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El poder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

En general, la vulgarización de una deficiente comprensión de los términos acaba comprometiendo el éxito de quienes tratan de teorizar sobre aspectos del orden social. Lo político, definido como el interés común por la forma de vida de un grupo humano, o visto de otro modo, la puesta en común de ámbitos e inquietudes sobre las que se plantea una discusión pública volcada en alcanzar un compromiso bastante, existe como expresión misma de la naturaleza del Hombre. De lo político, como de lo jurídico o lo moral (en cuanto al bien, la justicia o la rectitud), surge el fenómeno de la autoridad socialmente reconocida como uno de los presupuestos del desarrollo institucional. Son los órdenes sociales más complejos los que fusionan autoridad y poder dando forma a la potestad, entendida como facultad de intercesión pública limitada a priori en virtud de las libertades civiles consolidadas. Si bien en sistemas de Derecho como el romano, la potestad era considerada previa a la autoridad, en nuestra explicación, ciñéndonos al significado estricto de los términos, consideramos que la autoridad ha de ser presupuesto de la potestad, y no al contrario, aun cuando una vez producida la institucionalización, al potestatario se le considere autoritario, y no en sentido inverso.

Libertad y poder se distinguen fundamentalmente por ser la primera de carácter social-negativo, y el segundo una extensión de la idea misma de capacidad en su sentido estricto. Libertad es no ser coaccionado por terceros en la persecución de nuestros particulares intereses, salvo que dicha interferencia surja de la vigencia de justos derechos personales amparados en normas generales y abstractas efectivas. Poder se identifica en un primer momento con la mera capacidad de hacer algo, de conducir nuestro cuerpo en una determinada acción con los límites físicos o cognitivos imperantes en cada caso (o en cualquier caso). No podemos volar, pero sí concebir y producir un artefacto que nos transporte por la atmósfera. No somos menos libres si no podemos, como tampoco el poder nos hace más libres salvo que de él derive un freno ante la coacción proveniente de terceros, en cuyo caso dicha capacidad se habrá visto traducida en términos sociales a través de mecanismos institucionales de tipo jurídico o político. En el primer caso, el poder personal quedará concebido como derecho, o facultad de exigir cierto comportamiento o renuncia a terceros, y en el segundo, como aquella capacidad reconocida de imponer nuestra postura en un conflicto.

El poder es natural e inevitable, y su traducción social en términos jurídicos o políticos (también morales) define la entidad de las fuerzas de interacción entre individuos que comparten cierto conocimiento moral, político y jurídico comprendido dentro del consenso social. Existen dos manifestaciones del poder: la natural, que a su vez se subdivide en poder físico y en poder intelectual, y la social, que se resume en lograr el reconocimiento de nuestras pretensiones frente a terceros. Cuando nuestras pretensiones son de tipo personal deberán traducirse en reconocimientos jurídicos, en virtud de contenidos eficaces y refrendo externo. En el caso de que nuestras pretensiones versen sobre lo común, aspirando a proteger, mantener o restaurar cierta “forma de vida”, su traducción será fundamentalmente política.

El orden político se expresa a través de un tipo de poder secundario, dada la prelación que posiciona al Derecho en un lugar preeminente. Siendo de este modo, el poder político se encuentra en todo momento en fuerte confrontación con el poder jurisdiccional, variando la demarcación de límites y pugnando por el control de importantes ámbitos de la conducta humana dado el difuso umbral entre el sentido de lo común y la conciencia de lo particular.

Los órdenes de conducta, jurídica, moral o política, se caracterizan por transmitir sus contenidos a través de generaciones de individuos, produciéndose una sucesión institucional en todos y cada uno de estos orbes (tradición). Quizá sea la sucesión en la práctica de la potestad pública, jurisdiccional y política, lo que más dificultades plantee en cuanto a la distinción necesaria entre poder competitivo y poder absoluto. En ambos casos el reconocimiento se mantiene efectivo en el tracto autoritario, pero dada la naturaleza polémica de toda controversia política, las decisiones adoptadas en cada momento por el poder institucionalizado, o por quién ostente dicha función, se convertirán en cuestión de debate y discusión públicos. La sucesión política debe entenderse respecto de las instituciones y los límites de su acción, más allá de la voluntad contingente que se proyecte a través de dicha potestad.

El mejor ejemplo de sucesión jurídica es la propiedad privada, concebida como dominio reconocido sobre un bien y su representación. La transmisión mortis causa, testada o legal, impide que las cosas queden abandonadas, al tiempo que mantiene los dominios asegurados y definidos más allá del periodo de vida de quien fuera su justo y reconocido titular. Un tercero no debe sentirse agredido ante la imposibilidad de adquirir bienes “abandonados” en apariencia tras la muerte de sus antiguos propietarios. El Derecho garantiza la sucesión acotando el cambio de titularidad sobre las cosas transmisibles. Una norma convierte en propietario a alguien, con independencia de las pretensiones de terceros ajenos a dicha propiedad.

Un ejemplo de sucesión política, más allá de la complejidad del poder público, radica en los mecanismos de transmisión o sustitución en los órganos de gobierno de una sociedad organizacional. No cabe replantear o cuestionar el orden político vigente y formalizado apelando a la circunstancia de que desaparezca o sea relevada la voluntad que hasta entonces venía desempeñando cierta potestad. Existen mecanismos formales que simplifican la sucesión política, o la reforma institucional, y esta situación vincula incluso a quien acabe de acceder al dominio de una participación social, siempre que se mantenga un consenso social suficiente.

Poder y libertad son dos caras de una misma moneda: la convivencia. Libertad, decíamos, significa ausencia de coacción, mientras que poder, en sentido estricto, supone la reconocida capacidad de coaccionar a quien no respete nuestro derecho y, por tanto, desarrolla el concepto mismo de derecho subjetivo convirtiéndolo en la pretensión personal con implicaciones respecto a terceros, que encuentra un respaldo jurídico que lo hace exigible (Bruno Leoni). El deber jurídico es consustancial al derecho subjetivo únicamente bajo la definición dada. El poder personal, que se estima eficaz en términos jurídicos, se transfiere a una magistratura que encarna el poder jurisdiccional. Sucede distinto en cuanto al poder político, que se desvincula de la pretensión particular para conectar a través del sentido común sobre determinados ámbitos de la interacción social y la convivencia. El poder político, que actúa por reconocimiento, sometido al criterio de autoridad, y que tiene limitadas sus facultades en virtud de la libertad y autonomía de los individuos sobre los que se extiende, no es equiparable al poder jurisdiccional, aunque sus mecanismos de compulsión resulten parecidos.

El poder de disposición sobre algo excluye a todo el que no lo tenga reconocido en forma de derecho subjetivo. La libertad de unos se entiende en los límites jurídicos que otros sufren. El poder social que contiene cada derecho subjetivo, por blindar una esfera de libertad relativamente definida, hace que libertad y poder sean opuestos pero inseparables. El poder de disposición garantiza el libre ejercicio de nuestra voluntad, al tiempo que convierte en ilícita toda invasión proveniente de terceros. La propiedad privada se define como un reconocimiento que se despliega en derechos concretos en cuanto al poder de disposición excluible que acota la capacidad de acción de quienes no se reconocen como propietarios de la cosa.

Cuando el Derecho y la moral definen el contorno de la idea de respeto a lo ajeno, de consideración de la esfera de control y dominio de un individuo, lo que hacen es modular el ejercicio de la libertad en torno a principios dinámicos, pero con tendencia a la institucionalización. El poder social, entendido como capacidad de obrar dentro de un reconocimiento de facultades en los límites ineludibles entre libérrimas acciones de los individuos, ampara a quien demuestra o aparenta ostentarlo en sus acciones de apremio y coacción sobre las esferas de dominio de terceros. El poder limita la libertad, como concepto negativo, como estado potencial de acción, que sólo puede entenderse desde la alteridad que genera la convivencia. Un individuo aislado no es libre ni tiene poder social alguno (sí posee poder natural, físico e intelectual).

En sociedad los individuos gozan del reconocimiento de cierta resistencia libérrima, así como de poderes fundamentales, contextualizados o institucionales. El proceso por el cual se desarrolla e institucionaliza el poder político, como reconocimiento institucional de la gobernanza en aspectos concretos de atención puesta en común, forma parte de la misma explicación sobre la transmisión del poder personal a instancias sociales religantes. Lo que uno considera a su alcance acaba sabiéndose insuficiente no tanto como para asegurar un resultado ante un conflicto concreto, como para tramar un sistema de resolución de conflictos con el que garantizar un orden social pacífico y estable. Lo político, y la formación de su respectivo poder, responde a esa tendencia inevitable que arrastra al conviviente dentro de sistemas de reconocimiento, a través de la formación de una autoridad suficiente, de magistraturas potestatarias institucionalizadas (poder limitado).

El porqué de la prolongación de la recesión en EEUU

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En el anterior artículo resumíamos brevemente dos posturas en el debate acerca de la prolongación de la recesión en la economía norteamericana. Por un lado, está la explicación típicamente keynesiana de Paul Krugman, según la cual la recesión todavía perdura por la austeridad de los agentes económicos –que respondería a diversas razones relacionadas con los animal spirits–, quienes demandan (consumen e invierten) por debajo de lo deseado.

Por el otro lado, señalaba la explicación que ofrece Robert Higgs, que apunta a la extrema incertidumbre de tipo institucional generada por las autoridades de la política económica. Este ambiente incierto sería el principal responsable de retrasar la recuperación al obstaculizar el despegue de la inversión privada.

Como decía, existen explicaciones adicionales a estas dos, algunas de las cuales comentaré a continuación. En primer lugar, tendríamos la tesis monetarista que, en términos muy simplificados y sin pretender hacerle justicia, se centraría en la súbita contracción del crédito por parte del sector bancario. Al mantener gran cantidad de reservas (más allá del mínimo requerido) y dejar de prestar a empresas y familias, se seca y contrae la sangre que mueve la economía, argumentan.

En otros términos, se habla también de que la velocidad de circulación del dinero (el número de veces que la unidad monetaria se gasta) ha caído de forma acusada por una serie de causas. Para compensar esto, se defiende una política expansiva de la autoridad monetaria.

Aunque pudiera parecer que la estrategia de Bernanke ha respondido precisamente a esta preocupación, algunos autores de esta línea, como Scott Sumner, piensan que la política monetaria desde finales de 2008 ha sido realmente contractiva respecto a lo que necesitaba la economía en ese momento. En otras palabras, se debería haber sido más expansivo con el objetivo de evitar la caída del PIB nominal que finalmente se produjo.

Esta explicación presenta, a mi juicio, diversos problemas, entre los que se puede destacar: 1) el enfoque casi exclusivamente agregado –haciendo amplio uso del PIB como indicador clave de la coyuntura, por ejemplo–, sin entrar en el verdadero fondo de la cuestión, es decir, el análisis de las distorsiones microeconómicas que se habían producido en la etapa de la expansión; 2) o el analizar la crisis y la intensa contracción crediticia como, esencialmente, un shock exógeno y no como un proceso consecuencia de la previa etapa de expansión insostenible. Desde el punto de vista de Sumner, la caída del PIB nominal era algo que habría que haber evitado, y no la inevitable resaca tras una época de borrachera crediticia que condujo a malas inversiones y a un excesivo endeudamiento.

Tal y como señala la teoría austriaca del ciclo, la economía debe pasar por un proceso de ajuste que depure los errores en las decisiones del pasado. Y esto implica no solamente una recolocación de factores productivos, sino también una reducción de la deuda (desapalancamiento), lo que tiene efectos contractivos sobre la demanda y la actividad económica agregada.

Esto nos lleva a la segunda explicación acerca de la prolongación de la recesión, que trata sobre el incompleto proceso de reajuste que se ha producido hasta ahora. Por un lado, al desapalancamiento de los agentes económicos todavía le queda mucho recorrido, como concluía un reciente estudio del Bank for International Settlements (BIS). Las políticas gubernamentales aplicadas como respuesta a la crisis serían en buena parte responsables de ello, especialmente en lo que se refiere al masivo endeudamiento del gobierno federal, factor que compensó en gran medida el brutal desapalancamiento privado –uno se pregunta qué hubiera pasado si no se hubiera aumentado la deuda pública–. Pero también, como señalaba Juan Ramón Rallo en estas páginas, es posible que el mantenimiento de bajos tipos de interés durante un periodo extenso genere desincentivos en los agentes a reducir la deuda y reajustarse.

Por otro lado, el proceso de recolocación de los factores productivos –intersectorial, de los sectores que se sobreexpandieron durante la burbuja a aquellos que prometan rentabilidades interesantes; pero también intrasectorial–, especialmente en el caso de los mercados laborales, puede llevar tiempo, incluso en economías dinámicas como la norteamericana. Más allá de que el ajuste en precios y salarios relativos pueda alargarse por cuestiones de rigidez en éstos, existen cuestiones adicionales de interés.

Por una parte, aquí pueden encajar las aportaciones de los tres economistas recientemente galardonados con el Nobel acerca de las fricciones, el enfoque de la búsqueda y el emparejamiento en el mercado de trabajo. Además, el encontrar un empleo satisfactorio para quienes lo hayan perdido, puede requerir destrezas y habilidades distintas a las anteriores. Éstas deben adquirirse, cuestión que puede llevar un tiempo considerable.

Pensemos, por ejemplo, en aquellos que se formaron específicamente en el campo de las finanzas para trabajar en Wall Street. Si el sector financiero se reduce en la crisis de forma permanente –respecto a su sobredimensionado tamaño–, los nuevos desempleados deberán reciclar su capital humano. O aquellos que, con baja cualificación, pudieron emplearse en el sector de la construcción deberán adquirir nuevas destrezas. Las características de este proceso dependerán de la especificidad y complejidad de la estructura de capital de una economía.

Asimismo, estos comentarios remiten a la idea del “recálculo” (Recalculation) que ha venido elaborando Arnold Kling. Tras manifestar la crisis que los “viejos patrones de especialización e intercambio” no eran sostenibles, la economía y los agentes se enfrentan con el “problema del recálculo”, en el cual los patrones nuevos que deben crearse no lo hacen con la suficiente rapidez como para compensar la destrucción de los antiguos y evitar el desempleo generalizado. La gran cantidad de nueva información que se ha generado –y la que se ha modificado– con la disrupción de la crisis, tiene que ser procesada por los agentes económicos, lo que también lleva tiempo –“demasiada información para ser procesada en demasiado poco tiempo”–.

En definitiva, los problemas y cuestiones que se acaban de apuntar, junto a la existencia de “incertidumbre de régimen” (Higgs), podrían formar una relativamente completa explicación de la prolongación de la recesión económica en los Estados Unidos. La teoría austriaca del ciclo puede explicar los orígenes de la crisis, y quizás muy parcialmente por qué se está prolongando, pero no permite una narrativa completa de este fenómeno, que debería complementarse con aportaciones adicionales. De la misma forma sucede con la explicación acerca de la Gran Depresión, a pesar de lo que sugiriera Hayek –diciendo que ésta “se debió totalmente a la mala gestión monetaria del gobierno”–.

Contra Blumen y en defensa de Fekete

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Robert Blumen lleva varios años criticando la teoría más conocida de Antal Fekete –la doctrina de las letras reales (o Real Bills Doctrine)– y esta semana pasada sintetizó sus argumentos en un artículo en el Mises Institute.

Básicamente, el profesor Fekete sostiene que las promesas de pago giradas contra bienes de consumo presentes altamente líquidos (lo que él llama “capital circulante social”) pueden emplearse como medios de pago complementarios al oro sin consecuencias inflacionistas y sin que se genere ciclo económico alguno. Basta con que esas promesas de pago se compensen entre sí para que el valor del dinero no se reduzca y para que no se produzcan rebajas artificiales de los tipos de interés a largo plazo. Por ejemplo, si un minorista emite una promesa de pago de 100 onzas de oro respaldada por el género que ya se está vendiendo y la utiliza para comprar las mercancías de otro minorista que a su vez ha emitido una promesa sobre su propio género por importe de 100 onzas de oro, ambas promesas terminarán llegando a la cámara de compensación y saldándose entre sí sin necesidad de movilizar efectivo; a efectos prácticos, es como si ambos minoristas hubiesen trocado sus bienes de consumo sin mediación del oro.

Fekete sostiene que sin ese sistema de letras de cambio con pagos por compensación –esto es, con un patrón oro donde todos los pagos se efectuaran con oro o con certificados de depósito respaldados 100% en oro– la economía sería incapaz de sostener un volumen creciente de pagos y la consecuencia sería una merma en nuestra capacidad para producir bienes y servicios.

Para Blumen, éste es el gran error de Fekete: “suponer que los pagos por compensación permiten realizar más transacciones y producir más bienes finales que un sistema de pagos en efectivo”. Blumen, siguiendo a Rothbard, argumenta que el único efecto de los pagos por compensación (y de las letras de cambio) es reducir el dinero que los agentes necesitan tener atesorado (la demanda de dinero) para realizar sus operaciones y un menor atesoramiento sólo implica un “mayor nivel general de precios” (y viceversa). Un incremento de la demanda de dinero equivale a una reducción de la oferta y una reducción de la demanda de dinero a un incremento de la misma. Por tanto, concluye, un sistema de pagos en efectivo puede realizar exactamente las mismas transacciones que uno con pagos por compensación pero ajustando los precios a la baja hasta que sean compatibles con la cantidad de oro disponible: “Si todos tuviéramos 10 veces más dinero que ahora (…) sólo tendríamos que añadir un cero a todas nuestras transacciones (…) y si la oferta monetaria fuera una décima parte de la actual, produciríamos los mismos bienes, pero con un cero menos al final de cada operación”.

Si bien Blumen admite que existen efectos de transición en los cambios en la demanda de dinero, sostiene que, una vez restablecido el equilibrio, el nivel de producción será el mismo con independencia de la demanda de dinero (es decir, se adscribe a la muy antiaustriaca hipótesis de la “neutralidad del dinero”); la única manera de incrementar nuestro nivel de producción es con un mayor volumen de ahorros reales, esto es, difiriendo nuestro consumo. Por consiguiente, la tesis de Fekete de que las letras de cambio son necesarias para sustentar un volumen creciente de transacciones y que para no ver reducida nuestra producción presente es simplemente falsa.

En abstracto –en la economía de giro uniforme, a la que el propio Blumen restringe su análisis– la crítica a Fekete puede tener cierto sentido: es verdad que ajustando los precios de los productos a la cantidad de dinero disponible puede efectuarse cualquier volumen de transacción y que nuestra producción futura depende sólo del ahorro presente y no de la cantidad de dinero disponible. Sin embargo, el primer error de Blumen reside en despreciar los efectos de transición, esto es, qué sucede ante un cambio en la demanda de dinero desde que pasamos de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio.

La postura de Blumen –y la de muchos rothbardianos– es que cuando aumenta la demanda de dinero –o cuando la oferta monetaria crece menos que la producción en un sistema de pagos en efectivo– los precios tienden a caer hasta restablecer el equilibrio pasado, sin ocasionar cambio alguno en la estructura productiva. Pero la respuesta es muy insatisfactoria por dos motivos, ambos interrelacionados: el primero es que ese ajuste a la baja de los precios puede no ser tan automático e instantáneo como se supone, pues pueden existir rigideces en algunos precios; el segundo es pensar –a las muy keynesiana y cuantitativista maneras– que la demanda de dinero es una demanda estéril, sin traslación alguna en la oferta de bienes reales.

Sendos errores se encuentran sintetizados en un fenómeno muy propio de un mercado monetario libre que, a tenor del automatismo propuesto por Blumen, quedaría sin explicación: las variaciones en la producción privada de oro. ¿Por qué en un mercado libre los empresarios contratan factores productivos para extraer oro de las minas? Pues porque es rentable, es decir, porque existe un señoriaje –un margen de ganancia– entre el poder adquisitivo del oro y su coste de producción (en términos de oro). Las caídas en el precio del resto de los bienes elevan el poder adquisitivo del oro sin que concomitantemente aumenten sus costes, de modo que unos mismos beneficios nominales implican unos beneficios reales mucho mayores. Si, como sostienen muchos rothbardianos, las variaciones en la demanda de oro se trasladan inmediatamente al nivel general de precios sin que se generen variaciones en los precios relativos entre industrias, los costes de producir oro deberían aumentar para que su rentabilidad fuera la misma con independencia de la magnitud de la demanda de oro y no se produjeran cambios en la estructura productiva (por fortuna, algunos rothbardianos ya han empezado a considerar que un incremento de la demanda de dinero tiene siempre los mismos efectos reales sobre la estructura productiva).

Y, sin embargo, el sentido común nos dicta que cuando aumenta la demanda de dinero, lo consecuente es que se incremente la producción minera de oro y que cuando se reduce la demanda de dinero, acaezca lo contrario. La razón es que demandar dinero (incrementar nuestros atesoramientos de oro) sí supone demandar algo del resto del sistema productivo; en concreto, desde un punto de vista individual supone demandar saldos de caja en oro para mantenerse líquido, algo que desde un punto de vista agregado se consigue trasladando factores productivos hacia las minas de oro (y no condenándolos al desempleo como temía Keynes).

Si, como dice Blumen, los cambios en la demanda de dinero carecieran de efectos reales, la forma exacta de la estructura productiva sería independiente de la composición concreta de los ahorros de los agentes (como dice Blumen, “todo lo que los pagos por compensación hacen es permitir que se produzca el mismo conjunto de bienes a un nivel de precios mayor”); a saber, daría igual si los agentes ahorran a muy corto, a corto, a medio, a largo o a muy largo plazo (esto es, el perfil temporal de nuestras inversiones sería independiente del perfil temporal del ahorro). La única manera de escapar de esta conclusión sería afirmando que los saldos de caja de cada agente –por los que está retrasando su consumo durante un cierto período de tiempo– no forman parte de su ahorro o del ahorro del conjunto de la economía, cosa que Blumen, siguiendo a Rothbard, sí se atreve a hacer: “Los saldos de caja acumulados no son ahorro (…) el acto de ahorrar supone la decisión de destinar algunos bienes finales para sufragar la producción de nuevos bienes de capital”. Nuevamente, la conclusión es una: la estructura productiva es independiente de la demanda de dinero.

En este caso, el error de Blumen –y de Rothbard– es creer que como un mayor volumen de saldos de caja no implica necesariamente un mayor volumen de ahorros (pues puede ser simple inflacionismo), los saldos de caja no tienen nada que ver con el ahorro. En realidad, acumular saldos de caja es una forma de diferir el consumo de bienes presentes y, por tanto, de ahorrar. Claro que es una forma de ahorro extremadamente líquida, capaz de proporcionar control inmediato sobre los bienes económicos en cuanto se decida desatesorar ese dinero; objetivo que se malograría si todos los precios de la economía se modificaran tan pronto como un agente ampliara su atesoramiento para que nada cambiara dentro de la estructura productiva. Es sólo gracias a que no todos los precios se modifican ipso facto –en particular, porque el coste de producir oro no aumenta tanto como lo hace el poder adquisitivo del oro– por lo que la estructura productiva se reajusta ante aumentos del atesoramiento –el señoriaje del oro se incrementa y los factores se trasladan a producirlo– y por lo que todos los agentes pueden ganar un mayor control sobre bienes presentes cuando lo requieran (en concreto, sobre los factores empleados en líneas de producción tan prescindibles para la coordinación del resto de planes empresariales como puede ser la extracción de oro).

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el precio de los bienes económicos es relativamente rígido (o cuando los costes de producir oro suben) y, por tanto, el señoriaje del oro no aumenta ante incrementos en su demanda (es decir, cuando ni los beneficios nominales ni los reales de las minas de oro se modifican)? En ese caso, los consumidores se abstendrán de gastar (ahorrarán) pero los factores productivos no se trasladarán a la industria minera; según Keynes, permanecerán ociosos porque la rentabilidad de las industrias que vean minorado su gasto se erosionará. Según Blumen –aunque no lo afirma explícitamente– los recursos también deberían permanecer ociosos hasta que los precios relativos se reajustaran a las nuevas disponibilidades monetarias (sus despreciables “efectos de transición”), comprando de este modo la averiada mercancía keynesiana.

Es justamente aquí donde entra la doctrina de las letras reales de Fekete. Si bien los precios de los bienes económicos suelen ser bastante rígidos ante cambios súbitos y de corta duración en la demanda de dinero, hay un precio que sí es muy flexible: el tipo de descuento. El tipo de descuento es el precio de la prima de la liquidez del oro sobre la liquidez de los bienes de consumo altamente demandados y queda determinado por la oferta de oro y por la demanda de oro (oferta de letras de cambio para ser descontadas) en los mercados monetarios. A mayor oferta de oro, menor tipo de descuento, a mayor demanda de oro (mayor número de letras que desean ser descontadas), mayor tipo de descuento.

Si los agentes incrementan su atesoramiento sin que se reduzcan los precios del resto de bienes económicos, lo que a buen seguro sí sucederá será que el tipo de descuento caerá y al hacerlo se ensancharán los márgenes de beneficio de los comerciantes minoristas (pues el tipo de descuento supone un coste para ellos en la medida en que tienen que adelantarle al mayorista el importe de unas mercancías que todavía no han vendido). Merced al menor tipo de descuento, el minorista podrá incrementar sus compras al mayorista –y éste a sus productores– ante la expectativa de unas mayores ventas que ocurrirán sin necesidad de reducir sus precios (pues aunque la demanda de oro ha aumentado, la oferta de complementos monetarios en forma de letras de cambio giradas contra la nueva mercancía también lo ha hecho). En definitiva, los factores que se habían liberado como consecuencia del menor gasto de aquellos individuos que han aumentado su demanda de dinero se trasladarán a producir bienes de consumo que antes eran submarginales (líneas de producción que también son bastante prescindibles para cuando los atesoradores quieran hacer uso inmediato de su dinero captando los factores productivos allí empleados).

En otras palabras, lo que sin letras de cambio se hubiese traducido en un desempleo de factores productivos hasta que la transición hacia un nuevo equilibrio se consumara, con letras de cambio se plasma en un incremento de la producción marginal de bienes de consumo.

Si ahora nos trasladamos a un escenario en el que los cambios en la demanda de dinero –pese a las hipótesis cuantitativistas sobre s estabilidad– son muy frecuentes y donde además la producción de oro no siempre es capaz de seguir el ritmo de la producción de bienes presentes, entenderemos que Fekete sostenga, con razón, que sin letras de cambio padeceríamos un estancamiento deflacionario (siempre nos encontraríamos en un período de transición hacia un nuevo equilibrio monetario y conviviríamos con importantes recursos ociosos) y que con letras de cambio nuestra producción se incrementa aun cuando no lo haga el volumen de ahorros reales (porque el atesoramiento es una forma de ahorro que no tiene por qué materializarse en forma de producción a menos que los precios o el tipo de descuento se ajusten en correspondencia).

La tesis de Blumen (y en parte de Rothbard) quiebra por cuanto en su marco teórico no tienen cabida de manera consistente las siguientes proposiciones: a) el atesoramiento como una forma de ahorro, b) la coordinación entre el vencimiento de las inversiones y los plazos de los ahorros, c) la existencia de efectos apreciables de transición ante cambios en el atesoramiento y, por tanto, en el plazo de los ahorros, d) la respuesta que ofrece el sistema económico ante los continuos cambios de demanda de dinero dependiendo de si algunos precios se ajustan a la baja (producir oro) o de si todos o ninguno de los precios relativos cambian (producir bienes de consumo submarginales), e) la existencia de recursos ociosos en un mundo donde no se pudieran monetizar letras de cambio, aumentara la demanda de dinero y el señoriaje de las minas no se incrementara.

En definitiva, quiebra al estudiar los desequilibrios monetarios generados por los cambios en la demanda de dinero, que es precisamente el fenómeno más importante cuando analizamos los cambios siempre desequilibrantes en la demanda de dinero.

La lucha contra la violencia organizada

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es una inmoralidad la connivencia y la negociación de cualquier Gobierno con la violencia organizada en forma de bandas terroristas, mafias, señores de la guerra o extremistas del más variado pelaje, cuando va más allá de perseguir el castigo ejemplar de sus delitos y lograr su rendición sin concesiones.

Dada la importancia que tiene la violencia para el triunfo de las utopías “colectivistas”, permítanme que reflexione brevemente sobre la inmoralidad de las negociaciones políticas con las organizaciones violentas.

¿Por qué es inmoral la negociación con la violencia organizada?

Los ciudadanos tienen el derecho de exigir del Estado que como mínimo sea capaz de garantizar formalmente y proteger judicialmente de un modo eficaz los cuatro derechos esenciales para el desarrollo de una sociedad civilizada: el derecho a la vida (Art. 15 CE), el derecho a la libertad (Art. 16 y 17 CE), el derecho a la propiedad privada (Art. 33 CE) y el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE).

Esos derechos individuales son universales, inalienables e inmanentes a la propia naturaleza de un ser humano libre, por lo que quedan por encima de cualquier ordenamiento jurídico organizado con base en una Constitución –o diversas normas y convenciones no escritas, como en Inglaterra— que recibe el consentimiento tácito o explícito de los ciudadanos.

Según esas dos premisas constituyentes, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que todas las actuaciones del Estado vayan encaminadas a garantizar la protección efectiva de esos derechos intransferibles, mediante la existencia de un Estado de Derecho que proporcione seguridad democrática.

Seguridad Democrática

Pues bien, observar el proceso de consolidación institucional y de fortalecimiento de la seguridad democrática en Colombia sirve para comprobar cómo triunfan las políticas de lucha continua, tenaz, heroica e inteligente de su Gobierno, primero con Álvaro Uribe y ahora con el Presidente Juan Manuel Santos, contra un grupo narcoterrorista como las FARC.

La auténtica revolución es respetar el sistema de democracia multipartidista y arraigar la sociedad civilizada proporcionando seguridad e infraestructuras que extiendan la protección de los derechos individuales de los ciudadanos a todas las aldeas, pueblos y ciudades del país. Es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar con tranquilidad para emprender sus negocios y poder hacer progresar sus familias, sin que ningún colectivo de bárbaros pueda imponer sus utopías mediante el ejercicio de la violencia organizada en forma de secuestros, extorsiones y asesinatos.

Amenazas para la seguridad democrática

Sin embargo, las amenazas terroristas que afronta la seguridad democrática son evidentes desde hace mucho tiempo. El 12 de enero de 1966, la primera Conferencia Tricontinental de La Habana dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), lo que sirvió para inaugurar el soporte y la colaboración internacionales de los regímenes y partidos comunistas con las organizaciones terroristas que promueven la “colectivización” de la sociedad por medio de la violencia.

Recientemente, el auto de procesamiento de etarras que ha emitido la Audiencia Nacional, en el sumario 75/09 (DP 263/2008), demuestra con documentos y pruebas fehacientes la colaboración terrorista internacional entre las FARC y la ETA.

Incluso las investigaciones policiales aportan datos sobre los apoyos al grupo terrorista ETA desde la “revolución bolivariana” del dictador Hugo Chávez y la protección desde la “revolución castrista” de Cuba. De hecho, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está intentando procesar a supuestos terroristas que emplean como refugio el oasis caribeño como, por ejemplo, Arturo Cubillas –que tiene el dudoso honor de administrar para el Gobierno de Venezuela los procesos de expropiación— por su posible soporte en el adiestramiento en territorio venezolano de grupos de terroristas de las FARC y de ETA.

Reiteradas y erróneas concesiones

En cualquier caso, contrasta la actual seguridad democrática impulsada desde la Presidencia de Colombia y su lucha sin concesiones frente al narcoterrorismo, con la inmoral actitud negociadora del Gobierno de España.

Como parece inverosímil que un Estado democrático negocie con la violencia organizada, permítanme que señale las últimas concesiones del Gobierno de España.

En primer lugar, podemos observar cómo la estrategia de seguridad frente a la violencia organizada en el ámbito internacional no está actuando para arrinconar a los países y grupos que ejercen la violencia como método delictivo para conseguir fines políticos. De hecho, el Gobierno de España consiente en mantener relaciones diplomáticas “normales” con dictaduras comunistas como Venezuela y Cuba, dando oxígeno a sus políticas totalitarias de aplastamiento de los opositores y quebrantamiento de los derechos humanos más básicos.

Aún peor, con su diplomacia “naif” de alianza de civilizaciones, más propia de un patio de colegio que de una democracia occidental, el Gobierno de España se permite negociar con los grupos terroristas de Al Qaeda en Mauritania y pagar un rescate –de más de 3 millones de euros— para liberar ciudadanos, secuestrados en razón de su temeridad e imprudencia al hacer “turismo de cooperación” en regiones pobres, pero peligrosas, en que proliferan grupos armados y extremismo religioso.

La extorsión consentida y el rescate pagado a esos grupos terroristas sirven para alimentar su violencia con la financiación de futuros atentados y ataques. En el caso del islamismo radical, se financia el terrorismo en lejanos países como Irak o Afganistán –donde todavía trabajan heroicamente [1] [2] los militares españoles para proporcionar un mínimo de seguridad democrática—, pero también en Europa.

En segundo lugar, la estrategia de seguridad frente al terrorismo en España está siendo aún más equivocada, ya que el Ministerio de Interior de España negocia de un modo encubierto con el grupo terrorista ETA desde hace tiempo [3][4][5], en un claro ejercicio de hipocresía política y de evidente ausencia de valores éticos. Esto puede significar que el entorno del terrorismo pueda seguir gobernando en 41 municipios del País Vasco y esté presente en las diputaciones forales, lo que significa nutrir sus arcas con 31 millones de Euros anuales de los fondos públicos para que puedan mirar para otro lado o bien, directamente, ejerzan actos administrativos o “subvencionen” la violencia en contra de los ciudadanos no-nacionalistas de esas aldeas y pueblos.

La negociación inmoral implica que se sigan otorgando beneficios penitenciarios (acercamiento de presos, concesión del tercer grado, reducción de condenas…). También puede suponer que se permita a organizaciones vinculadas al entramado terrorista etarra su participación en las próximas elecciones municipales por medio de una nueva tregua trampa y a pesar de seguir ejerciendo la violencia en contra de la población indefensa.

Menos atentados a cambio de esa negociación para conseguir sus fines, y mayor recaudación por sus actos violentos, según revela el estudio sobre el coste económico del terrorismo del catedrático Miguel Buesa de la Universidad Complutense de Madrid, que ya había realizado un estudio científico sobre las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco.

Fatal arrogancia de la negociación

En su fatal arrogancia, los políticos sin escrúpulos se creen llamados a salvar un país durante sus mandatos, obcecándose en conseguir réditos electorales que siempre son cortoplacistas, en vez de proseguir con las políticas de presión policial, financiera y judicial que obtengan resultados en el largo plazo, después de décadas de trabajo de muchos Gobiernos de diferentes ideologías, pero con conceptos claros en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere.

Pretenden apuntarse ellos solos la medalla electoral de erradicar el terrorismo, sin pararse a pensar en los valores morales que transmiten a la sociedad y en los perjuicios que ocasionan a la política contraterrorista de largo recorrido.

Las concesiones políticas en una negociación de “condiciones de paz” con el terrorismo son un error de concepto, ya que, aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.

La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas.

Desde ese posicionamiento amoral, intentan imponer sus ideas extremistas a una sociedad por medio de pistolas y bombas, con treguas tácticas para rearmarse y nunca cejando en su empeño por conseguir sus objetivos radicales “colectivistas”, ya sean políticos o religiosos. Por ello, cualquier intento de negociación está condenado a fracaso, salvo que el Estado objeto de la violencia ceda a las pretensiones de los terroristas.

Valores morales y derrota del terrorismo

Los hechos de connivencia y negociación con la violencia organizada, nos permiten constatar cómo la casta político judicial puede acabar perdiendo los valores que son imprescindibles para defender los derechos civiles y derrotar al terrorismo, cuando no se produce la renovación generacional o bien queda distorsionada con gente poco cualificada moral e intelectualmente. Una lamentable situación que se produce por la carencia de democracia interna y de transparencia financiera en los partidos políticos, que son esenciales para la renovación de las ideas y la regeneración en los valores.

En estos casos, la estructura institucional queda rehén de las renuncias morales de la casta político judicial y no se corrigen las fisuras normativas que impiden una lucha noble e inteligente contra la violencia organizada. Una lucha que evite atajos como las negociaciones encubiertas, las hojas de ruta de concesiones penitenciarias, el “ensuciamiento” de las togas con el “polvo” del camino, y la rendición de un Estado frente a la violencia organizada.

Las autoridades políticas con valores morales nunca ceden ante el chantaje terrorista ni ante pueriles estrategias electorales. Asientan sus decisiones en el respeto estricto por los ciudadanos de bien, donde, por méritos evidentes, se incluyen las víctimas del terrorismo.

Y ese respeto significa emplear con profesionalidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener sin excepción a los delincuentes y aplicarles el Estado de Derecho con todo el peso de la ley. Porque la lucha contra el terrorismo es un camino unidireccional que debe contemplar esencialmente el triunfo de la sociedad civilizada mediante la derrota de los violentos y el derecho de las víctimas al resarcimiento del daño ocasionado por los criminales y, de modo especial, en los casos de asesinato.   

Sentimos vergüenza los ciudadanos de bien cuando comprobamos como un asesino de 25 seres humanos, como el etarra José Ignacio de Juana Chaos, puede pasear libremente por las calles de Irlanda del Norte porque se ha beneficiado de una legislación penitenciaria “blanda” y de un Gobierno “benévolo y transigente” con la violencia terrorista, que ha permitido que cumpliese sólo 9 meses de cárcel por cada uno de sus 25 asesinatos.

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A las puertas de la gran guerra comercial

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Hace ahora algo más de un año advertíamos de que la crisis financiera y económica podría acabar transformándose en una guerra comercial de imprevisibles consecuencias para la economía mundial. Desde entonces, dicho riesgo no sólo no se ha atenuado sino que está más presente que nunca. La guerra de divisas en la que están inmersas las principales potencias del planeta amenaza con levantar nuevas barreras arancelarias no vistas desde la Gran Depresión de los años 30.

En 2009, al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta pusieron en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior, según el Banco Mundial. Esta tendencia ha seguido creciendo en 2010. Así, el último informe al respecto, el denominado Global Trade Alert, pone de manifiesto que, pese a la recuperación del comercio internacional, la mayoría de los gobiernos han seguido implantando medidas proteccionistas tales como la concesión de subsidios públicos y acceso a créditos baratos. Dichas medidas, sumadas a los rescates y las multimillonarias ayudas públicas inyectadas a determinados sectores “estratégicos”, han conformado las conocidas “políticas de promoción exterior” que, en esencia, generan graves perturbaciones en el comercio internacional.

Excluyendo las rebajas y exenciones tributarias, este tipo de políticas suponen un atentado directo contra el libre mercado, pero, al menos, hasta ahora muy pocos gobiernos se habían atrevido a imponer subidas arancelarias y nuevas tarifas con el fin de frenar la llegada de importaciones a sus respectivas economías domésticas. Sin embargo, este escenario de preguerra comercial se ha visto agravado en los últimos meses mediante la intervención directa en los mercados de divisas con el fin de aplicar devaluaciones monetarias. La caída deliberada del dólar ha disparado todas las alarmas, y ahora países emergentes y grandes potencias pugnan entre sí para envilecer sus monedas o, como mínimo, frenar su apreciación respecto al dólar. Por el momento, Japón y los emergentes asiáticos y latinoamericanos están tomando ya medidas en este sentido.

De hecho, algunos gobiernos ya han decidido imponer controles a la entrada de capitales foráneos mediante subidas fiscales para debilitar sus divisas. Por desgracia, esto es tan sólo la punta del iceberg. Esta guerra de guerrillas, centrada en la adopción de un amplio abanico de medidas indirectas para impulsar las exportaciones y reducir las importaciones, está ya a las puertas de convertirse en una guerra comercial pura y dura a nivel mundial.

El arma ya está encima de la mesa y el objetivo, marcado. El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado la denominada H.R. 2378 Currency Reform for Fair Trade Act, una norma destinada a imponer altos aranceles a todas los productos provenientes de aquellos países que hayan manipulado a la baja sus divisas, en una clara e inequívoca referencia al yuan chino. Y ello, basándose ni más ni menos que en la histórica Tariff Act of 1930, más conocida como la Smoot-Hawley Tariff, surgida poco después del crack del 29.

Esta medida elevó los aranceles de Estados Unidos a los niveles más altos de la historia contemporánea con la excusa de proteger a los agricultores nacionales, uno de los grandes sectores “estratégicos” por entonces, pero que se fue extendiendo progresivamente a casi todos los sectores productivos del país. Su objetivo perseguía mejorar la producción interna a expensas de empobrecer al vecino. Y así fue. Tras Washington, todas las grandes potencias imitaron la misma estrategia.

Como resultado, esta política contribuyó a reducir drásticamente el comercio mundial: las importaciones procedentes de Europa cayeron desde los 1.344 millones de dólares en 1929 a tan sólo 390 millones en 1932; mientras que las exportaciones de EEUU a Europa pasaron de 2.341 millones a 784, respectivamente. ¿Resultado? El comercio mundial se hundió cerca de un 66% entre 1929 y 1934, provocando además graves tensiones políticas y diplomáticas.

La nueva estrategia de EEUU contra China supone un auténtico suicidio. La norma, pese a haber obtenido el visto bueno de Congreso, está a la espera de ser aprobada definitivamente. Por el momento, tan sólo ha sido expuesta a modo de amenaza directa para presionar a China a revaluar su moneda. La cuestión es… ¿y si Pekín no da su brazo a torcer? Algo similar sucedió con Japón en los años 80, tras los denominados acuerdos del Plaza. Desde entonces, el dólar se ha hundido un 70% respecto al yen y, curiosamente, el déficit comercial entre EEUU y Japón ha permanecido casi intacto. El problema es que China is different, sus relaciones diplomáticas son muy distintas a las niponas. Sin duda, de aplicarse esta norma, supondrá la mayor amenaza para el comercio mundial y la seguridad internacional desde la caída del mundo bipolar propio de la Guerra Fría.

El mercado también rescata a los mineros

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La intervención del Estado chileno en el rescate de los 33 mineros atrapados a más de 600 metros bajo tierra se ha saldado con éxito. La imagen pública del presidente Sebastián Piñera, implicado desde el principio en los esfuerzos de salvación, se ha beneficiado de la gestión mediática llevada a cabo por el Gobierno. No tiene nada de extraño que los políticos intenten rentabilizar cualquier tipo de incidente. Incluso Evo Morales ha venido de Bolivia a hacerse la foto.

Lo que no ha sido objeto de portadas y grandilocuentes titulares es el papel que ha jugado el mercado en el rescate. Como de costumbre, su “mano invisible” pasa desapercibida. Pero es necesario destacar su vital aportación, aunque sólo sea para contrarrestar el afán de protagonismo de los políticos. Además, el Estado siempre aprovecha las catástrofes (BP, Katrina, 11-S) para adjudicarse un rol más activo en aras de nuestra seguridad, acusando de negligencia al mercado. Es preciso neutralizar tanto populismo, sopesar con rigor los costes y los riesgos de las distintas medidas, e ilustrar la participación directa e indirecta del mercado en hazañas que se atribuyen enteramente al Estado.

En el caso del rescate de los mineros chilenos, el 75% de la factura (cerca de 15 millones de dólares) ha sido asumido por Codelco, la empresa estatal dedicada a la extracción de cobre. No está claro que este coste vaya a ser posteriormente traspasado a la empresa privada propietaria de la mina derrumbada, Minera San Esteban, que tiene deudas por valor de 19 millones de dólares. En cualquier caso, a día de hoy, el 25% del coste del rescate ha sido sufragado por empresas privadas como las mineras Collahuasi, Escondida y Anglo American.

Por ejemplo, Escondida fue la que contrató la perforadora T130 que llegó hasta los 630 metros de profundidad, a un coste de 18.000 dólares diarios. Doña Inés de Collahuasi se hizo cargo de la financiación en una segunda etapa. Escondida también arrendó cinco máquinas a Geotec que se utilizaron para los primeros sondajes.

Antofagasta Minerals, la rama minera del grupo Luksic, y Minera Caserones, de Lumina Copper, entregaron 50.000 raciones de alimentos elaborados por Sodexo a los rescatistas durante los dos meses de la campaña. El empresario y filántropo Leonardo Farkas donó 10.000 dólares a la familia de cada una de las víctimas. Las mineras Lomas Bayas, de Xstrata y Freeporta, por su parte, contribuyeron prestando maquinaria e ingenieros.

Esto sólo en el capítulo de la financiación, donde el Estado chileno ha tenido un papel más activo que el sector privado (probablemente atribuible a un efecto desplazamiento o crowding-out). Es en el ámbito de innovación tecnológica donde el mercado se ha demostrado imprescindible.

Como explica Danniel Henninger en el Wall Street Journal, si este accidente hubiera tenido lugar 25 años atrás, los mineros no hubieran podido ser rescatados, por mucho que el Estado hubiera sufragado toda la operación. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia?

El taladro de la empresa Center Rock y el cabezal de la empresa Schramm. Sin esta innovación tecnológica, motivada por el afán de lucro, no se hubiera podido perforar un agujero hasta esa profundidad, como se ha hecho.

Los mineros chilenos vieron películas a través de un proyector integrado en un teléfono móvil de Samsung, evitaron los hongos y otras infecciones gracias a unas medias de Cupron elaboradas con fibra de cobre que protegen de las bacterias, y se comunicaron en videoconferencia con el exterior gracias a la fibra óptica de Micomo. Movistar también entregó dos teléfonos satelitales con llamadas gratuitas a las autoridades de gobierno de la zona.

El mercado también ha salvado a los mineros chilenos.

Las Cortes de Cádiz

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 24 de septiembre se cumplieron dos siglos de la constitución de las Cortes de Cádiz. Una nación ocupada convoca a unos hombres que intentan reconstruir el entramado institucional en un reducto del territorio sin más salida que el mar. Se juntaron el patriotismo y el heroísmo fuera de los campos de batalla, en una labor intelectual y en un contexto de primacía del liberalismo. Los liberales miramos con orgullo aquella obra, que cristalizó a los dos años de empezada en una Constitución que inspiró otras en distintos lugares del mundo.

Hay mucho que celebrar de aquello. Hizo tabla rasa de algunas instituciones carentes de justicia y función y de privilegios que habían perdido su sentido. Reconoció la libertad de imprenta y las libertades económicas. Pero también hay motivos para censurar aquellas Cortes y aquella Constitución desde un punto de vista liberal. Curiosamente, esta posición me acercará a las posturas realistas de aquellos años, pero pronto se verá cuál es el motivo.

La inspiración de la Constitución de 1812 es netamente francesa. Mejía Lequerica, cuando expuso un proyecto de decreto para la elaboración de una Constitución, puso como ejemplo el juramento del Juego de Pelota de 1789 por el que los miembros de la Asamblea Nacional francesa no saldrían de allí sin haber redactado un texto fundamental. Los vocales de la comisión constitucional se limitaron a corregir, completar o modificar un texto elaborado por Antonio Ranz Romanillos. Fue éste secretario de la Junta de Bayona y participó en la redacción de la Carta Otorgada de 1808, que tradujo cuidadosamente al español. Se puede apreciar claramente la inspiración francesa en la inclusión de una relación de derechos fundamentales, si bien éstos quedan relegados al articulado; en la separación de poderes; en el racionalismo administrativo, y en la idea de la soberanía nacional.

Esta última idea, que fue introducida en 1810, procede de un concepto de nación puramente francés, enlaza perfectamente con Rousseau y su “voluntad general”, y supone entronar un poder absoluto, sin limitación teórica o práctica, en una institución. Ese poder, no nos extrañará, recaía en gran medida en las Cortes. Además, era un sistema unicameral, sin el elemento moderador que puede aportar una segunda cámara.

Las Cortes llevaron la idea de soberanía nacional depositada en ellas hasta su última conclusión, que es el poder absoluto y el abandono de la separación de poderes. Se ha hablado, con propiedad, de “absolutismo parlamentario”. Sobre la concentración de poderes en las Cortes, dan fe sus muchos actos ejecutivos y resoluciones judiciales.

Entre los muchos actos propios de una administración, las Cortes resolvieron asuntos tan particulares como atender “una solicitud de Josefa Granados para que al sargento Juan Antonio Gallego se le conceda dispensa en depósito para contraer matrimonio”. O resolvió una exposición de “D. Francisco Quesada para que se le permita vender a censo algunas tierras procedentes de una memoria de misas”. Entre sus fallos judiciales se encuentra el caso de un impresor de Cuenca, que denunció ante las Cortes al alcalde de la ciudad, Feliciano Grande, “que infringiendo la Constitución allanó su casa con objeto de quitarle una resma de almanaques que había impreso”.

Pero no podremos apreciar todo su carácter sin mencionar, siquiera de pasada, los casos del obispo de Orense y Miguel Lardizábal, ambos elegidos para formar parte de la Regencia. Se les envió un juramento que comenzaba así: “¿Reconocéis la Soberanía de la Nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias?”, a la que seguían otras preguntas. El obispo, Pedro Quevedo y Quintano, renunció antes de firmar y solicitó que se le permitiese regresar a Orense, lo que le fue concedido. Pero creyó necesario compartir su opinión sobre el decreto de 24 de septiembre y el concepto de soberanía nacional. Quevedo y Quintano observó que si la soberanía estaba en la nación, no estaba en el Rey y éste se convertía en un súbdito. Fue más allá al señalar que se le obligaba a firmar la sumisión a “los decretos, leyes y Constitución” que aprobasen en el futuro las Cortes, cuyo contenido era imprevisible. Y añadió que jamás un gobierno absoluto había llegado tan lejos.

Las Cortes se reunieron en sesión secreta (lo que era muy común) para decidir qué hacer ante la expresión de sus opiniones. Sabemos por Antonio Campmany que unos querían enviarle a las Malvinas; otros, confinarle en Ceuta; aun otros, que se le decapitase. Dueñas propuso que se le confiscasen todos sus bienes y los de Lardizábal y con ello se sufragase un monumento a Padilla y al obispo de Zamora, “degollados ambos sin oírlos en tiempos de los comuneros por haber sostenido los derechos de la nación”. Finalmente, las Cortes resolvieron que el obispo de Oviedo y, como él, todo español “que se halle en el caso de no querer jurar la Constitución en los términos prevenidos, sea tenido por indigno del nombre de español, despojado de todos sus empleos, sueldos y honores y expelido del territorio español en el término de veinticuatro horas”.

Al obispo de Oviedo, sin embargo, le “intimaron” a firmar los juramentos. Pero éste resolvió “no conformarme ni hacer el juramento a menos que se me permita explicar el sentido en que puedo hacerlo sin perjuicio de mi conciencia y de mis más estrechas obligaciones”. Pero finalmente el pulso lo ganaron las Cortes frente al enfermo Pedro Quevedo y Quintano, que juró el 3 de febrero de 1811. José María Blanco White se preguntó, reflexionando sobre los casos del obispo de Oviedo y de Miguel Lardizábal “¿Cómo es que las cárceles de Cádiz no han estado libres de dos o tres escritores a la vez desde el principio de la libertad de imprenta?”.

Porque, como en el caso francés, las libertades eran prístinos ideales abstractos, pero en lo contingente no se podía tolerar oposición alguna a las autoridades que las defendían. En marzo de 1814, una moción firmada por trece diputados pedía la redacción de un Código Penal, lo que se comenzó a hacer en sesiones extraordinarias. El proyecto de ley decretaba la pena de muerte, por traición, a quien “alterase y conspirase directamente y de hecho a destruir o alterar el Gobierno monárquico hereditario que la Constitución establece, o a que se confundan en una persona o cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, o a que se radiquen en otras corporaciones o individuos”. Pena de muerte a quien “intentase directamente o de hecho establecer en España otra religión”, para quien impida o entorpezca la celebración de Cortes o la celebración de juntas electorales. Martínez de la Rosa, dos días después de que Fernando VII disolviese las Cortes, propuso: “El diputado a Cortes que, contra lo prevenido en el artículo 375 de la Constitución, proponga que se haga en ella o en alguno de sus artículos alguna alteración, adición o reforma hasta pasados ocho años después de haberse puesto en práctica la Constitución en todas sus partes, será declarado traidor y condenado a muerte”.

Yo no niego el patriotismo de los convocados a Cortes en estos años. Pero el camino que tomaron seguramente no fue ni el mejor ni el único posible. No es que llegasen con las manos vacías, es que se las sacudieron. España, como Inglaterra, tenía una Constitución histórica. Gaspar Melchor de Jovellanos, ante los crecientes rumores de que se estaba pensando en escribir una nueva Constitución, señaló que España ya la tenía, pues “¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de Leyes Fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos, y los medios saludables para preservar unos y otros?”. El Manifiesto firmado en 1814 por varios diputados decía: “Constitución había, sabia, meditada, y robustecida con la práctica y el consentimiento general”. Los firmantes reconocían el “despotismo ministerial digno de enmienda” de la época de Carlos IV y estaban abiertos, como Jovellanos, a las reformas.

La cuestión es que, como dijo Manuel José Quintana, “una posición política, nueva enteramente, inspiró formas y principios políticos enteramente nuevos”, que llevaron a un absolutismo parlamentario. Sería interesante pensar si una reforma de la Constitución tradicional española, más que la ruptura de las Cortes de Cádiz, hubiera dado más estabilidad, continuidad y libertad a nuestro país.

El gobernante aislado

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Como viene ocurriendo desde hace años, uno de los hechos más destacables del desfile de las Fuerzas Armadas españolas por la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad ha sido la lluvia de abucheos e insultos al presidente del Gobierno. Uno de los momentos elegidos por los vociferantes no pudo ser menos adecuado: el homenaje a los caídos. Unos instantes que deberían estar dominados por el respeto y recogimiento, máxime si se tiene en cuenta la presencia de familiares de los militares fallecidos en acto de servicio durante el último año, quedaron empañados por la legítima pero inoportuna protesta de una gran cantidad de ciudadanos que no quisieron o pudieron elegir una ocasión mejor para mostrar su rechazo a Rodríguez Zapatero.

El Gobierno ya ha anunciado su intención de cambiar el protocolo del desfile del 12 de octubre para evitar que a partir del año que viene puedan repetirse este tipo de episodios. No han explicado, eso sí, cómo pretenden hacerlo. Sin embargo, sólo existe una forma, alejando todavía más al gobernante de los gobernados. El único modo de impedir que el público asistente a la parada militar abuchee, increpe, silbe o exija la dimisión de Zapatero (o cualquier otro jefe del Ejecutivo) es aislándolo físicamente de la población, evitando que los ciudadanos puedan verlo.

Y, sin embargo, esa permanente distancia física entre el presidente del Gobierno y los ciudadanos que caracteriza a la democracia española (y de muchos otros países europeos) puede explicar en parte la irrespetuosa elección del momento de la protesta contra Zapatero. El desfile del 12 de octubre es prácticamente el único día del año en el que el jefe del Ejecutivo (el actual y cualquier otro) acude a un acto en el que está próximo a miles de ciudadanos. Por lo tanto, no debe extrañar que sea en dicha ocasión cuando se producen las públicas muestras de rechazo. El único modo de evitar los silbidos y abucheos en los momentos menos oportunos es mediante una mayor exposición pública de los gobernantes.

Sin embargo, este distanciamiento físico parece inherente al sistema democrático español y de otros países. Pero no en todos. Toda estructura gubernamental tiene una simbología, parte de la cual no resulta demasiado evidente, pero expresa mucho sobre la concepción del poder.

En gran parte de Europa continental existe, y así se refleja, una idea última de que el gobierno está por encima de los ciudadanos y no debe ser expuesto a ellos. Las sedes del Ejecutivo y/o la jefatura del Estado se encuentran, bien a las afueras de la capital, como La Moncloa en Madrid, bien en el centro de la ciudad, pero aisladas por altos muros y frondosos jardines, como El Elíseo en París. Contrasta este aislamiento con la céntrica localización y ausencia de altos muros de la Casa Blanca en Washington, el 10 de Downing Street en Londres o, por citar un caso menos conocido, el Palacio Presidencial de Bratislava.

En estos últimos casos parece dominar, al menos en teoría, la idea contraria a la característica de gran parte de la Europa continental. El mensaje implícito en este tipo de sedes es que el poder debe estar expuesto ante los ciudadanos, no protegido de la incómoda mirada de la población. En el caso concreto de Reino Unido y EEUU, puede ser producto de una tradición política distinta que no tiene como antecedente un despotismo ilustrado en el que se consideraba que el Gobernante debía estar a resguardo del escrutinio público.

Es sano que el gobernante no se mantenga en una torre de marfil sin más contacto con los ciudadanos que las encuestas. Aunque pueda deparar situaciones incómodas, como abucheos o manifestaciones frente a la sede del gobierno, quienes ejercen el poder deberían mostrarse con mayor frecuencia ante la población y estar atentos a cómo se expresan las personas ante ellos. Significaría demostrar una menor prepotencia y, además, tal vez tendría el beneficio añadido de que los insultos y silbidos no empañaran momentos solemnes.

El pengo húngaro

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Hace unos días tuve ocasión de echar un vistazo a un álbum que reunía parte de la colección numismática de un compañero de trabajo. Entre los billetes que formaban parte de la misma, pude contemplar cómo existía una sección dedicada al pengo húngaro. Esta divisa circuló en Hungría entre 1927 y 1946, y es famosa por tener el dudoso honor de haber sido testigo de la mayor inflación conocida de la historia, que llegó a ser del 4,19 x 1016%, o, dicho de otra forma, del 41.900.000.000.000.000%. 

El pengo fue una moneda que precisamente se creó con la idea de reemplazar a la corona húngara que, por aquel entonces, tenía una alta tasa de inflación. Para ponerle freno a ésta, el pengo, en su creación, estuvo ligado al oro. Aunque el banco central no tenía la obligación de convertir los pengos en oro, el hecho de que se ligase su cotización a una determinada cantidad de oro (3.800 pengos por un kilogramo de oro), y de que se obligase al banco central a adoptar un determinado porcentaje de cobertura de dichos billetes (no podían emitirse billetes nuevos si un porcentaje de ellos no estaba respaldado por divisas extranjeras o por oro), dio sus frutos. Así, el pengo pasó a ser conocido como una de las divisas más estables de la zona. No obstante, con la Gran Depresión dicha estabilidad empezó a cambiar. A partir de dicho momento, la disciplina monetaria fue abandonándose, especialmente en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Ya durante la guerra, el banco central pasó directamente a manos del gobierno, y la impresión de dinero se supeditó a las necesidades presupuestarias. Las monedas de plata desaparecieron de la circulación, y se imprimió dinero sin absolutamente ninguna cobertura. Tras la guerra, y con la ocupación soviética, la inflación continuó creciendo. Si en agosto de 1945 un kilogramo de pan venía a costar 6 pengos, en octubre ya valía 27, en diciembre, 550, y en junio del año siguiente, 6 billones.

Conforme fui pasando las páginas del álbum e iba viendo la evolución cronológica de los billetes y cómo éstos iban añadiendo ceros a su importe, no pude evitar imaginarme cómo debía ser la vida en un país donde los precios se llegaron a duplicar cada 15 horas y donde llegó a existir un billete de 100 trillones (1020) de pengos. Para hacerse una idea, debe tenerse en cuenta que en junio de 1946 era prácticamente imposible encontrar un pengo en circulación en la calle a partir de las dos de la tarde. El motivo no era otro sino el que los bancos cerraban a esa hora, por lo que se depositaba la totalidad del dinero en el banco, para que los intereses pagados por éstos durante la tarde y noche mitigasen el envilecimiento que la moneda iba a sufrir en dicho espacio de tiempo. Los comercios cerraban también a dicha hora, precisamente por este motivo, y cuando el gobierno les obligó a abrir, sencillamente no aceptaban pengos. Con motivo de esta hiperinflación, muchas empresas quebraron, ya que sus ingresos, cuando llegaban, no daban para pagar las materias primas y mercaderías, que habían subido de precio. Determinados bienes únicamente se comercializaban en dólares, y los dos grandes temas de conversación de la población eran la ocupación soviética y la cotización del pengo con respecto al dólar. El banco central no disponía de tiempo para cambiar el diseño de los billetes, y muchas veces, sacaba el mismo billete cambiando únicamente el color y la denominación. Cuando el pengo fue cambiando por el florín, el banco central no pudo emitirlos, sencillamente porque carecía de papel al habérselo gastado en la emisión de pengos.

Ejemplos como el del pengo húngaro deben servirnos para estar alerta sobre las terribles consecuencias y el colapso económico que pueden traer consigo políticas monetarias basadas en el envilecimiento de la moneda. Aunque pueda parecer un ejemplo lejano, el dólar zimbabuense ha experimentado una evolución muy similar en los últimos años, habiéndose producido un colapso de la economía de dicho país. De ahí que uno de los fundamentos para que pueda existir simplemente un sistema económico basado en algo más que en el trueque, es la existencia de una moneda fiable, cuyo valor no sufra deterioro considerable.

El 29-S no es suficiente

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Partiendo de la base de que no me parece que una huelga general convocada por unos sindicatos estatales acabe siendo beneficiosa para las personas ni para la economía de un país en absoluto, sí que creo que la huelga del día 29 ha tenido algún aspecto positivo (aunque no suficiente como explicaré después). A saber: que la gente ha podido comprobar el modus operandi real de los sindicatos. No el teórico, sino el real.

Empezando con su retórica marxista rancia y caduca del siglo XIX. Desde luego, hay que estar muy trasnochado para hablar de “transformar las estructuras de poder”, de “explotación y opresión de los obreros por parte del capital”, de los “conflictos de clase” o de la “solidaridad de la clase obrera”. La gente del siglo XXI los percibe como meros clichés carentes de toda relación con la realidad.

Además, el pasado día 29 se pudo saber exactamente la función de los piquetes: intimidar y coaccionar a personas libres. La mayoría de los trabajadores han sufrido esta forma de hacer de los sindicatos, y se han dado cuenta de sus métodos violentos e injustos. De poco vale que se le aplique el adjetivo de “informativo”. Porque, ¿de qué nos quieren informar? ¿De que se ha convocado una huelga? ¿De los motivos de la misma? Entiendo que ellos están situados en pleno siglo XVIII, pero los demás terrícolas estamos viviendo en plena sociedad de la información y la tecnología. No solamente no necesitamos que nos informen justo el día de la huelga, sino que además han tenido mucho tiempo para ello.

Es fácil comprender que son meras excusas para intentar enmascarar las agresiones sindicales. La violencia de los piquetes y sindicalistas no siempre es física. También es verbal o psicológica, intimidando y amenazando con represalias o venganzas a aquellos trabajadores que expresen su deseo de ir a trabajar el día de la huelga.

Es curioso que a los sindicalistas se les llene la boca hablando de Estado de Derecho, cuando en realidad son un grupo muy minoritario de la sociedad que utiliza métodos violentos para coaccionar a los que no piensan como ellos. Curiosa manera de defender al trabajador.

Sólo por esto, creo que la huelga no ha sido en vano. Pero es insuficiente. La aristocracia sindical no perderá poder sobre la sociedad hasta que se les derrote moral e intelectualmente.

Moralmente, por dos razones. Primero, porque su existencia se debe única y exclusivamente a las subvenciones. Sólo en 2009 el gobierno destinó a los sindicatos la friolera de 193 millones de euros (para comprar su silencio por el 20% de paro, se supone). En una sociedad libre, las organizaciones y empresas se financian voluntariamente, pero los sindicatos saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos), porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios. Y esto va ligado con la segunda razón moral: con un 10-15% de afiliados, representan y toman decisiones por el 85% de los trabajadores españoles. Si esto es libertad y si esto es defender la libre voluntad del trabajador, ¡venga Dios y lo vea!

La derrota intelectual debe venir del rechazo de su ideología en lo que al mercado de trabajo se refiere. Mientras la gente piense que medidas como el salario mínimo, aumentar el coste del despido, la rigidez de salarios, la discriminación positiva y las pensiones públicas son beneficiosas para la sociedad, los sindicatos existirán. Así de simple. Existirán porque la gente creerá que de la acción sindical se derivan medidas positivas para todos, por muy mafiosos que éstos sean. La gente hará la vista gorda en cuanto a los piquetes porque pensará que, a pesar de todo, sale beneficiada.

Por todo ello, creo que las cosas cambiarán drásticamente cuando se elimine la ignorante idea de que los sindicatos benefician al trabajador (o a alguien que no sean ellos mismos). Hay que darse cuenta y mostrar que su función dentro de la sociedad es nefasta y contraproducente para todos… menos para ellos.