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La España invertebrada

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Los nacionalismos vasco y catalán son hoy la más grave amenaza para el estado social español tal y como lo conocemos. Esto, que podría ser una buena noticia para la libertad, es, sin embargo, un abierto desafío a la pervivencia de la unidad política de los españoles, y lo que es fundamental, un peligro para sus libertades. La presión nacionalista encarna los peores rasgos del estatismo contemporáneo.

El estado del bienestar español se basa en la redistribución de la renta intraterritorial, que pervive a pesar del reconocimiento de la autonomía política y financiera a las regiones que lo componen. El caso del País Vasco y Navarra es singular, dado que su contribución al sistema general de redistribución es prácticamente nula. Semejante excepción no ha representando un obstáculo insalvable que impidiera constituir un estado social sobre el resto de territorios. Sin embargo, la aspiración catalana de obtener un estatus similar al vasco o al navarro compromete hoy más de 30 años de dependencia interregional cuya continuidad resulta imposible sin la “aportación” que desde Cataluña se hace a la redistribución centralizada.

España no es un país homogéneo. La dependencia se concentra en unas regiones, del mismo modo que la mayor riqueza se halla en otras. El artilugio conocido como “balanza fiscal” responde a una realidad innegable, puesto que estableciendo fronteras y calculando de manera agregada lo que un territorio aporta o recibe, resulta evidente el desequilibrio. Sin Cataluña aportando a la caja común, España no podría garantizar la redistribución actual, despareciendo no sólo el estado del bienestar en cuanto a las competencias centralizadas, sino también los subestados sociales en que se han querido convertir todas las autonomías.

El catalanismo no aspira a que desaparezca el expolio y la reasignación en su territorio. Lo que pretende es consolidar un estado del bienestar íntegramente catalán, donde toda la recaudación revierta en políticas de gasto decididas en Cataluña, y para los que allí residan. Los vecinos de los barrios pudientes o las clases medias catalanas seguirían siendo expoliados para mantener una red interna de dependencia entre otros conciudadanos con menos recursos. La diferencia es que los impuestos recaudados por la Generalitat dejarían de ir a parar a Andalucía, Galicia o Extremadura, para concentrarse en Tarragona, Hospitalet o Sabadell.

España no tiene otra salida que desmontar su propio estado del bienestar y tratar que las regiones dependientes dejen de serlo, bien mediante el recorte de prestaciones, bien a través de su desarrollo económico. Como lo segundo no ha funcionado, parece inevitable que andaluces o gallegos se preparen para renunciar a esa recepción de riqueza que hoy sostiene artificialmente sus respectivos sistemas de dependencia social. Si Cataluña acaba como el País Vasco o Navarra, ni el Estado central tendrá capacidad para afrontar tales prestaciones por sí mismo, ni el sistema de vertebración nacional podrá garantizar la redistribución de unas regiones a otras.

Esta situación resulta inviable, y muy tendente a generar violencia interregional. El catalanismo pretende evadir los actuales costes del estado social español, pero mantener como hasta ahora los mercados internos de los que vive, mayoritariamente, su industria. Esto es lo que llevan haciendo más de 30 años vascos y navarros, pero lo cierto es que cuando tal situación comenzó a darse, ni el estado social tenía las dimensiones que hoy tiene, ni existían estructuras de poder autonómico tan definidas como hoy. Quizá la Constitución de 1978 tendría que haber reconocido a Cataluña el mismo estatus que a los territorios forales, pero lo cierto es que este reconocimiento habría hecho imposible el desarrollo ulterior de todo el Estado autonómico tal y como hoy lo conocemos (lo cual nos podría haber ahorrado muchos problemas).

El Título VIII de la CE-1978, en concurso con la Disposición Transitoria Segunda, ha sido la fuente de todos los desajustes. Pero no en el sentido de reconocer el acceso directo a la máxima autonomía a aquellos territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente un Estatuto en época republicana y que contasen con regímenes provisionales de autonomía previos a la Constitución, sino en el subterfugio creado por el artículo 151.1, por el que Andalucía pudo acceder (no sin irregularidades) a la máxima autonomía prevista en el 148.2. Desde ese momento el modelo autonómico dejó de ser útil para satisfacer las legítimas demandas del regionalismo vasco y catalán y pasó a convertirse en un instrumento de descomposición de la Nación española, además de la coartada para construir un estado del bienestar manifiestamente incompatible con el espíritu autonomista del texto constitucional.

En 1978 se presentó un modelo virtuoso que parecía capaz de reafirmar la unidad de España, reconocer derechos históricos, autonomía en un grado inaudito en cualquier sistema político del mundo, y a la vez ser el origen de un Estado intervencionista y de bienestar de corte europeo. La cuadratura se hizo imposible, como se ha visto, desde el momento en que una región dependiente, nada menos que la más poblada de España, se colocó al mismo nivel de autonomía política que Cataluña y País Vasco, regiones ricas y mucho más prósperas. La anomalía catalana o el privilegio vasco hicieron que Cataluña se convirtiera en una autonomía de primer rango, pero avocada a contribuir como la que más a las aventuras socialdemócratas, no sólo del Estado central, sino de las autonomías más precarias que, siguiendo la estela andaluza, también quisieron su parte del pastel.

Aun a pesar de todo lo anterior, el catalanismo no puede luchar contra 30 años de desarrollo autonómico, tampoco puede practicar el victimismo en soledad, puesto que en el Régimen común existen otras regiones que sufren, incluso con mayor intensidad, la pesada carga de la redistribución interterritorial (por ejemplo, Madrid). Lo peligroso y problemático es que España se ha definido como eso: una garantía de dependencia. Podría haberse consolidado como un espacio de encuentro, un mercado común o una realidad provechosa para todos los españoles sin distinción, pero no se quiso que así fuera.

La perversión política a la que aspira el catalanismo podría resumirse en la actual posición de los diputados y senadores procedentes de las provincias vascas o navarras: con independencia fiscal o en otras muchas materias, se integran, participan y votan en el seno de unas cámaras que deciden sobre cuestiones que no les atañen. El mercadeo político se hace insoportable, sobre todo en lo que a revisiones fiscales o presupuestarias se refiere. Cataluña pretende ahondar en ese desequilibrio. Si se cumplieran las previsiones de su actual Estatuto, los diputados y senadores catalanes se convertirían en fuerzas ajenas pero determinantes en cuestiones que ya no les concernirían directamente. La alternativa que hoy plantea el catalanismo, en términos estrictamente políticos y de modelo de Estado, resulta inviable e inaceptable por el resto de España.

O se presentan otras opciones o el modelo seguirá encallado durante años, aumentando los niveles de crispación o la excitación particularista. La España federal, como salida a este desaguisado, no puede comenzar con un abandono unilateral de Cataluña del sistema común, sino con la iniciativa y el esfuerzo de quienes así lo pretendieran por presentar un modelo general e integrador, capaz de propiciar una nueva realidad política, menos intervencionista, menos interdependiente en términos de redistribución, y mucho más proclive a la libertad de sus ciudadanos en mercados amplios, dinámicos y competitivos. Si Cataluña quiere más autonomía, incluso la independencia fiscal, no puede seguir enconándose en el intervencionismo de puertas para dentro, y hostigando al resto de España sin ofrecer una actitud mucho más liberal y modernizadora.

El liberalismo defiende el autogobierno, pero no resulta convincente, y mucho menos coherente, cuando, dejándose llevar por la visceralidad, confunde los objetivos y antepone una presunta conquista colectiva e histórica a la efectiva consecución de mayor libertad individual, dentro de sistemas políticos pacíficos y sostenibles. No se debe combatir al socialismo con más socialismo, o al Estado con una alternativa incluso más estatista que aquella que criticamos. Y esto es lo más triste, porque ni siquiera los catalanistas que dicen ser liberales son capaces de identificar y ordenar sus propias convicciones con aquello que exclusivamente son meros sentimientos colectivistas.

Por qué los liberales clásicos no ganamos elecciones

Escrito por Pedro Schwartz en . Publicado en Análisis diario.

Texto de la ponencia que D. Pedro Schwartz presentó el pasado martes en la V Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana.

El gran economista e historiador George Stigler (1911 – 1991) publicó en 1981 un ingenioso artículo titulado “El economista como predicador”. En él sostenía que los grandes profesionales de la ciencia económica de vez en cuando ponían paño al púlpito y se dirigían a sus conciudadanos para exhortarles a un mejor comportamiento político. Pero las más de las veces preferían dedicarse a explicar la acción humana y el funcionamiento de las sociedades sin entretenerse demasiado en prédicas poco efectivas. 

Me temo que esa visión tan sobria de nuestra profesión se debe, entre otras cosas, a que pasó poco tiempo en España. Los economistas españoles no hacemos otra cosa que exhortar a los poderes que corrijan los fallos de la política económica de España, los defectos de nuestro modelo económico, la flaqueza de nuestro I+D+i, la falta de productividad de nuestros trabajadores, las carencias de nuestro sistema de enseñanza, lo abultado de los déficits públicos, lo escandaloso del despilfarro de los ingresos del Estado, lo insostenible de nuestro sistema de pensiones y sanidad. No nos arredramos ante la evidencia de que nadie parece hacer caso de nuestras propuestas de reforma, y menos que nadie el Gobierno de la nación. Los que más pecamos de la vanidad de dar consejos a tirios y troyanos somos los columnistas de los medios de comunicación, como el que os habla. ¡Mea culpa!

Mejor será, pues, que comencemos por explicar en vez de exhortar. ¿Cómo explicamos que las verdades de la ciencia económica que consideramos tan probadas sufran tanto rechazo de políticos y votantes? ¿Cuál es la razón por la que la política económica ortodoxa, que tan buenos efectos ha producido incluso aquí en España, tenga tan poco seguimiento? ¿Hay que esperar a momentos de crisis gravísima como la de Grecia, España y demás países periféricos de la Unión Europea en los primeros meses de 2010 para que nos hagan caso, siquiera a regañadientes?

Mi ponencia de hoy pretende defender la siguiente tesis. El que gobernantes y opinión pública hagan oídos sordos a nuestros buenos consejos no se debe a mala voluntad o ceguera irracional. Más aún, el que no abunden los políticos liberales clásicos que hayan alcanzado el poder para reformar es un misterio, dados los repetidos fracasos de los políticos del montón. Una primera aproximación consiste en señalar los defectos de la democracia y diseñar posibles cedazos institucionales que separen el grano de la buena política de la paja populista. Hay que ir más ahondo en la explicación de nuestros repetidos fracasos. Incluso si fuera posible diseñar instituciones democráticas que garantizaran que las preferencias de una ciudadanía racional se transmitieran sin refracción a las decisiones de unos representantes fieles al ideal del bien común, sostengo que resultaría muy difícil llevar adelante una política económica centrada en la libertad y la prosperidad. La razón es bien sencilla: la mayor parte de nuestra ciudadanía, de nuestros políticos, de nuestros economistas, de nuestros académicos son unos social-demócratas redomados.

Explicación basada en los defectos de la democracia

A lo más que llega la mayoría de los economistas españoles, cuando los Gobiernos no hacen lo que deben, incluso cuando saben lo que deben hacer, es a señalar algunos defectos funcionales o constitucionales de nuestra democracia. No van más allá de decir que que los políticos por necesidad han de recabar votos para alcanzar o conservar el poder y que la frecuencia de elecciones les hace muy difícil o imposible evitar la demagogia o el populismo. También señalan que el sistema electoral de listas cerradas contribuye a acallar en el seno de los partidos cualquier voz crítica de posturas irresponsables o medrosas. Por fin lamentan que el claudicante sistema autonómico español fomente una cultura del gasto y la subvención sin sufrir la disciplina de tener que financiar esos dispendios con el impuesto. Eso es muy poco decir.

El idealismo democrático fue cuestionado desde finales del s. XIX. Así, Gaetano Mosca (1858-1941), en su famoso libro sobre la clase gobernante (1896) señaló, inspirándose en Wilfredo Pareto (1848-1932), lo inevitable de la persistencia de una clase dominante, incluso en democracia. El politólogo de origen alemán Robert Michels (1876-1936) formuló en 1911 su “ley de hierro de la oligarquía”, por la que los partidos democráticos inevitablemente se hacen cerradamente elitistas. En Inglaterra, Graham Wallas (1858-1932) subrayó los fallos de la idea de que, en política, los individuos actuaban sensatamente, guiados sólo por la razón. El mismo Ortega (1883-1955) se mostró muy crítico con el tipo de persona prevalecía en el capitalismo democrático de su tiempo. Pero este tipo de sociología política descriptiva nos dice poco sobre las razones por las que seguimos tan mal gobernados.

El que seamos lo suficientemente lúcidos para mirar de frente los defectos de un sistema en el que el pueblo manda, no quiere decir que lo rechacemos porque no es perfecto. La tradición de mirar a la democracia sin cristales tintados de rosa es bastante antigua. No me refiero a la postura platónica de condenar sin paliativos la democracia porque es un sistema incapaz de seleccionar los mejores para los cargos públicos. La democracia en política así como el mercado en economía son sistemas defectuosos pero indispensables para evitar la concentración del poder en manos de los poderosos o los ricos. El carácter a menudo indivisible del poder hace que la democracia funcione peor que el libre mercado. Ello no quita para que la necesitemos como salvaguardia de nuestras libertades individuales. No estaría yo del todo tranquilo si, en vez de políticos venales, ciudadanos distraídos, grupos conspiradores, sindicatos clientelistas fuese un filósofo-rey el que nos a gobernase al estilo de Esparta o Siracusa.

Digo, pues, que es posible analizar con más precisión los defectos de la democracia de lo que suele hacerse cuando nos contentamos con lamentar el estado de la cosa pública. Un antecedente remoto de un modo de análisis más profundo que el habitual se encuentra en las dificultades de la agregación de preferencias (típica cuestión de la Economía del Bienestar) en la obra del marqués de Condorcet (1743-1794). Este gran teórico de la teoría de la probabilidad aplicada a las decisiones políticas, hizo ver en 1785 que, en un sistema mayoritario, las decisiones colectivas pueden ser cíclicas (es decir, A preferido a B, que es preferido a C, que es preferido a A), pese a que los votantes hayan ordenado sus preferencias de forma transitiva.

Ya en el siglo XX, se ha ahondado el análisis de los defectos y condiciones de funcionamiento de la democracia. Por un lado están los resultados obtenidos por Black y Arrow en materia de “social choice”. En efecto, a mediados de siglo, Duncan Black (1908-1991), alumbró sobre la base de la paradoja de Condorcet, una teoría de los comités, según la que, en determinadas condiciones de distribución de las preferencias, la decisión queda siempre en manos del “votante mediano”, del votante que divide los miembros del cuerpo electoral en dos partes iguales. En la misma dirección opera otro teorema que extiende el efecto destructivo de la paradoja de Condorcet: se trata del teorema de Kenneth J. Arrow (1921 – ), que demuestra que, en una democracia, es imposible decidir por mayoría un orden completo de preferencias. Lo conseguido por Black y Arrow podría resumirse con la proposición de que “ningún sistema de votación es justo”.

Public Choice o Elección pública

Sin embargo, no hay que contentarse con esto resultados meramente lógicos sino investigar las regularidades empíricas de la política. Me refiero al enfoque tipo de los cultivadores de lo que hoy llamamos Public Choice. Su método consiste en analizar la actuación de políticos, de votantes, de partidos, grupos de presión, sindicatos, funcionarios preguntándose qué quieren maximizar y bajo qué constricciones. De la misma manera que suponemos que los empresarios buscan maximizar el beneficio, en ciencia política hemos de partir del supuesto de que los políticos quieren maximizar el número de sus votos en la próxima elección. Igualmente revelador es suponer que los votantes están siempre en busca de subvenciones; los empleados de los partidos, de prebendas; los grupos de interés, de protección frente a la competencia; los sindicalistas, del derecho a cobrar sin trabajar. La restricción es para todos el conseguir suficientes fondos para financiar sus campañas de propaganda.    

Este tipo de estudio lo iniciaron en 1962, James Buchanan (1919 – ) y Gordon Tullock (1922 – ) publicaron su libro seminal sobre El cálculo del consentimiento, con el que abrieron un inmenso panorama de investigación. Entre la mies recogida encontramos:

  • el teorema del “votante mediano”, ya mencionado;
  • el fenómeno de la inercia y la reputación en política;
  • la teoría de la burocracia, que explica el crecimiento de los departamentos por el intento de los funcionarios de maximizar su poder en vez de su salario, que en la práctica es fijo;
  • la teoría de la corrupción;
  • el fenómeno de los buscadores de renta;
  • la teoría de los grupos de presión; y también
  • la teoría de la ignorancia racional de los votantes

En efecto, para los votantes es mayor el coste de estar plenamente informados sobre los asuntos públicos que los beneficios que puedan obtener con su solo voto entre millones. La combinación de esa ignorancia racional del votante singular y los beneficios desproporcionados obtenidos por los grupos de presión, ya empresariales ya sindicales, con regulaciones y subvenciones, explica una gran parte de los defectos de las políticas económicas de los gobiernos. Las voces de los economistas bienintencionados se pierden en ese ambiente de inatención y ruido interesado.

Fue precisamente Stigler el que relanzó la teoría de la influencia de pequeños grupos interesados en las decisiones de política económica, que algún tiempo antes había presentado Mancur Olson (1965 y 1971). Partió de la idea de que toda regulación (sea una subvención o la creación de una barrera de entrada) tiene por objeto en lo esencial una redistribución de rentas, que normalmente consiguen los más poderosos o los más enfocados. En efecto, las empresas más grandes tienen recursos para organizar sus lobbies y ganan mucho más con una regulación a su favor de lo que pierde cada uno de los componentes de la gran masa de consumidores.

A este análisis de la demanda de regulación por parte de los poderosos interesados añadió Peltzman una teoría de la oferta de regulación o subvención por parte de las autoridades. Éstas no se dejan siempre capturar por los regulados, por dos razones: que casi siempre hay grupos con intereses encontrados a los que hay que contentar en parte; y que los políticos reguladores tiene que pensar en los votos de la siguiente elección – lo que algunas pocas veces opera a favor de una liberalización de la actividad económica.

No han de interpretarse los análisis de la teoría de la decisión pública como una invitación a aceptar cínicamente las cosas como son en Washington o la Moncloa. Esas teorías también indican qué tipo de reforma institucional podría encauzar hacia otros modos el comportamiento patológico de los actores de la escena política. Los profesores a quienes nos pagan para defenderle interés público no podemos contentarnos con recomendar cansinamente conductas virtuosas. Podemos estudiar las reformas institucionales que harían que políticos y votantes, “al buscar su propio beneficio sean conducido, como por una mano invisible, a promover un fin que no era parte de su intención” – el fin del bien común.

Cuáles sean esas posibles reformas institucionales no debe ocuparnos demasiado hoy. No son fáciles de diseñar ni sus resultados beneficiosos pueden darse por descontado. Los liberales clásicos solemos proponer:

• La vuelta a la clara división de poderes

  • Un interpretación literal de la Constitución Americana
  • Un modelo suizo de descentralización y referendos 

• La reducción del Estado y un papel más amplio para el mercado

  • Una definición más restrictiva de los bienes públicos
  • Más competencia y comercio internacional irrestricto

• Una Carta de derechos individuales

  • Especial firmeza en la defensa de la propiedad privada

Quienes, por el contrario, tienen una visión más comunitaria de la sociedad defienden más participación democrática en nombre del “republicanismo”, creen que la solución es una mayor politización de la vida social y privada. Naturalmente, prefiero subir por la otra vertiente hasta cimas más escarpadas. ¿Proponemos una prohibición legal de los déficits públicos?; ¿una limitación del gasto público al equivalente del 20% de la producción nacional?; ¿la derogación del Estatuto del Trabajador?; ¿la exclusión del sufragio de quienes reciban algún emolumento del Estado? Puedo echar a volar la imaginación sin ningún resultado práctico.

El verdadero problema que nos ocupa es otro mucho más grave. Supongamos que hemos aprendido a aplicar las conclusiones las conclusiones de la teoría de la decisión pública para mejorar sensiblemente el funcionamiento de nuestras democracias. Supongamos que las decisiones públicas consigan reflejar de manera justa los deseos de los ciudadanos. Eso no garantiza una correcta gestión económica porque los ciudadanos no desean en el fondo una la correcta gestión económica.

 Los votantes no son liberales clásicos

No nos engañemos. Los votantes en su gran mayoría no son liberales clásicos. Sus preferencias reveladas son a favor de políticas anti-mercado o al menos de políticas que limiten y palíen los efectos de la libre competencia. Todos los elementos para la puesta en práctica de una política económica intermedia entre la libre competencia y la intervención pública están presentes continuamente en la psique social.

Veamos. Es postura general el sostener que la remuneración debe tener alguna relación con el mérito: muchos se indignan cuando ven que un futbolista o un torero ganan diez veces más que un catedrático. A pesar de las ventajas de la libertad económica, tanto para la autonomía personal como para la prosperidad general, la mayor parte de los ciudadanos acepta e incluso defiende una continua interferencia pública en sus negocios y su vida, aunque ello suponga altos impuestos, dirigismo burocrático, limitación de la libertad de elegir.

La carga impositiva total, incluidos los impuestos nacionales o federales, los autonómicos o regionales, los municipales o locales, los impuestos sobre las transacciones comerciales, sobre el empleo, sobre los beneficios corporativos, pasa en todos los países civilizados del 50% de los ingresos personales.

Los arquitectos municipales deciden sobre la distribución de las actividades en los centros de población y sobre el tamaño y aspecto de las construcciones. Las familias tienen envían a sus hijos a centros de enseñanza pública o procuran inscribirlos en colegios concertados por el sistema planificado de zonas – aparte de que las materias de las enseñanzas las decide el funcionario pedagógico de turno. Los enfermos acuden a centros de salud y hospitales públicos por la gratuidad de los mismos o por la subvención que reciben cuando los usan. Los trabajadores se resignan a tener que contribuir a pensiones de reparto o, en el mejor de los casos, exigen de incentivos para constituir planes privados de jubilación. El mundo del trabajo se ve sometido a las regulaciones de Estatutos de los Trabajadores y soporta la explotación de sindicatos escasamente representativos.

Desaparecidas, por evidente ineficiencia, algunas intervenciones públicas como son el control de cambios, o las empresas industriales públicas; privatizadas parcialmente radios y televisiones; liberados algunos intercambios comerciales dentro de grandes uniones aduaneras: la intervención pública apoyada por la opinión toma otras formas, más sutiles y moralizantes. Así soportamos impuestos y regulaciones para contener el calentamiento global, el uso del tabaco y el alcohol, el consumo de drogas, lo obesidad. Pedimos a las Autoridades que impidan la competencia desleal en el mundo del trabajo, que fomenten el comercio internacional equitativo, que favorezcan la igualdad de oportunidades, que castiguen la discriminación de género, que defiendan la cultura local, el idioma local, la filmografía nacional o europea.

Ahora que hemos sufrido la enésima crisis financiera de la historia, aunque esta haya sido la segunda más importante del último siglo, arrecia el debate de cómo gobernar el dinero y el crédito, de tal manera que continúen sirviendo el crecimiento económico sin poner en peligro el sistema todo. En vez de reexaminar la garantía estatal de los depósitos y el funcionamiento acomodaticio de los bancos centrales, todo es proponer nuevos métodos de control público de los mercados financiero, cuando son precisamente los controladores y reguladores los que llevan la mayor parte de la culpa del tropiezo.

Quienes me están escuchando se reconocerán al menos en parte en el retrato robot del estatista que acabo de trazar. Mi objeto no es discutir si, para quien valora la libertad, tales o cuales intervenciones son del todo inaceptables o si son sólo pecadillos. Busco otra cosa. Busco hacerles ver que, cuanto más defiendan las intervenciones públicas que critico, mejor corroboran mi tesis – que es que las gentes no escuchan las jeremiadas de los economistas ortodoxos porque están en profundo desacuerdo con ellos. En el fondo, el ciudadano normal detesta el capitalismo clásico, con sus mercados libres, su competencia irrestricta, su moneda firme, sus ricos derrochadores y sus especuladores sin escrúpulos. Considera que, todo lo más, es un mal necesario. ¿Quién no ha oído alguna vez la siguiente proposición?: “El sistema capitalista, hay que reconocerlo, asigna óptimamente los recursos; sin embargo es injusto en la distribución de la riqueza y, al fomentar el egoísmo y la avaricia, lleva en sí la semilla de su propia destrucción.” Cuando miro alrededor de este aula, empiezo a pensar que incluso los que entre nosotros son catadores de los licores del capitalismo los prefieren con mucho sifón. Quod erat demostrandum.

Si los votantes en el fondo no son liberales clásicos es poco realista exigir de los políticos que lo sean. Políticos y votantes, votantes y políticos hacen oídos sordos a las recomendaciones de los economistas ortodoxos mientras luce el sol en un cielo azul, aunque se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.

Fallos políticos de común acuerdo

Éste es el título del reciente libro de un economista de la Universidad de Ehrfurt: Political Failure by Agreement (2008). Estarán de acuerdo en que el retruécano es llamativo. ¿Es cierto que los votantes se ponen de acuerdo para fallar? ¿Se conciertan los políticos de todos los partidos para poner en marcha lo que no funciona? Wegener contesta a estas preguntas sobre la base de un concepto evolucionista del mercado.

a) Incertidumbre epistémica

Es mi opinión que la presente crisis ha ocurrido en el fondo porque el Estado de Bienestar es imposible, aparte de inmoral. Sin embargo, los votantes y sus representantes no aceptan de buena gana la evidencia del fracaso del Estado de Bienestar. La razón fundamental de ello es que en Occidente concebimos la economía política como un instrumento para conseguir resultados definidos y determinados. Nos resistimos a aceptar la incertidumbre epistémica de todo mercado libre. Por epistémico quiero significar que es del todo imposible predecir las actividades futuras en una economía libre. Por su propia naturaleza, un mercado libre no tiene meta ni se puede pretender que llegue a una determinada meta productiva. Por eso es tan morrocotudo el error de hablar de un “cambio de modelo económico” como solución de nuestro males actuales. Si la economía es libre, no se la puede verter en el molde de un modelo.

Todo lo más es posible mejorar el marco institucional de partida, con atinados refuerzos de la propiedad privada; con un buen funcionamiento de la justicia; con cotizaciones sociales reducidas; con impuestos ligeros y sin exenciones; con gasto público reducido a lo esencial. Pero nadie tiene el conocimiento suficiente para decir que las empresas tienen que gastar más en I+D+i; o que los jóvenes deben estudiar esto o aquello durante un número definido de años; o que debemos ser una nación turística, constructora o industrial. Una economía libre siempre nos llevará a un “modelo” inesperado, que será el modelo que individuos y empresarios habremos tenido a bien elegir, si nos dejan.

La incertidumbre epistémica, el “no-finalismo”, del mercado libre dificulta grandemente la labor de quienes buscamos convencer a los socialistas de todos los partidos de las bondades de la libre competencia. Nos preguntan: “¿Qué pasará si liberamos los horarios y días de apertura de los comercios?” También nos dicen: “¿Cómo crearemos puestos de trabajo para los mineros a la Cuenca leonesa del carbón si cerramos las minas?” Más comprometido aún: “¿Qué ocurrirá con la agricultura española si desaparece la PAC?” La única respuesta es: “No sé.” Ni siquiera podemos calcular con precisión los costes de las interferencias administrativas, porque no es posible percibir lo que se pierde por una intervención como la de los horarios o licencias comerciales. Sólo podemos decir que cuando en 1959 o en 1986 España abrió su economía, todo fue a mejor. Pero es imposible saber qué y cómo.

Así parece difícil que convenzamos a nadie de lanzarse al mar abierto y proceloso de la libertad económica. 

b) Distinción entre preferencias y elecciones

Aceptemos que las preferencias de los votantes sean por un liberalismo de bienestar, del estilo del que llevó a Obama a la Casa Blanca. Como bien dice Wegner,

todo ciudadano racional toma sus preferencias políticas como algo provisional, hasta que el impacto de las políticas públicas en la esfera de acción del mercado revela el verdadero coste de los programas. (p. 115)

En suma, que, pese a la preferir  un liberalismo de bienestar, los ciudadanos en países con tradición de debate racional se inclinan por elegir políticas y programas crecientemente sensatos. Cuando descubren que los sistemas de pensiones de reparto no son confiables; que el coste de la sanidad gratuita subvencionada es insostenible; que la educación obligatoria lanza al mundo adulto jóvenes ignorantes e indolentes; que el salario mínimo interprofesional agrava el paro; que la proliferación de derechos resulta en una ciudadanía irresponsable; entonces quizá empiecen a votar de manera más sensata, como lo hacen los suizos en sus referendos legislativos.

La economía de mercado se aprende

Creo haber defendido la verosimilitud de mi tesis. Son dos las razones por las que el público y los políticos no nos escuchan cuando defendemos el liberalismo clásico y una política económica ortodoxa. La primera es que la democracia, como método de agregación de preferencias individuales, es muy defectuosa, lo que se agrava porque los grupos de presión campan por sus respetos y los votantes actúan sobre la base de una indiferencia racional. La segunda es más profunda. Se trata del constructivismo de los ciudadanos y sus representantes: en el fondo, los votantes son partidarios de un Estado de Bienestar liberal y creen posible construirlo, una preferencia que los políticos no tiene otro remedio que obedecer. La lenta domesticación de los intervencionistas es sin embargo posible porque los ciudadanos son capaces de aprender que sus preferencias no son siempre realizables y que les conviene más elegir la libertad.

Ocurre, sin embargo, que, en virtud de la incertidumbre epistémica de todo mercado libre, a nosotros también nos es imposible saber el futuro de una economía capitalista ni intentar forzar la adopción de nuestra utopía favorita. Sería irónico que, en vez de colaborar en el descubrimiento de las consecuencias de elecciones políticas en principio equivocadas, cayéramos en el paternalismo liberal o incluso sintiéramos la tentación de imponer nuestras certezas a una ciudadanía temerosa del mercado.


REFERENCIAS

Arrow, Kenneth J. (1951): Social Choice and Individual Values. Wiley, New York.

Buchanan, James y Tullock, Gordon (1962): The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. En The Collected works of James Buchanan, vol 3. Liberty Fund, Indianapolis.

Condorcet, marquis de – (1785): Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Imprimerie Royale, Paris.

Michels, Robert (1911): Political Parties. A Sociological study of Oligarchical Tendencies in Modern Democracy. Traducción al inglés editada por Seymour Martin Lipset en 1962.  

Mosca, Gaetano (1896): Elementi di scienza politica.

Olson, Mancur (1965 y 1971): The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge, Masschusetts.

Ortega y Gasset, José (1930): La rebelión de las masas. En Obras completas, Juan Pablo Fusi, editor. Tomo IV, Instituto Ortega y Gasset y Taurus, Madrid, 2005.

Peltzman, Samuel (1976): “Toward a More General Theory of Regulation”, Journal of Law and Economics 19: 211-240.

Smith, Adam (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Reeditado en The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 1976. Vol. 1, IV.ii.9. Clarendon Press, Oxford.

Stigler, George (1971): “The Theory of Economic Regulation” The Theory of Economic Regulation”, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1. (Spring), pp. 3-21.

Stigler, George (1982): The Economist as Preacher. Basil Blackwell, Oxford.

Wallas, Graham (1908): Human Nature in Politics. Londres. Gratis en Google Books.

Wegner, Gerhard (2008): Political Failure by Agreement. Edward Elgar, Cheltenham.

¿Se ha vuelto Hugo Chávez progre?

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las características definitorias de toda ideología totalitaria es la búsqueda de chivos expiatorios a los que culpar de los males por los que atraviesa el país. El chavismo tiene una lista grande, a la que recurre cuando vienen mal dadas, como sucede actualmente. Estados Unidos, Colombia, Bush, la burguesía, Uribe o la oligarquía son algunos de sus blancos favoritos. Apelando frecuentemente a ellos, Chávez ha provocado el hartazgo y se ha convertido en el bufón de un público muy concreto que espera con ansiedad sus arrebatos de pseudo-humor.

< p>La estrategia, básicamente, consiste en emplear un lenguaje de corte izquierdista con el que, entre otras cosas, ha logrado el apoyo de jóvenes (y no tan jóvenes) europeos que no conocen carencias de ningún tipo, pero a los que parece que su buena situación les genera una suerte de dilema o desosiego moral de difícil explicación.

 

< p>Es por ello que también fuera de las fronteras de América Latina la ideología comunista, en cada una de sus versiones, goza de adeptos y fieles practicantes de la demagogia. Además, insultar al estamento eclesial parece que sale gratis y permite aumentar puestos en el ranking del buen progre, esto es, aquél que tiene una visión unidireccional del mundo y no se conforma con defenderla, sino que la quiere imponer.

 

< p>Sin embargo, la situación real es que el Chavismo no atraviesa por su mejor momento. La expansión y patrocinio de esta ideología se basa, esencialmente y desde un punto de vista económico, en la existencia de unos precios altos del petróleo, lo que ofrecía ingentes beneficios al gobierno de Caracas con los que financiar a los Ortega, Morales o Castro/s de turno. Las cosas han cambiado pero no así la triste situación de los nicaragüenses, bolivianos o cubanos que ven como la precariedad sigue instalada en sus vidas, al mismo tiempo que sus derechos más elementales son cercenados por parte de las instancias gubernamentales.

 

< p>En Venezuela también se ha producido un recorte del subsidio del Gobierno, lo que se traduce en que necesidades y productos básicos de la población no pueden ser satisfechos. Consecuencia natural: descontento en aumento, que se suma al ya provocado por la constante mina de las libertades.

 

< p>¿Cómo ha reaccionado el protagonista principal y único de Aló Presidente? Muy sencillo. Siguiendo la premisa citada al inicio de este artículo: ha buscado un enemigo y le ha tocado a la Iglesia. El cardenal Urosa ha sufrido la dialéctica incendiaria y los insultos de Hugo Chávez, así como sus amenazas, cual mafioso de algún de clan calabrés.

 

< p>Desde Europa, esta persecución a la Iglesia puede que se jalee desde ciertos sectores, no tenemos duda de ello, pues palmeros hay en todos los sitios. Sin embargo, en Venezuela las cosas son distintas. El pueblo venezolano es católico y por tanto, las afirmaciones de Urosa, en forma de alertas sobre la senda marxista, comunista y totalitaria por la que transita el país, pueden ejercer mayor influencia ante la opinión pública que las denuncias formuladas por la oposición política al régimen, cuya división le resta en algunos casos credibilidad.

 

< p>En definitiva, con las amenazas sufridas por Urosa, los venezolanos ven como ningún estamento social está al margen de los tentáculos liberticidas de su presidente. Todo ello con las elecciones de septiembre en el horizonte, cuyos resultados son difíciles de adivinar. Los senadores de la democristiana cristiana chilena no podrán refrendarlos, ya que Chávez, optando una vez más por la demagogia (ha recurrido a la figura de Allende, icono de la izquierda latinoamericana), les ha vetado la presencia. ¿Acaso tiene algo que esconder?

 

¿Se ha vuelto Hugo Chávez progre?

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las características definitorias de toda ideología totalitaria es la búsqueda de chivos expiatorios a los que culpar de los males por los que atraviesa el país. El chavismo tiene una lista grande, a la que recurre cuando vienen mal dadas, como sucede actualmente. Estados Unidos, Colombia, Bush, la burguesía, Uribe o la oligarquía son algunos de sus blancos favoritos. Apelando frecuentemente a ellos, Chávez ha provocado el hartazgo y se ha convertido en el bufón de un público muy concreto que espera con ansiedad sus arrebatos de pseudo-humor.

La estrategia, básicamente, consiste en emplear un lenguaje de corte  izquierdista con el que, entre otras cosas, ha logrado el apoyo de jóvenes (y no tan jóvenes) europeos que no conocen carencias de ningún tipo, pero a los que parece que su buena situación les genera una suerte de dilema o desosiego moral de difícil explicación.

Es por ello que también fuera de las fronteras de América Latina la ideología comunista, en cada una de sus versiones, goza de adeptos y fieles practicantes de la demagogia. Además, insultar al estamento eclesial parece que sale gratis y permite aumentar puestos en el ranking del buen progre, esto es, aquél que tiene una visión unidireccional del mundo y no se conforma con defenderla, sino que la quiere imponer.

Sin embargo, la situación real es que el Chavismo no atraviesa por su mejor momento. La expansión y patrocinio de esta ideología se basa, esencialmente y desde un punto de vista económico, en la existencia de unos precios altos del petróleo, lo que ofrecía ingentes beneficios al gobierno de Caracas con los que financiar a los Ortega, Morales o Castro/s de turno. Las cosas han cambiado pero no así la triste situación de los nicaragüenses, bolivianos o cubanos que ven como la precariedad sigue instalada en sus vidas, al mismo tiempo que sus derechos más elementales son cercenados por parte de las instancias gubernamentales.

En Venezuela también se ha producido un recorte del subsidio del Gobierno, lo que se traduce en que necesidades y productos básicos de la población no pueden ser satisfechos. Consecuencia natural: descontento en aumento, que se suma al ya provocado por la constante mina de las libertades.

¿Cómo ha reaccionado el protagonista principal y único de Aló Presidente? Muy sencillo. Siguiendo la premisa citada al inicio de este artículo: ha buscado un enemigo y le ha tocado a la Iglesia. El cardenal Urosa ha sufrido la dialéctica incendiaria y los insultos de Hugo Chávez, así como sus amenazas, cual mafioso de algún de clan calabrés.

Desde Europa, esta persecución a la Iglesia puede que se jalee desde ciertos sectores, no tenemos duda de ello, pues palmeros hay en todos los sitios. Sin embargo, en Venezuela las cosas son distintas. El pueblo venezolano es católico y por tanto, las afirmaciones de Urosa, en forma de alertas sobre la senda marxista, comunista y totalitaria por la que transita el país, pueden ejercer mayor influencia ante la opinión pública que las denuncias formuladas por la oposición política al régimen, cuya división le resta en algunos casos credibilidad.

En definitiva, con las amenazas sufridas por Urosa, los venezolanos ven como ningún estamento social está al margen de los tentáculos liberticidas de su presidente. Todo ello con las elecciones de septiembre en el horizonte, cuyos resultados son difíciles de adivinar. Los senadores de la democristiana cristiana chilena no podrán refrendarlos, ya que Chávez, optando una vez más por la demagogia (ha recurrido a la figura de Allende, icono de la izquierda latinoamericana), les ha vetado la presencia. ¿Acaso tiene algo que esconder?

Mentiras españolas sobre los presos cubanos

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La lectura dominical de la prensa me ha descubierto una de las mayores indignidades que como argumento haya podido dar en alguna ocasión cualquier gobierno. "Fuentes" del Ministerio de Asuntos Exteriores español dijeron a una periodista que viajaba junto al titular de esa cartera, Miguel Ángel Moratinos, que la decisión de excarcelar a un grupo de presos políticos cubanos y traerles a España estaba tomada al menos desde enero. Las mismas "fuentes" (no cabe descartar que se trate del propio Moratinos o alguien que transmita lo que él personalmente le encargue que diga) sostienen que la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas "habrían dificultado" la puesta en marcha de la medida.

Este argumento es, simplemente, insostenible. Si ya existía la voluntad de excarcelar a parte de los presos políticos, se podría haber hecho mientras Orlando Zapata Tamayo estaba en huelga de hambre, y hubiera salvado su vida. Como vienen insistiendo los propios presos exiliados a la fuerza a España, si no están ahora en prisión es sólo gracias a Zapata Tamayo, Fariñas y las valerosas Damas de Blanco. Son las acciones de estos dos hombres y ese grupo de mujeres las que han logrado poner contra las cuerdas a la dictadura de los hermanos Castro.

Durante la primera mitad de este año la imagen internacional del régimen comunista cubano se hundió como nunca antes había ocurrido. Zapata, Fariñas y las Damas de Blanco lograron mostrar al mundo el verdadero rostro de la tiranía castrista. Eso explica la excarcelación y expulsión a España de parte de los miembros del Grupo de los 75 (condenados durante la Primavera Negra de 2003) que todavía quedaban en prisión. Y decimos "parte" a sabiendas de que el Gobierno español sostiene que se van a "liberar" todos. Lo sostenido por el tándem Zapatero-Moratinos es, como poco, improbable. Hay al menos diez de esos presos políticos que han rechazado venir a España. Para ellos, la puerta de la prisión sigue cerrada.

Dice Moratinos que cuando terminen estas excarcelaciones no quedarán presos políticos en Cuba. Es falso. La medida tomada tan sólo afecta a los miembros del Grupo de los 75. Incluso aunque se excarcelara también a aquellos detenidos durante la Primavera Negra que ya se han negado a salir a España, quedarían otros 125 condenados por motivos políticos en las prisiones cubanas. También dice el ministro español de Asuntos Exteriores que con estas liberaciones ya no tiene sentido mantener la Posición Común Europea (que no implica sanciones y lo que contempla es que los gobiernos europeos dialoguen con la disidencia). De nuevo falso. Establece una relación causa-efecto inexistente. Dicha Posición es anterior a la Primavera Negra, con lo que muchos de los presos políticos de entonces seguirán ahora en prisión, y además no sólo habla de los opositores encarcelados. Pide otras reformas democratizadoras y de respeto a los Derechos Humanos que no han tenido lugar.

El Gobierno español ha aceptado jugar un papel cómplice. Disfraza de acción humanitaria y mérito de su política de concordia lo que no es más que una operación política destinada a ayudar al régimen castrista en un mal momento. La situación en la que se mantiene a los recién llegados a España demuestra una absoluta indiferencia ante su sufrimiento y se les intenta, desde las instituciones controladas por el Ejecutivo, desorientar y dividir. Se busca, además, dispersarles por toda España. El objetivo de esto último no es otro que impedir que estos presos políticos, en su exilio español, creen un grupo fuerte de oposición al castrismo. 

La destrucción de la igualdad ante la ley

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Una democracia queda prisionera del cientismo (o racionalismo constructivista) cuando las instituciones son incapaces de frenar a los grupos de dirigentes radicales que intentan imponer la refundación de la sociedad por medio del derecho positivo.

Sentencia STC 31/2010

En apenas tres décadas de democracia, la Constitución Española de 1978 ha sufrido reiterados ataques legislativos por parte de la clase dirigente. Las graves fisuras normativas que contiene la ley base del ordenamiento jurídico están permitiendo que los grupos nacionalistas estén deteriorando el presupuesto público y el rumbo legislativo y judicial de España.

Las discutibles interpretaciones de la sentencia STC 31/2010 del tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional tratan de poner puntos de sutura sobre la herida abierta que supone el intento de configurar una nueva realidad política nacional que constituye el Estatuto de Cataluña del año 2006.

Poco importa que fuese aprobado por una minoría del 36% de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña. El tribunal político, con miembros que no tienen que haber trabajado previamente como jueces y que son elegidos por los propios políticos cuyas tropelías legislativas deben enjuiciar, ha tardado casi cuatro largos años en dilucidar cómo encajar el Estatuto en la Constitución.

Señalábamos en un comentario anterior como existía una variada jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña en relación con: la unidad nacional y la soberanía (STC 4/1981), el castellano como lengua común oficial (STC 82/1986) y su conocimiento obligatorio (STC 84/1986), el alcance y el contenido de las competencias autonómicas (STC 227/1988 y STC 76/1983), la imposibilidad de un Tribunal de Justicia de Cataluña (STC 38/1982), la nulidad de pleno derecho de un referéndum autonómico (STC 108/2008) y el principio de bilateralidad en las relaciones entre una Comunidad Autónoma y el Estado Español (STC 108/2008).

También analizábamos que no pasaría nada en el caso de que una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminase la manifiesta inconstitucionalidad del Estatuto, dado que así se hizo con el referéndum de autodeterminación convocado por el anterior lendakari (STC 108/2008) y, siempre existe la posibilidad de frenar el secesionismo totalitario con la aplicación del artículo 155 CE por primera vez en la democracia.

Sin embargo, es evidente que las presiones (o las instrucciones) de los partidos políticos han logrado que la sentencia STC 31/2010 haya intentado “encajar” el Estatuto dentro de la Constitución Española de 1978. Para lo cual, el Tribunal Constitucional ha eliminado la eficacia jurídica del preámbulo, ha dictaminado 14 artículos inconstitucionales y, ha interpretado otros 27 artículos haciendo decir al Estatuto lo que estimaban preciso para el “maquillaje” constitucional del Estatuto de Cataluña de 2006.

Una aberración jurídica ya que, según el voto particular de Jorge Rodríguez-Zapata, el Tribunal Constitucional “se subroga en el papel del legislador constituyente y modifica la Constitución sin seguir los procedimientos arbitrados para su reforma”. De hecho, se trata de una reforma encubierta de la Constitución, con un Estatuto que se ha aplicado durante 4 años a pesar de sus incompatibilidades con la Constitución y que, se seguirá aplicando en toda su magnitud mientras un Gobierno del España no se atreva a aplicar el artículo 155 CE para proteger los derechos civiles de todos los ciudadanos.

La destrucción de la igualdad ante la ley

El artículo 14 CE establece que: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Sin embargo, la sentencia STC 31/2010 legitima el actual “status quo” en el cual los políticos secesionistas atacan “de facto” la igualdad ante la ley, estableciendo ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en función de su adhesión, silencio u oposición al derecho positivo y los actos administrativos nacionalistas.

Las leyes intervencionistas como el Estatuto, con su normativa restrictiva de la libertad, atentan contra el respeto por los ciudadanos, sus sentimientos y decisiones particulares respecto de su familia, idioma, cultura o educación, y establecen barreras normativas que coaccionan el orden extenso y complejo de cooperación que establecen la libre interacción, el comercio y la empresarialidad.

¿Cómo identificar un racionalismo constructivista?

Dado que hemos llegado a un punto de no retorno en la aplicación del positivismo jurídico en España, merece la pena recordar como F.A. Hayek definía el cientismo (también denominado racionalismo constructivista), como “la indiscriminada e indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales, la economía y la acción humana”.

En su fatal arrogancia, el cientismo comete el error grave de no tener en cuenta que es imposible conocer la infinita información de un orden espontáneo, extenso y complejo de cooperación humana que es lo que caracteriza a la sociedad civilizada.

Por ello, el cientismo considera que las instituciones sólo son racionales en la medida en que responden a un diseño intelectual previo, desvinculado de la historia, la tradición, el idioma común, la diversidad cultural y la evolución socio cultural.

Las ideologías que caen en la definición de racionalismo constructivista consideran erróneamente que se puede “hacer tabla rasa con el pasado" y se puede prescindir del respeto estricto por las instituciones morales que constituyen los pilares de la civilización, como los derechos a la vida, a la libertad de elegir, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

En este sentido, tanto el comunismo como el nacionalismo son cientismos dado que buscan imponer sobre los individuos una nueva realidad política, para lo cual se desarrolla un nuevo lenguaje, una nueva historia y un nuevo derecho que permitan avanzar en el camino hacia un hombre nuevo o una patria nueva.

Tal y como decía F.A.Hayek en su obra Camino de Servidumbre, se guían “todas las actividades del individuo, desde la cuna hasta la tumba"de acuerdo con una planificación científica de la sociedad, mediante la imposición de legislación positiva que invade el ámbito privado de decisión y, poco a poco, destruye las garantías jurídicas sobre los derechos individuales que establece una Constitución .

En su búsqueda de la utopía, el cientismo impone una nueva escala de valores, detrás de los cuales están los instintos más bajos del ser humano, utilizados para lograr satisfacer las ilimitadas ansias de poder y dinero de la clase política y de los empresarios y grupos sociales que se lucran del presupuesto y leyes intervencionistas.

Asistimos impotentes a un cambio de régimen político en España, con leyes y estatutos de autonomía de orientación claramente cientista, que quedan validados con sentencias de un Tribunal Constitucional, más que dudosas por su carencia del principio de independencia y por atropellar reiteradamente la igualdad ante la ley del artículo 14 CE y la tutela judicial de los derechos civiles del artículo 53 CE.

En definitiva, cada vez es más urgente la necesidad de impulsar nuevamente los valores constitucionales de cooperación y convivencia pacífica que impulsaron la Transición,  bien con un nuevo texto constituyente bien una reforma constitucional que garantice, como mínimo, la separación “real” de poderes, la independencia judicial y la limitación definitiva de las competencias autonómicas.

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La crisis como periodo de ruptura

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Los economistas austriacos, entre otros, enfatizan el carácter dinámico de los procesos económicos y la constancia del cambio en la información, conocimiento y circunstancias del mercado. La única constante en la realidad es el cambio, se dice.

Los acontecimientos más recientes relacionados con la crisis financiera y económica pueden analizarse con la idea del cambio o disrupción en la cabeza. Así, la actual coyuntura podría ser vista como un periodo de cambios sustanciales y rápidos (ruptura), algunos inesperados, y otros que pueden afectar de forma permanente en el largo plazo.

Se podrían distinguir tres niveles de cambio. En primer lugar, el cambio inesperado o disrupción (shock) que ha supuesto la gravedad e intensidad, o incluso la simple llegada, de la Gran Recesión. No importan tanto las “condiciones objetivas” que hacían de esto un suceso inevitable, tal y como advertían algunos economistas, sino cómo las percepciones y expectativas subjetivas de los agentes (familias, inversores, empresarios, policy-makers) se han visto sacudidas por la realidad. Por otro lado, también a buena parte de los expertos y analistas la crisis les cogió totalmente desprevenidos. Ahí tenemos el nefasto registro predictivo de la Reserva Federal norteamericana o del Fondo Monetario Internacional.

En segundo lugar, tal y como explica la teoría austriaca del ciclo económico, el periodo de crisis es la fase en la que deben liquidarse y depurarse los errores masivos en los que se ha incurrido en la fase de expansión, en forma de malas inversiones, exceso de endeudamiento, etc. Los reajustes masivos dan lugar a un proceso de “destrucción creativa”, donde la función empresarial debe tomar el papel protagonista para descubrir la información relevante y actuar en consecuencia en un contexto incierto. Los procesos microeconómicos que se llevan a cabo en este periodo pueden ser la manifestación más clara y evidente de la naturaleza dinámica, y en algunos casos disruptiva, del mercado. Los errores de inversión deben ser descubiertos y corregidos. Los recursos deben moverse lo más rápidamente posible de los usos anteriores a nuevos usos que se consideren más prometedores, según las preferencias de los consumidores. El concepto hayekiano de competencia como proceso dinámico de descubrimiento toma gran relevancia. Pero el éxito de estos procesos de ajuste depende crucialmente del marco institucional y las políticas gubernamentales.

Así, en tercer lugar, tenemos los sustanciales cambios en el terreno de las políticas y el marco regulatorio e institucional. En parte como un intento para evitar los dolorosos reajustes que se requieren, especialmente en términos de costes políticos, el gobierno y las autoridades monetarias se auto-convierten en salvadores de la economía de mercado y el sistema financiero. Pero es probable que en cierta manera, más que ayudar y solucionar los problemas, estas medidas obstaculicen el proceso de reajuste y distorsionen el medio en que debe desarrollarse la función empresarial: generando incertidumbre adicional (Robert Higgs), retrasando el ajuste de precios y de la estructura productiva (mercado inmobiliario en España), y distorsionando el sistema de precios, beneficios y pérdidas.

Por último, estos cambios, en concreto, las medidas gubernamentales sin precedentes en varios ámbitos, pueden generar efectos permanentes de largo plazo sobre la estructura institucional de las economías de mercado y su balance entre Estado y Mercado. Quizá más importante sean las reformas que se planean como reacción a la crisis, especialmente en el sistema financiero. También pueden vislumbrarse cambios de calado en el terreno ideológico y académico. No obstante, nos falta una suficiente perspectiva histórica sobre los acontecimientos recientes como para asegurar el signo de los cambios en esta materia.

Si bien los primeros compases de la crisis dieron lugar a una intensa oleada de intervencionismo global de los gobiernos –lo que encaja perfectamente con la teoría del crecimiento del poder del estado en la sociedad de Robert Higgs- y un desafortunado descrédito de los mercados libres, en la actualidad se está cuestionando la efectividad de esas primeras medidas (rescate indiscriminado de bancos, estímulos fiscales a base de deuda pública…). Además, se está actuando –de forma forzada- para poner las cuentas públicas en orden y reducir el peso del sector público.

Lo que parecía una deriva intervencionista de gran magnitud tras la crisis, se ha visto matizada por el poco margen de endeudamiento público, el fracaso de las políticas de estímulos públicos, y el riesgo de quiebras soberanas que pende como una espada de Damocles sobre algunos estados.

Keynes contra Hayek otra vez

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Estaban en la mente de quienes les conocían bien, pero han emergido del olvido dos cartas enviadas al diario londinense The Times en octubre de 1932 y firmadas por John M. Keynes y por Friedrich Hayek, respectivamente. En ninguno de los casos sus firmas estaban solas. El primero se rodeó de la firma de D. H. MacGregor, A. C. Pigou, Walter Layton, Arthur Salter y J. C. Stamp, mientras que Hayek firma junto con T. Gregory, Arnold Plant y Lionel Robbins. Las cartas, enviadas al editor del diario británico, están escritas en plena crisis económica, con desempleo del trabajo y de bienes de capital.

La segunda, escrita desde la London School of Economics (LSE) de Lionel Robbins, está motivada por la publicación, dos días antes, de la carta de Pigou y Keynes. Expresan, de forma concisa y clara, dos visiones muy distintas de la producción y de la crisis económica. Son un pequeño debate que todavía sigue dándose, 68 años más tarde.

Keynes y demás, en su carta del 17 de octubre, parten de la idea de que cualquier contracción en la demanda profundiza la crisis. Ponen el siguiente ejemplo: “Un terrateniente que gasta 500 libras menos de lo habitual en amenidades y destina esas 500 libras a la construcción de un granero o una casa de campo o el hombre de negocios que renuncia a ciertos lujos de modo que pueda adquirir nueva maquinaria para su molino, simplemente está transfiriendo recursos productivos de un uso a otro”. Como les señalan los autores de la LSE, “parecen mantener que es indiferente, por lo que se refiere a las perspectivas de una recuperación, si el dinero se invierte en consumo o en inversión real”. Lo importante es que se produzca ese gasto. Pues como explican Keynes et al, si una persona restringe su consumo y “permite que los frutos de su ahorro se acumulen en los balances de su banco o en la compra de una acción ya emitida, los recursos nuevamente liberados no encontrarán un hogar que les acoja”.

Se dirá que el ahorro se dirige a la inversión, pero ellos responden de antemano que, “en las presentes condiciones, su entrada en la inversión está bloqueada por una falta de confianza. Es más, la constricción del consumo privado intensifica este bloqueo, pues desincentiva todas aquellas formas de inversión (factorías, maquinaria y demás) cuyo último objetivo es hacer bienes de consumo”. El resultado, con estas bases, no puede ser otro: “En lugar de permitir que la fuerza de trabajo, la maquinaria y los transportes se redirijan a usos diferentes y más importantes, los condena al desempleo”.

Hayek acaba de publicar Precios y producción, que todavía en 1932 supone un éxito resonante en la LSE, muchos de cuyos profesores se suman a las tesis de Hayek. Ronald Coase, que luego iría a los Estados Unidos, enseñaba macroeconomía en aquél país nada más llegar sobre la base de ese libro. En Precios y producción, Hayek parte de la teoría del capital de Menger y, sobre todo, de Böhm-Bawerk, que describe la producción como una sucesión de etapas, unas más cercanas al consumo que otras, todas encaminadas a llegar al consumo en un futuro más o menos cercano. Mientras, en Cambdridge y Oxford, desde donde está escrita la otra carta, prácticamente se piensa que la inversión depende directamente del consumo. No piensan en una estructura temporal alargada. Por ello, cualquier restricción en el consumo supone también un condicionante para la inversión. En la visión de Hayek, ese ahorro libera recursos de las etapas más cercanas al consumo, pero provee de los medios necesarios para que éstos se destinen a las etapas más alejadas. Por eso, dicen en su carta que “nosotros, por el contrario, creemos que una de las principales dificultades del mundo estos días es una deficiencia en la inversión; una depresión de las industrias que fabrican una extensión del capital, más que de las industrias que fabrican directamente al consumo. Por consiguiente, consideramos que una revitalización de la inversión es particularmente deseable”. Mientras que Pigou y Keynes y demás creen que esa inversión es ilusoria si se restringe el consumo.

Los de Cambdridge y Oxford llevan el argumento desde el consumo individual al consumo público, aunque ellos mencionan sólo el gasto municipal. “Si los ciudadanos de una localidad desean construir una piscina o una biblioteca o un museo, ellos no promoverán un mayor interés nacional si renuncian a hacerlo. Serán “mártires por error” y, en su martirio, estarán perjudicando a otros, tanto como a si mismos. Por medio de su buena voluntad mal dirigida, la creciente ola de desempleo se elevará aún más”. Puede parecer una opinión ingenua, pero es la que ha llevado a España a dos sucesivos Plan E que han consumido una ingente cantidad de dinero público sin apenas provecho. Los autores de la LSE sugieren que el gasto público es más bien improductivo y que la deuda pública impone mayores restricciones a la recuperación que la privada, aunque no precisan si el motivo es el previsible aumento de impuestos, u otro. Y señalan al levantamiento de las restricciones al comercio y al movimiento del capital como el camino más certero para iniciar una recuperación.

Este debate tiene vigencia, y no sólo por lo que hemos visto en Plan E, sino por que las llamadas a aumentar el consumo para coadyuvar a la recuperación son constantes. Hoy no se hacen llamadas al patriotismo de los consumidores, como Keynes y demás, pero el sentido de muchos mensajes es exactamente el mismo. Ninguna de las dos cartas le hace justicia a la función económica del atesoramiento, pero ese debate parece haber perdido importancia. En cualquier caso, es Keynes contra Hayek otra vez, y sigue siendo de actualidad.

Doing Business 2010

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Durante el presente año ha vuelto a publicarse Doing Business, la clasificación elaborada por el Grupo Banco Mundial que mide el grado de dificultad que presenta cada país para realizar negocios en él. En la misma se miden una serie de parámetros, como la facilidad para iniciar un negocio, comerciar con el exterior, obtener permisos de construcción, créditos, el nivel impositivo, la seguridad jurídica del derecho de propiedad, etc. Posteriormente se ordenan todos los países del mundo de tal forma que en primer lugar aparezca aquél país donde resulta más fácil y seguro realizar negocios.

Desgraciadamente en la edición de este año, los datos arrojados no han sido muy favorables para España, ya que, según este estudio, se pasa de tener la posición número 51 que detentaba en el año 2009 a la 62. Para los autores de este estudio, existen 61 países en el mundo en los que, en el año 2010, resulta más sencillo emprender algún tipo de actividad empresarial.

Indudablemente, como sucede en prácticamente cualquier estudio de estas características, determinados aspectos medidos por este estudio pueden llegar a valores cuestionables, como si, por ejemplo, realmente son necesarios 47 días de media para cumplir con todos los trámites necesarios para abrir un negocio. Dependiendo de la forma jurídica con la que un emprendedor decida iniciar su actividad, y de la naturaleza de ésta, este plazo puede acortarse. Así, si se ejerce la actividad como persona física o constituyendo una sociedad limitada nueva empresa, estos plazos pueden reducirse sensiblemente, máxime si, en virtud de la llamada Ley Ómnibus, pertenece al grupo de actividades a las que se ha facilitado la obtención de una licencia de apertura. No obstante, existe otro grupo de actividades, entre las que se incluirían servicios tan importantes como la hostelería, en la que no se ha simplificado la obtención de dicha licencia y donde, dependiendo del ayuntamiento, puede tardar en otorgarse meses. De hecho, en distintas asesorías suelen comentarse algunos casos de negocios que han obtenido la licencia meses después de haber cerrado, lo que puede dar una idea del tiempo que, en algunos municipios, puede tardar en realizar este trámite.

Otro aspecto que también llama la atención es que España ocupe la posición número 93 en protección de los inversores. Si quiere favorecerse la creación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, resulta fundamental que los inversores puedan reclamar a sus gestores si estima que su labor no ha sido todo lo diligente que debiese o si creen que no ha protegido su interés como accionista de la empresa.

La labor fundamental en la salida de la crisis no va a provenir ni de los gobiernos ni de las administraciones públicas, sino que son los ciudadanos, con su trabajo, esfuerzo e inversión, los que van a ofrecer más y mejores servicios a menor coste. No obstante, los gobiernos sí que pueden facilitar esta labor simplificando y racionalizando las trabas burocráticas y otorgando la mayor seguridad jurídica posible a las inversiones realizadas.

Incluso en entornos hostiles como los actuales existen todos los días multitud de personas que se animan a emprender alguna actividad económica, muchas de ellas sin experiencia previa, por lo que tendrán que dedicar todo el tiempo posible a satisfacer sus clientes, proveedores, trabajadores, deudores, a la par que mantienen bajo control los costes de la empresa. Es por ello que los trámites burocráticos deben ser lo más simples posibles de manera que no interfieran o dificulten la normal actividad de la empresa. Así mismo, en situaciones como las actuales, en las que resulta difícil obtener financiación propia o ajena, fortalecer la seguridad jurídica de la inversión animaría a más personas a confiar sus ahorros a distintas empresas para que puedan acometer sus proyectos.

Una defensa rothbardiana de las instituciones

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La aplicación de la metodología propia de las Ciencias Naturales al ámbito de la acción humana es, sin duda, el mayor de los errores cometidos en este campo, por ser ésta la semilla de la ingeniería social que tanto daño ha causado, no sólo al estudio de las Ciencias Sociales sino, sobre todo, al progreso de la humanidad en todas sus vertientes, tanto económica, como social, jurídica o cultural.

El denominado constructivismo social es el mayor de los males, ya que rechaza la naturaleza misma de las instituciones. Esto es, su innato carácter evolutivo y espontáneo. De este modo, dicha corriente, predominante por desgracia en la actualidad, niega la esencia misma de la naturaleza humana, cayendo así en la fatal arrogancia denunciada por Hayek. Al considerar toda institución como un producto deliberado de la razón, el científico, en su papel de ingeniero social, se arroga potestad absoluta para reorganizar la sociedad a su antojo y desde cero. Y ello, en base a arbitrarios conceptos de “eficiencia” y “justicia” que derivan de su particular óptica subjetiva.

El campo de las Ciencias Sociales se compone de tres niveles de análisis: acción humana, relaciones de intercambio e instituciones sociales, siendo este último el más complejo de todos, ya que contiene y abarca los dos estadios previos.

La Escuela Austríaca ha demostrado fehacientemente el gran error de aplicar el método de las Ciencias Naturales en este campo. Es el denominado “Cientismo”, definido por Hayek como la indebida e indiscriminada aplicación de la Ciencia Natural al ámbito de la acción humana. El Positivismo establece que tan sólo existe un método científico -el de la Ciencias Naturales- aplicable para plantas, animales y hombres (monismo metodológico). Idea que contrasta con el dualismo metodológico, que establece la necesidad de aplicar un método diferenciado al estudio de la acción humana, ya que la innata capacidad creativa diferencia al hombre del resto de animales.

El “Cientismo” no se puede aplicar por cuatro motivos básicos:

1)      Las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior, sólo se pueden interpretar, y para ello se precisa de una teoría previa.

2)      Los fenómenos de la acción humana son complejos, no se pueden aislar, no son susceptibles de experimentos de laboratorio. Las leyes en Economía se enuncian siempre bajo la premisa de ceteris paribus (a igualdad de circunstancias), pero la realidad siempre es cambiante, por lo que no se puede aislar el fenómeno. Por ello, primero es necesario enunciar la ley, y sólo después interpretar la realidad.

3)      No existen constantes: todo son variables, no existen relaciones funcionales y los fenómenos no se pueden medir cuantitativamente (el poder adquisitivo del euro, por ejemplo, varía constantemente).

4)      No se pueden aplicar modelos estáticos de equilibrio a una realidad que siempre cambia y está, además, en constante desequilibrio.

Las instituciones jurídicas y, en general, todas las instituciones sociales (lenguaje, dinero, mercado, etc.) surgen así de procesos evolutivos en los que un número muy grande de personas aporta cada una a lo largo de la historia su pequeño granito de arena de información práctica y creatividad empresarial, dando lugar de forma espontánea, y de acuerdo con la conocida teoría de Menger, a unas instituciones que son producto, sin duda alguna, de la interacción de muchos hombres, pero que no han sido diseñadas ni organizadas conscientemente por ninguno de ellos.

Y esto es así porque ninguna mente humana ni grupo organizado de mentes humanas posee la capacidad intelectual necesaria para asumir ni comprender el enorme volumen de información práctica que ha intervenido en la paulatina generación, consolidación y ulterior desarrollo de esas instituciones. Por el contrario, dichas instituciones han ido surgiendo como resultado del proceso empresarial de interacciones humanas, extendiéndose a grupos cada vez más amplios mediante el mecanismo de aprendizaje e imitación inconsciente -prueba y error-.

Así pues, dada la complejidad y naturaleza de la acción humana, su estudio y análisis precisa de un método radicalmente distinto al de las ciencias empíricas. La Praxeología tiene por objeto investigar la categoría de la acción humana, y ello mediante un método propio cuyas características básicas son:

1)      Apriorístico y deductivo: siempre parte de un axioma, un presupuesto irreductible. La acción humana es el punto de partida.

2)      Axiomas — supuestos — razonamiento lógico deductivos — leyes económicas.

3)      Las leyes de la economía tienen validez universal.

4)      Individualismo metodológico (Menger): todo debe ser retrotraíble a la acción humana individual, ya que toda la Ciencia Económica pivota en torno al individuo.

Así, lo único que se precisa para deducir todos los teoremas praxeológicos es conocer la esencia misma de la acción humana, un conocimiento que ya poseemos por el simple hecho de ser hombres. De este modo, no se requiere acudir a experimentación alguna, tan sólo es necesario aplicar el análisis lógico de aquellos conocimientos que llevamos dentro, referidos a la categoría de acción, para poder asimilar mentalmente los teoremas en cuestión. Partiendo de este fundamento inconmovible que es la categoría de acción humana, la Praxeología y la Economía progresan, paso a paso, en sus estudios mediante el razonamiento reflexivo.

La Praxeología -y, por tanto, también la Economía- es una disciplina de índole deductiva. Así pues, el método apriorístico-deductivo de la Escuela Austríaca es aplicable a las Ciencias Sociales en su conjunto. En este sentido, hay que tener en cuenta que el propio Menger, partiendo del estudio de la acción humana y de las relaciones de intercambio, logró articular una teoría acerca de la aparición y desarrollo evolutivo de las instituciones sociales. Lo mismo sucede con Murray Rothbard en su obra La Ética de la Libertad.

Rothbard defiende que, existiendo una Ley Natural cierta y objetiva sobre la que construir un esquema de normas éticas (Derecho Natural), es posible determinar, en última instancia, una serie de leyes o normas materiales capaces de regir realidades concretas

La ética de la ley natural establece que puede determinarse lo que es bueno o malo para el hombre según le permita o le impida realizar lo que es mejor para la naturaleza humana

La Escuela Austríaca se fundamenta, precisamente, en la existencia de una serie de derechos individuales que son inalienables y forman la esencia misma del Derecho Natural, tales como el respeto a la vida, la propiedad privada, la libertad y el cumplimiento de los contratos. De hecho, la evolución natural de las instituciones sociales responde, precisamente, al cumplimiento de dichos principios fundamentales para el desarrollo pacífico de la vida en sociedad.

Rothbard, partiendo de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y conforme a lo señalado por el jurista inglés sir William Blackstone, demuestra que si una acción tiende a la felicidad humana ésta forma parte de la Ley Natural, mientras que si destruye la felicidad humana entonces está prohibida por esa misma Ley Natural. Dicho fundamento ético es esencial para poder comprender la naturaleza misma del ser humano y enjuiciar así, correctamente, los actos que tienden a favorecer o destruir el progreso económico y el desarrollo de una vida pacífica en sociedad.

Es éste, y no otro, el sustrato ético que conforma el surgimiento y desarrollo de los órdenes espontáneos, es decir, de las mismas instituciones sociales, tales como el mercado, el dinero o el derecho. De hecho, los padres fundadores de EEUU enunciaron explícitamente tales derechos, al establecer en la Declaración de Independencia lo siguiente:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad

En este sentido, resulta evidente que el intervencionismo estatal y la coacción son actos inmorales y éticamente condenables por obstaculizar la función empresarial y, por tanto, la cooperación social, esencia misma del mercado (equivalente a la sociedad). De este modo, las leyes deben limitarse a declarar los derechos naturales de los seres humanos y a prohibir toda conducta que viole dichos derechos, ya que de lo contrario surgiría una tiranía legal.

Un sistema jurídico libertario, tal y como establece Rothbard, debe permitir que la sociedad se organice libremente (de forma espontánea) siguiendo las decisiones individuales de los miembros que la integran (cooperación social mediante relaciones libres de intercambio). El orden jurídico espontáneo se sustenta sobre el respeto a estos principios básicos que conforman el Derecho Natural.

Al hablar de ley o derecho, se trata de la ley como salvaguarda de la libertad, por tanto, no es otra cosa que no sea el conjunto de normas de conducta que constituyen el derecho privado y el derecho penal, lo que implica que no es derecho cualquier prescripción emanada por una autoridad legislativa que sobrepase lo señalado.

Partiendo de esta base, Rothbard fundamenta racionalmente en su obra una ética positiva de la libertad. Según el autor, la economía puede ciertamente contribuir en gran medida a la defensa de la libertad individual, pero no es capaz de implantar por sí sola una auténtica filosofía política. Para emitir juicios políticos se requieren juicios de valor, por lo que la filosofía política es necesariamente ética y, por tanto, es preciso implantar un sistema ético positivo para poder defender con sólidos argumentos la causa de la libertad.

La clave de esta teoría ética es la clara delimitación de los derechos de propiedad, que el autor realiza siguiendo la línea marcada por el respeto al Derecho Natural ya enunciado y, concretamente, el derecho que todo individuo tiene a poseerse a sí mismo y disponer de su ser y todo aquello en que imprime el sello de su acción (propiedad privada).

Además, la Ley Natural, tal y como señala Rothbard, es el conjunto de normas que el hombre es capaz de descubrir por medio de la razón. Al igual que acontece en el análisis del primer (acción humana) y segundo nivel (relaciones de intercambio), el estudio de las instituciones ha de ser abordado desde el método apriorístico-deductivo. Y es que todo parte de la acción humana, incluido el nacimiento y desarrollo espontáneo de las instituciones sociales, aunque éste tenga lugar de un modo inconsciente y no deliberado.

No obstante, la acción humana es el axioma básico de partida y, por lo tanto, todo ámbito de las Ciencias Sociales (inclusive las instituciones o tercer nivel) debe ser retrotraíble a éste, tal y como enunciaron Menger y Mises. No es posible comprender o estudiar el mercado como institución sin recurrir a la acción humana, por lo que, en todo caso, el método adecuado debe ceñirse al apriorístico-histórico-deductivo. No obstante, el propio Menger logra explicar el surgimiento evolutivo del dinero partiendo de la necesidad natural de intercambio que tienen los hombres para satisfacer sus fines subjetivos concretos, situando así el dinero como un “medio” para el cumplimiento de un determinado fin (intercambio).

En su obra, Rothbard aborda este campo enumerando una serie de principios éticos universalmente válidos que, partiendo del respeto y cumplimiento del Derecho Natural, son enunciados mediante la aplicación del método apriorístico-deductivo. De ahí que se centre, sobre todo, en desmontar el Estado, al ser concebido como un ente ilegítimo e inmoral desde la óptica austríaca del respeto a los derechos inalienables de todo individuo. Una idea que enlaza, sin duda, con la Teoría de la Eficiencia Dinámica elaborada por Huerta de Soto.

Por ello, el anarcocapitalismo que defiende Rothbard es la representación más pura del orden espontáneo del mercado en todos sus ámbitos, incluyendo, el derecho, la justicia, la seguridad o el sistema político. En el seno de la Ciencia Económica, el anarcocapitalismo se ocupa de la teoría general del orden espontáneo extendido a todas las áreas sociales incorporando, además, por contraste y oposición, el análisis de los efectos de descoordinación social generados por el estatismo en cualquier parcela en que incida.

El objetivo de Rothbard consiste, única y exclusivamente, en articular una serie de leyes y principios básicos a nivel institucional partiendo del axioma de la acción humana a través del método apriorístico-histórico-deductivo, al igual que hicieron Menger y Mises, entre otros autores, en el primer y segundo nivel.

Su obra se centra en desmontar punto por punto la supuesta legitimidad del estado con lo que, una vez eliminado, el resultado natural conduce a una suerte de anarcocapitalismo cuyos efectos y consecuencias son del todo imprevisibles, ya que dicho sistema tan sólo existe a nivel teórico. En este sentido, mas que la elaboración de una utopía irrealizable, Rothbard efectúa un original ejercicio consistente en proponer alternativas teóricas a la provisión de servicios que, en la actualidad, son públicos, pero que bien podrían ser privados. Sin embargo, ello no quiere decir que, de llegarse a tal situación (ausencia de estado), se alcancen los mismos resultados. En tal caso, todo dependerá del incierto e imprevisible devenir del orden espontáneo.

Lo único que plantea Rothbard es la necesidad de eliminar el estado (anarcocapitalismo) con el único fin de propiciar la existencia de un contexto libre de toda coacción pública para que dicho orden se extienda y crezca en toda su intensidad.