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El Jefe del Estado y sus funciones

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En una democracia parlamentaria el Jefe del Estado debe garantizar la estabilidad institucional, pero además debe proteger los derechos y libertades de los ciudadanos a los cuales debe su cargo.

Según este planteamiento, el Presidente en una república, o el Rey en una monarquía, debe trabajar con coraje y astucia para que la lucha política no deteriore las instituciones democráticas y, por tanto, para que no se legisle en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Ambas figuras tienen sus ventajas e inconvenientes. El Presidente en una república democrática es elegido por sufragio universal cada cierto tiempo, pero siempre queda sujeto al desgaste público, tanto por las campañas electorales en las cuales debe involucrarse como por las decisiones que debe asumir en el ejercicio del poder ejecutivo.

Sin embargo, un Rey queda elegido por el refrendo mayoritario de los ciudadanos a la Constitución que instaura la monarquía parlamentaria y, aunque sanciona y promulga las leyes, queda fuera del ejercicio del poder. La familia real representa un vínculo sociocultural e histórico con el pasado de la nación y de las personas que la integran. Ese vínculo de unión puede verse reforzado en el caso de que se produzca el casamiento del rey o de su heredero con personas del pueblo que tengan sentido de Estado y actúen con la dignidad y la responsabilidad adecuadas.

Quizás, la principal ventaja de una monarquía frente a una república reside en que el Rey y su familia representan la primacía de la Constitución, del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, arbitrando su correcto funcionamiento más allá de las luchas por el poder y de las tendencias naturales e incorregibles de muchos políticos por coartar la libertad de la población y por utilizar las instituciones en su propio beneficio o, incluso peor, por arrastrar el país hacia el infierno de la utopía.

En todo caso, tanto en el caso de un Presidente como en el caso de un Rey, la persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe ser la primera garantía de la dispersión pluralista del poder, como única alternativa viable institucionalmente para que, actuando con independencia de los políticos, diversas fuentes de poder actúen como contrapesos que institucionalicen un mayor control de las actuaciones públicas de los cargos políticos y proporcionen máximas condiciones de libertad para la interacción libre en un mercado mínimamente intervenido.

Por otro lado, si realiza bien su trabajo, un buen Jefe de Estado debe moderar el funcionamiento de las instituciones y la correcta aplicación de la Constitución, ya que se le permiten ciertos privilegios a cambio de ejercer su cargo con la inteligencia y la valentías necesarias para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y el funcionamiento democrático de las instituciones, conforme al espíritu y el texto de la Constitución, con el noble objetivo de garantizar la convivencia pacífica durante el mayor número de generaciones posibles.

El lector puede preguntarse ¿por qué son tan importantes esas funciones en un Jefe de Estado? Y la respuesta está en la esencia misma de una sociedad civilizada. Sólo se consigue una sociedad extensa, compleja y abierta, cuando las instituciones respetan los derechos individuales por encima del poder político, ya que son derechos inmanentes a la naturaleza del hombre libre y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a cualquier Constitución.

Esto significa que un Jefe del Estado debe siempre reclamar que se ejerza una protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en una nación y, debe exigir que exista una sujeción a la Constitución del funcionamiento de todas las instituciones. Precisamente, por ser uno de los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe del Estado tiene responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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El Estado debe obligar a los hijos a cuidar a sus padres

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Si defendiera lo que dice el título no sólo protestarían los liberales, sino todos los hijos en general. Sin duda, quieren a sus padres y se preocupan por su bienestar, pero ninguno cree que deban estar legalmente obligados a cuidar de ellos. La ayuda se presta de forma voluntaria. Incluso si se trata de padres en situación muy precaria, que han criado a sus niños con gran pena y esfuerzo durante años, nadie apoya una ley que redistribuya renta entre familiares o que reconozca el derecho social a vivir en casa de los hijos.

Sin embargo, cuando hablamos de gente desconocida, el espíritu y el lenguaje de la voluntariedad son rápidamente sustituidos por los de la imposición. La solidaridad y el deber moral ya no consisten en prestar ayuda al prójimo por propia iniciativa, sino en cargar impuestos para satisfacer derechos sociales.

¿No es paradójico que tengamos, hacia individuos anónimos de los que ignoramos su integridad o sus méritos, obligaciones que no tenemos ni para con nuestros padres o seres más queridos? Si alguien no cuida de sus padres como merecen, le acusamos de ser un mal hijo, pero no pedimos que lo metan en la cárcel. Nadie nos tacha de insolidarios por no exigir que el Estado obligue al hijo a asistir a sus progenitores so pena de cárcel.

En cambio, si alguien se resiste a la redistribución de sus ingresos es multado, embargado y, a la postre, encarcelado. Si alguien expresa su opinión en contra de esa redistribución forzosa es calificado de insolidario, dando por descontado que esa postura emana de un sentimiento egoísta o de indiferencia hacia las necesidades de los demás.

“Si no crees que una persona tiene derecho a una vivienda o a una pensión digna, ¿significa que te da igual que duerma debajo de un puente o que no disponga de dinero durante su vejez?” Es la típica reacción del estatista a la postura del liberal. Como dice Theodore Darlympe, el socialismo atrofia la imaginación. Fuera de los derechos sociales parece que no sepan concebir ninguna alternativa a que la gente viva bajo un puente o los ancianos se mueran de hambre. No reparan en que el liberal, en lugar de limitarse a tranquilizar su conciencia apelando a supuestos derechos sociales, prefiere interesarse por la materialización práctica de ese derecho; a saber, cuál es la mejor manera de proveer viviendas a precios asequibles y hacer que nuestros mayores disfruten de cuantiosas pensiones, concluyendo que hay que liberalizar el suelo y privatizar las pensiones para que los trabajadores puedan capitalizar sus ahorros. Al final es el liberal quien pregunta al estatista: “¿te da igual que una persona duerma debajo de un puente o que un anciano tenga una pensión mísera mientras tu Estado del Bienestar declare solemnemente que garantiza una vivienda y una pensión digna a todos?”.

Lo más curioso, como señala Bryan Caplan, es que el Estado del Bienestar, con sus programas universales, ni siquiera cobra a los ricos para ayudar a los pobres. Retórica aparte, la redistribución es básicamente horizontal, y esto es así por razones de incentivos, grupos de interés y dinámica electoral. El Estado no carga un impuesto a Pedro para ayudar a Juan, cargan un impuesto a Pedro para ayudar a Pedro. O, en palabras de Bastiat, “el Estado es la ficción por la cual todos pretenden vivir a costa de los demás”.

Una solución medieval a la pobreza

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Digámoslo cuanto antes. La pobreza es la misma condición del hombre; aminorarla depende de que éste adopte ciertos comportamientos y no todo el mundo podrá adoptarlos o querrá hacerlo. Así que la pobreza no tiene solución. Pero ello no quiere decir que no se puedan ofrecer formas nuevas y viejas para permitir a las personas salir de la pobreza. La que me ha interesado en esta ocasión es muy nueva, y tan antigua como el medievo, crear ciudades con cartas de derechos otorgadas.

La idea la ha expuesto recientemente Paul Romer, un conocido economista, especialista en crecimiento económico. Él parte de la idea de que actuamos por nuestro propio interés (lo que no quiere decir de forma egoísta), y de que en el entorno institucional adecuado ello lleva a producir y acumular riqueza y, por tanto, a abandonar la pobreza. Pero hay otros entornos en los que ese interés propio lleva a comportamientos menos productivos e incluso antisociales. La cuestión es “cómo liberar a las personas de las normas nocivas”. Su propuesta pasa por crear “docenas, quizá centenares de ciudades con cartas” en los países pobres, pero con normas creadas por países desarrollados. Romer lo ve como “un camino intermedio entre las lentas reformas internas y unos arriesgados intentos de re-colonización”. Es un nuevo colonialismo, de todos modos, pero él lo plantea como si fuera consensuado.

Las “cartas” serían auténticas constituciones que reconocerían los derechos de los nuevos ciudadanos, y dentro de ello, los inmigrantes que acudiesen a esta nueva ciudad serían libres para ir cambiando las normas. La principal idea detrás de esta propuesta es ofrecer a las sociedades pobres la posibilidad de elegir unas normas diferentes con las que vivir. Además, una ciudad tiene el tamaño adecuado para no exigir normas comunes para comunidades muy amplias y diversas, lo que limita los conflictos políticos. Sería un espacio de libertad en un entorno de opresión.

La idea recuerda a aquéllas ciudades medievales que se ganaban ciertas libertades, reconocidas en una carta, que permitían un autogobierno, la creación de instituciones eficaces, y con ellas la libertad económica y la prosperidad. Pero esos arreglos institucionales no se hacían graciosamente, sino que se alcanzaban por una negociación entre poderes diversos que llevaban a un proceso de difusión del poder como lo ha explicado John P. Powelson. Y no está claro qué podría llevar a permitir y respetar una ciudad así a un Estado que no ha permitido la adopción de normas que restrinjan su poder. Lo único que podría llevarle a hacerlo son los ingresos fiscales.

Romer pone como ejemplo histórico cercano que pudiera ejemplarizar su propuesta a Hong Kong, la economía más libre del mundo desde hace décadas. La idea es muy atractiva. Pero no parece fácil de llevar a la práctica.

Una propuesta de liberalización televisiva y radiofónica

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Con la excusa, cada vez menos creíble, de las limitaciones técnicas, y la de un supuesto máximo de emisoras asimilables por el mercado publicitario, los Gobiernos de prácticamente todos los países establecen sistemas de licencias televisivas y radiofónicas que les permiten limitar el número de emisoras presentes en su territorio.

Esto permite a los Ejecutivos, tanto nacionales como de administraciones territoriales (como los ayuntamientos y estados federados, comunidades autónomas o similares), crear sistemas donde se favorece a empresas de comunicación afines y se recorta la libertad de expresión, al impedir la entrada en acción de nuevas cadenas o emisoras contrarias al gobernante de turno.

A esto se suma que el sistema de licencias permite que quien gobierna en un territorio, con independencia de que sea un país, una región, estado, municipio u otro, disponga de un útil instrumento de coacción sobre los críticos. Se trata de la amenaza de no renovar o incluso revocar el permiso para emitir. Es necesario, por tanto, un modelo de reparto del espacio radioeléctrico (para transmitir por cable no debería ser necesario ningún tipo de reparto más allá del acuerdo entre empresas privadas) que lo liberalice de verdad y permita una verdadera libertad de medios audiovisuales sin interferencias políticas.

A continuación presentamos una propuesta para España pero que, con ligeros cambios relativos a la división administrativa, podría ser igualmente aplicable a cualquier otro país.

1. Cierre o privatización de las radios y televisiones de titularidad pública.

2. Eliminación de participaciones máximas permitidas en una o varias emisoras de radio o televisión.

3. Suspensión absoluta y definitiva de cuotas de emisión por nacionalidad de la producción u otros factores (como idiomas, por ejemplo).

4. Definición de "ámbitos" de espectro radiofónico para su uso por tipos de emisiones: radio digital, radio analógica, televisión digital, televisión analógica, telecomunicaciones (telefonía móvil, internet por radio y otras posibles futuras tecnologías).

5. Fragmentación de cada uno de esos "ámbitos" de espectro en "zonas" de frecuencia reservadas a las distintas áreas geográficas de emisión: nacional, autonómica, provincial, comarcal (o insular para los archipiélagos) y municipal (este último se puede a su vez dividir por barrios en caso de ciudades de cierto tamaño). En las comunidades uniprovinciales, las "zonas" de emisión autonómica y provincial se sumarían, mientras que en Ceuta y Melilla estas dos se unirían a la comarcal y municipal.

6. Dividir cada una de estas "zonas" en la mayor cantidad posible de franjas de emisión técnicamente viables (en la actualidad casi no existe límite).

7. Eliminación del sistema de licencias. Se sustituye estas por una mera "comunicación" administrativa por parte de la empresa u organización (el sistema estaría abierto a su uso por parte de todo tipo de asociaciones que estuvieran dispuestas a participar en él usando fondos privados para ello) interesada en usar una franja de emisión disponible hasta ese momento. El nuevo actor tan sólo tendría que informar de su intención de comenzar a emitir, en qué frecuencia lo haría y para que ámbito territorial.

8. Establecimiento de un periodo máximo para comenzar a emitir, a fin de evitar que alguna compañía comunique que va a usar una gran cantidad de frecuencias y no lo haga, para evitar que éstas sean usadas por otras empresas u organizaciones.

9. Instauración de un sistema de inspección. Podría ser privado pero (dado que los Estados no estarían dispuestos a ceder hasta este punto) también sería factible un organismo mixto. Tendría como función supervisar que se producen las emisiones y dispondría de capacidad de establecer que una frecuencia ha vuelto a quedar libre, pero sólo tras un periodo sin emisiones lo suficientemente largo como para que no se deba a problemas técnicos o empresariales que se puedan resolver a corto o medio plazo. Este organismo podría no instaurarse y sustituirse mediante el recurso a los tribunales o a un sistema privado de arbitraje.

Este modelo sería, sin duda alguna, mejorable. Sin embargo, podría ser un buen punto de partida para establecer un sistema de medios audiovisuales realmente libre y sin interferencias políticas.

Venezuela devaluada

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.

El tabaco, un negocio muy rentable para el Estado

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Hipocresía, éste es el término que mejor define la actitud del Estado respecto al ámbito del tabaco. Por un lado, la nueva reforma legislativa persigue a los fumadores con mayor ahínco mientras que, por otro, amplía los puntos autorizados para la venta de cigarrillos. De ahí, precisamente que, más que Ley Antitabaco, ésta deba ser calificada como Ley Antifumadores. Y es que, al contrario de lo que se piensa, al Gobierno le interesa, y mucho, que la gente siga fumando, ya que dicho hábito le genera pingües beneficios.

Los políticos son conscientes de que este particular producto, debido a la adicción que provoca, se caracteriza por tener una demanda muy inelástica, de modo que su consumo apenas varía en función de la subida o bajada de precios. El Estado aprovecha esta circunstancia para aumentar los impuestos que gravan el tabaco, incrementando así sus ingresos, si bien luego, de cara a la opinión pública, trata de ocultar este hecho alzándose como el gran defensor de la salud de los ciudadanos. Nada más lejos de la verdad. Los datos así lo demuestran.

La recaudación fiscal vinculada a esta actividad no ha dejado de crecer ni un solo año. Así, el Estado ingresó 9.842,3 millones de euros en 2010 mediante los impuestos especiales y el IVA del tabaco. En concreto, 7.966,1 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.876,2 millones restantes al IVA. Esta cifra supone un 4,19% más que lo recaudado en 2009 y un nuevo récord histórico. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los impuestos representan casi el 84% del precio de una cajetilla, de modo que el Estado se fuma 16 pitillos por paquete.

Desde 1990, los ingresos derivados del tabaco se han multiplicado por seis gracias a las constantes subidas tributarias que ha experimentado este producto. Desde entonces, los fumadores han desembolsado a las arcas públicas más de 115.000 millones de euros en total, lo cual no está nada mal. Para poner esta cifra en perspectiva, los fumadores pagan cada año en impuestos el equivalente al 25% del Impuesto de Sociedades y al 15% del IRPF. De este modo, cada fumador paga de media algo más de 1.000 euros al año en el pago de impuestos asociados al tabaco. 

En teoría, las leyes antifumadores se promulgan con la intención de reducir el consumo de cigarrillos y el número de fumadores, pero la realidad, una vez más, es bien distinta. El porcentaje de fumadores en España apenas ha variado en los últimos años. De hecho, ha aumentado ligeramente desde 2006, año en el que se aprobó la Ley que acaba de ser reformada y endurecida: desde el 34% de los mayores de 15 años en 2006 hasta el 35% en 2009, frente al 29% de media en la UE-27. En concreto, 9,23 millones de personas fumaban cigarrillos a diario en 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, es evidente que la ley ha obtenido un rotundo fracaso en la consecución de los objetivos perseguidos a no ser, claro está, que el fin último del Ejecutivo sea realmente otro. Y es que, efectivamente, aunque el número de fumadores apenas varía (un 1% más), la recaudación fiscal que origina el tabaco se ha elevado en 1.700 millones desde 2006, un 20,8% más. Sin duda, un negocio muy rentable para el Estado.

Despertares

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente se ha popularizado el término de generación ni-ni para caracterizar a los jóvenes de entre 16 y 26 años que ni estudian ni trabajan. Más allá de ofrecer contenido para alguna serie de televisión estrambótica, el hecho es que toda una generación criada en la prosperidad de sus padres no ha sabido, o no ha podido, incorporarse al mercado laboral ni autorealizarse. Pero los ni-ni’s no son más que la culminación de un cambio social que también ha afectado a la generación anterior, que habiendo estudiado y trabajando conforma una sociedad mileurista de la que no puede escapar y que también terminará atrapando a los ni-ni’s.

Los estudios reglados tampoco marcan hoy la diferencia, pues encontramos que de la mayoría de facultades tan sólo salen analfabetos titulados sin valor en el mercado; el título que acreditan debería ser una seña de excelencia y eso hoy sólo se encuentra en el extranjero y en contados postgrados. Así pues, las diferencias entre quienes tienen estudios superiores y quienes los dejaron en su día no es tanta y los puestos de trabajo que pueden encontrar son similares. 

El recurso fácil en estos casos suele limitarse a diluir los fracasos individuales en responsabilidades colectivas o, directamente, en culpar no a la mano invisible del mercado sino a la mano negra del consumismo y del egoísmo. Y como no, la solución pasa por engrosar el Estado. Pero no es la ausencia de libertad sino la ausencia de responsabilidad la que ha promovido estos comportamientos cortoplacistas.

La educación, completamente controlada por los poderes públicos, se ha colocado de espaldas al mercado laboral y el agujero presupuestario que supone sólo es comparable al coste social que produce. Las buenas intenciones de los políticos de turno, que a golpe de ley nos quieren hacer más inteligentes, no hacen más que incrementar las diferencias y aquellos que quieren tener colgado en su despacho un título que les aporte valor se ven obligados a salir del circuito público que lejos de formar “las generaciones mejor preparadas de la historia de España” las degenera.

Quienes no pertenecen a esta élite son adoctrinados, educación para la ciudadanía mediante, para encontrar esta felicidad marcada por los políticos de una vida sin sobresaltos y con todas las seguridades que otorga el estado. El sistema se perpetúa con el culto a la nueva religión secular y se protege de quienes lo ponen en duda expulsándolos.

Así se cierra el círculo perverso en el que la creatividad se ahoga en la mediocridad y cualquier atisbo de ambición o competencia se antoja demasiado arriesgado allí donde hasta “gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad” es un derecho. Las ideas felices y su desarrollo quedan en manos de una élite que se cuida mucho de que sus hijos no cursen los planes que ellos han diseñado para el resto de mortales.

Desde la pirámide de Maslow parece lógico que, satisfechas las necesidades primarias, el ser humano se dedique a realizar otras apetencias que pueden conllevar satisfacciones más espurias o elevadas. Por supuesto, no es objeto de esta reflexión establecer o jerarquizar un listado de preferencias comunes ni la forma en que los hombres pueden alcanzar la felicidad, pues eso es algo que debe elegir cada uno.

El problema, no obstante, reside en que todas las informaciones que reciben los individuos para tomar decisiones son falsas o están maleadas por la intervención estatal conduciendo su vida a un callejón sin salida. La irresponsabilidad, el cortoplacismo y la infantilización de la sociedad no es más que la consecuencia de la falsa seguridad garantizada por el estado; conductas que una vez que se generalizan convierten a toda la sociedad en dependiente e incapaz de crear riqueza a través de la innovación y el espíritu emprendedor. Una comunidad así sólo puede vivir y disfrutar de la prosperidad que generaron sus antecesores pero dejará el terreno yermo para las generaciones venideras.

Una vez más, la búsqueda de una solución centralizada por parte de los poderes públicos no ha hecho otra cosa que crear desajustes enormes que, como toda burbuja, terminará por pincharse. El sistema es insostenible y esta crisis de la prosperidad estallará con toda su crudeza cuando la crisis económica depure los excesos y reajuste las malas inversiones. A diferencia de lo que nos han enseñado durante todo este tiempo, no tenemos derecho a todo sino que tendremos que ganárnoslo y renunciar a muchos de esos bienes producto de las rentas de quienes nos precedieron. Será muy duro, pero en cierto modo será un despertar tras un largo sueño inducido por la comodidad de permitir que otros decidieran por nosotros.

La responsabilidad, en último término, es nuestra por haberlo permitido; pero también está en nuestras manos la posibilidad de desatarnos y salir de la caverna platónica para mirar el mundo directamente, poniendo fin a esta vuelta a la adolescencia. Lo malo de este nuevo despertar es que la realidad es más imperfecta que las sombras con las que tratan de engañarnos; y lo bueno, que vivir consiste en sobreponerse a las dificultades superándonos día a día.

Cómo se humanizó la economía vietnamita

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Tras más de un siglo de sucesivas guerras contra Francia, Japón, EEUU, y luego contra las vecinas China, Camboya y Laos, la población de Vietnam quedó diezmada y su economía devastada. La situación empeoró aún más con la reunificación del país bajo un mismo gobierno comunista en 1975, al decretarse centralmente una economía cerrada y fuertemente dirigida desde el poder. El triste resultado de todo ello fue la imposibilidad de producir lo más básico para mantener con vida a los propios vietnamitas. Se evaporaba el futuro esperanzador que algunos intelectuales (i.e. Chomsky) veían allá románticamente.

En julio de 1986, cuando Lê Duân -sucesor de Ho Chi Minh- falleció, las autoridades comunistas de Vietnam llegaron a la conclusión de que más recetas de corte estalinista iban a suponer sencillamente el colapso de su cuerpo social. Por entonces, dicho país importaba anualmente 1,5 millones de toneladas de arroz y el hambre se propagaba más veloz que las consignas políticas. Fue entonces cuando pusieron en marcha su particular perestroika (un año antes que la soviética) para transformar todo su modelo productivo desde una economía centralmente planificada hacia otra más amable con el mercado -tutelado, no obstante, por el poder comunista-. A este sensato cambio se le denominó Doi Moi (renovación).

Lo que se inició como una tímida reforma del sistema económico comunista de Vietnam, acabó derivando -especialmente en 1991 tras el desmoronamiento definitivo de la URSS- en un repudio de facto de todos los principios responsables de su calamidad económica. Los cambios más importantes consistieron en la abolición de aduanas internas, el fin del control de precios y de subsidios directos, la instauración de precios y salarios de mercado, la descolectivización de la agricultura, el reconocimiento y protección de la propiedad privada, el permiso a los empresarios para contratar inicialmente hasta cinco trabajadores, la reducción progresiva de restricciones a la autonomía empresarial, la liberalización de amplios sectores de la economía, la supresión del monopolio estatal del comercio exterior y la apertura internacional del mismo, la privatización de algunas empresas públicas y la creación de zonas francas que garantizasen el capital extranjero. Todo aquello fue enmarcado en una suficiente estabilidad institucional.

Fruto de ello, una explosión de ‘empresarialidad’ y dinámica experimentación invadió el país de cabo a rabo. Miles de pequeñas o pequeñísimas empresas empezaron a ofrecer sus bienes y servicios dentro y fuera de sus fronteras en una frenética marea de intercambios, inversiones y turismo. Hoy, dos terceras partes del producto interior de Vietnam provienen de la iniciativa privada. La crisis asiática del 97 le afectó poco y desde hace más de una década, su tasa media de crecimiento está por encima del 7%. Actualmente Vietnam es el segundo exportador de arroz del mundo (después de Tailandia) y el segundo vendedor de café (tras Brasil); también es uno de los principales actores en la exportación de caucho natural, muebles, calzado y confección textil. Con más de 86 millones de almas degustando la incipiente libertad, es seguramente la economía de más rápido crecimiento del mundo.

En estos momentos el Estado vietnamita maneja aún el 36% del PIB nacional (porcentaje ya menor al de la mayoría de los países de la OCDE). Desde inicios de siglo se han ido creando en dicho país anualmente unas 14.000 empresas privadas (que pueden ser muchas más debido a la extensa economía sumergida con la que cuenta). Desde 2005 hay cierta libertad de culto y se permite también la vuelta de algunos exiliados al país. La pobreza severa (definida como aquella población que gana menos de 1 dólar diario) se ha reducido significativamente, situándose hoy por debajo de países como China, India o Filipinas.

No obstante, aunque su renta per cápita se ha quintuplicado en los últimos quince años el país indochino padece severos inconvenientes: a parte de sufrir una escasez importante de libertades civiles y políticas, lastra una atosigante burocracia, un pobre desarrollo tecnológico y gerencial, unas raquíticas infraestructuras así como toda una casta política -estatal, provincial y local- corrupta hasta el tuétano (por lo demás, signos todos ellos inherentes a cualquier dictadura ordinaria de partido único). Todavía no se permite que el capital extranjero tome una participación superior al 49% de las empresas locales. El banco central del gobierno –uno de los monopolios indiscutidos del partido comunista- ha llevado a cabo durante años una laxa política monetaria y crediticia que se ha traducido en una inflación desbocada de su moneda local (el dong) y en un riesgo elevado de estallido de burbujas de activos varios (¿les suena?). El banco central vietnamita, el SBV, ha aplicado recientes cataplasmas para conjurar los desórdenes monetarios creados por el mismo; está por ver si la extensa red de pequeños bancos comerciales de dicho país sale indemne.

A pesar de todo ello, es indudable que el Doi Moi de Vietnam ha representado, en términos generales, un notable éxito al sacar a sus habitantes de la miseria facilitándoles el acceso a la economía global y permitiéndoles beneficiarse de su ventaja comparativa. Cuanto más se profundice en las reformas que desaten la capacidad de actuación creativa de sus gentes y haya menos dirigismo económico de sus políticos, mayores posibilidades existirán allá de disfrutar de un progreso prometedor.

Como nos recuerda Manuel Ayau, el mercado es el único sistema que puede sacar a un país de la pobreza, siendo además una organización no jerárquica. Sólo cuando se da libre curso a la búsqueda espontánea y descentralizada de riqueza y se crean los estímulos y reglas adecuados para activar las fuerzas del mercado, esto es, sólo cuando los diversos comunismos y sus variantes socialistas se aproximan al capitalismo (y no al revés) es cuando se humanizan y se hacen verdaderamente sostenibles. Los hechos así lo atestiguan

Cómo impartir EpC y no sufrir de náuseas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

En esa situación me encuentro ante niños de 11 y 12 años durante hora y media cada semana. No cabe duda de que me resultaba violento hacerlo y de que me resistí a ello. Solamente me disuadí de evitarlo cuando pensé qué libro de texto primaría si yo no aceptaba. Y me puse a ello.

Lo primero que hube de hacer es el preceptivo currículo para la asignatura en el que situé todos los lugares comunes de la misma evitando siempre los dos sesgos más perniciosos que caben en el modelo ministerial.

El primero y, a mi juicio, más grave tinte es el colectivista. Todo el currículo de EpC está plagado de colectivismos. Los derechos son colectivos; las diferencias humanas son colectivas; las segregaciones, grupales; las identidades, comunitarias. Sin olvidar esa parte tan necesaria para el ser humano que es el grupo y la pertenencia a él, introduje el elemento básico que no es otro que el individuo o, mejor, la persona, en la que se integra la soberanía individual y los compromisos asociativos entre los que nace y los que entabla a lo largo de su vida.

Visto así, hablar de no discriminación ya no resulta un mero discurrir acerca de las perversiones del racismo y la xenofobia para sustituirlo por el diálogo “entre culturas”. No discriminación es destacar que, por encima de identidades culturales, raciales y territoriales está el individuo. Que las culturas no tienen existencia propia, son meros resúmenes conceptuales para el manejo comunicativo y, por consiguiente, no tienen derechos. Y, lo más importante para la formación de personas, que por encima de las decisiones de ella misma no existen ni culturas, ni razas, ni grupos, que es el individuo el que tiene derechos.

Para desarrollar esto me serví del método compositivo de estudiar el desarrollo humano. El primer texto de la clase es una adaptación propia del ejemplo que en los textos de destacados autores austriacos, especialmente Huerta de Soto, con un Robinson Crusoe ‘ad hoc’ y las sucesivas incorporaciones que, como el caso de Viernes, aportan complejidad sin perder claridad. Gracias a él los alumnos, en orden a conocer mejor los fundamentos de la acción humana, estudiaron conceptos como la preferencia temporal, la cooperación social y un rudimentario esbozo de las ventajas comparativas de un adecuado reparto de tareas entre los seres humanos.

El segundo sesgo a desechar es la pérdida de respeto por los propios valores occidentales que no resultan disociables de la enseñanza de la soberanía del individuo y de las ventajas de la cooperación social voluntaria. Frente a elementos identitarios, que en el caso de mis alumnos afectan no excesivamente pero sí sutilmente, basados en el celtismo y majaderías similares, el aleccionamiento que reciben es que los mimbres entre los que se traba la libertad individual que han de asimilar y practicar de la mejor manera posible han tenido su mejor desarrollo, aunque no el único, en los entresijos de la herencia greco-romana y judeo-cristiana. Señalando los graves errores de ésta, que los hubo y los hay, y destacando las cimas del pensamiento y de la obra occidental a favor de una vida humana más plena en tanto que más libre e individualista, los alumnos aprenden a no arrojar al basurero lo mejor que tenemos.

Y todo esto, moviéndome entre las líneas de la legalidad tanto como de la libertad.

Sobre pensiones y pastillas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El anuncio del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de las medidas referentes a la reforma de las pensiones en España ha revolucionado el gallinero. Mientras que unos tratan de salvar lo que tiene de positivo alargar la vida laboral, al menos en determinadas profesiones, otros, como Juan Ramón Rallo, insisten en recordar lo peligrosamente parecido que es nuestro sistema de reparto a la estafa piramidal tipo Ponzi o Madoff.

Una de las cosas que un buen maestro debe hacer con su pupilo es iniciarle en el oficio. En mi caso, mi maestro hizo lo propio en 1995 cuando publicamos conjuntamente un artículo titulado ‘Pobres viejos pobres’ en la Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Las conclusiones generales de aquel estudio se sostienen hoy en día. Sobre todo, la principal: el sistema de reparto ha puesto en peligro el futuro de los pensionistas del mañana. Otra de las conclusiones es que pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización no es cosa fácil, las transiciones suelen ser siempre complicadas: si el sistema de reparto tiene una amplia cobertura de contingencias es difícil pasar a un sistema de capitalización que cubra todas ellas. Personalmente, aprendí lo complicado que es afirmar cosas a rajatabla cuando se trata un tema complejo que depende de muchas variables que cambian al mismo tiempo pero no necesariamente (y no, normalmente) como nosotros desearíamos. La propuesta del artículo es humilde: el análisis, país por país, de la alternativa privada, a pesar de ser cara y de necesitar un mercado financiero cuidado, para tratar de zafarnos del desastroso sistema de reparto.

Pero el enfoque sobre las medidas del gobierno que me parece más relevante es el que señala Gabriel Calzada en su artículo “Metiendo miedo con las pensiones”. Las pensiones, desde siempre, han sido un arma arrojadiza de la izquierda, empleada para atemorizar a quienes, después de una dura vida de trabajo, quieren retirarse con cierta tranquilidad económica. Y como se trata de una herramienta para ganar votos y titulares, el discurso puede cambiar de un año para otro. De ahí que de abril del 2008 a febrero del 2010 se haya pasado de estigmatizar al gobernador del Banco de España, a reclamar la necesidad de tomar medidas… las mismas que defendía Fernández Ordóñez o parecidas.

Claro que hay miedo intergeneracional ¿los jóvenes del día de mañana me pagarán mi retiro? ¿Qué hacen que no están teniendo miles de niños para asegurarme mi pensión, a mí que pago religiosamente mis impuestos para mantener a los mayores de hoy?

Pero la cosa no es tan sencilla. Dependemos de las proyecciones a largo plazo que los expertos hacen sobre la población, y que suelen ser deficientes; del mercado de trabajo; del crecimiento económico; de los shocks económicos externos (seguimos viviendo, afortunadamente, en una economía globalizada). Es decir, no estamos planificando en un sistema cerrado, en un estado estacionario. Ni siquiera se aplican los incentivos adecuados para que se cumplan las previsiones que los expertos realizan.

Algunos consideran que la cosa va mal desde que las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo y que nosotras creemos que estábamos mejor viviendo como la generación de nuestras madres. Yo no comparto esa idea. Y que la opinión de algunas mujeres se eleve a la categoría de argumento me parece demagógico. La decisión de que la madre y el padre trabajen, la crianza de los hijos, el sustento de la familia, no son decisiones que se tomen en solitario sino en conjunto, y son privadas, así que en todo caso habría que ver qué hacemos las mujeres, si abandonamos el mercado laboral o no, y las razones. Ahora bien, ¿qué incentivos han tenido las familias (no las mujeres) para tener muchos hijos? Pues más bien pocos. Y no hablo, por supuesto, de subvenciones, sino de los valores de la comunidad. En unos casos se impide que las familia ‘atípicas’ críen hijos y en otros se valora el confort y la ‘realización’ de la mujer por encima de otras cuestiones.

Otro tema es si el sistema de pensiones actual está o no quebrado, y si va a quebrar. Y después de leer a unos y a otros me acuerdo de la escena de Matrix en la que Nemo tiene que decidir que pastilla tomarse (si tomas la pastilla azul despertarás en tu cama y te limitarás a creer lo que te interese creer). En mi opinión, la mente humana está preparada para tragar las mentiras cuanto más grandes, mejor. Puedo dudar del cambio que me da el frutero, pero si el gobierno dice que el sistema de pensiones goza de excelente salud seguro que es verdad. Y así, en el imaginario colectivo, es imposible que un país quiebre, si no hay un orden impuesto coactivamente llegamos al caos, y si no dejas que el Estado haga lo que quiera con tu dinero odias a los niños, a los ancianos, a los pobres y quieres la destrucción de la madre Tierra.

Una ronda de pastillas azules, por favor….