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¿Las Malvinas o las Falklands?

Hillary Clinton ha reavivado la polémica en torno a la soberanía de las islas Falkland al ofrecerse a mediar en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. El Telegraph respondió con un editorial muy británico: no hay ninguna disputa que resolver; la cuestión quedó zanjada en 1982 durante el mandato de Thatcher, cuando el ejército inglés repelió con éxito la invasión de la dictadura argentina.

Buenos Aires está lanzando una ofensiva diplomática y quiere que el Comité de Descolonización de la ONU arbitre el conflicto. El Gobierno argentino sostiene que las islas fueron inicialmente administradas por el virreinato de Río de la Plata, pasando a ser luego argentinas, y que los ingleses usurparon la soberanía mediante conquista y expulsión del asentamiento nativo. Murray Rothbard, en un anglófobo artículo sobre la guerra de las Malvinas, respalda las reivindicaciones históricas argentinas.

La versión inglesa es distinta, obviamente. Una expedición británica reclamó la isla Trinidad y otras colindantes en 1765, un año antes de que España adquiriera la colonia francesa de Port St. Louis (también en el archipiélago) y la pusiera bajo la administración del virreinato del Río de la Plata. El asentamiento británico fue desmantelado en 1774, pero Londres no renunció a sus derechos. La colonia española fue abandonada en 1811, dejando las islas sin habitantes ni gobierno. En 1829, Argentina (independiente en 1816) reclamó el territorio, derivando sus derechos del virreinato. Londres protestó y, tras una escaramuza entre Argentina y Estados Unidos a propósito de unos derechos pesqueros, regresó en 1833 para reivindicar su soberanía. Los ingleses permitieron quedarse a los colonos del pequeño asentamiento argentino, nombrando gobernador a uno de ellos (de origen irlandés).

No está claro que la historia vaya a cerrar el debate. En cualquier caso tiene poco de liberal remontarse a reivindicaciones estatales de hace más de dos siglos para determinar la soberanía de un pueblo actual, como si fueran los Estados y no los individuos los que tuvieran derechos (o, más aún, los Estados los heredaran de aquellos imperios de antaño dedicados a la conquista). Lo que cuenta es la opinión de las personas que hoy habitan las islas, muchas de las cuales son descendientes de los primeros colonos, y así lo corrobora la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de territorios.

Ludwig von Mises, en el apartado “El derecho a la autodeterminación” de su libro Liberalism, habla del “derecho de auto-determinación de los habitantes de cualquier territorio lo suficientemente grande como para formar una unidad administrativa independiente”. Según Mises, debe respetarse la voluntad de los habitantes de un pueblo, un distrito entero o una serie de distritos adyacentes que expresen en un plebiscito libre su deseo de formar un Estado independiente o asociarse a otro Estado.

El Reino Unido dice defender la voluntad de los colonos, muchos de los cuales son descendientes de la primera generación, y protegerlos de imposiciones externas. Londres está dispuesto a conceder la independencia a los isleños tan pronto como la pidan. Pero la inmensa mayoría ellos quieren seguir siendo británicos. En este sentido, ¿no estaría justificada una intervención militar británica si Argentina intentara tomar las Falklands por la fuerza, como intentó en 1982?

Murray Rothbard se opuso entonces a la intervención inglesa con argumentos poco persuasivos. Se preguntaba por qué los contribuyentes británicos tenían que sufragar la defensa de una isla a 8.000 millas de distancia. Pero lo mismo puede decirse de cualquier otra parte del territorio nacional: ¿por qué tienen los contribuyentes que sufragar la protección de un pueblo cualquiera del país? ¿Era Rothbard contrario a toda guerra defensiva o sólo justificaba aquellas que ponían en peligro a una parte sustancial de la población, dejando a las minorías a merced de los agresores? ¿Es la “distancia” relevante a la hora de considerar la justicia de una guerra?

El argumento de Rothbard, que secunda Raimondo y casi todo el liberalismo anti-guerra, tiene otra falla que raramente se admite: el Estado monopoliza la defensa nacional; esa monopolización es ilegítima desde un punto de vista liberal radical, pero mientras usurpe recursos a los ciudadanos y no les permita la entrada en este mercado no puede argüirse que la inacción absoluta del Estado reproduce el comportamiento de una sociedad hipotéticamente libre. En un escenario anarcocapitalista las agencias de protección podrían emprender acciones militares defensivas o humanitarias en tanto sus clientes estuvieran dispuestos a pagar por ello (la internalización de los costes, entre otras razones, hace suponer que la opción bélica tendería a ser poco atractiva). El hecho de que el Estado hoy secuestre esta función no implica que luego deba decantarse sin excepción por la pasividad. Si el Estado monopoliza la sanidad, ¿es preferible que sea “pasivo” y se niegue a tratar a los pacientes?

Otra cuestión es que a nivel pragmático (considerando los costes humanos y materiales, los riesgos, las consecuencias imprevistas, etc.) una guerra aparentemente justa sobre el papel no esté, a la postre, justificada.

La situación de las Falklands, por último, guarda cierto paralelismo con Gibraltar, donde el 98.97% de los llanitos quiere permanecer bajo jurisdicción británica. Como en las islas, no corresponde a España o al Reino Unido decidir sobre el futuro del peñón, sino a los gibraltareños que allí residen.

Yo el domingo tenía una empresa y dejé de tenerla en dos segundos

El mundo de los emprendedores es muy variado y las razones que suelen tener para lanzarse a la aventura de constituir una empresa son también muy diversas y complejas: obtener unos mayores ingresos, no tener que seguir las instrucciones de un superior jerárquico, asegurar el futuro de la familia cuando en el futuro no se esté, el espíritu de aventura, motivaciones éticas, etc.

Aunque sean distintas las motivaciones de cada emprendedor, sí comparten la característica común de arriesgar parte o la totalidad de su patrimonio, tiempo y reputación en acometer nuevos proyectos o en reforzar los ya existentes. El riesgo es algo inherente a la labor emprendedora, ya que pueden llegar a perder gran parte o incluso todos sus ahorros si algo sale mal. Por ello, son numerosos los factores que tienen que controlar para asegurar el éxito: proveedores, clientes, empleados, inversiones, financiación, etc.

Por todo esto, el respeto al derecho de la propiedad se convierte en un factor muy importante a valorar a la hora de acometer una inversión. A nadie le gusta arriesgar su patrimonio, tiempo y esfuerzo para ver, el día de mañana, que ha perdido el primero. Y aunque éste puede perderse porque el negocio fracase o incluso por razones de fuerza mayor, siempre tranquiliza el hecho de que el emprendedor no se verá privado de su patrimonio fuera de estas circunstancias.

Sin embargo las razones anteriores no son las únicas por las que una persona puede verse privada de su patrimonio. Las legislaciones de cada país prevén motivos por los que la administración pública puede expropiar el patrimonio de una persona. En los países donde se respetan más los derechos del individuo, la expropiación no puede realizarse sin estar amparada por una ley, por causas tasadas y pagándose un justiprecio que compense la pérdida del patrimonio. Además, se suelen proporcionar mecanismos jurídicos para que el expropiado recurra si percibe que la operación se ha efectuado sin las garantías correspondientes, arbitrariamente o a un precio injusto. Sin embargo no siempre ocurre así, bien porque la ley que permite la expropiación es tan ambigua que permite causas de difícil justificación, o incluso porque no existen leyes o garantías.

Así una persona puede decir de un día para otro: “Yo el domingo tenía una pequeña empresa y dejé de tenerla en dos segundos”. Si los emprendedores pueden ser privados de su negocio no por haber fracasado su aventura empresarial sino por una arbitrariedad política, no es de extrañar que las personas que estuviesen pensando en abrir una empresa se vean totalmente desanimadas por este antecedente y disminuya la iniciativa empresarial en el país. Por lo tanto, el daño causado no se limita simplemente a las personas directamente afectadas, a quienes se les ha privado de su empresa de manera arbitraria, sino a muchos otros que ven cómo el fruto de su esfuerzo puede desaparecer en un instante y que deciden no emprender.

Es por ello que el respeto de los derechos del individuo en los procesos expropiatorios resulta vital para fomentar la actividad económica de un país. Mientras más firmemente se protejan estos derechos, más personas se verán animadas a iniciar una actividad empresarial, y mayor será la riqueza generada.

Huellas rojas

En la localidad de Xiaogang, en la provincia oriental de Anhui, la vida era dura e incierta. Era un pueblo de agricultores, pero no lograba ni alimentarse a sí mismo. Se le conocía como “el pueblo de las tres dependencias”, pues no podían sobrevivir sin los subsidios oficiales de grano, préstamos para atender sus necesidades básicas y ayudas para lograr los recursos necesarios para mantener una producción miserable. Cada año, tras la cosecha del otoño, las familias se desplazaban a localidades cercanas a pedir comida. En la primavera de 1978, la situación empeoró a causa de la sequía. La situación era desesperada. A muchos les esperaba la muerte por inanición, y lo sabían.

Antes de que la muerte diese sus pasos, 16 agricultores, demacrados por las huellas del hambre, se reunieron en secreto la noche del 24 de noviembre. Sabían que no podían continuar así. Y sabían, también, qué hacer al respecto. Habían vivido bajo el sistema Da guo fan, algo así como “la gran olla de arroz”, según el cual todos recibían la misma cantidad de alimento, sin relación alguna con cuánto había aportado cada uno. Eso iba a cambiar esa noche. Mancharon sus dedos de rojo y con sus huellas sellaron un papel que contenía un acuerdo. Ahora, en contra de las directrices del régimen, resolvieron parcelar el terreno común, repartírselo, y cambiar la responsabilidad comunal por la individual. Lo llamaron Da bao gan, un “contrato amplio”.

El periodista Wu Xiabo lo llama “sistema de responsabilidad contractual personal” que, sin duda, es mucho más descriptivo. Resolvieron que si les encarcelaban por el crimen que estaban a punto de cometer, los pueblos vecinos se harían cargo de sus hijos hasta que éstos cumpliesen 18 años. Estaban dispuestos a ser encarcelados o ejecutados antes de seguir con el sistema comunal. Amaneció al día siguiente y todo pareció volver a la normalidad, como si no se hubiese producido una pequeña revolución.

La siguiente cosecha, estos agricultores produjeron 90.000 kilos. ¿Es eso mucho o poco? Era lo mismo que habían producido en los veinte años anteriores. Comenzaron a pagar sus deudas. Dejaron de mendigar alimentos para vivir. El éxito no se podía esconder y llegó a oídos de Wan Li, primer secretario de Anhui, que promovió el ejemplo de Xiaogang por toda la provincia. Hoy se reconoce que ese pacto secreto es el origen de la reforma agraria que ha permitido a China alimentar a una población creciente y exportar a tasas sorprendentes.

Xiaobo se hace eco de esta historia, por lo demás bastante conocida, en la China emergente. Hoy, ese documento con las huellas rojas sobre los nombres de los firmantes del acuerdo de Xiaogang forma parte del Museo Nacional de China, antes Museo de la Revolución China. La historia tiene varias lecturas: cómo la amenaza de la muerte puede llevar a unos pobres campesinos a rebelarse ante la autoridad o la diferencia entre el sistema comunal y el de la propiedad privada. Pero es también interesante que, según Xiaobo, “si hacemos una retrospectiva sobre los treinta años de reforma en China, descubrimos con frecuencia que es el pueblo el que provoca los cambios más relevantes”.

El fin del castrismo

Hace un tiempo me contaron un chiste ingenioso a la par que tristemente cierto en lo que se refiere a la realidad cubana. En una hipotética conversación, Fidel Castro le pregunta a Hugo Chávez "compañero, ¿qué es lo que tú estás haciendo con Venezuela?". El inquirido respondía: "Bolivarizándola". Acto seguido añadía: "¿Y tú?, comandante, ¿qué es lo que estás haciendo con Cuba". "Martirizándola", respondía el barbudo tirano caribeño. Tal vez peque de excesivo optimismo, pero creo que podemos estar contemplando el inicio del fin de ese largo martirio de más de medio siglo de dictadura comunista en la Isla.

La muerte de Orlando Zapata Tamayo, ese dramático acontecimiento que jamás tuvo que ocurrir, puede suponer un punto de inflexión en la evolución de la larga dictadura castrista. A raíz del fallecimiento del valiente opositor a causa de su huelga de hambre y los malos tratos recibidos se han producido hechos que antes inimaginables. El hecho de que los medios de comunicación oficiales (los únicos tolerados por el régimen castrista) hablaran de Zapata Tamayo para denigrarle es una buena muestra de ello. Antes nunca hubieran citado su caso, puesto que la inmensa mayoría de los cubanos no habrían oído hablar jamás de él. El que ahora lo hayan hecho demuestra que funcionan los canales informales de información creados de forma clandestina desde la sociedad civil. El Gobierno de La Habana ha contestado porque está perdiendo el monopolio de la comunicación.

Los canales informales de comunicación llegan incluso hasta las cárceles, como demuestra el hecho de que varios presos de conciencia se pusieran en huelga de hambre (al igual que ha hecho en su casa Guillermo Fariñas) tras la muerte de Zapata Tamayo. A esto hay que sumar que muchos cubanos parecen estar perdiendo el miedo. Los asistentes al velatorio del nuevo mártir por la libertad en Cuba no dudaron en mostrar la cara ante las cámaras de video y fotografía, algo que antes no resultaba común. No es un valor producto de que no haya nada que temer, surge de haber llegado al límite del aguante ante la represión diaria de la dictadura. También, y por los mismos motivos, grupos de vecinos no implicados en actividades opositoras del pueblo de Zapata Tamayo se mostraron ante los agentes de la dictadura acudiendo a su entierro durante el amanecer.

La dictadura castrista responde de la única manera que sabe hacerlo. Con detenciones cada vez más numerosas, maltratando a los opositores presos y sin hacer nada para salvar la vida de Ariel Sigler Amaya y Normando Hernández González, otros dos presos de conciencia cuya salud está deteriorada hasta el punto de que pueden morir en cualquier momento. A esto se suma una feroz campaña interior y externa de propaganda e insultos contra los opositores vivos y muertos. Una campaña a la que se suman con alegría artistas como "Willy" Toledo o Miguel Bosé y gobernantes como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

Esperemos que mi optimismo no esté injustificado. El castrismo nuca ha parecido tan débil como ahora ni la oposición había logrado con anterioridad una presencia interna y externa tan grande como la actual. La dictadura puede tardar en caer todavía meses o, incluso, unos pocos años. Sin embargo, ha comenzado a derrumbarse. Dentro de no demasiado tiempo tal vez veamos a unos Moratinos, Lula da Silva, Bosé o Toledo inventando excusas para justificar su alineamiento con la tiranía.

El fracaso del sistema de pensiones y la ‘previsión social’

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo reformas para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado previsión social, que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

Cuba o el paraíso

Apenas han transcurrido dos días desde que Javier Bardem pisara por última vez la alfombra roja que, nueve años atrás, le llevó a estar nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación de Reinaldo Arenas en la versión cinematográfica de la autobiografía de este poeta cubano. No es el momento ni el lugar para escribir sobre glamour o hacer una crítica de cine pero sí para reflexionar sobre la relación que existe entre el llamado mundo de la cultura y el régimen cubano. Y es que, al parecer, muchos de los artistas e intelectuales patrios que no dudan en emular estas fastuosas ceremonias y sueñan con estar algún día entre sus premiados, o no vieron la película protagonizada por su compañero o no la entendieron. Hay una tercera posibilidad, pero supone mala fe e implicaría una complicidad con el mal del todo inexcusable.

Como Estado Socialista superviviente al desplome de la Unión Soviética, la isla de Cuba permanece a tan solo 160 kilómetros de Estados Unidos como una exótica anacronía que ha fascinado a muchos intelectuales que, como Hemingway, se han dejado seducir por sus placeres sin atender la falta de libertad que padecen los propios cubanos. Destino de viaje, inversiones y favores patrocinados por estados democráticos, Cuba ha vivido ajena a la prosperidad y la libertad gracias a la rígida e inflexible aplicación de los principios revolucionarios dictados por Fidel hace ya más de medio siglo: “Patria o muerte”.

Como todos los dictadores que se envuelven en la bandera no hay más patria que su propia figura y la muerte se convierte en el único destino al que puede aspirar cualquier atisbo de disidencia. Ni toda la sangre derramada ni la miseria a la que ha condenado a todo un pueblo han conseguido sensibilizar y conmover a esa vanguardia de intelectuales y artistas siempre prestos a actuar como abajofirmantes de las causas más nobles… siempre que estén en comunión con sus ideales de obediencia socialista.

No se trata pues de desconocimiento sino de incapacidad para ver, más allá del error intelectual que supone el socialismo, los sufrimientos y desajustes causados al tratar de construir el paraíso socialista en el que la felicidad del hombre nuevo traerá la armonía a un mundo imperfecto. Así pues, todo atropello e infracción de los más elementales derechos del Hombre son justificados y justificables, porque el bien será mayor y su sufrimiento de hoy supondrá su liberación del mañana. El problema es que, desde la revolución francesa hasta la cubana, estos experimentos han fracasado y el progreso se ha reducido a la destrucción de oportunidades y vidas.

Seres miméticos como somos, actitudes e ideas de estos referentes populares traspasan a gran parte del cuerpo social siendo fácil encontrar en cualquier conversación el acuerdo infundado de que la Sanidad cubana es una de las mejores del mundo o de que hay que viajar a Cuba antes de que muera Fidel. La realidad es que los familiares que pudieron huir de la isla cárcel siempre que tienen oportunidad envían medicinas a quienes se quedaron dentro y la nomenklatura del régimen es tratada por médicos extranjeros en hospitales de élite. Tampoco es fácil entender a qué Cuba quieren viajar, ¿a la de los complejos hoteleros sólo para turistas o a la de la cartilla de racionamiento? Entrar en un isla de la que su población no puede salir, sólo escapar, no parece el mejor de los destinos turísticos; disfrutar aprovechándose de la miseria ajena no parece un comportamiento ejemplar.

El rostro del Ché, emblema descafeinado de movimientos contestatarios, es otro ejemplo de la perversión de toda una generación capaz de lucir con orgullo la memoria de un asesino y el símbolo de una ideología destructiva que sólo conoce su figura a través de los panegíricos que destilan los medios dominados por esta élite cultural.

Estos misioneros de salón se autropoclaman como vanguardia, no ya autoconsciente, sino consciente y conocedora de los problemas ajenos y de sus soluciones. Desde la comodidad del Primer Mundo, ordenan y aconsejan al Tercero condiciones y fórmulas en las que ellos jamás tolerarían vivir. Su capacidad de empatía queda cegada por sus buenas intenciones y objetivos superiores, dando mayor importancia, como diría Paul Johnson, a las ideas que a las personas. A través de este proceso mental, las víctimas de los hermanos Castro se convierten en meros obstáculos y anécdotas que no pueden, ni deben, desmerecer el objetivo final, el de una sociedad buena ordenada según los principios del Comunismo y que el “socialismo real” trata de construir. Luego, ya sólo queda la propaganda, la conversión del mito y la popularización de la mentira. Todo sea por el bien de la Humanidad.

Entre tanto, las vidas truncadas de los disidentes interiores o exteriores, exiliados o encarcelados, vivos o muertos, pasan desapercibidas ante la sensibilidad de estos progresistas acomodados, que son incapaces de denunciar la dictadura castrista de forma contundente y apoyar así el anhelo de todo un pueblo que muere, literalmente, por ser libre. Nuestra obligación, es no olvidarlos y tomar su rebeldía como ejemplo; como el propio Reinaldo Arenas, cuyas últimas palabras escritas fueron “mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy”. Que su lucha y su esperanza sean las nuestras.

Entreabriendo los cielos

En los inicios de la aviación, algunos teóricos sostuvieron que el espacio aéreo debía ser libre. Sin embargo, tras la Gran Guerra esta idea se echó al cubo de la basura. Los estados se apropiaron del mismo y decretaron desde la primerísima Convención de París de 1919 la soberanía exclusiva y completa sobre el espacio que se levantaba sobre su territorio. Los cielos quedaron bien cerrados a la entrada de extraños y al cuidado de cada manto de protección estatal. A partir de entonces, la intervención pública fue intensa: se fijaron tarifas y cupos de vuelo, se impuso la restricción a la competencia y la propiedad pública de las aerolíneas (compañías de bandera), y la concesión de ayudas o subvenciones a fondo perdido fue lo habitual. La disciplina de mercado brillaba por su ausencia.

La Convención Internacional sobre Aviación Civil celebrada en Chicago a finales de 1944 vino a ratificar dicha situación, aparte de crear la OACI como agencia de la ONU para promover las normas y reglamentos únicos en la aeronáutica internacional. No obstante, se consideró que tal vez no fuese del todo mala la idea de permitir ciertas libertades del aire y, por tanto, entreabrir los cielos a la competencia. Para ello, se crearon mecanismos con el fin de que los estados firmantes liberalizaran los cielos de forma multilateral, cosa que, obviamente, fue un fracaso como lo han sido generalmente las rondas de la OMC para liberalizar el comercio mundial.

Lo único que ha funcionado son los acuerdos bilaterales entre estados o bloques de ellos, asemejándose la liberalización a lo ocurrido con los acuerdos preferenciales, como traté en un comentario anterior.  Hoy, la industria del transporte aéreo mundial se encuentra dominada y restringida por una maraña sumamente compleja de acuerdos paritarios entre Estados que determinan qué líneas aéreas pueden operar por cada ruta y qué precios y capacidad se pueden ofrecer en cada caso.

Las reglas de las rutas comerciales de la aviación nacional de los EE UU empezaron a liberalizarse a finales de los 70 mediante la desregulación del mercado doméstico y el cierre de la Civil Aeronautics Board; por su parte, se liberaron los vuelos internacionales con la firma de numerosos acuerdos bilaterales con otros Estados. Muchos países replicaron estos mecanismos de semi-apertura recíproca.

En los 80, una fuente más de presión para abrir los cielos fue la consolidación de los vuelos charters que, al no ser regulares, podían zafarse de la imposición de precios establecidos por la IATA, asociación controlada por las compañías de bandera e, indirectamente, por sus gobiernos. Europa tardó mucho más (1997) en conseguir una liberalización dentro de sus propias fronteras comunitarias, mediante la integración progresiva iniciada en 1990. Todo ello impulsó la aparición de compañías de bajo coste que, unido a las posibilidades que ofrecía Internet, revolucionaron el sector.

El 22 de marzo de 2007, los responsables políticos de gestionar el espacio aéreo más importante y rentable del mundo (EE UU y Unión Europa), que acapara el 60% de todo el tráfico existente, firmaron la liberalización entre ambos bloques. Las compañías aéreas de los países implicados operan ya desde marzo de 2008 casi libremente entre sus ciudades sin más limitación que la disponibilidad de slots. Se han establecido no obstante ciertos límites como la imposibilidad de adquirir la mayoría del capital o el control de una compañía aérea nacional (aún considerada sector estratégico). Queda todavía pendiente la conquista del último bastión del proteccionismo aéreo: la libertad de cabotaje que permite embarcar pasajeros y mercancías en un Estado que no es propio del avión y desembarcarlos en ese mismo país. Además, cabe la marcha atrás de cualquier parte firmante mediante la “cláusula de suspensión automática” y volver al rancio proteccionismo de antaño, caso de no respetarse la reciprocidad. A pesar de todo ello, dicho acuerdo es un hito en la historia de la desregulación de la aviación civil transatlántica. La firma de una segunda fase liberalizadora de dicho acuerdo está prevista para antes de septiembre de 2010; si se logra, muchos Estados de EEUU y de Europa se abrirán definitivamente y surgirán nuevas relaciones económicas, sociales y culturales entre ambas zonas.

La liberalización trae consigo mejores precios, mayores ofertas de rutas, crecimiento de las exportaciones y del turismo, un control de costes en las aerolíneas y más inversiones y ganancias para la economía en su conjunto tal y como sucedió con la apertura de los cielos norteamericanos en los 80 y europeos en los 90. Con ello se va a reestructurar necesariamente el sector. El baile de fusiones y/o alianzas no ha hecho más que empezar.

Por el contrario, aquellos países que han mantenido políticas restrictivas su número de visitantes y de carga aérea ha descendido, su oferta de rutas y vuelos ha sido deficiente con respecto a la demanda y sus usuarios han visto encarecerse el servicio de transporte aéreo. Ejemplo de ello es Latinoamérica y su caso paradigmático, Brasil, destino turístico que, debido a las políticas proteccionistas de su espacio aéreo en los años 80, registró una bajada del 44% de visitantes entre los años 1986 y 1990. En contraste, México, uno de los primeros en firmar un acuerdo bilateral con los EE UU en 1988, es el país latinoamericano que más turistas recibe al año.

Como acertadamente señala Adrián Ravier, es ya irrelevante que las líneas aéreas sean públicas o privadas, lo decisivo es el marco regulatorio: eliminar las restricciones legales, acabar completamente con la competencia controlada, permitir la entrada de cualquier transportador y garantizar idénticos derechos para cualquier compañía que opere en su territorio. Lo único que deberían hacer los responsables políticos en la materia es mejorar las infraestructuras aeroportuarias y llevar un control de los estándares de seguridad.

Lo mejor y más osado sería no esperar a conseguir acuerdos recíprocos sino establecer la apertura completa del espacio aéreo a cualquier operador de manera unilateral e irrestricta. El éxito sin paliativos de las políticas de liberalización unilateral llevadas a cabo (1) tanto por Singapur (hoy disfruta de uno de los mercados aéreos más importantes de Asia y casi el 10% de su PIB proviene de los servicios relacionados con ese sector) como por los Emiratos Árabes Unidos -con 92 líneas aéreas tanto propias (1,2,3) como extranjeras que sirven el mercado del reino y no recibiendo su línea nacional emiratí ningún privilegio sobre el resto- puede iluminar a los gobernantes dubitativos entre abrir o no sus cielos.

(1) Guatemala tuvo una política total de cielos abiertos de 1997 a 2000, pero sus gobernantes volvieron al proteccionismo de la reciprocidad tras ese breve lapso de tiempo de libertad irrestricta de sus cielos.

Cambio real, cambio nominal

La actual situación económica está consiguiendo lo que cuatro años de primer mandato negociador con ETA no han conseguido. La intención de voto a favor del PP o, más propiamente, en contra de Zapatero, es de cerca de siete puntos porcentuales. Tal diferencia induce a reflexión acerca de los motivos que, más allá de la mera elección de una u otra papeleta, llevan a los españoles a las urnas.

En el periodo 2004-2008 se produjeron los primeros avisos de que la expansión general del crédito con destinatarios varios, aunque preferentemente en el sector de la construcción, amenazaba con acabar en una crisis fatal. Dado que los avisos de crisis eran minimizados por la nomenklatura académica, y por supuesto política, la fluidez y abundancia de medios de pago eran un bálsamo para el espíritu crítico de los ciudadanos. Pero no solamente la falsa abundancia inducía a los españoles al error. Es más, el acriticismo no es fruto solamente de una tentadora situación en la que tenía más a cuenta endeudarse que no hacerlo. Han sido más determinantes las décadas de educación en la dependencia a que los españoles se han entregado.

Educar en la irresponsabilidad ha sido la tónica de la escuela y de la educación popular de casi cualquier institución. En los centros académicos tanto como en los medios de comunicación, o por parte de los tontos útiles de la cultura, todos se han coaligado con una clase política inmadura que prefiere a un ciudadano incapaz que a uno autosuficiente.

La negociación con ETA conllevó la aceptación pública del chantaje terrorista, la asunción de que alguien con quienes se identifican los españoles de manera compleja pero inequívoca, es decir, las víctimas, pueden ser dejadas de lado si, al final, se elimina el problema de manera indolora y angelical.

Pero tal irrealismo vital era, y es, aplicado a casi todas las demás facetas de la vida. La económica, en particular, ofrecía y ofrece los mismos rasgos. El problema de la subsistencia vital consiste para los adultos adolescentes en que el dinero fluya, los alemanes lo transfieran vía UE, los bancos lo presten fácilmente y los gobiernos lo regalen a quien tenga un proyecto vital de nuevo cuño.

¿Qué esperan, por tanto, los españoles de la oposición? No han cambiado las cosas respecto del anterior mandato. Los que ahora se manifiestan favorables al Partido Popular exigen de éste los mínimos cambios para que se restablezca el bon vivant precedente. La tentación de la inocencia que Bruckner describió es ya una estación, un fin vital, una aspiración a la jubilación anticipable.

Que el PP lo arregle para que nada cambie o, en todo caso, para que se prolongue ese estado en el que los individuos no deban sufrir el más mínimo sentido de la responsabilidad, alejen de su alma la idea de que la riqueza se trabaja con esfuerzo y talento, no con fluidez monetaria, huyan de considerar que los males de la existencia se afrontan aceptando el dolor de la cirugía, o sigan cándidamente creyendo que un ser social es el que vive de la sociedad, no el que coopera productivamente con ella.

La recesión es cosa de todos

En estos tiempos que corren, malos para la economía, malos para la universidad, malos para la ilusión, la gente hace lo que puede para encontrar balones de oxígeno emocionales que le ayuden a no desfallecer. La economía, ciencia basada en la acción humana, a veces depende de imponderables como la confianza o la esperanza. Por eso muchas personas de buena voluntad se apuntan a iniciativas que pretenden “arreglar entre todos” cuestiones que deben solucionar otros. Lo deseable es que quien la haga la pague, o al menos, que le salga caro…

Pero lo relevante cuando hay convulsiones dramáticas es ir al epicentro, al origen. Cuenta la historia que dos mujeres lavaban en el río cuando vieron un hombre que bajaba arrastrado por la corriente mientras trataba de mantenerse a flote. Las mujeres dejaron sus quehaceres y se apresuraron a socorrerle. Cuando estaban con él en la orilla, vieron un segundo hombre que bajaba arrastrado por el río igual que el primero. De nuevo, las mujeres corrieron a ayudarle. Mientras intentaban sacarle vieron un tercer hombre en las mismas circunstancias. Una de las mujeres salió del río y empezó a caminar río arriba. La otra exclamó: “¡Qué haces! ¿Por qué no me ayudas?” La respuesta fue muy clara: “Ya lo hago. Voy a ver quién les está empujando”.

En el caso de la recesión que padecemos, ir en busca de quien empuja no consiste en poner una tirita, meter el dedo en el ojo al partido del gobierno, echar la culpa a los empresarios, o a los trabajadores, o a los artistas… consiste en revisar que ideas están detrás de las acciones incorrectas.

Las ideas económicas a veces llevan directamente a la adopción de una política económica. Ésas no son realmente las más peligrosas cuando son erróneas. Encontrar el origen del error es sencillo. Pero hay teorías económicas que parecen abandonadas en la nube de la abstracción y que están reservadas para los cuatro profesores que nos dedicamos a rastrear en las ideas de otros (economistas o filósofos) que ya no están aquí: el club de los economistas muertos. Y sin embargo, ésas son las más peligrosas porque, aunque no sea evidente, a veces esas ideas permean la mente de toda una generación y se transmiten de profesores a alumnos, de padres a hijos, de legisladores a ciudadanos, sin que se note. Y no es fácil rastrear, de ese modo, “quién está empujando” río arriba.

Una de esas ideas, por ejemplo, es que la economía es un mecanismo, otra es que la riqueza es estática, como una tarta a repartir, y que si uno tiene mucho es porque se ha arrebatado parte de su porción a otro. Y así, podemos hacer una lista interminable. En muchas ocasiones otros teóricos son conscientes de estas ideas tóxicas (memes) que se atrincheran en la mente de la sociedad, y responden, argumentan, escriben, difunden otras teorías “sanas” que deberían suplantar a las tóxicas. Pero no suele suceder. Las razones son múltiples, complejas y difíciles de estudiar.

La recesión, según Jesús Huerta de Soto, es la muestra de que la crisis financiera ha pasado. Los agentes económicos empiezan a reestructurar sus gastos, sus empresas, sus necesidades, toman medidas y eso es bueno. Doloroso, por el paro, por el cierre de empresas, por el drama personal de los afectados, pero necesario. Como la resaca después de una borrachera. El cuerpo reacciona y eso está bien, pero es francamente desagradable.

Lo ideal es que las inversiones malas que se han depurado sean sustituidas por otras mejores, que las empresas no rentables que se han ido al garete sean sustituidas por otras que sí lo son, y de esta manera, que los trabajadores que han perdido su trabajo encuentren fácilmente otro. Este proceso se basa en la idea del “orden espontáneo” que vislumbró Mandeville en su teoría de las consecuencias no queridas, lo apuntó Adam Smith en su teoría armónica de la sociedad y lo explicó clara y profusamente Hayek, padre de la idea del orden espontáneo en economía.

La razón por la que no cuaja es que en nuestra sociedad sigue en vigor la perniciosa idea de que la economía es un mecanismo y que es necesario ajustarlo permanentemente. Los mecanismos automáticos que funcionen perfectamente de aquí a la eternidad simplemente no existen, antes o después se deterioran… como los mercados (si fueran mecanismos automáticos). Por eso la gente levanta sus ojos y mira a los gobiernos, a ver qué hacen.

Lo malo es cuando en vez de facilitar que la economía se reestructure, el gobierno refuerza las inversiones no rentables (el ladrillo) y no facilita que se reintegren los trabajadores parados porque no aparecen nuevas empresas. Y eso es lo que está pasando en España. Quienes podrían competir vendiendo a las empresas energía barata, como la británica CENTRICA, se van porque los privilegios de Iberdrola y Endesa impiden la entrada en el mercado de nadie más. El dinero de los ciudadanos que se debería dedicar a investigación se concede arbitrariamente a 16 centros tecnológicos afines por motivos políticos, dejando desnutridos los 73 centros restantes.

Tal vez los resultados de las malas medidas del gobierno ayuden a que algunas personas se planteen quién está tirando al río la economía, y el paradigma económico cambie. De lo contrario, seremos prometeos cargando con las consecuencias de nuestras ideas tóxicas.

Churchill, Zapatero y la solidaridad cristiana

Proclama Stendhal en Rojo y negro que “la idea más útil a los tiranos es la idea de Dios”. Es evidente que el genial escritor francés se equivocaba; si hubiera vivido en el siglo XX se habría dado cuenta fácilmente de que el concepto más usado por los déspotas de toda condición ha sido el del Estado (con sus diferentes variantes colectivistas: la Nación, el Pueblo, el Proletariado, la Raza…).

Sin embargo, para los creyentes es doloroso reconocer que tiranuelos de todas las épocas se han apoyado en la idea de Dios (algunos siguen haciéndolo) para asentar su dominio y que, en algunas ocasiones, este control ha tenido el consentimiento (e incluso la colaboración) de los estamentos religiosos oficiales.

Pensaba en esta cuestión de las relaciones de la Iglesia con el poder político mientras leía la noticia de la recaudación de la casilla del 0,7% en el IRPF. Según estos datos, hasta 2006, el Gobierno destinaba 156 millones al sostenimiento de la Iglesia Católica. Hasta ese año, los españoles podían dar el 0,5% de su IRPF a este fin pero, si no se llegaba al mínimo con esta fórmula, el Estado completaba esos 156 millones. Desde el 1 de enero de 2007, la Iglesia sólo se financia con las aportaciones voluntarias de sus fieles a través de la Declaración de la Renta: este año han sumado 252 millones (y eso que la casilla aparece deshabilitada por defecto en el borrador y algunos pueden haberse olvidado de marcarla).

Es decir, que desde que el Poder Político ha dejado de velar por el mantenimiento de la Iglesia Católica, a ésta le ha ido muchísimo mejor. No creo que sea una casualidad. Como en todo mercado que se precie, la necesidad ha agudizado la virtud de la Conferencia Episcopal, que ha lanzado sucesivas campañas para convencer a sus fieles (e incluso a algunos que no lo son) de que colaboren tachando la famosa casilla.

De esta manera, en los últimos años, ha aumentado su presencia en los medios, ha mejorado su política de comunicación y han sido más palpables sus reivindicaciones (incluso algunas con las que los liberales podemos no estar de acuerdo); en general, ha crecido su importancia social. No es sólo una cuestión económica. Estoy convencido de que, cuanto más se aleje la Iglesia del Estado, más cercana estará a sus fieles y menos antipatías provocará.

Y no es únicamente un asunto que deba plantearse la Iglesia. Numerosas ONG (muchas de ellas bienintencionadas, otras son meras cazadoras de subvenciones) viven de las ayudas públicas, generando dudas sobre sus verdaderas intenciones y sometiéndose a la censura de un poder político que tiene en sus manos el control de su supervivencia.

Entre mis conocidos progresistas, es habitual la acusación de que “la Iglesia se financia con dinero público” y la exigencia de que no utilice esos fondos para organizar manifestaciones o campañas contra el Gobierno. Aunque es evidente su incoherencia (sólo les molestan las subvenciones a la Iglesia Católica, no a ninguna otra confesión, ni a sindicatos, productores de cine, ONG no cristianas o asociaciones de vecinos), no me importaría en absoluto que acabasen consiguiendo su propósito, puesto que estoy convencido de que, en un espacio corto de tiempo, sería muy beneficioso para la Iglesia a la que pertenezco.

Entre los países occidentales, EEUU es aquél en el que la fe (sea cual sea la religión que uno profese) y la idea de Dios están más presentes en el debate social. La influencia de la religión en la vida pública es mucho mayor que en los países europeos, aunque, desde un punto de vista legal, no existe ningún otro Estado con mayor separación frente a las distintas confesiones.

Precisamente porque fue un país creado por los disidentes que no queríamos en Europa, quisieron asegurarse de que ninguna religión se imponía sobre las demás; y, al consignarlo legalmente, consiguieron que sus tan queridas creencias marcasen la vida de su país con mucha más fuerza que la de cualquiera de sus vecinos. Y no es casualidad, tampoco, que también sea éste el país en el que más voluntarios y más dinero privado reciben las diferentes organizaciones de beneficencia (todas ellas, sea cual sea su objetivo, desde las parroquias hasta Greenpeace).

Por eso, mientras escribía este artículo, recordaba el Desayuno de la Oración al que acudió José Luis Rodríguez Zapatero hace unos días en Washington y me venían a la memoria unas memorables palabras de Winston Churchill para recordar la diferencia entre la solidaridad real que siempre ha estado detrás de la doctrina cristiana y aquélla, radicada en los Presupuestos Generales del Estado, de la que alardean muchos de nuestros políticos: “El socialismo de la era cristiana se basaba en la idea de que ‘todo lo mío es tuyo’; en cambio, el socialismo del señor Grayson parte de la idea de que ‘todo lo tuyo es mío”.