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¿Qué debemos hacer para acabar con la pobreza extrema?

Esta pregunta está en la mente de numerosos expertos de distintas disciplinas, políticos y personas de bien. La respuesta, sin embargo, dista mucho de ser sencilla, a pesar de ser muchos los que durante muchos años han reflexionado sobre ella. Quizás sea una pregunta sin una respuesta válida o, más bien, una pregunta incorrecta.

Diseccionémosla brevemente en sus distintas partes, y probablemente acabemos el análisis con más preguntas de las que empezamos.

En primer lugar, ¿qué es la pobreza extrema? Podríamos considerarla como el estado que sufren las personas que carecen de los medios más básicos de subsistencia, si bien es un fenómeno complejo que incorpora múltiples componentes (como una altísima tasa de mortalidad, enorme vulnerabilidad ante cambios pequeños, falta de acceso a los mercados, nivel de higiene muy escaso, analfabetismo, etc.).

No obstante, dentro de quienes podrían considerarse como extremadamente pobres, existe una elevada dispersión y heterogeneidad entre las características y necesidades de éstos. Cada comunidad de pobres puede presentar rasgos muy distintos, incluso dentro de un mismo país. Éste es un primer obstáculo a la pregunta que nos planteamos, dado que implica la necesidad de analizar, desde un "enfoque micro", las características de los pobres como un grupo muy heterogéneo.

En segundo lugar, ¿cómo se mide la pobreza? El enfoque estándar consiste en definir una línea de pobreza, a partir de la cual se contabilizan el número de pobres. A pesar de los matices y críticas que se le han hecho, la línea de pobreza más conocida es la que asigna el calificativo de "pobre" a aquellos que ganan menos de 1 dólar al día.

Este tipo de cuantificaciones son casi siempre problemáticas, y como resultará obvio, este caso no es una excepción. Uno de los hechos que se destacan acerca de las características de la vida económica de los más pobres, es la elevadísima irregularidad de sus ingresos a lo largo del tiempo. Éstos pueden vivir periodos en los que reciben ingresos relativamente altos –en comparación con la pobreza extrema-, alternados con otros periodos donde no ganan nada. Este hecho no puede ser captado por la línea de pobreza.

Además, como han señalado algunos especialistas en la materia, "los juicios sobre cuántos pobres hay en el mundo y cómo evoluciona esta cuantía en el tiempo tienen mucho más de lobby político que de validez científica".

En tercer lugar, el "debemos" de la pregunta implica una obligación moral a que las personas con un nivel de vida occidental ayuden a las personas más pobres del mundo. Esto es una cuestión delicada. Perfectamente, cualquier individuo puede sentirse, de forma libre, responsable a donar parte de su renta a aquellos que carecen de los medios básicos de subsistencia, con la buena intención de ayudar. Pero esto tiene un problema: se puede prestar a una actitud acrítica hacia lo que genéricamente se conoce como la ayuda externa al desarrollo, y caer presa del populismo demagógico que vende soluciones sencillas en un breve plazo.

Para el economista del crecimiento William Easterly, tras décadas de arduas investigaciones, millones de regresiones y numerosas mentes brillantes estrujándose los sesos, no sabemos realmente cuál es la receta universal que hay que aplicar para acabar con la pobreza. Este desconocimiento –la ignorancia ganada a base del estudio y la investigación empírica- es precisamente lo que ha surgido de tantos trabajos en los que se trataba de hallar la variable o variables clave –sujetas, supuestamente, al control del gobierno: capital físico, infraestructuras, capital humano…- que hicieran despegar económicamente a los países más pobres.

Entonces, dado que parece que estamos haciéndonos la pregunta equivocada, o que es una pregunta sin respuestas claras, démosle la vuelta: ¿qué debemos no hacer para acabar con la pobreza? A esto sí podemos dar algunas respuestas, gracias a años de experimentos fracasados llevados a cabo por aquellos que nunca debieran haber metido mano en estos asuntos. Señalemos simplemente dos cosas que no se debería hacer: 1) los envíos masivos y descuidados de ayuda al desarrollo, que acaban finalmente en manos de dictadores y elites causantes principales de la pobreza; y 2) las políticas agrícolas proteccionistas de los países ricos, que suponen importantes problemas sobre los agricultores de los países pobres.

Quizás bastaría con no tomarse demasiado en serio la pregunta del título de esta columna. Al fin y al cabo, no saber qué puede hacerse desde Occidente para acabar con la pobreza del Tercer Mundo puede ser una buena noticia, como sugiere Easterly. Ello evitaría planes megalómanos con eficacia discutible, y daría mayor autonomía a la gente pobre, que es la verdadera protagonista, y la que realmente sabe cómo progresar –si es que le dejan- dadas las circunstancias particulares que le afectan.

Con esto nos acercaríamos a la máxima médica: "Lo primero es no hacer daño". Ya sería un paso importante.

Reforma del Código Penal

En un país como España, con los ciudadanos y las principales instituciones amenazadas por el salvaje terrorismo de ETA, resulta desalentador comprobar cómo es todavía posible la prescripción de los delitos de terrorismo, hasta que entre en vigor la última modificación del Código Penal el próximo día 23 de diciembre de 2010.

En principio, desde hace muchos años se viene reclamando la inclusión del terrorismo entre los crímenes de lesa humanidad (Art. 5 CPI) que el Estatuto de Roma establece dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, para que le sean aplicables los criterios de imprescriptibilidad de los delitos y el principio de justicia universal y, por tanto, para que ningún Gobierno sin escrúpulos pueda intentar negociar atajos con los criminales.

En la última modificación, publicada en el BOE de 23 de junio de 2010, se han cambiado hasta 150 artículos. Por ejemplo, los delitos de terrorismo no prescribirán y se elevan las penas para los abusos sexuales cometidos a menores y también para la corrupción pública y privada.

Sin embargo, el Código Penal ha sido modificado en bastantes ocasiones, pero todavía admite la impunidad de la violencia por el simple paso del tiempo o por la decisión parcial de un Gobierno.

Si analizamos brevemente la jurisprudencia, nos encontramos con casos flagrantes de excesiva benevolencia con los delincuentes que hacen difícil, por no decir imposible, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

España es un claro ejemplo de país con una legislación excesivamente benévola, por lo que ya es refugio de mafias internacionales. Como no se castigan adecuadamente los delitos económicos, se han disparado los casos de corrupción, prevaricación, cohecho y malversación. Y como tampoco se penan con ejemplaridad los delitos de sangre ni el terrorismo, son los ciudadanos de bien quienes tienen que someterse, callarse o huir a regiones en donde puedan vivir sin padecer coacción o violencia.

Así, por ejemplo, el artículo 130 CP del Código Penal ampara la extinción de la responsabilidad criminal en diversos casos como, entre otros, el indulto o la prescripción del delito. Y el artículo 131 CP legisla la prescripción de los crímenes por el simple paso del tiempo. Incluso el artículo 133 CP incluye la prescripción de penas impuestas por sentencia firme, lo que constituye una auténtica barbaridad, dado que el tiempo no diluye la responsabilidad de los criminales.

¿Cuál es la razón moral que ampara la prescripción de un delito? Es un despropósito que un desfalco, una malversación de fondos públicos o, más aún, un asesinato prescriban. Todo ello solo beneficia a los delincuentes y les sirve de incentivo para cometer sus fechorías e, indudablemente, va en perjuicio de los ciudadanos de bien.

Por otro lado, es cierto que el artículo 25 de la Constitución Española de 1978 (CE) señala que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, pero su aplicación en la práctica también esta proporcionando beneficios penitenciarios y, a la larga, más derechos a los delincuentes condenados y encarcelados que a las propias víctimas de sus fechorías.

Avalados por más de 1.600.000 firmas acreditadas, los padres de la niña Marta del Castillo, asesinada vilmente en Sevilla, han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una petición para pedir un referéndum constitucional que instaure la condena a cadena perpetua “revisable” y el cumplimiento “íntegro” de las condenas, sin posibilidad de beneficio penitenciario para los delitos graves.

Sin duda, resultaría moralmente más lícito un Código Penal fundamentado en la protección efectiva de los derechos individuales con el castigo ejemplar de los delincuentes que los atacan. Con total seguridad, dicha reforma recibiría una mayoritaria aprobación de los ciudadanos en un referéndum (art. 92 CE).

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España, un país de analfabetos… empresariales

España es un país altamente deficitario en cultura emprendedora, señal inequívoca de la baja competitividad, del voraz intervencionismo estatal y de la fuerte rigidez económica. Dicha incultura empresarial constituye un pesado lastre, un grave problema de difícil solución dado el rancio izquierdismo que propugna el conjunto de la clase política nacional.

En cuanto al analfabetismo empresarial, existen indicadores para todos los gustos. Así, por ejemplo, según una reciente encuesta, casi un tercio de los jóvenes que inician una carrera universitaria aspira a convertirse en funcionario frente a apenas un 28% que ambiciona crear su propio negocio. La situación es, si cabe, mucho peor cuando se analiza el espíritu de los desempleados: a finales de 2009, casi el 40% de los parados estaba considerando opositar mientras que un 14,67% afirmaba estar ya preparando los exámenes de acceso. Por desgracia, tan sólo un 33,6% barajaba la apertura de un negocio como opción plausible, según un estudio realizado por Adecco.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entre las múltiples razones existentes, destacaría dos. Por un lado, la figura del empresario no goza de excesiva popularidad entre los jóvenes españoles en los últimos años. Y ello, debido, sobre todo, al monopolio educativo, tanto en el ámbito del conocimiento técnico como ético, que ejercen los poderes públicos mediante la imposición de itinerarios en centros públicos y privados. Programas en los que el estudio de la economía es nulo o bien fuertemente ideologizado a fin de ensalzar las bonanzas del todopoderoso Estado y vilipendiar al malvado capital.

Basta con ojear algunos de los manuales que manejan los actuales estudiantes de primaria y secundaria para percatarse de la orientación vital que es inculcada a golpe de decreto desde los poderes públicos. La asignatura Educación para la Ciudadanía constituye el más claro ejemplo de dicha perversión educativa. El empresario es tachado de “sanguijuela social que vive de la sangre ajena”, explotando vilmente a los pobres trabajadores al tiempo que destroza el medio ambiente con el único fin de expoliar al resto de ciudadanos. Mientras, sindicatos y partidos políticos (gobierno) son encumbrados a lo más alto de la esfera social, héroes en el papel de defensores sociales, humanitarios y ambientalistas.

El problema es que los escasos jóvenes que, milagrosamente, hayan logrado esquivar esta terrible intoxicación y, pese a todo, mantengan su natural espíritu emprendedor intacto se toparán con todo un cúmulo de dificultades artificiales en el mundo laboral en caso de que osen abrir un negocio. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el segundo factor de analfabetismo empresarial tan característico de España: la intervención del Estado. Crear una empresa se convierte aquí en un arduo y complejo proceso burocrático y fiscal repleto de zancadillas en el que el éxito dependerá, en gran medida, de la tenacidad, valentía, arrojo y cuasi milagrosa obcecación del susodicho empresario en ciernes. Y es que, España ocupa, con honorable mérito, el puesto 144 del mundo (de un total de 183 países) en cuanto a facilidad para “abrir una empresa”, según el informe Doing Business 2011 del Banco Mundial.

Resulta que es más fácil iniciar un negocio en Congo, Venezuela, Argentina o Zimbabwe que en España… ¡Ahí es nada! Sin duda, precisamos de un cambio radical en esta materia para ensalzar la figura del empresario a nivel educativo y social, así como para facilitar al máximo el inicio de la imprescindible, básica y vital aventura emprendedora.

Escuela Austriaca y value investing: una hoja de ruta

Muchos seguidores de la Escuela Austriaca practican a la vez el value investing –la inversión de valor– y a su vez algunos value investors –no demasiados– son declarados seguidores de la Escuela Austriaca. La cercanía y creciente relación entre ambos enfoques puede que se deba a la marginalidad que ambas escuelas ocupan dentro de sus propias disciplinas –la economía neoclásica, por un lado, y la moderna teoría de la inversión basada en la hipótesis de los mercados eficientes, por otro–, pero también, y sobre todo, a sus cuantiosos puntos de encuentro.

La Escuela Austriaca, como el value investing, remarca que las fuerzas desequilibradoras del mercado prevalecen en el corto plazo pero tienden a ser derrotadas empresarialmente en el largo; el futuro presenta una elevada incertidumbre inerradicable pero, pese a ello, los agentes son capaces de tomar algunas decisiones consistentes intertemporalmente y de minimizar el riesgo merced a su superior conocimiento; el valor de una empresa, si bien depende de su capacidad para satisfacer a sus clientes (generación de cash flow) y de la preferencia temporal (descuento del cash flow) no es objetivable y presenta un amplio rango de indeterminación debido, precisamente, a esa incertidumbre inerradicable sobre el futuro; la rentabilidad no supone una recompensa por el riesgo, sino que pueden obtenerse altas rentabilidades asumiendo muy bajos riesgos; el mercado nunca alcanza una posición de equilibrio en el que no quepan más arbitrajes empresariales, ya que las correctas asignaciones de capital dan lugar a nuevas oportunidades de ganancia, tanto en el mercado real como en el de valores; el buen inversor no es ni quien sigue a las masas ni quien trata de automatizar una respuesta para cada estímulo cuantitativo, sino quien analiza el conjunto de la imagen y trata de comprenderla cualitativamente; las limitaciones cognitivas del inversor restringen su campo óptimo de actuación a un círculo de competencia para que el ya posea un cierto trasfondo de conocimientos; algunas empresas son capaces de obtener de manera sostenida una rentabilidad por encima de la del mercado sin que ello implique la existencia de un monopolio en perjuicio del consumidor, sino sólo la presencia de ciertos “fosos” que la blindan de la presión competitiva; el ahorro y la capitalización individual no son causas de empobrecimiento sino de exponencial enriquecimiento colectivo; el crecimiento empresarial no es intrínsecamente ni bueno ni generador de valor; las crisis económicas no son momentos para huir de un mercado en desplome autoalimentado, sino de entrar con toda la caballería; los activos presentan diversos grados de liquidez que deberán ser tenidos en cuenta para el caso de que la compañía vaya a ser liquidada; la liquidez del pasivo –en contra de lo que sostiene el Teorema de Modigliani-Miller– no es irrelevante a la hora de condicionar el desempeño de la empresa; los bancos son empresas oscuras de muy difícil y, en parte, arbitraria valoración; el marco institucional es esencial a la hora de determinar el éxito futuro de una compañía; se le concede una cada vez mayor importancia, como herramienta auxiliar, al análisis de la psicología individual y sus sesgos en la toma de decisiones, así como a la psicología de las masas (memética); y no existen “nuevas eras” que cambien las leyes económicas subyacentes, especialmente si van precedidas de una fuerte inflación crediticia.

Pese a los numerosas compatibilidades, también existen desavenencias entre ambas escuelas, en ocasiones de corte ideológico (ni Benjamin Graham ni Warren Buffett ni Martin Whitman han sido demasiado amigos de una economía muy liberalizada) y otras de corte operativo (muchos austriacos ven con desconfianza uno de los conceptos centrales del value investing como es el “valor intrínseco”). Al fin y al cabo, ni es necesario poseer un profundo conocimiento de la teoría austriaca para ser un muy buen value investor (Buffett es la prueba) ni tampoco es imprescindible estar ducho en el value investing para ser un buen economista austriaco (Mises, Hayek, Rothbard…).

Sin embargo, creo que austriacos y value investors deberán de unir –y de hecho unirán– fuerzas de cara a la próxima década; los primeros necesitan incorporar a su análisis una buena teoría sobre valoración de activos y sobre la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre, porque en caso contrario se enrocarán en la caja negra que en muchas ocasiones puede suponer el concepto de “perspicacia empresarial”; los segundos deberán de buscar un paradigma alternativo más amigable que no los azote cada dos por tres con el  fuste de la hipótesis de los mercados eficientes, y que además enriquezca lo suficiente su comprensión de los mercados como para que su aprendizaje les sea útil y les permita obtener unos diferenciales de rentabilidad sobre sus competidores. Ahora bien, la alianza sólo fructificará si los unos y los otros dejan de lado sus fobias personales y, sobre todo, sus arquitecturas dogmáticas.

Los austriacos deben hacer su teoría más market friendly, no en el sentido de vulgarizarla para su comercialización, sino en el de mejorarla con tal de hacerla más comprensible para los operadores de mercado. La teoría austriaca se ha desarrollado en los últimos 80 años a remolque de la neoclásica y ello le ha llevado a utilizar categorías tremendamente rígidas e irreales como “el” tipo de interés –o incluso el tipo de interés natural–, cuando todos los inversores son conscientes de la existencia de una pluralidad de tipos; “el” volumen de ahorro, cuando, de la misma manera, existen ahorros a muy distintos plazos y riesgos que los hacen muy diferentes entre sí; los factores originarios de producción, clasificación del todo irrelevante e inoperativa para los empresarios; o la incapacidad para distinguir entre tasa de retorno y coste del capital, cuando ambas sólo son equivalentes en situaciones de equilibrio (una línea de investigación, por cierto, abierta por Hayek en 1939 que pocos austriacos han seguido).

Asimismo, los austriacos también han desatendido el desarrollo de herramientas teóricas que sí puedan serles de enorme utilidad a los inversores, como la determinación del valor del dinero fiduciario, el análisis de la liquidez conjunta de los agentes a partir de sus balances y estados de flujo de caja y de la influencia de la misma sobre la demanda y la oferta de crédito; el estudio de las reacciones de los diversos apalancamientos operativos y financieros en un contexto de variabilidad de tipos de interés; el desarrollo de parámetros que permitan localizar los sectores económicos concretos con mayor capacidad de revalorización a lo largo del ciclo; el análisis de la sostenibilidad de las ventajas comparativas de los agentes; la explicación de los efectos de los distintos tipos de impuestos sobre la organización empresarial, sus resultados y su coordinación social; el estudio de la interrelación entre el modelo empresarial y la estructura de los mercados con la fase de desarrollo de los productos; la teorización sobre las condiciones para la creación y transmisión de información y conocimiento relevante para el empresario, o la concreción de los límites y la eficiencia del cálculo económico atendiendo al tamaño de la compañía.

No estoy diciendo, como es obvio, que la Escuela Austriaca deba pervertir sus teorías hasta el punto de que todo no economista pueda comprenderlas por entero, o que deba renunciar a ciertos caballos de batalla teóricos que no son del interés directo de la mayoría de inversores –como el regreso al patrón oro o la transición hacia órdenes policéntricos–, pero sí que debe dejar de ser tan endogámica como para que el value investor se vea forzado a iniciarse en un mundo ajeno al empresarial y a realizar un ejercicio de traducción y adaptación de la teoría recibida si quiere aplicarla al mundo real. Ésa es la tarea de los científicos sociales en economía –crear herramientas para empresarios e historiadores–, no la de los empresarios metidos con calzador a economistas.

Por fortuna, no creo que cueste demasiado esfuerzo que los austriacos cambien ligeramente de perspectiva y de vocabulario, especialmente porque el realismo metodológico está en su núcleo mengeriano y porque, a diferencia del resto de escuelas económicas, es, con diferencia, la que menos se ha alejado de ese realismo.

Por otro lado, los value investors deberán de estar dispuestos a dejar de ser una “filosofía de inversión” para convertirse en una “ciencia de la inversión”, con todo lo que ello implica: rigor en las categorías (no debería hablar de la diferencia entre valor –intrínseco– y precio cuando quieren referirse a las diferencias entre precio teórico y precio de mercado de un activo; y deberían refinar su distinción entre inversión y especulación cuando lo cierto es que toda inversión es especulativa), preocupación por que sus proposiciones sean consistentes entre sí y con el resto de leyes económicas, mayor esfuerzo por articular un conocimiento difícilmente articulable y, como consecuencia de lo anterior, un progresivo abandono de su anecdotario de experiencias personales y de estudios de caso en pos de una mayor modelización de las técnicas inversoras hasta donde sea técnicamente posible.

En definitiva, los value investors deberán aceptar “descargar” un conocimiento que hasta hoy se ha desarrollado esencialmente en torno a intuiciones y comprensiones personales del mercado, y para ello deberán formalizarlo y someterlo a los estándares del razonamiento científico. De nuevo, en este caso también soy muy optimista por tres motivos: a los value investors les interesa que sus ideas sean consistentes con el resto de leyes económicas y para ello deberán plasmarlas sobre el papel y preocuparse por compatibilizarlas; la explosión de pequeños inversores gracias a internet tenderá a generar una convergencia entre las variadas “filosofías de value investing” –tesis, antítesis y síntesis– que poco a poco irá cristalizando en proposiciones cada vez más impersonales sobre qué, cómo, cuándo, dónde y por qué funciona; y, por último, ese mismo proceso de competencia práctica y de microformalización de las distintas filosofías de value investing supondrá –ya supone– un fenómeno digno de estudio para el científico social que tratará, a su vez, de formalizar el conocimiento disperso y práctico que se vaya generando (en este sentido puede leerse el valiosísimo libro de Bruce Greenwald, Value investing: From Graham to Buffett and Beyond).

En definitiva, creo que en los próximos años la Escuela Austriaca se abrirá aún más a los empresarios e inversores y el value investing se abrirá a los teóricos económicos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. De ambas tendencias surgirá una alianza natural entre los dos paradigmas –que en gran medida ya se está dando hoy– y de esa alianza una fusión con enormes sinergias positivas que se convertirá en herramienta básica para cualquier empresario e historiador que quiera enfrentarse con una mínima solvencia a los complejísimos fenómenos que se dan en un mercado. Algunos intentaremos trabajar activamente en impulsar ese cambio y, de hecho, en unos meses podremos anunciar la aparición de un nuevo máster que tratará de aunar ambas perspectivas; sin duda, se trata de un viaje apasionante.

El misterio de la Revolución Industrial

La producción industrial en Inglaterra creció a un ritmo del 3-4% anual entre 1782 y 1855. La renta nacional su duplicó entre 1800 y 1850. La manufactura, que en 1770 representaba una quinta parte de la economía, suponía un tercio del total en 1831. Las botas reemplazaron a los chanclos y se popularizaron complementos como los sombreros, los pañuelos o los relojes. Prosperaron las cajas de ahorro, las sociedades de mutuo socorro, los sindicatos, los periódicos y opúsculos, las escuelas y los templos no conformistas.

Bajó el precio de la ropa, el té, el café y el azúcar. En 1830 el londinense medio consumía semanalmente casi la misma cantidad de alimentos básicos que en 1959. Gracias a una comida más sana, unos hogares más confortables y una mayor higiene, la gente fue menos propensa al contagio de enfermedades como la tisis. Se redujo la mortalidad infantil y se triplicó la población del país en el espacio de un siglo. El mundo nunca volvería a ser igual desde entonces.

¿Cuál fue la causa de esta extraordinaria transformación social? La Revolución industrial suele atribuirse al marco legal inglés imperante en aquella época, fuertemente inspirado en ideas liberales. Sin embargo, si fue producto del liberalismo y su estructura de incentivos, ¿por qué no ocurrió antes?

La economía mundial estuvo básicamente estancada, con tasas de crecimiento nulas o muy bajas, desde que el hombre recolector se hizo agricultor hace 10.000 años. El historiador económico Gregory Clark, autor de A Farewell To Arms: A Brief Economis History of the World, sostiene que para explicar un retraso de 10.000 años de la Revolución Industrial hay que mantener la ficción de que todas las sociedades anteriores a 1800 eran tiranías como la de Kim Jon Il en Corea del Norte. Y lo cierto es que durante ese periodo de estancamiento económico hubo numerosos ejemplos de sociedades de mercado totalmente incentivadas.

En las listas tributarias inglesas en 1377-81 había abundancia de comerciantes, artesanos y mercaderes. En los registros de la universidad de Oxford, en 1500, pueden encontrarse los descendientes de esos comerciantes y artesanos, ahora integrados en las élites de la sociedad medieval. Las ciudades-Estado de Florencia o Venecia en el Renacimiento fueron sociedades notoriamente comerciales, lo mismo que los Países Bajos en el siglo XVII. Londres y París ya eran multiculturales en 1300. Las ciudades medievales eran hubs mercantiles y los monarcas cargaban impuestos bajos para evitar la fuga de riqueza. Con todo, estas sociedades tuvieron tasas de crecimiento económico muy bajas.

Esta circunstancia lleva a autores como Gregory Clark, Deirdre McCloskey o Joel Mokyr a atribuir la causa de la Revolución Industrial a un cambio cultural, de comportamiento y de valores. El crecimiento económico sería así resultado de que la sociedad moderna respete, admire y promueva actividades como el ánimo de lucro, la innovación y el marketing. Este auge de las “virtudes burguesas” explicaría por qué sociedades como las de los países nórdicos siguen produciendo e innovando a pesar de la fuerte intervención del Estado.

Algunos historiadores sugieren que en su estudio Clark ignora varios cambios políticos importantes que tuvieron lugar en el Inglaterra entre 1500 y 1800, como las actas de cercamiento que parcelaron lo que antes eran terrenos comunales. No obstante, aun suponiendo que estas políticas no hubieran tenido ningún efecto y los incentivos económicos no pudieran explicar por sí solos el progreso de la humanidad y sus irregularidades, ello no significa que no sean un factor necesario.

Bryan Caplan propone un modelo de “crecimiento multiplicativo” según el cual, para que una economía despegue, tienen que darse varias condiciones:

  1. Un sistema político que promueva los incentivos económicos adecuados. Los experimentos históricos de Corea del Norte y Corea del Sur, de la China continental y Hong Kong/Taiwán/Singapur, Alemania Occidental y Oriental, muestran que el sistema político puede marcar claramente la diferencia.
  2. Una masa crítica de población, que permita aprovechar las economías de escala y la división del trabajo. Además, cuanto mayor sea la población, más ideas van a descubrirse e intercambiarse. Un pequeño grupo aislado a duras penas podrá superar el nivel de subsistencia.
  3. Un grado determinado de conocimiento científico, pues el desarrollo económico estuvo estrechamente ligado a un conjunto de invenciones, como el transporte, la electricidad o la imprenta.

Si una de las tres condiciones está ausente, la economía no llegaría a despegar.

De este modo, es posible que la Revolución Industrial no ocurriera antes porque los incentivos económicos no eran suficientes. Pero lo cierto es que ocurrió en el Reino Unido, que es donde imperaban leyes más liberales, y no en otro lugar, lo que parece indicar que la estructura de incentivos propia del liberalismo es, cuando menos, necesaria.

Wilhelm von Humboldt

Wilhelm y Alexander von Humbold nacieron al comienzo del último tercio del XVIII. Se formaron en el palacio familiar en Tegel y recibieron una esmerada educación por varios de los mejores instructores de Alemania. Wilhelm siguió una carrera política y diplomática que le proporcionó más decepciones que alegrías, aunque introdujo una reforma educativa que perduró más de un siglo en su país. En sus últimos años se retiró para dedicarse al estudio, principalmente de las lenguas y de los clásicos griegos. Fue un liberal eximio, una figura descollante en la Alemania de Goethe y Schelling, de quienes fue muy amigo. Y es autor de una obra que no solo mantiene su vigencia sino que merece más atención de la que ha recibido.

Su obra política fundamental es Los límites de la acción del Estado, que desde el título ya indica el objetivo de su libro. Humboldt parte de la idea kantiana de que el hombre es un fin en sí mismo, lo que deja al Estado como un medio subsidiario y a su servicio. ¿Cuáles pueden ser sus objetivos, cuáles sus límites? Nuestro autor concibe dos fines últimos por parte del Estado: el apoyo económico de los ciudadanos y la seguridad.

El primero lo rechaza de plano. Esto no se podría entender si no nos detuviésemos en su concepción del hombre, cuyo verdadero fin, “no el que le señalan las inclinaciones variables, sino el que le prescribe la eternamente inmutable razón, es la más elevada y proporcionada formación posible de sus fuerzas como un todo”. Esa “formación” es lo que Humboldt llama bildung en su idioma. Es el proceso de crecimiento personal y el cultivo del carácter que emana de ese proceso y combina la sensibilidad estética, los sentimientos y la razón. Esa formación del carácter no puede crearse sobre bases falsas, tiene que forjarse desde la experiencia tal cual se da en un entorno de naturaleza, es decir, de libertad. Por eso dice que “para esa formación, la condición primordial e inexcusable es la libertad. Pero, además de la libertad, el desarrollo de las fuerzas humanas exige otra condición, aunque estrechamente relacionada con la de la libertad: la variedad de las situaciones”.

Si el Estado cuida de la provisión de nuestro bienestar, se producirán dos efectos muy perniciosos, al entender de Wilhelm von Humboldt. Por un lado se corrompe el bildung. Lo expresa con estas palabras: “Quien es dirigido mucho y con frecuencia tiende fácilmente a sacrificar, de un modo espontáneo, lo que le queda de su independencia. Se considera libre del cuidado de dirigir sus actos, confiándolo a manos ajenas, y cree hacer bastante con esperar y seguir la dirección de los otros”. Un camino que lleva a la corrupción también de la verdadera solidaridad, que nace de los vínculos privados: “Cuanto más se encomienda uno a la ayuda tutelar del Estado, así tiende, o en mayor medida todavía, a confiar a ella la suerte de sus conciudadanos. Y esto debilita la solidaridad y frena el impulso de la ayuda mutua”.

El intento del Estado de asegurar nuestro bienestar también preocupa mucho a nuestro autor, y es que socava la natural diversidad de una sociedad libre: “La variedad que se logra por la asociación de varios individuos es precisamente el bien supremo que confiere la sociedad; y esta variedad se pierde indudablemente en la medida en que el Estado se inmiscuye. Ya no son, en realidad, miembros de una nación que viven entre sí en comunidad, sino súbditos que entran en relación con el Estado, es decir, con el espíritu que impera en su gobierno”.

Descartada cualquier actuación del Estado para asegurar nuestro bienestar, y sin recurrir para ello a ningún argumento económico, Humboldt estudia a continuación la conveniencia de que el Estado nos procure seguridad. Considera que una sociedad perfectamente libre no será capaz de proveer este bien, ni frente a las violaciones de nuestros derechos dentro de la comunidad ni frente a la injerencia de Estados extranjeros. Aquí, y siempre de un modo subsidiario, sí debe actuar el Estado.

Pero de nuevo no entenderíamos el pensamiento de Humboldt en este aspecto si no le dejásemos definir qué es para él la seguridad. “Yo considero seguros a los ciudadanos de un Estado cuando no se ven perturbados por ninguna injerencia ajena en el ejercicio de los derechos que les competen, tanto los que afectan a su persona como los que versan sobre su propiedad”. En consecuencia, “la seguridad es la certeza de la libertad concedida por la ley”. No hay oposición entre seguridad y libertad. Ambas son una y la misma cosa: el reconocimiento y la protección de nuestros derechos. Hay un paso que no da Humboldt a partir de aquí, pero que sí haremos nosotros: El Estado no puede violar nuestros derechos en nombre de la seguridad, porque lo que hace es violar nuestra seguridad en su mismo nombre.

Humboldt también atiende el problema de los crímenes sin víctima. A su entender, Si el Estado sólo puede actuar cuando se lesiona el derecho de un individuo, ha de mantenerse al margen cuando los individuos, haciendo uso de su libertad, cometan actos que puedan ser considerados inmorales o inadecuados pero no atenten contra el derecho de un tercero. Llega a decir que “incluso debería quedar impune el homicidio realizado por voluntad de la propia víctima”, aunque confiesa su temor por “el peligroso abuso a que esto podría dar pie”.

Humboldt también mostró su temor por la pretensión de los intelectuales, que pudo comprobar en París inmediatamente después de la toma de la Bastilla, de reconstruir la sociedad sobre nuevas bases, erigidas únicamente en la razón. Ya en Los límites había aclarado que “la mejor forma de exponer la intención general que preside las ideas aquí expuestas podría ser la de decir que pretenden liberar a la sociedad de todas las ataduras, pero entrelazarla, a la vez, mediante todos los vínculos posibles”. Estos vínculos voluntarios, fuertes por surgir del interés personal, pero lo suficientemente flexibles como para no atentar contra los objetivos de los hombres, forjan usos, costumbres, que se prueban una y otra vez contra la experiencia de generaciones, y emergen perfilados y refrendados con el paso del tiempo. No son el fruto de una concepción racional, aunque no están exentos de racionalidad. Y son muy superiores a lo que pueda surgir de una razón desinformada, desasida de la experiencia de una sociedad.

Es más, la legislación es más fruto de la costumbre que de la ley: “La mayoría de los resultados que hoy se atribuyen con tanta frecuencia a la sabiduría del legislador son, en realidad, simples hábitos populares, tal vez vacilantes y necesitados, por ello, de la sanción de la ley”. En la obra que escribió tras su paso por la Francia Revolucionaria incidió en los límites del racionalismo, al decir que “La razón es capaz de dar forma al material que esté ya presente, pero no tiene el poder de crear material nuevo… Las constituciones no se pueden injertar en los hombres como los brotes en los árboles”. Y, si por un lado la legislación racionalista tiene sus peligros, por el otro es menos necesaria de lo que pueda pensarse, ya que “la experiencia demuestra no pocas veces que lo que desata la ley lo ata precisamente la costumbre”. Esta fe en la capacidad de una sociedad libre de regular los buenos usos sociales es fundamental para el liberalismo.

Wilhelm von Humboldt no necesita acudir a la economía para exponer los principios más importantes de una sociedad libre. Sus ideas han sido expresadas más tarde por varios de los miembros de la escuela austríaca y por otros autores liberales. Su obra es importante y merece atención por quienes creemos en las bondades de las sociedades libres.

España o Cuba, las dos niñas Daniela

Hace unos días nacía en Madrid una niña llamada Daniela. Sus padres, dos buenas personas, son periodistas. A pocos kilómetros de donde viven, en la misma ciudad, reside otra niña Daniela, de ocho años de edad y llegada desde el otro lado del Atlántico hace ahora cuatro meses. Sus padres también son dos buenas personas, y él, como los españoles a los que nos referíamos antes, también es periodista. Aquí se terminan las coincidencias entre ambas menores.

El futuro de la menor de ambas Daniela no se verá afectado por la profesión de sus padres más allá de los avatares propios de cualquier país democrático, como posibles periodos de desempleo en tiempos de crisis o cambios de residencia voluntarios por una mejora laboral. El ejercicio honesto del periodismo por parte de los progenitores de esta niña no le supondrá riesgo alguno. Muy al contrario. Si las cosas no dan un giro inesperado en España, los periodistas podrán seguir ejerciendo su labor en libertad y sin miedo a represalias, como penas de prisión o destierro. La Daniela madrileña tendrá, en principio, la infancia que puede esperar cualquier niña nacida en un país democrático. Lo contrario de lo que ha vivido su tocaya.

La mayor de las dos niñas llamadas Daniela nació y vivió hasta hace unas semanas en Cuba. Sin embargo, en plena infancia fue condenada, junto a sus progenitores y otros miembros de su familia, al destierro. Este castigo colectivo sustituye a uno, aún más brutal, que su padre sufría hasta su venida a España. Normando Hernández González, un valiente periodista independiente, fue detenido durante la llamada Primavera Negra de Cuba por ejercer su oficio de forma honesta. De los ocho años que hasta ahora ha vivido Daniela, durante siete y medio le robaron la presencia paterna en el hogar familiar. Para ver a Normando, cada muchos meses, ella y su madre tenían que viajar cientos de kilómetros a fin de poder visitarle en alguna de las inhumanas prisiones castristas en las que estuvo recluido durante ese periodo.

Pero el régimen dictatorial cubano no se conformaba con tener encarcelado al padre. Tenía que castigar a la hija. Daniela era testigo constante de episodios en los que las maestras decían a sus compañeros de clase que su padre era una persona muy mala, un terrorista que quería poner bombas con las que asesinar a los niños del colegio. Ella, una menor muy inteligente y sensible, sufría hasta puntos difíciles de imaginar en alguien de tan corta edad. Las consecuencias para su salud siguen todavía presentes.

Uno de los peores cargos que contra Normando Hernández se presentaron en el juicio farsa al que fue sometido en 2003 es digno de entrar en los anales de la infamia política. Se le condenó por criticar en un artículo la mala calidad del pan y apuntar a los responsables de ello. Si el propietario del horno es el Gobierno, el proveedor de la harina es el Gobierno y el empleador de los panaderos es el Gobierno, argumentaba el periodista, el pan es malo por culpa del Gobierno. Siete años y medio de prisión y un destierro que ahora acaba de comenzar es el alto precio que Normando y su familia pagan por escribir algo que en otro lugar del mundo no hubiera tenido consecuencias negativas para un profesional de la información.

No sólo los periodistas independientes y los disidentes pagan un alto precio por querer ser libres en la Cuba de Fidel y Raúl Castro. También lo hacen sus familiares, incluidos los niños pequeños como la hija de Normando Hernández González. No cabe hablar de avances y reformas en Cuba mientras a las niñas Daniela de la isla se les impida tener una vida como la que, en principio, tendrá la niña Daniela de Madrid, recién nacida hija de periodistas.

La discriminación positiva en EEUU: Sowell y los asiáticos

Hace unas semanas, un amigo[*] me mostró el cuadro de pobreza entre los menores norteamericanos en 2008, antes de que se hicieran patentes las peores consecuencias de la crisis. Según estas cifras, el 35% de los negros con menos de 18 años y el 33% de los hispanos vive en un hogar considerado oficialmente como "pobre"[**]. Mientras, entre los jóvenes blancos y asiáticos este porcentaje es del 12 y el 13%, respectivamente.

Lo primero que me llamó la atención fue el pésimo dato de negros y latinos, pero también la buena cifra de los asiáticos. ¿A nadie le extraña esto? Japoneses, coreanos o chinos llegaron a EEUU entre los años 60 y 80 con menos recursos –familia, cercanía a sus hogares, dinero, idioma, conocimientos sobre la sociedad americana, religión…– que los hispanos o los negros. Casi no han recibido ayudas del Estado, son la minoría que menos peso tiene en las políticas de discriminación positiva y, sin embargo, hace mucho que sus ingresos dejaron atrás a los de aquellos colectivos. Quizás alguien debería empezar a preguntarse si una cosa y otra no tienen alguna relación.

Siempre he pensado que nada ha sido tan dañino para la historia estadounidense como la esclavitud, con la que convivió durante casi un siglo y cuyas secuelas han perdurado durante los 150 años restantes. Cuando los padres fundadores decidieron establecer que todos los hombres eran iguales ante la ley, se debieron de olvidar de los que tenían esclavizados en sus haciendas y, claro, un descuido de este calibre iba a tener consecuencias funestas.

Si el siglo XIX vio una Guerra Civil y casi el desmembramiento de la Unión por la llamada cuestión negra, podríamos decir que la segunda mitad del siglo XX ha sido la época del desagravio. El problema es que, en este proceso, se han subvertido algunos de los valores más poderosos de la democracia americana y, evidentemente, tampoco este error ha salido gratis.

La denominada affirmative action (por cierto, seguida con parecido entusiasmo por demócratas y republicanos) es una teoría que establece que se deben intentar reparar en el presente las injusticias que diversos grupos de población (mujeres, indios, minusválidos, afroamericanos…) han sufrido en el pasado. De esta manera, lo que se pretende no es que los ciudadanos sean iguales ante la ley sino que se intenta conseguir que sean iguales tras la aplicación de la ley.

Este tipo de medidas están basadas en una mezcla de mala conciencia (por lo que los antepasados han hecho), corrección política (que los medios se encargan de alentar), ingeniería social (el intervencionismo a derecha e izquierda quiere diseñar una sociedad a su medida porque le da miedo que los hombres libres decidan por sí mismos), paternalismo (políticos, periodistas e intelectuales unidos, para proteger a una sociedad que no sabría organizarse por sí misma) y táctica electoral (se favorece a un grupo social fácilmente identificable para conseguir el apoyo de sus miembros).

El problema es que la arrogancia intervencionista siempre tiene que hacer frente a la dura realidad cotidiana. Las leyes no se aplican a las sociedades en abstracto, sino a cada una de las personas que vive en el territorio en el que están vigentes. Así, el aparentemente lógico deseo de aumentar la presencia de una minoría en una universidad provocará que un estudiante blanco más preparado (y que se ha esforzado más) vea cómo el puesto que le corresponde va a parar a un compañero con peores registros académicos. Ni este candidato tiene esclavos trabajando en sus posesiones ni tiene la culpa de que sus tatarabuelos los tuvieran. De esta manera, al trato de favor habitual en el pasado, y que tan penoso nos parece ahora, le ha sucedido una fuerza en sentido contrario, que trata de reparar una injusticia con otra.

Como era de esperar, las medidas de este tipo no sólo no han tenido el efecto esperado, sino que, en muchos casos, han provocado reacciones en la dirección opuesta. Éste es el principal lamento de Thomas Sowell en su muy interesante libro La discriminación positiva en el mundo. Sowell, un liberal de raza negra, escribe lo que nadie se atreve a decir en alto, y lo hace apoyado en estadísticas y ejemplos. Éstas son algunas de sus más inteligentes reflexiones:

Sobre los beneficios para la sociedad: "Tanto los grupos preferentes como los no preferentes reducen sus esfuerzos: los primeros porque no necesitan rendir al máximo, los segundos porque esforzarse al máximo resulta inútil. Se produce una pérdida neta, no una suma cero".

Acerca de su eficacia contra la pobreza: "El porcentaje de familias negras con ingresos inferiores al umbral de la pobreza pasó del 87% al 47% entre 1940 y 1960, antes de la legislación a favor de los derechos civiles. Entre 1960 y 1970, disminuyó un 17% más, y desde entonces, con la discriminación positiva, este índice de pobreza entre los negros sólo ha descendido un 1% adicional".

En la universidad: "Los jóvenes negros con más aptitudes rinden especialmente bien cuando se encuentran entre otros jóvenes con más aptitudes, y no cuando se les educa en presencia de otros estudiantes negros menos aptos. Una masa crítica intelectual produce resultados contrarios a una masa crítica racial. (…) A pesar de que el número de estudiantes negros en Berkeley aumentó en la década de los 80, el número de licenciados negros disminuyó. Estos estudiantes negros sobresalientes (admitidos en Berkeley a causa de la discriminación positiva y con buenas notas, aunque no tan altas como las habituales en esta facultad) podrían haberse licenciado en otras universidades".

La ‘justificación’ histórica: "Los males de las generaciones pasadas y siglos pasados seguirán siendo males irrevocables a pesar de lo que hagamos en la actualidad".

¿Respeto o caridad?: "Los defensores de la discriminación positiva en EEUU han dado la vuelta completamente a la historia de los negros. En lugar de ganarse el respeto de otros grupos por salir por sí solos de la pobreza (como hicieron entre 1940 y 1960), amigos y críticos por igual suelen pensar que los negros deben sus mejoras a los beneficios gubernamentales".

La justificación política: "¿Por qué el progreso social anterior a los 70 (antes de la discriminación positiva) se desecha como la política de ‘no hacer nada’? Porque, independientemente de los beneficios sociales y económicos, ofrece pocas recompensas a los políticos, activistas e intelectuales, o a quienes desean aparecer como moralmente superiores".


[*] Posdata: Muchas de las ideas de este artículo las he expuesto en algunos comentarios previos en La batalla por la Casa Blanca, blog al que he sido invitado a participar por su creador Pedro Soriano, mi primo y uno de los mayores expertos en política estadounidense que conozco. Aunque él nunca se calificaría de liberal, su inteligencia, su curiosidad constante y su elegancia en la discusión ideológica merecen la consideración de aquellos que, sin compartir su ideario, aprendemos mucho cada vez que le leemos.

[**] Definición de pobreza: En general hay dos formas de medir la pobreza y las dos están equivocadas. Pueden servir para algunas comparaciones siempre que tengamos presente de dónde provienen; pero deben matizarse para no caer en el error de pensar que el 15% de los estadounidense son pobres, algo que no es cierto en ningún caso y, además, ayuda a la numerosa retórica antiamericana.

El primer indicador de pobreza (el que más repercusión tiene en los medios) mide los ingresos en términos relativos. Es el que utiliza el INE en España, aunque también es muy habitual en estudios académicos de EEUU. Esté método contabiliza como pobre a todo aquel que gane menos del 60% de la mediana de los ingresos. Si imaginamos un país con 100 ricos que ganen 2 millón de euros, cien más que ganen un millón y otros cien que ganen 300.000 euros: habría un tercio de la población considerada pobre. Evidentemente, éste no es el caso de EEUU o España, dos países en los que, efectivamente, hay personas con muy bajos ingresos, pero sirve para ilustrar la trampa estadística: con este tipo de instrumentos, siempre habrá entre un 15-20% de pobres oficiales y los políticos intervencionistas tendrán la justificación que necesitan para meterse en nuestros bolsillos.

El censo de EEUU mide la pobreza de forma algo diferente. El Gobierno norteamericano utiliza lo que denomina Poverty Treshold (ver pag 63) para determinar si un hogar puede calificarse como pobre. Aunque es una manera mucho más precisa que la que utiliza el INE, encierra un cierto equívoco desde el punto de vista conceptual. Pobre es una palabra fuerte, que el público asocia a una situación de miseria y falta de oportunidades. Cuando uno piensa en un pobre se imagina al tipo que está pidiendo en la puerta de la iglesia. Un matrimonio con un hijo y unos ingresos anuales de 17.268 dólares puede tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, pero no es pobre en el sentido clásico del término. Además, el censo sólo mide los ingresos, no las posesiones: es decir, un jubilado con una pensión de jubilación baja pero numerosas propiedades puede ser considerado pobre, aunque no lo sea en absoluto y tenga todas sus necesidades cubiertas (y lo mismo ocurre con estudiantes, habitantes de zonas rurales, etc…)

¿Vuelta al patrón oro?

Cada cierto tiempo suelen producirse declaraciones por parte de algunos economistas sobre la conveniencia de darle un papel mayor al oro dentro del sistema monetario. Recientemente, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha afirmado que el sistema monetario probablemente necesitaría contar con el dólar, el euro, el yen, la libra y el yuan de forma que avance en su internacionalización y desemboque hacia una cuenta de capital abierta. Junto a lo anterior, afirmó que el sistema debería incluir también el uso del oro como punto de referencia internacional sobre las expectativas del mercado en cuanto a inflación, deflación y cambios futuros de las divisas.

Aunque la declaración sobre el papel que debería desempeñar el oro es un tanto ambigua, se puede considerar que forma parte de los intentos de defensa periódica que se hacen para incrementar el peso de este metal precioso en la economía. De hecho, pese a haberse abandonado el patrón oro, nunca ha dejado de tener un papel importante en la economía. Suiza, que mantenía una exigencia de que el 40% de su moneda estuviese respaldada en oro, fue el último país que abolió su ligazón a dicho metal hace apenas una década. Pese a ello, los bancos centrales siguen guardando una parte importante de sus reservas en este metal. Adicionalmente, se puede comprobar que sigue siendo un elemento importante como forma de canalizar el ahorro, especialmente en épocas de incertidumbre, como la actual, hecho que se puede verificar consultando la subida que ha experimentado la cotización del oro en los últimos meses.

No obstante, es natural que exista gente que se pregunte qué ventajas le reportaría que la moneda tuviese algún tipo de ligazón con respecto al oro. Esta duda puede responderse con una frase muy sucinta: el control de la inflación. Así, si la peseta se hubiese ligado al oro en 1972, los precios, en el año 2007, serían 23,5 veces menores. Cuando acudimos a demandar un bien o servicio, en ocasiones, solemos rememorar lo que valía antaño. Así, con las nuevas generaciones comentamos que el cine antes valía cinco duros, o veinte duros (dependiendo de la edad y memoria de la persona que habla); rememoramos cuando en tal bar la cerveza valía un duro, o los pisos se adquirían por dos, diez o veinte millones de pesetas. Son los efectos de la inflación, que no suele llamarnos mucho la atención en el corto plazo, pero que cuando echamos la vista atrás se muestran en toda su crudeza.

Al ser la oferta de oro muy constante y limitada en el tiempo, si los bancos centrales no pueden emitir nueva moneda sin el respaldo de este metal, la oferta monetaria no podría alcanzar los importes actuales, y no se produciría la pérdida de valor en la moneda que se puede observar hoy en día. Esto traería consigo una ventaja importante para el ciudadano: lo que hoy ahorrase no se iba a ver envilecido el día de mañana. Si, simplemente, una persona decidiese guardar una cantidad de dinero, sin ingresarla en el banco, el paso del tiempo no le iba a impedir adquirir una cantidad de bienes o servicios similar. Por lo tanto, no sería necesario prestar el dinero al banco para evitar que la moneda pierda valor. Se podría acudir a las entidades financieras para depositar el dinero por comodidad, por operativa, o por la búsqueda de una rentabilidad adicional, pero no para combatir los efectos de la inflación.

Adicionalmente, a todo esto aparecería una nueva ventaja. Al requerir la oferta monetaria de respaldo, ésta se limitaría, y los tipos de interés dejarían de estar fijados en un despacho, siendo función de la oferta de ahorro y la demanda de financiación. Esto limitaría la formación de burbujas, como ocurrió en las llamadas crisis “punto com”, y en la reciente inmobiliaria. Si se produjesen apalancamientos muy fuertes, lo que suele ser una característica de las burbujas, subiría la demanda de financiación. Al no ser el tipo de interés un elemento fijado, en última medida, por los bancos centrales, este aumento de demanda, si no fuese correspondido un incremento de la oferta de ahorro en la misma cuantía, conduciría a un aumento de los tipos de interés. Este mayor coste de la financiación actuaría de limitante y pondría fin a las burbujas mucho antes.

Finalmente, existiría un ahorro fiscal importante para el ahorrador, y es que las plusvalías minorarían mucho su cuantía. Así, aquel ahorrador que decidiese invertir parte de su dinero en distintos productos (bienes inmuebles, acciones…), sin duda alguna, seguiría experimentando cómo en el precio de éstos seguirían produciéndose variaciones. Pero éstas responderían únicamente a las circunstancias de dicho bien, y no a la inflación, por lo que, a la hora de liquidar la inversión, a igualdad de tipos impositivos, bajaría la cantidad a ingresar al ser menor la base imponible.

Por tanto las ventajas de la vuelta al patrón son importantes. No obstante, resulta poco probable el retorno a dicho patrón al perderse políticamente la posibilidad de jugar con los tipos de interés.

Los sindicatos: un apéndice más del Estado

La acción sindical es inmoral por numerosas razones. A su modus operandi claramente violento (véase piquetes), y a su supuesta representación (totalmente falaz), se le une su forma de financiarse.

Una de las contribuciones que cabe destacar del sociólogo alemán Franz Oppenheimer es su distinción entre medios políticos y medios económicos. Creo que viene muy a cuento al hablar de los sindicatos.

El berlinés explicaba que el ser humano dispone básicamente de dos medios (opuestos entre sí) para obtener los medios necesarios para vivir y alcanzar sus deseos y fines: a) el trabajo de uno mismo y el intercambio equivalente de su propio trabajo por el trabajo de otros, y b) la apropiación no recompensada del trabajo de otros (robo). Los denominó medios económicos y medios políticos, respectivamente.

Una sociedad libre está regida por medios económicos. Las organizaciones, empresas y particulares obtienen su financiación mediante acuerdos y transacciones voluntarias.

Los sindicatos no obtienen su financiación de esta manera. Saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos) porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes, en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios.

La fuente de financiación directa más importante de los sindicatos la encontramos en los Presupuestos Generales del Estado. Cobran del Ministerio de Trabajo cerca de 16 millones de euros. Eso sin contar con lo que ingresan de las comunidades autónomas. Por ejemplo, de 2004 a mediados de 2009, la Junta de Andalucía concedió subvenciones a UGT y CCOO por importe de 260 millones de euros. Sólo en el segundo trimestre de 2009, las organizaciones sindicales recibieron 125 millones de euros del Estado. Y para qué hablar de lo que reciben para cursos de formación y para los liberados sindicales… Todo esto a costa de nuestros salarios.

Depender de las subvenciones del gobierno de turno reduce terriblemente la independencia, la autonomía y la libertad de los sindicatos, hasta el punto de no ser más que un mero apéndice del Estado. No en vano, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han sido los principales aliados de Zapatero por su silencio y complacencia con la política económica del gobierno.

Si George Sorel levantase la cabeza y viese cómo los sindicatos se han convertido en organizaciones burocráticas financiadas por el “Estado Burgués”, se volvería inmediatamente a la tumba para no verlo.