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Sacerdotes de hoy y de siempre

Durante la educación elemental consiguen grabarnos a fuego la maldad intrínseca del sistema piramidal y los estamentos del Antiguo Régimen, en contraposición a las conquistas democráticas que pusieron los modelos de las organizaciones políticas que hoy sufrimos. Sin duda un éxito de la propaganda revolucionaria, primero, y marxista, más tarde.

Una aproximación crítica, en cambio, debería, cuando menos, poner en duda que el hombre lograra subvertir aquella pirámide y romper las cadenas roussonianas que le impedían ser libre. No hubo liberación, sino más bien sustitución. Los privilegios, en lugar de abolirse, han llegado a ser el monopolio de una casta que no admite competencia. La pirámide, en lugar de derruirse, fue simplemente reestructurada y ocupada por otros. Ya no hay estamentos, sólo clase política y ciudadanía pasiva.

Éste es un proceso que ha corrido parejo a la estatalización de la política, un paso más en la eliminación de contrapesos que terminaban por fin con la poliarquía medieval al haber concentrado primero todo el poder en la monarquía absoluta y que, al sacralizarse hasta el actual Estado democrático, convierte al gobierno-legislador en una apisonadora sin que haya ningún otro poder interno capaz de desafiarlo. Finiquitada la última barrera al despotismo, que era el sometimiento de los soberanos a un derecho divino que, sin asegurar su recta conducta, según Madariaga, “implicaba responsabilidad ante Dios, la más exigente de las responsabilidades”, ya no quedarán estamentos pero sí privilegios. La nueva clase política concentra los privilegios anteriores y los concentra en sus manos, basando la nueva pirámide en las prebendas que recibirán los ciudadanos-súbditos en forma de derechos, derechos que no les pertenecen a ellos en tanto que hombres, sino sólo como ciudadanos. Y todo lo que se da pero no pertenece por derecho propio puede ser arrebatado con la misma facilidad.

Así pues, la clase gobernante es ya una casta de privilegiados que no solo controla y gestiona instituciones de gobierno sino que también toma las riendas del ordenamiento moral de la sociedad. La religión es enemiga del buen ciudadano que sólo puede guardar una lealtad, la del Estado. La democracia como fin y no como proceso es la nueva religión y los sacerdotes no son ya un estamento diferenciado sino los mismos políticos.

La función sacerdotal ha permitido a lo largo de la Historia mantener diferentes órdenes sociales, un lenguaje propio sólo apto para los iniciados, para interpretar una realidad que sólo ellos entienden y en la que el resto de ciudadanos deben confiar con fe ciega. Se trata de una realidad tan antigua como el mismo ser humano, desde los brujos que controlan la tribu por su comunión con los antepasados, pasando por la opacidad monacal de la Edad Media hasta esta nueva religión laica. Cambian los dioses pero se siguen necesitando intérpretes, sólo que en el actual momento de teórico progreso y avance de la civilización los nuevos sacerdotes pueden legislar sobre lo público y lo privado, sobre lo terrenal sin ningún tipo de límite, salvo la ciega confianza en la democracia, que en Weimar demostró ser incapaz de sobreponerse a la tiranía.

La selección de las elites basada en una meritocracia controlada por el escrutinio público es una fantasía allí donde la democracia es prácticamente ilimitada y no existen controles constitucionales capaces de frenar el despotismo del poder. Los méritos se reducen en el populismo a conseguir enamorar a la ciudadanía y una vez conquistado el poder se puede hacer cualquier cosa con el único límite de la propia conciencia, lo que en muchos casos es insuficiente. Dentro de la nueva élite sacerdotal el acceso es limitado, solo quienes no desafíen los dogmas impuestos pueden acceder al episcopado democrático y convertirse en los intérpretes máximos de la Ley, por encima de tradiciones y tribunales de justicia.

Esto es, de hecho, el resultado buscado o imprevisto de cualquier intento de reorganizar la sociedad de una forma centralizada; la consecuencia imprevista por las buenas intenciones que prometen el paraíso en la tierra y lo más que consigue es crear purgatorios terrenales en los que los impíos de la religión cívica deben reconvertirse y obtener el perdón de los vicarios de la democracia en la tierra.   Pese al paso del tiempo y diferencias, son los sacerdotes de hoy y de siempre.

Las amistades del abuelo de Darwin

La idea de la evolución es antigua. No obstante, la visión del mundo y de la vida que predominó desde los tiempos de Aristóteles fue estática (fijismo). El paradigma empezó a cambiar lentamente en el siglo XVI y, sobre todo, a partir de mediados del siglo XVIII.

Erasmus Darwin, abuelo paterno del célebre naturalista, fue un notable médico que sentía pasión por todo ser viviente, la poesía y los inventos. Fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Lunar, un grupo de científicos (generadores de conocimiento) e industriales (adaptadores de conocimiento) que discutía sobre la tecnología y sus aplicaciones. Formaban parte de dicho club muchos ilustrados ingleses de los condados centrales de Inglaterra en torno a la ciudad de Birmingham. Pese a que la Ilustración inglesa no tuvo el brillo de la francesa o la profundidad de la escocesa fue un eje vital y práctico para unir la Revolución científica y la posterior Revolución industrial.

Erasmus escribió al final del XVIII un trabajo científico denominado Zoonomia que anticipaba la teoría lamarkista de la evolución biológica (que luego se revelaría falsa) y mostraba su idea de que toda vida orgánica provenía de un solo y mismo filamento viviente.

El médico Sr. Darwin estaba familiarizado con el pensamiento evolucionista gracias a su amistad con el juez y lingüista James Burnett, Lord Monboddo, ilustrado escocés conocido por ser el fundador de la moderna lingüística comparada y también por sus análisis de la evolución lingüística y el cambio adaptativo de la capacidad de los humanos para el lenguaje (tenía Burnett, además, una extraña obsesión con la relación del hombre y los primates).

Mantuvo el abuelo de Darwin asimismo una prolongada relación de amistad con Benjamin Franklin; ambos compartían apoyo por las revoluciones americana y francesa de su época y ambos visitaron Edimburgo (la “Atenas del Norte”) y mantuvieron una fructífera correspondencia con muchos de sus eruditos de allí. Como Franklin, la mayoría de los integrantes de la Sociedad Lunar, y en especial Erasmus, se opusieron al inmoral comercio de esclavos.

Otro miembro de la ilustración escocesa con el que también trabó estrecha amistad fue James Hutton, padre de la moderna geología, quien primero sugirió junto a John Playfair que la tierra fue configurada por fuerzas tectónicas de movimientos lentos durante enormes periodos de tiempo que seguirían operando en la actualidad. El geólogo inglés del siglo siguiente Charles Lyell, influyente amigo de Charles Darwin, refinó dicha teoría con numerosas observaciones plasmadas en su obra Principios de Geología, obra de cabecera del nieto Darwin durante su periplo por el Beagle. Por cierto, el geólogo James Hutton fue amigo íntimo de David Hume y de Adam Smith cuyas obras sobre la naturaleza y sentimientos humanos Erasmus conocía sobradamente (lo mismo que su nieto).

Tanto el iluminismo escocés como el inglés, a diferencia de sus coetáneos franceses, no buscaron crear con sus teorías y observaciones un nuevo mundo (creacionismo social) sino únicamente descubrirlo y entenderlo. Sin mostrar una confianza desmedida en la razón llegaron a conclusiones sorprendentes, tales como que los humanos son criaturas de su entorno en permanente dinamismo o que muchas de las costumbres e instituciones sociales que habían hecho progresar al hombre surgieron, paradójicamente, de forma espontánea en el curso de la acción humana, no de su designio intencional. La misma mente, siendo producto del cerebro, no era causa de la evolución o proceso social sino más bien su efecto.

El hombre es efectivamente un ser intencional pero la evolución (tanto biológica como cultural) carece de propósito o de dirección. Aunque ambas sean muy diferentes entre sí, son las dos naturales. La actual teoría de la evolución biológica fue concebida por el nieto de Erasmus y, por ignorarse en su época las leyes de la genética, hubo de completarse más adelante (aún así, sigue plenamente vigente). La actual teoría de la evolución cultural, por su parte, se asemeja –según Hayek- curiosamente al lamarkismo y la dedujo el extenso círculo de amigos del abuelo Erasmus mucho antes que Darwin.

Erasmus escribió al final de su vida un largo poema sobre la evolución conocido como el Templo de la Naturaleza que traza la progresión de la vida desde los microorganismos a la sociedad civilizada. Dicho poema, publicado póstumamente en 1803, fue originalmente titulado El Origen de la sociedad.

Darwin no lo tuvo tan difícil.

¿Qué haría Ahmadineyad sin Israel?

El encuentro entre Abbas y Netanyahu de este mes de septiembre era esperado y deseado desde hacía tiempo. Primero retomaron las conversaciones indirectas y, finalmente, se encontraron en Estados Unidos. La administración demócrata de Obama ha sido una de las grandes valedoras de que así haya sido, consciente el de Illinois de que su bagaje internacional, Premio Nobel al margen, es más bien deficitario. Además, en un buen número de ocasiones la diplomacia norteamericana ha ido por detrás de los acontecimientos, por ejemplo en el caso de Honduras.

El mandatario árabe y el israelita fueron cautelosos tanto en sus declaraciones previas como en los análisis de lo que aconteció en las conversaciones. En Israel, Netanyahu es más optimista que Lieberman. Razones para la desconfianza no le faltan al Ministro de Exteriores, cuyo pesimismo avalado por los hechos suele ser empleado para desacreditarlo. Sin embargo, la historia está ahí y tiende a repetirse.

En efecto, poco antes de iniciarse el diálogo, Hamas llevó a cabo una masacre que costó la vida a numerosos ciudadanos de Israel. El objetivo de esta acción era claro: frenar cualquier intento de normalización en la región. Si finalmente se logra la paz, la razón de ser para Hamas y su futuro económico no tendrá lugar, es decir, dejará de “administrar” las cuantiosas cantidades que en forma de ayuda para el desarrollo tan generosamente le llegan.

La comunidad internacional reaccionó condenando el atentado y lo hizo con un vigor mucho mayor que las opiniones públicas occidentales. Por desgracia, el gobierno de Tel Aviv se ha acostumbrado a que así sea. En agosto, el ataque sufrido por sus soldados a manos de Hezbollah “pasó desapercibido”, pese a que la ONU dio la razón a Israel. Si el veredicto de Naciones Unidas hubiera sido el contrario, el “todos a la calle” se habría convertido en la consigna y el calificativo de genocida el otorgado a quien no comulgara con “la versión oficial”. Sin embargo, el enaltecimiento del terrorismo que hizo Hamas no encontró repulsa en forma de manifestación solidaria con Israel.

Tras el atentado cometido Hamas, apareció en escena el que faltaba y al que nadie había invitado: Ahmadineyad. El iraní echó gasolina al fuego y de nuevo amenazó con borrar a Israel del mapa. Una vez más, y eso es lo triste, las bravatas de este vulnerador sistemático de derechos humanos han quedado impunes. Nos estamos acostumbrando a aceptar y dar por bueno todo liberticidio procedente del régimen de Teherán. Las elecciones del 12 de junio de 2009 refrendan esta tesis. La oposición política y civil aún sigue reclamando justicia y la mayor parte de ella lo hace desde las cárceles.

Sin embargo, las amenazas vertidas por Ahmadineyad no le sirven para ocultar la realidad de los hechos, especialmente en lo que al contexto doméstico se refiere, cuya depauperación va en aumento y donde los derechos humanos y libertades fundamentales son una utopía.

Así, a los problemas económicos de la población iraní, especialmente de aquellos sectores que no comulgan con el integrismo religioso de los Ayatolás, se une ahora que la comunidad internacional está pendiente de lo que pueda pasar con Ashtiani, condenada a la lapidación tras un juicio-farsa. Antes ya había recibido 99 latigazos. Todo ello sin olvidar que su abogado defensor, ante las presiones y amenazas sufridas, hubo de huir del país teniendo Noruega como destino. Hasta ahora, la mediación internacional no ha surtido efecto. Lula y Amorim intentaron de convencer a Ahmadineyad de lo erróneo de sus planteamientos sin éxito alguno.

Siguiendo con las dificultades, la OIEA desconfía de los supuestos fines civiles del programa nuclear y el líder de la oposición, Karrubi, ve como la Guardia Revolucionaria asedia su casa. Lo dicho, la paz en Oriente Medio se convierte en el principal enemigo para Ahmadineyad.

Sangría para todos

La previsible subida de impuestos está al caer. Nuestro Gobierno, maltrecho en credibilidad, no sabe cómo hincar el diente en la yugular del ciudadano. Pero, no lo dude, antes o después, lo hará.

A pesar de lo incómodo que resulta el traqueteo informativo, los “ahora sí, ahora no” del Gobierno respecto a las medidas económicas, primero anunciadas, luego esquivadas, este comportamiento tiene su objetivo. El primero, desde luego, marear al personal. Y lo han conseguido con creces. Pero, además, es el típico juego de despiste de la enfermera que te va a poner una vacuna dolorosa y te da unos golpecitos antes en plena vena. La idea es despistar la atención del paciente para que la inyección duela menos. Pues igual. Que recorto. Que no recorto. Que subo los impuestos. Que no. Bueno, mejor sí. Y cuando estemos más despistados, nos endiñan una subidita.

Los sufridos pacientes, que ya nos la sabemos, generalmente le pedimos a la enfermera que ataque a la de tres y se deje de tonterías que ya aguantamos nosotros el dolor, que a estas alturas ya sabemos. Lo sorprendente es que la sociedad no exige a los gobernantes que no amague y se retire, y menos con el dinero de todos. Es decir, no hay algaradas en las calles, ni protestas exigiendo la dimisión de nadie. Y mira que hay motivos. Corbacho se va por la puerta grande, tan grande como el boquete de paro que deja tras de sí, para ser candidato socialista en Cataluña. Y todos mirando.

Estas reacciones de la manada, este instinto de rebaño, no es nuevo y está en la vanguardia de los estudios del comportamiento económico y político.

Cuando la gente piensa que la información a la que tiene acceso es insuficiente se dispara el bandwagon effect, según el cual, las decisiones individuales se toman observando lo que hacen los demás: si ves que A es la opción mayoritaria, simplemente la adoptas sin tener en cuenta evidencias ni creencias personales, te subes al carro. De manera que las conductas se generalizan a medida que las modas pasajeras y las tendencias lo hacen. Este comportamiento puede acabar en la elección de la opción menos deseable para el conjunto. Amos Tversky, Daniel Kahnemann y Vernon Smith (todos con un Nóbel de Economía en su haber) son tres de los investigadores que han estudiado cómo afectan estos aspectos de la toma de decisiones grupales a las finanzas.

Y así, la idea de que subir los impuestos es necesario para salvar a los parados, eliminar desigualdades (injustas, no se olviden, siempre injustas) y “curar” al país de todo mal, va acompañada de ejemplos de otros países, a los que supuestamente queremos parecernos, que han subido los impuestos. No importa que todos sepamos que cada caso es distinto, que nuestro paro es inigualable, que nuestro sistema productivo es el que es, que nuestras empresas son principalmente pequeñas y medianas y que la mayoría de nuestro tejido empresarial está integrado por autónomos. Nada, todos lo mismo. Viva la igualdad… pero págala tú.

La metáfora médica no se restringe al comportamiento enfermeril. En general, los gobiernos se autodefinen como los médicos, los que poseen la cura milagrosa, los que van a extirpar esos activos tóxicos y van a sanar el sistema financiero. Y tienen razón. Lo malo, sobre todo para nosotros, es que son médicos de otras épocas. Ya desde la Antigüedad se usaban sanguijuelas para sanar, pensando que las sangrías, es decir, la extracción de sangre con fines terapéuticos, era lo mejor. La gente solía morirse desangrada, pero sin dolor. Como la saliva de la sanguijuela contiene un anticoagulante, un anti cicatrizante, un vasodilatador y un anestésico, uno no se enteraba de que le estaban matando, simplemente se sentía cada vez más débil.

De la misma forma, nuestro Gobierno nos unta con anestésicos locales para que no nos demos cuenta, pero el sistema económico está tan débil que no puede con su alma. Y lo que le queda. La próxima subida de impuestos, la vendan como “sólo para ricos” o como “purga Benito”, va a empobrecernos a todos. Los “ricos” que no se han llevado ya el dinero fuera de España, no van a estar en disposición de crear empleo. Y no se trata de las grandes empresas, ésas probablemente han tenido tiempo y recursos para esquivar el golpe. La cura va dirigida a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios. Les van a sangrar, y no solamente a ellos, la medida nos va a salpicar a los demás. A grandes males, grandes remedios. Y este gobierno ha decidido lo que necesitamos: sangría para todos.

Las primarias no resultan… en España

Un atractivo espectáculo es el que ofrecen Tomás Gómez y Trinidad Jiménez compitiendo por la candidatura autonómica del PSOE de Madrid. Quienes apoyan esta buena opinión acerca de las elecciones primarias en los partidos políticos suelen acudir, además, al argumento de la competitividad como elemento positivo. Son dos argumentos, el democrático y el competitivo, que aportados simultáneamente parecen apoyar la bondad de las urnas pero que en un sistema constitucional como el vigente en España resultaría tan dificultoso de implantar como estéril en sus resultados. Lo democrático, teniendo en cuenta el mito predominante según el cual todo lo elegido es bueno, se une, en esto de las primarias, con la carrera competitiva, según la cual todo lo que triunfa en una pugna reglada es lo excelente. Al simplismo de esta argumentación se une la coletilla del ejemplo constitucional donde las virtudes de las primarias se perciben cada cuatro años: los Estados Unidos de América.

Vamos a dar por bueno el aserto de que las primarias al estilo americano son positivas y un ejemplo de democracia y, por ello, culmen de la excelencia. Damos por bueno también que la competitividad intrapartidaria en América concluye en la elección del mejor. Ambas afirmaciones tienen puntos discutibles pero, como supuesto del que partir, se pueden aceptar.

Lo que, por el contrario, no parece ya admisible es que trasplantar el sistema de las primarias a los partidos españoles haya de tener los mismos efectos que en los EE UU. Una de las dos diferencias que lo refuta está, justamente, en los modelos de partidos, muy diferentes, a ambos lados del Atlántico. La otra reside en el muy distinto papel que tales partidos políticos desarrollan en sus respectivos sistemas constitucionales.

Los partidos políticos españoles y, por extensión, europeos continentales, son los principales ejes de la vida política. Su estructura interna está formada por una pirámide orgánica, funcionarial y formal de carácter permanente. Su actividad interna es intensa, monopoliza la vida política de manera ininterrumpida entre elección y elección y su vida interna es, por tanto, jerárquica. El jefe del partido controla férreamente la organización y es el candidato usual a la jefatura del gobierno.

A diferencia de este modelo, los norteamericanos no ve a los partidos más que en periodos electorales porque no son los que estructuran la vida política; son, casi exclusivamente, clubs que organizan la selección previa de candidatos. Ante cada cita electoral los partidos Demócrata y Republicano resurgen una y otra vez sin haber tenido una actividad orgánica previa que posicionara a nadie como líder y su organización apenas puede servir de mecanismo selectivo. Nada que ver con los partidos en España.

No obstante, si alguien estuviera tentado en intentar trasplantar este modelo de partidos mínimos a nuestro sistema constitucional, habría que explicarle cuál es la razón, suprema razón, que lo impediría y que, en caso de llevarse a cabo, frustraría toda esperanza de que las primarias aquí fueran un ejercicio de democracia y de selección de los mejores.

No es casual que los partidos, en cada sistema, sean como son. El sistema político norteamericano es, por sí mismo, legítimo; no necesita de los partidos para canalizar la adhesión de los ciudadanos. La regularidad inalterable de sus citas electorales, la invariabilidad de sus ritos y símbolos, el apego a la Constitución, el culto a los hitos fundacionales y a los padres de la patria, la solidez, en suma, de sus instituciones democráticas y de las encargadas del control de sus excesos no precisa principalmente de los partidos. Los norteamericanos, desde los inicios de su nación, son, ante todo, ciudadanos venerantes de un sistema en el que creen porque lo llevan practicando casi sin interrupción durante más de dos siglos.

Al contrario, España y la Europa continental han sido escasamente creyentes en el sistema democrático-liberal durante ciento cincuenta de los mismos doscientos años en que los norteamericanos sí lo fueron. Los europeos han sido partidarios de sus partidos ideologizados y de los presidentes y secretarios generales de éstos antes que de ningún sistema constitucional y democrático. Han escrito y derribado constituciones sin número por impulsos revolucionarios y contrarrevolucionarios y solamente la brutal derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial ha podido lograr que los partidos políticos hayan abrazado el credo democrático durante los últimos ¡sesenta años! En España hizo falta para ello una guerra civil, cuya secuela franquista reduce a la mitad esa cifra. Y, hasta para ser demócratas hasta la médula, los europeos, y aún más los españoles, necesitan a sus partidos. La competitividad es, esencialmente entre partidos rivales, nunca entre candidatos del mismo partido pues la rivalidad entre éstos desencaja completamente el concepto mismo de partido a la europea.

Los partidos norteamericanos no son partidos permanentes ni jerárquicos porque no son pilares del sistema. Los de aquí sí lo son, por desgracia. ¿Qué sucedería en caso de trasplantar el sistema de primarias al PP, PSOE, UPyD, etc.? Pues que no habría más remedio, para sostener la integridad interna de esos grandes estructuradores de la democracia española, que introducir restricciones en esas elecciones internas. Sin duda, esto no es muy positivo o halagüeño, pero es la realidad.

La rigidez de los partidos en España es, sin duda, un lastre para el desarrollo y la mejora de los modos de gobernar y para las actitudes ciudadanas, pero la responsabilidad no está tanto en los partidos como en la fragilidad de las propias instituciones constitucionales. Y más de treinta años con un sistema educativo sectario y sectarizante no han hecho avanzar, sino al contrario, esa adhesión. Pero ese es otro tema.

Responsables

Según el Instituto Ethos, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE) es:

 “Una forma de gestión que define la relación ética y transparente entre la empresa y todas las partes interesadas con las que se relaciona, y los objetivos de negocio para impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación”.

Si siguiéramos nadando en las muchas descripciones que se dan sobre RSC, encontraríamos que en casi todas se repite de alguna manera la implicación de la empresa en el desarrollo social y en el cuidado del medioambiente, asumiendo voluntariamente una ética pública que aplicaría en sus actividades empresariales y extraempresariales. Todo esto suena bien: voluntario, solidario, sostenible, medioambiental, social. Cómo no iba a sonar bien si repite de manera sistemática buena parte de los mantras de la progresía, buena parte de las ideas más exitosas del intervencionismo. Es tan exitoso y tan políticamente correcto que pronto podría dejar de tener carácter voluntario para tenerlo obligatorio. Cualquier excusa es buena para desarrollar sistemas de ingeniería social como un “código ético” empresarial universal.

La empresa, la gran empresa sobre todo, asume su papel de malo y pide perdón a través de una actividad que conlleva el uso de capital y recursos que podían dedicarse a otros aspectos mucho más productivos. Porque nadie se confunda, la RSC es una “devolución”. Como se indica en el informe de la Caja de Ahorros del Mediterráneo:

“Devuelve a la sociedad un alto porcentaje de sus beneficios, a través de Obras Sociales”.

La actividad principal de una empresa es ganar dinero. Desde luego que a la empresa le interesa que la sociedad sea cada vez más rica, porque cuanto más lo sea, mayor renta tendrán los ciudadanos y habrá mayor demanda de sus bienes y servicios lo que redundará en su beneficio. La empresa ya tiene su propia “misión” social, descubrir desequilibrios y demandas y satisfacerlas. La empresa no debe “devolver” nada a la sociedad porque nada ha tomado, sino que ha habido un doble beneficio. El cliente tenía un dinero que por sí mismo no le servía de nada y ha obtenido el beneficio del producto o servicio que ha adquirido.

La RSC es un batiburrillo de actividades donde la cultura, la sostenibilidad, la inserción laboral, la igualdad de género, el patrocinio deportivo, la lucha contra la corrupción o la defensa del medio ambiente se mezclan con la necesidad de promoción de la propia empresa, con la de adaptación a los usos sociales y políticos, con la de una fiscalidad menor -si supone una reducción de impuestos-, con la adaptación a las políticas públicas estatales o a la presión de determinados lobbies. Es un conjunto de actividades y conductas que podría ser atributo de los individuos de la sociedad, de otras empresas, que lo convirtieran en fuente de beneficios, o de otras instituciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, pero no necesariamente de la empresa que las implementa.

El problema surge de que durante décadas un Estado cada vez más gigantesco ha ido asumiendo una serie de competencias que por una u otra razón ahora no puede o no quiere desarrollar y que ha decidido trasladar a las empresas aprovechando la idea intervencionista, anticapitalista y totalitaria de que su beneficio es la pérdida de sus clientes que pagan precios abusivos. Una idea que implícitamente asume que el ciudadano es básicamente idiota, que no sabe lo qué quiere y que es engañado cuando paga un precio por un producto o servicio. Una idea que hace suya la empresa por simple supervivencia o porque sus gestores han decidido incluir voluntariamente la ideología dominante en su actividad.

El totalitarismo democrático: Hayek, Mises y el color de mi coche

A pesar de que soy aficionado a los toros (tengo un abono en Las Ventas desde hace más de una década) he seguido con bastante despreocupación la aprobación en Cataluña de una Ley que prohibirá los espectáculos taurinos a partir del 1 de enero de 2012. No creo que sea algo especialmente grave ni para la fiesta ni para los catalanes, que ya hace tiempo dejaron de acudir a las plazas de sus pueblos y ciudades. La supresión de la docena de corridas que se dan cada año en Barcelona no dañará a los toros ni la mitad de lo que lo hacen los neotaurinos, que han encumbrado al medio-toro y al cuarto-y-mitad-torero en las últimas décadas y le han quitado al espectáculo gran parte de su atractivo. Además, muchas otras libertades mucho más importantes que ésta se han cercenado en Cataluña y en el resto de España sin que haya habido tanto revuelo.

Entre los que defendían los toros se han dado fundamentalmente dos tipos de argumentos: los culturales (estética, tradición, relevancia económica, turismo,…) y los anti-prohibicionistas (que el que quiera vaya a las corridas y el que no quiera no vaya). Sin embargo a ninguno he oído proclamar lo evidente: que el Parlamento de Cataluña no tiene derecho a decidir si debe haber o no espectáculos taurinos. El problema no es que el resultado de la votación sea “no a los toros”: el problema es que se haya votado.

Pensando en todo esto recordaba una cita de Mises en Gobierno omnipotente en la que afirmaba con su habitual precisión que “las mayorías no están menos expuestas al error y al fracaso que los reyes y los dictadores; el que la mayoría crea que una cosa es verdad no prueba que lo sea”. Quién vivió tan de cerca el nazismo sabía de lo que hablaba cuando pedía limitar a los gobiernos elegidos en las urnas.

En el último siglo, estamos viviendo una deriva hacia lo que podría denominarse como totalitarismo democrático. Se ha llegado a la conclusión de que una decisión tomada por una mayoría (o por sus representantes) es legítima per se, sin que nada ni nadie pueda oponerse a ella. Así, la democracia, que nació como un medio de protección de las minorías, para que cualquiera pudiera ejercer su libertad de opinión, religión o movimiento, se convierte en una apisonadora que se lleva tras de sí los derechos de aquellos a los que debería defender.

A mis amigos más intervencionistas a veces les intento convencer con algunos ejemplos. “Supongamos que yo viviera en un pueblo con otras cien personas. Un día, todos mis vecinos se reúnen y votan por 99 votos a favor y 2 en contra que mi coche debe ser rojo en vez de azul, puesto que rojo es el color de la bandera de la localidad; que mi primer hijo debe llamarse Sebastián, como el patrón, ya que no hay muchas parejas jóvenes en el pueblo y hay que perpetuar los nombres tradicionales; que no me puedo abonar a Digital +, porque el bar ya tiene una licencia y si quiero ver el fútbol mejor que lo haga allí tomándome unas cañas, que eso será bueno para la economía del pueblo; o que debo comprar tomates de la comarca, que son más sanos y, además, así les doy publicidad”. Pues bien, les recuerdo a mis conocidos, “a pesar de que la votación ha sido abrumadora -99 a 2-, nadie tendría derecho a inmiscuirse en ninguna de estas decisiones”.

Mis amigos me suelen mirar con condescendencia, como pensando que qué cosas se me ocurren, que nunca llegaremos a algo así y que, aunque la intromisión del Estado en nuestras vidas a veces puede ser molesta, hay límites que ningún Gobierno se atrevería a pasar. Entonces soy yo el que les miro, asombrado de su candidez.

En estos momentos, en España, están vigentes (o tramitándose) normas muy similares en su fondo y en su forma a los ejemplos arriba citados. Puede que nadie se meta en el color de mi coche, pero si quiero construirme una casa en mi pueblo tendré que ajustarme a los peculiares criterios estéticos del arquitecto municipal y de la ordenanza de urbanismo. Puede que nadie me obligue a llamar a mi hijo Sebastián, pero no me dejan rotular mi comercio, pagado con mi esfuerzo y mi trabajo, como a mí me dé la gana (en chino, alemán o castellano). Puede que no me obliguen a ver el partido en el bar, pero si quiero comprar unas cervezas en un súper después de las diez de la noche no podré hacerlo. Puede que no me fuercen a llevarme los tomates de la comarca, pero me obligan a subvencionar los de todos los agricultores europeos.

Y la lista no acaba aquí: no puedo decidir si en mi bar se fuma o no, ni si quiero publicar artículos de prostitución en el periódico, ni si quiero llevar un pañuelo musulmán en la cabeza, ni si quiero que mis hijos coman bollos en el colegio, ni si quiero conducir sin cinturón de seguridad… La lista sería interminable. Cada caso es diferente y merecería un comentario aparte, pero todos se caracterizan por lo mismo: un tipo cree que por haber recibidos más votos que otro puede decidir lo que quiera sobre mi vida durante cuatro años.

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, ya advirtió hace más de 150 años, del peligro del gobierno de las mayorías. Lo que no se atreverían a hacer algunos tiranos por miedo a la reacción popular, lo hacen gobiernos democráticos que, revestidos por la legitimidad de los votos, saben que no tendrán esa contestación. Quizás fue Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, el que mejor lo expresó: “Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse y una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable”.

No creo que a los tres maestros aquí citados les gustaran mucho los toros. Pero, desde este modesto tendido liberal, pido voluntarios para sacarlos a hombros, por la Puerta Grande.

Cómo se mofó Lubitsch de los totalitarismos

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial miles de espectadores deseaban evadirse en las salas de cine de la dolorosa realidad. El director Ernst Lubitsch –antiguo actor de teatro- no sólo llevaba atendiendo con éxito dicha demanda desde hacía años, sino que decidió burlarse elegantemente justo entonces de aquellos totalitarismos que contaban en su época con mayor apoyo popular (el socialismo real y el nazismo). Fruto de ello fue la producción de dos comedias devenidas en clásicos de la cinematografía.

Ninotchka (1939) relata la historia de amor que surge en París entre dos especimenes de mundos contrapuestos, el occidental (capitalista) y el soviético al toparse un vividor de apretada vida social (representado por Melvyn Douglas) con una emisaria comunista gélida y calculadora (Greta Garbo, alias Ninotchka) con motivo de la venta en la capital francesa de unas joyas expropiadas por el Estado soviético a una duquesa de la Rusia blanca.

Toda la película rebosa humor e ingenio. Por primera vez la divina Garbo intervenía en una comedia. Nada más bajar del tren en la estación parisina, la protagonista comenta que el trabajo del porteador de maletas era una injusticia social, a lo que éste le replica que eso dependía de la propina. Seguidamente le preguntan sus enlaces en la ciudad por la URSS después de los juicios (las purgas estalinistas, se entiende) y contesta –sin inmutarse- que tras aquéllos había muchos menos rusos pero los que quedaban eran mejores.

Otro diálogo memorable es el que mantiene el galán protagonista con su mayordomo, aterrado este último ante la perspectiva de tener que compartir, según los cánones marxistas, su cuenta bancaria y sus ahorros con su empleador, un crápula y un derrochador incorregible. Todos los actores secundarios lo bordan, en especial los inolvidables tres delegados soviéticos, subalternos de Ninotchka, que sucumben con deleite a los lujos capitalistas. Esta obra maestra, al parecer una de las favoritas de Lubitsch, fue nominada a cuatro Oscars; lástima que 1939 fuese también el año del estreno de Lo que el viento se llevó y de La diligencia que se llevaron todos los honores. Un excelente guión (Wilder y Brackett) apuntala esta incisiva comedia de la planificada Unión Soviética y sus insoportables servidumbres, algo insólito en el mundo del cine de entonces y de hoy.

El proverbial refinamiento fílmico del judío berlinés Lubitsch se enfocó un poco más tarde, en 1942 (año de la mítica Casablanca), en otra tiranía; esta vez contra la política belicista que los nazis estaban acometiendo en esos momentos. El resultado fue To be or not to be. Otra sátira deslumbrante con un guión de los llamados “de hierro” y un reparto perfecto. Se trata de una parodia a cuenta de la deplorable invasión nazi de Polonia en la que una compañía de actores de teatro, de gira por Varsovia, trata de impedir a toda costa que un profesor espía al servicio de la Gestapo desvelase los nombres de los cabecillas de la resistencia polaca. A tal fin despliegan, disfrazados de nacionalsocialistas, sus propias dotes interpretativas en un festín de situaciones equívocas, brillantes elipsis, gags desaforados y situaciones cada vez más enloquecidas a medida que avanza la trama.

En este enredo también hay una subtrama romántica de celos, desconfianza e infidelidad entre un terceto amoroso formado por el matrimonio protagonista (los actores Tura, encarnados por Jack Benny y Carole Lombard) y un piloto polaco, amante de la sra. Tura. El tan alabado “toque Lubitsch”, consistente en un sutil empleo de la sugerencia y del entrever no explícito, tiene en esta película uno de sus mejores exponentes. La chanza de las vanidades de los actores no fue menor que la dedicada a los nazis. A diferencia de lo que ocurrió dos años antes con el film más simplón El Gran dictador (Chaplin), los críticos de la época no supieron apreciar Ser o no ser y lo tacharon de banal e insensible. Con el tiempo, no obstante, se ha revelado como una magistral mofa del aplastante poder totalitario en el que había bastante de grotesco y de ridículo en toda su aparatosa parafernalia.

Estas dos sofisticadas comedias de Lubitsch son la mejor vacuna contra sendos modos de poder totalitario del siglo XX. ¿Algún director actual osará burlarse así de las tiranías actuales? Lo dudo; la corrección política o la timorata alianza de civilizaciones lo impedirían.

La extensa filmografía de Ernst Lubitsch (una cincuentena de películas mudas y, sobre todo, las veinte sonoras) le acredita como el mejor director de comedia cinematográfica de todos los tiempos. Los dos largometrajes aquí comentadas son, además, hitos primordiales para cualquier cinéfilo. También para todo aquél que tenga algún aprecio por la libertad.

Normas

De todas las clasificaciones que pueden hacerse de las normas de conducta, aquella que considera como elemento esencial la voluntariedad en su cumplimiento permite aclarar importantísimos aspectos que, habitualmente, originan tanto juicios equivocados como una grave incomprensión de la lógica y el contenido normativos.

Formalmente, la norma de conducta es siempre exigible, en el sentido de que todo incumplimiento injustificado o ilícito acarrea una sanción. La naturaleza de dicha sanción distingue entre normas de contenido irresistible y normas de cumplimiento voluntario. Ambas, siendo efectivas, son tomadas como exigibles en cada interacción social que afecte a su contenido. Sucede que su inobservancia, en el caso de no ser irresistibles (no jurídicas), no justifica en absoluto que un tercero invada la esfera de libertad del incumplidor a fin de lograr un castigo. Dicha exigibilidad, respecto de las normas de cumplimiento voluntario, debe entenderse desde el lado de inacción (boicot pasivo), la denuncia (boicot activo) o el escarnio público, pero nunca su exigibilidad se verá traducida en forma de una compulsión sobre la persona y/o sus bienes.

Las normas cuya exigibilidad se estima irresistible dotan de contenido al orden jurídico, mientras que las normas que son de cumplimiento voluntario y, de ese modo, su exigibilidad no permite agredir la libertad o las propiedades del infractor, formarán el orden moral y sus agregados vinculados al decoro social, la urbanidad o el sentido común. El primer tipo de normas protege bienes jurídicos, como los relativos a la vida, la dignidad y la integridad humanas, así como a la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. El segundo tipo de normas protege bienes morales, pero también bienes vinculados a la normal y pacífica convivencia y a la consideración común sobre determinadas cuestiones. Es por ello que entre el orden moral y el orden político se tiende un puente sobre los cimientos del decoro social y la urbanidad, así como la existencia de un sentir general sobre concretos bienes y manifestaciones de la acción libre del individuo. Semejante límite difuso conduce a que los distintos órdenes de normas acaben entremezclados, no sólo por la superposición de contenidos jurídicos y morales, sino también por la irrupción del orbe político en el ámbito estricto de la recta o buena conducta.

Las normas resuelven conflictos recurrentes, y son reclamadas, modificadas o integradas ante conflictos aparentemente insólitos. Los conflictos de tipo político no se circunscriben exclusivamente a la mera organización de la convivencia y el ejercicio del poder público, o la institución de instancias y magistraturas. El orden político se extiende sobre toda aquella controversia que ataña a bienes comúnmente estimados por los individuos, y cuya protección o simple consideración termine sobrepasando los límites de lo político y, a través del puente del decoro y la moral social, penetre en el Derecho sirviéndose de su implacable irresistibilidad. El orden jurídico, por tanto, nunca es ajeno al sentido común o a la consideración general sobre aspectos que, en principio, no mantienen relación con la estricta defensa de la libertad individual, sino en demasiadas ocasiones con todo lo contrario, puesto que la incorporación en el seno del Derecho de determinados bienes como dignos de protección, llega a modular y limitar dicha libertad. El orden jurídico es objeto de una incursión que, al mismo tiempo, le agrede y corrompe, como le proporciona dinamismo, flexibilidad y adecuación a la realidad política y al tipo de convivencia vigente. Se trata, por tanto, de una relación inestable y que es origen una conflictividad inevitable.

Dada la aparente abstracción de las ideas hasta aquí expuestas, resulta conveniente aplicar su contenido teórico a ejemplos prácticos intensamente controvertidos:

1. El establecimiento de normas de protección sobre animales, parajes naturales, monumentos, obras artísticas o cualquier otro tipo de seres u objetos, no deriva de que se le esté reconociendo al objeto protegido derecho subjetivo alguno. En este sentido, ni un perro, por mucha simpatía que pueda provocarnos en su trato, como tampoco una Catedral gótica, forman parte del orden social humano más que como bienes que pueden crearse, destruirse e intercambiarse, bajo la mayor o menor consideración de quien sea su dueño o del resto de individuos. Las normas, que someten incluso a quien es propietario exclusivo del bien, tratan de afirmar conductas deseables respecto del cuidado o respeto de ciertos bienes (incluidos los animales). En ocasiones, la estima común, la consideración generalizada y, por tanto, la preocupación política sobre cierto tipo de bienes son tales que se convierten en bienes jurídicos, es decir, fundamento de normas que sí son irresistibles, incluso para el dueño de la cosa. El bien jurídico no es la dignidad del animal, o la integridad de una obra de arte o del bosque en cuestión, sino la estima general que los individuos sienten sobre dichos objetos. Cuando se prohíbe maltratar a cierto tipo de animales, no por ello se les está reconociendo, ni siquiera implícitamente, un derecho subjetivo (lo que implicaría también el reconocimiento de una personalidad quizá limitada, pero incluible en el orden jurídico como fuente de cierta esfera de dominio y libertad para dichos animales, lo cual sería absurdo). Se protege la estima o el respeto que sienten los individuos sobre determinados seres u objetos, que en un momento pueden ser unos y no otros, o que con el tiempo pueden ser considerados con mayor o menor intensidad.

2. Las normas de urbanidad atañen al decoro y la moral, como también a lo político (relativo a la convivencia explícita y controvertida), razón que convierte a este tipo de normas en eminentemente voluntarias o no jurídicas. La intensidad con que tales contenidos normativos se vean incluidos en el orbe del Derecho dependerá tanto del momento cultural como de la capacidad que tenga cierto poder de manipular el orden jurídico a su antojo y con carácter general e imperativo. El Constructivismo jurídico altera por completo el proceso competitivo de transformación normativa, decretando la irresistibilidad de determinadas conductas vinculadas a la moral, el decoro o la urbanidad. Esto no implica que un Derecho libre de intervención no llegara a incorporar la prohibición de ciertas conductas, y es por ello que no debería negarse tal posibilidad como consecuencia razonable de una actitud contraria al positivismo jurídico. Debe, en todo caso, valorarse tanto el momento cultural, como el sentir general o las implicaciones liberticidas que pudiera tener una prohibición concreta.

3. La paradoja del aborto contribuye a despejar bastantes dudas sobre la distinción entre tipos de normas en cuanto a su exigibilidad, voluntaria o irresistible. Obviamente el embrión o feto, desde la concepción, es un ser humano merecedor de cierta dignidad y consideración. El Derecho nunca le ha concedido idéntico reconocimiento al no nacido que al nacido, pero siempre han existido figuras, instituciones o sanciones en torno al bien jurídico protegido que éste representa. El aborto no puede ser un derecho subjetivo de la mujer porque el orden jurídico nunca debería contener derechos absolutos que representen la total negación de otros derechos como son la vida y la integridad humanas. Esto no quiere decir que todo aborto sea ilegítimo. En este sentido, el Derecho procurará, como decíamos, resolver conflictos recurrentes mediante instituciones que, a su vez, sirvan como referente en la resolución de conflictos inauditos en apariencia. Normas y prácticas habituales del Derecho que ayudan a equilibrar el conflicto entre bienes jurídicos: el derecho del no nacido frente el derecho de la madre a su integridad, su vida o su dignidad, pero nunca en la consideración de un único derecho, el de la madre, a disponer sobre la vida de un ser humano que, sobre dicho reconocimiento, perdería totalmente el amparo que merece la vida humana, como base sobre la que se asientan el resto de bienes jurídicos y morales.

Lo que viene sucediendo con la cuestión del aborto es que el sentir general, la estima o apreciación común de la mayoría de individuos, ha terminado por olvidar que el concebido no nacido es un ser humano como ellos, aunque en una fase distinta de su desarrollo y sometido a una dependencia particular, distinta también a la de un bebé, un enfermo o un anciano (dependencia intercambiable). Moralmente, el aborto fuera de los supuestos estrictamente conflictivos entre bienes jurídicos claros, acaba siendo asumido como un mal menor, o ni siquiera como un mal, trivializando la conducta y sus consecuencias, por la sencilla circunstancia de no ser presumiblemente evidentes: el feto, tenga más o menos forma humana, no es conocido de esa manera, sino como una abstracción, una fantasía que unas veces se llama embarazo y otras estado de buena esperanza. Y es esto lo que se ha terminado por proteger jurídicamente: el aprecio de la madre a dicha abstracción, idealización del embarazo, la espera de un nuevo ser… Es por ello que un aborto no deseado se considere “la pérdida de un hijo”, mientras que un aborto deseado pocas veces se identifique con la muerte de un hijo, sino como la mera “interrupción” del estado de gestación, como si ambas situaciones no tuvieran idénticas consecuencias físicas que, a su vez, debieran traducirse en unas mismas consecuencias morales y jurídicas.

La paradoja del aborto sirve para demostrar que el puente existente entre derecho, moral y política no sólo puede ser recorrido en una única dirección, aunque habitualmente así sea, sino que dicho puente también permite que el orden jurídico vea anulados aspectos esenciales que le son propios, todo ello como consecuencia del momento cultural, ideológico o moral de los individuos que forman cierto orden social.

La decadencia del pensamiento español

Ninguna universidad española está situada entre las 25 mejores del mundo y, en las puntuaciones sobre la calidad de las universidades del mundo, nunca aparecen bien clasificadas las universidades de España.

Salvo por puntuales aportaciones en ciencias experimentales e ingeniería y, de forma acusada en el ámbito de las ciencias sociales, el mundo académico e intelectual español padece males endémicos como la permanente dependencia de los presupuestos públicos, la escasa colaboración con las empresas privadas en las labores de investigación, la incapacidad de producir obras singulares y de iniciar escuelas de pensamiento que logren relevancia mundial y, desde luego, la carencia de publicaciones y trabajos en donde se logren impactos en la comunidad científica internacional y, se observe cierto racionalismo crítico con respecto a las instituciones, la economía política, el derecho constitucional y otras áreas clave para la evolución sociocultural del país.

Universidad y Academias

Tener personalidad y criterios propios en la universidad española está penalizado, ya que supone hacer frente a muchos obstáculos políticos, crearse problemas académicos y generar envidias profesionales que dificultan la carrera académica. Existe endogamia en los tribunales académicos y muchos contratos y oposiciones para profesores suelen estar “orientados” de antemano. No prevalecen la sana competencia en mérito y capacidad ni la experiencia previa en el sector privado. Por el contrario, predominan las tareas meramente lectivas y los contactos departamentales de cada candidato y, finalmente, las investigaciones recaen en alumnos de doctorado becados con sueldos miserables o, en el peor de los casos, terminan siendo otorgadas a amigos “enchufados” y a personas con los contactos políticos adecuados.

Quizás el aspecto más dañino para el país sea la facilidad con que los profesores suelen replicar las ideas y conceptos económicos venidos del extranjero, sin tener capacidad crítica para desarrollar discursos propios que identifiquen las relaciones causales responsables del crecimiento socioeconómico de la nación. Su carencia de racionalismo crítico, se refleja en la extrema permeabilidad del profesorado español hacia lasideologías cientistas contrarias al arraigo de la civilización.

Por supuesto, existen excepciones a la regla que permiten que los alumnos no pierdan la esperanza en el conocimiento y la investigación críticos pero, debemos reconocer que muchos académicos terminan defendiendo las ideologías colectivistas o, al menos, no critican con suficiente fuerza el intervencionismo y se prestan al juego de los políticos que controlan el presupuesto de cada universidad, para recibir prebendas públicas en forma de puestos de alto cargo, asientos en las Academias, premios, cátedras o subvenciones de investigación.

Ante este panorama universitario y académico, con un amplio colectivo de catedráticos y profesores sometido al dinero público y, por tanto, a las directrices y caprichos de los políticos de cada Comunidad Autónoma, no es de extrañar que las utopías nacionalitas logren propagarse por los medios de comunicaciónregionales sin que exista una comunidad científica que desvele sus falacias y critique con fuerza sus graves inconvenientes. Tampoco tiene que asustarnos que los políticos sólo reciban informes y estudios que avalen y publiciten sus arbitrios y, otorguen una patina académica al intervencionismo en las Administraciones Públicas.

 Ruptura con la Escuela de Salamanca

La decadencia del pensamiento español no es una novedad del siglo XXI ya que, desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se fueron produciendo acontecimientos que produjeron una traumática ruptura con las ideas de la corriente crítica y reformista de los escolásticos de la Escuela de Salamanca.

Se procesaron y encarcelaron escolásticos como Fray Luis de León o Juan de Mariana en España, se silenciaron los discursos académicos más osados y, se destruyeron los ejemplares que circulaban por Europa de aquellos libros catalogados como prohibidos por sus ideas críticas y reformistas como De Rege et Regis Institutione.

La inamovilidad en el tratamiento de los asuntos de la economía política fue la mayor responsable de la decadencia de España durante los siglos señalados y, sin duda, aceleró el proceso de independencia de los territorios de ultramar durante el siglo XIX. Familia real, religión católica, nobleza e intelectuales que ocupaban los altos cargos del Gobierno y que se mantenían unidos en el mantenimiento de sus privilegios a costa de la pobreza y el escaso desarrollo de la mayoría del país.

El olvido académico y universitario de las referencias al pensamiento de la Escuela de Salamanca se agudizó durante los siglos XVIII, XIX y XX. Tuvo que ser la inglesa Marjorice-Grice Hutchison, partiendo de la lectura del ensayo La época del mercantilismo en Castilla 1500-1700 (1943) del erudito profesor José Larraz, la investigadora que rescatase del olvido el racionalismo crítico de los escolásticos españoles e hiciese renacer sus ideas para el resto del mundo con su monumental obra “The School of Salamanca” (1952). Con anterioridad, los estudios sobre los escolásticos españoles fueron parciales y sin la profundidad intelectual que requerían en ámbitos de las ciencias sociales como la filosofía moral, la historia, el derecho constitucional o la economía política.

Irresponsabilidad de los Intelectuales

El profesor José Luis Ramos Gorostiza realiza un interesante análisis en su trabajo “Carácter nacional y decadencia del pensamiento español” donde aborda el empleo del “carácter español” como principal explicación de la decadencia socioeconómica de España lo que, sin duda, constituyó una forma fácil de cargar responsabilidades en el pueblo y eludir las evidentes responsabilidades de la clase dirigente.

Documenta el profesor Ramos Gorostiza como los famosos historiadores Menéndez Pidal, Américo Castro o Sánchez Albornoz consideraban la historia de España como “manifestación en la cronología de un permanente carácter español” (1) y, como los conocidos ensayistas Salvador de Madariaga o Pedro Laín Entralgo argumentaban sobre las particularidades españolas como clave para la comprensión de España.

De este modo, podemos comprobar como los intelectuales españoles, que más influyeron sobre los políticos de su época, han venido cargando las culpas de la decadencia socioeconómica de España en falacias históricas como el “carácter nacional” o la “leyenda negra”, en vez de identificar la irracionalidad de las autoridades públicas y denunciar el intervencionismo generalizado de los diversos regímenes políticos que ha padecido España.

 Conclusiones

Salvo en contadas excepciones, no se ha ejercido crítica sobre la acción de los políticos que, mayoritariamente, han buscado utopías que retrasaban España respecto de otros países europeos y no han seguido las relaciones causales que arraigan la sociedad civilizada y favorecen el progreso, a pesar de que fueron identificadas perfectamente por la Escuela de Salamanca y refinadas por Juan de Mariana.

Hoy en día, al igual que en los siglos pasados, la decadencia del pensamiento español permanece y los intelectuales prefieren achacar los problemas a la idiosincrasia española (u otras ideas más peregrinas como los especuladores internacionales, los empresarios, el capitalismo o la falta de regulación gubernamental en los mercados) en vez de identificar las carencias institucionales, el relativismo moral y la ausencia de valores de la clase dirigente, el positivismo jurídico y el intervencionismo “de todos los partidos” como las causas reales de la decadencia y de las crisis en España.

En todo caso, la endogamia y la dependencia de los fondos públicos de la Universidad y de las Academias significa que buena parte de los intelectuales realizan investigaciones inanes para el desarrollo de la sociedad civilizada en España y, aún peor, se publican estudios sociales, históricos, culturales o económicos nada rigurosos que emplean argumentos en donde prevalecen los intereses electorales y partidistas en lugar de la independencia, la sujeción de los razonamientos a las relaciones de causalidad y el análisis crítico de la realidad.

Las noticias sobre los múltiples casos de corrupción y prevaricación demuestran que no es el honrado pueblo español, sino la casta política y judicial, la responsable directa de la decadencia y de las crisis en España.

Desde luego, también son responsables indirectos la mayoría de intelectuales (y las editoriales y medios de comunicación que les dan cobijo), ya que no buscan dotarse de medios para lograr independencia y, adolecen de los valores morales y el coraje para arriesgarse a criticar el intervencionismo del régimen político e intentar influenciar sobre las máximas autoridades del país con el objetivo de reformar las instituciones, realizar una segunda transición y dotar a España de las condiciones estructurales que permitan afrontar el futuro con garantías de estabilidad territorial, convivencia pacífica y progreso socioeconómico.

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