento como la que puede alcanzarse en los países donde la utilización efectiva de los recursos fue impedida durante mucho tiempo por obstáculos legales e institucionales".

Así, las tasas altas de crecimiento en un periodo determinado, según Hayek, son consecuencia del cambio institucional favorable, y reflejo del potencial económico que había sido obstaculizado –o desviado hacia fines no productivos, añadiría- previo a este cambio. La cuestión complicada, más allá de saber qué es un cambio institucional favorable, es conocer cómo se produce éste, los mecanismos causales que actúan detrás del mismo, y si existen posibilidades de precipitarlo de alguna forma.

Con todo, y volviendo a la cuestión de la convergencia, siempre es oportuno recordar las sabias palabras de Peter T. Bauer: "No hay ninguna regla general que asegure el que todos los países o regiones deban alcanzar el mismo nivel de prosperidad económica o el mismo ritmo de progreso en cualquier momento o a lo largo de cualquier periodo de tiempo".