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La economía y la caída de los Incas

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Mises, en alguna de sus obras, afirma que es imposible entender la historia si no se conocen las leyes económicas, de la misma forma que sería imposible entenderla sin conocer las leyes físicas. El historiador que desconoce las leyes económicas se encuentra perdido a la hora de entender los fenómenos que trata de describir, por la sencilla razón de que no puede aplicar relaciones de causalidad entre los acontecimientos que analiza.

Desgraciadamente, la mayor parte de los historiadores no tiene en cuenta este principio a la hora de realizar su trabajo, por lo que tenemos versiones de la historia que, en muchos casos, parecen entroncar con la leyenda y el mito, cuando no atentan seriamente contra el sentido común.

Vaya por delante que quien estas líneas escribe no es historiador, ni está versado en sus técnicas, ni posiblemente tenga sentido común. Pero siempre me ha llamado la atención la relativa facilidad con que una panda de mataos españoles fueron capaces de hacerse con el dominio de territorios como los controlados por los poderosos incas y aztecas, state of the art en su época en el continente americano.

Me da la impresión de que las explicaciones de teoría económica no pueden andar muy lejanas del fenómeno. Por otro lado, Oakeshott, en su On History, nos describe el trabajo del historiador como el de un fabricante de ladrillos que se van acumulando para construir la interpretación histórica, y que se ha de renunciar a explicaciones causales simples entre unos fenómenos y los sucesivos. Más que a establecer causalidades, el historiador ha de disponer unos ladrillos sobre otros para ver el conjunto.

Por ello, y en relación con la caída del imperio de los incas, me limitaré a exponer algunos fenómenos que, atendiendo a la teoría económica, podrían estar relacionados con dicha caída. Los supuestos hechos están extraídos del libro “Los incas – Economía, sociedad y estado en la era del Tahuantinsuyo”, de Waldemar E. Soriano.

El primero y más llamativo es la ausencia de dinero. Según el autor, en el imperio Inca no se manejaba ningún material como dinero. Únicamente, se cobraban en forma de tributo cierto tipo de conchas a los pueblos limítrofes con el imperio, que de esta forma evitaban la conquista.

La ausencia de dinero conllevaría que todos los intercambios eran directos. Pero más grave aún: es imposible que una economía se desarrolle en ausencia de dinero, pues es el dinero posibilita la especialización en el trabajo así como la acumulación de capital. Sin estos factores, difícilmente puede aumentar la productividad y, por tanto, desarrollarse la economía. Por tanto, el imperio inca tenía los pies de barro.

En todo caso, resulta bastante difícil creer que la gente normal del imperio no tuviera medios de intercambio indirecto. Lo que pasa es que ese dinero informal no era aceptado por la clase inca, ni por tanto se hace acreedor de una referencia por los historiadores. Claro, para estos no existe el dinero si no está impuesto por el gobierno.

Lo que nos lleva a otro punto de interés: los incas cobraban sus impuestos en trabajo de sus súbditos. Gracias a este impuesto en especie construyeron las magníficas construcciones que pueblan sus territorios, como Cuzco y el Valle Sagrado. Pero no solo era mano de obra para la construcción, sino para cualquier tipo de actividad económica: elaboración textil y de ornamentos, agricultura…

El último aspecto de interés es el de la innovación. El autor del libro citado repite en varias ocasiones que durante el imperio inca no hubo innovación de ninguna clase. Los incas se limitaban a coger las técnicas desarrolladas por los pueblos conquistados, y extenderlas por todo el imperio, pero sin nuevas ideas.

Este hecho se utiliza para criticar a los incas, en relación sobre todo con las civilizaciones previas, con las que aquellos acabaron. Pero, aparte de su constatación, el autor no da ninguna explicación sobre esta posible carencia.

La teoría económica, una vez más, nos aporta elementos que pueden ayudar a comprender la ausencia de innovación en el imperio inca. Como es sabido, el emprendedor innova en el uso de los recursos con la finalidad de obtener los beneficios de la revalorización del recurso. Si no existe la posibilidad de obtener dichos beneficios, se desmotiva el espíritu innovador.

En la medida en que el imperio inca fuera intervencionista en la economía de los pueblos subyugados, se reducirían los incentivos a innovar de sus individuos, hasta desembocar en algo asimilable a una economía planificada y, por tanto, llamada a la ruina y la desaparición. Esto ocurrió en cuanto llegaron los españoles, por cierto, tras una historia que no alcanza los 100 años.

En resumen: ausencia de dinero, cobro de impuestos en forma de trabajo y desaparición de la innovación. Tres ladrillos que quizá deberían tenerse en cuenta a la hora de explicar la caída de un imperio como el Inca, cuyas obras podemos contemplar impresionados aún en la actualidad.

Las reducciones de tipos de interés perpetúan las depresiones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El valor presente de un activo, determinado por el descuento de sus flujos de caja futuros, aumenta cuando los tipos de interés de mercado bajan y disminuye cuando los tipos de interés suben. Entre los activos de muchos inversores destacan de manera prominente los créditos a tipo fijo, esto es, los préstamos de dinero a distinto plazo y con una rendimiento predeterminado que han efectuado a terceros. Así pues, la rebaja de tipos de interés también aumenta el valor presente de los créditos y su aumento lo reduce.

Sin embargo, los créditos tienen la característica especial de ser, al mismo tiempo, las deudas de otros sujetos –los deudores– de modo que también podríamos decir que con las reducciones de los tipos de interés de mercado aumenta el valor presente de la deuda y que sus aumentos lo reducen. Así, por el mismo criterio –el principio de prudencia valorativa– que contablemente provisionamos las reducciones del valor de los activos, deberíamos provisionar el aumento del valor de los pasivos tan pronto como se produzca. En caso contrario, los agentes estarán actuando bajo la hipótesis de que su capitalización es mayor de la que realmente es, favoreciendo su consumo inadvertido.

En forma abreviada, ésta es una de las contribuciones claves –y también más incomprendidas– de Antal Fekete a la ciencia económica. La práctica totalidad de los economistas o desconoce la teoría o simplemente se burla de ella. No entienden de qué manera las reducciones de los tipos de interés pueden perjudicar a los deudores si estos no necesitan liquidar anticipadamente su deuda (pueden ir amortizándola de manera periódica al tipo de interés fijo que se pactó al emitirla). Los tipos de interés de mercado, sostienen, sólo son de incumbencia para los nuevos deudores, para los nuevos demandantes de crédito o, en todo caso, para los antiguos deudores que logren refinanciar sus obligaciones al nuevo bajo tipo de interés de mercado.

Pero el argumento es idéntico a si tratáramos de defender por qué el valor de los activos debe incrementarse en el balance cuando lo haya hecho en el mercado y con independencia de que hayamos realizado o no esa ganancia. Que el inversor incremente el valor contable de los activos ante disminuciones de los tipos de interés no tiene por qué perjudicarle en nada siempre que en el futuro realice el activo al menos a ese incrementado valor. Los tipos de interés de mercado, podrían decir estos mismos economistas, sólo son de incumbencia para los nuevos inversores o, en todo caso, para los antiguos inversores que logren enajenar sus activos al nuevo bajo tipo de interés de mercado.

Es obvio, sin embargo, que algo falla en ambas argumentaciones. Que el incumplimiento del principio de prudencia valorativa no tenga consecuencias negativas siempre no significa que no las tenga nunca. Precisamente de ahí la prudencia: con tal de evitar las malas consecuencias nos olvidamos de las eventuales buenas.

Claro que, a mi juicio, la explicación que ofrece Fekete a su genial aportación está incompleta. Los tipos de interés sólo destruyen capital cuando los agentes se vean forzados o deseen amortizar anticipadamente su deuda, del mismo modo en que las depreciaciones de los activos sólo son de importancia cuando los agentes se vean forzados o deseen a liquidarlos. Por consiguiente, será necesario especificar cuáles serán esas circunstancias y si es verosímil que se den. Aquellos que conozcamos la teoría austriaca del ciclo económico, sin embargo, no lo tendremos muy difícil para identificarlas.

Durante largos períodos de tiempo, los agentes económicos van degradando su margen de crédito endeudándose a corto plazo e invirtiendo a largo. Asumen compromisos para entregar demasiado pronto más bienes futuros de los que realmente pueden llegar a producir debido a las distorsiones micro y macroeconómicas que genera su enorme apalancamiento a corto plazo. Llegado el momento del vencimiento de las deudas, pues, sólo hay dos caminos que seguir: o impagarlas o refinanciarlas. Mientras el margen de crédito de casi toda la sociedad no haya colapsado, la táctica de huir hacia adelante –ir endeudándose más y más para amortizar las deudas pasadas con incluso mayores promesas de bienes futuros– funciona. En estos casos, la relación entre progresivas reducciones de los tipos de interés y crecimiento –medido en términos de PIB– es bastante sólida: reduciendo los tipos podemos estimular la inversión y con ella el aumento de nuestras variables macro.

El problema es que, como sabemos, las distorsiones, los errores y los desajustes en la estructura productiva y en los balances privados van acumulándose con las sucesivas rebajas, hasta un punto en el que ni siquiera nuevos recortes logran estimular dosis adicionales de endeudamiento. En ese momento, la liquidación y el reajuste devienen inevitables y los agentes, en lugar de pretender sucesivos aumentos de su activo sufragados con aumentos de sus pasivos, buscan más bien lo contrario: reducir sus excesivos y desproporcionados pasivos liquidando su activo.

En este punto, las reducciones de tipos de interés –o su mantenimiento a niveles artificialmente bajos– no logran incentivar más inversión y, en cambio, sí acicatean la ralentización del ritmo de desapalancamiento, esto es, del ritmo de reajuste de los balances privados y de la estructura productiva. Si los acreedores esperan que los tipos de interés van a mantenerse bajos o descendentes durante mucho tiempo, su predisposición a revenderles sus créditos a los deudores disminuye muy notablemente. Al fin y al cabo, si los tipos de interés se mantienen bajos o decrecientes, el inversor que se desprende hoy sus créditos carece de alternativas de alto rendimiento en las que volver depositar su dinero, por lo que exigirá las correspondientes primas de valor presente a los deudores. A éstos, en cambio, les puede resultar más conveniente no amortizar anticipadamente su deuda y seguir con el esquema de pagos periódicos pactado desde un comienzo; justo lo que están haciendo hoy los bancos: atesorar dinero en lugar de destinarlo a amortizar su pasivo con coste financiero.

La destrucción de capital se consuma: dado que hasta que no se reorganice la estructura productiva no habrá nuevas oportunidades de inversión, la tesorería en la que vayan madurando los activos de los inversores apalancados será atesorada en lugar de reinvertida o empleada para amortizar anticipadamente las deudas. Debido a la estructura de tipos de interés artificialmente bajos, los agentes se ven forzados a pagar intereses sobre sus saldos de tesorería, algo totalmente absurdo pues a nadie le interesa demandar crédito para mantenerlo atesorado.

Esta adaptación de la teoría de Fekete nos permite, por un lado, comprender mejor fenómenos históricos como la Gran Depresión, caracterizada por unos tipos de interés estancados a la baja debido al abandono precipitado del patrón oro. Según Fekete, fue el abandono del oro lo que permitió mantener artificialmente reducidos los tipos de interés, retrasando tanto como fue posible el despalancamiento de la sociedad a costa de la recapitalización encubierta y sobre el papel de una banca quebrada. El mismo análisis podemos trasladarlo a la crisis japonesa de los 90 o a la Gran Recesión actual. La conclusión en todos los casos es idéntica: cuando la crisis deflacionista deviene inevitable –cuando se ha agotado el margen de crédito de la sociedad– la inflación y las reducciones de tipos de interés no son en absoluto formas de combatirla –ni siquiera de parchearla–, sino de perpetuarla.

Asimismo, la teoría de Fekete también nos permite darle la vuelta a uno de esos dogmas tan populares a los que se aferran los keynesianos: la trampa de la liquidez. De acuerdo con Keynes, cuando los tipos de interés a corto plazo ya se han reducido extraordinariamente para estimular la inversión privada, es muy complicado que reducciones adicionales conlleven nuevos incrementos de la inversión privada. Su razonamiento es en apariencia muy parecido al nuestro: si hay la más mínima expectativa de que los tipos de interés vayan a subir en el futuro, supondría un enorme error empresarial adquirir hoy unos activos que mañana van a reducirse muy sustancialmente de precio. Por ello, siempre que se esperen subidas de tipos –y cuanto más bajos estén éstos, más verosímiles y extendidas serán esas expectativas– los inversores preferirán atesorar el dinero antes que inmovilizarlo en activos a largo plazo.

Nuestra explicación, sin embargo, se diferencia en dos aspectos clave de la de Keynes. El primero es que, para el inglés, las expectativas relevantes en la trampa de la liquidez son las de los deudores –son ellos quienes se niegan a seguir endeudándose–; para nosotros son las de los acreedores: son ellos quienes exigen altos valores presentes por la deuda debido a que no esperan que los tipos aumenten en el futuro. El segundo es justo este último: Keynes considera que el signo de las expectativas que reprime el comportamiento de los agentes es el de que los tipos de interés van a subir en el futuro, mientras que para nosotros las expectativas contraproducentes son las que pronostican que los tipos de interés no van a subir en el futuro. Si se esperaran repuntes en los tipos, los acreedores podrían pactar con los deudores un precio presente por la deuda que fuera mutuamente beneficioso para ambos; si los tipos de interés se mantienen bajos, a ambas partes les interesa no amortizarla anticipadamente.

El error de Keynes fue, como es evidente, el de suponer una relación unívoca entre tipos de interés, inversión agregada y crecimiento. Si sólo podemos crecer cuando invertimos y sólo podemos invertir cuando se reducen los tipos de interés, el corolario lógico es que las expectativas de aumentos de tipos mantendrán maniatados a los demandantes de crédito y por tanto el crecimiento. Pero, gracias a la teoría austriaca del ciclo, sabemos que en ocasiones antes de volver a crecer hay que reducir la inversión agregada para reorganizar nuestra estructura productiva y los balances privados. En ese contexto –que caracteriza a las depresiones económicas– las expectativas de menores tipos de interés se traducen en un estancamiento del reajuste y, por tanto, del crecimiento futuro.

Cuanto nos quedaría por resolver es si es posible que en un mercado libre se forjen expectativas bajistas sobre los tipos que ralenticen el ritmo de desapalancamiento. Y la respuesta es que no: durante las depresiones la demanda de crédito se desploma, por lo que los tipos de interés se hunden de golpe. A partir de ese momento –y sobre todo si el público comienza a atesorar el oro fuera del sistema bancario– las expectativas son necesariamente a que los tipos de interés vayan subiendo conforme la demanda de crédito reflote y se tope con una oferta bastante rígida.

Es, por consiguiente, el sistema de dinero fiduciario con banco central el único capaz de mantener durante prolongados periodos de tiempo la expectativa de unos tipos artificialmente bajos. Sólo el banco central y el dinero fiduciario son capaces de generar ese clima al poder satisfacer la demanda de dinero mediante el incremento en su cantidad y al poder suplir la naciente demanda de crédito mediante la monetización de activos. Justamente la política monetaria que Keynes recomendaba como óptima en tiempos de depresión; justamente la política opuesta a lo que en realidad necesitan la economía y los agentes privados.

El debate sobre la prolongación de la recesión en EEUU

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El National Bureau of Economic Research norteamericano, a través de su Comité del Ciclo Económico, anunció esta semana que la actividad económica en Estados Unidos tocó fondo en junio de 2009, marcando así “el final de la recesión que comenzó en diciembre de 2007 y el comienzo de la expansión”. Un “final de la recesión” y “comienzo de una expansión” que tienen más de técnico que de realidad, según las percepciones de la gente, los analistas y diversos indicadores, como el elevado desempleo.

Sea como fuere, lo cierto es que la situación de la economía estadounidense no parece nada boyante. Esto es reconocido claramente por las autoridades, tanto por la Administración de Obama al proponer nuevos planes de estímulo fiscales, como la Reserva Federal, que prepara medidas adicionales de expansión monetaria. Ambas piensan que “deben hacer más” para asegurar que las cosas no vuelvan a descarrilar.

En este contexto, los analistas están debatiendo las causas del crecimiento anémico de los Estados Unidos y de la ausencia de una recuperación vigorosa. Como es habitual, existen diversas explicaciones, algunas complementarias pero otras contradictorias entre sí. Gran parte de estas diferencias se deben al diferente concepto de ciclo económico. En esta ocasión, me centraré solamente en dos de las explicaciones más comunes, dejándome en el tintero otras no menos importantes.

Por un lado, tenemos la interpretación de Paul Krugman –no me atrevería a decir que es la interpretación de los keynesianos, puesto que no creo que sean un bloque monolítico y homogéneo-, para quien los problemas en la recuperación y persistencia del desempleo se deben a la “falta de demanda”, lo que lleva a que las empresas sufran problemas de ventas muy bajas.

Con el rigor y la argumentación tan rica en matices que le caracterizan, afirma: “Las empresas no están contratando debido a las malas ventas, punto, final de la historia”. Frase que era seguida por un gráfico que mostraba la evidencia irrefutable de su postura. Y, por supuesto, por su sutil y siempre razonada recomendación de política económica: “lo mejor que el gobierno podría hacer para ayudar a las empresas sería gastar más, incrementando la demanda”. Por fortuna, las cosas no son tan fáciles como las pinta Krugman.

Robert Higgs, en cambio, se centra en aspectos diferentes en su diagnóstico de las dificultades de la economía norteamericana. La clave para entender la recesión actual y su extensión estaría en la profunda caída que sufrió la inversión privada doméstica y su muy lenta recuperación. El verdadero problema es que, como afirma este economista, “Sin una inversión privada neta (la dedicada a aumentar la capacidad productiva de la economía) sustancial, es impensable tener un crecimiento económico dinámico más allá del muy corto plazo”.

Entonces, ¿debería el gobierno incentivar con políticas públicas la inversión del sector privado, ya que éste no se anima? Nada más lejos de la realidad, sostendría Higgs, ya que son precisamente los policy-makers quienes, con sus numerosas, erráticas e imprevisibles intervenciones, están generando una elevada incertidumbre -adicional a la inherente del mercado, relacionada con la incertidumbre sobre los futuros impuestos y regulaciones, por ejemplo- entre los inversores, lo que les hace ser sustancialmente más precavidos a la hora de invertir a largo plazo. Es lo que Robert Higgs denomina “incertidumbre de régimen”, concepto que le sirvió para explicar la extraordinaria duración de la Gran Depresión.

La importancia de este debate es difícil de exagerar, y va mucho más allá del corto plazo y de las personas involucradas directamente en él, como señalaba hace ya casi dos años. En este sentido escribía recientemente el economista Mario Rizzo, que enfatizaba la importancia del momento actual -“que afectará a la disciplina de la economía y a las percepciones de la opinión pública en el futuro por un largo tiempo”- y lo comparaba con el que tuvo lugar en los años 30, durante la Gran Depresión y el New Deal.

En esa ocasión, triunfó por goleada la interpretación histórica keynesiana de ambos fenómenos, mientras que los pocos economistas austriacos que había en esa época quedaron diezmados. Según Rizzo, “Los austriacos fracasaron en el debate después de la Gran Depresión, dentro de la profesión económica, entre los intelectuales y entre los historiadores económicos”.

¿Fracasarán otra vez? Si bien se mostraba más optimista en esta ocasión, señalaba una “deficiencia crítica” entre los economistas austriacos, a la vez que lanzaba un reto para éstos: “Continuamos careciendo de trabajo empírico, en una escala suficientemente amplia, para convencer a otros economistas de que tenemos algo relevante que decir”.

Este trabajo empírico puede ser relevante para ganar el debate reseñado, si bien, como suele señalar Russ Roberts, la ideología u otros aspectos pueden hacer que para algunos cualquier evidencia empírica sea insuficiente o rechazada de forma prejuiciosa.

La lucha contra la corrupción

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Si realmente se quiere mejorar la función pública en una nación se necesita que las instituciones sean gestionadas con pulcritud e independencia. Para ello, deben minimizarse los casos de corrupción y prevaricación ya que deterioran gravemente el sistema democrático y, de modo especial, destruyen los valores morales que impulsan las sociedades más prósperas.

Ya vimos la importancia de las declaraciones patrimoniales y auditorías que, sin embargo, son papel mojado sin el concurso de la limitación de mandatos y las agencias anticorrupción.

La limitación de mandatos aplicada no sólo a los políticos electos sino también a sus altos cargos de confianza, introduciría una barrera normativa en contra de las redes clientelares que se forman entorno a las unidades administrativas públicas. Al igual que en todas las profesiones, existen buenos funcionarios que trabajan con honradez y profesionalidad, que hacen multitud de horas extras no remuneradas y que orientan su trabajo al servicio a los ciudadanos. Por ello, una renovación “efectiva” cada cuatro u ocho años dentro del Estado permite que entre aire fresco por los despachos y, al menos en teoría, complica la labor de los lobbies y grupos de presión.   

Por otro lado, también sería esencial que interviniesen Agencias Anticorrupción sobre aquellos funcionarios, directivos y políticos en los que se observase un crecimiento patrimonial “anormal” o una reiteración en actos administrativos “no ajustados a derecho”. Evidentemente, las instituciones anticorrupción no deben seguir los intereses de ningún político, sino que deben quedar bajo el ámbito de la justicia, como órganos auxiliares de investigación y toma de pruebas que permitan encausar a los delincuentes.

El Gobierno de los Estados Unidos destaca como factores críticos para el éxito de una agencia anticorrupción: la implementación de una estrategia comprensible que alcance a todo el sector público y no solo a Estado central, la independencia y un fuerte respaldo político. Como en todos los procesos de evolución de la estructura institucional, resalta la importancia de elegir bien el “momento constitucional” para implantar la agencia anticorrupción de manera efectiva y eficiente, con el apoyo político necesario para que se promueva de modo que funcione.

Pero, como muchos ciudadanos ya no confiamos en exceso en la actuación de los políticos, entiendo que sería mejor que las agencias anticorrupción pudiesen operar descentralizadas y tuteladas por juzgados especializados, en donde diversos jueces independientes se turnasen aleatoriamente en la dirección de las investigaciones como instructores. Claro que, para que funcionase dicha agencia con una dirección judicial en vez de política, sería preciso un poder judicial “realmente” independiente. Tampoco vendría mal que existiese a escala europea, aunque siempre bajo el control de jueces independientes.

Las agencias anticorrupción deberían estar orientadas hacia el control de los actos administrativos “dudosos” que afecten al presupuesto público pero, también, hacia la supervisión de las declaraciones patrimoniales al igual que ocurre en Estados Unidos. Su alcance podría ser incluso mayor, realizadas de modo aleatorio para que llegase a un porcentaje elevado de los funcionarios públicos en el transcurso de varios años, de modo preceptivo por las denuncias de los ciudadanos afectados y, antes del nombramiento de un alto cargo y, por supuesto, después de su cese.

Sin embargo, por su importancia para la calidad de la democracia, las agencias anticorrupción deberían también mantener controles sobre las auditorias internas llevadas a cabo por los técnicos de la Intervención General del Estado para asegurar que su labor alcanza por igual a todas las instituciones públicas (comunidades autónomas, Estado central, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos,…) y, contrasta en sus actuaciones el cumplimiento fiel de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, normas y contratos.

A modo de ejemplo, la U.S. Goverment Accountability Office ha revisado recientemente sus estándares para introducir mayores niveles de ética, independencia, juicio y competencia profesionales en las auditorias internas. En teoría, deben operar según los criterios y recomendaciones de la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), sin que los políticos puedan introducir variaciones legislativas “locales” que reduzcan a un mero trámite administrativo la labor interventora, dado que es un cuerpo funcionarial esencial para garantizar  la transparencia en la gestión de las cuentas públicas.

Sin embargo, asistimos a un espectáculo bochornoso de deterioro moral del régimen político en España con una casta político judicial que impide corregir fisuras normativas e instaurar instituciones que puedan mejorar la democracia a favor de los votantes.

Y es ahí donde radica el problema principal para lograr que las declaraciones patrimoniales, las auditorias internas, la limitación de mandatos o las agencias anticorrupción puedan ser implantadas algún día como barreras contra la prevaricación, la malversación y la corrupción generalizadas.

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La droga es lo de menos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La droga es lo de menos

Y, de repente, saltó la espita. El ex presidente del Gobierno Felipe González reclama ahora un acuerdo internacional para legalizar el tráfico de drogas tras ignorar este necesario debate durante los largos años que detentó el poder político. ¿Casualidad? Lo dudo. La violencia y los miles de muertos que cada año se está cobrando este negocio ilegal en México, unido a la estrecha colaboración que mantiene González con alguno de los grandes magnates del país, como es el caso de Carlos Slim, explicarían el repentino interés del ex dirigente por esta espinosa cuestión.

Pero, más allá de las intenciones no declaradas de González, lo cierto es que sus declaraciones han logrado reavivar, aunque sea temporalmente, el debate sobre la conveniencia o no de legalizar ciertas sustancias hasta ahora prohibidas, como es el caso de la heroína, la cocaína o la marihuana, por citar tan sólo las más demandadas y conocidas.

Como suele ser habitual, los férreos defensores del prohibicionismo han reaccionado de inmediato alegando que la legalización desembocaría en un aumento sustancial de la demanda y, por tanto, de los problemas de salud asociados a esta práctica. Sin embargo, los amantes del intervencionismo parecen olvidar que el consumo de drogas ilegales ha crecido de forma constante entre los países que lideran la denominada “guerra internacional contra el narcotráfico”. Asimismo, la legalización de la marihuana y sus derivados no se ha traducido en un crecimiento del consumo entre los holandeses.

Por si fuera poco, cabe recordar que el encarecimiento de drogas legales como el tabaco y el alcohol, así como las recientes restricciones administrativas para limitar su consumo, restringir su venta y prohibir su publicidad, han obtenido un rotundo fracaso. El número de fumadores no ha descendido y los jóvenes siguen practicando el “botellón” en las grandes ciudades de España cada fin de semana. Pese a ello, los prohibicionistas insisten en los mismos errores cometidos durante el reinado de la Ley Seca en Estados Unidos, sin prestar la más mínima atención a los graves problemas y a las decenas de miles de muertos que causa el comercio (violencia asociada al narcotráfico) y el consumo (sobredosis) ilegal de drogas cada año.

Sin embargo, más allá de los efectos que se derivan de la legalización o no de este tipo de sustancias, en el trasfondo de este debate subyace un elemento sustancial, un principio básico cuya vulneración desarma por completo la libertad y el derecho de propiedad de los individuos. Y es que, en este ámbito, la pregunta clave es la siguiente: ¿Es cada uno dueño de su propio cuerpo y, por tanto, propietario de sí mismo? De la respuesta a esta cuestión dependerá todo lo demás.

Si partimos de la base de que cada hombre es dueño de sí mismo, entonces, es libre de hacer lo que estime conveniente con su cuerpo siempre y cuando no dañe ni vulnere los derechos de propiedad del prójimo. Se daría entonces un ámbito de libertad en el que, por supuesto, se incluiría el consumo de drogas ilegales -y, por tanto, su venta-, al igual que sucede en la actualidad con sustancias tanto o más nocivas, como el tabaco o el alcohol. Por el contrario, los prohibicionistas niegan este derecho al impedir o limitar que un individuo consuma tales sustancias, bajo el absurdo e hipócrita argumento de que es malo para su salud.

Por esa regla de tres, tal y como sucede en la actualidad, el Estado se arroga la potestad para determinar la composición de ciertos alimentos, prohibir o limitar la venta de materias grasas y azúcares, restringir su venta o, simplemente, imponer los requisitos que estime en gana por “nuestro bien” (es decir, el suyo). Si uno no es dueño de sí mismo, el Estado puede dictar su vestimenta, su corte de pelo, su movilización y sacrificio en favor del “interés general” de su “líder” o su “nación”; podría determinar la conveniencia o no (exterminio) de su raza, de su aspecto físico, de su salud mental; y, así, sucesivamente, hasta la esclavitud… Y es que, si tu cuerpo no es tuyo, ¿a quién pertenece entonces? Las drogas son lo de menos. La cuestión es… ¿somos dueños de nuestro cuerpo o no?

Contra la expulsión de gitanos

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Desde julio de 2010, el Gobierno francés ha desmantelado al menos 51 campamentos ilegales y repatriado a 1.230 gitanos a sus países de origen. Sarkozy arguye que los campamentos eran fuente de “tráfico ilegal, explotación de niños para la mendicidad, prostitución y crimen, con miserables condiciones de vida”. Estas drásticas medidas, que algunos han comparado con las deportaciones de judíos por parte del régimen de Vichy, se han introducido después de que un grupo de gitanos atacara una estación de policía y vandalizara el pueblo de Saint-Aignan.

Los defensores de Sarkozy suelen contentarse argumentando que la iniciativa está perfectamente encajada dentro de la legalidad francesa. Los gitanos europeos no necesitan visado para entrar en Francia gracias a la libertad de movimientos reconocida por la UE; pero bajo las leyes de inmigración francesas, si al cabo de tres meses no pueden demostrar que tienen empleo, estudian o disponen de ingresos suficientes, pueden ser expulsados. Por tanto, cualquier comparación con políticas de deportación genocidas está fuera de lugar.

Pero este recurso al positivismo legal (“justicia es lo que dice la ley”) implica que no hay principios éticos desde los que enjuiciar la legislación vigente de forma independiente. Eso puede ser así para quienes no tienen otra moral que la que dicte (y revoque) el Estado en cada momento. Pero quienes tenemos convicciones liberales debemos poder tachar la legislación vigente de injusta si no se atiene a los derechos individuales. La libertad de expresión no es legal en Cuba y el adulterio está penado en Irán, pero a nadie se le ocurriría apelar a sus leyes escritas como prueba de que no están haciendo nada injusto. De modo que vayamos a enjuiciar estas medidas, legales, de expulsión de gitanos sin papeles.

¿Qué crímenes han cometido los gitanos de esos campamentos para que sea justo expulsarles del país? Desde un punto de vista liberal sólo cuentan los crímenes con víctima, y entre ellos no se incluyen ni la prostitución, ni el comercio de drogas, ni tampoco la ocupación de un terreno comunal deshabitado y de titularidad pública. Si hay gitanos que roban o vandalizan los pueblos vecinos, que se les expulse por eso, se les encierre entre rejas o se les fuerce a trabajar para la comunidad.

Los términos “inmigrantes ilegales”, “asentamiento ilegales” etc. son invenciones del Estado que no deberían ser aceptadas acríticamente. El Gobierno tiene su propia agenda y hace un uso interesado de las etiquetas. No hay razón para pensar que esta política de expulsiones tiene una motivación racista (no se está expulsando a todos los gitanos de Francia, sino a aquellos que no cumplen con determinados requisitos legales). Pero tampoco es razonable pensar que a Sarkozy le mueve el afán de justicia y no las ansias de captar votos derechistas exhibiendo una imagen de mano dura que en Francia tiene ahora rédito electoral.

La noticia entronca con el debate sobre la libertad de movimientos. Es difícil reconciliar una postura favorable a la libertad de inmigración con el respaldo a las expulsiones de gitanos. Cabe preguntarse qué sucedería en una sociedad libre donde no existieran fronteras políticas y se respetara escrupulosamente la propiedad privada. Se penalizaría a los inmigrantes que vandalizaran propiedad ajena, sin duda, pero ¿con qué derecho se les iba a expulsar de un terreno yermo que no era previamente de nadie?

La mayoría de los “campamentos ilegales” no están ni en fincas privadas ni en terrenos donde los contribuyentes pueden reclamar cierto derecho de propiedad por haber sufragado gastos de conservación o cuidado (como sería el caso de un parque). Tampoco estamos ante casos más problemáticos como el de una reserva natural o una zona de patrimonio histórico. Hablamos del mismo terreno baldío que en el viejo oeste: cuando el Estado apenas se arrogaba prerrogativas, se consideraba apto para ser colonizado. Lo contrario implica conceder al Estado un derecho de propiedad sobre todo el territorio no ocupado por particulares y empresas. ¿Cómo se justifica desde el liberalismo semejante derecho? Apelando al principio de apropiación lockeano seguro que no.

Chile: rentabilidad y seguridad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Ya atisbamos el final de este año 2010, un año extraordinario para Chile. En el plano político, porque el país se ha llenado de democracia al elegir por vez primera a un partido fuera de la Concertación, con Sebastián Piñera como cabeza del nuevo gobierno. En el económico, Chile ha sido reconocido como un país desarrollado por parte de la OCDE. En el plano social, el país se ha visto literalmente sacudido por una sucesión de seísmos de pavorosos efectos. Ha sido el año de Chile, y el año que viene tendremos que acordarnos de nuevo de él, porque se cumplirán 30 años de la reforma del sistema de pensiones que le ha convertido en un modelo para todo el mundo.

Recordemos que en 1981 el gobierno de Chile, en aquel momento todavía existía la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el sistema de reparto por otro de capitalización privado. La OCDE reconoce en Chile un país que ha crecido más de un 5 por ciento anual en las dos últimas décadas y que ha luchado eficazmente contra la pobreza. Este resultado no es ajeno al sistema de pensiones. Los salarios se fijan en función de la productividad y ésta crece a medida que aumenta el capital. El sistema privado de pensiones favorece la canalización del ahorro, mientras que el público destina las cotizaciones al consumo.

En los 28 años de experiencia del sistema chileno, la economía de aquél país ha pasado por momentos más y menos brillantes. Pero no se había visto sometida a una crisis tan brutal como la que ha vivido la economía mundial tras el 2007. En el año 2008 parecía que finalmente el sistema entraba en crisis. Los chilenos pueden invertir en cinco tipos de pensiones, desde la A, de perfil más arriesgado, al E, el más conservador.

En 2008 las rentabilidades fueron del -40 por ciento de media en los fondos A, -30 por ciento en B, -19 por ciento en C, -10 en D y -1 por ciento en E. La satisfacción de los críticos, eso sí, no ha durado más que un año, ya que las rentabilidades respectivas de los mismos fondos en el año 2009 fueron del 43 por ciento (A), 33 por ciento (B), 23 por ciento (C), 15 por ciento (D) y 8 por ciento (E). Las rentabilidades reales medias de 2002 a 2009 fueron del 4 por ciento en los fondos E al 9 por ciento en los A. En definitiva, el sistema se ha enfrentado a una dura crisis económica y financiera y la ha sorteado sin mayor problema.

La presidenta de Chile Michel Bachelet pidió un informe sobre una eventual reforma del sistema de pensiones en aquél país. La principal conclusión es que el sistema es muy rentable. No tanto como el 10 por ciento anual, dato que se da habitualmente. La rentabilidad media móvil de los últimos 10 años para cada fondo está en el 7,7 por ciento anual real. Este cálculo es relevante, pero es más importante para el trabajador cuál es la rentabilidad que obtendrá una vez descontados los costes de gestión de sus fondos. Esta rentabilidad neta cae de media móvil al 6,4 por ciento anual real.

Pero los costes de gestión se pagan con las contribuciones que se hacen cuando se percibe el salario, no se descuentan del saldo. De modo que para observar la rentabilidad verdadera hay que hacer un cálculo de lo que supondría para un trabajador a lo largo de toda su vida laboral, es decir la Tasa Interna de Retorno (TIR), contando con los costes de gestión a lo largo de todo el período. Como no hay una población suficiente de trabajadores que hayan estado cotizando desde 1981, el informe ha tenido que hacer una proyección, que arroja una rentabilidad real bruta del 6,8 por ciento y neta del 6,2 por ciento anual.

En definitiva, el sistema chileno es rentable y fuerte, mientras que los sistemas públicos son ruinosos y están abocados a la ruina. No hay elección posible entre los dos, porque la realidad ya ha tomado su decisión.

¿Acabará el desempleo en España?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En situaciones como la que vivimos en la actualidad, cuando un elevado porcentaje de la población desea trabajar y lleva varios meses e incluso años sin encontrar un empleo, resulta comprensible que pierdan la esperanza en salir de esta situación. Con tasas de desempleo que superan el 20%, mucha gente se pregunta si en España es posible solventar este problema o, por el contrario, nos encontramos ante un hecho estructural que a lo sumo podrá ser mitigado, pero jamás resuelto.

Dada la peculiaridad del caso español, se suelen buscar todo tipo de explicaciones para averiguar los motivos por los que nuestra situación difiere tanto con la existente en los denominados países de nuestro entorno, que tienen unas cifras de desempleo sensiblemente inferior y en los que la crisis no se ha dejado notar de manera tan acusada en el empleo. Así, resulta bastante común que se trate de buscar motivos en la competencia realizada por los productores asiáticos, a los que se suele culpar de emplear mano de obra en condiciones de casi esclavitud o a la paulatina sustitución del sector industrial español por empresas de servicios.

Quienes defienden estas causas suelen argüir que puesto y dado que la competencia exterior no es controlable, y que la industria no se levanta de la noche a la mañana, el desempleo español no tendría solución salvo que reduzcan los salarios a nivel de los países asiáticos, por lo que se trataría de elegir entre dos males: salarios ínfimos o desempleo. No obstante, dichas explicaciones y alternativas no dejan de ser insatisfactorias, ya que existen otros países donde la tasa de desempleo es sensiblemente inferior a la española, pese a que afrontan la misma competencia por parte de los países asiáticos, tienen un sector industrial inferior al español y sus salarios medios son muy superiores.

A la hora de estudiar las causas del desempleo, habría que pensar en primer lugar el motivo por los que se contrata a un trabajador. Una empresa contratará a un trabajador si percibe una oportunidad de negocio, cree que va a necesitar de más trabajadores y estima que será rentable. Dicho de otra forma, se procederá a realizar la contratación si los ingresos esperados de esta oportunidad de negocio superan al coste que le supone ponerla en marcha, incluyéndose en dichos costes el salarial. Por ejemplo, en una asesoría tienen la oportunidad de ampliar su cartera de clientes y contratan a un empleado para, por ejemplo, realizar las labores contables; sólo si el precio que pagan esos clientes supera al salario de dicho empleado, éste sería rentable. En caso contrario, la situación de la empresa empeoraría con respecto a la que tenía inicialmente y probablemente se rechace esta oportunidad de negocio. Ahora bien, el número de potenciales clientes dependerá de diversos factores, entre ellos, sin duda, la labor comercial que se realice. Pero también, de que el nuevo empleado pueda atender la carga de trabajo que esto supone. Si sus conocimientos contables son elevados, las herramientas informáticas fiables, su ritmo de trabajo le permite asumir dicha carga, sus compañeros tienen experiencia previa en dichas labores y le pueden apoyar, el número de clientes a los que podrá servir con satisfacción será elevado. Por el contrario, si apenas sabe distinguir el debe del haber, si el ordenador se bloquea continuamente o la aplicación informática no está preparada para aumentar el volumen de información contable que procesa, si no es capaz de servir a todos los clientes, si tiene que dedicar tiempo a labores ajenas a lo que demandan los clientes o si nadie en la empresa realizaba dichas labores para poder ayudarle en casos de duda, el número de clientes a los que se podrá atender con satisfacción será más reducido.

En este ejemplo se pueden ver cuáles son algunos factores que van a incidir en que se plasmen las oportunidades de negocio que requieran más empleados: la existencia de esas oportunidades de negocio, la formación del empleado, su motivación, las inversiones realizadas por la empresa (en este caso en equipamiento informático, pero en cada empresa es distinto), el saber hacer de la empresa, las cargas burocráticas y los costes de emplear a una persona, entre otros muchos. Así, incidiendo sobre estos factores es posible incidir, no sólo en las oportunidades de negocio que se presenten, sino también en aquellas que serán juzgadas como rentables y que requerirán una mayor mano de obra.

Por tanto, existen países cuyo empleo es alto porque presentan pocas barreras burocráticas y generan múltiples oportunidades de negocio, otros que tienen una acumulación de capital y de inversiones muy elevado, otros cuyos trabajadores adquieren un nivel formativo elevado, otros que tienen una tradición empresarial en determinados sectores y que dominan el saber hacer, y finalmente países que apenas presentan ventajas en los campos anteriores y que únicamente pueden competir por su bajo coste laboral. Lo más frecuente es que se presenten una combinación de factores y que incluso, dentro del mismo país, existan situaciones distintas.

Aunque no sea fácil pensar en una bajada del desempleo en momentos como el actual, es en estos puntos donde debe trabajarse para reducir la tasa de paro: crear un entorno estable donde se permitan las oportunidades de negocio, un marco legal estable que proteja las inversiones, que permita el desarrollo educativo, que no penalice los sectores tradicionales y los trate con neutralidad, al tener un saber hacer de muchos años, que reduzca las cargas burocráticas de forma que los empleados no tengan que destinar gran parte de su tiempo a realizar labores ajenas al negocio y que no penalice con excesivos cargas tributarias el empleo de mano de obra.

Las mordazas de Evo Morales

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El acoso al que está siendo sometida la libertad de expresión en los países iberoamericanos sometidos al chavismo y sus aliados es algo que, a no ser que se sufra una ceguera ideológica voluntaria especialmente grave, resulta evidente. Junto al caso extremo de Cuba, donde este derecho y muchos otros son papel mojado desde hace más de medio siglo, vemos que en varios países se avanza en la creación de leyes mordaza y otras medidas de diferente tipo. Se trata de un fenómeno cada vez más generalizado, que se reproduce en lugares como Venezuela, Argentina, Ecuador o Nicaragua.

Es, sin embargo, en Bolivia donde están teniendo lugar los episodios más graves de las últimas semanas en esta materia. En una sorprendente sentencia que otorga el derecho al honor a una entidad financiera, un tribunal de cuya independencia resulta lícito dudar condenó a casi tres años de prisión y prohibición de presentarse a las elecciones al ex presidente Jorge Quiroga por "difamación, calumnia e injurias al público Banco Unión". El fallo judicial resulta tan escandaloso que hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) ha salido en defensa del ex mandatario.

Por supuesto, el Gobierno de Evo Morales tiene la desfachatez de negar el sentido de la intervención de la OEA y el vicepresidente Álvaro García Linera llega a acusar a "Tuto" Quiroga de ejercer la "prostitución de la expresión". Todo esto resulta especialmente grave. Se utilizan las leyes de forma arbitraria para perseguir penalmente y tratar de impedir la candidatura de alguien que resulta incómodo para el mandatario indigenista. No es de extrañar, puesto que Quiroga no sólo es un destacado opositor al líder cocalero; es, además, una de las personas que con mayor firmeza y mejor análisis denuncia el expansionismo de Chávez por toda la región.

Siendo grave todo lo anterior, no es éste el único episodio preocupante para la libertad de expresión en la Bolivia de Evo Morales. El oficialismo ha logrado sacar adelante en la Cámara de Diputados  una norma (que todavía debe ser revisada en el Senado) que puede ser utilizada por el poder contra los medios con la excusa de combatir el racismo. La nueva ley, en caso de aprobarse su texto actual en las dos Cámaras parlamentarias, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento a todo "medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias".

Ante las protestas de los periodistas y propietarios de medios, además de las de la oposición, el Gobierno de Morales y los diputados oficialistas han respondido utilizando su táctica habitual. Negar sus intenciones y atacar a quienes se les oponen. Desde el gobernante Movimiento al Socialismo (MaS) se ha llegado a decir que las quejas son un "reconocimiento implícito" de que periodistas y opositores son racistas y discriminadores. Sin embargo, esto no es más que una excusa. El hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de redactar y aprobar el reglamento de desarrollo de la ley en cuestión es una buena muestra de lo que se puede esperar en este caso.

El Gobierno boliviano ha encontrado en una buena causa, la lucha contra el racismo, una excusa para recortar la libertad de expresión. Sin embargo, éste es un derecho que no debe ser recortado por el poder público ni aunque sea para tratar de impedir la difusión de las ideas más deleznables. La discriminación racial debe ser combatida por la propia sociedad civil, no mediante leyes mordazas. Y menos en casos como este, cuando el poder político ha demostrado que puede prostituir cualquier causa para ir afianzando un sistema con rasgos cada vez más totalitarios.

¿Aumentar la tributación a las SICAV?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Verdaderamente, la socialdemocracia llega a mermar las capacidades intelectuales de (muchos de) sus súbditos. Distorsiona el sentido común de maneras insospechadas. Si no, no es fácil explicar que la mayoría de la gente se crea que subir los impuestos a las rentas muy altas es una medida positiva para la economía y para el país en general.

Uno de los mayores ataques lo sufren las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV. Estos instrumentos de inversión han sido objeto de polémica casi desde su creación. Son instituciones de inversión colectiva que adoptan forma de Sociedad Anónima y que tienen por objetivo la captación de fondos de los accionistas, que invierten en la sociedad para gestionarlos y proporcionarles el mayor rendimiento posible. Se trata de una figura constituida para gestionar el patrimonio de los inversores con un nivel de activos elevado.

El punto más polémico es que estas sociedades, como el resto de las sociedades que gestionan fondos de inversión,  tributan al 1% en el impuesto de sociedades, lo cual supone una ventaja fiscal importante.

No les falta tiempo a los lumbreras económicos de los gobiernos y de múltiples medios de comunicación para proponer una subida del Impuesto de Sociedades a todas las instituciones de inversión colectiva, desde el 1% actual hasta el 18%. Esta medida, dicen, tendría un efecto recaudatorio de más de 15.000 millones de euros.

Esto no deja de ser wishfull thinking típicamente liberticida e intervencionista. La realidad es que el ser humano no permanece inmóvil e impasible ante un cambio de circunstancias en su entorno. ¿Qué significa esto aplicado a las SICAV? Pues simplemente, que los inversores, que son personitas de carne y hueso como usted y como yo, ante una subida espectacular del gravamen lo que van a hacer es evitar sufrirla. Por el comprensible hecho de que no desean que el gobierno de turno dilapide su fortuna en obras públicas y financiando a grupos de presión.

Estos pasos en falso de los gobiernos solamente empobrecen a sus poblaciones. Para muestra, un botón: recientemente supimos que el 70% de las grandes fortunas abandonan el País Vascodebido a la decisión del gobierno autonómico de elevar la tributación de las SICAV del 1% al 28% en el Impuesto de Sociedades. 65 de las 92 SICAV que había domiciliadas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava al inicio de 2010 se han registrado en otras comunidades, principalmente Madrid. Unos 420 millones de euros han dejado el País Vasco. Y se estima que para finales de año, las 27 sociedades que quedan en el País Vasco también hagan las maletas y abandonen la región.

Así que no solamente no va a aumentar la recaudación, sino que no se va a recaudar prácticamente nada a muy corto plazo por la huida total de estas sociedades. Con el consecuente impacto en términos de riqueza, crecimiento económico, bienestar y empleo. Es así de sencillo. Las decisiones políticas afectan a la forma de invertir. Pura lógica de la acción humana.

Ante esto, Patxi López no sólo no ha reconocido el error garrafal que esta medida supone, sino que no le ha faltado tiempo para pedir al Gobierno central que extienda al resto de España la obligación de la SICAV de tributar al 28-30%. Que es lo mismo que pedirle a Zapatero que haga que todos los grandes patrimonios se lleven sus SICAV de España al extranjero en pocos meses. Especialmente a Luxemburgo e Irlanda, países con mejor fiscalidad y mayor flexibilidad en cuanto a regulaciones.

Hay quienes, entendiendo y compartiendo lo expuesto anteriormente, comentan que la diferencia impositiva entre las SICAV y otras sociedades supone un trato preferencial para las primeras, lo que resultaría ser una injusticia para las segundas.

Yo comparto la demanda de que a todas las sociedades se les aplique el mismo rasero, es decir, que tengan el mismo trato fiscal. Pero esto, bajo mi punto de vista, debe implicar bajar la tributación a las demás sociedades hasta el 1%, no subírsela a las SICAV hasta el 30%.

Claro que antes de plantearse esto último, ya sabemos que los políticos prefieren hablar de “ataques especulativos” y conspiraciones de los ricos, cuando en el fondo el único ataque que se produce es, simple y llanamente, un ataque político contra el dinero y la libertad de las personas.