Ir al contenido principal

Los sindicatos generan paro

España cuenta, sin duda, con una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado. De ahí, precisamente, que la tasa de paro supere ya de largo el 20%, la más elevada de la Unión Europea. Pese a ello, los sindicatos no se apartan de su meta: condenar a millones de trabajadores al desempleo masivo y, por tanto, a la miseria.

CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios en España, aprovechándose del poder que les otorga la Constitución bajo la falaz etiqueta jurídica de "agentes sociales", acaban de registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con el único fin de tumbar la reciente e insuficiente reforma laboral. Su particular Proposición de Ley para un "empleo estable y con derechos" pretende anclar las rigideces impuestas durante la dictadura franquista. Y es que, la clave de su propuesta, entre otras muchas sandeces, consiste, cómo no, en fortalecer hasta el extremo los convenios colectivos, impidiendo por todos los medios que las empresas puedan descolgarse libremente de los mismos.

La figura del convenio es la soga, la mordaza, la cadena que estrangula e impide la necesaria flexibilidad que precisa España para para volver a generar empleo. Que sindicatos y patronal impongan las condiciones salariales y laborales a millones de trabajadores y empresarios con independencia de sus necesidades específicas supone una completa aberración jurídica y económica, aparte de una injusticia moral. Esta especie de molde colectivo, ideado en favor de los intereses de los sindicatos obreros y empresariales, supone un corsé que, según se apriete más o menos, acaba por ahogar el ya de por sí escaso libre mercado que opera en el ámbito laboral.

El resultado es más que evidente. España cuenta con una tasa de desempleo próxima al 21% y, lo que es aún peor, millones de personas siguen engrosando las filas de "parados de larga duración", síntoma de las dificultades existentes para reintegrarse en el mercado laboral. El problema es que, de mantenerse esta situación en el tiempo, el principal problema en las encuestas ya no será el paro sino la marginación y la pobreza.

Los convenios impiden dos ajustes básicos. Por un lado, dificultan en gran medida la necesaria reducción de salarios. Los sindicatos siguen impulsando el aumento salarial pese a la actual coyuntura económica, arguyendo que un mayor poder adquisitivo impulsará de nuevo la demanda agregada y, por tanto, las ventas, iniciándose así un particular bucle de reactivación económica. Pero, en realidad, sucede todo lo contrario. España no necesita que algunos ganen más, sino que los millones de desempleados encuentren trabajo para obtener así unos ingresos regulares. El empleo no es más que otro factor de producción. Y si éste se encarece en un momento en el que los puestos escasean es evidente que la imposición de alzas salariales impedirá el necesario ajuste (más paro).

Pero la clave radica, sobre todo, en la engañosa utilización de términos tales como "demanda y oferta agregada". La economía es una materia mucho más compleja y sofisticada que tales conceptos y, por supuesto, nada tiene que ver con los modelos estáticos propios de la ciencia económica dominante.

Así, tal y como explica Hayek en Sindicatos, ¿para qué?, "si bien la posibilidad de vender cantidades diferentes de una sola mercancía depende, naturalmente, de la magnitud de su demanda, la posibilidad de vender un conjunto de gran variedad de diferentes mercancías no tiene relación sencilla con la suma de las demandas de todas ellas juntas. Si la composición o distribución de la demanda de los diversos productos es muy distinta de la composición o distribución de la oferta, ninguna magnitud de demanda total asegurará que el mercado se liquide. Cuanto mayor sea la diferencia entre la composición de la demanda y la composición de la oferta, tanto menos podrá conseguirse una correspondencia entre el conjunto de la demanda y el conjunto de la oferta a no ser mediante un cambio en las cantidades relativas, lo cual, a su vez, sólo podrá lograrse mediante un cambio en los precios relativos de los diferentes productos y servicios, comprendidos los salarios".

Es decir, la tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. "Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos", Hayek dixit.

El Tribunal Constitucional y el derecho a la educación

El Tribunal Constitucional dicta una sentencia y los medios de comunicación acceden a ella antes de que el recurrente sepa siquiera que se ha fallado sobre su recurso. Así es España, amigos.

Durante años, los Tribunales españoles han dictado sentencias favorables a las familias que educan –educamos– en casa porque no existe ninguna ley que lo prohíba y, por tanto, rige el "Principio de Permisión": lo que no está expresamente prohibido, se considera permitido. El Estado no puede limitar derechos y libertades si no es por medio de una ley específica. Además, nos amparan la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora va el TC y se saca de la manga una sentencia plagada de imprecisiones jurídicas, en la que eleva la escolarización a la categoría de “derecho del menor”, pero un derecho que es obligatorio y que está por encima de la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos.

Al Ministerio Fiscal se le fue la pinza y argumentó que “la educación en el hogar debe cumplir unos requisitos”. Que yo sepa, ninguna ley española establece requisitos para educar en casa, porque ninguna ley española reconoce explícitamente esta posibilidad. Pero ahora el Ministerio Fiscal nos ilustra y nos indica qué requisitos debemos cumplir, a saber: “por un lado, que su finalidad obedezca al pleno desarrollo de la personalidad humana y, por otro, que esté asegurada la suficiencia de contenidos, ya que es principio constitucional la habilitación a los poderes públicos para homologar e inspeccionar el sistema educativo”. Y se quedan tan anchos, oye.

Al principio, pensaba que el TC y el Ministerio Fiscal no dominaban el uso del lenguaje. Pero veo que lo que no dominan es el Derecho. Y, por si fuera poco, luego llegan los medios de comunicación y terminan de liarla parda con un amarillismo que no le hace bien a nadie. ¿Dónde han estado los medios cada vez que ha salido una sentencia favorable al homeschooling?

De repente, la comunidad homeschooler española está en estado de alarma porque a alguien se le ha ocurrido interpretar la sentencia del TC como si fuera una ley orgánica que nos obligara a todos a escolarizar. La Asociación para la Libre Educación ha tenido que hacer una llamada a la calma porque algunas familias han creído que esto era algo así como el fin del mundo (del mundo homeschooler español, al menos). En su comunicado oficial inciden en el hecho de que una sola sentencia no crea jurisprudencia y de que una sentencia no es equiparable a ninguna ley.

Veo el tratamiento que los medios de comunicación (salvo contadas excepciones) hacen del tema; leo comentarios anónimos en internet; veo el miedo que tienen las familias y me pregunto en qué clase de país vivimos. No sé si somos conscientes de lo que está en juego. No digo que el homeschooling sea la panacea y que todos debamos hacerlo, no digo eso. Pero sí creo profundamente en la libertad de elegir. Y tengo la convicción de que, si cedemos en la educación de nuestros hijos, lo habremos perdido todo.

*Al terminar de escribir este artículo, leo que el P-Lib se ha posicionado a favor del homeschooling y en contra de la sentencia del TC. Es –y supongo que será- el único partido español que se atreve a mojarse en un tema como éste.

Richard Cantillon: Contribuciones a la teoría monetaria

La vida y obra de este francés de origen irlandés está rodeada de misterio. Nacido en 1680 y fallecido probablemente de un asesinato en 1734, llevó una vida azarosa donde destacó en sus exitosas actividades como comerciante y banquero.

Como teórico de la economía, escribió sólo una obra, el Essai sur la nature du commerce en général (Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general), publicada póstumamente en 1755, y escrita posiblemente durante los últimos años de su vida. Escribe en la época mercantilista, si bien es considerado por algunos autores como un –matizado– “anti-mercantilista”, precursor de las ideas liberales del periodo clásico.

No obstante su brevedad, es una obra donde expone sintéticamente buena parte de los principios económicos, con excepción de los tributarios. Su influencia fue muy importante en la época en la que lo escribió y se publicó, aunque años más tarde fue olvidada. Pasó alrededor de un siglo hasta que fuera redescubierta por el economista británico W. Stanley Jevons, quien calificó el Essai como “la cuna de la economía política”. De esta opinión fue también el austriaco Rothbard, quien consideró a Cantillon como el verdadero padre de la economía.

Como todo libro importante, su riqueza de detalles y matices abre la puerta a interpretaciones distintas. Así, las ideas de Cantillon han servido de inspiración a distintas corrientes de pensamiento –clásicos, neoclásicos, fisiócratas, austriacos, e incluso marxistas–, que le han tomado como uno de los precursores.

Sus contribuciones se extienden, entre otros campos, a la metodología, al comercio internacional, a la teoría del funcionamiento del mercado, la teoría del empresario como motor de los procesos económicos o la teoría del ciclo económico.

Pero “es en el área de la teoría monetaria donde su genio brilló con más plenitud”, sostienen Ekelund y Hebert en su manual clásico sobre la historia del pensamiento económico. Asimismo, Hayek dice, con relación a su teoría monetaria, que “constituye indudablemente el mayor logro de Cantillon. Por lo menos en este campo, Cantillon fue sin duda la más grande de las figuras preclásicas […] Los logros de Cantillon rivalizan con los de todos los otros pioneros de la teoría monetaria”.

Repasamos a continuación sólo algunas de las contribuciones de Cantillon a la teoría monetaria:

El origen del dinero

Aunque la teoría sobre los orígenes del dinero como un resultado espontáneo del mercado, fruto de la utilidad y necesidad de los agentes por superar los obstáculos del trueque primitivo, se atribuyen a Carl Menger (1892), Cantillon ofrece un esbozo de por qué el oro y la plata fueron finalmente seleccionados por el mercado como dinero históricamente.

Inflación, teoría cuantitativa y “efecto Cantillon”

Advierte de que la expansión monetaria o la adulteración de la moneda por parte de las autoridades conducen al aumento generalizado de los precios. Pero Cantillon va más allá de la simple y mecánica teoría cuantitativa del dinero, y realiza una descripción detallada y microeconómica de la forma en que un aumento de la cantidad de dinero afecta progresivamente a los diferentes precios. Así, la variación en la oferta monetaria genera cambios en la estructura de precios relativos –no solo modificaciones en un nivel de precios–, y por tanto, efectos reales sobre la economía, desligándose de la idea de la neutralidad del dinero. Cantillon identifica claramente a ganadores y perdedores como consecuencia de la inflación, por lo que ésta es fuente de redistribución de rentas. Estos efectos dependerán de por dónde entra el nuevo dinero en la economía, y por qué manos pasa en primer lugar.

Además, Cantillon observó dos efectos distintos que los aumentos en la oferta monetaria podían generar sobre los tipos de interés. Así, si el nuevo dinero pasaba a las manos de los prestamistas, se aumentaba la oferta de fondos prestables, lo que contribuía a reducir los tipos de interés. Pero si ese dinero era gastado, generaría un estímulo en la producción de los sectores que ven incrementada su demanda, lo que podría llevar a que los agentes aumentaran la demanda de préstamos, y ello hacer subir los tipos de interés. 

Otras aportaciones

Introduce el concepto de la velocidad de circulación del dinero, tratando sobre los factores que la determinan, y destacando su importancia en la determinación del valor del dinero.

Analiza los efectos de una reducción temporal del tipo de interés provocado por un aumento en la cantidad de dinero, pero rechaza la concepción del interés como un fenómeno monetario, considerándolo como función de la oferta y la demanda de los fondos prestables.

Se dio cuenta de que puede tener sentido atesorar dinero por motivo precaución, “manteniendo fuera de la circulación pequeñas sumas de dinero contante, hasta que reúnen la suficiente cantidad para colocarla a interés o con beneficio”. Esto puede suceder incluso durante periodos prolongados, en el caso de “gentes avaras y medrosas que entierran y atesoran sin cesar el dinero efectivo” (Cantillon, pp. 96-97).

A pesar de la lucidez de estos aportes, que venían a mejorar la comprensión acerca de los fenómenos monetarios e introducir complementos relevantes a la “ingenua” teoría cuantitativa del dinero –en expresión de Hayek–, la línea del pensamiento macroeconómico dominante (desde Fisher a Keynes, pasando por Friedman) parece no haber absorbido suficientemente estas ideas de Cantillon, que están muy relacionadas con su enfoque microeconómico y desagregado de estos fenómenos monetarios.

Progresismo, guerra y democracia

El progresismo es la expresión política de la fe, sí, en el progreso. ¿Cómo culpar a nadie de tener ese convencimiento a finales del XIX y comienzos del XX? La riqueza y sus signos florecían. Son fáciles de achacar a la ciencia, a la razón, y convertir a éstas en el deus ex machina del relato. Si la razón nos da la capacidad de imaginar una sociedad perfecta, y la ciencia, con su hermana bastarda, la tecnología, nos dan los medios necesarios para construirla, ¿a qué esperamos? Sólo necesitamos a las personas más capaces, audaces y entregadas a la ardua labor de la perfectibilidad humana. Hay suerte. De algún modo, nunca faltan.

También se necesita libertad. Pero una nueva libertad, no “ese concepto altamente formal y limitado” de los liberales clásicos, decía John Dewey. No, nada de limitar la coacción. La libertad es “el poder efectivo de hacer cosas específicas”. Woodrow Wilson señalaba que la libertad no era ya la de Jefferson. “Hoy la libertad es algo más que el hecho de que te dejen en paz. El programa de un gobierno de libertad debe ser en estos días positivo, no meramente negativo”. De acuerdo con William Willoughby, el progresismo “busca la acción del Estado como el único medio practicable a la vista, de dar al individuo, a todos los individuos, no sólo a una clase social económicamente poderosa, una libertad real”. Es decir, la capacidad de “hacer cosas”, como dice el filósofo.

Por eso, con la excepción de Randolph Bourne, los progresistas se sintieron extasiados con el estallido de la Gran Guerra y la participación de los Estados Unidos en ella. Era la gran ocasión para someter a todos a un propósito común, por lo que “las posibilidades sociales de la guerra”, en expresión de Dewey, eran enormes. La crisis aparejada a la guerra ofrecía la posibilidad de “un uso más consciente y extenso de la ciencia para fines comunales”. George Creel, periodista, director del Comité de Información Pública dedicado a la propaganda bélica, creyó que el conflicto aceleraría la solución de “los inveterados problemas de la pobreza, la desigualdad, la opresión y la desdicha”. Con escasas excepciones, los líderes negros se sumaron al entusiasmo de los progresistas. Desde la proclamación de la emancipación y las Enmiendas 13 y 14, los negros mayoritariamente han identificado su progreso con la actuación de un gobierno federal fuerte. Esa fe apenas ha cambiado.

“Las libertades civiles”, dice Eric Foner en The Story of American Freedom, “nunca habían sido una preocupación del progresismo, que siempre vio el estado nacional como la encarnación del propósito democrático”. Ambos elementos, la exaltación de la guerra y la desconsideración hacia los derechos individuales, llevaron en plena época progresista estadounidense al mayor ataque a la libertad de imprenta de su historia. Se habla mucho de Joe McCarthy, pero él jamás pudo alcanzar el nivel de control de la opinión pública desde el Estado que lograron los progresistas en el poder.

Todo ello es lógico. Pero hay elementos del progresismo histórico que pueden resultar más chocantes. Para ellos, el principio democrático prevalecía sobre el individuo y sus derechos; al fin y al cabo, achacaban al individualismo gran parte de los males sociales. Pero ese democratismo debía conjugarse con el sometimiento de la política a la razón, y eso no es fácil. Hay que jugar con el censo electoral. Concedieron el derecho de voto a la mujer en la confianza de que eran una fuerza electoral independiente, que podría orientar la política hacia el bien común.

Pero no fue lo único que hicieron. Entonces, el concepto de raza, que no era solamente anatómico, empapaba la forma de pensar de la gente. Sigamos con Foner: “Los afroamericanos estaban excluidos de prácticamente cada definición progresista de libertad”, pues se ve que tenían muchas. “En algún sentido, la retirada del derecho al voto de los negros del sur era una reforma típicamente progresista; un paso, según decían sus defensores, hacia la mejora del electorado”. Los test de inteligencia de los reclutas del Ejército “parecían confirmar ‘científicamente’ que los negros, los irlandeses americanos y los nuevos inmigrantes estaban muy por debajo de los protestantes blancos en la escala de test de inteligencia”. David Sothern ha recogido que el aumento de los linchamientos, la negación del derecho al voto y la segregación en el sur en el comienzo del siglo “fueron de la mano de las formas más avanzadas del progresismo sureño”. La búsqueda de una sociedad perfecta puede llevar a políticas menos perfectas.

Impago de la deuda pública. Hacia la crisis monetaria.

La perspectiva de negros nubarrones que planean sobre la economía española, fruto del incremento del gasto público y el descontrol de las cuentas públicas, fue tan intensa en mayo de 2010 que la Unión Europea, enarbolando el Pacto de Estabilidad, trató de revertirla frenando en seco las pretensiones populistas del gobierno socialista. Pese a todo, el peligro ni mucho menos se ha desvanecido, como demuestra el nuevo repunte de la prima de riesgo de la deuda pública experimentada estas últimas semanas por países de los llamados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España), y las nuevas presiones al gobierno español para que ataje el déficit y ponga en marcha reformas estructurales.

Los tenedores de las promesas de pago del sector público son en su gran mayoría bancos comerciales, instituciones de inversión, aseguradoras y Bancos Centrales. Así pues, cualquier deterioro en la solvencia del sector público supondrá pérdidas e incluso la quiebra de estas instituciones, y la ruina de sus respectivos acreedores: depositantes, ahorradores, asegurados o tenedores de moneda, respectivamente. Veamos un poco más en detalle el desarrollo de este proceso.

  • Se produce un hundimiento del mercado (altos tipos de interés) de los bonos de deuda pública, que empiezan a reflejar la creciente prima riesgo. Las caídas en el precio de la deuda pública provocan agujeros implícitos en los balances de las instituciones financieras.
  • Estas instituciones ya vienen tocadas por la crisis de deuda privada, que ha desencadenado agujeros contables por la doble causa conjunta de morosidad y caída de los precios de los bienes reales (sector inmobiliario) que respaldaban los títulos que los representaban (préstamos).
  • La creciente falta de solvencia de este nuevo deudor –el sector público– implicará una presión adicional sobre los activos bancarios y, de su mano, la creciente inquietud de los depositantes.
  • La retirada masiva de fondos o depósitos de los bancos puede correr como la pólvora y hacerse patente la incapacidad de atender a esas promesas de pago inmediato por parte de los bancos.

En el caso que nos ocupa, España, existe una gran parte de su deuda pública en posesión de las entidades financieras privadas alemanas. No es de extrañar el resquemor del pueblo alemán hacia España, pues el impago por parte de la Administración española supondría que, con sus impuestos, habrían de realizar un esfuerzo adicional para la recapitalización de sus bancos afectados.

Pero los males no se paran aquí. El sistema monetario y cambiario, así como la estabilidad monetaria, están íntimamente vinculados con el resto del sistema financiero y con las prácticas presupuestarias del sector público.

El proceso, esquemáticamente, viene a ser el que sigue. Los operadores de los mercados empiezan a barruntarse que el Banco emisor se está viendo obligado a comprar toda esa deuda pública dudosa, en manos del sector financiero, para impedir un colapso bancario completo. Empezará a haber una huida de la moneda y una tendencia a la depreciación monetaria.

Es en esta tesitura cuando pueden aparecer los “ataques contra la moneda” o “tormentas monetarias”. Éstos tienen su origen en la crisis de deuda pública y no en ninguna extraña confabulación antipatriota. Para entenderlo, no hay que hacer más que una analogía con la relación entre los depositantes y los bancos comerciales en las crisis. En el caso de los depósitos, se manifiesta el deseo de los depositantes de convertirlos en dinero antes de que se establezca algún corralito o suspenda pagos el banquero; mientras que en el de la moneda, se trata de cambiarlo a otra moneda (o comprar bienes líquidos) antes de que su precio se hunda definitivamente. Los tenedores de la moneda emitida por ese Banco Central empezarán a temer por la capacidad de sostener el valor de una divisa cuyo respaldo (activo) tiene una composición de cada vez peor calidad.

Y es que es incompatible con el objetivo europeo de estabilidad monetaria el que los Bancos Centrales inflen sus activos con creciente deuda pública, originada por las políticas de rescate, primero, del sector privado y, posteriormente, del público. Los ataques acelerarán el proceso de huida a monedas extranjeras que ya se había iniciado, es decir, la región monetaria afectada experimentaría una fuerte fuga de capitales.

Así se explica el malestar del pueblo alemán hacia los países PIIGS. Se ven teniendo que pagar los platos rotos de la mala política crediticia y económica española, en tanto que ambas naciones comparten la misma moneda y hay un notable grado de integración económica y financiera. Si hay tormentas monetarias y se desploma el euro, no sólo los españoles –grandes culpables del desaguisado– verán languidecer su calidad de vida.

Es por eso que se oyen voces en círculos europeos que piden a gritos que si España no es capaz de reducir su déficit público, sea expulsada del euro antes de arrastrar a toda la UE.

Assange, ni héroe ni villano, pero poco honesto

¿Es Julian Assange un hombre al que le gusta abusar de las mujeres? Seguramente no. Todo apunta a que algún servicio secreto se ha aprovechado del despecho, o incluso lo ha alentado, de dos mujeres que se han podido acoger a las estrambótica legislación sueca sobre relaciones sexuales para poder acusar al que para muchos es un héroe de la libertad. Sobre esto último, ¿lo es en realidad? La respuesta es que tampoco. O, al menos, no más que cualquier periodista que no esté al servicio de los gobiernos. El fundador de WikiLeaks es simplemente una persona que ha utilizado internet para hacer de forma eficiente lo que los medios de comunicación han hecho desde que existe: conseguir información, seleccionar la que considera de interés (o responde a sus propios intereses) y transmitirla.

No responde a la realidad que, al proporcionar a los medios los cables de las Embajadas de EEUU, Assange estuviera cometiendo un acto de traición. Para empezar, Assange es australiano, con lo que no está traicionando a nadie al filtrar información referida a la diplomacia estadounidense. En segundo lugar, quien ha violado el compromiso de confidencialidad que exige el tratamiento de todas esas comunicaciones entre legaciones diplomáticas y Washington es el funcionario (o funcionarios) que ha pasado la información, nunca quien la haya hecho pública. Sin embargo, cabe plantearse si el fundador de WikiLeaks ha actuado con honestidad en todo este asunto. Y la respuesta es que seguramente no.

Todos aquellos que le han proporcionado información confidencial de todo tipo referente a gobiernos y entidades privadas han actuado bajo la premisa de que todos esos datos saldrían a la luz de forma abierta y para todo el mundo. Confiaron en una organización que defendía la idea de que "la información debe ser libre". Sin embargo, una vez obtenida una gran cantidad de jugosos documentos, se ha actuado en sentido contrario. Es WikiLeaks quien decide qué información se hace pública, en qué momento y a qué medios de comunicación se le ofrece. Esto no supondría problema alguno si de forma previa se hubiera avisado a las fuentes de que se iba a actuar así, pero se les dijo todo lo contrario.

Obtener información confidencial, prometiendo que esta se va a distribuir de forma libre y transparente, para después actuar de forma contraria resulta poco o nada honesto. Además, puede tener un problema añadido de índole jurídica. Si WikiLeaks hubiera difundido de forma abierta la información, o incluso hubiera abierto un sistema de suscripciones como si de una agencia de noticias se tratara, Assange podría rechazar informar sobre sus fuentes a un tribunal apelando al secreto profesional periodístico. Sin embargo, con su manera de actuar ha sido él quien se ha convertido en la fuente, por lo que no puede negarse a dar a un juez los nombres de quienes le proporcionan toda la documentación que él hace llegar a ciertos medios de comunicación.

Con su comportamiento, Assange ha traicionado los principios con los que ha conseguido la información que distribuye y, además, puede llegar a poner en peligro la confidencialidad de sus fuentes. ¿Estaría, en un hipotético y no deseable juicio por las filtraciones, dispuesto a ser condenado por mantener su anonimato? Entonces sí sería, al menos en parte, un héroe de la libertad de expresión.

Lo que necesitas no es amor (sino cumplir la ley)

Este mes de diciembre se ha abierto más caliente de lo esperado. En España, la baja laboral por enfermedad masiva y sincronizada de los controladores aéreos, que han dejado en la estacada a muchos miles de pasajeros españoles y extranjeros, ha degenerado en un caos inesperado para muchos.

La cronología de los hechos y de las consecuencias son sabidas porque se han descrito exhaustivamente en los últimos días. Pero lo que me llama la atención es la impunidad (aparente) con la que miran al tendido estos gobernantes cuestionados, ni más ni menos, que por tomar medidas ilegales. Que reaccionaran a sabiendas, que fuera todo tardío y mal organizado no es novedad. Pero que el Ejército armado se ocupe de amedrentar a población desarmada es muy revelador. En primer lugar, dice mucho de la incapacidad del gobierno para dialogar. En segundo lugar, describe la arbitrariedad de nuestros representantes, elegidos por 11 millones de españoles, a la hora de decidir qué funciones son las atribuibles al Ejército español. En tercer lugar, habla de la hipocresía de la izquierda, que se le tiró al cuello a Esperanza Aguirre cuando despidió a los huelguistas del Metro de Madrid. Y sobre todo, es indignante la ilegalidad del "estado de alarma". Lo resume perfectamente Almudena Negro en su blog Es la libertad de expresión, idiotas. No tengo nada que añadir.

Pero este tipo de acciones no es exclusiva de nuestro país. En esta misma semana se ha producido un hecho con connotaciones semejantes en Buenos Aires, Argentina. Un numeroso grupo de narcos bolivianos y paraguayos se instala en un parque donde acuden vecinos a pasear, e intenta ocupar las casas por la fuerza. Ante el desorden, una juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Se producen tumultos y dos muertos. Pero sigue la ocupación ilegal y las protestas de los vecinos. De nuevo, un juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Pero, hete aquí que la presidente decide que de eso nada. Que es mejor que ellos solucionen sus cosas. Macri, alcalde de Buenos Aires, pedía a la presidente del Gobierno "que se aplique la ley, la orden de los jueces y que se despeje la zona". Y también pidió "a los vecinos de Lugano y Soldati para que no hagan justicia por mano propia". ¿Y por qué no dio el la orden a la Policía Metropolitana que depende de él? Se fue a hablar con presidencia y así sancionó la barbaridad. Cristina Kirchner no le recibió. Pero sí otros miembros del gobierno. Aun así, no hubo acuerdo. Pero la regidora argentina finalmente ordenó que la Policía Federal rodeara el parque, a petición de los invasores, que vieron que los vecinos estaban dispuestos a tomarse la justicia por su mano, ya que el gobierno no les amparaba.

Y ese es el tema. ¿Qué pasa cuando quienes detentan el monopolio de la fuerza no cumplen su misión? Sea mandando al ejército a ocuparse de algo que se les escapó de las manos por su incompetencia como en España, sea saltándose a la torera una decisión judicial ante una invasión violenta de la propiedad privada como en Argentina. Porque por más que la situación de los inmigrantes ilegales paraguayos y bolivianos fuera miserable, en un país en el que rige el imperio de la ley y existe una democracia "real", ¿cabe la invasión de la propiedad privada? Si la solución de Kirchner es darles subvenciones o una vivienda, el mensaje es "inmigrantes ilegales del mundo, venid a mi país, que utilizaré todos los medios que los argentinos me han dado para que ocupéis sus propiedades". Y así, la ley no será igual para todos y los argentinos verán su derecho a la propiedad privada reducida, a expensas de que aparezcan más inmigrantes organizados y violentos dispuestos a echar un pulso a la presidencia del gobierno.

Del mismo modo que los sindicalistas más privilegiados de España ya saben que solamente tienen que echar un órdago al gobierno para sacarle de sus casillas, y encima salir a hombros de ciudadanos muy confusos.

La una reclamando amor para solucionar una violación de los derechos de propiedad y los otros reclamando amor para quienes llevan años mintiendo, maquillando datos para cobrar más y extorsionando a quienes, por ocio o por trabajo, tienen que tomar un avión en una fecha señalada.

El amor no tiene que ver con la política. El orden sí. Y para ello, el cumplimiento de la ley es imprescindible. Si los gobiernos no sirven para defender a sus ciudadanos, sinceramente, que nos devuelvan la responsabilidad de la defensa. Que desaparezcan los jueces si sus sentencias no sirven y se interpretan en clave de amor versus xenofobia, que se utilice al Ejército también para asegurarse de que los terroristas están fuera de las instituciones españolas, ya que ese manoseado "diálogo" no funciona…

En mi opinión, esta perversión de la política tan peligrosa no se debe exclusivamente al argumento "amoroso" para no cumplir la ley. Es un mensaje a la ciudadanía, una muestra de poder, un decir "Pa chulo, chulo, mi pirulo" de puertas adentro y de puertas afuera. Cristina dice que no es Luis XIV, pero actúa como si lo fuera. Y lo mismo es aplicable a Zapatero.

Sea como fuere, el deterioro de nuestras instituciones, fruto de la actuación de los representantes elegidos por tantos millones, debería hacer reflexionar a esos votantes respecto al futuro. De lo contrario, sin instituciones y con una ciudadanía adormecida, la democracia está en serio peligro de desaparición. Pero no importa. Será un crimen por amor.

¡Especuladores, llévense su dinero de España cuanto antes!

La situación económica europea actual es tremendamente delicada. El rescate de Grecia y la insolvencia de Irlanda han puesto de manifiesto la verdadera viabilidad de las economías periféricas, los llamados PIIGS. Portugal parece ser el siguiente en declarar su insolvencia y la situación con España es incluso más crítica, ya que la magnitud de este rescate sería difícilmente abordable por el resto de los socios europeos.

Pocos se fían ya de las finanzas de los PIIGS, en especial la de España. El tan cacareado Fondo de Rescate de 750.000 millones de euros se presenta como insuficiente para salvar la situación española. En realidad, este Fondo no llegaría ni a unos 350.000 millones de euros en caso de tener que rescatar a España.

Poco ha tardado el Ejecutivo en culpar a los especuladores de todos los males de España y en hablar del famoso “ataque especulativo”, que encarece la deuda y desestabiliza los mercados. Cualquier cosa antes que admitir su responsabilidad. Como si los problemas de España viniesen de tener unos puntitos más de deuda… En fin, que ya sabemos que para el gobierno todo aquel que compra deuda nacional es un inversor, y todo aquel que la vende o no compra es un malvado especulador que quiere hundir a España.

En realidad, sí que dependemos de los inversores/especuladores. Son los únicos que pueden salvarnos. ¿Cómo? ¿Comprando deuda nacional? No, todo lo contrario: llevándose su dinero de España inmediatamente. Cuanto más rápido, mejor. Ya tardan.

Hay dos principales motivos por los cuales esta huida de capitales sería un beneficio para todos.

El primero, porque es imprescindible dejar de financiar los despilfarros del gobierno español con cargo a nuestra riqueza. Es necesario que los inversores protejan el dinero y la riqueza de los depredadores estatales. Más adelante, cuando los tiempos les sean más propicios, podrán volverlo a traer, invirtiendo en España y enriqueciéndonos a todos. Pero ahora hay que evitar a toda costa que el gobierno siga dilapidando su riqueza para cumplir con sus objetivos partidistas, electoralistas y particulares, que no coinciden especialmente con los de los ciudadanos de a pie. En el momento en que una gran parte de inversores huya de España, al gobierno no le quedará más remedio que fomentar medidas que reviertan la situación: menos impuestos, menos burocracia, menos regulación y más seguridad jurídica.

El segundo y no menos importante motivo por el cual los especuladores deben abandonar sus inversiones en España es que de esta manera se forzaría al gobierno a realizar verdaderos cambios estructurales ante la amenaza de poder quebrar. Cambios que incluso un gobierno populista como el actual no podrá evitar. Ya hemos visto algunos de ellos, como la supresión de los ministerios de Vivienda e Igualdad. Cosa que parecía imposible estando un Ejecutivo tan marcadamente socialista como el actual en el poder. Pero no ha tenido más remedio. Y es que el actual Estado del Bienestar es insostenible. Simplemente. Sólo puede perpetuar sus crecientes funciones mediante más deuda y más afán recaudatorio… hasta la quiebra definitiva del país (ya se sabe que en algún momento las deudas se tienen que pagar con riqueza real). Así que la única salida que tendrá si no recibe financiación extra será limitar sus funciones si no quiere entrar en default.

Lamentablemente, esta parece ser la salida que nos queda a los españoles: que los inversores ayuden a que los Estados se limiten.

Del Estado del Bienestar al Estado de Alarma

De la misma forma que la caída del muro del Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el final de una década, podríamos aventurar que la nuestra comenzó el 11 de septiembre de 2001 y todavía no ha concluido. Desde entonces una crisis latente recorre Occidente, que se ha demostrado incapaz de gestionar “el fin de las ideologías”, superadas por una síntesis de liberalismo estatista que promueve la doctrina de la tolerancia infinita frente al multiculturalismo en la forma de un Estado del Bienestar que se financia a través de una expansión crediticia irreal.

Entonces, no solo se tambalearon los cimientos de las Torres Gemelas, sino que con ellas se pusieron de manifiesto las debilidades de las formas políticas bajo las que nos organizamos actualmente. El pánico y la indefensión se calmaron con una respuesta contundente que conllevó restricciones en las libertades que, en algunos casos, se mantienen hasta el día de hoy. Entre otros ámbitos, Internet, que permanecía virgen a la intervención estatal, empezó a ser objeto de preocupación y legislación; estos días comprobamos cómo la fuerza de los gobiernos recae sobre un hombre, Julian Assange, héroe para unos y villano para otros, por mantener un refugio de anonimato en el que volcar secretos -y cotilleos- de Estado. El debate sobre la neutralidad en la red forma también la agenda política, y su regulación podría, en lugar de garantizar un acceso libre, garantizar la intervención estatal para igualarnos por la base en el mundo virtual. Ejemplos que algunos podrán considerar banales pero que sin duda marcan la tendencia de los estados, siempre dispuestos a garantizar la seguridad de sus ciudadanos a cambio de un alto precio. Otro ejemplo es el de la hiperregulación de sectores como el energético debido a la alarma creada por un supuesto apocalipsis climático que no termina de llegar pese a sus heraldos. Recientemente en España se ha decretado uno de los estados de excepción previstos en la Constitución para desbloquear el cierre del espacio aéreo que causaron los controladores al abandonar sus puestos de trabajo y en el que de momento nos encontramos.

El mismo temor que nos lleva a sacrificar libertades es la misma pulsión sobre la que se ha construido el Estado del Bienestar. El miedo a una enfermedad a la que no podríamos hacer frente por nosotros mismos nos incita a delegar esa responsabilidad, aunque la falta de incentivos de mercado para la investigación impida encontrar remedios futuros. El miedo a perder el trabajo nos impele a legitimar un sistema de subsidios que, en lugar de ayudar al posible desempleado, encarece y dificulta la contratación. Y así con todas y cada una de las garantías del bienestar que el abrazo maternal del Estado nos ha ido ofreciendo hasta constreñir la capacidad creadora y equilibradora del libre mercado. Un sistema económico y socialmente insostenible que empieza a colapsar, pero que no por ello impide a la propia organización reestructurarse para no perder su hegemonía. Como si de una extremidad gangrenada se tratase, el Estado se deshará de sus políticas más inoperantes sin renunciar a mantenernos en un verdadero Estado de Alarma.

Así, en este estado de pánico perpetuo en el que nos encontramos sometidos, parecemos decididos a renunciar a la libertad para garantizar nuestra seguridad. Como un rebaño de ciudadanos pastoreado por una casta de políticos, no reparamos a preguntarnos si la cerca que levantan a nuestro alrededor nos protege de los lobos o es utilizada para mantenernos bajo control. El lobo no solo se encuentra entre nosotros vistiendo piel de cordero, sino que nos domeña con el cayado del pastor.

¿Implica este razonamiento justificar o legitimar en algún modo un ataque terrorista, el bloqueo de la navegación aérea? Absolutamente no, de ningún modo. Siendo hechos muy distintos, solo son comparables en que sus únicos responsables son quienes los causaron: los terroristas en el primer caso y los controladores en el segundo.

Pero esto no debe impedir analizar las decisiones políticas desde una perspectiva crítica. De hecho, al no hacerlo caeríamos en una grave irresponsabilidadm pues jamás debemos olvidar las palabras de Jefferson advirtiendo que “el precio de la libertad es una eterna vigilancia” a sabiendas de que el poder a vigilar en nuestros días es el de las leyes que se atribuyen la capacidad de transformar la realidad. Leyes que pueden dictarse de forma provisional para atajar una situación de peligro inminente, real o imaginado, pero que terminan sumándose al acervo normativo para ser utilizadas de forma ordinaria en lugar de extraordinaria. Rara vez, cuando el Estado avanza restringiendo nuestras libertades vuelve sobre sus pasos deshaciendo el camino andado. Ahora más que nunca, los hombres celosos de su libertad deben -debemos- permanecer en un verdadero estado de alarma.

David Cameron ya tiene a sus mineros particulares

Mucho se ha hablado, comentado y desmentido de los parecidos entre el actual Primer Ministro y Margaret Thatcher. Hemos de decir que no son dos figuras calcadas, como tampoco lo son la ideología conservadora que practican ni los aliados que han buscado.

Un buen ejemplo es que David Cameron no concibe una relación tan estrecha y cercana con Obama como en su día estableciera la “Dama de Hierro” con Ronald Reagan. Por su parte, aquélla no se atrevió a dar pasos tan radicales hacia la Unión Europea como los que ha efectuado el nuevo gabinete. En este escenario, David Cameron y William Hague (Ministro de Exteriores) han establecido una suerte de listado de cosas que no se harán durante su legislatura (por ejemplo, la negativa a convocar un referendo sobre el euro).

Sin embargo, existe un nexo que los une y que va más allá de la ideología. La aparición de una oposición doméstica no personificada particularmente en su rival laborista, sino en determinados espectros sociales. En el caso de Margaret Thatcher, fueron los mineros; en el de David Cameron, los estudiantes universitarios. En ambas situaciones los dos líderes han optado por no ceder. La pregunta es, en consecuencia, ¿obran, u obraron, así por dogmatismo? No. La causa es otra bien distinta y tiene que ver con una cuestión de principios e incluso de valores, de tal modo que son las razones de Estado las que justifican su proceder.

Margaret Thatcher hubo de combatir a los mineros. La pugna se prolongó durante varios años, ocupando la primera legislatura entera (1979-1983) y el inicio de la segunda. Lo fácil hubiera sido dejarse doblegar y aceptar los puntos de vista (filocomunistas) del líder de los mineros Arthur Scargill, cuyo poderío y fortaleza venían dados por la política de barra libre practicada por el laborismo de Harold Wilson y James Callagham en los setenta. Thatcher no se rindió y sí, por el contrario, acabó con el conjunto de privilegios de los que gozaba este sector, acostumbrado, como el resto del mundo sindical, a muchos derechos y pocas responsabilidades.

En el caso de David Cameron son los estudiantes universitarios los que se han convertido en sus mineros particulares. Se oponen a la subida de las tasas universitarias, muchas veces empleando argumentos marxistas que apelan a los orígenes sociales del líder tory. Durante el mes de noviembre provocaron varios disturbios en Londres. Entonces, cogieron a la policía desprevenida y pudieron llegar hasta la Torre Millbank (sede del Partido Conservador en Londres).

La segunda vez, los servicios de seguridad fueron más previsores; de ahí que la ira de sus protestas se canalizara hacia el socio de la coalición de gobierno, el liberal-demócrata Nick Clegg, al que acusaron de “traidor”. Está claro que las “raíces intelectuales” de este grupo de jóvenes aspirantes a revolucionarios no se hunden en los John Locke, Adam Smith o David Ricardo. Por el contrario, sus referentes están en la izquierda más rancia (aquella que amenaza con acabar con el capitalismo), cuyo carácter destructor veneran, y que en última instancia aspira a imponer los postulados de unos pocos a la gran mayoría. Así ha sido históricamente.

Sin embargo, no tiene pintas de ceder el Primer Ministro. Las medidas de austeridad que está llevando a la práctica obedecen a la depauperada situación de la economía en Reino Unido. Asentir ante los estudiantes sería lo fácil y una reacción cortoplacista. Los buenos tories siempre han apostado tanto por el largo plazo como por buscar el interés de la mayoría aún en las situaciones más adversas. David Cameron sigue con la tradición o, como dijo recientemente William Hague, para escándalo de Ed Miliband, “mejor ser hijos de Thatcher que de Gordon Brown”.