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Anarcocapitalismo. Crisis de la democracia y el Estado Nación

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Hay muchas razones para considerar el anarcocapitalismo un escenario superior al de la democracia. Muchas personas no lo conciben por su apego al sistema. No se dan cuenta de que pueden existir sistemas diferentes. Es la fatal arrogancia de los demócratas. El pensamiento único les invade y convierte en establishment de una sociedad colectivista.

Uno de los fallos de la democracia es que su sistema de mayorías sólo es operativo en comunidades reducidas, donde todos los miembros de la comunidad se conocen y pueden argumentar entre sí, o también, en un sistema con una democracia duramente delimitada. El sistema de un hombre, un voto, siempre llevará al populismo. Algo tan claro ya lo vieron los padres fundadores de los Estados Unidos (Democracia frente a República). Acertadamente, los padres fundadores asemejaron democracia con la semilla de la Oclocracia, donde los gobiernos y políticos dirigen un país a través de las emociones de sus ciudadanos. Es el famoso pan y circo al que hemos asistido en los últimos 100 años. Su cúspide lo vemos ahora con dirigentes como Zapatero en España, Obama en Estados Unidos y Hugo Chávez en Venezuela. No venden gestión de gobierno, sino ilusiones y trucos de magia. La democracia se estructura en una oligarquía política y usa las armas de la oclocracia para llegar al Poder y legislar.

Un gobierno que domina a más de cuarenta millones de personas no puede ser efectivo bajo un sistema democrático. Las opiniones son demasiado diferentes, los intereses demasiado contrapuestos y las presiones políticas, demasiado acusadas. Uno de los enemigos de la democracia es el volumen. Imaginemos un mundo mundial. ¿Quién sería mayoría? China, la India y Rusia, probablemente. ¿Se imagina qué ocurriría? Tales gobiernos usarían la fuerza de la ley y la política para vivir a costa de occidente. Tendríamos altos impuestos y nos impondrían su cultura mediante la ley. Por supuesto, sería para nuestro bien común.

Este crecimiento de la democracia ha venido por el aumento del Estado, el Estado Nación. Un gobierno de gobiernos que se ha ido creando mediante guerras, asesinatos y tratos políticos. Algo totalmente opuesto al concepto voluntario de los medios económicos de Oppenheimer.

Expresado de una forma más llana. No sólo el gobierno es demasiado grande, también los pilares en los cuales se fundamenta, como el concepto de Estado Nación y Democracia. Una sociedad anarcocapitalista, basada en el principio de “no agresión” y en la voluntariedad de los actos, ha de pasar inevitablemente por la desaparición del Estado Nación y la democracia. Éstos son conceptos que han crecido más que el propio individuo, absorbiendo y transformando, no en un medio para servirlo, sino en un fin mismo. El individuo, pues, es una herramienta más para servir al sistema.

Muchos liberales clásicos añaden otra variable a su utópico sistema de gobierno limitado, estado nación (y el sentimiento de éste, el patriotismo) y democracia. La quimera de la "Sociedad Abierta". Otra absurdidad más incompatible con el sistema actual. El concepto de sociedad abierta proviene del filósofo Henri Bergson, que la definió como el de un gobierno transparente, justo y atento a las inquietudes de sus ciudadanos. Hemos necesitado un Wikileaks para que muchos vean que esto no puede existir y que los gobiernos precisamente se caracterizan por vivir a costa de sus ciudadanos, de mentirles y otorgar derechos a grupos de poder privilegiados, los lobbies.

En una sociedad enorme, de millones de personas, no entra en la lógica que todos los católicos toleren a anticatólicos. Racistas a antirracistas. Keynesianos a ‘austriacos’ y ecologistas a antiecologistas. Todos aquellos grupos que no sean netamente liberales —que siempre serán minoría— y defiendan valores colectivistas, ya sea desde la parte del socialismo o conservadurismo, harán lo imposible para acallar a su grupo rival. Todos ellos crearán lobbies para presionar al gobierno de turno y que éste actúe en su conveniencia para hundir al opositor. Ocurre lo mismo que con la democracia, el concepto de sociedad abierta sólo puede producirse en grupos pequeños. A medida que crece, los medios políticos usan esta idea, mediante la oclocracia, para imponer su corporativismo e intereses personales.

La democracia ha crecido demasiado. Es insostenible. El Estado Nación es el principal pilar que la mantiene derecha. Así como los hombres se agrupan a medida que avanza su vida, escogiendo a amigos que le asemejan o buscando parejas que son iguales a ellos, lo mismo ha de ocurrir en grandes conjuntos de masas. El anarcocapitalismo es la solución a un sistema podrido donde cada persona forma sociedad con sus pares y similares, olvidando las imposiciones políticas de dónde ha nacido. De hecho, en Estados Unidos ya existe: las HOA (Home Ownership Associations). Las únicas fronteras son privadas y voluntarias. Así como la globalización económica es el camino a una mayor prosperidad, la globalización política de un Gobierno mundial o un Estado Nación es la garantía de una sociedad atrapada en las fauces de sus políticos, viciada por el populismo (oclocracia), el robo (impuestos), la guerra y la violencia de la ley.

Sólo conseguiremos libertad plena cuando la democracia caiga junto al concepto de Nación Estado. Entonces sí que podremos hablar de una sociedad abierta real donde grupos de individuos se reúnan en un espacio físico para convivir sin necesidad de políticos ni estados.

El injerto de la criminalidad corporativa

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Este próximo 23 de diciembre entrará en vigor la última reforma de nuestro Código Penal. Entre sus novedades más destacadas está la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, una empresa radicada en España podía ser sancionada civil o administrativamente; en breve, podrá serlo también penalmente.

En EEUU esto viene siendo así desde hace un siglo, cuando el Tribunal Supremo estableció allá por 1909, en el caso New York Central & Hudson River Railroad Co. v. US, el principio en materia penal de respondeat superior, es decir, una corporación debía responder penalmente por actos realizados por sus directivos o empleados dependientes de aquéllos. Con ello, empezó a tomar cuerpo la llamada responsabilidad penal colectiva y vicaria de las personas jurídicas, que es extraña a los principios penales clásicos y que, desde entonces, se ha ido propagando a otros ordenamientos jurídicos.

El abandono en las últimas décadas del principio clásico penal de societas delinquere non potest (ahora tildado de viejo axioma) se está produciendo en la práctica totalidad de los países de la OCDE. El proceso de esta armonización internacional escalonada del derecho penal está concluyendo con notable éxito. Esto supone aceptar una responsabilidad sin culpabilidad, desvirtuando el principio de individualización de la responsabilidad penal de las personas físicas, que ha inspirado todo el orden penal tradicional con la excusa de perseguir un bien superior (reducir la delincuencia empresarial).

Si algún directivo o empleado a sus órdenes realiza un delito en provecho de la empresa, puesto que ésta no puede ser encarcelada, lo normal será que se multe a la misma o se disuelva, lo que conlleva penalizar a la postre a terceros inocentes (accionistas o inversores). Aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las físicas, la experiencia americana nos indica que en aquellos procesos penales en que se ve afectada una empresa que no demuestre tener controles adecuados, ésta, las más de las veces, pecha con la responsabilidad. Llegado el caso, el directivo u órgano colegiado de dirección no pondrá reparos en que siga siendo así, entre otras cosas, porque al tratarse de ilícitos penales sus consecuencias difícilmente podrán cubrirse mediante póliza de seguro.

La delincuencia que se produce en el seno o al amparo de las grandes corporaciones (estafa, corrupción, defraudación fiscal y un largo elenco) es percibida en la actualidad como un problema, de ahí esta evolución de las nuevas funciones del derecho penal que lleva consigo una carga de profundidad: hoy, las empresas han de asumir cada vez mayores responsabilidades y, en cierto modo, deben también asumir tareas públicas y ponerse al lado del Estado para ir en la buena dirección moral que marquen los tiempos (responsabilidad social corporativa, preservación del medioambiente, defensa del consumidor, del trabajador, de los stakeholders y de otros involucrados…). La creciente responsabilidad de las personas jurídicas es un síntoma más de la moderna alianza entre el poder estatal y el corporativo, que, desde una perspectiva mundial, nos llevaría hacia la denominada gobernanza global, tan cara a tecnócratas y gestores del interés general.

Para el caso que nos ocupa, la constatación empírica de que la empresa se encuentra en mejores condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes y empleados implica exigir a la persona jurídica que adopte medidas de organización permanente que impidan la realización de hechos delictivos en su esfera de actuación y que, ante una acusación, confiese la infracción y repare, o bien actúe, como delegada del agente de autoridad frente a sus empleados y directivos para evitar o atenuar la sanción penal.

Las consecuencias de todo ello resultan algo inquietantes: cuando el delito se haya producido en el seno societario, se primará la colaboración de la empresa en forma de presentación de pruebas contra sí misma y se dañará la defensa de otros imputados (personas físicas a ella vinculadas) en el mismo proceso. Se pretende que el vínculo de fidelidad sea con el Estado y no entre los miembros de una organización privada. Hoy la mera imputación corporativa representa ya la pena y la falta de cooperación será la verdadera ofensa. Ante un ilícito societario, el método consistirá en lanzar unos ciudadanos contra otros dentro de las compañías para facilitar la labor fiscalizadora del Estado so pena de que paguen los platos rotos los inocentes socios o dueños.

Parece olvidarse que, para evitar fraudes o prácticas deshonestas por parte de las empresas, es preferible la combinación de la persuasión moral, la disciplina de mercado, la responsabilidad civil corporativa y, por descontado, la oportuna aplicación de sanciones penales contra personas físicas con poder de dirección que delincan, sin necesidad de transferir su responsabilidad penal a la corporación donde trabajan. La americanización del derecho penal que acarrea esta reforma para la galería no es siempre garantía de mejora.

P.D.: Todo lo arriba comentado no será de aplicación a las empresas y administraciones públicas según lo establecido en el nuevo art. 31 bis, punto 5 del Código Penal español reformado, ya que –se nos dice– no tendría sentido que se sancionen a sí mismas al salir el dinero del mismo contribuyente que las sostienen. Pero de rondón se blinda también a los partidos políticos y sindicatos patrios que no serán responsables penales de los delitos cometidos por sus dirigentes o representantes legales, como sí lo serán las empresas privadas, equiparando aquéllos a las empresas públicas y administraciones del Estado, obviando la existencia de afiliados y militantes a los que trasladar en última instancia la responsabilidad penal. Igualdad ante la ley, descanse en paz.

Por cierto, muy mal los lobbies de las asociaciones empresariales que se han dormido; sus homólogos sindicatos han sabido mover ficha para blindarse con la inmunidad penal frente a delitos –por ejemplo– de corrupción o fraudes de subvenciones (aunque pensemos todos que es muy improbable que esto suceda al tratarse de respetadas personas jurídicas que sólo miran por el trabajador).

Por el Estado a la utopía

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Es claro que el Estado no es una creación de extraterrestres, una inhumana invención “ex novo” o divina. Es fruto de la evolución del hacer complejo de los hombres cometiendo errores y, de vez en cuando, suprimiéndolos. Pero no lo es menos que la exacerbación del Estado, con asentarse en muchos buenos propósitos, sirve en demasiadas ocasiones a las más bajas pasiones, aquellas que disfrutan con la exclusión, con el victimismo y con la dudosa gloria de una existencia parasitaria.

Bajo la sensación del hundimiento de las dictaduras comunistas de Europa oriental, se aceptó de puertas afuera que el omnímodo Estado era el fracaso y que su contrario, la sociedad abierta y los mercados libres, su única alternativa. Pero no se asumió más que como quien acepta provisionalmente el infierno cuando el cielo prometido, la utopía del Estado Total, cierra por reforma. Sólo en el paraíso del Estado Social, dijeron mientras tanto, está la solución y, si no se hubieran conjugado las fuerzas del egoísmo, tan humano él, con las de la codicia, tan nefasta ella, el Bien Supremo del comunismo hubiera adelantado la enésima venida de la Gran Utopía.

El Estado Social, esa reinvención de la barbarie patrocinada por el aparato administrativo público, sigue en las mentes, en los programas y en las proclamas, de forma que él y sólo él es capaz, dicen sus promotores, de lograr que partes más o menos pudendas del Bien perdido en la extinta URSS puedan reencarnarse en las sociedades democráticas para contener al Gran Mal.

Se trata de un argumento circular, de un antirrazonamiento, de un discurso que se anula a sí mismo pero que, en su absurda formulación, encandila a poetas y a clérigos, a opinantes y a mitineros, a gentes de barra y tertulia, a decaídos de sillón y telediario, a bondadosos santurrones de oenegé en contacto solamente con la marginalidad que produce la propia acción social . Porque si el comunismo, ese Gran Bien, cayó víctima de su propia incapacidad para generar la dinámica económica que cumpliera su promesa, ¿cómo su vástago, el Estado Social, puede lograr lo mismo con presupuestos coincidentes?

El gobierno de Zapatero, por boca de su más desmoralizante representante, él mismo, ridículo optimista e irresponsable, dice que la salida a la crisis será social o no lo será. Es decir, que será fruto de sus causas, que se saldrá de ella por la misma vía por la que se entró. Porque, al parecer, la virtud del Estado Social, la vida subsidiada, traerá una existencia feliz que, por no ser de este mundo, no cargará con ninguna responsabilidad. Las culpas del que será su nuevo, enésimo fracaso, recaerán nuevamente en la egoísta y codiciosa naturaleza humana, abstraída en un ente manipulado llamado “los mercados” que, por desgracia y por más que lo intentan, nunca llega a “actuar”.

Los que sirven al Estado Social y se sirven de él, incluso al precio de vivir en la imbecilidad, son más generosos, más humanos y creen y están más con “la gente” que quienes promueven la responsabilidad, el respeto a la propiedad, el amor al esfuerzo y al ahorro. La versión actual del Estado Social sobredimensiona la codicia de los bienes ajenos promoviendo el subsidio y el dinero inflacionario para arreglar luego sus fracasos con más moralina generosa, es decir, más subsidios y más dinero fácil.

Es la existencia del Estado en su forma moderna lo que promueve el Estado Social. Es esa institución decantada evolutivamente partiendo de la interacción social la que incrementa el utopismo más letal. Es, o parece que es, a impulsos del cíclico hundimiento de cada paraíso de fantasía como la historia humana avanza. Utopía, implosión de la misma y vuelta a empezar. ¿Podrá la memoria histórica, la de verdad, recoger las enseñanzas y aplicar verdaderas soluciones, es decir, verdaderas críticas a los errores?

Entre la lejanía y el desprecio

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

“¡Van a lo suyo!”. “¡No tienen ni idea de lo que necesitamos!”. Las crisis económicas, las políticas e institucionales suelen ser las elegidas por los sufridos ciudadanos españoles para expresar así, o con epítetos menos educados, su descontento con la clase política a la que consideran lejana a sus verdaderos intereses. Sin embargo, las normas, leyes y políticas generales que hoy salen de los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos intentan organizar la sociedad y favorecer la convivencia, por lo que para otros muchos esta lejanía no es tal, sino cierta incapacidad propia para captar lo que es bueno para nosotros.

Buscar ejemplos de cómo un político se aleja de los ciudadanos no es imposible. La primera pregunta sería de dónde sacan que ciertas políticas públicas son relevantes, necesarias e imprescindibles. En otros países, los diputados tienen la obligación periódica (legal o moral) de reunirse con algunos de sus votantes y oír sus quejas y peticiones. Aunque podamos dudar de la eficacia de esta medida (la información sería incompleta, obsoleta y subjetiva, como poco), en España, esta situación es más utópica que otra cosa. Puede que a nivel local y en pequeñas poblaciones se pueda dar algún tipo de diálogo, pero en las grandes ciudades y, sobre todo, en las Comunidades Autónomas y en el Estado central, estos contactos son inexistentes. El resultado es un programa electoral, una especie de contrato social, lleno de una mezcla de ideología, subterráneos intereses de partido y mucha demagogia, que puede cumplirse en alguna de sus partes, o no.

Los procesos de mercado, los precios, las ofertas y las demandas nos ofrecen una serie de datos que permiten a los ciudadanos organizar sus recursos en función de sus intereses más inmediatos, o de los más lejanos, pero el político no tiene mucho más que su voluntad, interés y programa político, si las circunstancias no cambian, para decidir qué hacer, cómo y en beneficio de quién. La arrogancia de saber lo que nos conviene es en el fondo desprecio.

¿Son útiles leyes como las que obligan a rotular los carteles de los comercios catalanes en catalán, las que obligan a no fumar en lugares privados, pero de acceso público, o los que ordenan qué tipos de alimentos se deben dar a los escolares? El Estatuto catalán, el madrileño o del resto de las Comunidades Autónomas, ¿son tan necesarios que las autonomías entrarían en el caos y la violencia si no existieran? No digo que no estén justificados por argumentos como la salud pública o la necesidad de una legislación marco, pero ¿importan tanto como para dilapidar cientos de millones de los sufridos contribuyentes? El incremento de la presión fiscal –la mano en el bolsillo ajeno– es otra manera de lejanía, incluso de desprecio, al obtener de manera indiscriminada recursos que no son suyos.

El descaro con el que los políticos españoles pasan de puntillas por los casos de corrupción sin que la palabra dimisión pase siquiera por sus intervencionistas cerebros es otro ejemplo de cómo se muestra esta lejanía, este desprecio. En los países anglosajones, la moral privada y la pública están más estrechamente ligadas que en España y lo que algunos llaman asuntos de bragueta puede llegar a provocar dimisiones sorprendentes o ceses fulminantes. Lo que se juzga en este caso no es la moral sexual del político, sino su capacidad para engañar. Si se dedican a hacer esto con su familia, qué no podrán hacer cuando gestionan los miles de millones que se presupuestan. La potencialidad es peligrosa y no se estima un político potencialmente corrupto. En España, ni los más importantes casos de corrupción provocan demasiados ceses y dimisiones. Apenas hay casos de corrupción policial o judicial. Cuando los hay, es posible que vuelvan al partido o institución y sólo por decisión judicial, se abandona la gestión pública. Es posible que los inmuebles que ha obtenido el actual presidente del Congreso, José Bono, hayan sido en condiciones legales, pero la mera sospecha, el hecho de que los precios pagados puedan estar muy por debajo de los de mercado provocaría en otros casos una dimisión inmediata.

Así pues, esta lejanía se muestra sobre todo en las actitudes, pero en algunos casos también en las aptitudes. Sería de esperar que si un cargo va a tener la capacidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas, éste tenga un mínimo de preparación tanto académica como de gestión real, es decir, alguien que haya desarrollado su carrera profesional en instituciones donde hubiera tenido deberes parecidos. En la lista de ministros que hasta la fecha ha habido en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se muestran algunos que no han acabado la carrera universitaria, otros que no han tenido mucho más que cargos políticos dentro del partido desde que se hicieron mayores de edad y, en general, personas que rezuman ideología y pretenden ser ingenieros sociales a través de normas y leyes que caen sin criterio sobre los ciudadanos. Lejanía y desprecio tanto de quien los nombra como de quien se presta para el puesto.

Homero y los orígenes de la democracia

Escrito por Emilio Díaz Rolando en . Publicado en Análisis diario.

La tradición literaria occidental muestra su primer testimonio en la Ilíada y la Odisea de Homero. Ambas están relacionadas en su temática con la guerra de Troya, un acontecimiento que históricamente tuvo lugar en el siglo XIII a.C. y cuya realidad fue enmascarada, como es habitual, por la transmisión oral a lo largo de los siglos. Pretendemos aquí bucear de forma sucinta en la primera de esas obras para descubrir aquellos aspectos de su contenido en los que podemos vislumbrar los primeros vagidos de lo que sería, andando unos siglos más, la democracia ateniense. La Ilíada es para este propósito fundamental porque era el libro de texto en el que los niños griegos aprendían a leer y a escribir, y donde recibían los conocimientos básicos que los integraban dentro de su polis y del universo mental helénico. No debe, pues, ser extraño considerar que de alguna manera las palabras atribuidas a Homero también estén en el inicio del largo camino que llevó del régimen monárquico basado en el caudillaje militar presente en la Ilíada a un régimen democrático asambleario.

La sociedad y las relaciones políticas reflejadas en la obra corresponden a una organización de estilo feudal. En lo más elevado de la pirámide se encuentra el rey de reyes, Agamenón, rey de Micenas, la ciudad más poderosa de Grecia en los tiempos de la guerra de Troya. El monarca es reconocido como un primus inter pares y posee el poder ejecutivo. Detrás de él están los reyes de las distintas ciudades que se han embarcado en la guerra contra Troya. Todos ellos forman una asamblea que discute la marcha de los asuntos públicos, pero que no tiene capacidad ejecutiva. Más abajo está el conjunto de servidores y tropas auxiliares que sirven de acompañamiento a los caudillos y que asisten a las asambleas sin tener voz ni voto. Finalmente, nos encontramos a los esclavos, gente capturada en su mayor parte durante el curso de la guerra.

Esa asamblea de reyes es la institución que podemos señalar como antecedente del régimen democrático. Su nombre en griego es agorá, término que encontramos en español como ágora. En ese órgano sólo pueden hablar los reyes que asisten a la guerra. En la agorá aparece una de las características del espíritu helénico que más ha influido en los rasgos identificativos de la cultura occidental. En ese órgano la palabra tiene el papel predominante. De este modo, la Ilíadano sólo se plantea como una narración de las hazañas de los hombres, sino como ámbito de exposición de las palabras que esos hombres valientes dijeron en sus reuniones.La asamblea y la palabra son los elementos distintivos de lo que andando los siglos será la democracia ateniense.  

Ahora bien, la palabra precisa para desarrollar sus capacidades de un marco en el que la libertad de expresión sea un principio irrenunciable. Ya en Homero vemos cómo esa libertad de expresión debe ser respetada en todos sus términos y cómo goza de una total inmunidad frente al poder, en este caso representado por Agamenón. Una vez que su cetro, símbolo de inmunidad, ha sido depositado por el kéryx (heraldo) en manos del orador, el rey de Micenas debe oír sin oponerse aquello que los demás reyes digan de él y de su política.         

Una prueba de lo que se veía obligado a escuchar el rey de Micenas sin que nada pudiera hacer contra su acusador Aquiles, son las palabras que éste le dirige nada más comenzar la obra, en la primera asamblea que recoge la obra. Allí Aquiles llega a insultar a Agamenón y a cuestionar su labor como jefe del ejército por una actuación suya que considera arbitraria y abusiva (Canto I, versos 150-172). Aunque Aquiles deba someterse a la decisión del jefe supremo, su cuestionamiento del poder es radical. El papel, que ese mismo poder cumple en la obra, queda desacreditado cuando el propio Agamenón debe ceder finalmente y pedir al héroe ofendido su regreso al campo de batalla.

Los héroes de la Ilíadaeran miembros de una clase social elevada, a la que pertenecían por derecho de sangre, pero esta condición no les eximía de tener que demostrar continuamente su superior cualidad en dos ámbitos: su valentía en el combate y su pericia en el discurso. Esta superior cualidad personal es denominada en griego areté, término que debe entenderse como excelencia. Esa noción de areté era asimilada por el futuro ciudadano mediante una formación intelectual fundada en los versos de la Ilíada.La evolución política ateniense llevó de un régimen monárquico semejante al reflejado en la Ilíada, a uno aristocrático y, finalmente, a uno democrático provocando que, paulatinamente, esa potencialidad de actuación en el ámbito público y la existencia de una areté innata fueran transvasándose de la vieja nobleza de sangre hacia cualquier varón que hubiera nacido en Atenas, hijo de padre y madre atenienses. Así, del mismo modo que el héroe griego, protagonista en exclusiva de la épica, debía mostrar su superior cualidad en el combate y en la asamblea de reyes, del ciudadano ateniense se esperaba que fuera valeroso en la falange de hoplitas durante el combate, en la que formaba codo con codo junto a otros conciudadanos suyos, y que participara activamente en la asamblea popular (ekklesía), sede de la soberanía del estado ateniense. La areté en la democracia es, como en el caso de los antiguos personajes de la épica, un deber del ciudadano que lleva aparejada la existencia de una serie de derechos para poder ejercerlo.

Quizá comprendiendo el enorme poder subversivo respecto al autoritarismo que se desprenden de algunos de los versos de Homero y su aroma liberal avant la lettre se explique por qué el legado de la antigüedad grecolatina ha sido expulsado por el poder dominante de las aulas donde actualmente pacen, más que aprenden, nuestros jóvenes.

Back in Salamanca

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este pasado mes de octubre volví a la ciudad del Tormes por varios eventos relacionados con la Escuela de Salamanca que se celebraban esos días. Y no puedo evitar, lo primero de todo, recordarles que hace justamente un año el Instituto Juan de Mariana actuó de anfitrión en un memorable encuentro del Mises Institute en el impresionante convento de los dominicos de San Esteban, completado como remate final por la entrega del premio Schlarbaum 2009 a Jesús Huerta de Soto, esta vez en el Colegio Mayor Fonseca, que fue Seminario de Irlandeses.

Ocurre que por estas fechas del otoño suele organizarse periódicamente un simposio del Instituto de Pensamiento Iberoamericano, en la Universidad Pontificia de Salamanca (y en el marco de otro edificio monumental: el antiguo colegio de la Compañía). Este año trataba sobre “El mundo iberoamericano antes y después de las Independencias”. Allí tuve la ocasión de escuchar dos interesantes ponencias: “La ideología de las Independencias”, del profesor Pena, y una reflexión en torno a Suárez y el pensamiento político ilustrado, que expuso el profesor Francisco Baciero, del que ya hemos hablado aquí, insistiendo en la modernidad de los escritos del jesuita granadino.

Miguel Anxo Pena González es un profesor de la Pontificia que publicó el año pasado un libro que les recomiendo: La Escuela de Salamanca. De la monarquía hispánica al Orbe católico. Es un ejemplo más del interés que siguen suscitando aquellos doctores salmantinos, cuyo estudio todavía cuenta con muchas posibilidades en el campo de la economía, el derecho o la política (como venimos insistiendo en estos Comentarios). El texto del profesor Pena afronta varias cuestiones de interés: describir el paradigma de la segunda escolástica y su proyección por España y Europa; analizar el impacto de la Ilustración, con las reformas de los Borbones, continuando un recorrido histórico a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días; o detenerse en su posible influencia sobre los movimientos independentistas iberoamericanos (lo que también hemos tratado en esta columna), que fue el tema de su ponencia. Todo ello fundamentado en una consistente y actualizada bibliografía, que puede resultar de gran utilidad a los investigadores.

Y por una afortunada coincidencia, en esas mismas fechas también tuvo lugar la presentación de un texto importante de Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela que estamos tratando aquí: sus lecciones sobre las leyes (De Legibus), que ha editado la investigadora italiana Simona Langella (junto a los profesores Barrientos y García Castilllo) en una bonita versión trilingüe, al estilo de los viejos libros renacentistas, que se me antoja como el preludio de la versión del Mutatione Monetae del Padre Mariana que prepara este Instituto en latín, inglés y español.

Hablando de aniversarios, también fue en noviembre del año pasado cuando les contaba la estancia en Madrid de Alejandro Chafuen, Presidente de la Fundación Atlas, que presentó la nueva edición en Ciudadela de su libro sobre las Raíces cristianas de la economía de libre mercado, coincidiendo con el Congreso del CEU “Católicos y vida pública”. Pues bien, en la convocatoria de este año participaba otro autor en el catálogo de esa Editorial: Samuel Gregg (La libertad en la encrucijada); que junto a Thomas Woods (La Iglesia y la economía y Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental) ofrecen al lector hispanoparlante una sugerente visión del papel de la religión y la economía en nuestra vieja Europa, que algún tiempo atrás fue cristiana. Esto me recuerda el reciente viaje a España de Benedicto XVI, quien volvió a referirse una vez más a esa cuestión; que dejo aquí presentada para que tal vez la abordemos en otro momento.

Porque quería terminar con un par de líneas sobre la ponencia de Samuel Gregg, Director de Investigación del Acton Institute (el “Acton Institute para el estudio de la religión y la libertad” es un think-tank ecuménico que busca integrar las verdades judeocristianas con los principios del libre mercado). Gregg planteaba una nueva división en la antropología: más que distinción entre “izquierdas-derechas”, habría que hablar de una antropología materialista y de otra capaz de ver más allá de las verdades empíricas. Esta segunda tendría como fundamento una visión trascendente al defender una dimensión superior de la vida humana que presupone la capacidad para conocer la verdad, la belleza y el bien. En ella estarían alineados Aristóteles, Tomás de Aquino o Tomás Moro (y añado yo, nuestros doctores de Salamanca).

Reyes inc.

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Hay instituciones claves para un país. Y una de ellas es la Monarquía. No voy a hablar aquí de las evidentes ventajas que para nuestro país representa el que, a diferencia de los estadounidenses, los españoles no hayamos sido creados iguales, sino que algunos, por derecho de nacimiento, tengan asegurado su mantenimiento a cargo del erario y tengan reservados unos cargos, honores y prebendas diferentes al resto de la población.

Tampoco voy a hablar de lo duro y difícil que es ser uno de esos seres humanos excepcionales, pues, aunque mucha gente les envidia, es muy cansino ser rey. Viajes de estado, recepciones, presencia constante en eventos deportivos apoyando a sus súbditos más destacados…

Simplemente quiero exponer la fórmula para hacer que una institución tan importante, esencial y necesaria como la Monarquía sea más accesible, cercana y económica para el mayor número de ciudadanos.

Y el modelo es Telefónica de España, actualmente Movistar. Muchos dirán que no es comparable, pero en el fondo ambas instituciones son, básicamente, un servicio a la ciudadanía, y, por otro lado, estoy seguro de que si le preguntan a la gente qué prefiere, si tener móvil y ADSL con tarifa plana o monarca, la mayoría optaría por lo primero.

¿Qué pasaba antes con la telefonía? Pues lo clásico, que era un monopolio estatal y, por consiguiente, deficitario, ineficiente, una carga para el erario; una empresa que debía su estructura pre-liberalización de los 90 a un decreto franquista (¡¡caramba, qué coincidencia!!) y que daba un servicio nefasto a sus consumidores (tardaban meses en instalarte una línea).

¿Y qué pasa ahora? Pues, aunque no se haya producido una verdadera liberalización de lo servicios de telecomunicaciones, sí se ha hecho una regulación que introduce ciertos elementos de libre mercado en el sector, se ha abierto a la competencia y se ha privatizado la compañía, con lo cual ha dejado de ser una pérdida neta para el contribuyente, genera beneficios, crea riqueza y da un mucho mejor servicio a sus clientes, antes paganos obligados.

Pues eso es lo que hay que hacer con la Monarquía. Abrirla al libre mercado, privatizarla, dejar que con la actual Casa Real entren en competencia otras Casas Reales, tradicionales o de nueva creación, que ofrezcan sus servicios en un régimen de mercado libre.

Estos nuevos jugadores en el sector Casas Reales podrían ser, desde monarquías derrocadas como los Hohenzolllern o los Saboya, hasta empresas de nueva creación como Reyes Inc., Tele-Monarca, algunas incluso especializadas en sectores concretos, como la restauración donde ya hay algo parecido en el campo del fast food.

Así, estas nuevas Casas Reales competirán en precio, calidad y servicio con la actual para hacer las tradicionales actividades propias de la Monarquía, como las mencionadas al comienzo del artículo: recepciones, mensajes navideños, asistencia a eventos deportivos, viajes representativos. Gracias a ello, muchos más ciudadanos podrán disfrutar de las ventajas de tener una Figura Real, con mayúsculas, a su servicio.

Por ejemplo, un grupo de empresarios del sector del corcho quieren tener una Recepción Real. La actual Casa Real cobraría una tarifa determinada, quizá demasiado elevada para dichos empresarios, pero otras Casas Reales alternativas ofrecerían precios más competitivos, quizás a cambio de un menor boato, y todos tan contentos.

Así, desde la comunión de fulanito hasta la Final del Campeonato Provincial de Petanca del Bajo Ampurdán, podrán contar con una figura regia, la cual, actualmente, aunque pagada con el dinero de todos los contribuyentes, limitaba sus apariciones a grandes eventos, tales como la Final de la Copa de Él Mismo, los Juegos Olímpicos o bodas y bautizos de la jet set.

Y de cara a las actividades del sector público, pues también sería posible y deseable introducir la competencia. Un ejemplo sería la apertura del año judicial donde siempre queda muy bien la presencia de un Monarca. Pues bien, un concurso público abierto a Casas Reales con un pliego de condiciones para dicha necesidad específica proporcionaría la respuesta. Aunque, eso sí, habría que vigilar con lupa dichos concursos, pues en determinadas autonomías surgirían Casas Reales con conexiones con el poder que se llevarían todos los concursos.

Eso sí, ninguna Casa Real se mantendría a costa del erario público, sino del dinero de las personas que libremente deciden contratar sus servicios, y de esta forma veríamos cómo valora la gente la excepcional labor que la institución de la Monarquía presta al país.

Y aunque, por supuesto, la actual Casa Real gozará de una situación de privilegio en este nuevo mercado abierto, como antes disfrutaba Telefónica, con un market share dominante, tendrá que espabilar, pues el mercado libre es muy volátil, las preferencias de los consumidores cambian y la competencia siempre es feroz…

Producción, preservación e intercambio de valor: el dinero

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El dinero es la entidad utilizada en el mercado para conservar y transmitir valor de forma eficiente. Los problemas de coordinación y búsqueda y los costes de transacción, almacenamiento y transporte presentes en una sociedad con división del trabajo avanzada y estructura de producción compleja llevan a los agentes económicos a buscar y encontrar depósitos de valor y medios de intercambio indirecto de aceptación generalizada, que además sirven como unidad de cuenta y referencia común para realizar comparaciones entre las valoraciones de los diferentes bienes y para llevar contabilidad de ingresos, gastos, beneficios o pérdidas.

En el proceso evolutivo de búsqueda de bienes monetarios tienen una importancia especial los comerciantes o intermediarios: son los más interesados en resolver estos problemas debido a la gran cantidad de operaciones que realiza cada uno, y son los más capaces de hacerlo gracias a su experiencia y perspicacia empresarial. Los consumidores o trabajadores son muchos más, pero cada uno realiza relativamente pocas transacciones y no actúan de forma coordinada como un solo agente: en asuntos monetarios tienden más a copiar las conductas exitosas que a generar nuevas alternativas más eficientes.

La elección del bien (o bienes) utilizado como dinero depende de las valoraciones subjetivas de las personas y de los rasgos objetivos esenciales de los bienes. Un buen dinero es algo que conserva el valor y que se puede intercambiar múltiples veces con cualquier persona en cualquier circunstancia. El dinero debe ser algo duradero (consistente, no perecedero, que no se desintegre, consuma, estropee o desaparezca, ya que para conservar el valor debe por lo menos seguir existiendo), fácil de almacenar (atesorar y desatesorar guardando existencias y añadiendo a ellas o sustrayendo de ellas), fácil de transportar (alto valor por unidad de masa y volumen), fácil de manipular, de dividir y agregar mediante unidades homogéneas, de reconocer, de medir o contar.

El dinero es el bien más líquido, el bien cuyo valor es más estable o invariante respecto a diversos cambios: de persona, de circunstancia, tiempo y lugar, de cantidades ofrecidas, demandadas e intercambiadas por cada agente y por todo el mercado, y de posición ofertante o demandante (comprador o vendedor). Gracias a estas características cualquier persona puede atesorar su dinero en cualquier cantidad con costes muy bajos si no encuentra una oportunidad de compra interesante, o intercambiarlo por todos los demás bienes, con cualquier persona, en cualquier momento y lugar, y en cualquier cantidad sin sufrir pérdidas de valor crecientes al incrementar la cantidad de dinero desembolsada.

El dinero debe ser un bien fungible, de unidades homogéneas indistinguibles, y que no se estropee con su uso, de modo que al revenderlo no pierda valor como otros bienes usados o de segunda mano. Debido al mínimo diferencial entre el precio demandado y el precio ofrecido por el mercado, el receptor de dinero sabe que puede aceptarlo sin temer que cuando quiera revenderlo tenga que asumir grandes pérdidas respecto a lo que pagó por él, esperar una buena oportunidad o asumir altos costes de búsqueda y transacción.

El poseedor de dinero tiene una posición negociadora ventajosa respecto a los poseedores de otros bienes menos líquidos (soberanía de los consumidores o compradores en el mercado libre): todo el mundo demanda dinero sistemáticamente, mientras que la demanda de los demás bienes y servicios es más variable y sus dueños suelen estar presionados para vender (costes de almacenamiento, costes comerciales fijos).

Las valoraciones humanas son subjetivas, relativas y dinámicas, dependen de cada persona, son de unas entidades respecto a otras y pueden cambiar: pero el valor o poder adquisitivo de algunas entidades es relativamente más estable respecto a los posibles cambios que puedan afectarlo.

Algunas valoraciones o utilidades dependen mucho de la persona, de sus gustos particulares o de rasgos individuales variables (estilo o talla de ropa, gustos artísticos, gastronómicos, de entretenimiento). Algunos bienes o servicios satisfacen preferencias muy particulares; otros bienes son más genéricos, populares o de usos múltiples. Ciertos objetos muy específicos son demandados por especialistas de alguna profesión (instrumental quirúrgico), otros están asociados a alguna afición particular (maquetas, instrumentos musicales).

Algunas cosas son preferidas según ciclos estacionales periódicos (ropa de verano o invierno, calefacción, refrigeración); otras son populares solamente como modas pasajeras (vestimenta, música). Algunas cosas son queridas como típicas en algunas culturas o lugares concretos y poco valoradas fuera de allí; la utilidad de algunas cosas depende de factores ambientales variables geográficamente (como el clima o la orografía).

Algunas cosas (como un diccionario, una navaja, una información concreta) tienen poca utilidad para una persona más allá de la primera unidad (quizás como reserva): su valor es muy sensible a la cantidad, la utilidad marginal de las unidades adicionales decrece muy rápido.

Algunas entidades tienen una demanda muy estable y grande, tanto ancha (muchas personas) como profunda (cada persona quiere grandes cantidades): son valoradas de forma regular por todos o casi todos y la demanda de cada individuo se satura muy lentamente (la utilidad marginal de cada unidad homogénea o cantidad adicional decrece muy despacio). Para que un bien sea dinero no es suficiente que su demanda sea alta: es necesario además que esta esté distribuida más o menos uniformemente (muchos compradores dispuestos a comprar grandes cantidades). Si el mercado es profundo pero estrecho tengo que encontrar al comprador (coste de búsqueda); si el mercado es ancho pero somero (poco profundo) tengo que hacer muchos intercambios para vender grandes cantidades de mi bien (costes de transacción). Debido a su demanda distribuida los cambios de conducta de unas pocas personas respecto al dinero tienen un impacto muy pequeño sobre el mercado.

El dinero es una institución social: cada persona lo quiere como depósito de valor y medio de intercambio sabiendo que los demás hacen lo mismo de forma recursiva. Los bienes no monetarios inicialmente más líquidos refuerzan su liquidez al convertirse en dinero mediante efectos red y bucles de realimentación positiva: la utilidad marginal del dinero decrece muy despacio no porque el dinero por sí mismo pueda utilizarse para los fines más valiosos de cada individuo, sino porque es posible intercambiarlo por los bienes y servicios más valorados.

Que todo el mundo quiera dinero no es en absoluto nocivo, como pretenden muchos moralistas confundidos. Es imposible saber qué cosas concretas quiere cada individuo de una sociedad extensa en cada circunstancia particular: el trueque directo es muy difícil. Saber que el dinero siempre es demandado por todos facilita los intercambios y la cooperación social, ya que basta con entregar dinero y el receptor ya se encarga por su cuenta de buscar y comprar lo que desea.

El valor del dinero es una referencia social intersubjetiva. La recursividad de la preferencia por el dinero estabiliza y objetiviza su valor: si cada individuo al usar el dinero considera sus preferencias y estima correctamente las de los demás participantes del mercado respecto al mismo, entonces todo el mundo incluye aproximadamente (salvo errores de apreciación) las mismas valoraciones en sus cálculos económicos.

¿Puede llevarse a los anarquistas hacia la causa de la libertad?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La pregunta que encabeza este artículo presupone sostener que los anarquistas, bien se definan como colectivistas, bien como individualistas, no han favorecido la causa de la libertad de forma consistente a lo largo de la historia, a pesar de ocasionales destellos de lucidez antiestatista e individualista que predisponen al espíritu crítico frente a los enemigos de la sociedad abierta y la libertad, incluidos los estados del bienestar actuales.

Un tercer género representado por los anarcocapitalistas, a pesar de tener gran audiencia por estos lares gracias a la magna obra de Murray Rothbard, algunos miembros del Mises Institute y el profesor Huerta de Soto, resulta ignoto para el gran público que considera el mero apelativo como una contradicción en los términos. La sustitución en algún momento de los estados por un orden de mercado mundial dinámico, donde agentes privados prestarían los servicios atribuidos a aquéllos ahora, me plantea siempre dudas acerca de su factibilidad. ¿No existiría el riesgo innegable de que esas empresas evolucionasen hasta convertirse ellas mismas en embriones de estados, precisamente para no tener que competir? Aunque podamos hablar de un orden espontáneo al centrarnos en el mercado libre, su existencia no puede concebirse al margen de los actores que interactúan en él. Y sabemos por repetidas experiencias que algunos seres humanos pretenden dominar a otros por la fuerza y, lo que resulta aún más chocante para un amante de la libertad, que muchas personas no tienen demasiados problemas para aceptar esa sumisión.

Ahora bien, en contraposición a esta última corriente que renuncia sin dobleces de la abolición violenta del estado, de forma agudizada por las consecuencias de la gigantesca crisis del intervencionismo actual, saltan a la palestra grupos que reclaman la tradición de los violentos y enfervorecidos anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Podríamos resumir el ideario de estos anarquistas en una lucha para destruir el capitalismo mediante la acción directa (léase violencia terrorista). La autogestión de los trabajadores en las empresas y la ayuda mutua entre ellos forman parte también de sus eslóganes más coreados. No obstante, no dudan en "defender" a los funcionarios y a los empleados del sector público, sin explicar la contradicción con su objetivo de liquidar el Estado. Sus mensajes inconsistentes van dirigidos a los gestores de los Estados de bienestar modernos y organismos internacionales como el FMI –quiénes nunca han defendido el laissez-faire y observan incrédulos la "injusticia" de que se les moteje como baluartes del capitalismo– antes de que recorten o reconduzcan los ingentes recursos que controlan. De esta manera, estos seguidores de última hora continúan el tosco voluntarismo de los anarquistas nostálgicos de la tribu (o la comuna) como lugar donde el individuo permanece protegido.

Purismos ideológicos aparte, algunos de los más salvajes manifestantes en Grecia, donde llegaron a matar a tres personas en un incendio provocado en una sucursal bancaria la pasada primavera, enarbolaban proclamas y banderas anarcosindicalistas. Más recientemente, se han producido disturbios en la sede del partido conservador británico, cuando grupos de autodenominados anarquistas irrumpieron en la torre Milibank de Londres, la ocuparon y arrojaron desde su azotea un extintor a los policías que lo rodeaban. Contra todo pronóstico, no mató a nadie. Dirigidos al parecer por el hijo de un conocido (y acomodado) abogado británico especializado en defender ante los tribunales a los miembros de los innumerables grupúsculos de salvadores de la humanidad que acampan en la metrópoli londinense, los estudiantes –acompañados por parte del sobredimensionado personal de las universidades públicas– protestaban contra los planes del gobierno británico de triplicar las tasas académicas que se les cobrará por la matrícula anual, desde las actuales 3.290 a las 9.000 libras previstas para el año 2012. Como se ve, todo muy altruista.

Asimismo, el pasado 11 de noviembre, fiesta de la independencia polaca y los países bálticos, durante el transcurso de una contramanifestación en Varsovia frente a la organizada por el Campo Radical Nacional –grupo fundado en 1935 por Bolesław Piasecki, inspirándose en el falangismo español, para defender una suerte de "totalitarismo católico", lo cual no le impidió colaborar con los comunistas después de la guerra–, jóvenes que portaban banderas rojinegras y gritaban, entre otras frases, "No pasarán" (en español) protagonizaron algunos altercados violentos.

Teóricos anarquistas fueron Proudhdon (refutado por Bastiat en su época), Henry David Thoreau, Bakunin y Kropotkin. En España los seguidores de Bakunin llegaron a formar el sindicato anarquista con más miembros de Europa, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que cumple este año un siglo desde su fundación. Su bandera roja y negra se enarbola ahora por muchachos atolondrados, que, sin embargo, se avergonzarían de levantar los iconos comunistas de la hoz y el martillo sobre una bandera roja, debido al inocultable rastro de muerte y desolación dejado por esta última ideología.

En España, los anarquistas movidos por pulsiones contradictorias lideraron revueltas milenaristas de campesinos que querían ser propietarios autogestionarios, pero usurpando tierras ajenas. Encabezaron el pistolerismo contra los patronos en las grandes ciudades como Barcelona y las listas de enemigos públicos manipulados por agentes provocadores al servicio de conspiraciones políticas. Asimismo, su vesania anticlerical se cobró las vidas numerosos sacerdotes y monjas durante la II República, pero, como en el caso del atentado de Mateo Morral contra el desfile nupcial del rey Alfonso XIII años, muchos años antes, tampoco mostraron excesivos escrúpulos por llevarse por delante las vidas de personas anónimas que concurrían al acontecimiento. Influidos por los teóricos del terror como Georges Sorel, atribuyeron a esas sanguinarias matanzas la virtud de la "propaganda del hecho".

En descargo suyo, algunos anarquistas actuaron con un sentido de la responsabilidad y una libertad de criterio inauditos al tiempo que invocaban sus ideas. El caso de Melchor Rodríguez, evitando que continuaran las matanzas de Paracuellos a mediados de la guerra civil de 1936, resulta paradigmático.

Si partiéramos de una separación del espectro de ideas políticas, cuyo único eje residiera en hallarse más o menos cerca de defensa de la libertad del individuo, encontraríamos a los anarcocapitalistas cercanos a los liberales clásicos, cuya principal preocupación estribaba en controlar y reducir el poder del estado. El liberalismo podría definirse como un anarquismo civilizado desde esta perspectiva. A pesar de los cáusticos comentarios del profesor Huerta sobre la incapacidad del liberalismo clásico para controlar la expansión del estado, ese defecto podría extrapolarse a todos los demás amantes de la libertad.

Los siglos de propaganda anticapitalista dificultan que espíritus inquietos reconduzcan su rebeldía hacia los acuerdos voluntarios, el rechazo de la violencia que no esté legitimada por la defensa, y el descubrimiento de la propiedad dividida (como dijera Hayek de la propiedad privada) como un baluarte para la protección de la libertad del individuo. Desde mi punto de vista, hace falta que estos nuevos jóvenes anarquistas se atrevan a pensar por sí mismos y emprendan unas cuantas lecturas que pulan sus esterilizantes consignas. De lo contrario, se les podrá acusar de ser "grupos antisistema" que quieren que el sistema siga siendo el mismo… pero más grande.

La búsqueda de lo público

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Forma parte de la propensión humana a comunicar lo comunicable el intento de verbalización del conocimiento, conseguir rebajar su carácter subjetivo (B. Russell). Si entendemos por "público" todo espacio de entendimiento, de transmisión inteligible de conocimiento, sensaciones y opiniones, podemos vincular todo lo público como resultado mismo del "proceso social", concretamente, en lo que se refiere a la parte articulada de las instituciones sociales. Por desgracia, "público" ha adquirido como concepto ciertos matices que dificultan su manejo dentro del vocabulario científico.

Conviene diferenciar entre el contenido profundo, tácito y superconsciente (F.A. Hayek) de la conducta, de aquella otra parte superficial, relativamente articulable y semiinconsciente o consciente que finalmente logra ser expresada como conocimiento institucional. El primer tipo de contenido se traduce en instituciones con un alto grado de certidumbre, verbalización y sistematización, que posibilitan su tratamiento lógico y comprensión, dentro de conclusiones teóricas controlables (K. Popper). Una suerte de objetivación de conocimiento en forma de leyes, preceptos, enunciados, reglas sintácticas, definición de cualidades, términos, etcétera. Sea cual sea la institución social estudiada, Derecho, Lenguaje, Dinero, Moral o Mercado, nuestra mente será capaz de expresar de manera inteligible cierto conocimiento que sea comprensible, comunicable, transmisible, discutible, explicable, y, en definitiva, hecho público, expuesto con relativa claridad al resto de individuos. La búsqueda de lo público representa el esfuerzo por dar una apariencia de objetividad a lo que tiene un origen estrictamente subjetivo, descubriendo conocimiento y enunciándolo con suficiencia. Acudir hasta las profundidades de nuestra mente en busca de aquellos retazos de acción, conducta y perceptibilidad que puedan ser evidenciados ante el resto de individuos.

El siguiente paso es dotar al conocimiento científico de un método, y es aquí donde se comete un error primordial. Si las instituciones de las que nos percatamos, y que tratamos de hacer inteligibles en su explicación y efectividad, acaban interpretándose como entes dotados de una esencia singular, estaremos convirtiendo esas ideas teóricas o abstracciones de nuestro pensamiento en entes colectivos, distinguibles e independientes de las acciones de los individuos cuyos resultados, fundamentalmente no intencionales, las conforman. El colectivismo metodológico comete dicho error, lo que conlleva trágicas consecuencias no sólo en el orden de lo científico, sino también en el de lo práctico. El interés de este método es estudiar el devenir de los entes abstractos colectivos e impersonales, en pos de enunciar las leyes históricas que determinan su movimiento y destino. De todo ello se infiere una clase de fines que sobrepasan al individuo, quien pasa a ser considerado una ínfima parte dentro de un todo superior, e incluso una simple abstracción, algo que no es capaz de existir por sí mismo (Hegel). Decía Popper que "una de las mayores equivocaciones es creer que una cosa abstracta es concreta; se trata de la peor ideología". Supone la conversión de las ideas en cosas tangibles, confundiendo lo que son meras construcciones teóricas abstractas con realidades específicas dotadas de fines y cierto tipo de voluntad propia para alcanzarlos.

Frente al colectivismo, únicamente cabe oponer el "individualismo metodológico", que se define por entender que las ciencias sociales han de consistir en el estudio de las consecuencias no intencionales de las acciones racionales (orientadas a un cierto fin) emprendidas por los individuos, que son los únicos que piensan, razonan y actúan (Mises); es decir, los agentes reales que originan y dan forma a las instituciones. Las ciencias sociales se centran en conocer las instituciones que surgen, fundamentalmente, de las consecuencias no intencionadas de las acciones individuales (Menger). El tipo de conocimiento que debe preocupar al científico social será aquel que forme parte del contenido profundo de nuestra conducta, tácito y no articulado, que se esforzará en explicar, objetivar y verbalizar, exponiéndolo así en un ámbito "público".

Llegados a este punto resulta mucho más sencillo que al principio percatarse de las principales causas que han contribuido a distorsionar y corromper la idea de lo público, atribuyéndole cualidades o esencias que, siendo rigurosos, no deberían formar parte de su significado. Lo público, decía, es el espacio de entendimiento, también una construcción abstracta que utilizamos para explicar la facultad de comunicar lo comunicable. Sin embargo, el hiperracionalismo, resumido en la convicción sinóptica que ingenuamente concede a la consciencia humana, y a la razón que en ella gobierna, unas facultades cuasi ilimitadas, pervierte la idea de lo público en la construcción de su falaz discurso ideológico.

Como mejor se percibe este choque entre las ciencias sociales y la metafísica colectivista comentada, es observando la asimilación política que el estatismo ha practicado sobre todo aquello que suene a "público". Porque público, de acuerdo con la definición aquí dada, también tiene su traslado en el lenguaje político y jurídico cuando se habla de instituciones públicas, poderes públicos, leyes, autoridad o potestad públicas. Estos ámbitos de encuentro y comunicación, de comprensión y formación de un orden compartido e inteligible de convivencia merecen la consideración de públicos porque, al igual que en el ámbito estrictamente científico, son maneras discernibles de objetivar conocimiento, sensaciones, principios y valoraciones. Sin embargo, nada tiene que ver la naturaleza plural, competitiva y de raíz espontánea que tiene la conformación de esta res pública con la definición exacta de Estado, como estructura mecánica, artificial e impersonal de dominación al servicio de un poder absoluto y excluyente que niega a los individuos su libertad política (D. Negro). En este sentido, nos hallamos ante la pretensión intelectual y política de organizar lo social a través de mandatos imperativos que beben de un conocimiento parcial, superficial e insuficiente, en pos de fines considerados de interés general o colectivo, que niegan o impiden los fines en estado puro, que son los que surgen del individuo y sus propias valoraciones subjetivas (Mises).

El mito de lo público, de la mano del constructivismo racionalista, se convierte así en la mascarada del poder absoluto, que identifica Imperio de Ley con Estado de Derecho, que corrompe la idea misma del Gobierno limitado condenando a esta institución política espontánea a su sumisión frente al estatismo totalitario. Todo ello, a costa de destruir la libertad política, expropiar las instituciones sociales espontáneas e imponer una opción moral y de fines a todos y cada uno de sus súbditos.

José Carlos Herrán es autor del reciente libro El Orden Jurídico de la Libertad (Unión Editorial, 2010).