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McDonald contra Chicago

La familia de Otis McDonald proviene de Luisiana. Cuando era todavía un adolescente, se trasladó a Chicago, donde ha vivido desde entonces. McDonald ha sido testigo, como cualquier vecino de la ciudad del viento, del deterioro en la convivencia en sus calles. Él mismo ha sido un activista en la lucha contra el aumento de la delincuencia y el deterioro social que acompaña al tráfico ilegal de drogas. Unos traficantes le amenazaron por toda la labor social que estaba realizando, así que decidió comprarse una pistola del calibre 22. Acudió, para ello, a una comisaría de Policía para pedir un permiso, pero en Chicago la posesión de pistolas y revólveres está prohibida. Entonces, hace dos años, empezó la batalla legal que ha resultado en la decisión del Tribunal Supremo que lleva su nombre, McDonald vs. City of Chicago. “El hecho”, dijo este hombre de raza negra de 76 años, “es que hay mucha gente de mi edad que han trabajado duro toda su vida, para conseguir un buen sitio donde vivir… y tener una (pistola) nos haría estar mucho más cómodos”.

Chicago tiene una de las legislaciones más restrictivas con la posesión de armas de todos los Estados Unidos. Como en el caso de Washington, es también una de las que más sufren la incidencia del crimen. El fin de semana anterior a la sentencia 54 personas recibieron un disparo de arma de fuego, de las cuales diez perdieron la vida. Las leyes de control de armas no sirven para que los criminales, que ya han tomado la decisión de situarse fuera de la ley, no accedan a ellas. Sin embargo, sí limitan o impiden que los ciudadanos que cumplen las leyes puedan tener armas. El uso que harían de ellas es deportivo o de autodefensa, por lo que se da la circunstancia de que estas normas no limitan los usos criminales, pero sí los defensivos. Esa es la razón por la que, en contra del objetivo declarado, las leyes de control de armas favorecen el crimen, en lugar de contribuir a limitarlo.

El caso de Otis McDonald y otros le llevaba al Tribunal Supremo a una decisión anterior, el Distrito de Columbia contra Heller. En aquella sentencia, el Supremo reconocía que la Segunda Enmienda recoge un derecho fundamental a la posesión de armas para uso privado, dentro de la jurisdicción federal. Lo que se dirimía en este nuevo caso era si ese derecho prevalecería también ante las limitaciones que pudiesen imponer los Estados y los gobiernos locales, como el de Chicago. La lógica indicaba que sí. Tanto la de las mayorías, que imponen un predominio conservador en el Supremo, como la jurídica. Si un derecho fundamental, como es el de la autodefensa, recogido en la segunda enmienda, prevalece en un ámbito administrativo federal, ¿cómo podría no hacerlo en el local o estatal? Este es el sentido de la sentencia McDonald vs. La ciudad de Chicago.

Pero en este ámbito no vale sólo con la lógica. Las sentencias han de basarse en el acervo de las leyes y de la jurisprudencia. El Tribunal Supremo tenía dos caminos ante sí para llegar al buen puerto descrito. Los dos se encuentran en la decimocuarta enmienda. El que ha elegido el Supremo es el que viene recogido en las palabras “ningún Estado privará a una persona de su vida, libertad o propiedad sin las garantías procesales (due process) recogidas en la Ley, ni negará a cualquier persona bajo su jurisdicción de la igual protección de las leyes”. Lo que tenía que hacer el Supremo era “incorporar” la segunda enmienda a estos derechos, es decir, incluir la posesión de armas como parte de los derechos a la vida, la libertad o la propiedad, aquí recogidos.

No podría ser de otro modo. La segunda enmienda entraba en las consideraciones de los redactores de la número 14. Recordemos que esta fue escrita en 1868 y buscaba, entre otras cosas, que los Estados del sur no privasen a los negros de su derecho a la autodefensa. De hecho, el principal objetivo de esta enmienda era dejar sin efecto el fallo Dredd Scott vs. Sandford, redactado por el juez Taney, que negaba la plena ciudadanía a los negros. Como observó Taney, si los negros fueran ciudadanos estadounidenses, tendrían “plena libertad de expresión, a participar en encuentros públicos sobre asuntos políticos, y a tener y llevar armas allá donde fueren”. Contra esta consideración se escribió la 14 enmienda. De hecho, luego se reforzó con una ley que se ha conocido como la Ley Ku Klux Klan. Las leyes de control de armas han tenido una inspiración racista desde su inicio hasta, aproximadamente, los años 50-60 del siglo pasado, en que empezaron a prevalecer otras consideraciones, como el aumento del crimen y la incidencia del tráfico de drogas.

Pero ella abría también otro camino, distinto del de las “garantías procesales”, que le hubiese permitido al Supremo hacer prevalecer el derecho a defenderse con un arma también en los ámbitos estatal y local, y es el que procede de estas palabras: “Ningún Estado aprobará o hará cumplir una ley que socave los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. El juez Alito, que es crítico con la cláusula de las garantías procesales, se sumó no obstante a la mayoría, mientras que el juez Thomas, acaso el más conservador del Tribunal, escribió una opinión personal defendiendo el camino abierto por la cláusula de los “privilegios e inmunidades”. Esta expresión hacía referencia, en el lenguaje de entonces, a los derechos básicos, como el de la autodefensa.

En cualquier caso, ni Heller ni McDonald cierran el debate jurídico sobre el alcance del derecho a defenderse con un arma. Ambas decisiones recogen la capacidad del gobierno federal y de los Estados y ciudades de regular el acceso y el uso de las armas, y no imponen unos límites muy claros. De modo que aunque estos dos fallos hayan ampliado la libertad y la seguridad de los ciudadanos de aquél país, todavía queda mucho por ganar.

La prostitución en los periódicos

Hace varias semanas el presidente Zapatero volvió a exhibir sus ideas liberticidas. Fue durante el debate sobre el estado de la nación, cuando aseguró que "mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad; por ello, estos anuncios deben eliminarse. Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse".

El presidente debería entender varias cosas. Primero, que la prostitución está normalizada hace milenios. Es una actividad que está estabilizada en la normalidad desde que el hombre es hombre. Como Zapatero parece no haberse dado cuenta de este hecho (pese a que ya no es un tierno e ingenuo infante), confunde clamorosamente causa y efecto, ya que no son los anuncios en los periódicos los que hacen que la prostitución se normalice, sino más bien al contrario: el hecho de que la prostitución esté tan normalizada y demandada hace que se tenga que anunciar ampliamente. A no ser que el presidente, con su peculiar lógica cerebral, crea que la publicidad puede sostenerse en el tiempo si no hay una demanda que lo soporte. Pero la realidad nos indica que si ese servicio no estuviese tan solicitado no existirían tantos anuncios, ya que los anunciantes no encontrarían rentables las inversiones realizadas en publicidad.

Quizás lo que se debería proponer es normalizar la prostitución en el sentido jurídico, es decir, legalizarla. Como ya expuse en otro artículo, si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, ¿con qué derecho alguien puede inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas? Y más, sabiendo las consecuencias que se derivan de su ilegalidad.

El mismo razonamiento utilizaría para la publicidad en los diarios: si una persona quiere anunciar un servicio para llegar a un posible acuerdo con otra persona, ¿por qué impedirlo? O mejor dicho, ¿qué derecho tenemos a prohibirlo?

Ciertamente, a nadie se le obliga a punta de pistola a comprar un periódico y a tener que leerse los anuncios de prostitución. Si alguien considera que la prostitución es moralmente reprobable (está en su total derecho y probablemente yo me encuentre entre ellos), la solución no pasa por restringir la libertad de la sociedad, sino en no comprar ese periódico o simplemente pasar rápidamente esas páginas, tan rápido al menos como hace Zapatero con las de la sección de Economía.

Lo que sí es totalmente lícito éticamente hablando es, además de no comprar el periódico, promover y participar en una campaña de publicidad para concienciar a la gente de que la prostitución y/o los anuncios son perjudiciales para la persona y para la sociedad. O incluso promover un boicot público (pacífico, se entiende) al periódico instando a la gente a no comprarlo debido a sus anuncios de prostitución.

Claro que ya saltarán algunos con lo que se suele sacar a relucir siempre que se quiere prohibir algo o restringir la libertad individual de alguna manera: los niños. "¡Y qué será de los niños!"; "¡Qué pasa si los niños ven esos anuncios de prostitución!"; "¡Irán a un prostíbulo, se aficionarán a la prostitución y serán puteros toda su vida!"; "¡Horror!"

La respuesta a esta reacción histérica, hipócrita, inmadura y cateta es simple: educación. Educación por parte de los padres, evidentemente. Que para eso están, y no para dejar que otros los eduquen por ellos.

Los padres deberían explicar a sus hijos lo que es la prostitución, en vez de ocultar su existencia, cosa que por otra parte no podrán hacer por mucho tiempo: deberían comentarles cuáles son los motivos que llevan a una persona a practicarla; deberían hablarles acerca de la diferencia entre prostitución y trata de blancas; deberían razonarles los motivos por los cuales no sería bueno que ellos la practicasen (si es que así se lo dicta su moral); y deberían enseñarles que la prostitución puede ser moralmente mala y no conveniente para la persona, pero que aún así no es correcto prohibirla por ley, ya que hay que respetar el derecho de los que deciden practicarla libremente.

Es decir, los padres no deberían esconder la realidad, sino explicarla y razonarla. Eso es educar en la libertad, en la tolerancia y en la responsabilidad, todo ello sin renunciar a su moral.

La manipulación histórica

Sin duda uno de los más abracadabrantes hitos marcados por el caudillo posmoderno que habita el Palacio de La Moncloa tuvo lugar cuando se disponía a terminar el discurso de su primera investidura como presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

Corría el día 15 de abril de 2004 y apenas había transcurrido un mes de la masacre de seres humanos más bestial acontecida en España desde, precisamente, la guerra civil de 1936-1939. Los españoles todavía estaban conmocionados y –tal vez entonces ya- polarizados por los atentados que segaron las vidas de 191 viajeros de unos trenes de cercanías que se dirigían a la principal estación de Madrid: Atocha.

Dentro de un contexto así, todas las miradas se dirigían hacia el candidato que se disponía a pedir el voto de los diputados. Cuando sólo le quedaba despedirse de la tribuna, el sujeto en cuestión, con tono afectado y fatuo, se despachó proclamando el testamento de uno de sus abuelos, capitán del ejército de la II República ejecutado en la posguerra, a quién, tal como se supo después, ni siquiera conoció. Según los hagiógrafos oficiales de este peligroso orate, ese abuelo habría dejado escrito que su credo político consistía en "un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes". Y ahí llegaba su nieto para arrojar obscenamente sobre el hemiciclo del parlamento los buenos sentimientos de su desconocido antepasado –los mismos que, caprichosos y vacuos ellos, han preparado tan a menudo el camino del infierno en la tierra.

Tal cita anticipaba toda la sarta de imposturas y manipulaciones sobre la historia ya no tan reciente de España, que culminaría con la aprobación de la llamada Ley de la memoria histórica. En la línea de las medidas fabricadas por este Gobierno para moldear las mentes y las opiniones y trazar una maniquea línea divisoria entre buenos y malos, según apoyen o discutan sus alucinados planes, pareció que no podía transcurrir un segundo más sin que el Gobierno financiara el desenterramiento de cadáveres procedentes de los crímenes del franquismo.

Evidentemente, los autores de este monstruo legislativo tuvieron que esperar a que la mayoría de los protagonistas o testigos directos de la guerra, revolución y posterior represión de las fuerzas vencedoras fallecieran. El segundo experimento republicano en España degeneró en una contienda sangrienta que habían predicado anarco-colectivistas, socialistas revolucionarios y comunistas, como en tantas partes de la Europa de entreguerras. Después de todo, toda esa constelación de fuerzas políticas alentaban la revolución para derrocar la democracia burguesa y tuvieron la oportunidad que buscaban. Las atrocidades que muchos elementos revolucionarios cometieron durante la República y la guerra no difieren en absoluto de otras ensayadas por los bolcheviques. Ahí están los tempranos incendios deliberados de conventos, seguidos del asesinato de sus moradores. Si uno hojea hoy día un periódico como Gara (editado por los simpatizantes de la ETA) podrá encontrar asombrosas semejanzas con el lenguaje y la retórica más aviesa para justificar lo injustificable (los crímenes como arma política) que empleaban con soltura Claridad, El Socialista, Mundo Obrero o Solidaridad Obrera durante aquellos años enloquecidos. Como colofón, no debe olvidarse que las luchas intestinas de aquellos partidos, agudizadas por las diferentes posturas respecto a la rendición ante las tropas de Franco, desembocaron en un golpe de estado interno del coronel Casado, apoyado por otros miembros de la Junta de Defensa de Madrid como el general anarcosindicalista Cipriano Mera y el dirigente de la facción moderada del PSOE, Julián Besteiro, contra el último gobierno republicano, con sede en en Valencia, dirigido por Negrín y sostenido por los comunistas a las órdenes de Stalin. No por casualidad, muchos políticos exiliados protagonizaron sonados saqueos de bienes públicos y privados y los pocos que sobrevivieron al dictador Franco regresaron para abominar de éste, en primer lugar, y recriminar a las demás facciones por la derrota en la guerra.

Curiosamente, la mayoría de los exiliados, excepto los propios concernidos y sus “compañeros de viaje”, auspiciaron una fuerte aversión hacia los comunistas, facilitada por su obediencia a la dictadura soviética. Antes del derribo de El Muro de Berlín, libros como Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún, (luego ministro de cultura con González Márquez) que se mostraba crítico con la militancia comunista y lanzaba dardos especiales contra la Pasionaria y Santiago Carrillo y una primera rivalidad entre PSOE y PCE en su lucha por la hegemonía dentro de la izquierda, hicieron que al primero le interesase marcar distancias con el segundo.

Asimismo, era necesaria la desaparición de destacados intelectuales que, aunque apoyaron el alzamiento y ocuparon puestos importantes durante el franquismo, se distanciaron con el paso del tiempo y recibieron una acogida interesada en el grupo PRISA, forjador de la conciencia progresista (leáse PSOE) “deste país”, el cual comenzó a repartir cédulas de limpieza de sangre antifranquista desde su cabecera allá por el año 1976. Aunque algunos protagonizaron piruetas muy notables, este tipo de criminalización sin matices de un régimen habría sido más díficil en vida lúcida de Joaquín Ruiz-Giménez, Pedro Laín Entralgo, Luís Rosales y Antonio Tovar, por citar solo el nombre de algunos colaboradores del franquismo de primera hora, limpiados de toda mota por sus colaboraciones en El País. En definitiva, una vez desaparecidos éstos personajes, se reducían las probabilidades de contestación a la articulación de la gran mentira.

Parte del machaqueo propagandístico de la memoria histórica procede del presupuesto falso de que durante treinta años los vencidos del bando republicano no habrían recibido la consideración debida desde los poderes públicos. Si se comprueba el reconocimiento inmediato de pensiones a quiénes sirvieron en el ejercito de la República (incluidas viudas y huérfanos) y a los mutilados, decidido por los gobiernos de Adolfo Suárez, esa consideración no se sostiene.

 Por otro lado, no se le oculta a ningún observador el abrumador predominio de libros, películas y miles de artículos antifranquistas producidos durante estos años. Con enfásis en aspectos distintos, la visión transmitida en la enseñanza y los medios de comunicación, en general, ha sido favorable a los políticos del Frente Popular. Se ha ocultado o disculpado sistemáticamente su responsabilidad en crímenes y desmanes, so capa de la superioridad moral de sus buenas intenciones. Se fue conformando un imaginario colectivo que culpabilizaba de la guerra a los generales que se alzaron contra el gobierno de la II República.

Pero lo que sorprende es la virulencia y falta de escrupulos con las que ha ido pergeñandose toda esta vesanía y la manipulación despiada de sucesos que ocurrieron hace setenta años, como si tuvieran responsables (de un solo bando) hoy.

Que, además de cumplir sus muy aviesas intenciones de estigmatización totalitaria de los opositores, este Gobierno pretenda utilizar este montaje para gratificar anualmente, con el dinero de otros, a toda la pléyade de avisados tunantes que ha crecido al olor de las anunciadas subvenciones, añade oprobio a la infamia.

El papel del gobierno en el desarrollo económico

La prosperidad de las naciones, tal y como la entendemos algunos, depende de unas instituciones respetuosas con la propiedad privada y la libertad económica. De esto se derivan muchas cosas: la necesidad de contar con un sistema que haga cumplir los contratos, sancione las violaciones de derechos a la vida y la propiedad (justicia) y proteja de los abusos hacia éstas por parte de terceros (seguridad y defensa). También es importante mantener una moneda sana no sujeta a grandes oscilaciones en su valor y poder disfrutar de un régimen de libre comercio internacional en el que competir.

Podemos observar cómo los países que carecen de estas instituciones son los que tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo. También podemos observar cómo diversos países han entrado en el camino de la creación de riqueza sostenida gracias a reformas en esta dirección (Irlanda o España podrían ser dos buenos ejemplos, a pesar de la que lleva cayéndonos desde hace un tiempo).

La mayoría, incluso quizá entre los liberales, consideraría que las instituciones señaladas en el primer párrafo deberían ser garantizadas por un gobierno sólido, aunque pequeño. De hecho, mantener un marco institucional estable que proteja el derecho a la vida y la propiedad es la función esencial que se otorga al gobierno.

Pero en ocasiones vemos cómo los gobiernos son incapaces de cumplir con esta función, y se dedican a otros menesteres como robar a mano armada a la población o redistribuir la renta en beneficio de sus acólitos y amigos. Éste es uno de los problemas más graves que sufren buena parte de los países subdesarrollados, especialmente en África.

De este fracaso de los gobiernos podrían existir dos interpretaciones: la primera es que estos “gobiernos fallidos” no son lo suficientemente fuertes para llevar a cabo sus funciones, y por ello necesitan más recursos o ayuda exterior. La segunda sostiene que en ausencia de ciertas características institucionales (por ejemplo, un sistema de checks and balances que controle la actuación del gobierno o un sistema de prensa libre que denuncie los abusos y corrupción del poder) es poco probable que surja un gobierno adecuado.

En esta cuestión nos podemos enfrentar a un trade-off, al menos aparente. Podríamos dividir la violación sobre la propiedad privada según qué tipo de agente la cometa: el gobierno mediante expropiaciones, impuestos confiscatorios (predación pública) o particulares fuera de él como ladrones (predación privada). La existencia del estado, como hemos visto, se suele justificar como algo imprescindible para proteger los derechos de propiedad privada. Así, cuanto más poder y recursos le das al gobierno, en principio estaría mejor preparado para realizar esa función, con lo que pondría límite al robo privado. Pero al mismo tiempo, cuanto más poder le das al gobierno, mayores incentivos puede tener para cometer predación estatal.

La cuestión clave es: ¿qué tipo de predación es más importante?, ¿nos centramos en restringir al gobierno o a los ciudadanos en sus actividades de violación de la propiedad privada?

Afortunadamente, estas preguntas han sido contestadas en la literatura reciente sobre desarrollo económico e instituciones, en un trabajo de Daron Acemoglu y Simon Johnson, titulado “Unbundling Institutions” (2005, Journal of Political Economy). Su conclusión fue la siguiente, tal y como ellos mismos la exponen:

“La expropiación del estado es más dañina para el progreso económico que el robo por parte de los individuos privados, y por tanto la primera es más importante de prevenir. En cambio, las restricciones institucionales que impiden al gobierno violar los derechos de propiedad privada de sus ciudadanos son el determinante fundamental en el desarrollo económico”.

Es en este contexto donde se enmarcan los estudios recientes sobre el colapso del estado en Somalia de Leeson y Powell, donde muestran que este país lo ha hecho mejor en situación de ausencia de gobierno que en su presencia. También aquí se tiene que enmarcar la propuesta de dejar caer por su propio peso a estados fallidos y artificiales africanos, en lugar de mantenerlos con vida mediante ayuda externa e intervenciones militares desde Occidente.

Probablemente sería más deseable que estos países contaran con un gobierno limitado, responsable, democrático, que se ocupara del interés general proveyendo bienes públicos (infraestructuras, educación y sanidad mínimas…) y que se encargara de sus funciones mínimas. Pero, ¿qué probabilidades hay de que algo así exista en países con instituciones tan débiles como en los países pobres africanos, que precisamente son pobres por estas anomalías institucionales? Lo anterior sería más bien caer en el error de la falacia del Nirvana aplicada al gobierno.

Los Castro y Chávez: desfachatez y cobardía

Vayamos por partes, porque los hermanos Castro son máquinas de generar noticias. El que fuera tirano de la Isla (ahora más en la sombra) porque tiene previsto publicar una obra en la cual explicará a las futuras generaciones de “revolucionarios” como él acabó con la prosperidad de su país, allá en la lejana década de los años cincuenta del siglo XX. Sin duda alguna será un éxito de ventas, la propaganda comunista siempre ha sido una máquina de cumplir objetivos, en muchas ocasiones de forma letal.

La izquierda más nostálgica y reaccionaria cuenta los días para hacer cola, como si de un Real Madrid- Barcelona de Champions League se tratara, para acudir a las librerías y comprarlo. ¿Para quién serán los beneficios económicos de las ventas? Ya sabemos que el Castrismo condena la propiedad privada pero también que no hay progre que sea pobre.

El icono de la izquierda parece que ha vuelto y que lo ha hecho con más fuerza que nunca. Su lengua viperina, aquélla que le lleva a repartir halagos y críticas, había estado sedada durante unos años, por lo que ahora nos desayunaremos con sus “reflexiones”, que dicho sea de paso, rozan el patetismo.

En cuanto a Raúl, tras haber estado un tanto ausente en las celebraciones del Día de la Rebeldía ¿?, también ha regresado y lo ha hecho, claro está, para sentar doctrina. Su finalidad es clara: perpetuarse él y perpetuar su ideología, pero en esta tarea ha reflejado (aunque él no quería) los errores del socialismo. Uno de ellos, la capacidad que tiene para generar individuos parásitos, incapaces de tomar decisiones ya que para eso, piensan, está el Estado. Lo cierto es que en Cuba si eres, no ya de la casta política dirigente, sino simplemente un seguidor de base, puedes estar una vida entera sin dar un palo al agua. Basta con espiar a tus compatriotas o dar algún que otro chivatazo al gobierno, nada que exija una preparación intelectual profunda.

Raúl ahora permite abrir pequeños negocios privados. Sigue, en consecuencia, la creencia de otro socialista-comunista de pro como Mijail Gorbachov, aunque no parece tener en cuenta lo que le pasó al ruso, quien vio con sus propios ojos como el sistema soviético implosionaba y como buena parte de las repúblicas y países satélites de la URSS miraban hacia el Oeste, particularmente a Thatcher. Que a nadie se le olvide este “pequeño” detalle.

Pese a ello, y esto una característica definitoria de los grandes ideólogos de la izquierda, Gorbachov se convirtió en un referente capaz de dar lecciones y opinar sobre lo humano y lo divino. ¿Sucederá lo mismo con el hermanísimo? Dios nos pille confesados si la respuesta es afirmativa.

Finalmente, no podemos olvidarnos del tercero en discordia. El “gran” Hugo Chávez, el dirigente capaz de exportar ideología y petrodólares (ahora menos) pero de tener a su población consumiendo leche en polvo (eso los afortunados) y sin agua con que ducharse. Pues bien, tras el reciente encontronazo verbal con la Colombia de Uribe (con actuaciones apaciguadoras lamentables del tipo Insulza y la OEA), Chávez ha optado por quedarse en su país y no acudir a la reunión del MERCOSUR, organización en la que ansía entrar, con la excusa de que necesita reposo. No nos sorprende. No es nuevo este modus operandi. La cobardía de este tipo de tiranos les hace que sólo con los suyos y entre los suyos estén seguros. Allí donde pueda haber crítica no van. Todo ha quedado en manos de su escudero, Nicolás Maduro, de quien no podemos decir que sea menos beligerante. Lula, una vez más, se ofreció como árbitro y, de nuevo, ni una palabra de condena hacia Caracas, ¿esto es lo que está enseñando a Dilma Rousseff? Parece que José Serra no está de acuerdo. Veremos.

En definitiva, el tiempo transcurre y las sociedades que son regidas por estos tres dictadores empeoran su situación a todos los niveles. Mientras tanto, seguimos creyendo que otra América Latina es posible. Los ejemplos de Uribe-Santos, Chinchilla o Piñera así lo refrendan.

Cine nada liberal: el fin del mundo estaba cerca, pero no llegó

En 1968, un conjunto de personalidades de diferentes disciplinas se reunieron para analizar un mundo revuelto, un mundo en plena crisis económica y moral. El Club de Roma fue una iniciativa que pretendía entender por qué Occidente estaba en quiebra, por qué había que rendirse ante un nuevo orden mundial en el que avanzaba el intervencionismo, un nuevo orden mundial donde el comunismo del bloque del Este era una opción, como poco, tan válida como el decadente capitalismo.

Inmerso en esta pesimista visión, el Club encargó a Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III la realización y publicación de un informe que se titularía “Los límites del crecimiento” y que vio la luz en 1972. El agotamiento de los recursos, la destrucción del medio ambiente, el exceso de población, el hambre, la guerra y la crisis económica fueron algunos de los asuntos que abordó. Pero estos problemas, ficticios o reales, ya venían teniendo su sitio en la industria cinematográfica que buscaba nuevos temas con los que llenar las salas.

Nunca he tenido muy claro si el cine refleja la sociedad o la sociedad busca modelos en el cine y en general en las artes y en la actividad presuntamente intelectual, o ambas cosas a la vez. De cualquier manera, la década de los 70 fue una época de derrota, una época en la que Occidente estuvo a punto de tirar la toalla. El final de los años 60 y la década de los 70 quedaron reflejados en un conjunto de películas que mostraban este fututo pesimista, la inevitable catástrofe que se avecinaba.

Que el ser humano sea como un virus para la Tierra no es un mensaje novedoso. Los humanos han jugado a ser Dios demasiadas veces en la ficción cinematográfica y como obstinados pecadores han sido castigados por su arrogancia en multitud de ocasiones. En una de las escenas más famosas de “El Planeta de los Simios” (Planet of the apes, 1968), el coronel George Taylor (Charlton Heston) maldecía a los pies de los restos de la Estatua de la Libertad a una humanidad que había destruido la Tierra a la que él había vuelto siglos después. El resto de las películas de la saga pretendieron, con escasa calidad argumental, explicar cómo el hombre era capaz de destruirse a sí mismo y encumbrar al simio a la punta del la pirámide evolutiva.

No fue el único caso. En el entorno de la Guerra Fría, la guerra bacteriológica había reducido aparentemente la humanidad a un único hombre, de nuevo Charlton Heston, en “El último hombre vivo” (The Omega Man, 1971) y a un montón de seres que parecían vampiros. Basado en un relato de Richard Matheson, “Soy Leyenda” (ya tiene tres versiones este cuento, Vicent Price, Charlton Heston y Will Smith) mostraba de nuevo a una humanidad dispuesta a autodestruirse, pagando su crimen con la desaparición o la mutación. Burt Lancaster, Sophia Loren, Richard Harris y Ava Gadner lo tenían complicado en un tren infectado por un virus mortal que no debía bajo ninguna circunstancia afectar al resto del planeta en “El puente de Cassandra” (The Cassandra Crossing, 1976). El contubernio entre los militares, locos por usar la violencia, y los científicos, jugando a ser el doctor Frankenstein, ha dado grandes momentos al cine conspirativo, pero también ha ayudado a las causas antiliberales.

La escasez de los recursos, su agotamiento y sus consecuencias es otro de los temas propios de las películas de los años 70. Quizá la más famosa sea la saga de Mad Max que empezó en 1979: un mundo donde la falta de petróleo había generado una sociedad loca, violenta, incapaz de sobrevivir cohesionada, de salvaguardar las instituciones que había creado durante siglos, incapaz de buscar alternativas a la falta del oro negro, dominada por mafias violentas que lógicamente disfrutan de la poca gasolina que parecía quedar en carreras y persecuciones destinadas al espectáculo. Está claro que el último mensaje sería: el libre mercado y el capitalismo no es válido pues nos ha conducido a la competencia salvaje, la del más fuerte.

En esta línea, “Cuando el destino nos alcance” (Soylent Green, 1974) nos mostraba un Nueva York superpoblado con una población desesperada, medio muerta de hambre que paradójicamente, no era capaz de huir a otros lugares donde prosperar. Ante tal situación, una empresa saca al mercado una nueva comida sintética (el soylent green que da nombre al título original) que solventaría la hambruna de los habitantes de la ciudad. El protagonista, el detective Thorm (de nuevo Charlton Heston) descubrirá que el nuevo alimento se hacía a base de los cuerpos de los humanos muertos. Curioso y sorprendente sistema de alimentación, desde luego muy poco económico y viable. La película, además de denunciar el problema de la superpoblación y la escasez de recursos, atacaba a la naturaleza de las empresas que buscaban el beneficio rápido, sin ningún tipo de escrúpulo.

Otro de los conceptos que manejaron los creativos fue el posible conflicto nuclear entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que no sólo iba a dar películas de espionaje al estilo 007. En “Ultimátum a la Tierra” (The Day the Earth Stood Still, 1951) un extraterrestre nos avisaba en nombre de su especie (un tanto maternal y autoritaria) de las consecuencias de la carrera armamentística atómica (décadas después lo haría sobre el cambio climático, no sin antes iniciar un genocidio entre la humanidad). Unos años después, en 1959 se estreno “La hora final” (On the beach) que cuenta la lucha desesperada de los supervivientes del holocausto nuclear recluidos en Australia, esperando la muerte y visitando en un submarino una ciudad americana de la que surgen aparentes señales de vida.

En la película “Punto Límite” (Fail-safe, 1964) el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Henry Fonda, daba su permiso para que los rusos bombardearan Nueva York tras un incidente en el que un avión americano sin control bombardeaba Moscú. El mismo argumento, el mismo año, pero desde una perspectiva más paródica y desenfadada se podía ver en la película “Teléfono rojo, volamos hacia Moscú” (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) que rodara Stanley Kubrick. Tan mal estaba Occidente que no era capaz de defender a sus propios habitantes. Siniestra simetría en la que el presidente americano dejaba que mataran a sus compatriotas. El colofón a las películas con la apocalipsis atómica la tuvo “El día después” (The Day After, 1983) que si bien fue rodada para televisión, se llegó a estrenar en cine en España y mostraba el día después de un ataque nuclear contra una ciudad estadounidense.

Antes de “Avatar”, antes de “El día del mañana”, la conciencia ecologista, la destrucción de hábitat natural por parte del ser humano despiadado tenía cabida como idea central en “Naves silenciosas” (Silent Running, 1972) que mostraba una humanidad que tenía las últimas reservas de plantas y animales orbitando en torno a la Tierra. La ausencia de dinero y de voluntad política era la razón por la cual las autoridades decidían destruir estas naves orbitales. El protagonista humano, Freeman Lowell (Bruce Dern) y unos cuantos robots (antepasados probablemente de R2D2), seguramente con más conciencia que el despreciable humano medio, se rebelaban y luchaban por salvar las últimas plantas y animales de la Tierra que de manera melancólica se perdían en el espacio exterior.

Lo cierto es que el cine de los años 70 es un cine triste, donde el “happy end” propio de décadas anteriores queda relegado a unas pocas comedias, donde lo social se pone de moda, donde todo supuesta calidad pasa por una guion socialmente comprometido, una moralina final, si puede ser pesimista, y unos mensajes muy concretos. En la película de Sidney Pollack, “Danzad, danzad, malditos” (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969) el protagonista terminaba suicidándose tras, en plena Gran Depresión, participar en un concurso de baile en el que pretendía ganar un premio que le permitiera sobrevivir en un entorno hostil y deprimente. La relación que se crea entre Jane Fonda y Michael Sarrazin no es suficiente para que este último termine eligiendo la vía más fácil de escapar, pero la lucha no estaba de moda.

Los 70 es la época donde el policía pasa de héroe a villano, donde el sistema se muestra corrupto por su propia naturaleza, donde Charles Bronson, Clint Eastwood o Steve McQueen protagonizan personajes duros, ajenos a la ley, hartos de un mundo sin principios morales, que inician su propia caza del enemigo, una época donde el gánster se convierte en héroe cuya actividad delictiva es fruto, no de su codicia, sino de la sociedad que no ha sabido educarle adecuadamente, de unos principios morales conservadores, castrantes, desafortunados, egoístas que lógicamente deben ser cambiados. Principios morales en los que se empieza a apuntar, por ejemplo, a modelos “familiares” novedosos como el que crean los protagonistas de “Los aventureros del Lucky Lady” (Lucky Lady, 1975), Gene Hackman, Liza Minelly y Burt Reynolds, que en plena época de la Ley Seca terminaban formando un trío-matrimonio perfecto mientras realizan sus actividades ilegales (por otra parte, bastante liberales como el contrabando de alcohol).

No se confunda el lector. Casi todas las películas que antes he nombrado son grandes películas con grandes actuaciones de maravillosos actores y actrices. De la primera a la última, recomiendo su visionado, al menos una vez. Siempre me ha gustado el cine por sí mismo, no busco mensajes y si los veo es bastante posible que los ignore si me parecen irrelevantes o que los medite si me parecen más profundos y me da por ello. Pero me ha parecido interesante destacar que el cine que vemos es muchas veces reflejo de la época que le ha tocado vivir y sus fobias y filias son las fobias y filias de la gente, si el mercado es libre, o de los que lo manejan: políticos, productores y sindicatos de actores, si está subvencionado y se usa como herramienta de adoctrinamiento. Pero más allá de todo eso, el cine es un arte vivo e imprescindible para el que quiera entender una sociedad.

El mito del reswitching

Una de las proposiciones más básicas de la teoría austriaca del capital es que una reducción del tipo de interés originará un alargamiento temporal de la estructura productiva. Esta conclusión deriva directamente de su concepción real del tipo de interés como la relación de intercambio entre los bienes presentes y los bienes futuros: si la utilidad de los bienes presentes se reduce con respecto a la de los bienes futuros, estaremos dispuestos a renunciar a una mayor cantidad de los primeros para incrementar la provisión de los segundos (o dicho de otra manera, el coste de oportunidad temporal de producir bienes futuros se reduce). Tipos de interés más bajos suponen una mayor disposición a esperar (a ahorrar) hasta que se produzcan los bienes futuros y por tanto más tiempo para adoptar procesos productivos que tarden más en dar sus frutos.

Una de las críticas más aparentemente devastadoras que se han dirigido contra esta concepción austriaca del capital suscrita por autores tan variopintos como Böhm-Bawerk, Jevons, Wicksell, Hayek o Fisher es la llamada paradoja del reswitching (o de la reversión de técnicas) desarrollada originalmente por Piero Sraffa. Básicamente, Sraffa sostenía que no había una relación concluyente entre los tipos de interés y la duración de los procesos productivos, de modo que una reducción del tipo de interés podría dar lugar a estructuras productivas que consumiesen menos tiempo (si es que había alguna forma de medir tal circunstancia).

Paul Samuelson sintetizó la visión sraffiana en un artículo de 1966 titulado A Summing Up, cuyo objetivo declarado era el de desmontar la teoría austriaca del capital. Desde luego, las conclusiones a las que llegó el Nobel no eran nada favorables para lo que podríamos llamar la “macroeconomía austriaca”: no había un relación clara entre tipos de interés y la duración de las técnicas productivas; unos menores tipos de interés podían disminuir la renta per capita y la dotación de capital; y, por si fuera poco, esta reducción de los tipos de interés podía no engendrarse mediante un mayor ahorro sino yendo de la mano de un incremento del consumo.

Samuelson ilustrataba la posibilidad del reswitching con el siguiente ejemplo: supongamos que tenemos dos métodos de producir una unidad de un producto (verbigracia, champán) al cabo de tres años; la primera técnica –llamémosle A– emplea en el primer año a 0 trabajadores, a 7 en el segundo y a 0 en el tercero (en el primer año crecen los viñedos en la naturaleza; en el segundo se produce brandy con ellos y en el tercero se deja fermentar en una unidad de champán); la otra –llamémosle B– usa a 2 trabajadores el primer año, a 0 en el segundo y a 6 en el tercero (2 trabajadores producen mosto el primer año, lo dejan fermentar en vino durante el segundo y 6 trabajadores dedican el vino a generar champán en el tercero). Así las cosas, ninguna de las dos técnicas es superior a la otra ante reducciones de los tipos de interés: con unos costes y precios dados, si los tipos de interés superan el 100%, la técnica A es más rentable que la técnica B; si éstos se sitúan entre el 50% y el 100%, la técnica B pasa a ser más rentable que la A; y, sin embargo, si el tipo de interés es inferior al 50%, la técnica A vuelve a ser más rentable que la B.

En definitiva: una reducción de los tipos de interés (de 150% al 75%, por ejemplo) favorecerá la transición hacia una técnica productiva (la B) menos eficiente (se emplean 8 trabajadores para fabricar una unidad de champán), pero reducciones sucesivas del tipo de interés (de 75% a 25%) volverán a llevarnos hacia la técnica productiva más eficiente (la A). Ni podemos saber cuál de las dos técnicas consume ni más tiempo ni, aunque pudiéramos saberlo, habría una relación concluyente con los tipos de interés.

O al mismo eso parecía a simple vista. Pues la realidad es más bien la contraria: el modelo de Samuelson adolece de una profunda incomprensión de la teoría austriaca del capital y de los tipos de interés.

Empecemos admitiendo uno de los problemas que sí posee la afirmación de que una estructura productiva consume más tiempo que otra: la única forma que tenemos de medir esto es estudiando cuán capital-intensiva es una estructura productiva (cuánto capital hay invertido por bien de consumo producido) pero, aún así, en muchos casos será muy difícil, si no imposible, medir esa intensividad del capital. Es cierto que en la mayoría de los casos sí podremos mensurarla sin demasiados problemas; por ejemplo, podemos emplear la rotación del capital en la economía, esto es, la ratio entre el valor monetario de los bienes de consumo finales (podemos aproximarlo por el PIB) y la suma de la dotación de capital de una economía más la inversión adicional de ese período. A mayor rotación del capital, menor intensividad del capital y viceversa. El problema de esta medida es que no resulta infalible, pues una parte de los bienes de consumo finales se “producen” fuera del mercado (por ejemplo, el tiempo libre), motivo por el que carecen de valores monetarios, y otra parte verá reducir sus precios al volverse más abundante, de modo que el gasto monetario no se incrementará por mucho que su producción se vuelva más eficiente (por eso Böhm-Bawerk buscaba una medida de productividad y de intensividad del capital en términos físicos, pero tal pretensión se me antoja problemática y escasamente realizable).

Pero que en algunos casos no se pueda medir con precisión la intensividad del capital no significa que una economía no pueda ser más o menos capital intensiva. Al fin y al cabo, el tiempo libre o la cultura tampoco integran el PIB de un país, pero ello no impide a la mayoría de economistas sentenciar –con bastante menos criterio– que una sociedad se enriquece cuando aumenta el PIB (aunque disminuya el tiempo el libre) y se empobrece cunado disminuye (aunque aumente el ocio). Si la economía se vuelve más capital-intensiva es simple y llanamente porque una menor propensión a consumir coloca en manos de los empresarios más tiempo y recursos para iniciar nuevos proyectos de negocio que incorporan capital; es decir, una mayor parte de nuestra renta se empleará en producir bienes de consumo futuros.

Sentado esto, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el caso que emplea Samuelson en su artículo está viciado de raíz al limitar el número de técnicas disponibles para toda la economía a solo dos. Como recuerda Robert Murphy, los austriacos no sostienen que todas las técnicas productivas que se vuelvan viables con menores tipos de interés sean más productivas que las que eran viables a unos mayores tipos de interés, sino que es razonable suponer que siempre habrá técnicas muy productivas que no eran rentables con altos tipos de interés y que pasan a serlo con bajos tipos de interés (pensemos en los viajes espaciales, la construcción de infraestructuras, la inversión en I+D…).

Böhm-Bawerk hablaba de que ante las reducciones de los tipos de interés siempre existirían técnicas que, escogidas con inteligencia (wisely chosen), serían más productivas que las anteriores. Samuelson, después de limitar todo el arco de técnicas empresariales a solo dos, se ve forzado a reconocer, al final de su artículo, que esta intuición de Böhm-Bawerk es cierta. Dice Samuelson:

Mi sospecha es que en una economía mixta moderna tiene tantas técnicas alternativas a su alcance que puede, por decirlo de alguna manera, emplear útilmente el tiempo, pero con una tendencia a agotar los usos de igual rentabilidad para operar en una curva de rendimientos decrecientes.

Por consiguiente, en una economía moderna no tendremos dos técnicas –A y B– en alternancia, sino varios abecedarios de letras (tantas como ingeniosos sean los empresarios) que se irán ampliando conforme se reduzca el tipo de interés: en esa sopa de letras creciente, es muy probable que los empresarios encuentren técnicas al menos tan productivas como las actuales, de modo que al implementarlas la sociedad se hará un uso más intensivo y eficiente del capital en la producción de bienes y servicios.

Pero, por potente que sea esta réplica a Samuelson, no deja de ser una réplica insuficiente tanto por su carácter empírico (¿y si no hay técnicas más productivas?) cuanto, sobre todo, por no hacer justicia al verdadero análisis austriaco del capital y del interés que es el que Samuelson intenta desmontar. Me sorprende que ningún austriaco –que yo sepa– haya abordado hasta la fecha este punto, pues lo cierto es que el estadounidense sólo llega a poner en solfa la teoría austriaca del capital gracias a que emplea presupuestos keynesianos (y premarginalistas, como veremos).

Un defecto teórico muy importante de Keynes y de los keynesianos es que a la hora de determinar cuál es la eficiencia marginal del capital (lo que hoy llamamos la TIR o la rentabilidad del capital por unidad de tiempo) consideran que el valor del capital (el precio de los bienes de capital y de los salarios adelantados) está dado al margen de los tipos de interés. Es decir, equiparan el tipo de interés con el tipo de interés de los mercados crediticios (de los préstamos en dinero) dejando fuera todos los otros intercambios de bienes presentes por bienes futuros (por ejemplo, el pago de salarios a cambio de bienes de consumo futuros).

El problema es que el capital no es más que el valor presente de las rentas futuras que generará un determinado bien de capital (su productividad marginal descontada). De modo que la rentabilidad del capital tenderá a ser igual al tipo de interés en toda la economía: los sectores o mercados (incluyendo el de créditos) cuya rentabilidad supere al tipo de interés tenderán a atraer capital y aquellos en los que sea inferior tenderán a liberarlo.

Si Samuelson quiere caracterizar con las técnicas A y B a las estructuras productivas del conjunto de la economía (por ejemplo, una economía totalmente integrada y dedicada a producir champán) es absurdo sentenciar que una es más rentable que la otra a un determinado tipo de interés, pues las tasas de rentabilidad de ambas técnicas serán la misma y coincidirán con el tipo de interés del mercado de créditos, a su vez determinados ambos por la preferencia temporal de los trabajadores y del capitalista. Simplemente, dado que los salarios pueden equipararse a un préstamo a los trabajadores amortizado a través de los bienes de consumo futuros que producen, los salarios variarán hasta que su valor presente sea igual al valor presente de la mercancía producida.

Por ejemplo, si asumimos que se producen al final de tres años botellas de champán por valor de 1.000 um, con un tipo de interés en el mercado crediticio del 80%, al capitalista le es indiferente pagar salarios de 44,1 um por trabajador en la técnica A o de 44,5 en la B. En ambos casos su rentabilidad (80% anual) o su coste (171 um presentes o 1.000 um futuras) son idénticos. Es decir, con los pertinentes ajustes en los salarios ninguna técnica sería preferida a la otra: ni al 5%, ni al 20% ni al 1.000% de tipo de interés.

Lo que determinará si se escoge una u otra técnica productiva no será tanto el tipo de interés del mercado crediticio, sino la preferencia temporal del capitalista y de los trabajadores, que es la variable que determina la rentabilidad de la técnica productiva y el tipo de interés crediticio.

Planteémonos qué sucedería si los salarios se situaran por encima o por debajo de la productividad marginal descontada que a unos tipos de interés del 80% hacen rentable cualquiera de las dos técnicas productivas (es decir, si la TIR de las técnicas A y B se sitúa por debajo del 80% en el primer caso y por encima del 80% en el segundo). En el primer supuesto, el capitalista se negaría a contratar a los trabajadores para alguna de las dos técnicas, pues juzgaría que el valor temporal de los bienes presentes que adelanta sería superior al de los bienes futuros que obtiene y se dedicaría a ofrecer su capital en los mercados crediticios donde puede prestarlo a un tipo de interés del 80%. En el segundo caso, con salarios por debajo de la productividad marginal descontada, los trabajadores se negarían a trabajar, pues el valor de los bienes presentes que obtendrían sería inferior al valor presente de los bienes futuros que entregan, de modo que se endeudarían en el mercado crediticio pagando unos intereses anuales del 80% para implementar cualquiera de las dos técnicas.

Tengamos claro que si el capitalista no puede prestar o los trabajadores no pueden pedir prestado al 80% en los mercados crediticios sería simplemente porque el tipo de interés de mercado sería otro, o más alto (si es el capitalista quien se niega a prestar al 80%) o más bajo (si son los trabajadores quienes se niegan a endeudarse al 80%), y ese tipo de interés sería el que se arbitraría con la TIR (spread entre los salarios y los precios de los bienes de consumo) de las distintas técnicas productivas. O análogamente, si el capitalista no puede contratar a siete trabajadores por 44,1 um (o a ocho por 44,5) sería también porque el tipo de interés de mercado sería otro, o más alto (si es el capitalista quien se niega a adelantar salarios mayores) o más bajo (si son los trabajadores los que no aceptan salarios tan bajos).

Siguiendo con el ejemplo anterior, si los tipos de interés se encuentran en el 80% y alguno de los ocho trabajadores de esta economía no está dispuesto a trabajar por menos de 45 um, entonces es evidente que sólo una de las dos técnicas productivas será viable: la A (pues sólo habrá siete trabajadores dispuestos a ser contratados a unos salarios que compensan al capitalista por adelantar su capital). Si hubiese dos o más trabajadores que se negaran a trabajar por 44,1 um, entonces ninguna de las dos técnicas productivas sería viable, por lo que el capitalista prestaría sus ahorros en el mercado crediticio. Y si tampoco pudiera hacer esto último por no haber demanda de crédito a ese tipo de interés, entonces tendremos que concluir que el tipo de interés no es del 80%. El capitalista deberá buscar otras inversiones alternativas, menos rentables pero en las que sea necesario adelantar menos capital: por ejemplo –llamémosle técnica C– producir al cabo de tres años botellas de champán por un valor de 500 um, contratando a cuatro trabajadores en el segundo año por un salario de 50 um cada uno (es decir, en el segundo año se adelanta un capital de 200 um, lo que significaría que la TIR cae al 58%).

Creo que es fácil concluir, aun cuando no tengamos una medida objetiva de la intensividad de capital, que la técnica productiva C es menos capital-intensiva que la A o la B, pues emplea mucho menos capital en términos absolutos y también en relación con el producto final (teniendo en cuenta que parte de los trabajadores pasan a consumir “tiempo libre”, pues el coste de oportunidad de renunciar a él es mayor que la utilidad que logran del salario que se les podría pagar). En otras palabras, para que técnicas más productivas y más intensivas en capital como la A o la B pudieran iniciarse, sería necesario que el capitalista estuviera dispuesto a adelantar una mayor cantidad de capital a tipos de interés menores, es decir, que la preferencia temporal se redujera. Esto es justamente lo que sostienen los austriacos: habrá siempre proyectos muy productivos que no se podrán iniciar por ser los tipos de interés demasiado altos y que, por consiguiente, si esos tipos de interés se reducen pasarán a implementarse.

Por consiguiente, el ejemplo que ofrece Samuelson basado en productividades físicas no tiene ningún sentido (o más bien, sólo lo tendría si los salarios se mantuvieran constantes con independencia de la técnica elegida). Bajo esta perspectiva de equilibrio muy parcial, se mantienen constantes los salarios y los precios de los bienes de consumo para concentrarnos en estudiar los cambios en los tipos de interés. El problema es que en el conjunto de la economía, la relación entre los salarios presentes y los bienes de consumo futuros… ¡son los tipos de interés! La crítica del reswitching de Sraffa y Samuelson presupone que en el agregado de la economía los tipos de interés del mercado financiero pueden variar, pero que en cambio los tipos de interés de la estructura productiva (su tasa interna de retorno) se mantienen constantes.

La cuestión es si la TIR del conjunto de la economía puede, en equilibrio, estar por debajo de los tipos de interés del mercado financiero sin que haya un arbitraje entre ambas; es decir, sin que o bien se reduzcan los salarios en relación con los precios de los bienes de consumo (aumento de la TIR) o sin que los tipos de interés del mercado de crédito aumenten (otro asunto es estudiar la transición desde el desequilibrio al equilibrio). Y la respuesta es que, si no existen restricciones al arbitraje, no puede hacerlo, pues el capitalista redistribuirá el capital entre ambos mercados. Por ello, la cuestión de la elección de la técnica productiva compatible con el equilibrio intertemporal (coordinación de ahorradores y consumidores) es la misma cuestión que cómo se determinan los tipos de interés.

Es decir, al resolver cuánto capital están dispuestos a adelantar los capitalistas a la economía real se están determinando los tipos de interés por el simple spread entre precios de venta esperados y costes incurridos. Y, obviamente, los capitalistas estarán dispuestos a adelantar tanto más capital cuanto más baja sea su preferencia temporal. El reswitching simplemente no existe ni tiene ningún sentido cuando precios y costes varían.

Diré más. Los despistados han querido ver en el reswitching una refutación matemáticamente sencilla de la teoría austriaca del ciclo económico (TACE). Pero en realidad no la afecta en lo más mínimo. Aun cuando la caída de la preferencia temporal no llevara a adoptar técnicas que consumieran más tiempo, de lo que no cabe duda es de que una reducción de los tipos de interés sí tendría como consecuencia un incremento generalizado de los salarios y de otros anticipos de capital por el menor descuento de la producción futura. Sólo esta consecuencia le es suficiente a la TACE, pues unas rentas artificialmente altas promoverán un desequilibrio entre ahorro e inversión que requerirá de un reajuste real. De hecho, esto es, en el fondo, el famoso Efecto Ricardo de Hayek que, para muchos, es la esencia de la TACE.

El error de Sraffa y Samuelson parece venir de adoptar una concepción premarginalista de los precios y de los costes, donde los segundos –los salarios presentes– no son determinados por los primeros sino por la cantidad de trabajo que llevan incorporada –en realidad, es el valor presente de los precios futuros de venta lo que marca el límite máximo que puede abonarse por los salarios. Si lo pensamos, es bastante lógico que Sraffa incurriera en este error, pues el italiano trató de rehabilitar a David Ricardo –furibundo defensor de la teoría de que los precios dependen de los costes– hasta el punto de ser conocido como el fundador de la Escuela Neo-ricardiana. Pero, desde luego, este deje premarginalista no debería servirnos de excusa para rechazar la teoría más refinada dentro de la escuela del mayor y mejor exponente del marginalismo.

La decadencia del pensamiento español

Ninguna universidad española está situada entre las 25 mejores del mundo y, en las puntuaciones sobre la calidad de las universidades del mundo, nunca aparecen bien clasificadas las universidades de España.

Salvo por puntuales aportaciones en ciencias experimentales e ingeniería y, de forma acusada en el ámbito de las ciencias sociales, el mundo académico e intelectual español padece males endémicos como la permanente dependencia de los presupuestos públicos, la escasa colaboración con las empresas privadas en las labores de investigación, la incapacidad de producir obras singulares y de iniciar escuelas de pensamiento que logren relevancia mundial y, desde luego, la carencia de publicaciones y trabajos en donde se logren impactos en la comunidad científica internacional y, se observe cierto racionalismo crítico con respecto a las instituciones, la economía política, el derecho constitucional y otras áreas clave para la evolución sociocultural del país.

Universidad y Academias

Tener personalidad y criterios propios en la universidad española está penalizado, ya que supone hacer frente a muchos obstáculos políticos, crearse problemas académicos y generar envidias profesionales que dificultan la carrera académica. Existe endogamia en los tribunales académicos y muchos contratos y oposiciones para profesores suelen estar “orientados” de antemano. No prevalecen la sana competencia en mérito y capacidad ni la experiencia previa en el sector privado. Por el contrario, predominan las tareas meramente lectivas y los contactos departamentales de cada candidato y, finalmente, las investigaciones recaen en alumnos de doctorado becados con sueldos miserables o, en el peor de los casos, terminan siendo otorgadas a amigos “enchufados” y a personas con los contactos políticos adecuados.

Quizás el aspecto más dañino para el país sea la facilidad con que los profesores suelen replicar las ideas y conceptos económicos venidos del extranjero, sin tener capacidad crítica para desarrollar discursos propios que identifiquen las relaciones causales responsables del crecimiento socioeconómico de la nación. Su carencia de racionalismo crítico, se refleja en la extrema permeabilidad del profesorado español hacia las ideologías cientistas contrarias al arraigo de la civilización.

Por supuesto, existen excepciones a la regla que permiten que los alumnos no pierdan la esperanza en el conocimiento y la investigación críticos pero, debemos reconocer que muchos académicos terminan defendiendo las ideologías colectivistas o, al menos, no critican con suficiente fuerza el intervencionismo y se prestan al juego de los políticos que controlan el presupuesto de cada universidad, para recibir prebendas públicas en forma de puestos de alto cargo, asientos en las Academias, premios, cátedras o subvenciones de investigación.

Ante este panorama universitario y académico, con un amplio colectivo de catedráticos y profesores sometido al dinero público y, por tanto, a las directrices y caprichos de los políticos de cada Comunidad Autónoma, no es de extrañar que las utopías nacionalitas logren propagarse por los medios de comunicación regionales sin que exista una comunidad científica que desvele sus falacias y critique con fuerza sus graves inconvenientes. Tampoco tiene que asustarnos que los políticos sólo reciban informes y estudios que avalen y publiciten sus arbitrios y, otorguen una patina académica al intervencionismo en las Administraciones Públicas.

 Ruptura con la Escuela de Salamanca

La decadencia del pensamiento español no es una novedad del siglo XXI ya que, desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se fueron produciendo acontecimientos que produjeron una traumática ruptura con las ideas de la corriente crítica y reformista de los escolásticos de la Escuela de Salamanca.

Se procesaron y encarcelaron escolásticos como Fray Luis de León o Juan de Mariana en España, se silenciaron los discursos académicos más osados y, se destruyeron los ejemplares que circulaban por Europa de aquellos libros catalogados como prohibidos por sus ideas críticas y reformistas como De Rege et Regis Institutione.

La inamovilidad en el tratamiento de los asuntos de la economía política fue la mayor responsable de la decadencia de España durante los siglos señalados y, sin duda, aceleró el proceso de independencia de los territorios de ultramar durante el siglo XIX. Familia real, religión católica, nobleza e intelectuales que ocupaban los altos cargos del Gobierno y que se mantenían unidos en el mantenimiento de sus privilegios a costa de la pobreza y el escaso desarrollo de la mayoría del país.

El olvido académico y universitario de las referencias al pensamiento de la Escuela de Salamanca se agudizó durante los siglos XVIII, XIX y XX. Tuvo que ser la inglesa Marjorice-Grice Hutchison, partiendo de la lectura del ensayo La época del mercantilismo en Castilla 1500-1700 (1943) del erudito profesor José Larraz, la investigadora que rescatase del olvido el racionalismo crítico de los escolásticos españoles e hiciese renacer sus ideas para el resto del mundo con su monumental obra “The School of Salamanca” (1952). Con anterioridad, los estudios sobre los escolásticos españoles fueron parciales y sin la profundidad intelectual que requerían en ámbitos de las ciencias sociales como la filosofía moral, la historia, el derecho constitucional o la economía política.

Irresponsabilidad de los Intelectuales

El profesor José Luis Ramos Gorostiza realiza un interesante análisis en su trabajo “Carácter nacional y decadencia del pensamiento español” donde aborda el empleo del “carácter español” como principal explicación de la decadencia socioeconómica de España lo que, sin duda, constituyó una forma fácil de cargar responsabilidades en el pueblo y eludir las evidentes responsabilidades de la clase dirigente.

Documenta el profesor Ramos Gorostiza como los famosos historiadores Menéndez Pidal, Américo Castro o Sánchez Albornoz consideraban la historia de España como “manifestación en la cronología de un permanente carácter español” (1) y, como los conocidos ensayistas Salvador de Madariaga o Pedro Laín Entralgo argumentaban sobre las particularidades españolas como clave para la comprensión de España.

De este modo, podemos comprobar como los intelectuales españoles, que más influyeron sobre los políticos de su época, han venido cargando las culpas de la decadencia socioeconómica de España en falacias históricas como el “carácter nacional” o la “leyenda negra”, en vez de identificar la irracionalidad de las autoridades públicas y denunciar el intervencionismo generalizado de los diversos regímenes políticos que ha padecido España.

 Conclusiones

Salvo en contadas excepciones, no se ha ejercido crítica sobre la acción de los políticos que, mayoritariamente, han buscado utopías que retrasaban España respecto de otros países europeos y no han seguido las relaciones causales que arraigan la sociedad civilizada y favorecen el progreso, a pesar de que fueron identificadas perfectamente por la Escuela de Salamanca y refinadas por Juan de Mariana.

Hoy en día, al igual que en los siglos pasados, la decadencia del pensamiento español permanece y los intelectuales prefieren achacar los problemas a la idiosincrasia española (u otras ideas más peregrinas como los especuladores internacionales, los empresarios, el capitalismo o la falta de regulación gubernamental en los mercados) en vez de identificar las carencias institucionales, el relativismo moral y la ausencia de valores de la clase dirigente, el positivismo jurídico y el intervencionismode todos los partidos” como las causas reales de la decadencia y de las crisis en España.

En todo caso, la endogamia y la dependencia de los fondos públicos de la Universidad y de las Academias significa que buena parte de los intelectuales realizan investigaciones inanes para el desarrollo de la sociedad civilizada en España y, aún peor, se publican estudios sociales, históricos, culturales o económicos nada rigurosos que emplean argumentos en donde prevalecen los intereses electorales y partidistas en lugar de la independencia, la sujeción de los razonamientos a las relaciones de causalidad y el análisis crítico de la realidad.

Las noticias sobre los múltiples casos de corrupción y prevaricación demuestran que no es el honrado pueblo español, sino la casta política y judicial, la responsable directa de la decadencia y de las crisis en España.

Desde luego, también son responsables indirectos la mayoría de intelectuales (y las editoriales y medios de comunicación que les dan cobijo), ya que no buscan dotarse de medios para lograr independencia y, adolecen de los valores morales y el coraje para arriesgarse a criticar el intervencionismo del régimen político e intentar influenciar sobre las máximas autoridades del país con el objetivo de reformar las instituciones, realizar una segunda transición y dotar a España de las condiciones estructurales que permitan afrontar el futuro con garantías de estabilidad territorial, convivencia pacífica y progreso socioeconómico.

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Gobernanza como excusa del mal gobierno

Desde la década de los ochenta, los ingenieros sociales intentan que el término gobernanza abandone los manuales que idean en las facultades de sociología y se trasladen al acervo de la gente común. Para ello, de forma periódica se asoman a las tribunas de periódicos influyentes explayándose en las bondades de la gobernanza mundial sin demasiado éxito. Pero, ¿qué hay de nuevo en la gobernanza?

Si algo caracteriza al término gobernanza es su calculada ambigüedad. Si acudimos al Diccionario de la lengua española de la Real Academia encontraremos una acepción antigua que la define como “acción y efecto de gobernar o gobernarse” alejada de la actual “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Más que un nuevo concepto nos encontramos con la redefinición de uno ya existente, una palabra que se moldea para adecuarla al contenido que los científicos sociales quieren, convirtiendo la acción indeterminada de gobernar en una manera concreta de gobernar. Con esta pequeña trampa de las palabras se consigue que un término sin contenido político en sí mismo adquiera connotaciones y una agenda específica. No merece la pena resaltar que el sano equilibrio entre Estado, sociedad civil y mercado se antoja como una utopía inalcanzable dada la naturaleza del Estado, caracterizado como competencia desleal tanto de la sociedad como del mercado -si es que son realidades diferentes-, cuyo punto de equilibrio solo se encuentra cuando los ha aniquilado o regulado hasta monopolizarlos.

Por otro lado, el alcance de la gobernanza es prácticamente ilimitado dada la vaguedad en sus definiciones. Hay gobernanza mundial para que los políticos encuentren recursos con los que controlar las actividades que traspasen las soberanías estatales pero también hay gobernanza local para llenar de regulaciones los nichos cercanos que todavía conservábamos y creíamos privados. Nada escapa a la gobernanza, incluso en el tiempo del relativismo puede hablarse de una gobernanza islámica para justificar el buen gobierno de acuerdo a las leyes de Alá.

Las fronteras de los estados parecen no ser suficientes para esta glotonería reguladora y se introducen nuevos actores que, al influir en la sociedad, deben ser regulados. Cualquier asociación espontánea o iniciativa que se produzca al margen del Estado debe encauzarse a través de esta visión estatista. Los factores económicos, qué menos, tampoco se quedan al margen y deben incluirse en la gobernanza. Todo, para que los poderes estatales puedan acometer sus desarrollos legislativos sin control, pues los presupuestos ya no tienen que aprobarse por mayorías, ni someter a los representantes al escrutinio de los electores, la única medida que cabe es su adecuación a la gobernanza.

La gobernanza no es más que un último intento por justificar la intromisión de la política en ámbitos que no siempre habían estado a su alcance y lo que tradicionalmente se había conocido como mal gobierno. Así, la imposibilidad efectiva de poner en marcha el sueño totalitario de un gobierno mundial sin competencia se aferra a la idea de una gobernanza global que no requiera de instituciones formales sino de estos controles difusos y objetivos ideales a las que tan acostumbradas nos tiene el positivismo que plasma los derechos, ya no de tercera, sino de cuarta generación, convirtiendo el deber ser en norma para transformar la realidad y, muy en concreto, al hombre, cuya naturaleza tozuda no siempre se pliega a los designios que dicta la vanguardia iluminada por la nueva religión del progresismo. 

No es de extrañar entonces su creciente uso en el mundo de la dictadura de la corrección política en el que la Ciencia Política analiza la realidad siempre y exclusivamente bajo el prisma del estatismo. El buen gobierno que había preocupado a los filósofos desde la Antigüedad es ya un parámetro de la ciencia del progreso y como tal no admite opiniones encontradas pues la verdad revelada no puede ser puesta en entredicho. Así, bajo un nuevo nombre se esconde la tiranía de siempre, la voluntad del poder político de escapar de cualquier tipo de control o supervisión; una nueva envoltura llamativa para el mismo caramelo envenenado de siempre.

Inmigración y libertad

Los gobernantes del estado de Arizona pretenden reducir drásticamente los problemas que consideran derivados de la inmigración. Pero no lo hacen atacando a la inmigración en sí, sino a la ilegal. Cierto es que muchos de los procedimientos que prevé la Ley (o que preveía antes de la matización de la jueza Bolton) parecen conceder excesiva arbitrariedad a la policía, pero es cuando menos peculiar que haya polémica porque una ley pretenda restablecer la Ley y que la progresía pretenda que la situación de ilegalidad se perpetúe. Esto deja ver que en los estados modernos el imperio de la ley ha dejado paso al imperio de la voluntad política de los legisladores, que emiten ad hoc unas leyes y que omiten, también a impulsos de intereses particulares, la aplicación de otras ya vigentes.

Hecha esta consideración sobre la deriva del derecho contemporáneo, el fondo del problema radica en la valoración de la inmigración, ora como bien, ora como obstáculo a la civilización. Para argumentar lo primero se aducen, desde el liberalismo al uso, las mismas razones que para la libre circulación de mercancías. La única explicación aparentemente plausible a esto es la aplicación generalizada de una mera analogía. Si es bueno promover la libre circulación de mercancías, habría que promover, igualmente, la libre circulación de todo lo demás, incluidas las personas. Pero una analogía no es lógica per se; ni siquiera es praxeológica. 

El argumento central del librecambismo afirma que, en ausencia de restricciones al comercio, la producción “excedente” de cada área se verá estimulada por la acción combinada de la división internacional del trabajo y de la ley de rendimientos decrecientes. El resultado de este impecable argumento es que, con todos los gobiernos decididamente favorables al librecambismo, la necesidad de emigrar se vería radicalmente reducida. Por lo cual, la analogía antedicha queda destruida por el propio desarrollo del argumento librecambista. A más librecambismo, menor incentivo a la emigración.

Pero existe, además, un nuevo dato a tener en cuenta para disociar definitivamente libre inmigración de librecambismo. Los intercambios de mercancías se realizan entre propietarios privados mayoritariamente. Esto conlleva la consideración de que las mercancías llegan a aquellos que expresa y libremente las demandan. No ocurre así con los inmigrantes. El contacto de las poblaciones autóctonas con las inmigradas se produce forzosamente. Los vecindarios locales, especialmente de aquellos que no pueden mudarse de residencia, se ven obligados a admitir a personas de hábitos, modos públicos y actitudes que alteran el sentido local de lo bueno, lo correcto, lo aceptable y hasta lo moral. Por tanto, los habitantes locales, por efecto de las leyes favorables a la inmigración o de las tolerancias ilegales acerca de ella, han de soportar lo que no desean. No ocurre así con las mercancías.

Cierto es que en este problema se cruza la cuestión de la existencia de los estados del bienestar, entendidos como proteccionismo social a cargo del Estado, y el supuesto incentivo que suponen para la inmigración. Aunque no está claro que tal incentivo sea determinante, lo cierto es que la existencia de espacios públicos y de leyes igualitarias convierte el problema en algo de ámbito público. Y, en esto, cuanto mayor sea la unidad territorial en que es gestionado, menor ámbito para la libertad. Sería, pues, una medida interesante, que sean los propios municipios los que estén dotados de capacidad normativa para aceptar o no a inmigrantes o discriminar entre éstos según criterios de cualificación, hábitos, origen, etc.

Esto y, en coherencia con todo ello, la promoción consistente del librecambio.