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El ejemplo polaco

Cuando Juan Pablo II visitó Polonia del 2 al 10 de junio de 1979, unos meses después de que hubiera accedido al papado, las autoridades polacas le recibieron con preocupación. La Iglesia polaca llevaba ya muchos años alentando una revolución interna entre los ciudadanos que la percibían como un contrapoder al dominio que la Unión Soviética ejercía sobre todos los países del otro lado del telón de acero. Pero la Iglesia también estaba preocupada por las consecuencias de su rebeldía. En 1968, pero sobre todo en 1956, los soviéticos habían frustrado a sangre y fuego los intentos de libertad de sus aliados checoslovacos y húngaros y, aparentemente, podían permitirse otro acto de violencia extrema.

La visita del Papa aglutinó a millones de polacos: católicos, agnósticos, ateos y disidentes del sistema. Pese a los intentos del régimen de minimizar sus efectos, fue seguida por millones de personas en Polonia y en el mundo, y terminó de perfilar una sociedad civil que habría de reactivar sus labores de oposición.

En los discursos que dio el Papa a lo largo de esos días no había declaraciones explícitamente políticas, pero si dejaba caer perlas que tenían doble intención, perlas con las que invitaba a las autoridades a permitir la libertad religiosa, precursora de otras como la de conciencia o de pensamiento, o a permitir que los polacos decidieran sobre vida, un llamamiento a las libertades individuales que no excluía a nadie y que atacaba a los soviéticos. Cuando el Papa volvió a Roma, las autoridades polacas respiraron tranquilas, pues ningún hecho violento se había desencadenado, pero en Moscú no pensaban lo mismo. Se habían percatado de que esta visita, y en general la actividad de la Iglesia a lo largo de muchos años, había socavado su poder, que por otra parte se veía cada vez más impotente por su propia naturaleza política.

En los astilleros Lenin de Gdansk se creó el sindicato Solidaridad que encabezó Lech Walesa. Las huelgas generales pidiendo mayor libertad y reclamando la independencia de Polonia respecto de la Unión Soviética se sucedieron con rapidez, y en dos años consecutivos, 1980 y 1981, la Unión Soviética se vio tentada a intervenir con el envío [i] de varias divisiones. Pese a la imposición de la Ley marcial en este último año, los polacos siguieron avanzando hacia la independencia de Moscú y su ejemplo, como una ola de libertad, fue extendiéndose a otros países como Checoslovaquia o Hungría, más tarde Alemania Oriental e incluso la Unión Soviética en 1991, contribuyendo así a la caída del Muro de Berlín y la desaparición de los principales regímenes comunistas europeos.

El ejemplo polaco se articula sobre tres principios básicos. En primer lugar la unidad de acción ante un enemigo común, en este caso la Unión Soviética y su sistema comunista, junto a una clara identificación de sus víctimas, los polacos. Esta identificación era absoluta, cualquier polaco, no sólo los católicos, sino los ateos, agnósticos, disidentes, descontentos, exiliados y cualquier amante de la libertad, podía unirse a él. En segundo lugar, se había creado una sociedad civil implicada, una sociedad civil que pese a las dificultades de tener un gigante como la Unión Soviética a su lado, era capaz de luchar por sus propias ideas, de aglutinarse, de organizarse sin que le importaran las consecuencias, incluso si éstas eran la muerte. En tercer lugar, se crearon referentes, pero no referentes personalizados sino sobre todo referentes morales. El Papa era uno de ellos, pues el Papa había vivido bajo los nazis y bajo los comunistas, había sufrido ambos totalitarismo y en ambos se había rebelado y había optado por apartarse de la política de pacificación que incluso la propia Iglesia católica había adoptado desde el Concilio Vaticano II. Lech Valesa no era un líder apoyado por todas las facciones en Solidaridad, en especial las más extremistas, pero era un líder respetado y aclamado por todos por su lucha.

Bien es cierto que la revolución polaca estuvo apoyada por las circunstancias, por una Unión Soviética que empezaba una crisis de la que no saldría, por los gobiernos británico de Margaret Thatcher y americano de Ronald Reagan que supieron ver y creer que el comunismo estaba en franca decadencia y por una Iglesia Católica que cambió de rumbo justo en el preciso momento.

Polonia puede y debe ser un ejemplo para los que amamos la libertad, puede y debe ser un ejemplo para los habitantes y la sociedad civil de países como Cuba, Venezuela, Bolivia y tantos otros que ahora sufren las locuras de sus dirigentes. Y tiene que ser un ejemplo para buscar sus referentes morales, su unidad ante el totalitarismo, incluso salvando diferencias que pueden parecer insalvables y creando una sociedad civil activa que llegue a todos, ricos y pobres, formados o iletrados, intelectuales y profesionales de todo tipo.

Pero también debe ser un ejemplo para los países democráticos en los que el giro hacia un sistema demagógico, hacia un sistema de partitocracia descarado, es más que evidente. Somos dueños de nosotros mismos, de nuestros aciertos, errores y sus consecuencias, responsables de nuestras acciones. En Polonia lo demostraron y, con suerte, pero sobre todo con determinación, se arrancaron el yugo.



[i] Existen varias versiones sobre este punto, algunas apuntan a que la Unión soviética no podía iniciar ninguna invasión, primero porque dependía ya demasiado de los créditos de Occidente y no podía exponerse a perderlos. En segundo lugar, porque la capacidad de intervenir en sus países aliados ya no era la de hace unos años y el mismo Politburó demostró una indecisión que antes nunca había mostrado.

La miseria de la estadística

…que, en su Traité d’Économie Politique, publicado en 1803, desconfiaba de la pretendida respetabilidad que aporta la cuantificación en economía.

La reticencia de Say frente a las estadísticas no era nueva. También Adam Smith había expresado su desconfianza hacia las investigaciones estadísticas. Después de seguir los estudios de población que su amigo Alexander Webster había desarrollado a lo largo de toda su vida, éste le confesaba que el censo poblacional tenía un error de unas 250.000 personas. Desolador, después de años y años de trabajo exhaustivo y riguroso.

Hoy en día, recién inaugurada la segunda década del siglo XXI, las cautelas de los economistas del pasado parecen no tener cabida. Hemos desarrollado nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos procedimientos, contamos con apoyo informático, nada que ver con los rudimentos de otros siglos. Y sin embargo, día sí, día también, ministros del mismo gobierno, o representantes del gobierno y de la oposición, se enfrentan públicamente por culpa de los datos.

El último round, en concreto, ha sido por el diferente peso que Corbacho y Salgado le dan a la economía sumergida. Y cuando no, es por la interpretación de los datos del paro. O por la determinación de la tasa de crecimiento necesaria para que haya creación de empleo.

El caso es que los ciudadanos, a quienes supuestamente nos informan en las ruedas de prensa, estamos mucho más confusos tras la exposición de datos que antes. La reacción del común de los mortales, similar a la de Adam Smith, es un poco injusta porque tira por la borda el trabajo de los buenos estadísticos, que tratan con respeto los datos y matizan todo lo necesario a la hora de interpretarlos.

La estadística aplicada a la economía tiene serios problemas. Las normas que guían a la ciencia no son independientes del tipo de preguntas a las que responde. Además, la complejidad de los datos observados plantea problemas a la hora de decidir qué variable es relevante, qué suceso es destacable, qué correlación es significativa. A esto hay que sumar que no existen laboratorios en economía. Y la tendencia del observador a poner de su propia cosecha a la hora de estudiar las causas profundas de las transformaciones sociales. Demasiadas trabas como para confiar a ciegas en los datos como parecen hacerlo nuestros gobernantes.

La Nobel de Economía 2009, Elinor Ostrom, cuenta en el artículo que estudia la acción colectiva, Colective Action and the Evolution of Social Norms (2000), la importancia que tiene a la hora de asegurar la cooperación voluntaria de los ciudadanos, la posibilidad de mirarnos a la cara.

Es importante que sepamos quiénes son los gorrones y los cooperantes en la gestión de recursos de una comunidad. Pero más aún es echarles un vistazo: tirar un papel al suelo cuando todos te miran te avergüenza. El lenguaje no verbal importa. Lo cierto es que Corbacho no mira a la cara al parado que saca a su familia adelante haciendo chapuzas, si lo hiciera vería simplemente necesidad, en vez de impuestos perdidos y economía sumergida.

Es curioso que el autónomo que te ofrece un servicio «¿con o sin factura?» no se avergüenza, el cliente sabe que le puede tocar a él. Los parados tampoco tienen la oportunidad de señalar con el dedo al responsable de su drama: la crisis no tiene un culpable más allá de las cifras. En último caso, no pasa nada, se cocinan los datos que haga falta y en paz.

Como sucede en otros ámbitos de la vida del hombre, la clave está más en lo que no se puede aprehender que en lo evidente. La confianza, la empatía, el sentido común, el olfato empresarial no están representados en las estadísticas. Es cierto que por sus hechos les conoceréis y el resultado de las acciones sí se puede medir. Ahora bien, ¿cuál es el peso de la intuición a la hora de interpretar los datos? ¿Cómo aportar credibilidad a la frialdad de la estadística? Son respuestas difíciles de responder.

Como las demás disciplinas, la estadística también es limitada. Utilizarla como arma política, en muchas ocasiones, como decía Say, lleva a emprender tareas detestables y, tal vez, lleve a la ruina al Gobierno socialista.

María Blanco es miembro del Instituto Juan de Mariana y profesora de Economía en la Universidad CEU-San Pablo.
Este artículo fue publicado en Mercados, suplemento económico de El Mundo, el 31 de enero de 2010.

Una maravillosa coincidencia

"Cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación". Las palabras del maestro Hayek siguen siendo hoy tan certeras como cuando las escribió en Camino de servidumbre (cap.6), allá por 1944.

Pensaba en ellas el otro día, mientras leía en la prensa dos noticias habituales en estas fechas: la publicación del Índice de Libertad Económica (ILE) que elabora la Fundación Heritage junto con el Wall Street Journal; y la nueva edición del Doing Business (DB), la clasificación que el Banco Mundial realiza desde 2004.

Me gusta revisar cada año estos dos rankings por lo que tienen de demostración empírica de algo que los liberales defendemos desde el punto de vista teórico cada día: que la libertad no sólo es un derecho inalienable a todo ser humano, sino que, además, crea prosperidad y riqueza allá donde es protegida y promovida. Así, los primeros puestos de ambas clasificaciones están ocupados por las economías que más han crecido en las últimas décadas, mientras que los experimentos intervencionistas que tanto aplauden los progresistas de salón europeos (como Venezuela o Bolivia) se hunden bajo el asfixiante peso del entrometimiento estatal.

Aunque los dos estudios se ocupan de la libertad económica en su conjunto y comparten, incluso, algunos de sus datos, el ángulo desde el que se acercan a los países objeto de estudio es ligeramente diferente. Así, el informe de la Fundación Heritage analiza la política económica y la legislación de cada país desde un punto de vista general (nivel de impuestos, libertad para comerciar, protección de los derechos de propiedad, corrupción,…); mientras que el trabajo del Banco Mundial pone el acento en las facilidades que da cada Estado para que los empresarios hagan negocios dentro de sus fronteras (número de días necesarios para abrir una empresa, tiempo gastado al año por una compañía en calcular y pagar sus impuestos o documentos necesarios para importar o exportar una mercancía desde su territorio).

Tengo que reconocer que, aunque los dos me parecen tremendamente interesantes, siento una especial predilección por Doing Business y la manera en la que resalta esas pequeñas trabas que los gobiernos de todos los países ponen para que los ciudadanos hagan algo tan sospechoso como contratar libremente y crear riqueza (un amigo mío, especialmente fajado en los laberínticos vericuetos de la burocracia española, lo denomina, con algo de mala leche, "el mundo del papelito").

En cualquier caso, las dos clasificaciones nos dan infinitos ejemplos de cómo la libertad y el crecimiento van de la mano allí donde aquélla es cuidada. Los siguientes son algunos de esos datos que han llamado particularmente mi atención (ambos estudios utilizan datos de 2008 y 2009, por lo que no reflejan todas las consecuencias de la crisis y de la fiebre reguladora que ha afectado a los gobiernos de medio mundo):

  • Los cinco primeros clasificados en el ILE son Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. En DB encabezan la lista Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, Estados Unidos y Reino Unido. Incluso con los efectos del crack financiero que ha asolado la economía mundial en los últimos dos años, todos ellos son buenos ejemplos de sociedades prósperas.
  • España pierde posiciones en los dos índices. En el ILE, pasa del puesto 29 al 36 en un año (una pérdida de 0,5 puntos en la puntuación); mientras que en DB cae del puesto 51 al 62.
  • Los dos países de la eurozona peor clasificados en ambas listas son Grecia e Italia. Evidentemente, su crítica situación económica no es una casualidad.
  • En la evolución histórica del ILE, puede verse cómo España experimentó una subida sustancial desde 1996 hasta el año 2001 (de 59,6 puntos a 68,1; una mejora de 7,5 puntos en cinco años) coincidiendo con el primer Gobierno del PP. Luego, tanto con la mayoría absoluta de los populares como con Zapatero, la situación ha sido prácticamente estable (hemos crecido 1,5 puntos en ocho años). Tampoco parece fruto del azar que los últimos años del pasado siglo hayan sido los de mayor crecimiento de la historia reciente de nuestro país.
  • El segundo país europeo mejor clasificado en la suma de ambas listas es Dinamarca (9º en el ILE y 6º en DB). El país nórdico, incluso, podría subir aún más si no fuera por su alto nivel de impuestos y de gasto gubernamental. En mi opinión, es un claro ejemplo de algo que los liberales olvidamos con cierta facilidad: que no todo se acaba con el cobro de más o menos tasas por parte de la administración de turno. No es que quiera defender el altísimo nivel impositivo danés; pero, sinceramente, prefiero un gobierno que me cobra el 55% de mis ingresos y luego me deja tranquilo para que organice mi vida como me plazca, a uno que me cobra el 47% y luego está permanentemente entrometiéndose en mis asuntos.
  • Si la foto de España sale especialmente borrosa en algo, es en la parte dedicada al mercado laboral. En el ILE, los 47,3 puntos del apartado Labor Freedom no sólo son nuestra peor nota, sino que nos sitúan muy por debajo de la media global y a kilómetros de distancia de los países de nuestro entorno. No hay noticias de que los sindicatos o el Gobierno o el 20% de parados hayan tomado nota (ni lo vayan a hacer) de este dato.
  • Peor aún es nuestra situación en el epígrafe Starting a business de DB. Ocupamos el puesto ¡¡146!! de los 183 países analizados (vamos, que tenemos detrás a Cuba, Venezuela, Corea del Norte y algún otro despistado). La comparación con los demás países de la OCDE provoca ganas de llorar: en España, son necesarios 10 procedimientos, 47 días y un coste del 15% del PIB per cápita para algo tan peligroso como poner en marcha un negocio (en Francia, que tampoco es que sea un ejemplo de liberalismo los datos son 5 procedimientos, 7 días y un 0,9% de coste; en Nueva Zelanda, uno de los mayores éxitos de las últimas décadas, para crear una empresa sólo es necesario un requisito, que se cumplimenta en un solo día y no tiene ningún coste).

Analizando estos resultados, me acordé de otra anécdota de Friedrich Hayek que le he oído narrar en alguna ocasión al profesor Rodríguez Braun. En una conferencia, el gran pensador vienés aseguraba que la libertad es un fin en sí mismo que hay que defender siempre, y que los liberales debemos tener cuidado con los argumentos utilitaristas (tipo ‘a más libertad, más riqueza’) porque podrían volverse puntualmente en contra nuestra. En esas estaba, cuando uno de los asistentes le recordó que, casi sin excepción, en aquellos lugares donde se ha promovido la libertad ha crecido la riqueza. Hayek sonrío y le dijo: "Efectivamente, ésa es una maravillosa coincidencia".
 

*Rectificación del autor: La anécdota referida en el último párrafo no fue protagonizada por Hayek, sino por otro ilustre liberal vienés, Karl Popper. El profesor Rodríguez Braun ha tenido la amabilidad de llamarme y comentármelo. Se lo agradezco sinceramente y quiero hacer constar que el equívoco es atribuible sólo a mi mala memoria.

Sostenibilidad y generaciones futuras

La sostenibilidad está de moda, sobre todo en el ámbito del ecologismo, donde se reclama el desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades de la generación presente sin sacrificar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

La sostenibilidad parece muy razonable y bien intencionada (lo insostenible suena mal), pero su implementación ideológica está repleta de falacias e impregnada de colectivismo. A menudo se presenta a la naturaleza como un prodigio de equilibrio y armonía y al ser humano como un parásito o depredador que la destruye de forma suicida, ya que depende de ella pero parece ignorar esta dependencia. Se olvida que aunque la vida en abstracto es en principio sostenible mientras existan fuentes de energía y materiales, los individuos concretos tienen vidas limitadas y las especies evolucionan y eventualmente se extinguen: los ecosistemas no permanecen indefinidamente en estados estacionarios, sino que pueden cambiar debido a factores externos o a su propia dinámica interna. Las sociedades humanas son igualmente dinámicas, y los intentos coactivos de mantener formas culturales puras e intactas van en contra de la libertad y el bienestar de los individuos.

Un ser vivo necesita recursos energéticos y materiales y un entorno relativamente libre de agresiones para poder mantener su actividad autopoyética. Los recursos pueden ser inorgánicos u orgánicos (cadenas tróficas), igual que las amenazas ambientales: factores físicos o químicos u otros organismos depredadores.

La existencia a escalas de tiempo biológicas de algunos recursos, como la luz solar, no depende de que se aprovechen o no. Algunos recursos inorgánicos, como los combustibles fósiles, se generan muy lentamente, de modo que su consumo disminuye sus existencias físicas totales. Los recursos biológicos son especialmente sensibles a su consumo: si un depredador mata demasiadas presas puede poner en peligro su fuente de alimento, ya que la cantidad de organismos futuros depende de la cantidad de organismos presentes capaces de reproducirse.

El ser humano es una especie viva especial ya que no sólo consume recursos dados, sino que también los produce (agricultura, ganadería). La actividad del ser humano es tan intensa que puede modificar de forma notable su entorno: minería y basureros, deforestación o plantaciones, agotamiento de caladeros o piscifactorías. La acumulación de bienes de capital y los avances tecnológicos incrementan esta capacidad de acción, tanto en el lado de la producción de recursos como en el lado del tratamiento de los residuos y la modificación de las condiciones ambientales o la defensa ante las mismas.

Aunque el planeta Tierra sea un sistema finito (no cerrado) y con límites físicos, el crecimiento económico indefinido es posible porque se trata sobre todo de un crecimiento en calidad, en valor, en especialización e intercambios, y no sólo en cantidad. La actividad humana no consiste en sacar más y más riqueza natural hasta que ya no quede nada y tirar más y más basura hasta que no quede sitio donde meterla. La acción humana modifica y recombina la materia según sus preferencias, y la combinatoria ofrece vastas posibilidades cuyos límites son difíciles de alcanzar.

En una economía de mercado libre los bienes económicos tienen dueños y se intercambian a precios que indican su escasez relativa (oferta y demanda). Los recursos son en general sustituibles: es posible utilizar diversas fuentes de energía según su eficiencia económica. Los recursos minerales seguramente no llegarán a agotarse nunca: conforme sus existencias decrezcan y dependiendo de cómo evolucione el coste de su extracción, al elevarse su precio otras alternativas serán más atractivas. Descubrir qué opciones son mejores es tarea de los empresarios guiados por los beneficios y las pérdidas: la planificación estatal tecnocrática está condenada al fracaso por problemas de falta de incentivos e información.

Los que profetizan con absoluta certeza el apocalipsis del agotamiento de los recursos naturales deben de estar apostando fuertemente en los mercados de futuros de materias primas con la expectativa de enriquecerse y salvar al mundo del desastre. O tal vez no, quizás sólo son unos charlatanes que no saben gran cosa de otra sostenibilidad importante: la financiera.

Utilizar sólo recursos renovables es absurdo: si todas las generaciones hacen lo mismo, esos recursos permanecerán sin usar para siempre. El aprovechamiento de fuentes de energía renovables requiere tecnologías caras pero cuyo coste seguramente se reduzca por los avances tecnológicos: parece inteligente que las generaciones actuales relativamente más pobres utilicen los recursos más baratos y leguen a las generaciones futuras el capital y la tecnología para acceder a otros recursos.

La contaminación y los residuos son problemas donde no se tratan como agresiones sobre la propiedad privada (externalidades negativas). En una sociedad libre toda persona o corporación es responsable y debe hacerse cargo de su basura (sólida, líquida o gaseosa), por sí misma o con la ayuda de empresas especializadas en su tratamiento o almacenamiento.

La naturaleza intacta es a menudo muy bonita, pero los seres humanos demuestran generalmente con sus acciones que prefieren modificarla para ajustarla a sus deseos, dejando algunas zonas especialmente atractivas para su contemplación estética (parques naturales). La existencia de viviendas y fábricas no es un retroceso sino un avance.

El ser humano es también especial por su altricialidad extrema: el bebé humano es incapaz durante mucho tiempo de mantenerse por sí mismo. Los individuos quieren a sus crías (incluso a las crías de sus crías), se preocupan por sus hijos, cuidan de ellos. Las personas presentes consideran el interés de las personas futuras: pero no lo hacen de forma genérica y colectivista (todos por todos), sino de forma particular e individualizada. Además existe una continuidad de supervivencia y reproducción: los problemas que van a afectar al futuro suelen afectar también al presente, y por lo tanto los individuos actuales intentan resolverlos ya. Ni cualquier tiempo pasado fue mejor ni el presente es algo intocable que hay que legar a las generaciones futuras. Las personas del futuro existirán en unas condiciones que para ellos serán las normales, las únicas que habrán conocido. Además serán mucho más ricas gracias a la acumulación de capital, de conocimientos científicos y tecnológicos, de cultura, de arte. Las generaciones futuras no tienen derechos (ni como colectivos ni como individuos actualmente inexistentes) ni los necesitan.

Inmigración y “derechos sociales”

Expectantes ante la llegada del acontecimiento histórico planetario que recordará a la humanidad entera la insignificancia de los políticos que comparten el "Desayuno de la Oración", las legiones mediáticas del caudillito posmoderno nacido a orillas del Pisuerga presenciaron una de sus representaciones más histriónicas.

En la rueda de prensa que ofreció después de su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Rodríguez Zapatero, que ocupa asimismo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, se despachaba con singular afectación contra la momentánea negativa del consistorio de Vic de empadronar inmigrantes irregulares: "el Gobierno de España no consentirá que, por el truco de un Ayuntamiento, los hijos de un inmigrante, sea cual sea su situación, se queden sin sanidad o escuela".

Aunque parezca increíble, ese sofisma se lanzó por el máximo responsable de hacer cumplir la ley que impone a los extranjeros que quieran residir en España (excepto a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo) el deber de obtener un permiso de trabajo en sus países de origen o contar con recursos suficientes para mantenerse sin ayudas del Estado. Es cierto, no obstante, por limitarnos a los dos servicios aludidos, que una de las primeras reformas de esa Ley de derechos de los extranjeros aprobada en el año 2000 introdujo el sinsentido de otorgar a esos residentes irregulares el "derecho" a la asistencia sanitaria (no sólo de urgencia) y a la educación, por el mero hecho de empadronarse en el ayuntamiento del lugar donde vivieran. A este respecto, la regulación del empadronamiento se ha desbordado por las previsiones que lo convierten en un requisito para que los extranjeros con residencia irregular consigan prestaciones sociales.

Si fuera congruente, no obstante, el presidente del Gobierno debería promover cambios legislativos que suprimieran el deber de la policía de detener a los mismos inmigrantes que carecen de esos permisos y encerrarlos en centros de internamiento mientras se decide su expulsión. Pero no es el caso. Incluso para los elásticos parámetros europeos, la hipocresía de la regulación española resulta excesiva. Ningún gobernante europeo se atreve a insinuar que los inmigrantes irregulares deban recibir las mismas prestaciones públicas que los regulares. Entre otras razones porque, aunque cunda la tendencia de denominar como derechos a determinados servicios cuya prestación se han reservado muchos Estados, subyace la idea en todos los sistemas de bienestar que los usuarios acceden a esos servicios "gratuitamente" porque contribuyen a su financiación vía impuestos o cotizaciones a sistemas de seguridad social obligatoria, según criterios previamente establecidos. Desde esa perspectiva, la nacionalidad del contribuyente/usuario resulta absolutamente irrelevante para dejar paso al concepto de residente legal en un determinado país.

Aun discrepando de la virtualidad de esos sistemas, la recesión económica va a triturar la recaudación fiscal que permitió dar cobertura al llamado "gasto social" sin que las administraciones públicas incurrieran en abultados déficit. De esta manera, realidades largamente ocultadas por la insensatez de la casta política española van a precipitarse con singular crudeza. Los estrechos límites para la financiación de los impropiamente llamados "derechos sociales", como la sanidad y la educación, traerán consecuencias en el futuro inmediato. La degradación de esos servicios públicos cada vez más demandados se hará más perceptible. Dicho de otra manera, en una época de vacas flacas las tensiones comunes a todo plan redistributivo se van a agudizar tremendamente.

Quienes atizan las reclamaciones de "derechos" asistenciales saben que, tarde o temprano, tendrán que poner coto al universo de los beneficiarios que no contribuyen en nada, si quieren mantener la viabilidad financiera del sistema. En su huída hacia delante, los socialistas y los defensores del status quo, intentarán soslayar los vicios inherentes al sistema para asentar su poder sobre el temor a la adversidad. Sin embargo, debe abrirse la discusión sobre la conveniencia y viabilidad de los esquemas del Estado del bienestar por si mismos considerados, con independencia de que los usen los españoles o los extranjeros.

Competencia política

La reciente victoria del ya senador electo del Estado de Massachusetts, el republicano Scott Brown, prueba las ventajas que tienen los sistemas electorales y políticos más competitivos e individualistas.

La política es el arte con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, vinculado a la puesta en común de ciertos aspectos de la convivencia, y en consecuencia, está identificada con toda actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. La competencia, siempre en su sentido dinámico, lejos de los modelos de equilibrio y perfección sistemática, y de acuerdo con alguna de sus acepciones principales, sería la oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa, pero también la mejor vía para descubrir conocimiento o generar nueva información, actualizar expectativas y recomponer planes de acción valoraciones y utilidades, sobre fines y medios que nunca están dados. El concepto de competencia política se incorpora de este modo a un tipo de análisis más amplio, al que no le es ajeno el estudio económico o jurídico.

Hablamos de concurrencia entre iguales, contienda pública entre aspirantes a captar el apoyo de los electores en un plebiscito, pero también mientras dure la encomienda. Hablamos de representación, como sustitución de alguien en lo que le compete o interesa, traslación de la voluntad más o menos definida de un grupo humano circunscrito. La política exige discrecionalidad, entendida como margen de arbitrio, o potestad sobre un conjunto de atribuciones formales, razón que impide que su titular sea un mero procurador de intereses, desligándose de la imperatividad del mandato representativo que, en otros ámbitos jurídicos o sociales, sí resulta indispensable y efectivo.

Cualquier potestad implica responsabilidad, respecto de las normas que limitan la acción del potestatario, pero también, en la medida que se trate de un magistrado directamente elegido, responsabilidad política. Esta es la razón que hace la circunscripción unipersonal una mejor solución que aúna independencia y representatividad.

Cuando de lo que se trata es de componer órganos colegiados, cada miembro debe contar con la confianza formalizada de una parte del todo político, sobre el que dicho colegio pretenda adoptar decisiones. Dividiendo al electorado en distintas circunscripciones, la composición orgánica resultante adquiere independencia y competencia interna, contribuyendo a alejar el fantasma del blindaje corporativista. Mientras que sea permeable, vivirá expuesto a la opinión pública. Siempre que cada miembro dependa de un electorado directo y atento, su acción ganará mesura e independencia respecto de los intereses creados dentro del propio colegio.

Las magistraturas personalistas derivan de la exigencia de liderazgo en el ejercicio de determinadas potestades. Desaparece la competencia intraorgánica, pero pervive entre homólogos, circunscritos a ámbitos territoriales o personales diferentes. Cuando la magistratura es única (una única circunscripción), su independencia convive con la del resto de magistrados, si bien, en virtud de sus atribuciones, exclusivamente la opinión pública llegue a representar un límite o control político, más allá de la convocatoria electoral periódica (el control potestatario depende del sistema de organización política, sus reglas y mecanismos de corrección vinculados a otras magistraturas independientes).

La opinión pública es un contrapoder abstracto pero sensible y efectivo en casos extremos. El magistrado que trate de no vivir sujeto a sus tendencias, se excederá en su vocación de independencia, que al mismo tiempo podrá ser una forma inmejorable de consolidar carisma, liderazgo y autoridad. La potestad formal y el acceso representativo a las funciones definidas, no son suficiente a fin de garantizarle a un electo todo el poder político que necesitará para hacer efectivas sus atribuciones. La discrecionalidad se mide en clave de autoridad, siendo ésta la única vía para fortalecer, e incluso convertir en irresistible, casi cualquier decisión que llegue a adoptarse.

La competencia política, como mecanismo que contribuye a formar un orden social libre, se funda a su vez en la alternancia posible, la libertad de expresión, la resistencia individual frente al esfuerzo de dominación organizada, y la extensión del sufragio pasivo sobre todos aquellos que disfruten del ídem activo. Únicamente de este modo se logrará permeabilizar el poder e integrar la idea de comunidad política.

La descentralización de la potestad, de acuerdo con los criterios expuestos, corresponde con la constitución de magistraturas personales (colegiadas o no), responsables e independientes. La delegación de atribuciones, desde un magistrado expuesto a elección periódica, en competencia con el resto y sometido al límite de la potestad (opuesta a la idea de imperio como poder absoluto), quiebra en el instante en que el encargado, arbitrariamente seleccionado por aquel, ostenta funciones que no son mecánicas o meramente ejecutivas. Existe un límite de integración política también al nivel de cada magistrado, desgajándose una o varias nuevas magistraturas en la medida que se rompa el nexo mecánico dada la politización del poder delegado. Gracias a la competencia política se descubren límites de integración, promoviendo una descentralización que es, por definición, contraria al poder absoluto (imperio).

La descentralización no debe entenderse en su mero aspecto formal, cuando de una unidad política, de por sí absolutista, nacen nuevas entidades autónomas o independientes, sobre ámbitos de dominio menores. No varía la naturaleza del poder, simplemente su integración organizativa y mecánica, incorporando exclusivamente una falsa pluralidad política. La libertad exige competencia, pero no entre Estados o regiones, sino entre magistrados personales e independientes, integrados o no en colegios o cámaras, con o sin homólogos. El contrapoder, entre absolutos, deriva en conflicto y colectivismo. El mejor poder es el representativo, descentralizado en magistraturas personales y responsables, sometidas a la competencia política multidireccional. Identificadas las ventajas del individualismo, no parece comprensible alabar las virtudes de la descentralización colectivista.

Haití

Las polémicas palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, fueron más o menos que "existen males mayores que la tragedia de Haití". Enseguida asistimos al revuelo de todos los columnistas, contertulios o presentadores de radio y TV bienpensantes. Ya se la tenían guardada a este flamante obispo, por el terrible delito de haber suscitado con su nombramiento episcopal un cierto reproche entre algunos curas supuestamente nacionalistas. Seguro que algo mal habrá hecho, pensaron antes de averiguar mínimamente la verdad sobre las cosas (verdad que salió a relucir después, en una cálida y multitudinaria acogida en la catedral donostiarra).

Total, que ha sido la ocasión propicia para criticar de nuevo a Munilla, esta vez por su aparente frialdad y falta de consideración ante el dolor ajeno y la pobreza de esa nación caribeña. Hasta tal punto que el obispo se vio en la necesidad (innecesaria, a mi juicio) de tratar de matizar sus palabras, seguramente algo cohibido por la presión mediática en medio de todas las circunstancias que acabo de señalar.

En mi opinión esa frase es correcta, desde un punto de vista filosófico, antropológico o teológico. No es cuestión de extendernos en ese tercer aspecto, que curiosamente ha despertado un inusitado interés entre políticos y periodistas bien orgullosos de su ateísmo, pero que enseguida hablan ex catedra sobre cuestiones religiosas. En cuanto a los dos primeros puntos, me parece evidente defender que los males morales son peores que los males físicos; aunque a veces menos impactantes, informativamente hablando. Lo último que le puede ocurrir a un caballo es romperse una pata; sin embargo, podría escribirles aquí una inacabable lista de males que le pueden ocurrir a un ser humano peores que esa fractura ósea. Yo, desde luego, prefiero que mi mejor amigo me rompa una pierna a que me engañe, me traicione, me deje en la estacada…

Claro que la muerte y el sufrimiento físico son terribles. Pero el abuso moral y las heridas espirituales son peores. Esto lo empieza a tener claro el propio ordenamiento jurídico, que contempla por ejemplo el acoso psicológico, ese mobbing inmaterial, como algo igualmente delictivo, si no más, que el físico.

Lo que me lleva a una segunda consideración: ¿qué es lo que verdaderamente necesita hoy el pueblo haitiano? Pues, en mi opinión, menos ayudas materiales y más fortaleza moral e institucional. Peor que este desastroso terremoto han sido, a mi juicio, muchos años de abusos y corrupción; de crímenes, extorsiones y robos. Incluso desde una perspectiva simplemente cuantitativa, las muertes de haitianos inocentes han sido mayores en los sucesivos regímenes dictatoriales y opresivos que con este inesperado desastre natural.

Sin embargo, lo que prima a nuestro alrededor es un frenesí social por el de envío de aviones, bomberos y latas de albóndigas… Pido disculpas por la ironía, que ya sé que no es políticamente correcta, y ya sé que en este momento hay personas muriendo de hambre, enfermedad o deshidratación. Pero lo escribo adrede para que seamos capaces de enfocar el problema correctamente: lo que verdaderamente necesita Haití es un Gobierno justo y representativo, que atienda los problemas con racionalidad, que administre los bienes equitativamente y que distribuya las ayudas internacionales sin sospechas de robo. Ayudar a la constitución de este tipo de autoridades es una tarea mucho más importante que un envío de alimentos que tal vez sea más urgente en estos días, pero resulta insignificante a largo plazo. Eso es lo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes nacionales y mundiales. Aunque me temo que tal vez sea más fácil pedirle a la tierra que deje de moverse.

De la planificación central al mercado: China y Rusia

La economía china plantea algunas cuestiones de extremo interés teórico, y también práctico. Su enorme tamaño y creciente influencia económica y geopolítica convierten el desempeño social y económico de China en un tema muy relevante a nivel global.

En primer lugar está la cuestión de cómo una economía totalmente arruinada por la planificación central pudo llevar a cabo una transición –al menos, relativamente, si la comparamos con Rusia u otros países excomunista–- exitosa hacia una especie de capitalismo.

Acerca de las causas de la divergencia entre las transiciones rusa y china, algunos apuntan a que en el primer caso tuvo lugar un proceso de reforma repentino y rupturista –la terapia del shock–, mientras que en el segundo se llevó a cabo un proceso de reforma gradual. Aunque esta tesis puede ser cierta –de hecho, sería complementaria a la siguiente–, otros estudiosos señalan al diferente modelo respecto a la descentralización versus centralización en el proceso de transición como variable explicativa clave.

Así, Rusia habría experimentado con un modelo centralizado desde arriba (top-down), acometiendo reformas ambiciosas en las instituciones formales (leyes, regulaciones, etc.), pero fallando en ajustar esas instituciones a lo prevaleciente en las normas culturales y sociales de la población. Unas normas que tras 70 años de experimento comunista, estaban totalmente desligadas a las normas esenciales de un sistema capitalista de libre mercado, como es la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Además, la confianza entre unos y otros era muy reducida, lo que hace muy difícil la cooperación social beneficiosa.

El comunismo significó mucho más que la miseria económica y la muerte de millones de personas; también significó la erosión de los valores individuales y de responsabilidad, necesarios para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Por ello, la transición rusa no solo requería de reformas como liberalizaciones de precios y privatizaciones –instituciones de jure–, sino también de cambios radicales en las actitudes sociales –de facto– de los individuos de a pie, de los políticos y de los grandes gestores-burócratas. Cambios que, por otra parte, no suelen ocurrir de la noche a la mañana.

En definitiva, Rusia en su proceso de transición habría experimentado importantes cambios en las instituciones formales, pero muy pocos en las informales.

En cambio, China habría seguido un proceso contrario: buena parte de las reformas habrían surgido descentralizadamente desde abajo (bottom-up), y el Gobierno no habría tenido más que permitir ese proceso, ajustando paulatinamente las instituciones formales a las nuevas circunstancias, o simplemente dejando hacer.

Este fenómeno se ilustra excelentemente en el inicio de un reciente artículo de la Hoover Institution, titulado How China Won and Russia Lost. En noviembre de 1978, algunos campesinos chinos, que veían cómo el sistema agrícola de tipo comunista les era gravemente perjudicial, decidieron secretamente dividir la tierra comunal entre varias familias individuales, para que éstas cultivaran la tierra de forma privada, y pudieran quedarse con el sobrante tras cumplir con las cuotas estatales. Tales comportamientos eran ilegales, e incurrían en graves riesgos.

Las acciones de estos valientes agricultores (verdaderos "buscadores" en la terminología de William Easterly en The White Man’s Burden) se extendieron a lo largo y ancho de los poblados de campesinos de China, en un proceso espontáneo de imitación de las estrategias más exitosas, llevadas a cabo por los agentes más intrépidos y perspicaces. Y así es cómo comenzó de forma auténtica el proceso de transición chino, según esta tesis: de forma descentralizada y espontánea.

Solo fue un mes después, concretamente en diciembre de 1978, cuando comenzó el proceso de reformas liberalizadoras y aperturistas formales, "la caída de la Muralla China". El timing no es en absoluto baladí.

Esta tesis sobre la divergencia entre estos dos caminos, defendida, por ejemplo, por Easterly en el mencionado libro, viene a confirmar varias cosas: la importancia que tiene la distinción entre instituciones formales de jure e informales de facto en el análisis institucional (enfatizada por la investigación del economista de la George Mason University Peter Boettke y su círculo); y los mejores resultados que proporcionan las soluciones descentralizadas, en las que se permite que la información y el conocimiento relevante y útil para la actividad económica, emerja de los individuos para ser usado de manera productiva. Cuestiones ambas sobre las que he tratado en otros artículos.

Por supuesto, la reforma china es incompleta, el proceso de reformas sigue abierto y persisten importantes dosis de represión económica –sin contar con la gravísima represión de las libertades civiles y otros aspectos–, gran cantidad de empresas públicas, un sector bancario nacionalizado, etc., además de cruciales retos y problemas graves como el medioambiental o la actual coyuntura . No seré yo quien defienda un excesivo optimismo sobre China en el corto plazo.

Pero lo que el caso chino puede enseñarnos es que avances en la libertad económica de los individuos pueden significar verdaderos y Grandes Saltos Adelante ; irónicamente, todo lo contrario de lo que intentó Mao bajo ese mismo nombre.  Una lección que ofrece algo de luz en un panorama económico global muy negativo. Y una lección que nos puede dar algunas esperanzas sobre el futuro de países extremadamente pobres como Haití.

La progresiva confusión entre liquidez y negociabilidad

Hasta comienzos del siglo XX, los estudiosos del dinero y de la banca se dividían en dos grupos: aquellos que se oponían a que los bancos realizaran cualquier clase de descuento con los fondos que les eran prestados a la vista y aquellos que si bien aceptaban la viabilidad del descuento comercial, lo limitaban a ciertos activos de muy alta calidad (como las letras de cambio con origen en transacciones reales).

La preocupación de ambos grupos de economistas consistía, pues, en que los bancos fueran capaces de atender en todo momento y circunstancia sus obligaciones a la vista. Los del primer grupo, la llamada Escuela Monetaria, pensaban que este sano propósito sólo podía lograrse si los bancos mantenían en reservas el 100% de los fondos necesarios para atender esas obligaciones; los del segundo grupo, la Escuela Bancaria, eran conscientes de que el efectivo no es el único activo circulante que permitía hacer frente a estos pasivos con un margen de seguridad razonable.

Dicho de otra manera, los teóricos de la Escuela Bancaria se preocupaban –con muchos matices– de que los bancos se mantuvieran líquidos. Como explicaba Melchior Palyi en 1936, "la liquidez, de entrada, es la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras. Esto, a su vez, no coincide con tener reservas de efectivo. La ratio de efectivo es un asunto menor comparado con la composición del resto de activos del banco. Si estos activos son líquidos, el efectivo necesario, con el preceptivo descuento, se hallará con facilidad".

En definitiva, para Palyi y demás teóricos de la liquidez, lo esencial era que los bancos dispusieran de una cantidad suficiente de reservas o de entradas de efectivo procedentes del vencimiento de sus activos como para atender siempre a sus pasivos. Esa fue la regla de oro –tal y como la llamó a mediados del s. XIX el economista alemán Otto Hübner– sobre la que se desarrolló durante más de un siglo la práctica bancaria ortodoxa.

Tras la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos tuvo lugar, sin embargo, una fuerte contrarrevolución dentro de la literatura bancaria, que, no obstante, ya venía mascándose en los escritos de algunos economistas alemanes (por ejemplo, Carl Knies en 1879). Así, por ejemplo, Benjamín Anderson, sin dudas uno de los mejores teóricos monetarios del s. XX, escribía en 1917: "La función del crédito es universalizar la característica del dinero, la alta vendibilidad. Su propósito es ‘acuñar’, por decirlo de alguna manera, las mercancías de los escaparates, las tierras… en una forma que los convierta en tan vendibles como el propio dinero para que así funcionen como dinero. El crédito tiende a universalizar esa característica que Menger consideraba única del dinero [la liquidez]".

Sin embargo, fue sin duda alguna el famoso economista H. G. Moulton quien más hizo por desbancar el concepto tradicional de liquidez. En 1918, Moulton publicó una serie de artículos en un journal de la Universidad de Chicago bajo el título de La banca y la formación de capital. En su tercer número, el economista proponía sustituir el concepto de liquidez por el de negociabilidad: "En tiempos ordinarios, el problema de la liquidez no es tanto un problema de préstamos que maduran [a corto plazo] cuanto un problema de activos de unos bancos que deben ser enajenados a otros bancos a cambio de liquidez. Si un banco puede recibir siempre ayuda de otro banco en caso de necesidad, no es imprescindible que concentre su activo en préstamos que maduran [al tiempo que vencen sus obligaciones]. De hecho, ya está universalmente reconocido en los círculos bancarios que la manera de obtener las reservas necesarias no es fijándose en los vencimientos de los activos, sino acumulando una cantidad considerable de activos que puedan ser enajenados a otros bancos cuando se requiera. Liquidez equivale pues a negociabilidad".

Dicho de otra manera, para Moulton las reservas o las entradas de caja derivadas del vencimiento de activos eran irrelevantes con tal de que esos activos pudieran enajenarse a otros inversores obteniendo así el efectivo necesario. Así, más importante que invertir en activos a corto plazo de calidad lo era invertir en activos que tuvieran un mercado muy profundo donde poderlos vender con rapidez y sin prácticamente pérdida de valor. Es el caso de la deuda pública de ciertos países (como Estados Unidos) o de las acciones bursátiles de grandes compañías (blue chips): en principio, si un banco sin reservas ha de atender una obligación a corto plazo, podrá enajenar estos activos negociables para obtener la caja que necesita. ¿Qué importancia tiene, pues, que los bancos inviertan en activos que maduren a corto plazo si pueden simplemente vender sus activos a largo plazo antes de que sean amortizados?

De hecho, en la práctica ni siquiera resulta evidente qué activos son líquidos y cuáles negociables. La liquidez se define en términos relativos: un bien es más líquido que otro si su utilidad marginal se reduce más lentamente ante incrementos de su cantidad. La manifestación de la liquidez en el mercado se produce a través del llamado diferencial entre el precio ofrecido y el precio pedido (bid/asked spread): los bienes más líquidos son aquellos cuyos diferenciales se incrementan más lentamente conforme aumente la cantidad demandada u ofrecida.

Pero, al mismo tiempo, numerosos activos a largo plazo –como la ya mentada deuda públicas o las acciones de empresas importantes– también cotizan con spreads muy reducidos gracias a la creación de los mercados organizados (como el mercado bursátil) y, sobre todo, a la continua participación de los market markers, cuya función consiste en comprar al precio ofrecido (bid price) todas las cantidades que quieran venderse de un bien y en vender al precio pedido (asked price) todas las que quieran comprarse (estrechando, como consecuencia, el diferencial entre ambos precios).

Parecería, pues, que en la práctica, como afirma Moulton, no existan diferencias entre liquidez y negociabilidad y que ambas dependan del marco institucional existente. Como ya sostuviera Waldo Mitchell en 1923: "El que un bien en particular sea líquido o no (…) depende de las instituciones existentes para darle circulación. Cuando los mercados de acciones, los almacenes o los mercados de abastos no existían, los bancos tenían más restringido el tipo de préstamos de calidad que podían conceder".

Si durante el s. XIX se decía que la primera lección que debía aprender un banquero era distinguir entre una letra y un bono, hoy ambos instrumentos resultan plenamente intercambiables. La mayoría de economistas no entiende la necesidad de que los bancos mantengan una cartera de activos líquidos para hacer frente a sus pasivos a corto plazo, pues el efectivo siempre parece fluir cuando se lo necesita (especialmente gracias a los bancos centrales).

De hecho, apoyándose en esta idea, las entidades financieras incrementaron de manera muy sustancial entre 2001 y 2006 los activos a largo plazo que integraban sus carteras de negociación (trading assets) a través de la emisión de deuda a corto plazo. Pensaron que siempre que fuera necesario, esos activos podrían ser traspasados por su importe nominal o, en todo caso, usados como colateral para obtener créditos con los que amortizar las obligaciones que fueran venciendo. Qué decir tiene que se equivocaron y que, como consecuencia de esa equivocación, se generó un ciclo económico cuya crisis ahora estamos padeciendo.

Por ello, se vuelve esencial trazar una línea divisoria clara entre liquidez y negociabilidad con el fin de ofrecer de nuevo a la banca una pauta que pueda seguir para realizar una gestión prudente de sus activos y de sus pasivos. A ello dedicaremos el próximo artículo.

Estado de Bienestar, una teoría con pies de barro

La teoría económica dominante, basada en la Justicia Social, se ha materializado en la mal llamada Economía del Bienestar, hoy vigente en la mayoría de países occidentales, propagándose además como un virus letal que todo lo infecta entre las facultades de Económicas de medio mundo. Como consecuencia, economistas y políticos centran toda su atención en cómo redistribuir de la forma más eficiente posible la riqueza que posee una determinada sociedad.

Es lo que se conoce como intervención pública y, por desgracia, las escasas críticas que recibe consisten, casi exclusivamente, en poner en duda la buena gestión de los recursos disponibles. Es decir, en denunciar el despilfarro en el que tan habitualmente caen los organismos estatales. Sin embargo, dicho planteamiento adolece de un vicio circular de imposible resolución si los agentes implicados no alcanzan a comprender la naturaleza misma de la ciencia económica.

El esquema teórico vigente que guía a la Economía hace aguas en su misma base y, por ello, se formulan respuestas inadecuadas a preguntas erróneas. Así, la clave no radica en dilucidar si el poder público gestiona bien o mal unos recursos escasos que se suponen dados a fin de evitar su despilfarro, sino en cómo articular un marco institucional adecuado para que florezca la innata capacidad creativa del ser humano y, de este modo, impulsar al máximo la función empresarial, principal motor del desarrollo económico y social.

La Economía del Bienestar construye su armazón en torno al concepto de "eficiencia estática", una estrecha y reducida dimensión de la teoría económica, ya que tan sólo analiza cómo mejorar la administración de los recursos disponibles para minimizar su despilfarro. No cabe duda de que el desarrollo y profundización de esta parcela ha cosechado grandes éxitos en el ámbito de las Ciencias Naturales, y más concretamente, en la Física (eficiencia energética) y en la Ingeniería Mecánica, pero su hegemonía ha terminado por imponerse igualmente en el campo de la acción humana, esto es, las Ciencias Sociales y la Economía, con nefastos resultados.

De hecho, tal y como muestran las enseñanzas del afamado Leon Walras, la economía neoclásica, mayoritaria en nuestros días, constituye una copia casi exacta de las aplicaciones propias de la física mecánica del siglo XIX. Conceptos tales como la "necesaria" redistribución de la renta (Arthur Pigou) y de la riqueza (Wilfredo Pareto), bajo la falaz excusa de alcanzar el máximo nivel de "bienestar" social posible, parten precisamente de este error. A saber, concebir la eficiencia como algo únicamente estático, sin tener en cuenta la dimensión creadora y especulativa que, desde sus orígenes, tenía el concepto de eficiencia económica.

Y de aquellos barros estos lodos. La preeminencia de la eficiencia estática en el cuerpo de la teoría económica continuó desarrollándose a lo largo del siglo XX hasta plasmarse plenamente en el ámbito político bajo el título "Estado de Bienestar". De este modo, durante décadas la Economía ha descuidado por completo su esencia misma al marginar de su análisis y estudio la eficiencia dinámica que, tal y como señala Jesús Huerta de Soto, consiste en "la capacidad para impulsar, por un lado, la creatividad empresarial y, por otro lado, la coordinación, es decir, la capacidad empresarial para buscar, descubrir y superar los diferentes desajustes sociales".

Así pues, más allá de la administración eficiente de la casa familiar (eficiencia estática), el problema económico fundamental consiste en cómo incrementar la hacienda actuando empresarialmente y comerciando con ella (eficiencia dinámica). Un campo clave que, sin embargo, ha quedado relegado al más absoluto olvido en la mayoría de los manuales que emplean los estudiantes y profesores de Económicas.

La función empresarial, o si se prefiere la acción humana –tal y como enfatizaba Ludwig von Mises en su Tratado de Economía–, no consiste esencialmente en asignar medios dados a fines también dados de una forma óptima sino que, básicamente, consiste en buscar, descubrir y darse cuenta de nuevos fines y medios de forma activa y creadora.

Y es que, el hombre más que homo sapiens es homo agens o, si se prefiere, un homo empresario que actúa aprendiendo del pasado y usando su innata capacidad creativa (justo lo que nos distingue de los animales) para imaginar el futuro y, así, poder ir creándolo paso a paso.

Es lo que Mises denomina Praxeología, un campo de estudio en el que la teoría de la eficiencia dinámica cobra un papel primordial. Y es que, bajo este nuevo prisma todo cambia. Lo relevante no es alcanzar el máximo nivel de producción posible evitando el despilfarro y la óptima asignación de unos recursos dados mediante la redistribución, sino potenciar las capacidades empresariales del hombre para lograr ampliar continuamente una hipotética frontera máxima de producción que, gracias a la aparición de nuevos descubrimientos antes no concebidos, termina por convertirse en una curva difusa debido a su constante crecimiento y avance.

De este modo, el enfoque de la eficiencia dinámica sitúa la empresarialidad en el centro del cuerpo teórico, y sobre esta sólida base se construye el resto del edificio derribando, simultáneamente, los agrietados y constreñidos muros que encorsetaban, dejando sin respiración, a la ciencia económica. La adopción de dichas lentes dinámicas modifica la perspectiva del mundo.

Lo importante en el mercado no es alcanzar resultados "óptimos", sino propiciar las condiciones necesarias que favorezcan la creatividad empresarial. Es decir, orientar la política económica hacia la configuración de un marco institucional que respete al cien por cien la propiedad privada, potencie los intercambios comerciales de carácter voluntario, garantice el cumplimiento de los contratos y, en resumen, favorezca la actividad empresarial.

La sociedad más justa y ética será, pues, aquélla que con mayor energía y solidez defienda la empresarialidad inherente que yace en el espíritu de cada ser humano. Por ello, dicha concepción es incompatible con la existencia de un marco institucional caracterizado por el paternalismo estatal, la coacción política, los esquemas de redistribución (Economía del Bienestar) o la ausencia de plena libertad para ejercer el intercambio voluntario y, sobre todo, la función empresarial. La "eficiencia dinámica" es la llave maestra que abre la puerta a un nuevo mundo, no sólo económico sino también social y político.