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Órdenes y prohibiciones sobre aspiraciones y bienestar

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los enemigos de la libertad, mal camuflados por múltiples capas de presunta bondad que no pueden ocultar su profunda estulticia, no se limitan a indicarnos qué debemos o no podemos legalmente hacer. Eso ya no les basta: ahora nos señalan qué debemos querer, qué puede y no puede hacernos felices.

Cristovam Buarque, ex ministro de Educación brasileño y actual senador, asegura que la solución para los problemas de la pobreza y las desigualdades, que según él crea la globalización, es “la educación. El pueblo no debe aspirar a tener todos el mismo coche, sino las mismas oportunidades”. No está claro si quiere decir que la educación consiste en manipular la voluntad de la gente para que quieran lo que dictaminen los gobernantes (él mismo y sus cofrades), o si simplemente está dando órdenes a sus súbditos sobre aquello a lo que deben aspirar, en este caso la igualdad de oportunidades mediante la educación. Pero seguro que todos haremos un esfuerzo para entender al mandamás, redirigir nuestras aspiraciones y así cumplir con nuestro deber como pueblo (en eso consiste ser ciudadano en un colectivo político, ya que ser consumidor en un mercado libre es muy malo, como vamos a ver a continuación).

El antropólogo estadounidense Erik Assadourian, presunto “estudioso de la sostenibilidad como modelo de futuro”, ha dirigido el informe anual del World-Watch Institute “La situación en el mundo 2010: Del consumismo a la sostenibilidad” (la misma basura intelectual reciclada de todos los años). Tras haber investigado la psicología del consumo (o eso cree él), afirma que “la felicidad o el bienestar no pueden depender del consumo; al revés, el consumismo mina el bienestar, porque te obliga a trabajar más para consumir más, en una carrera sin fin”.

Está claro que no todos los ascetas alcanzan la iluminación intelectual. Algunos necios no se conforman con llevar vidas sencillas y dejar vivir a los demás: tienen que decirle a todo el mundo qué puede y qué no puede hacerles felices. Porque según ellos quienes se esfuerzan en trabajar y producir riqueza, pobres tontos, en realidad actúan contra sus propios intereses, no consumen sabiamente sino que derrochan: son víctimas inermes de la publicidad, que les inocula el consumismo de forma agresiva, y encima al volcarse en él con frenesí condenan al mundo al colapso ecológico (y luego se quejan de que les llamen catastrofistas y apocalípticos).

Estos cobardes no suelen atreverse a señalar a una persona concreta y criticarle por su consumismo irresponsable. Tampoco mencionan ningún anuncio particular que nos anime simplemente a consumir sin más. Tal vez porque no existen, excepto quizás en las recomendaciones transformadas en intervenciones coactivas de esos que se creen economistas e insisten en animar a la gente a consumir más y más para así poder mantener la mítica demanda agregada.

Se trata de patéticos profetas que se limitan a condenar y criticar a bulto desde su autoadjudicada posición de superioridad moral. Así, Assadourian juzga a los países nórdicos, ejemplo para muchos de sociedades del bienestar: “Son los peores ejemplos posibles, ese bienestar tiene un altísimo coste ecológico”; y propone como modelo el reino de Bután, paraíso de la felicidad por decreto. Y es que les encanta poder decretar por ley cómo ser o no ser feliz: especialmente si es siendo pobre.

Su profundidad intelectual queda retratada al recomendar la película “Avatar” como “un mensaje que puede calar en los jóvenes, el del mundo en armonía, sostenible”: es lo que tiene no saber distinguir la realidad de la ficción (porque la ciencia de esa película es mala con ganas); no es extraño que intenten engañar a las mentes menos preparadas. También celebra la nueva televisión sin anuncios de RTVE, “un modelo a seguir”: es una lástima que no tenga que pagarla él solito.

La cuenta atrás

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La aceleración de los acontecimientos relacionados con la economía mundial está tomando tintes vertiginosos. En lo que se refiere a España, se tornan trágicos a causa de la singular mezcla de corrupción e inepcia de la casta política local que derrocha recursos presentes y futuros. Al grito keynesiano – y de Groucho Marx- de “¡más madera!”, los planes de rescate de bancos y empresas de todo tipo, los programas de estímulo (Planes E y compañía) por no hablar de los gastos insostenibles del Estado de bienestar -¿sorprende que se recorte tímidamente la baladronada de su  “cuarto pilar”?- han provocado tales desajustes en las cuentas públicas que los inversores internacionales suscriben deuda pública con un nerviosismo comprensible. Especialmente, la de países como España, cuyo deterioro económico ha provocado el hundimiento de los ingresos con los que se supone debe pagarse la deuda al vencimiento.

Causa perplejidad que a estas alturas tengan tanta resonancia las campañas denigratorias lanzadas por gobiernos adictos al crédito contra la actuación de sus prestamistas en mercados organizados. Tal vez se deba a que estos chivos y cocos expiatorios transmiten al público no especializado señales de alarma y convierten en transparente lo que los gobiernos buscan ocultar.

Sea como fuere, pocas veces puede presenciarse un momento tan crítico. Guste o no, depende de la casta política la adopción de unas cuantas medidas basadas en la sensatez y la racionalidad. El gobierno irresponsable que nos ha metido en semejante lío carece de mayoría parlamentaria, pero, paradójicamente, antes de largarse a su casa debería promover las medidas que eviten sumir a un país entero en una prolongada depresión, si no activa la espoleta que haga saltar por los aires el frágil esquema de la unión monetaria europea.

Dentro de ese contexto, el gobierno español, presionado con insólita publicidad por los socios de las organizaciones a las que pertenece, se vio forzado la semana pasada a adoptar los primeros recortes serios. Por solo mencionarlos, se trata de la reducción del 5 por ciento de los sueldos del personal del sector público en términos brutos anuales; la suspensión de la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas; la irretroactividad del reconocimiento de situaciones de “dependencia” para no pagar las prestaciones correspondientes desde el momento de la solicitud; la supresión del cheque bebé de 2500 euros a partir del año que viene y el racionamiento de medicamentos subvencionados por el sistema público de salud.

Obviamente, cabe criticar la elección concreta de las partidas elegidas. Nótese que esos recortes de gasto reúnen la característica común de que pueden hacerse efectivos sin pensar demasiado y algunos afectan a las cuentas de todas las administraciones. En el caso de la necesidad de reducción del sueldo de los empleados públicos, por ejemplo, fue advertida hace tiempo, sobre todo después de la disparatada subida lineal pactada por el gobierno con los sindicatos el año pasado, a pesar de las tasas negativas de IPC del año 2009. Sin embargo, la cuestión esencial es que son alarmantemente insuficientes para atajar el descontrolado déficit de las administraciones públicas españolas. El anunciado ahorro equivale tan solo a los quince mil millones de euros ya despilfarrados en subvencionar obras de los ocho mil ayuntamientos españoles.

El preceptivo trámite parlamentario previsto en el artículo 86 de la Constitución permite que el Congreso ratifique el decreto ley utilizado por el gobierno para adoptar esas medidas para, a continuación, proseguir su aprobación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De esta manera, cabría añadir enmiendas parciales que suprimieran o redujeran partidas adicionales de gasto como las subvenciones públicas a organizaciones de todo tipo (partidos, sindicatos, ONGs, empresas) y ayudas a gobiernos extranjeros.

Si el Estado gastó el doble de lo que ingresó por impuestos el año pasado, esos recortes apenas son un parche que debería acompañarse de una terapia de choque. La gravedad de la situación exige, además, una inmediata liberalización de todos los sectores de la economía (relaciones laborales, arrendamientos de vivienda y rústicos, del suelo) que contribuya a un rápido reajuste de los factores productivos. De este modo podrá atajarse el índice de paro del 20%. Asimismo, es necesario derogar leyes y normativas que comportan estipendios públicos, liquidar empresas públicas deficitarias (incluyendo las cajas de ahorros) enajenar las rentables al mejor postor, eliminar consorcios y fundaciones que escapan del control financiero de las administraciones, eliminación de ministerios y sus unidades administrativas respectivas, y el despido de empleados públicos que sirvan en esos puestos.

Es cierto que la envergadura del envite sobrepasa en gran medida las dimensiones de la economía española, por lo demás intrincada en los flujos de la europea y mundial. Sin embargo, en pocos lugares como en España cabe percibir con nitidez la línea que separa una crisis coyuntural, si se adoptan medidas drásticas que suponen sacrificios, de un descenso a los infiernos y la instalación en el marasmo al menos durante una generación, realimentado por las luchas intestinas favorecidas por la inseguridad jurídica y la arbitrariedad introducida por estatutos de autonomía como el catalán.

Si los socialistas son capaces de rectificar levemente sus errores porque les tiran de orejas sus héroes americanos (por supuesto más preocupados de endeudarse para intervenir su propia economía que de rescatar lejanos países mediterráneos) el tiempo de los disimulos y el regate corto de los líderes de la supuesta oposición debería agotarse. ¿Es imposible que se sacudan de esa falta de criterio que Hayek atribuyera a los conservadores en general? El tiempo se está agotando y los galgos y podencos pueden conducirnos a la más persistente de las ruinas.

En conclusión, la cuenta atrás para evitar un desastre colectivo sin paliativos sigue corriendo. Con independencia de la valoración del ECOFIN de la Unión Europea y el FMI, los principales examinadores de la viabilidad de los planes de reducción de gasto y de liberalización de la economía que permita la adaptación de la estructura productiva a la nueva situación son los millones de personas que conforman el mercado. Esperemos que un ataque de cordura asalte a los dirigentes de los partidos mayoritarios y sirvan patrióticamente a su país evitando que se despeñe por la vía tercermundista.

La teoría del parche

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Un niño está jugando con su recién comprado balón. Una patada desafortunada hace que caiga entre zarzas, de forma que inadvertidamente se pincha. Las consecuencias del suceso no tardan en hacerse notar: a cada nuevo puntapié, la pérdida de aire es apreciable. En poco tiempo, el balón está inservible y el niño compungido acude a su padre con los restos de su juguete.

Evidentemente, el progenitor tiene que tomar alguna decisión para remediar la tragedia. ¿Cómo tomará esta decisión? La teoría económica tiene la palabra. Básicamente, se abren dos posibilidades: comprar un nuevo balón o reparar el pinchado. Cada una de las acciones supone un coste distinto para el padre, que en este caso se puede medir por la utilidad a la que renuncia al dedicar parte de su dinero a la compra o reparación. Se puede asumir que el coste es inferior en el segundo caso, ya que previsiblemente será menor el precio a pagar por el parche y posterior hinchado del balón.

Habida cuenta de que se trataba un balón nuevo, se puede asumir que, para el padre, la utilidad de repararlo es muy similar a la de otro balón nuevo. Por tanto, lo normal es que el padre en este caso opte por poner el parche. Evidentemente, la respuesta no puede ser concluyente, ya que no se han considerado factores como la diferencia de costes entre un balón nuevo y su reparación. Pero al menos se plantean los fundamentos praxeológicos de algo que parece obvio: la decisión de los sujetos de renovar sus activos no es automática, sino que depende de la relación entre costes (el parche) e ingresos (disfrute de jugar) percibidos.

Si el balón tiene ya una cierta edad o uso, los beneficios que previsiblemente se obtendrán por el nuevo balón quizá sí justifiquen a mucha gente la compra de un nuevo balón, en lugar de reparar el pinchado. “Bah, no pasa nada, ya tenía muchos años”. En términos técnicos, se puede decir que el balón está amortizado, esto es, que los servicios que hemos obtenido de él superan ya el coste que nos supuso. En este sentido, suele ser difícil encontrar balones con muchos parches.

Ésta, que podríamos llamar la teoría del parche, es por supuesto aplicable en ámbitos no tan familiares (en el doble sentido), como pueda ser el de la producción de las empresas. Sobre todo, cobra especial relevancia en el entorno de los sistemas de información. En mi experiencia, los sistemas de información de todas las empresas que he conocido, son siempre “una chapuza”, un “conjunto de parches”, que es necesario tirar abajo y volver a construir de cero. Proliferan los nuevos mapas de sistemas que “vamos a empezar a desarrollar/implantar y que ya resuelven esto que me estás diciendo”.

Lo cierto es que las decisiones relacionadas con el balón son sencillas, y hasta cierto punto de rápida ejecución. No ocurre lo mismo con las decisiones que se toman en las empresas, en particular, las referidas al departamento citado. De hecho, pueden transcurrir varios meses e incluso años desde que los requerimientos del sistema se definen hasta que éste se empieza a explotar. Y durante este tiempo lo lógico es que cambien las preferencias de los consumidores y, por tanto, las necesidades que han de resolver los citados sistemas.

Dicho de otra forma, el sistema de información nace ya “pinchado”, simplemente por los cambios a que da lugar el paso del tiempo, y sin necesidad de que suceda nada extraordinario. Tras todo el tiempo e inversión, el sistema en marcha ya no satisface adecuadamente las necesidades de sus usuarios.

Es el momento de aplicar la “teoría del parche”. Confrontado con la decisión de reparar el sistema, o comprar uno nuevo, el responsable de sistemas ha de decidir como el padre con el balón pinchado. Comparará el coste del parche con el coste del nuevo sistema. En el 99% de los costes, el parche es mucho más barato que la construcción desde cero de un nuevo sistema. Y así el sistema empieza ya parcheado.

De hecho, por aquello de que los sistemas de información son “software” (blandos), parece que son fácilmente moldeables, y muchas alteraciones en las necesidades son recogidas y aceptables debida al bajo coste relativo de los parches. A nadie se le ocurriría mantener el mismo nivel de adaptación con otros activos más “hard”, como puede ser un coche, una casa o un computador.

Así que rápidamente el sistema se llena de parches para dar solución a los constantes cambios requeridos: parece que los beneficios de la nueva adaptación superan siempre los costes de implementarla. Y los sistemas de información se transforman en la “chapuza” a que estamos acostumbrados.

Poco a poco, la cosa involuciona, hasta que los parches incrementan su coste de tal forma, posiblemente por la existencia de parches previos, que el responsable empieza a pensar que es el momento de reconstruir aquello desde cero otra vez. Lo que se producirá en el momento en que la diferencia entre el coste del parche y del nuevo sistema sea inferior a los beneficios incrementales previstos para este. En ese momento, se podrá decir que el sistema antiguo está amortizado.

Y empezará la construcción de una futura chapuza. Que, eso sí, parecerá limpia y espléndida en los primeros papeles que la definan, no quepa duda.

Liberalismo Imposible

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

No ya en el presente, sino desde hace al menos una centuria, puede distinguirse con cierta nitidez entre dos tipos de liberalismo: el “posible”, o ingenuo, y su antagónico, y por tanto, “imposible”, o utópico. Hay quien, con buen juicio, considera a ambos “utópicos”, dado que la ingenuidad del Liberalismo oportunista, por así decirlo, no deja de plantearse en un escenario tan inverosímil (encorsetar al Estado) como el esbozado por el liberalismo estrictamente utópico (negación de lo político). Conviene aclarar algunos aspectos sobre ambos:

Liberalismo Posible, o Ingenuo, incluso “clásico”. Es tan diverso que cualquier definición peca de imprecisión y sesgo capcioso, pero aun así lo consideraré como un movimiento estatista, si por Estado, en su sentido contemporáneo, tomamos a aquel poder unificado y racionalizado que pretende desbancar a cualquier otro poder que le sea ajeno, todo ello con la intención de garantizar el respeto de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y la asociación civil fundada en la autoridad de la ley (Estado liberal, y no totalitario).

Estos valores, que tan antiguos nos parecen, fueron los que hicieron a la mayoría de los liberales del XIX (si no antes) apostar por la refundación del poder en base a criterios constructivistas, no obstante inspirados en la carencia de instrumentos políticos y jurídicos que garantizasen la libertad del individuo frente a las fuerzas del antiguo régimen: aristocracia, corte, clero y gremios, por ejemplo. Se trata de una concepción del Estado como translación política de la Ley igual para todos, de su autoridad y su vocación de no interferir en los fines individuales.

Sin embargo, puesto que tamaño esfuerzo es tomado en su conjunto, terminan surgiendo y triunfando valores netamente colectivistas, a modo de respaldo teórico para un entramado institucional ciertamente condenado a la restricción progresiva de la libertad individual. Se cree en la voluntad o el interés general, en el carácter liberador y equiparador de la instrucción pública, del mismo modo que se empiezan a justificar determinadas políticas públicas (A. Smith).

La ingenuidad del posibilismo se traduce, en una época más reciente, en una suerte de conservadurismo oportunista y temeroso, cautivo del Estado y el culto a la unicidad del poder (y que muchas veces bordea el autoritarismo). Queda en él algún resquicio de radicalidad económica, pero sólo alumbrado cuando el resto de facetas sociales se estiman bajo control.

Liberalismo imposible, o utópico. No necesariamente anarquista, porque a pesar de la radicalidad que encarna, muchos de sus defensores asumieron acomplejados el mito del poder impersonal y unificado (confundiendo Estado con gobierno, como sucede en Mises o en Hayek, que siempre arrastró su pasado fabiano).

En su versión más extremista, se trata de un movimiento disperso e indefinido que surge de la frustración y el desencanto político. Despertando del letargo de ingenuidad en el que tan cómodos se sienten sus compañeros conservadores, los liberales utópicos creen incluso superada la etiqueta que los distingue, deseosos de marcar las diferencias y plantarle cara al socialismo en solitario. Negando lo político se alejan de un rigor intelectual que, a pesar de ello, siguen creyendo en su haber.

La utopía se basa en eso mismo: eliminar todo aquello que cuestione la razonabilidad o el consecuencialismo de sus hipótesis (la verosimilitud de una utopía depende más de lo que olvida, oculta o desprecia, que de la rigurosidad del razonamiento lógico que parece confirmar sus máximas). El sesgo político, o la subversión jurídica (creyendo ciegamente en un cierto “contractualismo individualista”), hace a este tipo de liberalismo ubicar el orden de económico, bien por encima de aquellos otros órdenes que en realidad lo preceden, o por el contrario como un todo ajeno a la realidad, ecuación perfecta de la que obtener conclusiones apodícticas (no les interesa la con-vivencia, sino exclusivamente la co-existencia social).

El liberalismo imposible es rebelde, y radical, pero también constructivista y en ocasiones altivamente necio (como todo constructivismo): no entiende el Derecho, ni lo pretende; parte de un tipo ideal de individuo, previo a lo social, ajeno a lo político e íntegro a priori en sus posibilidades de interacción. Confunden el Poder con las facultades de domino real (propiedad privada), regresando así a fases del proceso social muy superadas tras largos siglos de evolución jurídica y política, y que son parte del acervo que define a esa misma sociedad abierta que también dicen defender.El dominio competitivo (propiedad plural) no es capaz de explicarlo todo, pero sí proporciona apariencia de perfección al constructo teórico del liberalismo imposible (resolviendo la cuestión de la soberanía sin negarla por completo -como debería ser-, sino a través de un engendro sin sentido: concediéndosela al individuo).

Y dado que los dos tipos de liberalismo se hallan en la misma precariedad, a pesar de los movimientos y los esfuerzos de uno y otro por aparentar una integridad que le es imposible a ambos, permanece la encrucijada de la que no puede rehuir  quien cree en la libertad del individuo. No queda otra alternativa que recurrir a un estudio de tipo compositivo, que admita la primacía del orden jurídico y moral sobre todos los demás, que comprenda la relevancia del hecho político, de conceptos tan importantes como son el de autoridad y el de potestad, o que sepa distinguir, conociendo la naturaleza de ambos, entre Gobierno y Estado, entre lo común y la mera estructura de dominación impersonal y teleológica, sostenida sobre la moral redistributiva. La complejidad de esta disyuntiva debe motivar las más severas reflexiones, evitando dejarse llevar por la autocomplacencia del oportunista, o del radical, del utópico o del ingenuo que todos llevamos en nuestro interior con mayor o menor intensidad.

Lo que faltaba: ahora los especuladores amenazan nuestro glorioso Estado del Bienestar

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

A nadie se le debería escapar que unos mismos fenómenos despiertan muy distintas, incluso contrapuestas, interpretaciones. La crisis es un caso que refleja perfectamente este hecho, y la actualidad económica española, en concreto los recortes de gasto público anunciados por Zapatero, nos ofrece un ejemplo que sirve muy bien para ilustrar esta cuestión.

Lo que para unos es la evidente manifestación de la pésima gestión de la política económica de la Administración actual, para otros es la evidente manifestación del peligro y la perversión que representan unos mercados financieros descontrolados. Veamos, paso a paso, el razonamiento que hay detrás de este segundo argumento, sostenido por cierta parte de la izquierda y por no pocos economistas, algunos de ellos considerados de prestigio.

En primer lugar, para éstos el origen de la crisis se encuentra en un sistema financiero y bancario desregulado y libre -gracias a las desregulaciones de la época Reagan y el “ultra-liberalismo” de Alan Greenspan- sin apenas control ni supervisión pública, y animado por la revolución de la nueva ingeniería financiera y los productos financieros sofisticados de Wall Street.

Los agentes en este mercado –if left to themselves– son inherentemente proclives a asumir demasiados riesgos y apalancamiento en un contexto de expectativas optimistas, lo que probablemente sumado a una excesiva ambición y avaricia, da lugar a la fase de auge del ciclo: exuberancia irracional, burbujas, etc. Pero esto llega a su fin tan pronto como llega la desconfianza y se instala el pesimismo en los agentes, lo que puede llevar a colapsos, pánicos y, en definitiva, crisis. Así se manifestaba recientemente Nouriel Roubini.

En segundo lugar, los descalabros producidos por los mercados financieros y Wall Street conducen a serios problemas que ponen en serio peligro al sistema bancario, lo que afecta al crédito, puede poner en peligro los ahorros de los ciudadanos y, por tanto, afecta a la economía real y a la gente de Main Street. Por ello, al gobierno no le queda otra y se ve obligado a salir en rescate a la banca para ayudar al ciudadano medio, lo que inevitablemente genera aumentos importantes en el déficit y la deuda pública.

En tercer lugar, los beneficiados de esos rescates (banqueros, inversores, especuladores…) muestran su verdadera cara y maliciosamente se vuelven contra los gobiernos y el déficit, lanzando ataques especulativos (la retórica usada no es casual ni elegida al azar), ya sea contra la deuda soberana, los mercados bursátiles o la moneda de un país o conjunto de países (Zonaeuro).

Como consecuencia, se produce un aumento notable del coste de financiación de la deuda de estos países que han sido atacados (disparando los tipos de interés a niveles nada “razonables”), lo que pone contra las cuerdas a los gobiernos y las cuentas públicas, deterioradas precisamente por culpa de quienes ahora les están atacando. A medida que aumenta la presión de los mercados internacionales, los gobiernos deben acceder a reducir el déficit y los “derechos sociales”. Y así es como los mercados y especuladores acaban poniendo de rodillas a los gobiernos, amenazando nuestro glorioso Estado del Bienestar, progreso social y calidad de vida.

Al margen de ciertas inconsistencias, incoherencias y non sequitur en este análisis, la clave descansa en el primer punto: asumir que es la libertad económica la que genera los ciclos como el actual. Por el contrario, lo que otros autores han sostenido, y lo que parece más sensato pensar a la luz de la evidencia empírica y la teoría (o cierta teoría), es que es precisamente la intervención pública en muy diversos ámbitos, pero especialmente en el sistema monetario y bancario, la que genera estos ciclos. Las razones que explican la actual crisis, desde este enfoque, ya han sido suficientemente explicadas, además de respondidas las tesis intervencionistas.

Pero hay mucho más que añadir a la crítica del razonamiento anterior. Primero, los rescates públicos a la banca no eran inevitables, y existían otras alternativas, como han propuesto Rallo y Rodríguez Braun en “Una crisis y cinco errores”, o Philipp Bagus. Segundo, resulta poco serio hablar de “ataques” especulativos: si éste fuera el caso, debiera probarse. Más bien, parece que los inversores huyen de lo que consideran más arriesgado, y descuentan con bastante acierto la realidad oculta para muchos.

Para los defensores de las tesis anteriores, parecería que los problemas fiscales y de insolvencia de España son sólo fruto de la actividad de esos especuladores. Un tentador chivo expiatorio para justificar un déficit público disparado, un gobierno incompetente, y un Estado del Bienestar difícilmente sostenible. Como afirma Philipp Bagus en un reciente artículo, “la crisis, con su brutal incremento en la deuda pública, es un salto adelante hacia el inevitable colapso del Estado del Bienestar”.

En suma, no parece aceptable la conclusión de que los mercados financieros libres y la especulación estén amenazando nuestra calidad de vida. Más bien son los gobiernos y sus acólitos quienes actúan más irresponsablemente, suponiendo la mayoría de las veces un lastre para el progreso económico y el aumento en la calidad de vida. Puede que durante años este lastre fuera camuflado y escondido por la “economía de la burbuja”. Pero eso ya acabó.

Preferencia por la liquidez y tipos de interés: la auténtica relación

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Resulta bastante evidente que John Maynard Keynes hizo un gran trabajo a la hora de demoler todo el saber convencional de la economía clásica y de sustituirlo por un conjunto de errores, prejuicios y tergiversaciones que se consideraban archirrefutados.

Uno de los misiles más peligrosos que lanzó Keynes contra la línea de flotación de lo que en ese momento se consideraba la “economía ortodoxa” fue su nueva teoría de los tipos de interés. Desde Böhm-Bawerk a Irving Fisher, la teoría del tipo de interés había ido robusteciéndose sobre la base del concepto de preferencia temporal: se forjó un auténtico consenso en torno a la idea de que el interés podía explicarse por causas “reales”… hasta que llegó Keynes y lo desbarajustó todo. En palabras de José Antonio de Aguirre: “Cuando aparece la Teoría General de Keynes en 1936, la doctrina generalmente aceptada era que la tasa de interés nacía de la interacción entre la tasa de preferencia temporal subjetiva y la productividad objetiva de las distintas opciones de inversión. Es decir, el planteamiento de Fisher hijo directo del de Böhm-Bawerk”.

En esencia, Keynes vino a sostener que el tipo de interés era un fenómeno puramente monetario, determinado por la oferta y la demanda de dinero; a saber, la idea tan repetida aún hoy de que el tipo de interés es el precio del dinero: “el tipo de interés es en cada momento una medida de la disposición de quienes poseen dinero a ceder el control de su liquidez; es decir, la recompensa por ceder esa liquidez”. En opinión del inglés, los economistas habían errado estrepitosamente al considerar que el interés era una recompensa por no gastar, cuando en realidad es una recompensa “por no atesorar”; dado que los agentes prefieren tener sus ahorros en forma líquida (“preferencia por la liquidez”), el tipo de interés sería el precio que motivaría a quienes atesoran dinero a desprenderse de esa liquidez.

Claro que con esta misma lógica podríamos negar que el precio de los bienes de consumo depende de su utilidad marginal y atribuirlo también a la preferencia por la liquidez: a mayor preferencia por la liquidez, mayor cantidad de bienes de consumo deberán entregarse para que la gente renuncie a su dinero, es decir, más bajos deberán ser los precios.

En realidad, lo que Keynes intuyó, sin ser capaz de comprenderlo, es que tener dinero atesorado no es una actividad estéril: “el dinero es tan productivo como cualquier otro activo, y es productivo exactamente en el mismo sentido”, explicaba William Hutt. Es cierto que el atesoramiento no proporciona una rentabilidad explícita, pero sí genera un rendimiento implícito para su tenedor: reduce el riesgo o de tener que liquidar con pérdidas sus planes empresariales o de no poder completarlos por la imposibilidad de acceder a los bienes económicos que necesita en cada momento.

El dinero atesorado permite hacer frente a pagos imprevistos o compensar cobros previstos que no llegan a producirse. Cuanto más inciertos sean los flujos de caja futuros de un agente económico, más útil le resultará tener efectivo atesorado y, por tanto, mayores contrapartidas exigirá para desprenderse de esos fondos: exactamente lo mismo que sucede cuando la utilidad de los tomates aumenta y los vendedores exigen (o los compradores están dispuestos a abonar) precios mayores por ellos. Sigue siendo la utilidad del dinero la que determina frente a la utilidad del resto de bienes la que determina sus diversos precios de mercado.

Ahora bien, fijémonos que la demanda de dinero –el atesoramiento– implica siempre una demanda por otros bienes presentes: por un lado, quien atesora dinero quiere asegurarse que no perderá el control de bienes presentes que ya posee o que podrá acceder a los bienes presentes que va a necesitar; por otro, quien pide prestado dinero lo hace necesariamente para poder disponer de otros bienes presentes a adquirir con esos fondos (nadie se endeuda para mantener su dinero atesorado). Es decir, es justamente la oferta y la demanda de bienes presentes lo que determina el tipo de interés; oferta y demanda de bienes presentes que viene determinada por la preferencia temporal, tal y como sostenían Böhm-Bawerk y Fisher. Al final, el tipo de interés responde a la pregunta de cuántos bienes futuros me tienen que entregar (o tengo que entregar) para renunciar (o acceder) a la disponibilidad de bienes presentes.

De hecho, como acertadamente apuntaba Henry Hazlitt en ese magnífico libro de Los errores de la nueva economía, si los tipos de interés vinieran determinados por la preferencia por la liquidez, éstos deberían ser mínimos en los momentos de expansión crediticia –cuando todos los agentes degradan su liquidez– y máximos en los momentos de depresión –cuando todos los agentes tratan de reconstruirla–, pero la historia nos muestra que justamente lo contrario es cierto. Basta observar en la presente crisis: desde 2003 a 2007 (fase de auge) los tipos de interés fueron crecientes y desde 2008 hasta la actualidad (fase de depresión) han sido decrecientes.

El motivo, volviendo a las teorías reales del interés, debería resultar evidente: en las fases de auge artificial, todo el mundo quiere acceder al control de bienes presentes (bienes de consumo y bienes de inversión), lo que dispara la demanda de crédito y los tipos de interés (los agentes están dispuestos a entregar muchos bienes futuros a cambio de disponer de bienes presentes). En la fase de depresión, sin embargo, los agentes comienzan a amortizar sus deudas liquidando y reestructurando su patrimonio, es decir, renuncian a la posesión de bienes presentes para reducir su carga de bienes futuros y por ello los tipos de interés se reducen a mínimos históricos.

Para el análisis keynesiano, sin duda resulta paradójico que cuando los bancos mantienen sus reservas de caja en mínimos (escasa preferencia por la liquidez) los tipos de interés sean crecientes y que cuando, como ahora, están sentados sobre una montaña de caja “ociosa” (elevada preferencia por la liquidez) los tipos de interés sean decrecientes. Paradoja que resuelven de mala manera recurriendo a toda una serie de excusas bastante inexactas como que “los tipos reales son altos” o que los tipos de interés de mercado no son realmente de mercado porque nadie está dispuesto a prestar a cambio de ellos.

En verdad, tal y como hemos explicado, es todo mucho más sencillo: los tipos de interés son un fenómeno real –el precio de los bienes presentes en términos de bienes futuros– y en las fases de depresión los agentes ni demandan bienes de consumo ni bienes de inversión, sólo buscan restablecer un balance perdido entre los bienes de que disponen hoy y los bienes de que, tras cumplir con sus enormes compromisos, podrán disponer mañana.

Lo cual, claro, debería llevar a los keynesianos a plantearse a qué han estado jugando durante décadas cuando manipulaban la expresión monetaria de esos tipos de interés reales mediante las expansiones crediticias de los bancos centrales. A saber, si nadie está ahorrando más y no hay más bienes presentes que puedan ser dispuestos e invertidos en la economía, ¿no caeremos en un proceso inflacionista de malas inversiones generalizadas si los tipos de interés son fruto de una creación de un crédito desligado de cualquier base real? Sí, bienvenidos a la teoría austriaca del ciclo económico.

Colombia: la sociedad civilizada frente a la demagogia y el populismo

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Las Elecciones Presidenciales 2010 en Colombia serán cruciales para dilucidar si la sociedad civilizada sigue extendiéndose por el país andino o, por el contrario, si cae presa de la demagogia del comunismo bolivariano o del populismo, que tan frecuentemente destruyen la creación de riqueza en Sudamérica.

Hace tiempo que analizamos la necesidad de Apoyo Internacional a Colombia para que las raíces del desarrollo socioeconómico se asentasen en la democracia parlamentaria de un país esplendoroso por sus recursos naturales y, por el carácter alegre, vital y emprendedor de sus gentes.

En el siglo XVIII, Adam Smith, máximo exponente de la escuela escocesa de economía, ya señaló las directrices para lograr La Riqueza de las Naciones. Y, en estos momentos, cualquier visitante puede comprobar como, el presidente Álvaro Uribe ha garantizado la seguridad exterior frente a la amenaza totalitaria de la dictadura comunista de Hugo Chávez, la seguridad interior frente al narcoterrorismo de las FARC, y la seguridad jurídica con tribunales independientes que proporcionan certidumbre a los inversores y a los ciudadanos mediante la protección de las propiedades y de la libertad de elegir.

En los últimos años, las infraestructuras han mejorado indudablemente con pueblos, presas, centrales de energía, carreteras o autopistas de peaje protegidas por el ejército colombiano, que alejan las acciones narcoterroristas a los rincones más inhóspitos de las fronteras con Ecuador y Venezuela y, que permiten garantizar las comunicaciones entre las principales ciudades, haciendo avanzar la civilización frente a la anarquía de los grupos armados.

La política de seguridad democrática es lo mínimo que debe garantizar un Estado de Derecho, digno de tal nombre, ya que permite que se puedan ejercer las libertades individuales, el derecho de propiedad, el cumplimiento de los contratos y, por supuesto, también consigue que se asienten los servicios de salud con clínicas y hospitales que alcancen a la mayoría de la población y, logra que existan servicios de educación con colegios y universidades que ofrecen la oportunidad de progresar a los ciudadanos con su esfuerzo, mérito y capacidad, sin quedar sometidos a los caprichos de las acciones de sabotaje terrorista.

Los fundamentos del crecimiento económico han enraizado en Colombia y permiten que la mayoría de la población tenga oportunidades de emprender. Cualquier visitante puede comprobar como el progreso socioeconómico está avanzando en Colombia y, como la seguridad permite que exista un incremento medio anual del PIB del 4 % en los últimos 10 años, con una prosperidad socioeconómica que queda reflejada en su liderazgo en exportaciones a los demás países andinos.

Lamentablemente, todavía queda mucho esfuerzo que realizar, y la existencia de grandes bolsas de pobreza en las grandes urbes, permite que la demagogia y el populismo consigan muchos votos en ciudades como Bogotá (9 millones de habitantes), Cali (3,5 millones), Medellín (2,5 millones) o Cartagena (1,5 millones). El principal desafío del próximo Gobierno debería ser mejorar las infraestructuras en los asentamientos urbanos donde residen los “desplazados”. Comúnmente se denominan “invasiones” y, agrupan a miles de emigrantes que abandonaron el campo y se dirigieron a la ciudad, para escapar de los caprichos de la violencia y disfrutar de mayor seguridad, lo que les permite seguir una vida normal sin tener que preocuparse de que un grupo terrorista les haga “desaparecer”.

Sin duda, las Elecciones Presidenciales 2010 son esenciales para el sostenimiento de un Estado de Derecho en Colombia, de modo que se protejan eficientemente la propiedad privada y las libertades de los ciudadanos. Y son cruciales para aportar una referencia democrática que ayude a proporcionar estabilidad geopolítica a la región andina, y que siga generando progreso socioeconómico frente a la ruina y decadencia de Venezuela.

Los ciudadanos colombianos deben ser cautos y recordar la situación de inseguridad que existía hace apenas una década y, desde luego, deben evitar caer en procesos de involución institucional que destruyen la democracia parlamentaria mediante el ataque sistemático de sus pilares fundamentales como la libertad de prensa, la propiedad privada, las elecciones libres, la separación de poderes o la independencia judicial.

Cuando se acerquen a las urnas para depositar su voto, deben evitar los candidatos que estén vinculados a partidos políticos que defiendan utopías o experimentos sociales “colectivistas” y deben ser prudentes, ya que el posible éxito electoral de un político demagogo y populista puede llevar a que Colombia quede nuevamente presa de la inseguridad narcoterrorista o peor, quede secuestrada por el totalitarismo del presidente venezolano Hugo Chávez que, con la ayuda de su Alternativa Bolivariana y sus petrodólares, ya ha logrado ampliar la revolución comunista a otros países andinos como Ecuador y Bolivia.

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Fallo de mercado, oportunidad de negocio

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El mercado “falla”. No siempre está a la altura de nuestras expectativas. Vemos ejemplos de ineficiencia por doquier. Un mal servicio en un restaurante, un holgazán detrás del mostrador, un precio excesivamente caro por un producto, una tienda sin clientes, un aparato que no hace lo que dice, un fontanero que no nos arregla bien la cisterna, el coche que se nos avería después de comprarlo o una mala película.

Si el mercado fuera “perfecto” cobraríamos más que nuestro compañero que produce menos, o no echaríamos en falta un servicio que está muy demandado en el barrio pero nadie satisface, o esa empresa que recibe tantas quejas hubiera cambiado ya de gestor.

Los ejemplos concretos de ineficiencias o imperfecciones, de acuerdo con nuestro estándar de lo eficiente o perfecto, no son razones para intervenir el mercado si lo consideramos de forma dinámica en lugar de estática. El mercado es un proceso, una estructura de incentivos que tiende a la eficiencia (palabra clave: tiende). Esto es, las empresas e individuos, en un contexto sin barreras legales de entrada al mercado, tienen incentivos económicos para descubrir ineficiencias (demandas insatisfechas o formas de producción más rentables) y corregirlas.

Cada fallo del mercado, o ineficiencia desde una perspectiva estática, es una oportunidad de negocio desde una perspectiva dinámica. Significa que hay algo que no se está haciendo bien, o que podría hacerse mejor, y aquél que explote esta oportunidad latente antes que los demás se hará con un beneficio extraordinario en el corto plazo.

Así, el hecho de que en un determinado momento haya una empresa que ofrezca un pésimo servicio, o que consideremos que nos está timando, o que se resista al cambio, o que no cubre una determinada necesidad de la gente, no debería llevarnos a concluir que el Estado “tiene que hacer algo”, pues el mercado tiene su propio mecanismo de corrección a medio y largo plazo. Los incentivos económicos del mercado son una mejor garantía de que esa “ineficiencia” va a corregirse con el tiempo que el voluntarismo del Estado, carente de incentivos económicos para encontrar soluciones eficientes, propicio a la incompetencia y al abuso de poder.

Cuando veo, pues, una ineficiencia en el mercado no siento el impulso de criticarlo y exigir la intervención pública. Pienso “alguien puede hacerse muy rico explotando esta oportunidad”, o “esta empresa durará poco”, o “seguro que a alguien se le acaba ocurriendo cómo solventar este problema”, o “espero que el competidor cruja a este incompetente”, o “si nadie está satisfaciendo esa demanda a lo mejor es que no es tan sencillo (y rentable) como parece”.

Hay que darle tiempo al mercado, entenderlo como un proceso dinámico con mecanismos de autocorrección. El intervencionista, impaciente, quiere “hacer algo” de inmediato, obviando que el Estado falla más a menudo y su estructura de incentivos no favorece una tendencia a la autocorrección.

Recientemente me pusieron el ejemplo del coche eléctrico para ilustrar que el mercado no funciona como debería. En este documental se explica como General Motors abandonó el proyecto del coche eléctrico. ¿Ineficiencia del mercado? Varias dudas me asaltan: ¿Es realmente una buena idea? ¿No será más arriesgada y menos rentable de lo que parece?¿Están los consumidores tan interesados como para pagar lo que vale? Si hay una demanda latente o potencial lo bastante alta como para proporcionar ingentes beneficios (considerando los costes de desarrollar el producto), estamos ante una oportunidad de ganancia.

El mercado automovilístico es competitivo, no hay barreras legales de entrada al sector. Si General Motors desaprovecha esta supuesta oportunidad, otros que sí la perciban como tal tienen incentivos para implicarse. Así, por ejemplo, lo afirmaba Patrick Renau, presidente Associación Promotora del Vehículo Eléctrico Volt-Tour: “Otras empresas de fuera del sector automovilístico están aprovechando la opotunidad de negocio que General Motors no quiso aprovechar”. El mecanismo autocorrector del mercado, en marcha.

Solventando la deuda con Margaret Thatcher

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

El pasado mes de marzo la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) otorgaba su Premio Anual de la Libertad a Margaret Thatcher (Primera Ministra británica entre 1979-1990). Un acierto, sin duda alguna. Pocas figuras del mundo político han tenido tanta trascendencia por su pensamiento y por sus hechos durante el siglo XX, con un mensaje dirigido a un destinatario global, que renunciaba al cortoplacismo, descartando deliberada y voluntariamente el relativismo como modus operandi.

Margaret Thatcher, en defensa de la libertad, libró (y salió victoriosa) una batalla sin complejos contra su mayor enemigo durante el siglo XX: el comunismo. La defensa de la libertad y del individuo fue la parte central de su discurso. Ésa es la gran herencia que nos dejó. En consecuencia, las generaciones más jóvenes deberían saber en qué consistió su ideología, con la que primero transformó a su partido y, más tarde, a su país.

En efecto, cuando ganó las primeras elecciones (mayo de 1979), la decadencia moral, económica y política tanto británica como de Europa occidental era evidente. El “consenso de posguerra” (definido por ella en varias ocasiones como “un fraude”) era el principal causante. Éste fue creado por el gobierno laborista de Clement Attlee, aunque lo “perfeccionaron” los propios conservadores para lo cual eliminaron todo componente liberal de sus programas y aceptaron sin crítica alguna el Estado Providencia.

Las consecuencias de este proceder fueron nefastas: bancarrota a todos los niveles del Estado y de la sociedad británica. Ella misma describió así el panorama: “lo que estamos viendo en Reino Unido ahora no es una crisis del capitalismo sino del socialismo. El Estado controla la economía restringiendo la libertad sin producir prosperidad. Eso es lo normal en los países comunistas. En comparación con los países comunistas, los occidentales han mostrado que la libertad funciona. Pero en Reino Unido esa libertad está siendo permanentemente amenazada y erosionada. Yo creo que la gente desea tener más libertad de elección en cada uno de los aspectos de su vida: libertad para elegir”.

Por tanto, la primera tarea que tuvo Margaret Thatcher, una vez fue elegida como líder del partido (1975), consistió en cambiar a éste. Tarea complicada y en la que contó con el apoyo doctrinal e intelectual de Keith Joseph (1918-1994). Ambos apostaron por un programa político donde había una serie de premisas innegociables: defensa del libre mercado, importancia de la elección individual y de la responsabilidad, valor de la familia y de la independencia nacional.

Por ello, lo que hizo la Dama de Hierro fue retomar ideas que su partido había defendido en el pasado y de las que se había ido distanciado debido a que el posibilismo, disfrazado de pragmatismo, se apoderó de los sucesivos ejecutivos de Winston Churchill, Anthony Eden, Harold MacMillan, Alec Douglas Home y, sobre todo, de Ted Heath, cuyo gobierno (1970-1974) supuso el principio del fin de un modo de hacer política por parte de los tories. Edward Heath tuvo la opción de cambiar el panorama político y económico británico, aplicando las recetas que luego utilizó Thatcher, pero cedió ante la presión, especialmente de los sindicatos.

La trayectoria política de Margaret Thatcher no presenta fisuras. Más allá de sus tres victorias electorales consecutivas (1979, 1983 y 1987), hay otros hechos que cobran aún mayor trascendencia. Uno de ellos, la influencia sobre su rival político, el Labour Party, quien hubo de cambiar su credo, adaptándolo al marco teórico del Tacherismo. La eliminación de la Cláusula IV fue el gran ejemplo, aunque no el único. Igualmente, durante sus años de gobierno, hubo otro fenómeno que ilustró la veracidad de las tesis manejadas por Thatcher. Nos referimos a la creación del “Essex Man”, esto es, el votante de izquierdas que dio su confianza electoral al partido conservador.

En definitiva, la palabra libertad se presta a que los políticos la empleen de un modo tan retórico, que hace su contenido vacuo. Sin embargo, Margaret Thatcher, le dio un significado real, al mismo tiempo que nos puso sobre la pista de nuevas amenazas que, enumeradas por ella hace 20 años, tienen hoy protagonismo (los Estados fallidos, el terrorismo internacional o el capitalismo de ficción). Para derrotarlas, ella nos dijo tanto lo qué no teníamos que hacer (contemporizar con el enemigo, pues es el primer paso para la derrota) como la estrategia acertada: librar la batalla de las ideas y hacerlo sin complejos, puesto que la superioridad moral de la libertad es algo incuestionable e indiscutible.

Sexagésimo aniversario de la declaración Schuman

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A las 6 de la tarde del 9 de mayo de 1950, en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, tuvo lugar uno de los discursos más transcendentales en la historia de la Unión Europea. Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, fue el encargado de leer la que sería conocida como Declaración Schuman, en la que se hacía un llamamiento a la paz mundial, a la integración europea y a su puesta en marcha mediante realizaciones concretas. Esa realización concreta se plasmaría en la puesta en común de la producción de carbón y acero y su sometimiento a una autoridad supranacional.

Apenas un año después se firmaría el Tratado de París, que daría lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La experiencia sirvió para que en 1957 se firmasen los Tratados de Roma, que darían lugar al nacimiento de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Hoy, sesenta años después, resulta casi inevitable hacerse la pregunta de si el proceso iniciado con dicha declaración ha sido positivo o no. Para ello debe analizarse el contexto histórico en la que se produjo: cinco años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania aún ocupada, en plena Guerra Fría y mes y medio antes de que se iniciase la Guerra de Corea. En este contexto no extraña que la primera frase del discurso sea que “la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan”.

En búsqueda de esta paz, se rescataron las ideas del Conde Richard Coudenhove-Kalergi sobre la integración europea como forma de evitar enfrentamientos bélicos. No obstante, y probablemente influidos por fracasos anteriores como la Unión Federal Europea, se abandona la idea de realizar una integración en todos los sentidos. Así, en el discurso se deja clara la idea de que “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas”, motivo por el que se inicia dicha integración por elementos tan concretos como el carbón y el acero. Creando un mercado único, que comenzase por estos productos, se pretendía evitar futuras tensiones bélicas.

Parece claro que el objetivo fundamental de la Declaración ha sido un éxito, al no haberse producido ningún enfrentamiento bélico entre los países integrantes de la Unión Europea (aunque, por ejemplo, los conflictos de los Balcanes haya afectado a países en aquel entonces no miembros). Por otro lado, la “fusión de los mercados” de los países que integran la UE ha sido un hecho. Basta con acudir a cualquier supermercado para poder adquirir productos de distintos países que en principio circulan por los países miembros sin ningún tipo de obstáculo. Por tanto los organismos herederos de la alta autoridad propugnada en la Declaración Schuman, parecen haber logrado evitar el nacionalismo económico de los gobiernos de los respectivos países miembros, que normalmente hubiesen recurrido a barreras arancelarias y no arancelarias, para obstaculizar la entrada de productos de países competidores.

No obstante, pese a sus innegables logros, también pesan sombras sobre la actual Unión Europea. El viejo problema de Quis custodiet ipsos custodes? sigue siendo válido. Es cierto que las autoridades supranacionales de la UE vigilan y ponen en marcha mecanismos para, por ejemplo, tratar de impedir que las autoridades nacionales recurran al establecimiento de barreras no arancelarias que limiten la libre circulación de mercancías. No obstante no existe ningún impedimento para que las autoridades comunitarias puedan establecer dichas barreras frente a terceros países, o que los requerimientos sanitarios, técnicos o medioambientales que establezcan favorezca a determinados grupos de presión, creando barreras legislativas anteriormente inexistentes y de difícil justificación.

También debe reseñarse que el procedimiento legislativo resulta complejo, lento y sometido a múltiples variantes (procedimiento legislativo ordinario o de codecisión, procedimiento legislativo especial de consulta y de dictamen conforme), lo que unido a la multiplicidad de organismos y el mecanismo de elección de los miembros, a veces elegidos por sufragio, a veces por los representantes de los países miembros, hace difícil determinar quién debe ejercer el control sobre la compleja administración europea y a quién debe rendir cuentas ésta.

El alejamiento de estos organismos de los problemas reales europeos queda patente en distintos informes y legislaciones, que centran sus esfuerzos en temas no relacionados con el mercado único, y que obstaculizan y dificultan la producción de bienes y servicios en el seno de la UE. Por otro lado, la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales en algunos campos, como los servicios, presenta obstáculos legales, por lo que la fusión de mercados, que en un principio se planteó, no se encuentra en el estado en que debiera encontrarse sesenta años después de las palabras de Schuman.

Por lo tanto, en este sexagésimo aniversario, cabe celebrar, sin duda los aspectos positivos que ha introducido la Unión Europea, pero sin olvidar las dificultades y complejidades añadidas que ha supuesto y que suponen un obstáculo para la recuperación económica.