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Guerra y censura en los EEUU

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Las dos primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos protegen dos derechos que son, a su vez, valladar del resto de los derechos individuales: el de la libre expresión y el de la autodefensa. Las dos, y especialmente la primera, han sufrido en aquél país en época de guerra. No en todas. No en la guerra con Inglaterra de 1812, pero sí en el ambiente pre bélico de 1798. También en la Guerra entre los Estados y en las dos guerras mundiales. Pero a partir de ahí, la censura, que llegó a aplicarse con gran dureza, ha ido perdiendo eficacia y por tanto se ha dejado de utilizar.

Hay varios elementos que siempre se repiten. Uno de ellos es la acusación a quienes son críticos con la guerra de que son desleales al país. En un salto lógico fácilmente evidenciable, se arguye la propia guerra como razón suprema y argumento suficiente para descalificar inmediatamente cualquier crítica. Ante las críticas de los republicanos de Jefferson de que la eventual guerra con Inglaterra era “un espantajo” con el que los federalistas justificaban su militarismo, la respuesta de éstos era que Albert Gallatin y el resto de republicanos no amaban verdaderamente su país y habían caído en una “vil sumisión” a Francia. Durante la guerra fría se estableció un programa de lealtad que preveía, en la orden ejecutiva número 10450, que a cualquier empleado de la Administración con “cualquier comportamiento, actividad o asociación que tienda a mostrar que el individuo no es de fiar”, se le despediría.

También se ha recurrido a denunciar a los críticos como subversivos y de mermar el esfuerzo de la guerra. El congresista Harrison Gray Otis dijo en 1798 que “un Ejército de soldados no sería tan peligroso para el país como el Ejército de espías e incendiarios que hay por todo el continente”. Clement Vallandigham fue encarcelado y deportado al Sur por “declarar sentimiento y opiniones desleales con el objeto y el propósito de debilitar el poder del gobierno en su esfuerzo de suprimir una rebelión ilegal”. Durante la guerra se arrestó a decenas de miles de ciudadanos, y a una parte de ellos por expresar opiniones contrarias a la guerra, y se cerraron no menos de 300 periódicos.

Wilson dijo que en caso de guerra, “si hubiese deslealtad, tendrá que lidiar con una severa represión por una mano firme”. Quienes sean desleales, “han sacrificado su derecho a las libertades civiles”. Durante la II Guerra Mundial, aunque antes de la implicación de EEUU, se creó un Comité de Actividades Antiamericanas, cuyo primer objetivo fue acabar con la propaganda nazi, pero que pronto se volcaría hacia la incidencia del comunismo. En un mensaje al Congreso, Roosevelt advirtió sobre “una quinta columna sediciosa” en la sociedad estadounidense. El senador Thomas Dodd dijo, en plena guerra del Vietnam, que manifestarse contra la guerra “era lo mismo que una insurección”.

Otro elemento que se ve habitualmente es la desconfianza hacia los extranjeros, que con su venida traen ideas que corrompen el ser nacional y amenazan sus instituciones. En la cuasi guerra con Francia, la Administración Adams elevó el número de años necesarios para ser natural del país de dos a 14 años y aprobó dos Leyes de Extranjería, una de las cuales permitía al presidente detener y deportar a un ciudadano de una nación foránea con la que se estuviese en guerra, sin mediar la intervención de la justicia.

Gray Otis dijo, adelantándose dos siglos a Hungtinton, que la llegada de inmigrantes “contamina la pureza del carácter de América”. En 1940, el Congreso aprobó la Ley Smith, que obligaba a los extranjeros a registrarse, y permitía a la Administración a deportar a quienes “abogaran, amparen, aconsejen o enseñen la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar o destruir cualquier gobierno de los Estados Unidos por fuerza o violencia”. De nuevo se identificaba a los inmigrantes con portadores de ideas foráneas que contaminaban la verdadera cultura americana, como las leyes de extranjería de John Adamns, o el fallido intento de revivirlas por el fiscal general Palmer, en 1920. Ahora, en plena “guerra contra el terrorismo”, se teme a la incidencia del Islam.

También ha evolucionado la idea de la verdad y del papel de la libertad de expresión. Los federalistas leían la primera enmienda a la luz de la doctrina de la common law inglesa, que prohibía la censura previa, pero sí entendía que se podía condenar una publicación que albergase una “tendencia perniciosa”, en expresión del jurista Blackstone. Madison, en un informe sobre la Ley de Sedición, concluyó que en los Estados Unidos es esencial “una mayor libertad de animadversión”, pues su sistema político está basado en que los políticos “son responsables ante sus electores” y por tanto han de someterse a la crítica.

La primera enmienda no llegaría al Tribunal Supremo hasta la I Guerra Mundial. En ese contexto es cuando el juez Holmes dictaría su famosa opinión: “Admitimos que en muchos sitios, y en tiempos ordinarios, los defensores, al decir todo lo que han declarado en la circular, estarían dentro de sus derechos constitucionales. Pero el carácter de cada acto depende de las circunstancias en que se produce. La protección más estricta de la libre expresión no protegería a un hombre que gritase falsamente ‘fuego’ en un teatro, y causase un pánico. (…) La cuestión en cada caso es si las palabras utilizadas en tales circunstancias son de tal naturaleza que crean un peligro claro e inmediato”. De este modo, se recuperaba el criterio de verdad, que no estaba en la Ley de Sedición de 1918, y por otro lado se fijaba un límite a la libertad de expresión en la inminencia de un peligro claro. Luego, el propio Holmes diría que ni siquiera una guerra podría marcar una excepción al principio de la libertad de expresión.

Este derecho se fue afianzando en la doctrina del Tribunal Supremo hasta su decisión Gertz vs. Robert Welch Inc., de 1974, en la que resolvió que “bajo la primera enmienda no hay tal cosa como una idea falsa”. Y “por muy perniciosa que pueda parecer una idea, dependemos de su corrección no por la conciencia” de los votantes, de los legisladores o de los jueces, “sino de la competición con otras ideas”. Ya no habría opiniones peligrosas, pues éstas pueden ser contrarrestadas por otras. Es el fin de la censura legal en los Estados Unidos.

La censura ha ido cediendo ante otras fórmulas. Ley de Sedición de 1798 castigaba con una pena de hasta 20 años a quienes vertiesen opiniones falsas que atentasen contra la fama del presidente o de las instituciones. Con ella en la mano, y con una justicia adicta, los federalistas pudieron encarcelar a los principales periodistas republicanos, en lo que Jefferson llamó “la era de las brujas”. Woodrow Wilson promovió la Ley de Sedición de 1918, que ni siquiera exigía que una información fuese falsa para condenar a alguien por expresar una información o una opinión. Con ella y con la Ley de Espionaje, se llevó a más de 2.000 ciudadanos ante los juzgados por tener un discurso contrario a la guerra.

Como la censura iba perdiendo eficacia, las Administraciones han ido recalando en la manipulación y la propaganda para apoyar su discurso. Wilson se encontró con que el pueblo americano no se sentía amenazado por Alemania, ni sentía indignación hacia ella. La Administración crearía esa animadversión merced al llamado Comité de Información Pública, cuya labor era doble: alimentar el odio de los estadounidenses hacia los enemigos y cubrir de sospecha a cualquiera que fuese “desleal”. Esto no es cualquier cosa, porque se crearon varios clubs de ciudadanos dedicados a identificar y denunciar a los desleales. Sólo uno de ellos, la Liga de Protección Americana, tenía 200.000 miembros. Otra vía para ahogar las opiniones contrarias al gobierno o al sistema fue la que se siguió con la Ley de Seguridad Interior de McCarran, que obligaba a registrarse a las organizaciones comunistas y asimiladas, para luego ir quitándoles un privilegio tras otro.

Tras la guerra de Vietnam, el recurso a la censura se ha dejado de practicar. En parte porque la sociedad es más compleja y en parte porque cuenta con muchos más medios de expresión; censurarlos sería inviable desde el punto de vista práctico, y se volvería contra la misma Administración. Ya no se quiere acallar a una parte de la opinión pública, pero sí ahogarla bajo un manto de manipulación y propaganda.

Dos éxitos de ZP

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Una cifras de paro sobrecogedoras, un déficit público galopante, una política económica absurda. Una absoluta irrelevancia en el plano internacional, apoyando a tipos como Castro o Chávez. En nuestro país se negocia con ETA, se trata de revivir el enfrentamiento guerra-civilista con absurdas leyes sobre la Memoria Histórica y se abren las puertas a un Estatuto claramente inconstitucional…

Está claro que, después de llegar al poder gracias a un atentando con 200 muertos, ZP ha dado muestras tanto de su absoluta ignorancia, como de su sectarismo y de su condición de iluminado.

Pero, ¡basta ya! Esto no es suficiente para descalificar a la entera obra de gobierno de un político que, sin duda, como todos, tendrá luces y sombras, ying y yang. Nosotros, los liberales, también sabemos reconocer cuando un político ha acertado, y en estos momentos, en los cuales ZP se desploma en las encuestas y dentro de su propio partido ya empiezan a pensar en cómo deshacerse de un personaje que puede ser perjudicial de de cara a mantener los puestos y sinecuras de toda la organización, desde esta web quiero hacer un reconocimiento a los aspectos positivos de la gestión zapateril.

En el balance global de la etapa de ZP al frente de los destinos de nuestra nación hay dos hitos, dos auténticos logros, pertenecientes a campos muy dispares que, sin duda, hay que reconocerle y que revelan tanto su visión de futuro como su categoría de estadista. Estos campos son la promoción del pádel y la lucha contra el calentamiento global, sin duda, dos temas claves y de entidad similar.

Empecemos por el pádel. Aunque denostado como un deporte de pijos y en principio más cercano al PP, ZP ha mostrado su amplitud de miras y su decisión estratégica llevando dicho deporte a todos los rincones de la geografía “estatal” gracias a los sucesivos Planes E. Así, en miles de municipios, desde pequeños pueblos a ciudades, las pistas de pádel han florecido como setas. Gracias a dicha visión, ZP, por un lado, tendrá a miles de parados practicando un deporte fácilmente accesible y, por otro, muchos jóvenes podrán alcanzar un gran nivel en dicha disciplina.

Y aquí esta el quid de la cuestión. Al igual que toda una generación de jóvenes argentinos que tuvieron que salir de su país debido al desastre económico y la falta de oportunidades, y que gracias al pádel pudieron abrirse camino como monitores y jugadores, muchos jóvenes españolitos podrán hacer lo mismo en un futuro muy cercano. Esto, tanto su futura salida de España como su maestría con la pala, es algo que tendrán que habrá que agradecer a ZP.

Seguimos con el siguiente hito. La lucha contra el Calentamiento Global. Otro tema importante, sobre todo para el futuro del Planeta, y de la Raza Humana… tanto como el pádel. Aquí sí, ZP lo ha conseguido. A las pruebas me remito. Desde que el 14-M llegó al poder, dispuesto a luchar contra algo que “ha causado más muertos que el terrorismo” ZP dixit, el Calentamiento Global se ha parado, literalmente.

Desde entonces, la temperatura media global no solo no ha subido sino que ha bajado, la capa de hielo en el Ártico ha aumentado y en España hemos tenido los inviernos más fríos de las últimas décadas. Incluso, un problema como la “pertinaz sequía” que siempre ha castigado al agro andaluz ha dejado de ser historia y si no que se lo pregunten a los jerezanos.

¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo un simple mortal como ZP ha sido capaz de cambiar el clima, de dominar la lluvia y las tormentas? Una tarea que antes las sociedades humanas, en su desesperación, encomendaban a dioses como Thor, como Júpiter, ha sido resuelta por ZP.

Subvencionando  bombillas de bajo consumo, llenando las sierras de molinillos subvencionados, subvencionando los huertos solares (que en muchos casos funcionan gracias al gas-oil subvencionado), subvencionando todo tipo de alternativas energéticas deficitarias, carismas e insostenibles. De esta manera ZP ha doblegado al clima, se ha impuesto a los elementos y ha demostrado que aunque “la tierra solo pertenece al viento”, él sabe cómo manejarlo. En fin, que no todo es malo en la etapa ZP…

Habrá que ver si Rajoy es capaz de superarlo…, yo no lo tengo muy claro.

Realidad contra ideología

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Asistimos atónitos no al fin de las ideologías pero sí al desmoronamiento del pensamiento hegemónico del Estado total del Bienestar. Las diferentes burbujas han ido explotado como si se hubiesen estrellado contra la cama de un faquir, y la burbuja estatal no iba a ser una excepción.

Si bien es cierto que mientras que el mercado y la libre información han permitido purgar las malas decisiones empresariales, la reacción del aparato estatal se ha resistido hasta el último momento a ajustar el cinturón que a todos nos aprieta.

El Estado concebido como ese gran Leviatán mecanicista tiene sus tiempos y un fin primordial que se antepone a cualquier objetivo: su supervivencia. En eso, se asemeja a un ser vivo y antes de caer y desmoronarse por pura ineficiencia busca la forma de perpetuarse. Ni presiones internacionales ni ejercicios de responsabilidad sobrevenidos de la clase política. De hecho, ahora se están dedicado a poner en práctica lo que mejor saben hacer, mantener el poder. Y en esa maniobra nos salvarán de la quiebra y de caer en el abismo. 

No sabemos hasta dónde llegaran los ajustes en la administración pero los primeros pasos apuntan en la buena dirección y aunque se podría haber elegido el camino del populismo y la pauperización somos afortunados, el país no parece haberse echado al monte a golpe de cacerola sino que ha asumido los pecados colectivos y está dispuesto a redimirlos con resignación. Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo pues la senda de la demagogia nunca desaparecerá y es un camino recto y fácil que desemboca en la miseria igualmente distribuida entre todos los miembros de la sociedad.

Por el momento, la realidad se ha terminado imponiendo a las ilusiones y espejismos que se habían diseminado desde la ideología del Estado que todo lo puede, las "ayudas" indiscriminadas y universales son insostenibles para los hombros de los contribuyentes en una economía que intenta ser productiva y dinámica. Continuar aumentando la presión fiscal sin disminuir el gasto terminaría dejando exhausta a la gallina de los huevos de oro, ese difícil equilibrio que Europa ha conseguido al permitir un libre mercado tutelado por el Estado gravado con unos impuestos que no hagan inviable la supervivencia empresarial.

De la necesidad virtud, con lo que al final hemos terminado viendo como los defensores del credo estatista empezaban a podar la enredadera de la burocracia y el gasto del dinero de los contribuyentes sin más límite que el del bien común, lo que equivale a decir a lo que beneficia a la clase dirigente. La crisis nos ahorrará muchos gastos y obras innecesarias programadas que ya nunca se llegarán a realizar. Aunque sea a regañadientes, y mucho más tarde de lo que se debería, se sanearán las cuentas permitiendo que el ahorro pueda ajustarse a las necesidades reales del mercado y no a las imaginadas en los despachos de los políticos.

Pero la Humanidad no es estática y el fin de la Historia nunca llegará, se creyó que con la caída del muro y del comunismo las utopías no volverían a desafiar la realidad con metas inalcanzables pero cuando no se habían terminado de derrumbar ya se estaban erigiendo sobre sus escombros las ideas que proveerían al progresismo de bazas con las que ilusionar a unos votantes siempre deseosos de sustituir su confianza en el paraíso del más allá con el de más de acá, mucho más próximo y, por tanto, enfervorizante.

Ahora más que nunca es el ocasión perfecta para dar la batalla de las ideas. El socialismo, además de un  error intelectual, siempre conlleva la ruina y es por ello que debería aprovecharse este momento de baño de realidad generalizada para sustituir semejante ideología dominante en el pensamiento de nuestra época por otra que se ajuste a la realidad de la lógica de la acción humana.

Peculiaridades de la negociación colectiva española

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El canon marxista establece que existe lucha de clases entre empresarios y trabajadores. Según la versión oficial, durante el franquismo, la integración de dicho conflicto en un sindicato vertical fue un vano intento por enmascararlo pues, al fin y al cabo, las decisiones en materia laboral se imponían de forma paternalista a trabajadores y empresarios desde el Ministerio del Trabajo a espaldas del mercado. Sólo con la llegada de la democracia pudieron los trabajadores verse representados por verdaderos sindicatos y relacionarse con el empresariado mediante el conflicto (huelgas) o la libre negociación (colectiva).

El problema de este tipo de medias verdades es que no explican bien la compleja realidad. Así, el franquismo introdujo y reguló los convenios colectivos por primera vez en el derecho laboral español en 1958. Los actuales surgidos de la transición son sus herederos y, pese a potenciar supuestamente la “autonomía” colectiva, se siguen pactando a espaldas de la inmensa mayoría de los implicados a los que se les imponen tal y como ocurría antes.

Fruto de ese origen franquista, la negociación colectiva en España es muy diferente a la llevada a cabo en otros países desarrollados. Lo peculiar es que nuestros más de cinco mil convenios sectoriales pensados para grandes empresas se aplican de forma automática a todas las empresas y trabajadores del ámbito territorial correspondiente sin importar lo más mínimo su tamaño ni si los implicados están o no afiliados a las patronales y sindicatos firmantes.

En España, a la aplastante mayoría de los trabajadores por cuenta ajena y a las casi tres millones y medio de pymes se les imponen acuerdos tomados centralizadamente por poderosos lobbies privilegiados de bajísima representatividad. Tienen éstos la facultad de que sus pactos formen parte del ordenamiento jurídico laboral. Sólo en situación crítica de pérdidas cuantiosas y continuadas cabe el desenganche de dichos convenios por parte de los afectados.

En otros países con relaciones laborales consolidadas y maduras, por el contrario, al disponer de una tradición más respetuosa con la opinión de los no afiliados, no se les aplican automáticamente los acuerdos colectivos sino que existe a modo de garantía todo un proceso específico de enganche o extensión de dichos compromisos laborales a los no firmantes. Obviamente en dichos países más desarrollados sus agentes sociales son mucho más prudentes a la hora de negociar sus condiciones si quieren que sus acuerdos se extiendan entre los no afiliados y tengan aplicación general.

Otra característica de nuestra negociación colectiva patria es la casi inexistencia de convenios de empresa pese a su posibilidad legal. Los convenios de ámbitos superiores (nacional, autonómico o provincial) son muy intrusivos y prevalecen absolutamente sobre los de empresa (más pegados a la realidad). Así, a diferencia de otros países, se aborta la práctica de una negociación descentralizada y flexible de las condiciones laborales.

Otra peculiaridad más de nuestra negociación colectiva es la indexación de tablas salariales con fijación de “tarifas mínimas no revisables” muy por encima del SMI a lo largo de todo el periodo de vigencia del acuerdo que puede abarcar varios años (prorrogable también automáticamente en caso de no llegar a un nuevo acuerdo a su terminación) y sin vinculación alguna a los resultados personales de cada trabajador y sin tener la más mínima consideración por cada empresa ni por la situación del mercado en cada momento.

Este automatismo e insensibilidad del sistema de nuestra negociación colectiva impuesta es responsable de que en plena recesión hayan subido los salarios una media de 3,3% durante 2009 a costa de expulsar un número verdaderamente exorbitante de personas fuera del mercado laboral. Todos los poderes que emplean los sindicatos para elevar la remuneración de sus miembros se basan –como dijo Hayek– en privar de oportunidades a otros.

Lo importante es dinamizar y abaratar el empleo, no el despido. Cuando se habla de la rigidez del mercado laboral español hay que responsabilizar, sobre todo, a esta homogeneización imperativa de los numerosos costes laborales vía convenios colectivos centralizados e inflexibles (amén de las muy pesadas cotizaciones a la Seguridad Social) y no tanto al encarecimiento del despido que, pese a poner trabas a un ajuste racional de plantilla, no acarrea las devastadoras consecuencias de aquéllos sobre la productividad y competitividad de todo el tejido empresarial español en un entorno globalizado.

Eso sí, si nuestros sindicalistas no creen que todo ello sea causa de nuestra baja productividad y del elevadísimo paro nacional pueden recurrir, parafraseando a Unamuno, al grito de “¡Que cambien ellos!”.

Funcionarios en huelga

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Mañana habrá huelga de funcionarios. Al margen de sus niveles finales de seguimiento, ha venido acompañada por un sinnúmero de declaraciones de sindicatos con frases como: “no vamos a pagar la mala gestión de la crisis” o “los funcionarios de más baja escala no podrán vivir decentemente tras el recorte”. La idea que empuja a esta postura es la de que el salario ha de permitir una vida “digna” al margen de lo productivo que sea el trabajo desempeñado, que ha de hacerse una buena gestión para mantener esta ficción y, aún en caso de desastre, mantener indefinidamente la mentira.

En las últimas dos décadas se han encadenado, formando un buen catálogo, las perversas consecuencias de la intervención de los gobiernos en la vida de los ciudadanos. El monopolio de emisión la moneda, que ostentan los estados, junto con su connivencia con los bancos para incrementar la oferta de dinero, por un lado. Por otro, se ha generado, tiempo ha, la falsa idea de que las personas tenemos derechos que otros han de cubrirnos al margen de que estos quieran hacerlo y, por tanto, al margen de la productividad real de quien presta el servicio o de la sociedad que lo subvenciona. Esos derechos, que son coacción, pura transferencia arbitraria de riqueza, se pagan con impuestos, con creación de dinero sin respaldo real de ahorro real, y con endeudamiento público.

Una parte de este hipócrita sistema articula la cobertura de tales falsos derechos mediante la prestación directa por el estado de determinados servicios. Unos, como la educación o la sanidad, serían servicios que los ciudadanos demandarían, y serían cubiertos por la creatividad empresarial, de no ser defectuosamente proporcionados por los gobiernos. En caso de que dicha iniciativa empresarial lo hiciera, los profesionales encargados sabrían cuál es su productividad, es decir, su aportación al producto final de su empresa, y, por tanto, sabrían cuál es la referencia de su salario. El salario es el precio del factor trabajo y éste está orientado, como cualquier otro factor, por el valor de su producto marginal (descontado el interés originario). En una economía libre los salarios tienden a reflejar la productividad.

Pero, ¿qué ocurre en un estado que suministra los servicios que habrían de proporcionarse mediante el mercado libre?. Sencillamente que de quienes lo proporcionan, los funcionarios, no puede decirse si reciben demasiada cantidad de dinero o demasiado poca. El servicio que suministran recibe subvenciones al consumo (es gratuito o semigratuito) y no existe una medida de las preferencias del consumidor-usuario que, plasmada en un precio, en contraste con la oferta del servicio, dé como resultado un valor final del mismo. Al no haber valor final, no hay valoración de los factores utilizados, ni siquiera del trabajo.

Podemos especular, a la luz del desempeño de muchos funcionarios que, evidentemente, éstos están mal pagados, o, no, que están pagados en exceso. Pero su productividad, fruto combinado de su trabajo con el conocimiento y la tecnología aplicada en sus profesiones, no tiene medición posible. A la luz del resultado global del gasto público en cada servicio del estado, puede, no obstante, deducirse sin margen de error, que los trabajos que desempeñan los funcionarios en sus puestos de trabajo son excesivamente caros. Lo son porque solamente existen incentivos para encarecer y ninguno para abaratar. Se valora el servicio público por la cantidad despilfarrada, puesto que no hay medida de la rentabilidad real del servicio.

Ningún incentivo existe a la eficiencia económica. Los recursos humanos y materiales son adquiridos por los gobiernos no en mercado de factores, sino mediante impuestos obligatorios, inflación crediticia y endeudamiento. Estas tres fuentes del poder económico del político y del funcionario les alejan de todo control de su productividad, de toda eficiencia en la gestión y de toda legitimidad para pedir más dinero por no se sabe qué. Dirán que lo hacen por el interés general, pero, al margen de que esta fórmula esconde su contrario, que unos ganan y otros pierden, no es posible medir de verdad las preferencias de bienestar de la gente y, por tanto, su aserto es pura mentira, que oculta sin más una variante más de la llamada “tragedia de los bienes comunales”.

Por esto, si usted es funcionario y mañana se pone en huelga cambie su lema por el de: “saqueemos el erario público nosotros antes de que otros lo hagan”.

En defensa de los trabajadores

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Hace más de un siglo, Frédéric Bastiat, uno de mis economistas liberales favoritos, describió de la siguiente manera el objeto de sus esfuerzos, escritos y casi de su existencia:

Lo que deseamos es la aproximación constante de todos los hombres hacia un nivel que se eleve constantemente. La cuestión es saber si esta evolución humanitaria se consigue mediante la libertad o mediante la compulsión…

En una era como la que vivimos, en la que el igualitarismo bastardo se impone, cuando hasta la derecha utiliza el "argumento social" para rascar intenciones de voto y titulares, da la sensación de que los que tienen en su mano tomar las medidas adecuadas se han olvidado de cuál debería ser el fin último de sus maniobras: la gente. Y en estos momentos, la ciudadanía lo pasa mal. Hay casi cinco millones de parados en España, un déficit exterior enorme, una población que ha perdido un 24% de su poder adquisitivo en tres años, un déficit público con obesidad mórbida, una deuda soberana desprestigiada, y no muy buenas perspectivas en el horizonte más inmediato.

En estas circunstancias, cualquiera que diga que su preocupación son los pobres, los parados, los que no tienen recursos tiene un cincuenta por ciento de la población como mínimo en el bolsillo. Por eso, cada vez que un político, sea del partido que sea, alude a las medidas "sociales" como las más necesarias, las irrenunciables, sabe que al menos a cinco millones de personas sin trabajo y a aquellos que ya saben que en un año o dos van al paro, se les ha encogido el corazón. Por desgracia, todo es una dulce mentira. O bien esos socialistas de todos los partidos han caído en un profundo error intelectual, o bien carecen de la más mínima preocupación por los más necesitados.

La parte más importante de la evolución humanitaria que defiende Bastiat y que comparto plenamente, no es que los hombres alcancen un nivel de riqueza igual para todos, sino que todos se aproximen a unas condiciones de vida en constante mejora. La diferencia respecto al ideal socialista es notable: no se trata solamente de que se eliminen desigualdades, lo que a lo largo de la historia ha llevado a igualar a la baja, sino de que todos asciendan de forma permanente. Pero, además, para Bastiat, el cómo importa. El fin no justifica los medios, y la coacción es la peor manera de buscar la virtud ajena. Siguiendo las palabras de Bastiat, es necesario que la desigualdad se desvanezca progresivamente y, si la libertad no incluyese esta solución, él la reclamaría al Estado como los socialistas.

Soraya Sáenz de Santamaría, Leire Pajín y todas las starlets, los barones, los pretendientes a alternativa de nuestro panorama político deberían aprender la lección. La solución a la pobreza pasa por la libertad individual. La solución al desempleo pasa por la eliminación de las rigideces generadas por tantas mal llamadas medidas sociales. El seguro de desempleo no genera empleo, alivia la situación temporalmente, pero ese alivio no es el mejor posible. Y eso se sabe analizando qué incentivos y expectativas ha generado: los desempleados reciben un subsidio de tal cuantía y por un tiempo tal que les merece la pena, cada vez más, buscar trabajos ilegales para completar el presupuesto familiar con menor esfuerzo que los trabajadores "oficiales".

Lo que sí soluciona el desempleo es la creación de puestos de trabajo por los empresarios. Pero para eso es necesario pronunciar dos palabras malditas: acumulación y capital. El ahorro transformado en capital, la inversión, eso es lo que genera puestos de trabajo. No toda, la que merezca la pena. Por eso es necesario que haya libertad para que los dueños de los dineros lo inviertan en donde más les rente y desaparezcan aquellas inversiones que retrasan el ideal de Bastiat: riqueza creciente para todos.

En las circunstancias en las que vivimos, no creo que a nadie le preocupara tanto perder el empleo si la posibilidad de encontrar otro similar fuera alta. Por eso se reclama flexibilidad del mercado de trabajo como reforma primera y principal. La flexibilidad permite que el empleador pueda amoldarse con rapidez y eficiencia a los cambios en las circunstancias, y que el trabajador también lo haga. Pero claro, para ello hay que pronunciar otra palabra maldita: despido. Es maldita porque en el imaginario colectivo cuando alguien pierde su trabajo es como si perdiera un brazo o un pié. No hay repuesto. Pero si el mercado es flexible no tiene porqué ser así. Si es barato contratar y despedir trabajadores, el recambio es más fácil, la rotación es más fluida. Y si el trabajador cuenta con que ese es el sistema, se preocupará de ser versátil, valioso, de manera que merezca la pena retenerlo. El empresario sabe que ese tipo puede colocarse en otra empresa bien dentro o bien fuera de España. Y para eso, de nuevo, es necesario que exista libertad de educación, de formación, de contrato, de movilidad del trabajo… para que el trabajador tenga alternativas y aprenda a darse a valer.

El mensaje de Bastiat es que para que haya igualdad en las condiciones de vida y que estas condiciones mejoren constantemente, y no sean un nivel estático artificial, el único camino es la libertad, no la compulsión. Que, por desgracia, es la ruta opuesta a la elegida por quienes manejan el barco.

El diseño de la paz

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando el 28 de julio de 1914 el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, pocos imaginaron que lo que parecía una nueva guerra balcánica se terminaría convirtiendo en la Gran Guerra. Las alianzas entre Gobiernos y Estados se activaron con éxito y los esfuerzos diplomáticos de poco sirvieron, incluso las relaciones familiares entre los reyes y emperadores de las principales potencias enfrentadas fue inútil.

Llama la atención la cantidad de personas que piensan que las guerras se crean para enriquecer a unos pocos. La guerra es pura incertidumbre y entre tanta violencia es cierto que hay gente que se enriquece, pero no menos cierto que la gran mayoría se empobrece, sobre todo si la guerra es total. La planificación de la guerra es un oxímoron que a algunos les ha costado sus fortunas y a muchos más, sus posesiones o su vida. Una apuesta loca en la que casi sin querer hay que tomar partido, aunque sea solamente una posición moral.

Pero toda guerra tiene un corolario, la paz. No hay paz sin guerra, ni guerra sin paz y el intervencionismo de los Estados triunfadores se hace mucho más evidente en ésta que en el conflicto. Toda guerra tiene sus orígenes, reglas y consecuencias, diferentes entre sí. Cada una suele presentar cuestiones éticas y morales novedosas al amparo de su propia naturaleza, del desarrollo de la tecnología, de la estrategia y de las tácticas. La destrucción hace de la paz algo ansiado por aquellos que incluso al principio optaron por posiciones favorables al conflicto, pasando hipócritamente incluso al pacifismo. En periodo de paz, al fin y al cabo, las relaciones son mucho más sencillas o al menos con menor incertidumbre y la riqueza se puede crear, algo que en periodo de guerra es imposible.

La búsqueda de la paz se torna en un ideal, es bandera de muchas organizaciones e individuos, se convierte en principio moral y de esta manera legitima a quien la esgrime. Sobre esta legitimación moral se asientan instituciones estatales e intervencionistas que buscan incrementar su poder. En el caso de las instituciones ligadas al Estado, la legitimación se une al poder que de hecho ya tienen. Pero no todo proceso de paz implica necesariamente una mejora de las condiciones de libertad de la sociedad. En no pocos casos puede suponer un retroceso sobre las condiciones anteriores al conflicto.

La paz de París de 1919 fue uno de los experimentos de ingeniería social más nefastos de la historia de la humanidad y sus consecuencias las estamos pagando aún. Un acuerdo perpetrado por los ganadores de la Gran Guerra que en un acto de arrogancia propia de los grandes hombres de Estado, decidieron acabar con todos los conflictos bélicos del futuro.

Muchos fueron los errores que cometieron, el primero de ellos el fin de la propia guerra. Como el frente Occidental se convirtió en un una línea de trincheras que partiendo de Suiza atravesaba Francia y Bélgica hasta llegar al Canal de la Mancha, los alemanes nunca fueron conscientes en su propio país de los desastres de la guerra y la propaganda imperial impidió que tomaran una percepción real del conflicto. La sensación de traición y no de derrota fue una constante para todos los alemanes, tanto de izquierdas como de derechas, en la posterior República de Weimar cuyo servicio de propaganda también magnificó el montante de las compensaciones así como su efecto sobre la población.

La Gran Guerra supuso la desaparición de buena parte de los imperios que participaron en ella. Al paraguas de los Catorce Puntos del presidente americano Woodrow Wilson, los nacionalismos tomaron protagonismo frente a los individuos y los estadistas se dedicaron a reubicar las etiquetas que ellos mismos habían creado.

El Imperio Austrohúngaro se convirtió en una multitud de estados que se presentaron como víctimas en París, dejando a Alemania como “único” culpable de la guerra. El Imperio Otomano se convirtió en una República y buena parte de su territorio pasó a manos de las potencias ganadoras en forma de dominios y colonias. Británicos y franceses estaban más preocupados por defender los intereses de sus respectivos imperios, ya en decadencia, o en el caso galo, de vengarse de su vecino del este por hechos pasados como la Guerra Franco-Prusiana, que de intentar parar el idealismo intervencionista de uno de los peores presidentes americanos. Japón se benefició de la descomposición del imperio alemán, pero sobre todo dio alas al militarismo que le llevó a una expansión territorial por toda Asia.

La necesidad de crear entidades nacionales y estatales que incluyeran sociedades lo más nacionalmente puras generó un serio problema de minorías y de nacionalidades despechadas en Europa. Los judíos fueron excluidos del puzzle mientras que los armenios, masacrados por los turcos, simplemente fueron olvidados. El Imperio Ruso dio paso a la Unión Soviética tras unos años más de una guerra civil que provocó más muertes que toda la Gran Guerra. El antisemitismo, una lacra en toda Europa, aglutinó gran parte de la derecha y la izquierda en Alemania, y permitió, junto al nacionalismo germánico, el ascenso al poder de Adolf Hitler.

Casi todas estas entidades nacionales terminaron adoptando unos sistemas fuertemente estatalizados, mucho más férreos que los Imperios a los que sustituyeron, con el nacionalismo o la lucha de clases como religiones laicas. La era del Estado Totalitario había nacido a la sombre del idealismo de unos políticos que pensaron que con una regla, unos mapas y voluntad se podía encontrar el Paraíso en la Tierra. Esta vez, el sueño de la razón sí que había creado monstruos.

La seguridad, el gran monopolio estatal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La producción de seguridad es, sin duda, el monopolio estatal por excelencia que está aún vigente tras la gradual, aunque incompleta, apertura a la libre competencia de numerosas actividades económicas que han sido ejercidas en exclusiva por el sector público a lo largo del siglo XX en los países desarrollados.

La privatización de este servicio tan sólo se ha producido de forma parcial y muy limitada, y siempre bajo la estricta regulación sectorial impuesta por los poderes públicos. La razón a tales límites estriba en que la principal característica funcional del Estado consiste en el ejercicio monopolístico de la fuerza sobre un territorio determinado. Por ello, el poder político carece de incentivo alguno a la hora de posibilitar la existencia de cuerpos de seguridad privados que escapen a su control y dominio ya que, en esencia, constituirían una amenaza directa a la naturaleza estatal.

En este sentido, el Estado actúa a modo de pura mafia monopolística. La única diferencia entre un grupo criminal y el ente estatal radica, precisamente, en que el poder público actúa a modo de monopolio (ausencia de competencia) en su particular área de influencia, delimitada ésta por fronteras que separan y distinguen unos estados de otros. El Estado es el único ente legitimado para ejercer la fuerza contra sus ciudadanos.

¿Pero está justificada dicha legitimidad? A mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, en su artículo Sobre la Producción de Seguridad, ya desmontó los débiles cimientos sobre los que se sustenta el monopolio de la fuerza por parte del Estado.

1. En primer lugar, Molinari -perteneciente a la corriente del laissez-faire-, al igual que los autores de la Escuela Austríaca, partía de la premisa básica de que la sociedad, concebida como un orden espontáneo, se regía por una serie de leyes inmutables, esto es, un Derecho Natural universalmente válido.

Esta visión contrasta de forma radical con el constructivismo social, que ignora por completo la teoría evolutiva de las instituciones, de modo que el científico -a modo de ingeniero social- se cree capacitado para reorganizar a su antojo órdenes espontáneos muy complejos cuya formación y desarrollo deriva de la interacción de millones de seres humanos a lo largo de períodos de tiempo muy prolongados. Es decir, la sociedad y sus instituciones básicas (como el mercado, el derecho o el dinero), al no estar regidas por leyes naturales, son campo abierto para la intervención arbitraria de los gobiernos.

2. El hombre es un ser social por naturaleza, y la interacción con el resto de individuos le permite satisfacer sus necesidades (fines) gracias al libre intercambio y la división del trabajo (medios). Dentro de dichas necesidades, la seguridad, es decir, su vida y su integridad física y material (propiedad privada), ocupa un lugar preponderante dentro de su escala de valores subjetivos.

“Los hombres están interesados, ante todo, en preservar su existencia y los frutos de su trabajo”, señala Molinari. De ahí, precisamente, la necesidad natural de que surjan organismos (ya sean públicos o privados) que tengan por objeto garantizar a cada cual “la posesión pacífica de su persona y de sus bienes”.

3. Sin embargo, el Estado ha ejercido a lo largo de la historia el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Esto ha sido así, entre otros motivos, porque la producción de seguridad es una necesidad indispensable y, por lo tanto, altamente valorada por los individuos, con lo que constituye un bien susceptible de soportar una tasa de monopolio más alta (un precio más elevado). Por ello, pocos bienes, como es el caso de la seguridad, pueden caer “con tanta facilidad en el monopolio”.

En segundo lugar, la característica esencial del monopolio reside en que se ampara necesariamente en la fuerza. Y, en este sentido, pocos entes gozan de mayor poder que los propios gobiernos. Así, tal y como señala Molinari:

"¿Cuál es, en realidad, la situación de la persona que necesita seguridad? La debilidad. ¿Cuál es la situación de aquellos que se comprometen a proveerles la seguridad necesaria? La fuerza. Si fuese de otra forma, si los consumidores de seguridad fueran más fuertes que los productores, es evidente que prescindirían de su auxilio. Pero, si los productores de seguridad son, en su origen, más fuertes que los consumidores, ¿no sería sencillo para aquellos imponer un régimen de monopolio a estos últimos?"

En la práctica, el origen y perfeccionamiento del Estado, guarda sorprendentes similitudes con la violencia que ejerce cualquier mafia o grupo de vándalos bien organizado. Así, bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a supuestas amenazas externas e internas, el poder gubernamental se erige como la única fuente de legitimidad para legislar e imponer tributos dentro de los límites de un determinado territorio gobernado a modo de dominio exclusivo, tal y como expone el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta.

Según Molinari, el Gobierno ha garantizado -supuestamente- la seguridad a lo largo de los últimos siglos bajo la forma de “monopolio” o “comunismo”. El primer sistema se corresponde con el modelo del Antiguo Régimen, en donde el monarca o la clase aristocrática ejercía de un modo despótico el uso exclusivo de la fuerza, bajo la legitimidad que les otorgada una supuesta designación divina .

Sin embargo, con el paso del tiempo, “los consumidores, habiendo adquirido conciencia de su número y de su fuerza, se sublevaron contra el régimen de la pura arbitrariedad”. Los procesos revolucionarios experimentados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia supusieron la caída del Antiguo Régimen y la instauración de un nuevo modelo en el que el citado monopolio fue sustituido por el “comunismo” de la seguridad.

Los consumidores emprendieron entonces “por su cuenta la gestión de esta industria y eligieron para este fin a un director de explotación asistido por un consejo (Gobierno representativo). Así fue como el comunismo sustituyó al monopolio”, explica Molinari. El monopolio de la seguridad fue, finalmente, sustituido por la “producción en común”, en referencia a la soberanía popular y los gobiernos de corte democrático.

Pese a todo, la clave es que, tanto uno como otro sistema político, siguen manteniendo el uso exclusivo de la fuerza, impidiendo así la libre competencia (privatización total).

"Los gobiernos monopolistas [monarquías] afirman haber obtenido esa autoridad [por la gracia divina], que les otorga el derecho de modificar o de rehacer la sociedad a su antojo, y de disponer como bien les parezca de las personas y de las propiedades, de Dios mismo; los gobiernos comunistas [democracias] afirman haber obtenido esa misma autoridad de la razón humana, tal y como se manifiesta a través de la mayoría del pueblo soberano."

4. Todo ello, sin embargo, viola directamente el Derecho Natural. Molinari articula su razonamiento contra el monopolio y el comunismo en la producción de seguridad en base a la siguiente secuencia lógica de carácter axiomático:

  • Que en todos los casos, y para todos los bienes que sirven para satisfacer las necesidades materiales o inmateriales del consumidor, el interés del consumidor consiste en que el trabajo y el intercambio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y de intercambio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción del precio de las cosas.
  • Que el interés del consumidor de cualquier bien debe prevalecer siempre sobre el interés del productor.
  • Que la producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer sometido a la ley de la libre competencia.
  • Que ningún gobierno debe tener el derecho de impedir a otro gobierno entrar en competencia con él, o de obligar a los consumidores de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este servicio.

El Derecho Natural establece la libre competencia como prerrequisito fundamental para el desarrollo económico y social, y como ley natural ha de ser válida para todo momento y lugar, sin excepción, de modo que afecta igualmente al ámbito de la seguridad, con lo que la potestad monopolística carece de justificación ética y moral.

Asimismo, cabe preguntarse si la producción comunista es superior o no a la producción privada. Tal y como demostró décadas después Ludwig von Mises, el fracaso del comunismo reside en la imposibilidad del cálculo económico. Pero, curiosamente, Molinari, a mediados del siglo XIX, ya advertía sin ambages la superioridad del libre mercado con estas palabras:

O bien la producción comunista es superior a la producción libre, o no lo es. Si lo es, no lo es sólo para la seguridad, sino para todas las cosas. Si no lo es, el progreso consistirá inevitablemente en reemplazarlo por la producción libre. Comunismo total o libertad total, ¡he ahí la alternativa!

5. Así pues, ¿debe ser la seguridad un servicio privado? La respuesta inequívoca es sí. No existe justificación teórica ni práctica para que el Estado mantenga bajo su dominio absoluto la producción de un bien tan esencial para el individuo como la provisión de seguridad, por lo que debe abrirse a la libre competencia y regirse por sus leyes.

La visión de Molinari en este ámbito resulta sorprendente, no sólo por su solidez teórica sino también por el acierto y concreción de sus propuestas e, incluso, por su capacidad de prever un debate que, en la actualidad, goza de plena vigencia en la esfera política, social y académica. De este modo, la “organización natural” de la industria de la seguridad no se diferenciaría del resto de actividades económicas, con el consiguiente beneficio y ventajas para los consumidores.

Los ricos somos nosotros

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Esos ricos… si por fin consiguiésemos encontrar a ese político valiente, justo, solidario; a ese elegido que fuese capaz de quitar a los ricos esas riquezas que han atesorado y repartirlas entre el pueblo, viviríamos felices, con todas nuestras necesidades cubiertas…

Y todo, repito todo,  sería gratis. La educación, la sanidad, la cultura, el deporte…Todo. El gobierno, con el dinero que quitaría a los ricos, nos daría al resto todo tipo de  “ayudas”, cheques bebe, cheques de emancipación, subvenciones de viaje, becas, créditos sin interés para montar negocios, negocios que nunca quebrarían pues siempre podrían contar con el respaldo del estado…

Se crearían empresas en las cuales no se pudiese echar a nadie, con los puestos de trabajo garantizados de por vida. Pero el dinero de los ricos no solo ayudaría al trabajador. También al empresario. Con el dinero de los ricos se podrían subvencionar todo tipo de actividades que diesen trabajo a las empresas. Y éstas trabajarían para el bien de la sociedad. Desde plantas solares y molino eólicos a coches eléctricos, uno para cada ciudadano, lo que haga falta para combatir el cambio climático.

En los colegios, un ordenador para cada niño, clases multimedia con todo tipo de avances tecnológicos para preparar a los más jóvenes para la universidad, por supuesto gratuita, en la que aprenderían a ser médicos, ingenieros, arquitectos o licenciados en estudios de genero… o, si lo prefieren, artistas, liberados sindicales, animadores culturales, perroflautas o técnicos en medio ambiente. Que estudien lo que quieran, o que no estudien, pues con el dinero de los ricos tendrían garantizado un sueldo digno… y una vivienda social.

Unos servicios médicos de primer nivel, sin colas, sin esperas, por supuesto sin copago, en los cuales nos sentiríamos todos como reyes (sin necesidad de que nos cambiasen el logo de las sábanas).

Unos medios de comunicación generosamente subvencionados, que no dependiesen ni del dinero de los anunciantes, ni de la dictadura de la audiencia. Información social, solidaria.

Y por supuesto se acabaría con la pobreza y la explotación en el tercer mundo. Con el dinero de los ricos innumerables, las ONG podrían desarrollar miles de programas de ayuda, con nuestros jóvenes solidarios visitando países exóticos, construyendo escuelas, hospitales, dando conciertos solidarios, construyendo ese “otro mundo posible”…

Es fácil. El paraíso está la vuelta de la esquina. Solo hay que quitar el dinero a los ricos, a los que más tienen…

Pero hay un problema.

Los ricos somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Es nuestro dinero el que nos están quitando…

Y en el momento que se acabe, se acabó la fiesta.

Mariana y los impuestos

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

En estas semanas marcadas por el debate sobre la subida del IVA, no está de más que recordemos algunas ideas del pensamiento escolástico acerca de la fiscalidad y los impuestos. Sin entrar en las cuestiones actuales sobre si procede o no subir esos puntos del IVA o modificar otros impuestos, me gustaría recordar primero algunas consideraciones al respecto del P. Juan de Mariana, para añadir después un comentario más general sobre la novedosa perspectiva tributaria de los Doctores de Salamanca.

Pronto tendremos ocasión de leer la edición trilingüe del De monetae mutatione que prepara este Instituto; y que comienza en sus dos primeros capítulos explicando con firmeza que “el Rey no es dueño de los bienes particulares de sus vasallos”, por lo que, lógicamente, conforme a derecho y justicia, debe “tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos”. En seguida derivará su argumento hacia lo que constituyó el objetivo de ese librito: criticar la alteración monetaria que practicaba el gobierno de Felipe III por ser causa directa de subida de los precios; juzgando inmediatamente (con enorme perspicacia) que tal inflación era injusta por ser un impuesto oculto, no votado en las Cortes. Me parece de gran actualidad esta frase con la que inicia el capítulo segundo: “Algunos tienen por grande sujeción que los reyes, cuanto al poner nuevos tributos, pendan de la voluntad de sus vasallos…”. En fin, que todavía tenemos mucho que aprender de aquellos viejos maestros.

Por ejemplo, podemos descubrir que adelantaron algunos de los que consideramos principios tributarios actuales, siguiendo la clasificación de Fritz Neumark. Así lo explicaba recientemente el profesor Julio Revuelta, de la Universidad de Cantabria, en el Seminario Laureano Figuerola (URJC) del que ya les he hablado en otra ocasión. Revuelta presentó un artículo elaborado junto a Luis Perdices, buen conocedor de los salmantinos, en el que sostienen que al menos ocho de los dieciocho principios que debe cumplir un sistema tributario moderno, ya quedaron expuestos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Sabemos que, desde Adam Smith, fue habitual que en los manuales de Economía Política apareciera una parte consistente sobre Tributación. El mismo profesor de Glasgow señaló cuatro principios: economicidad, certeza, comodidad y justicia. Y con el paso del tiempo se fue alargando la lista hasta los dieciocho que recogería Neumark en sus Principios de imposición (1970). Pues bien, lo que sostiene el profesor Revuelta es que en los diversos textos de la Escuela de Salamanca al menos aparecen bien explicadas estas ocho condiciones: la suficiencia, la generalidad, la capacidad de pago (o proporcionalidad), la redistribución, el menor impacto sobre los agentes y los mercados, que favorezca el crecimiento económico, la continuidad y la economicidad en la recaudación.

No es el caso explicar pormenorizadamente todos ellos, ni señalar las citas de los autores referidos (entre los que Mariana aparece repetidamente). Pero sí me parece una confirmación más de la moderna visión económica con que los doctores de Salamanca intuyeron un orden de mercado libre, al igual que por ejemplo en su teoría sobre el precio justo, el valor de los bienes, o la paridad del poder adquisitivo de las divisas. Y todo ello manteniendo algunos principios que no iría mal recordar a muchos gobernantes actuales: que es preciso respetar un orden moral en los comportamientos privados y en la convivencia entre los hombres; y que también es preciso escuchar (más) la opinión de los ciudadanos por parte de quienes detentan el ejercicio del poder.