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Energía nuclear, política energética y empresas

La energía nuclear ha sido protagonista durante los últimos meses. La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, prevista para 2013, y la más reciente de agilizar la ubicación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos radiactivos, han provocado una riada de declaraciones y acciones de grupos pro y anti nucleares, además de los propios implicados.

Pero, independientemente de quién posee la razón o quién la verdad, si es que razón y verdad se pueden aplicar en este caso, la polémica ha demostrado que no existe un mercado energético en España, sino una política dirigida desde el poder político, con las grandes empresas energéticas españolas como cómplices activos.

Resulta difícil desagregar la energía nuclear del resto de la política energética. Al fin y al cabo, las empresas que, por ejemplo, tienen intereses en las energías alternativas son las mismas que son dueñas y accionistas de los conglomerados que gestionan las centrales nucleares. Por poner algunos ejemplos, Nuclenor, la empresa gestora de la central nuclear Santa María de Garoña y de una participación de la de Trillo, está participada por Endesa e Iberdrola. Ambas empresas también tienen intereses en Vandellós y Ascó, y la última, en Cofrentes.

Además, las dos, en especial Iberdrola, tienen intereses en las energías renovables (ha creado una filial exclusiva para ello). Y esto por sí sólo no tendría que ser un problema en un mercado libre, pero sí en un sistema energético intervenido, donde se priman las energías alternativas y se castigan o se entorpecen al resto. Los modelos de negocio de las empresas se articulan pues en función de intereses políticos, nacionales, comunitarios e internacionales, que son los que marcan las políticas energéticas.

La Ley de del Sector Eléctrico de 1997 suponía en teoría una ligera desregulación del sistema energético español y así es como se vendió por el entonces gobierno español del Partido Popular. Nada más lejos de la realidad, el sistema posee demasiada inercia para que pequeñas liberalizaciones supongan grandes cambios. Es cierto que, hoy por hoy, el consumidor puede elegir un distribuidor, pero en la práctica apenas han cambiado los monopolios regionales que ya existían, fruto del intervencionismo energético. Existe un mercado libre (OMEL), pero el precio regulado es el que se aplica mayoritariamente, una tarifa que cada seis meses estima el Ministerio y que, además, sigue incrementándose pese a la crisis económica.

En cuanto a la energía nuclear, la ley permite la construcción de este tipo de centrales y da por terminada la moratoria nuclear, pero en la práctica se necesita una autorización administrativa y ésta es, en última instancia, decisión del Consejo de Ministros y, en la práctica, del capricho del Presidente de Gobierno. Es en este contexto en el que tenemos que colocar la polémica nuclear en España.

Hoy por hoy, la política energética del Gobierno está basada en directrices claramente intervencionistas: la diversificación de fuentes, la eficiencia energética y el cuidado del medioambiente. En la primera, a través de ayudas públicas, se pretende conseguir un sistema donde todos los tipos de generación estén presentes, independientemente de su coste y eficacia. El segundo concepto es confuso, pues mezcla un menor uso de la energía, promovido desde la iniciativa pública, con una aparente disminución del intervencionismo. El tercero responde a criterios medioambientalistas de los lobbies ecologistas que, más allá de si son o no adecuados, realistas o falsos, suponen un modelo de ingeniería social basado en la primacía de la naturaleza sobre el hombre.

Los productores de energía nuclear, e incluso sus valedores, se mueven mayoritariamente en este ámbito público. Su defensa se centra en el menor daño que hace al medioambiente (pues sólo emite CO2 en el proceso de construcción y desmantelamiento de las instalaciones y sus residuos son mucho más controlables que los de otras energías) y en la estabilidad y la garantía del suministro (hecho que, si bien hoy por hoy es cierto, podría verse alterado por muchos factores geoestratégicos de los países productores).

Nadie se plantea una verdadera liberalización del mercado, sino que la pieza del puzzle encaje mejor en el modelo existente. Nadie se plantea que las diferentes maneras de obtener energía pueden tener perfectamente su nicho de mercado sin que sean excluyentes. Nadie se plantea que mientras se ayudan o castigan desde las políticas públicas las diferentes fuentes energéticas, las tecnologías que podrían solucionar los problemas derivados de su utilización, o que podrían hacer más eficientes ciertos procesos, no se investigan, y se hace rentable y válido algo que, dadas las circunstancias, hoy no lo es. Mientras nada de esto cambie, la energía nuclear sólo será una marioneta más en manos de un poder político cada vez más fuerte y unas empresas cómplices incapaces de labrarse su propio camino.

El problema de los controladores aéreos

Llevamos unas semanas enfrascados en el debate sobre las condiciones laborales de los controladores aéreos. Como no puede ser de otra forma, es un debate alimentado desde el Gobierno con el objetivo bastante explícito de rebajar los beneficios de dicho colectivo, con el apoyo de la opinión pública.

Esta clase de polémicas serían algo inimaginable en el libre mercado, donde los agentes se coordinan espontáneamente y el sueldo de la gente no está al arbitrio de los votos, sino, simplemente, del dinero que las demás personas estén dispuestas a pagar.

La opinión pública tiende a pensar que las condiciones salariales de los controladores aéreos son espectaculares, muy por encima de las que disfruta el común de los mortales. Y la verdad es que es un hecho objetivo que sí lo son, tanto en lo referente a salario, como a horarios, descansos y jubilación. Esto no se puede negar, pero tampoco supone mayor problema. Hay muchos otros individuos que perciben prestaciones muy superiores a la media, como deportistas o artistas, por actividades que cabría calificar de menor importancia para sus conciudadanos.

Ocurre que la prestación por el desempeño de un trabajo, como todos los precios en el libre mercado, se fija por el juego de la oferta y la demanda. Incluso los trabajos más importantes para la vida humana pueden tener precios muy bajos si hay mucha gente capacitada para hacerlos. Por el contrario, trabajos completamente prescindibles, pero que poca gente puede desempeñar, pueden dar lugar a sueldos de infarto. Por ello, el problema de los controladores aéreos hay que analizarlo desde sus vertientes de oferta y demanda.

Empecemos por la oferta: pudiera ser que muy poca gente tuviera la capacidad y el deseo de ser controlador aéreo, por las razones que fuera. Por mucho que se propugne la igualdad sin cortapisas, Pau Gasol sólo hay uno, y por eso gana lo que gana. No todos podemos ser Pau Gasol. ¿Ocurre lo mismo con los controladores aéreos? Un repaso a los requisitos para esta profesión (que se pueden consultar en las bases de la oposición) nos confirmará que no hay falta de individuos capacitados para desempeñar el oficio. Son ciertamente exigentes, pero nada que no pueda dar lugar a una saneada colección de voluntarios.

Si no hay problemas en la oferta que justifiquen unas condiciones laborales tan magníficas, habrá que volverse al lado de la demanda. ¿Y qué nos encontramos aquí? Ya se podía adivinar. Los controladores aéreos son contratados por las empresas que gestionan el tráfico homónimo. En nuestro país, solo hay una empresa, más bien un ente público, que desempeñe tal tarea: AENA. Así, que el lado de la demanda lo constituye una empresa pública con un monopolio legal. No se puede imaginar un escenario peor desde el punto de vista de la sociedad, ni mejor para los grupos organizados que se puedan beneficiar del mismo.

Como monopolio legal, no confronta amenazas de entrada, por lo que puede obtener rentabilidades superiores a la de mercado. Como administración pública se puede permitir no orientarse a los clientes, sino a finalidades de otro tipo (por ejemplo, el “interés general”), dado que siempre están los impuestos para las chapuzas.

Así pues, en ausencia de la disciplina que pone el mercado, el colectivo de controladores aéreos ha podido satisfacer sus intereses por el simple procedimiento de presionar, de una forma u otra, a los compradores de sus servicios. Un empresario en el libre mercado no hubiera podido ceder a esta coacción sin llevar a la quiebra a la empresa: su exceso de costes hubiera supuesto una desventaja competitiva con otros emprendedores. Pero AENA no es una empresa en el libre mercado. Y las condiciones laborales de los controladores, tampoco, en consecuencia.

Ahora bien, como siempre ocurre con la intervención estatal, se pretenden solucionar los problemas creados con una nueva intervención. Es claro que la única forma de resolver el problema de los controladores aéreos es abrir el mercado de aeropuertos a la competencia, y privatizar AENA al mejor postor, pues se ha mostrado que esta es la causa del problema.

Dado que el gobierno no parece dispuesto a esto, opta por someter a consideración de la opinión pública el sueldo del controlador aéreo. Tan arbitrarias eran las condiciones laborales anteriores como las que se puedan imponer ahora. Y seguirá sin solucionarse el problema, aunque por el camino se hayan ahorrado unos cuantos euros los de AENA.

Y es que el precio de las cosas no lo puede poner el gobierno a su antojo; el único mecanismo válido, que no genera distorsiones, es del mercado sin intervención. Lo contrario nos lleva a colectivos privilegiados, como los controladores aéreos (posiblemente) y los políticos (estos, seguro).

‘Avatar’: la verdadera historia

Realmente ha sido el éxito de estas navidades. Quién no se ha conmovido viendo en 3D las peripecias de los indígenas de Pandora, los navis, tratando de salvar su Árbol Madre de la codicia del capitalismo-imperialismo americano, siempre en busca de pueblos a los que explotar y esquilmando las materias primas de la tierra.

Una lucha desigual en la que los navis, luchando con arcos y flechas, se marcan una Intifada y, ayudados por unos dragones alados con los que tienen una relación que ya querría el cabo Rusty con Rin Tin Tin, plantan cara a los mismísimos marines. Además, hay una linda historia de amor en la cual una indígena navi, que realmente no está nada mal y encima es muy progre y liberada, le enseña al prota (un marine que ha sido enviado dentro de un cuerpo navi a espiar a su pueblo para robarles minerales) los valores de respeto a la naturaleza, sostenibilidad y solidaridad innatos en la raza navi… entre otros temas más personales.

Así, el marine se encoña, digo se solidariza con la hembra navi y, aunque le cuesta adaptarse a una cultura que le es ajena y tiene verdaderos problemas con el idioma, finalmente decide traicionar a sus compatriotas (algo así como Montilla, pero con un poco más de estilo) y plantar cara a la maquinaria bélica americana.

Todo precioso. Incluso Evo Morales ha declarado sentirse identificado con los navis, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que los susodichos navis son azules y miden casi tres metros, mientras que el líder indigenista bolivianos es más bien chaparro y de tez cetrina. Repito, todo precioso, pero no sucedió así.

El amigo James Cameron se ha marcado una peli que no respeta lo más mínimo qué es lo que pasó cuando los americanos llegaron a Pandora, sino que ha cocinado un refrito entre Pocahontas de Disney y las obras completas de Rosseau, con algo de Tarzán de los Monos. Eso sí, en 3D y con unos efectos especiales que te dejan boquiabierto. Pero la verdadera historia de lo que pasó en Pandora es muy diferente.

– En primer lugar, los Navis, como todos los pueblos primitivos, vivían en un estado de guerra perpetua entre clanes. La esperanza de vida era bajísima y, en general, se mataban unos a otros y practicaban el canibalismo, los sacrificios naviazos; como en todas las sociedades primitivas, la esclavitud era una práctica común. La llegada de los americanos, como la de los españoles al Imperio Azteca, prohibiendo los sacrificios a los dioses, o la de los británicos a  la India persiguiendo las cremaciones de viudas, significó el fin de dichas bárbaras prácticas.

– El supuesto equilibrio ecológico que mantenían los navis no era tal. De hecho, estaban acabando con las poblaciones de grandes animales y dragones alados, al igual que los primitivos pobladores protoindios de Norteamérica acabaron con la megafauna pleistocénica o los navegantes polinesios que arribaron a Nueva Zelanda se cepillaron a todos  los moas. La introducción por parte americana de modernas técnicas de gestión de la fauna y la aparición de ecoturistas dispuestos a dejarse unos dólares por fotografiar dichos animales, hizo que los navis se planteasen que era más rentable (y menos cansado) ser guía turístico o camarero en un lodge, que cazador con dragones alados, con lo que la presión sobre la fauna disminuyó.

– Las hembras navi no estaban lo que se dice liberadas. Al igual que en los pueblos de Nueva Guinea o en las tribus yanomami de la Amazonia, las hembras estaban claramente en una situación inferior, sin derechos, siendo propiedad de los machos y tratadas como mercancía. La mentalidad políticamente correcta de los recién llegados americanos cambió esta situación.

– Como todo pueblo sin acceso a la medicina moderna y a las prácticas higiénicas actuales, los navis eran acosados por enfermedades endémicas, parásitos internos y problemas de desarrollo debido a la malnutrición. Con la llegada de los americanos los índices sanitarios dieron un salto espectacular.

Finalmente, sí hubo descontentos, agitadores, etc., una especie de liberados sindicales, que iban por las nuevas urbanizaciones que habían surgido con piscina y televisión a las que los navis, con la pasta que habían ganado trabajando en la industria mineral, se estaban desplazando a vivir de forma masiva. Dichos elementos trataban de atizar el descontento entre la población nativa y, de paso, presionar a las autoridades coloniales USA para que les diesen una subvención.

– “¡No queremos a los americanos¡ ¡Yankees go home! ¿Qué les debemos a los americanos?”, grita el agitador

– “Las vacunas y las campañas de desparasitación”, contesta un voz tímidamente.

– “Bueno, las vacunas y las campañas de desparasitación, ¡pero nada más!”

– “Y el alcantarillado…”.

– “Han acabado con los sacrificios navianos y las guerra de clanes. Gracias a ellos, no hay malnutrición ni esclavitud”.

– “Han hecho respetar los derechos de las hembras”.

– “Tenemos casas de verdad, televisores, aire acondicionado…”.

– “Hemos aprendido inglés, podemos salir de Pandora y viajar por toda la galaxia”.

– “Vale. Pero ¿aparte de las vacunas, el alcantarillado, la casas, los derechos de las hembras, el fin de la malnutrición, la esclavitud, las guerras de clanes, los sacrificios, los televisores, el idioma inglés, etc., qué les debemos a los americanos?” (sic)(aunque creo que esta escena la he visto en alguna otra película).

Finalmente, qué pasó con los protagonistas a nivel personal. Suertes distintas. Mientras que el marine que tomó avatar de navi aprovechó sus tres metros para fichar por la NBA y que Niké lanzase unas zapatillas con su nombre (dicho sea de paso, los navis monopolizan desde entonces la posición de center en dicha liga), a la bella indígena le salió mal la jugada.

El susodicho marine la preñó, se piró a la tierra “a la francesa “ y ahora, soltera y con cuatro cachorros navi que alimentar, pues las camadas navi son múltiples, trabaja de reponedora en un Mercadona que se acaba de abrir en Pandora…

En fin, que esto es lo que realmente pasó.

Imitación, innovación y empresarialidad

El ser humano tiene dos importantes habilidades cognitivas complementarias, la capacidad de innovar y la capacidad de copiar: puede hacer algo nuevo, creativo; o puede imitar lo que ya existe, replicarlo. Las novedades exitosas pueden reproducirse, y a partir de múltiples copias pueden generarse más cambios que a su vez podrán copiarse de forma recursiva. La acción humana se desarrolla en una tensión permanente entre la permanencia y el cambio.

Imitar no es simplemente repetir lo que uno mismo ya ha hecho antes: se trata de copiar lo que ha hecho otro, observando, reflexionando, comprendiendo y añadiendo la nueva facultad o conducta al repertorio de habilidades propias. El aprendizaje suele requerir una fase inicial de atención consciente hasta que la tarea se automatiza y puede invocarse a voluntad o como un hábito que no requiere el esfuerzo de pensar.

Imitar conductas existentes más o menos generalizadas tiene sentido evolutivo: un comportamiento muy nocivo tiende a desaparecer al eliminar a sus agentes portadores, de modo que la simple existencia de algo muestra su capacidad de supervivencia; además, al ser la competencia un fenómeno relativo, hacer lo mismo que todos significa estar en terreno seguro y, al menos, no quedarse atrás. Para no malgastar recursos al resolver un problema, conviene averiguar si alguien lo ha resuelto ya antes; pero en ocasiones es mejor ignorar las respuestas de otros para así no restringir la imaginación y abrirse a la posibilidad de soluciones alternativas.

La innovación no surge de la nada: consiste en recombinar elementos previos para producir algo original, novedoso. La innovación es una tarea problemática: en algunos ámbitos, todas o casi todas las combinaciones posibles ya han sido generadas (al menos a cierto nivel de abstracción, como en el caso de los argumentos literarios, donde existe un número limitado de personajes y tramas ya explorados); en otros ámbitos, hay tantas combinaciones posibles que su generación y comprobación sistemática completa es prácticamente imposible y es necesario utilizar heurísticas (técnicas de búsqueda basadas en conocimiento experto) para reducir el espacio de búsqueda y los costes de la misma.

Innovar de verdad implica pisar terreno desconocido, arriesgarse a equivocarse, ensayar y errar a menudo hasta eventualmente acertar. Las innovaciones que funcionan suelen ser graduales, marginales, construyen sobre lo que ya existe e intentan mejorarlo, exploran ámbitos desconocidos pero cercanos a los ya dominados.

Las novedades pueden surgir accidentalmente, de forma inconsciente o no intencionada. Pero también pueden ser resultado de acciones intencionales: los emprendedores son personas proactivas, que se fijan objetivos y ponen en marcha proyectos para alcanzarlos, que imaginan formas mejores de hacer las cosas e intentan llevarlas a cabo. Un emprendedor puede actuar simplemente para satisfacer sus propios deseos de forma autónoma; pero, en general, los participantes en mercados con división de trabajo son productores especializados y consumidores generalistas. Los empresarios suelen intentar organizar nuevos proyectos productivos para servir a los demás: por un lado ellos mismos son causantes de cambios al crear y hacer crecer sus empresas, y por otro lado especulan intentando predecir las potencialmente diferentes condiciones del mercado en el futuro (preferencias y capacidades de los agentes económicos) para adaptarse a ellas.

El emprendedor es responsable del dinamismo y la coordinación del mercado: busca desajustes para aprovechar oportunidades de beneficio y su propia actividad origina situaciones diferentes con nuevas oportunidades. El emprendedor es el explorador que se arriesga, lanza su propuesta y se somete al juicio de los consumidores.

Los empresarios no suelen trabajar solos en sus proyectos. Son coordinadores de recursos humanos, necesitan contratar empleados, trabajadores que siguen indicaciones, obedecen órdenes. Todo ser humano puede ser empresario en principio, pero pocos lo son en la práctica: muchos no tienen el ánimo o la perspicacia necesarios, la capacidad de tomar decisiones bajo incertidumbre, o no quieren asumir riesgos.

La empresa es una aventura, algo heroico, pero lo épico es precisamente lo que se sale de lo ordinario. El empresario debe no solo enfrentarse a los competidores establecidos, a otros empresarios con diferentes innovaciones, y a los intereses creados que se sienten amenazados y preferirían que todo siguiera igual: también tiene que tirar con su entusiasmo y los incentivos adecuados de los trabajadores que carecen de su iniciativa y su ímpetu creador.

Habsburg

Estas semanas atrás ha fallecido la Archiduquesa Regina, esposa de Otto de Habsburgo, el hijo del último emperador del trono Austro-Húngaro, Carlos I (1887-1922; quien ha sido recientemente considerado Beato por la Iglesia Católica  debido a sus virtudes y su preocupación por el sufrimiento de su pueblo durante la I Guerra Mundial, en la que también trató de mediar para conseguir un tratado de paz). Aunque vive todavía, Otto transfirió los derechos dinásticos a su hijo Carlos, que es actualmente el jefe de la Casa Imperial de Austria y Real de Hungría. Está casado con Francesca Thyssen-Bornemisza, hija del Barón Hans Heinrich y su segunda mujer.

Pero no se trata aquí de hacer una crónica de sociedad, sino de explicarles por qué me ha parecido relevante escribirles sobre la dinastía Habsburgo, generalmente conocida en España como la Casa de Austria. Recordarán que se inició con el Emperador Carlos V (1517), nieto del Maximiliano de Austria; y se mantuvo hereditariamente hasta la muerte sin sucesor directo de Carlos II (1700), tras la que se instalaría la Casa de Borbón con Felipe V. Pero los Habsburgo siguieron regentando las posesiones austríacas a partir del hermano de Carlos, Fernando II, manteniendo él mismo y sus descendientes la Corona Imperial, que con los siglos devendría en el citado Imperio Austro-Húngaro. Hasta su extinción, después de la I Guerra Mundial y los tratados de París, que fueron rabiosamente hostiles contra esta dinastía al desposeerla de su territorio y dividir los reinos.

Así pues, una primera simpatía por los Habsburgo proviene de ese lejano parentesco con la Corona española. Genealógicamente, los monarcas hispanos y los emperadores austríacos casaron a sus príncipes e infantas con excesiva promiscuidad, siendo ésta la causa principal de la extinción de la rama española. Pero junto a ello, las cortes de Madrid y Viena mantuvieron una notable cercanía política, militar o cultural. Como bien ha estudiado Gabriel Calzada, hubo una trasferencia directa del pensamiento de la Escuela de Salamanca a las universidades del Imperio. De manera que no es ninguna casualidad que, al cabo de los siglos, los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía reconozcan en los escolásticos españoles de Salamanca sus orígenes intelectuales. Como también vendrán leyendo en los artículos, conferencias o eventos que promueve el Instituto Juan de Mariana, es posible encontrar una conexión entre las explicaciones sobre el Precio Justo de los maestros salmantinos y la formulación de la teoría subjetiva del valor que enseñaron Menger y sus sucesores.

A lo que añado otra razón: y es que, al terminar los encuentros de la sociedad Mont Pelerin, Hayek y sus amigos liberales brindaban por el viejo Imperio Austro-Húngaro… Es una anécdota que me resulta cordial, aunque se la cuento de oídas. Pero la encuentro bastante verosímil; también porque la organización multicultural del Imperio, con todas sus carencias, expresaba un grado de liberalismo y descentralización muy razonable para nuestros autores; a la vez que molesta para unos países europeos cada vez más intervencionistas. Con el final del Imperio tras la I Guerra Mundial y la posterior anexión de Austria por Hitler, se dispersará por el mundo la última generación de pensadores austríacos. Aunque hacía tiempo que lo venían intuyendo: Mises transcribe en su Autobiografía la amarga queja de Carl Menger en los albores de la Gran Guerra sobre “las consecuencias que el mundo pagaría por el abandono del liberalismo y del capitalismo”.

Termino recomendándoles algunas lecturas: repasen a Stefan Zweig y El mundo de ayer (Memorias de un europeo); también a Joseph Roth, La cripta de los capuchinos y La marcha de Radetzky; y si tienen la fortuna de localizarlo, el Requiem por un imperio difunto de Fetjö. Los disfrutarán; y les darán que pensar.

¿Crimen sin castigo?

Aunque se trata de justificar con el argumento de que el sistema judicial debe reconocer los efectos diluyentes del transcurso del tiempo sobre la reclamación de justicia contra los participantes en los delitos, la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción cuenta con pocos partidarios entre el gran público.

Por una elección legislativa, compartida mayoritariamente por una clase de juristas que adoran al Estado, sin embargo, la pasividad en la persecución de los delitos o la paralización de las actuaciones emprendidas, durante unos plazos prefijados en función de la pena prevista para el delito en cuestión, determinan la desaparición del derecho que se ha arrogado el Estado para castigar (ius puniendi) a sus responsables, sin necesidad de tener en cuenta a los afectados directamente por el delito. La regla no admite excepciones para los casos en que las víctimas (elemento esencial que, no obstante, los estados consideran prescindible para configurar los delitos) no comparten la renuncia estatal a castigar los delitos por criterios pragmáticos. A pesar de que el derecho español mantiene la brillante excepcionalidad de que el Estado no goza del monopolio sobre la acción penal, el ejercicio de ésta por parte de las víctimas no matiza la decisión del juez estatal sobre si procede el castigo y, en su caso, la reparación.

Se considera que el mero transcurso del tiempo sin que la maquinaria represiva reaccione justifica el sacrificio de los derechos de las víctimas en aras del mantenimiento de la seguridad jurídica y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas que, en el ámbito del Derecho Penal, se completa y acentúa en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la C.E.) y en los principios de orientación a la reeducación y reinserción social que el artículo 25.2º de la C.E. asigna a las penas privativas de libertad.

Centrada la persecución de los delitos en razones de prevención general y especial según las entiende el poder estatal, más que en la reparación del daño y la retribución por medio de la pena a petición de las víctimas del delito, las doctrinas del Tribunal Supremo y el Constitucional coinciden en los fundamentos de la prescripción. (Sentencias de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1995 y 7 de octubre de 1997, así como la S.T.C. 157/1990 de 18 de octubre de 1.990) Sus diferencias, aireadas de modo ostensible en casos muy sonados, se reducen a aspectos sobre el cómputo de los plazos de prescripción y sobre qué actuaciones suponen realmente una interrupción de los mismos.

Aun con todo, estos agravios a las víctimas parten en gran medida de los similares plazos de prescripción plasmados en los Códigos penales de 1973 y 1995. Delitos muy graves como el asesinato (y todos los que superen el umbral de penas superiores a quince años de privación de libertad) prescriben a los veinte años a contar desde su comisión (Art. 131 CP). Se establece, no obstante, que la prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena (132.2 CP).

Hace escasos días saltó a los medios el caso de una víctima mortal de la ETA asesinada en 1981, cuyos familiares fueron despachados de una sala de vistas de la Audiencia Nacional, donde se juzgaba por otros delitos al principal sospechoso, cuando protestaban por el archivo del asunto con el argumento de la prescripción de ese delito. Sin conocer en profundidad los detalles del caso, el hecho de que la intervención de los esos particulares contribuyera para que el gobierno francés concediera la extradición, y no se entendieran, por tanto, paralizadas las actuaciones hacen más chocante la estimación de la prescripción.

Resulta evidente que la reducción de los plazos de prescripción a términos ridículos supone una opción legislativa más que sospechosa a la vista del historial de los gobernantes. En este sentido el contenido anunciado respecto a la prescripción de delitos por un proyecto de ley de reforma del Código Penal que tramitan actualmente las Cortes no añade nada sustancial, salvo añadir los asesinatos terroristas a la lista de delitos imprescriptibles. Desde mi punto de vista, no obstante, deberían ampliarse significativamente los plazos de prescripción de los delitos con víctima con carácter general, respetando el principio de igualdad de trato ante la ley. Asimismo, llegados determinados umbrales temporales, la intervención de las víctimas debería ser crucial para la persecución de los delitos.

Sin necesidad de reformas legislativas, empero, algunos compromisos internacionales convierten muchos delitos en imprescriptibles. Me refiero a los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Estos últimos pueden suponer la imprescriptibilidad de más casos de los que comúnmente se suponen. En otra ocasión, observando el contenido de varios convenios internacionales suscritos por el Reino de España, aludí a la naturaleza de crímenes contra la humanidad de los asesinatos subyacentes en la masacre del 11-M en Madrid. Algo que debería disuadir a sus numerosos encubridores de persistir en las patrañas que, tarde o temprano, se averiguarán.

Por otro lado, la crítica que aquí se hace al presente estado de cosas no es óbice para reconocer la plausibilidad de la prescripción de los delitos sin víctimas, así como la lista interminable de infracciones que llevan aparejadas sanciones, creadas dentro de la categoría del derecho administrativo sancionador. En este sentido, recuérdese que el crecimiento apabullante del Estado descansa en su intervencionismo, y su derivada híper reguladora, sobre los tributos, el consumo, el urbanismo, el medio ambiente y las relaciones laborales, por nombrar sólo algunas de las materias objeto de la inflación legislativa y reglamentaria.

Al no haber personas directamente lesionadas, cabe esgrimir que razones de seguridad jurídica aconsejan limitar drásticamente el tiempo durante el cual el poder coercitivo del Estado puede ejercitar su potestad sancionadora.

La amplitud de la libertad

La libertad individual, como fundamento de la dignidad humana, no resulta posible en todo orden social sin atender a variables como Política, Poder, Derecho y Moral. Únicamente cierta combinación de dichas variables contribuye a la formación de sociedades donde sus miembros gozan de semejante reconocimiento personal.

La consideración máxima e individualista del ser humano existe cuando queda incorporada dentro de procesos amplios (en términos relativos), cuya extensión no resulta dimensionable a priori, aun cuando podamos distinguir un límite crítico a partir del cual puedan identificarse rasgos concluyentes.

1. En cuanto a las reglas de mera conducta, queriendo representar con este término tanto las reglas jurídicas, de por sí irresistibles, como las reglas de cumplimiento voluntario, de tipo moral, analizando su contenido aprehensible en ambos casos cabe concluir características que propician una ordenación eficiente de la conducta. La autonomía de la voluntad no se concibe dentro del grupo atávico y reducido, como tampoco fuera de la familia, hasta un momento muy reciente de nuestra historia.

El imperio de las reglas es mucho más severo y efectivo que el imperio del poder político arbitrario. Un orden de reglas intensamente interiorizado por los individuos, automatiza la conducta de forma poco flexible (la burla moral se refiere a un contenido mínimo y superficial). El fraude de reglas consolidadas (por la mera articulación de su contenido superficial) representa, dentro del grupo humano primitivo, un crimen capital en contra de toda la comunidad.

Este carácter estático del pequeño clan quebrará hasta quedar hecho añicos al mismo ritmo que los individuos de dicho grupo comiencen a reconocer al extraño (miembro de otra tribu o familia) y procedan a tratar e intercambiar con él. Los contenidos normativos se adaptan en clave de confianza y apertura, provocando cambios en dos direcciones: la regularidad permite definir reglas que, una vez especificadas (advertidas o no de manera consciente), producen nuevas regularidades (la fuerza centrífuga del Derecho y la moral, que diría S. Cotta). La permeabilidad del orden de reglas y su dinamismo serán el fundamento del éxito social de cada tribu, siempre necesitada del contacto con extraños próximos o lejanos.

La amplitud es evidente cuando un individuo, así considerado, establece vínculos comerciales, morales o políticos, con quien, hasta entonces, fuera un perfecto desconocido (un extraño). Desde ese mismo momento, nacerán entre ambos sujetos nuevas regularidades de conducta que ampliarán la perspectiva cognitiva de cada uno de ellos, relajando reticencias, disolviendo prejuicios y, por fin, favoreciendo futuros intercambios, todo ello consecuencia directa de una renovada y potente curiosidad.

En estas situaciones, los contenidos normativos se adaptan a una mayor velocidad, simplificando normas y principios, posibilitando el entendimiento entre esquemas morales aparentemente divergentes. El Derecho y la moral de una Sociedad abierta o extensa quedan circunscritos a un reducido núcleo fundamental de mecanismos de resolución de conflictos y salvaguardia de valores, depurado competitivamente y capaz de albergar singularidades no excluyentes.

2. En cuanto al poder y la política, el sometimiento progresivo a ámbitos de jurisdicción, consenso social y compromiso político mucho más amplios (que, en ningún caso, implica la centralización del poder, sino todo lo contrario, como veremos a continuación) ubicará al individuo en una posición de fortaleza frente a las pretensiones de dominación de otros individuos, alejando las tinieblas del enfrentamiento entre pequeños grupos y el consecuente aislamiento de su miembros.

El Estado, como señorío que da forma al poder absoluto organizado, procura la atomización social, rompiendo vínculos que le son ajenos, y absorbiendo instancias de poder que pudieran representar un freno a su inseparable carácter totalitario. El Estado nace en una época donde el individualismo florece, convirtiéndose en un conveniente, pero letal aliado, en la misión de romper las cadenas de un orden social parcelado.

Sólo la amplitud del poder (dispersión del poder, en realidad) permite al individuo mantener su resistencia contra el absolutismo estatista (concentración del poder), nacido de la espontánea atomización social (distinta de la atomización promovida deliberadamente por el Estado). La figura del contrapoder es más fuerte en órdenes de cierta amplitud, donde el Estado no sea capaz de seducir a todos e integrarlos en su maquinaria de dominación (federaciones de poderes locales o sistemas forales). La falta de dispersión de instancias de poder sobre las que se ejerce dominio tiende a concentrarlo y tramarlo dentro de una estructura única y excluyente (resultando más sencillo cuanto menor sea la población gobernada, aunque dependa de otros condicionantes culturales e históricos que impiden generalizar del todo la regla).

El poder político efectivo rebosa su cómoda esfera de control en la medida que los individuos, con antelación, extiendan sus vínculos y derriben viejas barreras morales, jurídicas y comerciales existentes entre culturas y pueblos. La discusión política supera fronteras forzando dos tipos de salida: la expansión (con concentración, cuando es violenta; sin concentración, cuando es acordada o progresiva), o la contracción del poder. La historia nos proporciona ejemplos de ambos escenarios, siendo ahora el tiempo del compromiso interestatal, como germen de un poder más extenso (en cuyo seno pugnan las posiciones, favorables unas a la concentración y el centralismo, defensoras otras de la dispersión –con forma federal, por ejemplo-).

El Poder (en el sentido amplio del término: poder personal, jurídico y/o político), mantiene una actitud bipolar en su relación con la libertad individual: la conserva y la destruye al mismo tiempo. Si bien, un poder amplio, extenso y disperso (plural), será, en todo caso, más débil y manejable por los individuos y sus asociaciones voluntarias. El liberalismo debe saber combinar la descentralización del poder con la extensión de los ámbitos de entendimiento, ampliando de este modo el orbe del consenso social y los valores que le dan sentido. Foralismo integrado, por así decirlo, o proximidad del magistrado (servidor público) al ciudadano, unido al límite de integración de cada facultad dependiente del poder político o jurisdiccional, que impide por sí misma, en términos de eficiencia, una distancia excesiva entre el problema y el encargado de resolver o administrar dicho problema (siendo la única vía abierta para la progresiva liberalización de ámbitos considerados artificialmente comunes).

El estudio científico de las reglas de mera conducta y del Poder (personal, político y jurisdiccional), nos permite afirmar que la amplitud (tal y como aquí se ha conceptualizado), resulta un condicionante básico de la libertad individual y la formación de órdenes sociales abiertos y extensos. Cuanto más intensa sea la interiorización de contenidos normativos estrictos, y más tramada y absorbente la integración del Poder (hasta llegar al absolutismo estatista), más pobre y débil será la manifestación individualista.

La libertad individual resiste y avanza en escenarios donde se produce, al mismo tiempo, una dispersión del poder, dentro de formaciones espontáneas más amplias (integración horizontal, confederalismo o federalismo suave), y un proceso dinámico de evolución del orden de reglas de mera conducta, vertebrado únicamente por unos principios fundamentales de la moral y el Derecho, articulables (en términos suficientes pero reducidos) en la comprensión abstracta de los contenidos normativos básicos, eficientes y coincidentes, de naturaleza histórica y evolutiva.

“La Libertad depende de la división del poder. La democracia tiende a la unidad del poder. Para mantener separados los agentes es necesario dividir las fuentes; es decir: hay que mantener, o crear, organismos administrativos separados. Para aumentar la democracia, un federalismo limitado es la única restricción posible a la concentración y el centralismo” (Lord Acton, Carta a Mary Gladstone, 20 de febrero de 1882).

El alfarero y el jardinero: dos enfoques contrapuestos

En ocasiones anteriores he tratado acerca de distintas "mentalidades" o concepciones del orden social. Éstas, sobre todo una de ellas, están muy presentes en los debates más importantes de las ciencias sociales, y en la economía en particular. A la hora de encarar un mismo problema, estas dos visiones contrapuestas suelen chocar.

El pensador –mucho más que economista- Friedrich Hayek expresó con absoluta claridad y brillantez ambas posturas en su conferencia de aceptación del Premio Nobel de 1974, titulada “La pretensión del conocimiento”. El título, precisamente, describe una de estas posturas: la característica primordial del planificador o ingeniero social, de la que algunos modelos y enfoques teórico-económicos son partícipes, consciente o inconscientemente.

Esto último fue incidentalmente reflejado en el debate sobre la viabilidad o imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que tuvo lugar entre los años 20 y 30 entre economistas austriacos (Mises y Hayek) y otros favorables al llamado “socialismo de mercado” (Lange), quienes hacían uso de modelos neoclásicos de equilibrio general.

Frente a esta perspectiva, tenemos a los teóricos que analizan la sociedad como un orden complejo y en continuo cambio, formado por innumerables piezas, complejas a su vez. Por ello, y dado que el ser humano está lejos de la omnisciencia –y más aún de la perfección-, nadie puede acumular el conocimiento y la información necesarias acerca de ese orden como para que pueda funcionar con éxito. En esto tiene especial protagonismo el problema de la coordinación, una de las cuestiones más relevantes en economía.

Ambas mentalidades las describió Hayek muy gráficamente en su discurso del Nobel, estableciendo dos figuras: el alfarero (artesano en palabras del austriaco) y el jardinero. Mientras que el primero, disponiendo de unos determinados materiales, se afana en darles la forma que él establece con mucho cuidado y precisión, el segundo simplemente se encarga de proporcionar a las plantas un entorno favorable para su propio crecimiento. Hayek advirtió contra el uso del conocimiento social como alfarero, dado que esto podría producir más daño que bien en el orden social, independientemente de las intenciones.

Estos enfoques no son meramente ideas abstractas sin consecuencias prácticas, sino que suelen impregnar las opiniones e ideas en ciertos temas.

Pensemos por ejemplo en la cuestión de la innovación. Se suele decir que nuestro país anda muy escaso en innovación e investigación: las empresas españolas innovan poco, el gobierno dedica pocos recursos a I+D+i, la investigación no está bien considerada, etc. etc. La respuesta del alfarero a este problema consistiría en dedicar más recursos públicos a esta rúbrica, creando parques de innovación por iniciativa de los gobiernos, que participarían con capital público, etc.

Por el otro lado, el jardinero estaría más preocupado en establecer de manera adecuada el marco institucional, en este caso el referido a los incentivos y obstáculos que existen en el entramado social, económico, legal y político para la innovación: cuestiones de derechos de propiedad intelectual (¿favorecen o perjudican la innovación?), de regulaciones estatales que imponen excesivos e innecesarios costes burocráticos, del nivel de impuestos sobre las actividades empresariales, del sistema educativo, etc. Una vez se proporciona un ambiente favorable, el jardinero esperará que surjan los frutos, más tarde o más temprano.

Otras cuestiones en las que se podrían reflejar estas dos perspectivas son los problemas relacionados con el mercado laboral –si bien no existe un mercado laboral homogéneo- o el desarrollo económico, entre muchas otras. El alfarero usará sus herramientas para tomar medidas con el objetivo de “moldear” la parcela de la sociedad –incentivar fiscalmente a quienes creen empleo, utilizar la vía de la planificación para industrializarse a marchas forzadas.

El jardinero, sin embargo, consciente de las enseñanzas de Hayek, preferirá conformarse con poner las condiciones institucionales –donde, por ejemplo, el sistema legal sería clave- que permitan a los individuos, siguiendo su propio interés, utilizar su particular conocimiento y capacidades para los fines que ellos consideren más oportunos y urgentes.

El jardinero vería con mucha cautela las aparentes buenas intenciones del alfarero, quien ve la sociedad como una masa homogénea y maleable, y que antepone la colectividad a la individualidad.

Deslindando la liquidez de la negociabilidad

En mi anterior artículo, me dediqué a constatar que el criterio de qué bienes o activos son líquidos fue desvirtuándose con el paso del tiempo hasta volverse equivalente al de cuáles son negociables. Este error de base ha contribuido a la masiva degradación de la liquidez de los agentes económicos que ha tenido lugar en los últimos 50 años, pues muchos de ellos han creído que bastaba con rellenar su activo circulante de activos a largo plazo que fuesen fácilmente vendibles.

Lo cierto es que la confusión, en la inmensa mayoría de los casos, tiene poco de malintencionada y es más bien fruto de la complejidad intrínseca del concepto de liquidez que, además, se ha visto agravada por su infradesarrollo teórico dentro de todas las escuelas económicas, incluida -por desgracia- la austriaca.

Pues bien, para empezar a desentrañar el asunto hay que perfilar el concepto de liquidez. Como sabemos, todo bien económico es más o menos útil que otro en función de los fines que subjetivamente permita lograr a un agente o conjunto de agentes (sociedad); además, conforme incrementamos las unidades de ese bien, dado que va sirviendo para satisfacer fines progresivamente menos importantes, su utilidad va decreciendo (es lo que se conoce como ley de la utilidad marginal decreciente).

Ahora bien, la utilidad de todos los bienes no decrecerá al mismo ritmo, ya que algunos de ellos servirán para satisfacer un conjunto de fines que serán más valiosos que los de otros bienes. Como suele decir José Ignacio del Castillo, la utilidad marginal del bien económico "libro de sánscrito" se derrumba mucho más rápidamente que la de otros bienes económicos que sirven para satisfacer muchos más fines a muchos más individuos (por ejemplo la vestimenta, la comida…). Simplemente, a poco que incrementemos la cantidad de libros de sánscrito, los fines marginales que se van habilitando son mucho menos importantes que los anteriores, por lo que pequeñas variaciones en su cantidad disponible darán lugar a sufrir grandes oscilaciones en su valor.

Esto es precisamente la liquidez: la estabilidad que exhibe la utilidad marginal de un bien ante cambios en su cantidad. Los bienes más líquidos tendrán una utilidad marginal más estable que los bienes menos líquidos, pues prácticamente cualquier cantidad de ellos permitirá satisfacer fines que siguen siendo muy relevantes. O, como dice Fekete, la utilidad de los bienes más líquidos parece ser, a efectos prácticos, constante.

Obviamente, una utilidad marginal que decrece muy lentamente se manifiesta en el mercado en forma de un bid/asked spread que tampoco se incrementa sustancialmente con las variaciones en la cantidad que se quiere comprar o se quiere vender. Los vendedores pueden vender casi cualquier cantidad a un precio ofrecido (bid price) casi constante porque siempre hay consumidores dispuestos a pagarlo y los compradores pueden comprar cualquier cantidad a un precio pedido (asked price) casi constante porque a poco que incrementen sus pujas, éstas superarán la utilidad que para multitud de individuos tienen los bienes líquidos, aumentando notablemente su oferta.

Fue esta estabilidad en el bid/asked spread la que observó Menger cuando sentenció que: "Cuanto menor sea el margen, es decir, la diferencia entre el precio pedido y el precio ofrecido de una mercancía, mayor tiende a ser su grado de comercialización. (…) [Denominamos a los] artículos [como] más o menos líquidos de acuerdo con la mayor o menor facilidad con que se los puede vender en un mercado en el momento conveniente".

Sin embargo, tal y como apuntaba en mi anterior artículo, muchos bienes o activos también muestran un diferencial de precios más o menos constante gracias a la continua actuación de los market makers en los mercados secundarios. Es más, prácticamente todo bien puede durante un tiempo mantener más o menos estables sus spreads si se destina a ello el suficiente capital.

El problema, claro, es que entonces la inclusión de bienes líquidos en los saldos de tesorería de los agentes no les garantizaría que pudieran adaptarse inmediatamente a los cambios externos -que es, precisamente, para lo que sirve la tesorería-, sino que esa capacidad dependería del precio que pudieran negociar con dificultad por ellos en el mercado. Este problema se agrava si tenemos en cuenta, además, que la demanda y oferta de ciertos activos por parte de los markets makers depende en buena medida de las disponibilidades de crédito, lo que provoca que numerosos activos sean aparentemente muy líquidos (en realidad muy negociables) cuando el crédito está creciendo y muy poco líquidos cuando éste se contrae (justo el momento en que más necesarios se vuelven los activos líquidos).

La diferencia entre liquidez y negociabilidad, si bien en apariencia difusa, sí puede precisarse y acotarse. Fijémonos en que si la liquidez se refiere a una utilidad marginal que desciende muy lentamente porque satisface fines muy importantes, los bienes líquidos sólo podrán ser aquellos que sirvan para satisfacer por sí mismos las necesidades de los individuos, esto es, bienes de consumo cuya utilidad marginal sea muy estable.

Por el contrario, los bienes o activos negociables son aquellos cuya demanda última se basa en que permiten lograr -o en que dan derecho a- bienes de consumo futuros (bienes de orden superior) que, por tanto, no satisfacen directamente las necesidades de ningún individuo. Los agentes económicos los adquieren o para obtener esos bienes de consumo futuros o con la expectativa de enajenarlos a otros individuos que los demandan, con la finalidad, a su vez, de apropiarse de los bienes de consumo futuro.

En otras palabras, la demanda original de los bienes líquidos debe proceder del gasto en consumo, mientras que la demanda de los bienes negociables siempre provendrá del ahorro. Son los market makers quienes, gracias a su enorme capital, tienen la capacidad suficiente para absorber, de manera temporal, grandes cantidades de cualquier bien con las que construir unos inventarios que poco a poco van enajenando a otros agentes. Que el bien sea líquido o no dependerá, pues, de si esos otros agentes son consumidores que demandan esos bienes para el uso final o si, en cambio, son capitalistas que quieren inmovilizar su capital en ellos para posponer su consumo.

Al fin y al cabo, la demanda del market maker se secará tan pronto como prevea que no hallará salida para sus inventarios y esa previsión dependerá de sus expectativas respecto a las demandas de los capitalistas, que pueden ser muy fluctuantes según su posición de liquidez o sus perspectivas sobre la rentabilidad del activo. O dicho de otra manera, en una economía sin ahorro, sin crédito o sin market makers, no habría bienes negociables, pero sí habría bienes líquidos.

Es la amplitud del gasto en consumo lo que determina la intensidad y la variedad de bienes líquidos (lo que Adam Smith y Fekete llaman capital circulante social), mientras que es el ahorro destinado a construir y conservar los inventarios de los market makers el que determina la intensidad y la variedad de bienes negociables.

Los agentes (y especialmente los bancos), por tanto, no deberían conformar sus saldos de tesorería con bienes o activos cuya vendibilidad dependa de la propensión a invertir de los individuos -de aquella parte de su renta que quieran conservar a lo largo del tiempo- sino de su propensión a consumir. Por eso las viviendas, cuya demanda a día de hoy depende casi en su totalidad de que otros nos presten sus ahorros en forma de crédito, no son un activo líquido y la porción de los bienes de consumo más urgentemente demandada sí lo es.

En general, y para concluir, ningún bien o activo que deba adquirirse a crédito (o cuyo repago dependa de la disponibilidad de crédito) o que proporcione rentabilidad a lo largo de un período prolongado de tiempo podrá aspirar a ser líquido (sólo negociable) y no debería colocarse en la tesorería de los agentes económicos. En caso contrario, cuando los agentes incrementen su atesoramiento y recorten su gasto en inversión, el valor de estos bienes o activos negociables se desplomará y el propósito que los agentes buscaban con ellos -conservar su valor en cualquier circunstancia y para cualquier cantidad enajenada o adquirida- se verá frustrado. No pocos bancos se han descapitalizado durante esta crisis porque se vieron forzados a liquidar con grandes descuentos aquellos bienes y activos a largo plazo que pensaban que siempre podrían endosar a otros bancos por su importe nominal.

“Mercado medioambiental” frente a “Economía Sostenible”

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 2009, constituye un auténtico cajón de sastre, ya que combina toda una amplia gama de medidas, no sólo medioambientales, sino también fiscales, económicas, educativas, reguladoras y administrativas. El único denominador común es la impronta del intervencionismo público, de una u otra forma.

Se trata, en esencia, de una particular estrategia gubernamental para cambiar el modelo productivo en un horizonte de diez años. El programa está dotado inicialmente con un fondo de 20.000 millones de euros, financiado a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y entidades financieras privadas.

Sin embargo, el proyecto también recoge el famoso Plan E para 2010, conocido oficialmente como Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros a repartir entre los municipios para la realización de obras de diversa índole con el objetivo de ocupar a unos 250.000 trabajadores. De este modo, el coste total de este plan se aproxima a los 25.000 millones de euros, equivalente al 2,5% del PIB nacional.

El error teórico del citado proyecto, al igual que ocurre con la inmensa mayoría de la legislación actual, reside en la aplicación de la perspectiva estática en el ámbito de la eficiencia económica. Así, en lo que se refiere al medio ambiente, todos las medidas que incluye el Gobierno en esta ley van dirigidas hacia el ahorro energético, la redistribución de costes medioambientales y la reducción de gases contaminantes, desechando de plano la innata capacidad creativa del ser humano y, por lo tanto, la función empresarial en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

Y todo ello, bajo la excusa de combatir el tan temido calentamiento global. No es la primera vez que los socialistas y comunistas se escudan en la llegada inminente de un Apocalipsis medioambiental para justificar una mayor intervención del Estado en el ámbito económico y social.

Así, por ejemplo, en 1972, el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, el mayor bestseller del ecologismo, en el que se predecía el inminente colapso de la civilización a menos que se detuviera el desarrollo económico. Basándose en modelos informáticos -al igual que las proyecciones de la ONU sobre el calentamiento global-, esta organización calculó que la población mundial alcanzaría los 7.000 millones en el año 2000. Esto provocaría el agotamiento de alimentos y de ciertos recursos naturales como el cobre, la plata o el petróleo. ¿Solución? Reducir el número de seres humanos.

Sin embargo, en 2010, con una población próxima a esa cifra (7.000 millones), tales materias primas no muestran signos de agotarse, mientras que las tierras de cultivo tan sólo han necesitado crecer un 5% gracias al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas. Una vez más, el terrible pronóstico de los algoreros no se ha cumplido. Y ello, gracias a la innata capacidad creativa y empresarial del individuo que propicia el mercado libre.

El debate actual sobre la “sostenibilidad económica” ignora por completo las soluciones demostradas y constatables que ofrece el mercado en la gestión de los recursos naturales. Ya va siendo hora de plantear abiertamente en el debate público ciertas cuestiones que, hasta ahora, son materia tabú.

El toro de lidia se habría extinguido hace décadas sin la fiesta nacional. Lo mismo sucede con el corzo, el ciervo, el jabalí o la perdiz si no existieran los cotos privados de caza. Así pues, ¿qué impide aplicar este sistema a especies como el león, el tigre o el rinoceronte?

El volumen de percebes y mejillones en la costa gallega aumenta año a año gracias a la asignación de títulos de propiedad privada para su explotación. Hasta hace poco se temía la extinción del salmón o la trucha, hasta la llegada de las piscifactorías. ¿Por qué entonces no privatizar el mar? ¿o permitir la ganadería marina de ballenas?

El comercio de pieles ha permitido el aumento de especies como la chinchilla, los visones, el cocodrilo o las serpientes. ¿Por qué no extenderlo a las focas y al marfil de los elefantes? ¿Por qué no privatizar las selvas para garantizar la reforestación mediante la explotación de la madera o de las plantas?… En definitiva, apostar por el Mercado Medioambiental frente a la Economía Sostenible de los socialistas.