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G. K. Chesterton

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Les voy a hablar sobre un gobernante de un país europeo, que decide cambiar radicalmente los fundamentos culturales y ciertas leyes tradicionales de su país.

En esa historia, todo comenzaría por los discursos de un peculiar santón turco, que supuestamente demostraba cómo lo que pensábamos como típico de nuestra civilización en realidad provenía del Oriente Próximo. Además, este predicador habría convencido a las autoridades para establecer (a golpe de Decreto) la ley seca, el vegetarianismo y, en general, corregir muchas de las costumbres ancestrales de aquella nación.

Me imagino que ustedes lo estarán asociando con alguien conocido… pero no; no es él. De quien hablo es de Lord Ivywood, un personaje inventado por Chesterton en su genial novela La taberna errante, que ha sido reeditada hace poco y que les recomiendo que disfruten con su lectura. La acción se sitúa en Gran Bretaña y llama la atención ese parecido con algunas conductas de gobiernos y otros grupos de nuestra actual sociedad que -desde Europa-, de repente, quedan fascinados por cualquier otro modo de vida diferente del que ellos conocen y se ha vivido en su entorno durante siglos… Pero deciden que no les gusta y quieren cambiarlo. No importa que hayan sido años de pruebas y error, ajustes, búsqueda de las mejores soluciones: hay que cambiarlo todo porque sospechan que misteriosos poderes ocultos (particularmente les disgusta la religión cristiana) controlan las conciencias de la gente.

Y la solución, como decía, estará en la "moderna" propuesta de un islamismo bienpensante que aparece descrito con humor en la novela (no se olviden que les hablo de un libro de ficción); cosa que seguramente disguste a los políticamente correctos defensores de las alianzas de civilizaciones, acercamientos de las culturas y todo eso.

El segundo elemento de la trama es algo más simple e históricamente conocido: la decisión de proscribir el consumo de alcohol por razones de salud cívica (aunque enlaza también con un orientalismo bastante fundamentalista). El caso es que Chesterton nos entretiene con las andanzas de un rebelde militar irlandés y un práctico tabernero del pueblo pesquero de Pebblewick que burlan esa prohibición amparándose en los resquicios de una ley precipitada que permitiría la bebida siempre que se ofreciera bajo un letrero (los cuales habían sido, por cierto, convenientemente retirados).

La taberna errante fue escrita en el año 1914, y me llama la atención lo clarividente de su ironía. Seguro que el propio Chesterton estaría notablemente sorprendido al constatar hoy el parecido de sus historias con la realidad.

También creo que se extrañaría ante algún prólogo de este libro, como el que trata de buscar una explicación del argumento en torno a la “destrucción del tejido social que opera hoy el capitalismo”… ¡Menuda forma de entender las cosas! El que suscribe no es ningún experto literario, pero desde luego que no me imagino al Chesterton de La taberna errante como un oculto defensor de la lucha de clases. Bastaría echarle un vistazo al último número de Renacimiento (que me pasa un buen amigo; gracias, Juan) para comprobar que las opiniones del escritor inglés no eran precisamente cercanas al socialismo. Aunque podríamos hablar largo y tendido sobre su propuesta distributista; pero eso lo dejo para otro momento.

Quiero terminar copiándoles algunas frases de Chesterton sobre la propiedad privada que seguro les gustarán: “La propiedad es un derecho natural fundamental: es el medio necesario para hacer real la libertad. La propiedad es la condición material necesaria para que la persona pueda desarrollar su propia creatividad y libertad. La propiedad, efectivamente, garantiza la libertad del hombre y posibilita que pueda cumplir sus aspiraciones”.

Orden adaptativo del mercado libre y descoordinación estatal

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Es intelectualmente muy ingenuo tratar a toda la economía como un sistema en equilibrio estático perfectamente ajustado que se ve sometido a perturbaciones pequeñas de naturaleza estocástica (modelo que no explica el origen y la dinámica del orden y según el cual las crisis sistémicas ni deben ni pueden suceder). El paradigma adecuado para la ciencia económica es justo el contrario: estudiar cómo surgen evolutivamente y de forma dinámica órdenes parciales y locales, cómo crecen, se mantienen o desaparecen, cómo se acoplan y desacoplan las diferentes partes de un sistema hipercomplejo mediante las interacciones de múltiples agentes con capacidades limitadas. Ciertos agentes especialmente poderosos, los estados intervencionistas, tienden a descoordinar la sociedad y son causa de crisis económicas recurrentes.

Los seres humanos actúan como agentes económicos intencionales para satisfacer sus deseos según sus capacidades: hacen lo que pueden para conseguir lo que quieren. Las capacidades son siempre limitadas (tanto físicas como cognitivas); las preferencias son en principio ilimitadas (es fácil querer más y mejor), subjetivas y relativas (se prefiere una cosa frente a otras), lo cual implica que toda acción tiene un coste de oportunidad (el valor de aquello a lo que hay que renunciar para alcanzar un objetivo deseado).

En un entorno social libre, las personas no suelen actuar de forma independiente y aislada trabajando y produciendo cada uno solo y solamente para sí mismo, sino que son productores especializados y consumidores generalistas: se dividen el trabajo e intercambian bienes y servicios. Las economías complejas son muy productivas gracias a la especialización y la acumulación de capital; en ellas los participantes se vuelven progresivamente más y más interdependientes: cada uno hace cada vez mejor un número más pequeño de tareas y externaliza el resto, de modo que depende de los demás para más cosas (como productor, sus habilidades podrían volverse innecesarias; como consumidor tal vez necesite bienes o servicios difícilmente sustituibles).

Es esencial que los canales de distribución funcionen bien para facilitar los intercambios, que el dinero sirva de forma efectiva como depósito de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta, que los precios funcionen como señales que revelen e integren información dispersa acerca de la oferta y la demanda, y que existan procesos de control de calidad de los productores (libre competencia, posibilidad de acceso de nuevos empresarios y quiebra de los fracasados). Especialmente importantes son los tipos de interés (para la coordinación intertemporal de producción y consumo) y los mecanismos de gestión de la confianza o crédito (para préstamos e intercambios diferidos).

La división del trabajo y la estructura productiva resultante no son resultado de ningún plan centralizado diseñado conscientemente. Para una sociedad mínimamente compleja (mayor cantidad de personas y posibles preferencias, capacidades, acciones e interacciones) es sencillamente imposible juntarse todos y ponerse de acuerdo (la comunicación verbal es un canal lineal de escasa capacidad, y las capacidades humanas de atención, memoria y procesamiento de información son muy pequeñas; tal vez el lenguaje no pueda expresar con claridad y precisión lo que la gente quiere y puede hacer en realidad; siempre son posibles los desacuerdos y las diferencias irreconciliables, la incompatibilidad de los planes personales); tampoco existen los planificadores o coordinadores con los conocimientos y la benevolencia necesarios como para confiar en ellos la dirección centralizada de la actividad económica.

Todo proceso productivo (la preparación de la producción y la producción misma) lleva tiempo: el aspirante a productor debe invertir previamente recursos en alcanzar la capacidad necesaria para realizar su tarea (aprendizaje, adquisición de capital humano, profesionalización); el profesional competente necesita bienes de capital, su propia capacidad laboral y tiempo para poder obtener frutos por su trabajo. Estos procesos de preparación y producción suelen ser tan largos que es posible que las condiciones del mercado sean muy diferentes al final que al principio: los gustos de los compradores pueden cambiar, la competencia puede producir mejor o más barato, o aparecen nuevas tecnologías. La satisfacción de los consumidores con lo ofrecido por un productor no está garantizada de antemano, es posible fracasar, obtener pérdidas y tener que abandonar una línea de producción.

Se produce un acoplamiento exitoso entre productores y consumidores (sean consumidores finales  o productores intermedios necesitados de suministros) cuando los productores hacen lo que los consumidores quieren a precios que los consumidores están dispuestos a pagar y que permiten a los productores obtener beneficios y permanecer en el negocio. El éxito se demuestra mediante los intercambios voluntarios (preferencias demostradas), no mediante declaraciones verbales de satisfacción. Antes de comenzar sus proyectos los productores pueden preguntar a los consumidores qué quieren y a qué precios, pero la obtención y la gestión de esta información es muy problemática  y los consumidores no quedan comprometidos a actuar como han declarado. Cualquier productor debe intentar estimar la demanda futura de sus servicios, la disponibilidad de los suministros que necesita, y la actuación de la competencia.

Para reducir la incertidumbre respecto al éxito de una actividad económica es posible recurrir a contratos mediante los cuales las partes se asocian y se comprometen previamente a proporcionar o adquirir un bien o servicio. Una economía exitosa requiere libertad contractual para poder adaptarse a las distintas condiciones de tiempo y lugar, y un eficiente sistema institucional que garantice el cumplimiento de lo pactado. Una empresa es una red de contratos de cooperación productiva: accionistas, prestamistas, socios, cooperativistas, trabajadores, proveedores e incluso clientes pueden ligarse mediante compromisos que garanticen la coordinación futura en condiciones pactadas de antemano.

El acoplamiento entre productores y consumidores no es perfecto ni estático: surge de forma evolutiva mediante cambios adaptativos progresivos: dada una estructura económica en un instante determinado, cada productor debe decidir empresarialmente qué hacer, si seguir igual, reducir o expandir capacidad productiva, producir lo mismo de otra manera o producir otras cosas. Estas decisiones son especulativas y estratégicas, necesitan basarse en predicciones o estimaciones de cuáles van a ser las preferencias de los consumidores y las actuaciones de los potenciales cooperadores o competidores. La adaptación evolutiva se produce mediante ensayos y comprobaciones: los productores proponen y los consumidores valoran sus propuestas como acertadas o fallidas. Los productores exitosos permanecen en el mercado y pueden incluso aumentar su poder de acción; los productores fracasados ven su poder de acción reducido e incluso quizás tengan que abandonar el mercado. El sistema económico se ajusta constantemente en el límite del caos: no hay un orden total inmutable ni un caos carente de toda regularidad o referencia estable.

Los ajustes son más fáciles si el sistema económico es descentralizado, distribuido y redundante, con agentes interactuantes relativamente pequeños, reemplazables y con un número limitado de conexiones con el sistema, de modo que sus fracasos puedan ser asumidos con facilidad y los recursos liberados reasignados con rapidez. Las asociaciones humanas coordinadas (y sus dirigentes o gobernantes) son agentes sociales y económicos mucho más poderosos que cada individuo por su cuenta. Un agente grande, con mucho poder de acción y muchas conexiones con otros participantes en el sistema, es un elemento crucial de la estructura de producción y consumo: su actuación acertada puede facilitar la coordinación social, pero sus errores pueden implicar graves influencias desestabilizadoras. Una empresa en un mercado libre crece en la medida en que satisface a los consumidores: su tamaño no es una amenaza para la estabilidad del sistema.

Los estados intervencionistas son agentes descoordinadores de alto poder. En general han abandonado los intentos comunistas y socialistas de planificar coactivamente toda la producción, pero continúan usando su poder coactivo para practicar la ingeniería social y económica causante de los ciclos de auge y crisis: distorsionan la institución del derecho mediante la legislación rígida y burocrática; controlan de forma incompetente el dinero y el crédito; privilegian a unos a costa de otros; ofrecen garantías que generan riesgo moral y conductas excesivamente arriesgadas; diluyen el sentido de responsabilidad de los agentes, que no se supervisan mutuamente e intentan traspasar a otros los costes de sus errores; dificultan la empresarialidad, con los ciudadanos acostumbrados a recibir órdenes y deseosos de integrarse en burocracias parasitarias; generan dependencia de sus servicios asistenciales y sus transferencias de riqueza (pensionistas, parados); amplios sectores económicos dependen de la voluntad política (educación, salud, obra pública, medios de comunicación); pretenden obrar en defensa del bien común y como representantes de la voluntad general democrática cuando en realidad se aferran al poder, reparten favores y defienden intereses organizados.

Los fracasos empresariales depuran los errores del sistema, lo reconfiguran y recuerdan a los supervivientes que deben estar alerta. La ausencia de quiebras en un sector económico podría ser señal de buena salud empresarial generalizada, pero también puede ser resultado de protecciones estatales que ocultan los errores y los acumulan gradualmente hasta que son imposibles de contener y se desencadena una crisis catastrófica (como una avalancha destructiva que podría haberse evitado con sucesivas disgregaciones inofensivas). Las etapas de prosperidad engañosa e insostenible y la crisis correctora son asimétricas: la confianza se extiende en exceso gradualmente pero se pierde de repente; en el auge los recursos económicos se redirigen a proyectos existentes aparentemente más rentables que expanden sus operaciones, mientras que en la crisis se destruyen muchas empresas y es preciso reconstituir proyectos sin apenas referencias de éxito. La crisis no se arregla intentando a ciegas que haya más actividad económica: el problema esencial es la dirección inteligente, atributo ajeno a políticos y burócratas.

Los gobiernos causantes de las crisis critican al mercado libre por ser el presunto culpable de las mismas y por no ser capaz de hacer milagros imposibles y resolver rápidamente los problemas de coordinación económica mientras se encuentra maniatado por la coacción estatal. La peor decisión causante de la crisis fue dar más poder al Estado: la crisis podría ser el momento del arrepentimiento y la remoralización de la sociedad, de dejar de intentar vivir a costa de los demás o de exigir garantías donde no puede haberlas.

La reforma laboral y el movimiento

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La convalidación del decreto ley del Gobierno, que pretende engañar a propios y extraños sobre sus intenciones reformadoras del modelo de relaciones laborales que rige en España desde la época franquista, dio lugar a una nueva jugada al despiste en la ópera bufa de la política española.

Contra toda evidencia, medios de comunicación tímidamente críticos con el gobierno confundieron sus deseos con la realidad cuando atisbaron la soledad del gobierno y graves disensiones internas en el grupo parlamentario socialista.

No cabe duda de que, formalmente, sólo los diputados de ese grupo emitieron su voto favorable a esa aprobación inicial para, a continuación, tramitar el texto como un proyecto de ley urgente. El resultado de la votación se reveló suficiente para los propósitos gubernamentales. Pero deducir de ese dato aislado que los apoyos políticos del Gobierno neosocialista se tambalean supone pasar por alto otras variables nada desdeñables. Antes al contrario, para desgracia de los españoles, se acumulan indicios de que su gestión económica nefasta puede apuntalar una larga estancia en el poder, a no ser que su impostura y marrullería política sean desenmascaradas a los cuatro vientos.

Conviene recordar que en España una minoría cada vez más amplia de economistas y juristas liberales llevamos años reclamando una auténtica ruptura con la legislación laboral del franquismo, continuada durante la transición por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, pactado por la UCD de Suárez y el PSOE de González, cuyos dogmas fueron adaptados para perpetuar el papel en la negociación colectiva de las condiciones laborales de los sindicatos UGT y CCOO -correas de transmisión de los partidos socialista y comunista, respectivamente- mediante la Ley de libertad sindical de 1985.

Los intereses creados en torno a ese marco regulatorio, retocado por reformas sucesivas que no atacaron jamás sus fundamentos básicos, pese a las reacciones calculadamente tremendistas de la coacción sindical organizada que hemos conocido durante estos años, han permeado tanto a sectores llamados de izquierda como de derecha.

Los años de expansión económica de la época de Aznar camuflaron la losa que pesaba sobre el mercado de trabajo. Aun con todo, los porcentajes oficiales de desempleo nunca descendieron de los que se consideran propios de las crisis en los países desarrollados.

Pues bien, alcanzado el 20% de parados sobre la población activa en España y superado el 11% de déficit público en un tiempo récord, cundió el pánico entre la burocracia de Bruselas, el FMI y los gobiernos de países cuyos bancos prestaron ingentes sumas para financiar la burbuja inmobiliaria española. Después de todo, si se suma la falta de saneamiento de un sistema financiero seriamente tocado por su exposición a la estallada burbuja inmobiliaria, no resulta descabellado pensar que un Estado con tales desequilibrios puede quebrar de forma inminente. Y que, por lo tanto, reside en su propio interés facilitar la contratación laboral para reducir sus obligaciones en prestaciones de desempleo y, en definitiva dinamizar su economía para alejar el peligro de repetición del caso griego.

En contra de lo que vienen defendiendo algunos comentaristas, no creo que los burócratas internacionales, por lo menos a corto plazo, pretendan dictar los últimos detalles de la reforma laboral española. Estoy convencido de que, para dar su visto bueno, les basta que el Gobierno español manifieste su firme determinación de eliminar las rigideces que lastran el mercado de trabajo español mediante un decreto-ley de aplicación inmediata… Ya se verá con el paso del tiempo que los efectos de tal reforma no se corresponderán con las declaraciones de quién no quiere cambiar de modelo de relaciones laborales.

Llamativo ha sido que un diputado socialista, antiguo secretario general de las Comisiones Obreras, que nacieron de la infiltración comunista en el antiguo sindicato vertical, pactara su abstención con el jefe de su grupo parlamentario. También que el eterno “socialista liberal”, quien debería estar más atento a la supervisión de los administradores de bancos y cajas de ahorros negligentes, censurase con argumentos muy atinados que la reforma no aborde la negociación colectiva. Ninguno de los dos, empero, parece haber considerado la dimisión de sus cargos como muestra patente de rechazo de las políticas seguidas por los líderes actuales de su partido. Ni por asomo.

Lo cual me lleva a pensar que los neosocialistas españoles forman parte de algo distinto a un simple partido político que puja periódicamente por renovar su mandato en el Gobierno. En un esquema donde el culto al líder tiene muy difuminadas las diferencias entre partido, Gobierno y hasta Estado -por mucho que la pulsión de los nacionalismos periféricos comporte llegar a apaños clamorosamente asimétricos para los contribuyentes- el Gobierno es el ying y el yang. Ullastres y Girón. Prisa y Mediapro. Liberal y nacionalsindicalista de geografía variable. Abarca todo. Hasta marca el terreno a la oposición. Zapatero y su camarilla han conseguido, gracias a sus dotes de intrigantes manipuladores y a las limitaciones de sus opositores políticos, eliminar toda alternativa ajena a su cosmovisión maniquea y sectaria del mundo. Han fundado su “Movimiento” transcurridos treinta y cinco años de enterramiento del anterior. Tienen ya un complejo industrial (por llamarlo de alguna manera) a su servicio y una supuesta oposición que pretende rebañar votos acusándoles de apartarse de su programa, en lugar de plantear medidas más ambiciosas para salvar al país de la ruina a la que le han condenado las acciones y omisiones del Gobierno. Un régimen donde niñas aparatchiks como Leire Pajín y Bibiana Aído mandan a gusto, leyes de discriminación positiva mediante, sin que las personas adultas puedan zafarse de una dictadura infantil ¿Durará 36 años como el del General Franco?

Qué no es el derecho

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El Derecho puede definirse de diversas maneras, pero sólo una de esas vías de aproximación permite distinguir entre el carácter institucional de los enunciados que se le atribuyen, y el contenido complejo y abstracto que guardan dichos preceptos. No se trata de hacer una relación de conceptos que ignoren la verdadera naturaleza del Derecho, sino de purgar entre las distintas teorías al respecto, con la idea de componer una nueva conceptualización que no derive en desarrollos explicativos sin sentido.

Centrémonos, reduciendo la complejidad de cada una de las versiones que a continuación expondremos, en las clásicas visiones que desde la filosofía y la teoría del Derecho se han elaborado sobre el hecho jurídico:

  • En primer lugar, la que hoy predomina, no sin revisiones y dulcificaciones merced de las otras dos interpretaciones: el positivismo jurídico. Concibe el Derecho como un conjunto de normas que forman parte de un ordenamiento validado dentro de un orden político y social determinado, siendo el elemento primordial la positividad de su contenido, es decir, la plena articulación de enunciados. El positivismo considera que el Derecho puede provenir del acto deliberado y racional de un compositor jurídico cuasi omnicomprensivo. Partiendo de la distinción tomista entre Derecho natural y Derecho positivo, el positivismo, como instrumento teórico del racionalismo estatista, considera accesible al conocimiento humano la capacidad de articular cada uno de los contenidos normativos indispensables para favorecer el ajuste social (la paz –la no violencia- en las relaciones intersubjetivas, que diría Mises). Cada nueva norma atraviesa un proceso de exigencias formales y sustantivas antes de poder ser considerada como parte del ordenamiento jurídico. La validez de una norma depende de la efectividad general del sistema en su conjunto, creyendo haber resuelto de este modo la vinculación entre validez y eficacia del Derecho (Kelsen).
  • En segundo lugar, entre el positivismo normativo y el iusnaturalismo, encontramos una vía intermedia, mucho más explicativa que las restantes, pero insuficiente, ya que en realidad las necesita a ambas para fundamentar ciertos aspectos, evitando así caer en una posición netamente relativista o irracional. El evolucionismo jurídico desliga el aspecto formal de las normas del desarrollo de su contenido y efectividad, advirtiendo que el Derecho, como la moral, poseen un sustrato de reglas de mera conducta cuyo origen y formación se enmarca dentro de un proceso evolutivo, sucesivo o histórico. Dichas reglas arrastran un volumen de conocimiento tal, que no resulta plenamente accesible para la mente del Hombre, siendo éste incapaz de articular con plenitud, dentro de un ordenamiento sistemático, cada aspecto relevante de dicho contenido normativo. Las normas explícitas, con forma de enunciados preceptivos ciertos, pese a aparentar relativa simplicidad, no son sino la manifestación superficial del contenido que, efectivamente, tiende a regular la conducta de un grupo humano específico.

Hay dos tipos de evolucionismo: una versión ingenua, que se complace con analizar el contenido explícito de las normas, cayendo fácilmente en la arrogancia de considerar factible recomponerlo en normas más eficientes; y una versión compleja, que además de percatarse del elemento meramente institucional, profundiza en aspectos de estructura del conocimiento y orden cognitivo de la mente humana, a fin de teorizar sobre ese contenido amplio de reglas que gobiernan la conducta, en su mayor parte, de manera tácita y superconsciente (Hayek).

El iusnaturalismo tiene tantas versiones como seguidores, y tantas críticas como detractores. Posee un fondo de verdad: la conducta, y las reglas que la gobiernan, no son ajenas a la naturaleza del ser humano. Pero son muchas sus carencias teóricas, como por ejemplo, la idea de que dicha naturaleza permite inferir un contenido amplio de normas, e incluso, que se trata de una naturaleza estática, no cambiante, en vez de dinámica y flexible (y en continua evolución). Unos creen haber dado con unos principios o valores éticos universales, de los que cabe derivar fundamentos jurídicos válidos en cualquier situación. La idea tomista de Derecho natural considera a este tipo de Derecho como un reflejo del orden universal natural, pero en el concreto ámbito de la conducta de los hombres. Ignorando que dentro del orden social o cultural, existen otros órdenes distintos al meramente jurídico o moral, esta versión del iusnaturalismo se conforma con tratar de advertir principios tan básicos que, en cada caso concreto, permitan especificar contenidos normativos efectivos y específicos. De hecho, desde este punto de vista, el iusnaturalismo se convertiría en una suerte de programa de investigación ética sin pretensiones positivistas, en cuanto a que su objeto de estudio es el descubrimiento de los elementos que deberían vertebrar cualquier orden de conducta humana, proponiendo sus conclusiones como alternativa o factor correctivo para los sistemas de normas que los desconozcan por completo.

Desgraciadamente, entre la falsa ilusión que provoca la revelación desde un pretendido orden supremo, o la mera intransigencia racionalista, confiando a la razón la tarea de construir un ordenamiento completo y mucho más eficiente en términos estáticos, el iusnaturalismo es también expresión de un grave error intelectual. Aun aceptando que el Derecho es aquel conjunto indeterminado de normas que, de forma efectiva, gobiernan la conducta de los individuos, proporcionándoles una baza institucional desde la que planear con mayor certeza sus expectativas particulares, cuando el iusnaturalismo considera posible sustituir dicho orden jurídico y moral efectivo, y en su lugar proceder  a la mera deducción lógica y estricta de aquellos principios universales, venidos al hombre bien por revelación, por simple introspección o gracias al ejercicio de la razón, se desliza hacia posiciones claramente positivistas.

Hemos visto, esbozando entre las tres visiones principales de estudio del Derecho (además de la sociología jurídica, que por su amplia diversidad, planea sobre éstas), cómo en todas ellas acecha la ilusión que considera factible configurar un ordenamiento jurídico más eficiente (diseño inteligente institucional) que aquel que resulta espontáneamente del proceso social. No se trata de plantear meras alternativas. La conceptualización del Derecho exige conocer qué tipo de contenido guardan en su interior las normas de conducta, y cuál es su proceso de descubrimiento, composición, interiorización y transmisión entre individuos. Para ello no puede obviarse el elemento cognitivo: no cabe desligar el estudio de la conducta de aquellos factores sensoriales que la articulan en las mentes de los individuos.

Por ello, en el estudio de las normas, debe distinguirse entre la teoría general de la composición normativa, dentro de la teoría de la evolución de las instituciones, apoyada en la necesaria sistematización positiva de aquellos elementos formales que nos permitan clasificar normas y sistemas de normas, sus elementos básicos y la manera de comprenderlos. Otro ámbito de estudio será el del contenido de las normas, tratando de advertir principios y valores, mecanismos de resolución de conflictos, orígenes históricos o carácter compositivo de las mismas. Y por último, centrados en el estudio de la mente humana, la manera en que ésta se manifiesta en el sentido de ordenar la conducta del individuo; qué conocimiento es innato y cuál se adquiere, así como las vías de asimilación y la manera en que se estructura y altera una vez adquirido.

El Derecho es aquella parte de las normas de conducta que, con un contenido superficial suficiente, permiten ser conocidas mínimamente en su carácter irresistible. Es decir, siendo toda norma exigible, sólo las reglas cuyo contenido pueda explicitarse mínimamente podrán ser apeladas en cuanto a su exigibilidad. Esto implica que sólo una pequeña parte del contenido de estas normas resulta accesible para la conciencia del individuo, operando el resto de contenido a niveles semiinconscientes o súperconscientes, dentro de la propia estructura mental del Hombre. Se dirá que algo es bueno cuando seamos capaces de entreverlo y explicitarlo con suficiencia, y del mismo modo, se dirá que es recta aquella conducta que podamos expresar, aun cuando el conocimiento que encierre dicha conducta siga siendo mucho más amplio. Toda norma, por lo tanto, resulta exigible por definición, es decir, comporta una sanción. Identificar el tipo de sanción nos permite clasificar la norma (pero no el contenido normativo total que representa) dentro de uno u otro orden, bien la Moral, bien el Derecho. Derecho será toda norma que se sepa irresistible, que conlleve la intervención de un poder sancionador capaz de compeler a su infractor invadiendo su esfera de autonomía o voluntad. Dicho poder no tiene porque ser un Poder público. Por tener ese carácter jurisdiccional (señalar lo recto y exigirlo sin que quepa resistencia), acabará delegándose en un tercero imparcial, dedicado a estas cuestiones. La teoría no nos permite ir más allá en la conceptualización, el resto es historia y sistemas de Derecho y Política específicos.

Todo lo demás, no es Derecho. No son Derecho las normas de organización política, incluso cuando parte de su contenido coincida con el que es propio del Derecho. Las normas jurídicas son generales y abstractas, y dentro de un orden social, su contenido, o parte de él, puede ser parte de composiciones normativas que pretendan resultados concretos, o articulen sistemas de organización parcial.

Auge y crisis en los países bálticos

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

La crisis financiera internacional ha agravado y exacerbado algunos procesos de ajuste que inevitablemente debían llevarse a cabo en algunos países, dadas las dinámicas de crecimiento insostenible en las que habían incurrido. Los tres países bálticos son el caso paradigmático de esta situación, habiendo sido países con un crecimiento sobresaliente durante la fase expansiva de 2000 a 2007 –con tasas de crecimiento de dos dígitos-, pero también con mayores caídas en la recesiva, especialmente Letonia en 2008 y 2009 –con un desplome de cerca del 20% del PIB.

Tras poner fin a décadas de opresión socialista y con un desempeño económico pobre, vinieron las reformas que iban a poner a estas economías en el camino, a pesar de baches y dificultades, hacia el mercado y el desarrollo. Estonia fue el país que con mayor decisión aplicó este programa liberalizador, como cuenta José Carlos Rodríguez.

El impulso que recibieron estas economías fue muy notable. Una vez superada la fase álgida de la transición, el comienzo de siglo XXI no pudo ser mejor. Entre 2000 y 2007 Estonia creció consistentemente a tasas no inferiores al 7,5%. Letonia estuvo por encima del 10% entre 2005 y 2007, y Lituania, tras empezar la etapa con un crecimiento moderado, llegó a presentar tasas de crecimiento similares a Estonia.

Todo parecía ir de maravilla, las reformas pro-mercado estaban dando sus frutos y los liberales celebraban los éxitos de estos países. Sin embargo, a partir de 2007 las cosas se empezaron a torcer, y en 2008 y 2009 se encontraron con un colapso de la actividad económica. ¿Qué pasó? ¿Fue la liberalización y apertura de estas economías la que engendró esta crisis? Los intervencionistas parecen haberse apuntado un punto, pero no vayamos tan rápido. 

Analizando en más detalle los determinantes del crecimiento de estas economías durante la última década puede verse cómo la fase de auge estuvo en parte sustentada sobre la expansión desbocada del crédito y los descalces de plazos llevados a cabo por el sistema bancario, por los cuales los bancos se endeudaron masivamente a corto plazo y en moneda extranjera, para invertir a largo plazo.

Estos procesos fueron permitidos y facilitados por los bajos tipos de interés y las condiciones muy laxas de liquidez a nivel internacional, sobre todo las del Banco Central Europeo, y por la apertura de estas economías al exterior. Así, se produjo un gran aumento del endeudamiento externo en moneda extranjera (déficit exterior) insostenible. Además, estas prácticas fueron origen de un boom insostenible en la demanda interna, especialmente en el consumo de bienes duraderos (como coches o viviendas), y de una importante burbuja inmobiliaria -especialmente en Letonia- y bursátil.

Los desequilibrios financieros y externos incurridos en la fase de expansión se comenzaron a dejar notar en 2007, pero fue sobre todo a raíz de los problemas financieros internacionales, con el punto de inflexión en la quiebra de Lehman Brothers en Septiembre 2008, cuando se aceleró el ajuste y se agravó una situación que ya de por sí era delicada. Las entradas de capitales extranjeros se desplomaron, los bancos de los países bálticos tuvieron problemas de refinanciación de sus deudas, el crédito exterior se redujo notablemente y aumentó la desconfianza en los sistemas financieros de estos países. Todo ello desembocó en una crisis financiera, con especial intensidad en Letonia, que fue relativamente solventada gracias al rescate del Fondo Monetario Internacional –institución que más tarde iba a causarles algunas molestias.

La crisis en la economía real, derivada de la distorsión en la estructura productiva y la descoordinación entre los planes de los agentes económicos que trajo consigo la expansión artificial del crédito, adquirió magnitudes dramáticas en 2009. Las caídas en el PIB fueron cercanas al 15% en 2009 y la tasa de desempleo se disparó a partir de 2008, teniendo actualmente las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea, con permiso de España.

Esta crisis condujo a los sectores públicos de Letonia y Lituania a una situación fiscal muy delicada –a pesar de tener unos niveles de deuda pública sobre el PIB reducidos-, que resolvieron con ambiciosos ajustes fiscales de recorte del gasto público. Estonia fue la excepción a estas dificultades, alcanzando un máximo de déficit público del 2,7% en 2008 y reduciéndolo al 1,7 el año siguiente.

En la actualidad, el reajuste necesario y más traumático parece haberse concluido vía deflación de precios y salarios (devaluación interna), y ahora, una vez recuperada la competitividad que se vio afectada en la fase de auge, y depurados los efectos de los excesos crediticios, se espera una pronta recuperación económica sobre unos cimientos más sólidos, especialmente en el caso de Estonia, quien ya ha recibido la aprobación por parte de la Comisión Europea para su entrada en la Unión Monetaria del euro en 2011.

¿Qué se podría aprender de todo esto? Podrían destacarse al menos dos cuestiones. En primer lugar, se debería ser más cauto a la hora de celebrar los periodos de rápido crecimiento económico (al fin y al cabo, el PIB tiene sus limitaciones), puesto que éstos pueden estar basados en parte en la expansión artificial del crédito u otras prácticas financieras difícilmente sostenibles, no sólo en reformas estructurales en la buena dirección. Tanto el caso de los países bálticos como el de Irlanda podrían ilustrar esta problemática.

Y en segundo lugar, Letonia y Lituania han podido solucionar una crisis fiscal que puso a sus finanzas públicas casi al borde de la suspensión de pagos, gracias a recortes intensos y dolorosos en el gasto público. Grecia y España, entre otros, podrían tomar buena nota de ello. De hecho, las mismas autoridades de estos dos países bálticos han recomendado a Grecia que siga su ejemplo: “La situación griega es similar a la de Letonia y no hay otra opción que recortar gastos”.

Ángel Martín Oro ha desarrollado un trabajo de investigación en el que analiza estas cuestiones con más profundidad. El lector interesado puede dirigirse al autor a través de este enlace, http://amartinoro.wordpress.com/contacto/ para hacerle sugerencias o preguntas sobre el mismo.

Teoría austriaca del ciclo y recursos ociosos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La teoría austriaca del ciclo económico (TACE) sostiene, muy resumidamente, que la coordinación entre ahorradores e inversores se verá distorsionada si éstos últimos tratan de controlar unos bienes presentes (bienes de consumo y factores productivos) sobre cuya disponibilidad los primeros no han renunciado. En general, los inversores se coordinarán con los ahorradores a través de los rendimientos que éstos exigen y que aquéllos pueden pagarles merced a sus proyectos de inversión: si los inversores prometen remuneraciones (sobre el capital o sobre los créditos) que a los ahorradores les compensen lo suficiente como para renunciar a controlar bienes presentes, entonces esos bienes presentes a los que renuncian podrán ser empleados por los inversores a cambio de abonarles en el futuro la correspondiente remuneración.

El problema comienza cuando los inversores pueden acceder a unos créditos que no van aparejados a la renuncia de bienes presentes por parte de nadie (crédito fiduciario). En este caso, los empresarios/inversores podrán sobrepujar por los bienes presentes que están empleando otros empresarios/inversores y acometer proyectos que antes, sin ese crédito fiduciario, no eran rentables. El proceso sabemos que tendrá una duración muy corta a menos que sigan inyectándose dosis adicionales de crédito fiduciario, pues los factores productivos gastarán las mayores rentas que han cobrado en disponer de los bienes presentes que, en parte, estarán usando los nuevos inversores, lo que a su vez llevará a esos nuevos inversores o a interrumpir la producción o a tener que sobrepujar de nuevo por los bienes presentes, aumentando sus costes y viendo cómo al poco tiempo les vuelve a surgir la presión sobre sus bienes presentes (pues cuanto más les paguen a los factores, más podrán pagar éstos por disponer de los bienes presentes).

El caso sería similar a si tuviéramos dos explotaciones agrarias, una (a la que llamaremos A) cosecha trigo al cabo de un año, y la otra (a la que denominaremos B) cosecha diez veces más trigo que A al cabo de tres años. La explotación B puede, gracias al crédito fiduciario, arrebatarle los jornaleros a la explotación A, pagándoles anualmente un mayor salario. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando los jornaleros, habiendo cobrado su salario de B, quieran comprar trigo (pues su ahorro, su renuncia a disponer de bienes presentes, no ha aumentado)? Simplemente que como la producción de A se interrumpió, no habrá casi nada de trigo a la venta, de modo que los precios del mismo se dispararán y aquél que pueda producirlo más rápidamente se llevará el gato al agua. ¿Adivinan? Sí, A podrá pagar salarios nominalmente más elevados que B, de modo que se generará una recolocación de factores productivos.

Esta simplificación de la TACE (donde ni siquiera estamos teniendo en cuenta la muy importante heterogeneidad de los bienes de capital ni el consumo de capital que siempre se produce en todo ciclo) parece basarse, sin embargo, en una hipótesis que los keynesianos descartan de partida: todos los recursos están empleados. De haber recursos ociosos (desempleados), es lógico que nos formulemos la siguiente pregunta: ¿qué sucede si, gracias al crédito fiduciario, los inversores obtienen un poder de disposición adicional sobre unos recursos que nadie estaba utilizando? Es decir, ¿qué sucede si la explotación agraria B no arrebata los trabajadores a la A, sino que contrata a unos pobres jornaleros sin oficio ni beneficio para ampliar su producción?

Para averiguarlo tenemos que recordar por qué existen recursos ociosos: simplemente, la remuneración mínima que quieren percibir es superior a la que se les puede ofrecer. Por ejemplo, si cada trabajador produce 10 toneladas de trigo al año, es evidente que nadie los contratará si exigen un salario equivalente a 11 toneladas. De ahí que si un cierto número de jornaleros solicita un salario superior a su productividad marginal descontada, seguirán ociosos hasta que rebajen sus pretensiones o hasta que aumente su productividad.

La expansión del crédito lo único que provoca cuando existen recursos ociosos es concederles a éstos las rentas que necesitan para añadir mayor presión todavía sobre los bienes presentes de los que querían disponer. Lejos de generar con su producción el ahorro que necesitan para financiar la nueva inversión, recalientan más el precio de los bienes presentes, encareciendo el coste de destinar estos bienes presentes a la obtención de bienes futuros (es decir, los tipos de interés aumentan, con lo que los posibles planes de inversión se vuelven menos atractivos).

Por ejemplo, si se expande el crédito fiduciario, la explotación B obtendrá el “capital” con el que contratar a los trabajadores ociosos y ponerlos a cultivar el campo para que al cabo de tres años cosechen diez veces más trigo que A. ¿Pero qué pasará cuando, al finalizar el primer año, los trabajadores ociosos perciban sus sueldos? Pues que querrán gastarlos en consumir 11 toneladas de trigo. Pero, en ese momento, sólo estará disponible el trigo que habrá producido la explotación A durante ese año, con lo que los precios del mismo se dispararán (los trabajadores inicialmente empleados en A más los trabajadores antiguamente ociosos se querrán hacer con una cantidad de trigo dada).

Llegados a este punto, los trabajadores antiguamente ociosos y después contratados por B tendrán dos opciones: o aceptan una rebaja en sus salarios nominales para seguir empleados (en cuyo caso serán contratados por A para producir trigo lo más rápidamente posible) o exigen los mismos salarios reales que antes (11 toneladas de trigo), de modo que quedarán desempleados. En todo caso, la explotación B es abandonada antes de completarse el cultivo de tres años, precisamente porque no había suficiente ahorro (no había suficiente gente dispuesta a esperar tres años para adquirir trigo).

Por supuesto, insisto en que este es un ejemplo muy simplificado, pues en principio con una expansión crediticia que durara tres años podría completarse la producción de trigo en B. Sin embargo, tengamos presente que: a) en todo caso esto sólo sería una forma de “ahorro forzoso” tal y como denunciaba Hayek (durante tres años se forzó a los trabajadores de A a consumir menos de lo que deseaban); b) al cabo de tres años, a menos que los jornaleros ahorren buena parte de la cosecha de B, es decir, restrinjan significativamente su consumo de trigo (o si restringiendo su consumo, debido a nuevas expansiones del crédito, se termina consumiendo más trigo del necesario para sostener a los trabajadores durante tres años), la explotación B deberá ser igualmente abandonada; c) los bienes que pueden dejar de producirse por la desviación de factores pueden no ser bienes de consumo prescindibles, sino bienes de capital imprescindibles; d) en una economía con muchos planes en competencia, las sucesivas expansiones del crédito se traducirán en la aparición de nuevos proyectos empresariales antes incluso de concluir los que se iniciaron en un primer momento con el crédito fiduciario, cada uno de los cuales tenderá a proporcionar un menor rendimiento y requerirá de un mayor tiempo de inmovilización de bienes presentes.

En todo caso, lo que quería señalar era simplemente que la descoordinación entre ahorradores e inversores no sólo se produce cuando existe pleno empleo de los recursos, sino también ante la existencia de recursos ociosos. Es cierto que cuando no hay desempleo los problemas se manifiestan antes, pues los costes de los factores aumentan más rápidamente que lo que los receptores del crédito fiduciario pueden irse permitiendo pagar. Pero, aparte del notable hecho de que casi nunca existe un desempleo de todos los factores necesarios (puede haber trabajadores ociosos, pero los proyectos empresariales también requieren de materias primas o bienes de capital cuyos precios suelen ser mucho más flexibles y donde por tanto no tiende a producirse desempleo), debería resultar claro que entregar (o dar derecho a adquirir) a los factores productivos, con la finalidad de que éstos produzcan ciertos bienes futuros, una cantidad de bienes presentes mayor a la que ningún otro agente ha renunciado o está dispuesto a renunciar a cambio de esos ciertos bienes futuros, no sólo no soluciona los problemas de coordinación temporal entre ahorradores e inversores, sino que los agrava.

La TACE sigue siendo plenamente válida haya o no recursos ociosos. De hecho, lo acabamos de constatar con el reciente ciclo económico donde es más que discutible que hubiese algo así como “pleno empleo” entre los trabajadores y, no obstante, las mayores rentas que percibieron se tradujeron en unos mayores precios de materias primas que, desde luego, no pudieron compensarse con la mayor oferta de proyectos inmobiliarios que estaban fabricando (no había suficientes agentes dispuestos a dejar de consumir hoy petróleo y otras materias primar a cambio de una porción de un inmueble futuro).

Limitación del déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La elaboración de presupuestos públicos equilibrados (o con superávit) es una condición necesaria para remontar una crisis económica y lograr un crecimiento socioeconómico sano con poco lastre impositivo y financiero por parte de las administraciones públicas.

Para lograr reducir el enorme endeudamiento acumulado no basta con reales decretos de mero maquillaje, ya que se necesitan recortes presupuestarios y reformas estructurales de hondo calado político.

Un análisis del Informe Económico Financiero de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 (PGE 2010) pone de manifiesto el desequilibrio presupuestario que padecemos en España. Durante el año 2010, los presupuestos generales del Estado de gastos consolidados ascienden a 386.400 millones de Euros, con un 85,5% dedicado a operaciones no financieras.

1. Déficit de la Administración Central:

Se ha realizado una previsión presupuestaria de pérdidas por operaciones corrientes en la Administración General del Estado de -38.235 millones de Euros que, se obtienen sustrayendo a sus ingresos corrientes de 157.448 los gastos corrientes de 199.213 millones de Euros. Seguramente, la previsión de los PGE 2010 será ampliamente rebasada por el crecimiento de las prestaciones de desempleo y por la disminución en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Añadiendo las perdidas de -21.850 millones de Euros en operaciones de formación de capital del Estado (enajenaciones, transferencias, inversiones reales) y los Gastos del Fondo de Contingencia de – 3.745 millones de Euros, podemos comprobar que estamos tirando la casa por la ventana con un déficit presupuestario de -63.830 millones de Euros para el año 2010.

Sin embargo, con diversos ajustes contables como el aplazamiento de las liquidaciones de comunidades autónomas y entidades locales a favor del Estado, los PGE 2010 muestran una necesidad de financiación de la Administración central de 57.376 millones de Euros.

2. Déficit del Estado autonómico:  

Se supone que con los impuestos y tasas transferidos a las comunidades autónomas junto con las transferencias corrientes y de capital del Estado a las Comunidades Autónomas por importe de 53.525 millones de euros (año 2010), deberían ser capaces de sostener presupuestos equilibrados, dejando el déficit sobre las espaldas del estado central.

Sin embargo, merece la pena analizar también el despilfarro del Leviatán autonómico ya que su déficit  presupuestario conjunto alcanza los -26.932 millones de Euros según la agencia de calificación Fitch, lo que pone de manifiesto las tensiones de financiación que supone la organización territorial autonómica.

Y no debe sorprender que las mayores contribuciones al déficit autonómico en relación con la cantidad de población provengan de las regiones gobernadas por la casta política que ejerce un mayor intervención nacionalista sobre la vida de los ciudadanos, ya que se deben alimentar los excesos del Estado autonómico: Cataluña (– 7.661 millones de Euros), Andalucía (– 4.389), Valencia (– 2.127), Vascongadas (– 1.914 y contando con ingresos extras por el cupo vasco de 1.026 millones de Euros) o Galicia (– 1.532).

3. Déficit de los Entes Locales:   

Por otro lado, las transferencias corrientes y de capital a las Entidades Locales ascienden a 17.872 millones de euros (año 2010) y, sin embargo, con el beneplácito de Gobierno también los ayuntamientos se están aplicando en el despilfarro generalizado con políticas presupuestarias claramente deficitarias, aunque haya indicios de que algunos municipios maquillan contablemente las deudas por medio de operaciones con empresas públicas y mecanismos similares de ocultamiento del déficit y endeudamiento públicos.

Afrontar los déficit presupuestarios y el endeudamiento que generan requiere coger la tijera y eliminar partidas presupuestarias ociosas como la inmensa mayoría de las subvenciones, las televisiones públicas, los Ministerios florero, los asesores políticos,… Supone someter a una permanente dieta de adelgazamiento tanto a la administración central como a las autonomías y entidades locales, en vez de subir impuestos y constreñir aún más la economía de las familias.

A ese respecto, es preciso señalar nuevamente la utilidad de establecer una Constitución Económica que, entre otros aspectos, permitiese la limitación del gasto público, de los impuestos y del endeudamiento, introduciendo el principio de consentimiento de los ciudadanos ante determinadas decisiones políticas transcendentales para su futuro.

4. Limitación de presupuestos deficitarios

Por ejemplo, podría ser oportuna una nueva redacción del artículo 134 CE en donde se dificultasen los presupuestos deficitarios con algún apartado que explicitase la potestad de refrendo obligatorio por los ciudadanos:

Art. 134 CE  (propuesta):

  1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
  2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
  3. Siempre que exista déficit presupuestario, en un plazo de un mes desde su aprobación, los Presupuestos Generales del Estado deberán ser refrendados en un referéndum por una mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho al voto. En caso contrario, serán prorrogados los Presupuestos Generales del Estado del año inmediatamente anterior, siempre que sean equilibrados (o con superávit) y hubiesen quedado debidamente refrendados.
  4. Análogamente, en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, cualquier presupuesto público deficitario deberá quedar refrendado por una mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho a voto que vayan a ser afectados por el mismo. En caso contrario, se prorrogará el presupuesto público inmediato anterior, siempre que sea equilibrado (o con superávit) y hubiese quedado debidamente refrendado. 

5.Limitación de los tributos

Evidentemente, una limitación de presupuestos deficitarios debe venir acompañada de una legislación que evite las arbitrariedades tributarias que intentan cuadrar las cuentas públicas coaccionando aún más el bolsillo del sufrido contribuyente. Es decir, en ese caso, cabría una nueva redacción del artículo 133 CE: 

Art. 133 CE  (propuesta):

  1. La potestad originaria para aprobar los tributos corresponde exclusivamente a los ciudadanos con derecho al voto que residan en un territorio, mediante la aprobación en referéndum de una propuesta legislativa, por mayoría de dos tercios y conforme al artículo 92.
  2. El Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos en el territorio donde ejercen sus competencias, siempre y cuando cumplan el apartado anterior.
  3. Se establece un tipo único del 20%, tanto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas como para el impuesto de sociedades. Se prohíbe la doble tributación. Cualquier subida de tributos deberá cumplir el apartado primero.

6.    Limitación del endeudamiento

Finalmente, el endeudamiento debería quedar también sujeto por medio de una modificación del artículo 135 CE, dado que los políticos intervencionistas emplean esta segunda vía para mantener presupuestos deficitarios y evitar el mayor desgaste electoral que suponen las subidas de impuestos:

Art. 135 CE  (propuesta):

  1. Para emitir Deuda Pública o contraer crédito durante un ejercicio presupuestario, sólo el Gobierno podrá ser autorizado por una ley aprobada en referéndum obligatorio, por mayoría de dos tercios de los ciudadanos con derecho al voto y conforme al artículo 92.
  2. En caso contrario, será prorrogada la ley de emisión de Deuda Pública o de crédito que hubiese quedado aprobada con anterioridad, según se indica en el apartado anterior.
  3. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de una ley de emisión aprobada según el apartado primero.

Sin duda, la creciente incertidumbre de los mercados financieros no es ajena al roto presupuestario en España, generado por erradas políticas keynesianas que intentan estimular la demanda con gasto público en vez de reduciendo el gasto superfluo de las administraciones públicas.

Por ello, es preciso reflexionar sobre la necesidad de que los ciudadanos puedan interponer barreras normativas frente a los desmanes de los políticos irresponsables, para evitar que destrocen las finanzas públicas y lleguen a hipotecar el futuro del país en su afán por contentar a los votantes.

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Los especuladores huyen de Zapatero

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

El Gobierno, sus adláteres y un gran número de intelectuales no han tardado en acusar a los especuladores de ser los culpables del sobrecoste en la financiación del estado y la caída de la bolsa. Con lo fácil que hubiera sido para el Gobierno mirarse al espejo para encontrar al culpable… Pero ya sabemos que es más fácil (y sobre todo más conveniente) para la casta política inventarse un chivo expiatorio sobre cuya cabeza se puedan cargar todas las culpas del pueblo y expulsarlo al desierto entre el griterío y las imprecaciones del pueblo contra él.

Y es que la condena de la especulación es un recurso que los políticos suelen llevar a cabo cada vez que la economía no funciona como ellos quisieran, es decir, cuando la realidad no se ajusta a sus deseos e intenciones políticas… El especulador suele aparecer siempre como el malo de la película, como un agente que crea escasez y pobreza aprovechándose de las necesidades de la sociedad. Vemos en los medios de comunicación como se les acusa de hacer que el precio de la gasolina, la comida y las viviendas aumenten constantemente. Al hacerlos parecer los enemigos públicos número uno, es fácil proponer que la especulación deba ser regulada e incluso prohibida.

Pero lejos de ser así, los especuladores son imprescindibles en la sociedad y la economía.

Todos, sin excepción, especulamos en el mercado debido al conocimiento incompleto que tenemos del futuro. En este sentido Ludwig von Mises decía “los capitalistas, los terratenientes y los trabajadores, todos ellos, por fuerza, son especuladores”. El inversor que compra unas acciones en lugar de otras porque cree que obtendrá más ganancias, especula de la misma manera que un agricultor que este año plante patatas en vez de arroz porque piensa que le será más rentable.

Especulamos económicamente, ya que debemos prever nuestras futuras necesidades. Por ejemplo: cuando compramos más leche esta semana porque sabemos que será más cara la semana que viene; cuando adquirimos bienes antes de julio porque en ese momento subirá el IVA; cuando compramos un casa porque vemos que puede revalorizarse y podremos venderla a un mayor precio; cuando pagamos un seguro de vida, médico o de coche aunque nunca lo utilicemos, etc.

No solamente eliminar la especulación es técnicamente imposible, sino que tendría consecuencias negativas para la sociedad.

El especulador tiene un papel fundamental en la economía básicamente por dos razones. Primero, porque reasigna recursos en el tiempo. Lo cual permite beneficiarse tanto al especulador como a los consumidores, ya que permite distribuir la oferta de bienes a través del tiempo. Si un especulador piensa/descubre que existirá una escasez en el futuro de petróleo, lo comprará hoy a precios bajos para venderlo en el futuro a precios mayores cuando exista esa escasez. Traspasa los periodos de abundancia relativa a los de escasez.

Segundo, el especulador cumple una función de estabilización de precios. El especulador (exitoso) compra cuando ve que los precios aparecen subvalorados, haciendo subir los precios. Por el contrario, vende cuando los precios están sobrevalorados, por lo que hace que el precio baje. De esta manera nivela los precios.

Los especuladores, o inversores como se les debería llamar, basan su acción en la previsión y en la anticipación. Están dispuestos a asumir riesgos (porque no pueden adivinar el futuro) en base a la información que disponen en ese momento. Y las noticias provenientes de España sobre las acciones de su gobierno no incitan mucho a invertir y apostar por ella. La mala atmósfera financiera española hace que los inversores teman interferencias arbitrarias en su capital y ganancias.

Como he dicho al principio, si el Gobierno quiere conocer al culpable de la situación, sólo hace falta que se mire al espejo. Así de fácil. En lugar de acusar a los especuladores de antipatriotas o desestabilizadores cuando mueven el capital financiero del país, deberían darse cuenta que lo hacen para protegerlo de la atroces medidas económicas que lleva a cabo el Gobierno español. Está claro que nuestros políticos no entienden el funcionamiento de los mercados. Cierto es que los mercados tienen un funcionamiento complejo que Zapatero (ni nadie) podrá aprender en dos tardes. Pero lo que sí que debería estudiar Zapatero son los motivos de la falta de credibilidad de su Ejecutivo. Igual así conseguiría que los inversores no huyesen despavoridos de España.

Lecciones eslovacas para el liberalismo hispano

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Lecciones eslovacas para el liberalismo hispano

Como otros países de la Unión Europea, Eslovaquia acaba de celebrar elecciones generales. Y como en otros lugares, se ha certificado que en el Viejo Continente la izquierda está en franco retroceso. A pesar de ser la fuerza más votada, el socialdemócrata SMER no podrá repetir la coalición de Gobierno que mantenía con el partido nacionalista y xenófobo SNS y el populista HZDS, que no ha logrado ningún escaño. El primer ministro saliente, Robert Fico, ha dicho que no quiere volver a gobernar junto con el SNS. Pero aunque quisieran, socialistas y nacionalistas juntos no logran conformar una mayoría suficiente como para formar gobierno.

Todo apunta, por tanto, a que se formará una amplia coalición del centro-derecha, en la que entrarán dos partidos democristianos, la formación magiar moderada Most-Hid ("puente" en eslovaco y húngaro) y los liberales de Sloboda a Solidarita (SaS, Libertad y Solidarita), que con un 12% de los apoyos electorales ha resultado la tercera fuerza más votada del país y la segunda dentro de la futura coalición gobernante. Estos últimos tendrán, casi con toda seguridad, el ministerio de Finanzas y otras tres carteras más. Lo sorprendente de SaS es que ha logrado estos resultados cuando ha pasado poco más de un año desde que vio la luz como partido político. Su congreso fundacional se había celebrado en marzo de 2009.

¿Dónde radica el secreto de un éxito tan rápido por parte de un partido liberal? Si somos capaces de desentrañarlo, tal vez podamos extraer lecciones útiles para el liberalismo hispano (sobre todo español, pero también de países americanos), con independencia de que se aspire a crear formaciones políticas o no. Una de las claves, y es en ésa en la que nos vamos a centrar, ha sido la comunicación. Esto se aplica tanto a los temas tratados como a la configuración de los mensajes.

El liberalismo español en demasiadas ocasiones resulta críptico y demasiado económico para el gran público, con sesudos análisis sobre política monetaria o fiscal. Por el contrario, y sin abandonar esas cuestiones, desde el eslovaco SaS se ha hablado de cuestiones que cualquier ciudadano puede entender y compartir: se exige el fin de la inmunidad parlamentaria (un privilegio comprensible en el siglo XIX pero totalmente injustificado en la actualidad), poner un límite al precio que se puede pagar por los coches oficiales o ampliar la libertad de prensa (que ha sido restringida durante el mandato social-nacionalista-populista).

Además, se apuesta por una imagen joven (casi todos sus candidatos son menores de 40) y en ocasiones muy gamberra. Muestra de ello es que en algunos de sus logos aparezcan unas figuras que están a medio camino entre unos espermatozoides y unos renacuajos, justificadas en un lema que proclama que se trata del partido "de las futuras generaciones". En las campañas personales de los candidatos hay una aspirante a diputada (que ha logrado su objetivo) que llegó incluso a tratar de convencer de las virtudes de su programa a unas muñecas hinchables con un humor y una irreverencia difícilmente imaginable en el liberalismo de habla española.

El que se presenta como el único partido de Eslovaquia "sin comunistas ni agentes de la Seguridad del Estado" (la KGB de la Checoslovaquia comunista) ha sabido conectar con amplios sectores de la población de su país. En buena medida lo ha hecho gracias a un mensaje claro, con temas de interés inmediato para muchos ciudadanos y lejos del elitismo intelectual (casi siempre inconsciente) que, por desgracia, caracteriza en demasiadas ocasiones al liberalismo de otros lugares. Ésta es tal vez la principal lección que se puede extraer de SaS para aplicar en España (y otros países) para la difusión de las ideas liberales, con independencia de que se trate de formar un partido o no. Esto es un debate para otra ocasión.

La globalización y la crisis española

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En el trascurso de una conversación informal, la semana pasada, fui testigo de cómo un grupo de personas culpaba de la actual crisis económica a la globalización, hablando de ésta como si su génesis y desenvolvimiento no tuviesen que ver con España.

Al día siguiente, consultando un manual universitario sobre economía de la Unión Europea, pude comprobar como el autor del mismo acudía también a causas exógenas para explicar la crisis, culpando de ésta casi exclusivamente, a los bancos estadounidenses, por haber realizado préstamos hipotecarios a personas de baja solvencia, y a las agencias de calificación, por sobrevalorar la solvencia tanto de los bancos como de los productos asociados a los préstamos hipotecarios. Según este manual, cuando un número elevado de prestatarios se declaró insolvente, los bancos estadounidenses entraron en pérdidas y los productos basados en dichas garantías pasaron a tener un valor más reducido, originándose una reacción en cadena que ha acabado por afectar la estabilidad y solvencia del sistema bancario mundial y dando lugar a la crisis que ha acabado por perjudicar a todos los países del mundo.

Cabría preguntarse si estas explicaciones son ciertas, falsas o deberían matizarse. Si se compara la situación de España con la de otros países afectados por la crisis económica se puede apreciar la existencia de algunos factores comunes. Entre ellos, sin duda, se encuentra el hecho de que las inversiones realizadas con anterioridad a la crisis fueron muy elevadas, financiándose en su mayoría con recursos ajenos.

En el caso de España, incurrieron en este endeudamiento tanto particulares (fundamentalmente para la adquisición de bienes inmuebles) como empresas y administraciones públicas. Esta preferencia por la inversión, sin duda, estuvo motivada por el bajo coste que durante años han tenido los préstamos. En este aspecto, sin duda, aparece un factor exógeno, ya que, en última medida, los tipos de interés aplicados por el Banco Central Europeo repercuten en los aplicados por las entidades financieras a sus clientes.

También se pueden apreciar circunstancias especiales en España. Aunque el endeudamiento de los agentes privados para la adquisición de inmuebles se ha producido en otros países del mundo, en el caso español, la subida de sus precios ha sido más elevada, llamando la atención por la relativa baja densidad de España y la abundancia de suelo teóricamente disponible, que debería haber hecho que la oferta hubiese reaccionado con mayor flexibilidad y rapidez. El segundo factor diferenciador, es el elevado nivel de desempleo al que se ha llegado en un plazo muy breve de tiempo. Así, en otros países con una contracción del PIB superior al de España las repercusiones en la tasa de empleo no han sido tan severas.

Es cierto que ha existido un origen común de la crisis, que se encontraría en los bajos tipos de interés que han mantenido los bancos centrales y que han provocado que se hayan acometido inversiones de dudosa rentabilidad, sin existir un ahorro para financiarlas. No obstante, en el caso español han existido factores particulares que la han agravado, como las peculiaridades del mercado inmobiliario o los altos niveles de desempleo que se han alcanzado.

Sin duda el primer factor puede calificarse como exógeno al depender los tipos de interés de las decisiones del Banco Central Europeo, aunque cabría plantearse la duda de si en el caso de que España no se hubiese integrado en el euro la política del Banco de España hubiese sido distinta con respecto a la fijación de los tipos de interés. Sin embargo, tampoco debe olvidarse que la decisión de acometer inversiones de escasa o dudosa rentabilidad fue tomada por los agentes económicos españoles, o que la infravaloración de riesgos que se pudo cometer a la hora de conceder dichos préstamos correspondió a instituciones financieras españolas.

Asímismo, fueron factores internos los que incrementaron los efectos de la crisis, y son ellos los que debe analizase para estudiar qué hace a España distinta de otros países que tienen menos dificultades a la hora de hacer frente a la crisis.