Ir al contenido principal

El trampantojo socialista

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Un trampantojo (o trampa ante el ojo) es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y otros efectos ópticos. Si algo ha quedado claro a lo largo del terrible año que hemos dejado atrás hace menos de una semana es que la política del presidente del Gobierno español es exactamente eso: un trampantojo. No creo que haya nadie que siga defendiendo la buena fe y el idealismo de Rodríguez Zapatero; es demasiado evidente que lo que anima cada movimiento de su equipo es engañar al público.

Desde la ley Sinde hasta las bombillas de Sebastián, pasando por las torpezas de las rubias de oro (Aído y Pajín), la sensación es que, más allá de su inicial pretensión de guiar el destino de España hacia algún lugar concreto, las medidas de Zapatero y sus muchachos responden estrictamente a un intento permanente de ocultar rotos y zurcidos. Las cortinas de humo, sin embargo, no han logrado evitar que los ojos europeos se fijen más en los datos del paro que en el "ingenioso" teléfono del maltratador; en el creciente endeudamiento público que en la alianza de civilizaciones. No hay que olvidar que las meteduras de pata en el ámbito internacional han ayudado a que la mirada de Europa se endurezca. La prensa europea ya barrunta algo de lo que nos espera. De manera que la pintura que trata de simular lo que no existe en el trampantojo de Zapatero es un Mr.Bean que enarbola grotescamente una banderita azul con un puñado de estrellas doradas formando un círculo.

Pero incluso si me equivoco y no se trata de un titánico esfuerzo de maquillaje y nuestro presidente tiene un objetivo prudente a la vista y la sana intención de guiarnos hacia él, no me vale. La intención es estéril en este ámbito, lo que sirve son los resultados. Y los de Zapatero son difícilmente empeorables.

Thomas Sowell explica en su libro A Conflict of Visions los diferentes resultados a que conducen dos visiones opuestas de la naturaleza humana, en concreto, aquella que contempla las limitaciones humanas como un dato más, y la que, por el contrario, considera que el ser humano es capaz de aprender de forma ilimitada. Para quienes defienden la primera opción, como Adam Smith, Edmund Burke o John Locke, lo mejor que podemos hacer es minimizar los errores a que conducen esos vicios, en vez de fijarnos metas inalcanzables. Su propuesta consiste en crear entornos y promover comportamientos virtuosos mediante los incentivos adecuados, incluso si de esa manera la virtud se ejerce sin intención. Por otro lado, quienes creen en la perfectibilidad ilimitada del ser humano, como Thomas Paine, Godwin, Rousseau o Condorcet, no aceptan más que el comportamiento virtuoso intencionado. Así se empeñan en desbrozar las causas de las guerras, la pobreza y el crimen, y en ofrecer una solución que lleve al comportamiento virtuoso de la sociedad.

Esta segunda corriente es la que inunda el pensamiento filosófico-político de nuestro país por obra y gracia de la Revolución Francesa. Para quienes se sientan atraídos (espero que momentáneamente) por esas ideas, simplemente quiero recordar que Robespierre esperaba acabar con el baño de sangre al que sometió a Francia tras los primeros momentos de la Revolución "cuando todo el pueblo se haya convertido en igualmente devoto de su patria y de sus leyes". Esa es la realidad más extrema a la que conduce la visión no restringida de la naturaleza humana. Repito: la más extrema. Pero las menos son igualmente ineficientes. Y, en grandes rasgos, esa es la filosofía que subyace a la política socialista (de todos los partidos). Se trata de dirigir la moral ciudadana a golpe de ley, de restricción, erigiéndose en poseedor de soluciones, encaramado en la máxima soberbia que consiste en creer que uno sabe lo que los demás necesitan, anhelan, desean. Y, a partir de ahí, me da lo mismo si la ley pretende que seamos santos o que seamos demonios. Desde mi punto de vista, es una visión del hombre que lleva indefectiblemente al fracaso, por más que se presenten las mejores intenciones como tarjeta de visita.

¿La razón? La ley de las consecuencias no queridas, el orden espontáneo, la naturaleza imprevisible del hombre. En plata: que no se puede meter el mar en un vaso de agua. Lo otro, la planificación desde arriba, la ingeniería social, la hipocresía moral, llevan a lo que ya sabemos: a la erosión de la responsabilidad, a la disminución de la libertad real, a la perversión de las conciencias, a la expulsión de la moral individual.

Estamos avisados.

Política e imagen

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Pocos dudarán de la importancia que la imagen tiene actualmente. Nadie en su sano juicio iría a una entrevista de trabajo con bermudas y camisa floreada, como pocos son los que van a la playa a pasar una tarde entre amigos con traje y corbata. Cada momento tiene sus formas,  su imagen y éstas son importantes en tanto forman parte de nuestra tarjeta de presentación y transmiten información personal de cómo somos e incluso de cómo actuamos. Sin embargo, esta pasión por la imagen se está volviendo enfermiza y peligrosa cuando de lo que hablamos es de política.

Desde que la televisión se convirtió un fenómeno de masas, el color de la corbata, la marca del traje, el fondo de armario del político se ha convertido en un asunto de Estado. Las chaquetas de pana llevaron en volandas a Felipe González a la presidencia española para luego ser abandonadas por trajes cada vez más caros. Los descamisados de Alfonso Guerra pronto vistieron camisas de Hermenegildo Zegna o Loewe que se sacaban por fuera del pantalón para no confundir a posibles votantes. No hace mucho, Leire Pajín y otros cargos importantes del PSOE cantaba puño en alto la Internacional mientras lucían ropa de marcas que no se pueden permitir muchos proletarios. Sobre Aznar se lanzaron un millar de estilistas tijera en mano hasta que su bigote y flequillo terminaron enamorando, presuntamente, a millones de votantes. A Rajoy se le puede ver en mangas de camisa, como camarero improvisado en un albergue para desheredados en plena campaña navideña o como respetable congresista según le conviene.

El problema de la imagen es que poco a poco ha ido sustituyendo a la profundidad del mensaje político hasta el punto de que los grandes anuncios políticos se sincronizan con la hora del telediario para que con una frase grandilocuente o con un eslogan acertado se encandilen millones de televidentes. En la recién estrenada presidencia española de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero se ha gastado un porrón de euros en un nuevo mobiliario para que las reuniones de la superburocracia europea luzcan adecuadamente, cantidad que nos ha dejado con la boca abierta y el bolsillo dolorido, mientras ha anunciado que en seis mes, en seis, ni más ni menos, nos sacará de la crisis.

Aquí lo importante no es tanto si ese objetivo es posible o no, sino dar la sensación de que estamos ante un político ágil y comprometido con cierta utopía futurista. Una de las críticas, acertada desde mi punto de vista, es que el actual gobierno socialista ha estado gobernando a golpe de imagen, de negar la evidencia o de usar un asunto polémico o una ley vacua para tapar o minimizar los efectos de errores más graves o carencias evidentes. Y lo ha hecho con un éxito considerable.

Hay que reconocer que esta actitud política por sí sola no se sostiene sino que necesita la complicidad de otras actitudes que sostengan este particular mundo virtual. La primera es la de los medios de comunicación. Si estos se mantienen pastando del presupuesto como lo hacen los públicos, o pendientes de que les autoricen tal o cual emisora de radio o que les permitan tener una televisión aparentemente privada, nunca podremos aspirar a que las críticas al poder establecido sean demoledoras, que les hagan daño, que les obliguen a corregir o eliminar medidas concretas. Los medios de comunicación, en especial los audiovisuales, les hacen el juego reduciendo los discursos a simples frases o intervenciones que se suponen que concentran la esencia del mensaje. El resultado termina siendo la promulgación de leyes vacías que pretenden más un adoctrinamiento de la población que la resolución de ciertos problemas.

Alguien podría pensar que tal situación sí que se ha producido cuando después de los atentados del 11-M casi todos los medios de comunicación apuntaron al PP en el poder, como último responsable de los muertos. Semejante pensamiento es demasiado ingenuo, pues su actitud sólo favoreció un cambio de gobierno, con aspiraciones a cambio de régimen, que desde entonces ha endurecido el poder del Estado con leyes cada vez más coactivas, con libertades cada vez más restringidas y con una población cada vez más controlada.

La segunda actitud es quizá más preocupante. Es la actitud de la ciudadanía, es la actitud de gente que está dispuesta a someterse al poder, que está dispuesta a perder cada vez más libertad, es la actitud de los que no buscan salirse de lo oficial, de los que no hacen nada o hacen poco por sus propios problemas porque piensan que vendrá papá Estado a solucionarlos, es la actitud de los que piensan que existen fórmulas mágicas que sólo son conocidas por nuestros políticos y que sólo ellos pueden desarrollar e implantar, es la actitud de los que no buscan información y conocimiento y una actitud crítica ante la vida, del que traga todo tipo de ley y norma política sin ni siquiera plantearse su legitimidad, su legalidad o incluso su moralidad. Es la actitud del grupo pastueño que ha olvidado o no ha aprendido que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Con esta ciudanía, con estos medios de comunicación y con estos políticos afrontamos la salida de la crisis económica. Feliz año a todos.

Ética y personas inexistentes

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Derechos, deberes y prohibiciones éticas son formas de expresar normas de conducta para minimizar los posibles conflictos entre personas y permitir el desarrollo individual y social. Estos conceptos legales sólo son aplicables a sujetos éticos existentes en cada momento, unos respecto a otros, como agentes que actúan y como receptores de los efectos de diversas acciones: no tiene sentido exigir obligaciones o aplicar protecciones a entidades inexistentes, sea porque son ficciones imaginarias, porque ya han muerto o porque aún no han nacido. Las personas que no existen no tienen problemas, no actúan, no prefieren, no valoran la realidad, no toman decisiones, no participan en ningún conflicto. Nuestros antepasados ya fallecidos tuvieron derechos pero ya no los tienen. Nuestros descendientes aún no nacidos tendrán derechos pero aún no los tienen. Los personajes de ficción sólo existen en la ficción.

La única norma ética universal, simétrica y funcional es el derecho de propiedad (junto con el cumplimiento de los pactos contractuales). Las personas inexistentes no pueden ser propietarios de nada real (ni controlan bienes ni pueden tener y expresar preferencias ni sufrir daños) y no pueden comprometerse a nada con nadie.

Sin embargo a menudo los seres humanos incluyen seres inexistentes (ancestros, divinidades, generaciones futuras) en sus argumentaciones morales por diversos motivos: ciertas normas culturales se transmiten como sabiduría de generación en generación; la creencia en espíritus con capacidades de vigilancia y recompensa o castigo refuerza el cumplimiento de normas cooperativas; la atribución del origen de las normas a agentes benevolentes y poderosos que no forman parte del grupo puede servir para evitar conflictos de interés entre cooperadores igualitarios o para justificar falazmente el dominio de los poderosos sobre los explotados.

Los seres humanos no actúan conforme a lo que es estrictamente real, sino según sus representaciones mentales imperfectas, que no abarcan toda la realidad y pueden incluir entidades irreales, recuerdos de personas ausentes o proyecciones imaginarias. En la mente de un individuo coexisten memorias de personas reales con representaciones de personalidades inexistentes, que también tienen intereses y transmiten órdenes o peticiones.

La reflexión ética es posible, pero mucha gente ignora la filosofía y la ciencia de la moral, no se pregunta por la razón de las normas o da respuestas erróneas a su sentido. Dadas las capacidades, limitaciones y especializaciones de la mente humana, a mucha gente le resulta más fácil pensar en las normas morales como resultado de la acción intencional de personas concretas que transmiten órdenes en lugar de analizar las normas como conceptos abstractos despersonalizados.

Los sentimientos morales de los humanos son valoraciones procesadas inconscientemente y percibidas como normas de conducta (inhibidores o activadores) que en general no tienen características de universalidad y simetría y pueden ser ocasionalmente (o sistemáticamente) disfuncionales. Estos imperativos morales pueden ser instintivos (genéticos) o resultado de la transmisión cultural, en especial durante la infancia del individuo.

Aunque las normas éticas son universales y simétricas, la continuidad de la especie humana es claramente particular y asimétrica: los progenitores transmiten sus genes e invierten recursos en sus hijos, quienes durante bastante tiempo no pueden mantenerse por sí mismos. Además los adultos son por lo general más fuertes y sabios que los niños, de modo que los padres suelen transmitir ideas y dar órdenes a los hijos (deberes, prohibiciones), y estos buscan su protección y tienden a asumir las indicaciones recibidas (para obtener premios o evitar castigos), llegando eventualmente a hacer suyas las reglas recibidas de sus mayores (progenitores y miembros destacados de la tribu).

Cuando los niños se hacen adultos siguen obedeciendo las indicaciones de sus mayores aunque estos hayan muerto, los honran y mantienen sus compromisos con ellos, lo cual origina un culto a los ancestros: la memoria de personas pasadas y sus ideas influye sobre la conducta moral actual. Este culto puede ser impersonal (los antepasados en general) o particularizarse en algunas figuras sobresalientes (héroes, jefes, personajes carismáticos). Dadas las exigencias de poder y sabiduría de la persuasión moral es fácil que lo histórico se transforme en mito o leyenda. La creencia en espíritus sobrenaturales vigilantes con poder para premiar y castigar refuerza la influencia de las normas morales sobre el control de la conducta.

Cada individuo actúa según sus contenidos mentales, pero esos contenidos pueden ser resultado de interacciones con otros sujetos (las conductas individuales no están completamente descorreladas, cada uno influye sobre las decisiones de los otros). Mediante la comunicación lingüística los miembros de un grupo pueden intentar manipularse unos a otros implantándose programas mentales que dirijan su comportamiento. Estas influencias mutuas permiten la coordinación social: la presión de la conformidad hace que los contenidos morales sean mayoritariamente uniformes y las acciones previsibles.

Las normas morales pueden percibirse como impersonales (simplemente haz esto o no hagas eso otro) o como órdenes que expresan la voluntad de alguien que tiene suficiente poder para premiar o castigar y capacidad de vigilancia para comprobar que sus deseos se cumplen (si no fuera así, la orden podría ignorarse). En ocasiones una persona puede camuflar sus preferencias personales y realizar afirmaciones morales como si fueran hechos objetivos básicos e irrefutables que deben ser aceptados por todos. En otros casos es posible reforzar la aceptación de un mandato cuyo sentido no se entiende (o no se quiere aceptar) explicando que procede de una persona fuerte, sabia y bondadosa (o astuta y malvada si se teme un castigo).

Si un miembro de un grupo pretende actuar como fuente de las leyes es posible que surjan conflictos de interés al imponer sus preferencias particulares. Disponer de una referencia normativa externa frente a la cual todos los individuos están en situación de igualdad puede servir para evitar este problema. Pero en los grupos humanos suele haber asimetrías de poder: los fuertes pueden someter a los débiles e imponerles su voluntad. Para evitar revueltas y afianzar su poder los poderosos pueden recurrir a la superstición popular y declarar que gobiernan por mandato divino: son simplemente representantes de una voluntad más alta a la cual todos deben someterse.

¿Habrá una rebelión contra la prohibición del tabaco?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Ya en el siglo XIX Bastiat advertía en La Ley que ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes, pero que lo que da más seguridad para que éstas sean respetadas es que sean respetables.

Si esas preocupaciones ya eran visibles hace siglos, desde luego que hace tiempo que el mayor problema que embarga al Derecho parte del persistente empeño de legisladores de toda laya por producir un número ingente de órdenes destinadas a moldear las mentes y las conductas de los ciudadanos según un modelo considerado óptimo por los gobernantes. Si el estado de bienestar clásico se postuló como un proveedor desinteresado –forzoso- del individuo frente a la necesidad, desde la cuna hasta la tumba, sus fracasos han venido a complementarse por un estado prohibicionista que se inmiscuye en las esferas más íntimas de las personas para dictarlas como deben pensar, sentir y comportarse desde que se levantan hasta que se acuestan. Asistimos a unos procesos políticos contradictorios. A pesar de tímidos repliegues de instituciones básicas para el consenso socialdemócrata de la posguerra por la constatación de su fracaso, se ha producido paralelamente un salto cualitativo en el intervencionismo. Actualmente, se percibe en los políticos occidentales una maniática obsesión por moldear las mentes de los ciudadanos, a fuerza de leyes formales, muy similares a los esfuerzos de los países totalitarios reconocidos.

Como cabía esperar de esa implacable tendencia, sus adalides tratan de ocultar la deriva hacia el totalitarismo alterando el significado de las palabras. De esta manera, las órdenes y mandatos se denominan "leyes" por el aura de respetabilidad que la mención de ese nombre irradia. Y, sobre todo, en el caso de las leyes antitabaco, se esgrime la protección de la salud de los individuos, incluso contra su propia voluntad. Manejan como arma dialéctica destinada a socavar eventuales contestaciones, la invocación de la inexorabilidad de su adopción. En este sentido, la cooperación de los medios de comunicación tejidos por la larga mano del gobierno resulta crucial para transmitir esa sensación de que está fuera de lugar oponer cualquier tipo de resistencia. La idea extendida en la sociedad española de que el último mohín del ministro de turno en relación a sus súbditos tiene categoría de ley por su mera expresión, sin necesidad de trámite parlamentario, debe mucho a esa labor de zapa.

Siguiendo la tradición de Bastiat, Hayek señala al filósofo del Derecho Carl Schmitt como uno de los grandes teóricos de la sistematización jurídica del intervencionismo. Admirado tanto por juristas conservadores como izquierdistas, tuvo una influencia decisiva en la forja del Derecho público alemán de la época nazi. En sus obras declaró periclitada la tradicional concepción liberal "normativa" del derecho, la cual, vino a decir, había progresado gradualmente para adquirir un carácter "decisionista". Según esta última concepción, la voluntad del legislativo debe prevalecer sobre el comportamiento individual hasta el punto de propiciar la formación de un orden concreto. Dicho de otro modo; el derecho no consiste en normas abstractas que, al delimitar el campo del comportamiento individual, hacen posible la formación de un orden espontáneo basado en el oportuno desarrollo de las iniciativas individuales. Antes al contrario, el derecho constituye un instrumento de ordenación u organización que convierte al individuo en servidor de determinados propósitos.

Uno de los ejemplos más recientes de esa legislación abrasadora y dictatorial es la Ley Antitabaco aprobada en la legislatura anterior que invade sin ningún tapujo aspectos íntimos de las vidas de sus destinatarios. Como tantas otras intervenciones, ese texto pretendió regular minuciosamente casi todas las cuestiones relacionadas con el tabaco, un producto objetivamente nocivo para la salud de los fumadores y quienes les rodean. Corroborando lo indicado sobre los caprichos de los ministros, llevamos meses de maceramiento por parte de la titular del Ministerio de Sanidad para presentar como indefectible un retorcimiento de los contenidos de esa Ley. Específicamente, ha anunciado que la prohibición será total en bares y restaurantes atropellando desvergonzadamente las previsiones de hace tres años, las cuales permiten a esos establecimientos elegir si permiten fumar a sus clientes o habilitar espacios separados para ellos si cuentan con una superficie superior a los cien metros cuadrados. La presentación del proyecto de ley de reforma se fecha para el mes de enero porque antes, añade la ministra, debe llegarse a un consenso con los grupos parlamentarios.

No tengo noticia de estudios solventes sobre el grado de cumplimiento de la Ley actual. Tan solo de estadísticas que apuntan a que el pretendido objetivo de disminuir el número de fumadores ha fracasado estrepitosamente, ya que el número de éstos ha aumentado desde su vigencia. Probablemente, pues, los ingresos que el estado percibe por la tributación del tabaco no han caído tampoco. Sin embargo, cabe aventurar una escasa incidencia en los bares pequeños diseminados por las ciudades y pueblos españoles y son perceptibles los incumplimientos vergonzantes, como el de aquellos que se refugian en la intimidad relativa de los cuarto de baño de su lugar de trabajo para prender su cigarrillo, y los abiertos, como los que se comprueban por los locales de ocio nocturno con independencia de su tamaño.

Aun con todo, tenemos un caso paralelo protagonizado por nuestros vecinos franceses, cuya casta política mantiene un tradicional ascendiente sobre la que soportamos los españoles desde hace siglos. Normalmente experimentan con ellos antes que con nosotros, por lo que, teniendo en cuenta que las diferencias de comportamiento son anecdóticas, podemos tomar como referencia las reacciones que se han producido allende los Pirineos ante la medida estrella que se anuncia aquí.

Según nos cuenta escandalizada la revista Time –uno de los libelos de la corrección política global– la prohibición total de fumar en sitios cerrados impuesta en Francia hace tres años está sufriendo una abierta contestación después de un periodo de aparente obediencia. El atribulado periodista comienza por insinuar la predisposición de los franceses a no cumplir las leyes. Sin embargo, pasa a considerar que, en realidad, la culpa es del Gobierno por no tener un sistema represivo efectivo para imponer las multas de 200 euros previstas para los que fumen en lugares prohibidos. En las empresas los jefes miran a otro lado cuando los empleados se echan un pitillo en su puesto de trabajo o al lado de la máquina de café, lo cual parece plausible dadas las temperaturas que deben aguantarse a cielo abierto en invierno. Otro tanto ocurre con los dueños de bares y restaurantes donde las terrazas cubiertas temporales se han tornado en lugares fijos para fumadores, soslayando la prohibición que también afecta a esos espacios.

Sin que el periodista lo advierta, el camarero de uno de esos establecimientos le aporta el enfoque que, por mi parte, defiendo: "Tenemos que convivir juntos y este tipo de compromisos lo hace posible. ¿Ve usted a alguien que se queje?". Todas estas invasiones en la vida privada de los individuos deberían ser abolidas con carácter inmediato. En su lugar, debería optarse por una regulación mínima basada en el respeto del derecho de propiedad privada de los dueños de los establecimientos y la libertad de los individuos para relacionarse con los demás en un toma y daca que supone llegar a acuerdos (o simplemente renunciar a ello, evitando compartir espacio) sobre conductas que pueden dañar a otros.

Como se ve por experiencias ajenas, si los parlamentarios españoles no sacan fuerzas de flaqueza para impedir que este nuevo atropello se consuma, deberán atenerse a las consecuencias de una rebelión silenciosa.

Contrapoder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La existencia del Poder resulta inevitable. La del Estado no. La existencia del Estado es una cuestión que atañe a valores, arraigo y cainismo; en ningún caso responde a una razón de Orden, público o político, menos aún social.

El Poder, en su camino hacia el absolutismo, tiende a descomponer los vínculos que le son ajenos (B. Jouvenel). Procura la atomización individual, quebrando organizaciones voluntarias u organismos consuetudinarios. El Poder tiende a integrar intereses privativos dentro de su propia estructura de intervención y redistribución de riqueza. De esta estrategia depende su sostenibilidad. Cuando dicha integración es "total", desaparecen los contrapoderes competitivos, fundiéndose toda instancia de dominación, coordinación, cooperación o intervención.

El Poder pasa a ser identificado con Orden público, Jurisdicción, Derecho y arbitrio distribuidor. Es en ese preciso momento cuando nace el Estado, como forma instrumental y constructo intelectual que adopta el Poder absoluto.

La estructura del Estado teórico preexiste en un orden de cosas práctico: el Gobierno (institución inintencional) extiende organizacionalmente los resortes administrativos que requiere para ejercer sus funciones naturales, creando una maquinaria permanente (D. Negro).

La irresistibilidad, como característica formal que distingue el orbe jurídico del moral, se extiende sobre la mera decisión política. La Pragmática adquiere fuerza de ley; siendo la Ley la máxima expresión de lo que puede decirse sobre el Derecho (la Ley es una forma de conocer el contenido normativo que señala lo justo o lo recto), cualquier acto producido por el Poder adiciona mandatos al orden jurídico, trasformando éste en un ordenamiento positivo (G. Radbruch). La definitiva incorporación a dicho ordenamiento, de toda norma organizativa o de intervención emanada de la Administración gubernamental, consolida al Estado como organización que trata de anular el orden social (espontáneo).

El Gobierno utiliza su Poder político como herramienta de asimilación de todo Poder público, espontáneo y competitivo. La Jurisdicción ofrece resistencia, y aun cuando sea engullida como instrumento, de su pervivencia como función dependerá la continuidad del propio orden social (Hayek).

Otro contrapoder institucional que desaparece merced del expansionismo absolutista que convierte al Poder en Estado, es la representación popular, definida como traslación de los intereses circunscritos de un grupo natural o institucional de individuos (ciudades, asociaciones, aristocracia…). La cámara de representantes, antes concebida como límite del Gobierno, deriva en una vulgar asamblea política al servicio del gobierno: Parlamentarismo gubernativo.

Los principales contrapoderes sociales que hoy cabría identificar, a pesar de su integración en el cuerpo del Estado, son los siguientes:

  1. Organizaciones competitivas de intereses: asociaciones voluntarias que, en la persecución de un fin, logran satisfacer multitud de fines adheridos libremente a la causa de aquellas. La intervención económica, regulación, barreras, carga fiscal, contratos públicos o subvenciones, distorsionan sus objetivos, decisiones, expectativas e incentivos (Mises). El Estado adquiere la condición de principal inversor y consumidor, generando, a su alrededor, una tramada dependencia.

  2. Contrapoderes individuales: formación de grandes patrimonios o influencias personales y políticas. El estatalismo se funda en el atavismo. El éxito siempre comporta un peaje de arrepentimiento (Hayek). El altruismo o la entrega por la causa general (no necesariamente la ajena, basta con definir valores "colectivos" y luchar por ellos: toma de conciencia), erosionan el ímpetu individual y contrarrestan su posible resistencia. Quien disfruta de carisma personal o influencia de cualquier tipo, padece fuertes incentivos hacia su integración en la estructura de dominación, bien a través de los partidos políticos, o mediante un vínculo político-comercial.

  3. Partidos políticos: facciones ideológicas que aglutinan voluntades individuales y proyectos comunes. Terminan por mimetizar la naturaleza del Partido Único, integrándose en la estructura de dominación del Estado a modo de catalizador de pretensiones personales (Revel).

  4. Moral: definida como conjunto de normas de conducta, exigible pero de cumplimiento voluntario, cuya dinámica define al orden social en su conjunto (Hayek). También moral privada, a modo de estructura individual de máximas explícitas de conducta (o acervo íntimo de reglas básicas de mera conducta). El Estado, en este sentido, se convierte en ídolo secular, que potencia hedonismo, consumismo imprevisor, desligamiento familiar, merma del altruismo personal y voluntario, irresponsabilidad individual en la toma de decisiones relevantes… (D. Negro)

    El Estado, en su esfuerzo atomizador, prefiere la desmoralización tradicional, como paso hacia la consolidación de una nueva moral donde él mismo aparece como vínculo directo de cada sujeto con el resto de individuos (individualismo estatalista). Expresiones concretas son todas las medidas tuitivas, de discriminación "positiva" o de "corrección" de un supuesto desequilibrio contractual (legislación laboral, por ejemplo).

Siendo el Estado la denominación que adquiere el Poder cuando es absoluto (en los términos expuestos), cabe afirmar la ausencia de Estado en caso de que concurran los siguientes supuestos:

  1. El Derecho permanece libre y competitivo, siendo conocido a través de un proceso institucional evolutivo.
  2. La Jurisdicción emana de la autoridad genuina, queda limitada por un criterio representativo y se configura como una institución pública pero competitiva.
  3. Existen contrapoderes dentro de la unidad política que sostiene el gobierno de "lo común".
  4. La política es integrada de forma representativa, siendo los propios representantes contrapoderes independientes respecto del Poder, incluido el que ellos mismos pudiesen alcanzar.
  5. La propiedad privada permanece como criterio de justicia conmutativa, mientras que la autonomía de la voluntad o la extensión de la consideración personal son conservados como exigencias inalienables.

Siguiendo con la explicación conviene identificar un tipo singular de contrapoder: aquel que mantiene una vocación totalitaria, y no meramente competitiva, como sería el tipo de vocación característica de los contrapoderes arriba comentados. El contrapoder "totalitario" es útil cuando convive con otros contrapoderes de su misma especie, sin que ninguno alcance una posición de dominio frente al resto (sistema interestatal atomizado, por ejemplo). El Estado procede de uno de estos contrapoderes, por lo que cualquiera que fuera su naturaleza, nunca debiera confundirnos un contrapoder, distinto al Estado, que demostrase cierta eficacia práctica contrarrestando el poder de éste, dado que en realidad su objetivo es ocupar la posición del Poder contra el que combate. Ejemplos pueden encontrarse en cierto tipo de Iglesias(en una acepción amplia del término), administraciones o instituciones locales y regionales, grandes corporaciones empresariales u organismos sindicales mayoritarios.

Tomando como supuesto un mundo ideal donde fueran muchos, y muy pequeños, los Estados en que se dividiera territorio y población, concluimos que, en la medida que su Poder exterior permanezca equilibrado, los unos representarán contrapoderes frente a los otros. Bien por integración en estructuras de dominación supraestatales, bien por el despunte de uno de ellos, engullendo a otros hasta definir espacios nuevamente "equilibrados", el Estado, como Poder absoluto, nunca se sentirá satisfecho dentro de su ámbito de dominio (el Estado tiende a ocupar toda la realidad disponible, al tiempo que procura poner a su disposición toda la realidad restante).

Internamente, cuanto más pequeño sea el Poder absoluto o Estado, más débiles serán los contrapoderes inferiores con capacidad de contrapesar su impronta. Toda fuerza social experimentará una intensa tendencia a la integración dentro de la estructura mecánica o de intereses del Estado. Desaparecen así los contrapoderes competitivos internos, como también lo harán los contrapoderes totalitarios: por ejemplo, la regionalización política o administrativa.

Sin embargo, a partir de un límite de integración, una estructura de dominación o Estado, experimentará el florecimiento de contrapoderes internos, de tipo competitivo, pero también de vocación totalitaria, bien a nivel regional, corporativo o sindical, lo que limitará su capacidad de dominio. Es por ello que podemos concluir que, en un escenario donde lo evitable (el Estado) –según la aseveración hecha al comienzo– se consolida, en función de su tamaño e intensidad de su integración social, el Poder absoluto que representa, hallará una mayor o menor oposición y contrafuerza. A nivel interno, tenderá a desaparecer cuanto más pequeño o integrado sea el Estado, generando a su vez mayor inestabilidad exterior, en directa dependencia del equilibrio, en su caso, entre un gran número de poderes, siempre ávidos de hegemonía y extensión.

La mera existencia de un pequeño Estado, inserto en un orden de Estados mayores (categorizados así por traspasar un límite de tamaño, pero no por la homogeneidad entre sí mismos), demuestra el interés de estos últimos en conservar ámbitos y agentes fuera de su propio orden internacional. Los paraísos no existen sino a costa de ciertos fines manifestados a través del resto de Estados no paradisiacos: no pueden ser, en este sentido, garantía o respaldo de teorías políticas que no toman en cuenta la realidad del Poder cuando es absoluto.

Implicaciones de la teoría del capital sobre el ciclo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Implicaciones de la teoría del capital sobre el ciclo

En mis dos artículos anteriores traté de analizar por qué las definiciones de capital y de bienes de capital necesitan de una revisión a fondo para adaptarlos a la realidad y para que resulten fructíferos en el desarrollo de la ciencia económica.

Uno de los campos donde más importante tiene adoptar una visión correcta del capital y de los bienes de capital es en el ciclo económico. Sin ella podemos caer fácilmente en las falacias lógicas keynesianas que nos aseguran que lo único que le pasa a la economía es que ha perdido fuelle, que han empeorado las expectativas y que es necesario reanimarlas.

Al fin y al cabo, hay algo ciertamente incomprensible en que la misma estructura productiva que durante años estuvo creciendo a elevadas tasas entre en crisis de la noche a la mañana. ¿Por qué las mismas máquinas, los mismos edificios o los mismos procesos que ayer creaban riqueza hoy son incapaces de hacerlo?

La teoría austriaca del ciclo económico da una respuesta válida que, sin embargo, muchos no han sabido interpretar correctamente por carecer de una buena teoría del capital y de los bienes de capital. Según Mises y Hayek, el crecimiento vivido durante el boom es inducido por un sistema bancario al expandir masivamente el crédito, por lo que en su mayor parte ni es real ni es sostenible; al manipular a la baja los tipos de interés, las industrias más alejadas del consumo comienzan a hiperdesarrollarse a costa de las industrias más cercanas al consumo, arrojando una estructura productiva que dura más tiempo del que están dispuestos a esperar los consumidores para adquirir sus frutos (tal y como manifiestan en el volumen de ahorro real). Las crisis no son más que la etapa en la que esta expansión artificial se detiene, se desinflan las demandas insostenibles, se corrigen los precios relativos distorsionados por esas demandas, desaparece la rentabilidad ficticia que arrojaban esos falsos precios relativos y se procede a la purga de las malas inversiones sectoriales.

Cierto, esta explicación tiene su complejidad pero no debería resultar incomprensible para nadie y mucho menos para economistas supuestamente duchos en la materia. Sin embargo, la ausencia de toda una buena teoría del capital en la que insertar estas conclusiones conduce a muchos de ellos a descartarlas por inconciliables con la realidad.

Tomemos el famoso caso de Paul Krugman y su supuesta refutación de la teoría austriaca del ciclo. El premio Nobel de 2008 plantea en este artículo dos objeciones a la teoría austriaca: a) si los consumidores deciden adquirir más bienes de consumo de los planeados por las empresas, la economía no debería entrar en crisis, sino tan sólo incrementar el capital y la capacidad productiva de las industrias de consumo a costa del de las industrias de bienes de inversión, b) si se han producido malas inversiones, basta con darlas de baja del balance para volver a crecer, lo cual deja sin explicar por qué las buenas inversiones permanecen ociosas durante la crisis y numerosos trabajadores muy productivos son despedidos.

En definitiva, Krugman no entiende por qué una crisis no puede solventarse de la noche a la mañana transportando el exceso de capacidad de las industrias de bienes de inversión hasta las deficitarias industrias de consumo.

Buena parte del problema de Krugman –como el de toda la vertiente keynesiana– es precisamente que carece de una teoría del capital y de los bienes de capital. Las malas inversiones en la etapa del boom se han plasmado en toda una serie de bienes de capital que están diseñados para prestar sus servicios en las industrias muy alejadas del consumo. Como ya vimos, los bienes de capital son heterogéneos, complementarios, específicos y difícilmente reconvertibles, lo que significa que su transferencia de unas industrias a otras no puede ser un proceso automático y ausente de costes. Es más, en la medida en que esos bienes de capital se utilizaban con otros de manera complementaria, la pérdida de valor de alguno de ellos elimina esas sinergias, que no siempre podrán aparecer –o no de un modo tan intenso– en otras estructuras de bienes de capital, dejando muchas de ellas ociosas.

Tomemos el caso de la industria del ladrillo. El hiperdesarrollo de la misma conllevó la aparición y el crecimiento de constructoras, cementeras, inmobiliarias, promotoras, fábricas y minoristas de mobiliario, despachos de arquitectos… Cada una de estas industrias tenía sus propios planes de negocio, en los que se empleaban bienes de capital muy especializados y específicos: grúas, hornos, canteras, pozos, trituradoras, elevadores, palas mecánicas, secaderos, lavadores, laminadores, desintegradores, chapeadoras, barnizadoras, ventiladores, sierras, afiladoras, troqueladoras, lijadoras, canteadoras, aspiradoras, escuadradoras, fresadoras o incluso capital humano diverso como la arquitectura. Y a su vez, cada uno de estos bienes de capital poseía diversos grados de heterogeneidad, especificidad e inconvertibilidad (no todas las sierras son iguales, por ejemplo) que los hacía más o menos aptos para desempeñar una función distinta de la originalmente planeada en otras industrias.

La crisis precisamente revela que todos estos bienes de capital deben reorientarse a otras partes de la economía –las industrias más cercanas al consumo–, al haberse generado un exceso de capacidad en unos sectores cuya demanda estaba inflada por una oferta del crédito artificialmente elevada y barata. Y este proceso, obviamente, ni es sencillo ni automático como parece suponer Krugman y el resto de keynesianos, quienes obvian, bajo el velo del capital, la naturaleza de las estructuras de los bienes de capital.

Debería resultar evidente que la manera de acelerar el ajuste pasa por facilitar tanto como sea posible esa recolocación de los bienes de capital, para lo cual será de vital importancia eliminar todos los costes artificiales a sus movimientos (regulaciones e impuestos) y a las rigideces de sus precios. Al fin y al cabo, para que un bien de capital pueda ser recolocado en otras partes de la estructura productiva será necesario que el precio que los potenciales compradores hayan de pagar por él sea inferior a su productividad marginal dentro de los nuevos planes empresariales; productividad que debido a su complementariedad, especificidad e inconvertibilidad será mucho más baja que en sus anteriores funciones. Pero mientras su precio continúe por encima de su productividad marginal el recurso permanecerá "ocioso" y no contribuirá a generar nueva riqueza.

Asimismo, también será necesario acumular grandes cantidades de ahorro para financiar la reconversión de aquellos bienes de capital cuya transformación no resulte especialmente costosa; para crear nuevos bienes de capital que se complementen en sus nuevas tareas con los antiguos bienes de capital y así aparezcan nuevas complementariedades que eleven su productividad; y para reducir la presión que ejerce una fuerte demanda de consumo que fuerza su traslado hacia las industrias más cercanas al mismo donde previsiblemente su productividad marginal será más baja.

La solución keynesiana, sin embargo, pasa por obstaculizar tanto como sea posible ese ajuste, bajo la falsa idea de que el crecimiento económico se puede reanudar sobre las endebles bases de las malas inversiones previas a través de estímulos de demanda. Convencidos de que el capital equivale no al valor que en un mercado libre tienen los bienes de capital destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores, sino al valor que resulta de unos precios manipulados e intervenidos, consideran preferible reorientar todos los bienes de capital específicos e inconvertibles hacia proyectos promovidos con gasto público donde sean fácilmente reutilizables. Así, se pretende buscar salida a toda la maquinaria de la construcción privada en faraónicos planes de obra pública, sin darse cuenta que de este modo obstruyen su recolocación en otras partes del mercado y absorben los escasos capitales necesarios para reconvertirlos, crear nuevos bienes de capital complementarios y rebajar la presión depresora sobre su valor que ejerce una fuerte demanda de consumo.

El keynesianismo es una ideología orientada a conservar las malas inversiones y a evitar la catarsis y el reajuste de la estructura productiva. No entienden la necesidad de purgar los espejos del pasado porque caen en el error de considerar que todo crecimiento del "capital", tanto durante la fase del boom en la que se acumulan las malas inversiones como durante los estímulos artificiales y cortoplacistas de la demanda a través del déficit, es sinónimo de creación de riqueza. Se olvidaron de qué es realmente el capital y de qué valor y función tienen las libres elecciones individuales en todo esto.

Responsabilidades sociales

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Es curioso observar cómo en tiempos de crisis proliferan por todas partes las llamadas a la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa o, lo último que he oído: la ESG (Enviroment, Sostenibility, Governance). Será esta moda tan pertinaz de la economía sostenible que escuchamos aquí y allá, junto a las reuniones contra el cambio climático.

Por ejemplo, hace algunas semanas asistí a la presentación de un interesante estudio de Josep Maria Lozano, profesor de ESADE, sobre La empresa ciudadana, responsable y sostenible. Además de otros libros, como un completo manual sobre la Ética en la empresa, es autor también de monografías similares en torno a la RSE de las PYMES o a las empresas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (iniciativa puesta en marcha por la ONU, como el Global Compact, de las que tal vez hablemos en otra ocasión).

Le acompañaba Alberto Andreu, responsable de Reputación Corporativa de Telefónica y persona bien conocida en estos foros. Estaba preocupado por el excesivo cortoplacismo de muchas empresas, por el recurso a veces cosmético a la RSE y, medio en broma medio en serio, por el "efecto Alcorcón" que se analizó en una clave no precisamente futbolística. También habló de cortoplacismo político el diputado de CIU, Carles Campuzano, colaborador de Ramón Jáuregui en las iniciativas del Congreso de los Diputados sobre esta materia de la RSE; así como el catedrático de la UAM Fernando Vallespín, bastante escéptico respecto a la capacidad de los partidos políticos para actuar con cualquier otro objetivo que no sea ganar las elecciones más cercanas.

Hay que decir que el tono de la reunión fue algo pesimista; entre los numerosos casos de corrupción nacional e internacional, la aparente incapacidad de reacción ciudadana y los efectos de la crisis económica, salimos del acto poco animados, la verdad. Pero quiero decir que, en parte, me parece que la culpa la tenemos nosotros mismos. Allí se echaba en falta la presencia de líderes, pero al mismo tiempo se defendían con vigor nuestras sociedades modernas y tolerantes, supuestamente "libres" de cualquier dirigismo dogmático, religioso, político… entonces: ¿en qué quedamos?

Es el drama de la posmodernidad, del que se quejan con razón, pero que no tratan de resolver. Cuando aceptamos sin reservas (como los sofistas presocráticos, no crean que se han inventado demasiadas cosas en los últimos veinticinco siglos) que el hombre es la medida de todas las cosas, no podemos escandalizarnos a continuación si resulta que tu medida es distinta de la mía; o si tu medida consiste en vender hipotecas subprime…

Seamos honestos por un momento: la crítica del relativismo solo puede hacerse cuando estás dispuesto a defender en serio que hay verdades ciertas y mentiras patentes, comportamientos correctos o miserables, y que somos libres para elegir unos u otros. Entonces es cuando somos responsables.

Particularmente desenfocada me pareció una crítica a nuestra cultura mediterránea y católica como mejor exponente de la pérdida del sentido de la responsabilidad; con la consabida comparación con esa otra ética protestante del esfuerzo. No comparto ese punto de vista. Pienso que las sociedades cristianas (unas y otras), cuando de verdad se comprometen en vivir coherentemente su fe, aportan un grado de honestidad y solidaridad que humanizan enormemente la convivencia. Claro, hablo de religiosidad vivida con plenitud, y no esa mascarilla tenue y superficial que describe tantas prácticas religiosas actuales.

Es por eso que estoy convencido de que la crisis actual (económica, política, ciudadana) es una crisis moral, de valores, de comportamiento. Claro que necesitamos líderes, firmes primero en sus convicciones, y que sean ejemplares por el ejercicio de su virtud (la areté, como señalaba Aristóteles: necesitamos aristócratas de verdad). El cambio que requiere nuestra sociedad es un cambio individual, de cada persona, en cada momento del día. Ya he protestado en otra ocasión a favor del ejercicio personal de la responsabilidad (más que el social); querría añadir ahora la urgencia para dotar a estas inquietudes responsables de un componente moral, del que se habla muy poco, por cierto, en todos estos foros que comento.

Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En teoría, pudiese ser constitutivo de delito el retraso de más de tres años del Tribunal Constitucional (TC) ya que, según el artículo 448 del Código Penal, "el Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años".

En los últimos meses, algún miembro de la judicatura comienza a levantar su voz en contra de la reforma encubierta de la Constitución Española de 1978 que supone el nuevo Estatuto de Cataluña (NEC). El retraso deliberado en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) está permitiendo la aplicación de una ley autonómica claramente inconstitucional, lo que está creando, por la vía de los hechos consumados, súbditos de primera, segunda o tercera categoría según donde vivan y según si pertenecen (o no) al colectivo nacionalista.

Por ello, si un retraso deliberado en la sentencia pudiese demostrarse jurídicamente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (según dispone el artículo 57 de la LOPJ), también podría ser aplicable el artículo 449 del Código Penal, cuando establece en su párrafo primero que "en la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima".

La inacción de las instituciones, la irresponsabilidad de los políticos y la permisividad de los jueces con el culto al estatismo autonómico están deslizando España por el peligroso barranco del Estado confederal, como nueva religión a la que deben obedecer ciegamente los españoles.

Ya analizamos los excesos del Estado Autonómico que han degenerado la estructura territorial y han configurando dictaduras de proximidad en determinadas regiones que, sin limitación de competencias, obligan a comulgar con leyes que aplastan los derechos y libertades civiles. En vez de ciudadanos libres, intentan que seamos súbditos rendidos ante el nacionalismo secesionista.

Por ello, el Manifiesto por la Dignidad de España solicita el apoyo de la sociedad civil al pacto fundamental que aprobaron mayoritariamente los españoles para garantizar su convivencia pacífica. De hecho, una sentencia justa e imparcial del Tribunal Constitucional (TC) debiese seguir la dirección ya señalada por el Informe del Consejo General del Poder Judicial cuando se indicaron hasta 17 motivos de inconstitucionalidad en los artículos sobre justicia del nuevo Estatuto de Cataluña.

Pero, no hace falta que el TC busque muy lejos para cumplir fielmente con su cometido institucional. Simplemente, sus miembros deben aislarse de las presiones viles y de los espurios intereses nacionalistas, y deben seguir en detalle su propia jurisprudencia. Revisando sus propias sentencias, el TC podía ya haber emitido hace años una sentencia de inconstitucionalidad sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. A continuación, se indican sólo algunos ejemplos de la jurisprudencia del TC:

1. La sentencia STC 4/1981 explicita en relación con la unidad nacional y la soberanía:

  • "La Constitución parte de la unidad de la nación española, que se traduce en una organización –el Estado— para todo el territorio nacional."
  • "La autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía, y dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido."
  • "La Constitución contempla la necesidad de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad, como una consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación, tanto en relación a las Comunidades Autónomas, concebidas como entes dotados de autonomía cualitativamente superior a la administrativa, como respecto de los entes locales".

2. La sentencia STC 82/1986 indica con respecto al castellano como lengua común oficial: "El castellano es la lengua española oficial del Estado, y entendiéndose obviamente aquí por Estado el conjunto de los poderes públicos españoles con inclusión de los autonómicos y locales resulta que el castellano es la lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio español".

3. La sentencia STC 84/1986 señala un precedente respecto de la primacía del castellano respecto de las lenguas regionales, y respecto de la obligación de conocimiento del idioma castellano porque reúne la característica de "idioma común para todos los españoles…. independientemente de factores de residencia o vecindad".

4. La sentencia STC 227/1988 (y también la STC 76/1983) rechaza que por vía estatutaria se pueda definir con carácter abstracto y general el alcance y contenido de las competencias autonómicas y, con ello, el ámbito de las competencias estatales, lo que realiza el nuevo Estatuto de Cataluña (NEC) en sus artículos 110 a 173: "el Estado tiene atribuidas competencias básicas que no pueden ser desconocidas, lo que imposibilita, de entrada, la calificación de competencia exclusiva que incorpora el referido precepto estatutario".

5. Y, por ejemplo, respecto de la imposibilidad de crear un Tribunal de Justicia de Cataluña completamente autónomo e independiente, la sentencia STC 38/1982 mantiene que "el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Generalidad, sino del Estado, y de la organización judicial, según se deduce con meridiana claridad del Art. 151.2, párrafo 2ª, de la Constitución".

Sin embargo, un Tribunal Constitucional con sus miembros elegidos por los partidos políticos cuyas leyes autonómicas debe juzgar, no cumple con el requisito jurídico de la independencia.

Como acabamos de analizar, a pesar que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) permite emitir una clara sentencia de inconstitucionalidad, el retraso en la sentencia sólo favorece a los políticos secesionistas y liberticidas.

Y, lamentablemente, sólo se espera una sentencia interpretativa que perfumará el Estatuto pero que, en la práctica, inhabilitará la Constitución y el ejercicio del Estado de Derecho, e imposibilitará la tutela judicial efectiva en las regiones con Estatutos nacionalistas.

Ojalá sea equivocado el diagnóstico sobre el actual proceso de involución institucional, pero parece formar parte ineludible de la hoja de ruta que ha trazado la cleptocracia autonómica para guiarnos irresponsablemente hacia un camino de servidumbre al nacionalismo secesionista.

Leer más

Los minaretes y la libertad unilateral

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

A propósito del referéndum suizo pidiendo la prohibición de alzar minaretes en las mezquitas vuelve a escucharse el argumento de la reciprocidad: "Si en Arabia Saudita no permiten construir una sinagoga libremente, o que las mujeres vayan sin velo, en Occidente deberíamos pagarles con la misma moneda, impidiendo que erijan su minarete o lleven velo". Cuando ellos toleren la libertad religiosa, prosigue el argumento, nosotros toleraremos la suya.

Nótese el fondo colectivista: "ellos" y "nosotros", confundiendo el Estado con la sociedad. Confundiendo, además, a la gente que emigra con el mismo Estado que dejan atrás. Como si todos los saudíes fueran responsables de lo que hace el Estado y no hubiera muchos, incluyendo una importante proporción de los que emigran, que en realidad son sus primeras víctimas. De hecho es razonable pensar que los musulmanes que emigran tienden a ser más pro-occidentales que los que se quedan. Una muestra de la incoherencia de no pocos occidentales: tan pronto defienden la "liberación" de Irak o Irán, arguyendo que el pueblo es víctima de un tirano, como apelan a la "reciprocidad" para restringir la libertad de los que emigran, tratándolos ahora de fundamentalistas. ¿En qué quedamos, son los musulmanes víctimas que merecen una liberación o son fundamentalistas que merecen ser reprimidos?

La exigencia de reciprocidad implica que los Estados islámicos marquen los estándares de lo que debe tolerarse en Occidente. Ya no es la "libertad de culto" o la "libertad de expresión" propia del liberalismo el principio rector, sino el grado de represión que se practica en esos países. Si Arabia Saudita castiga la conversión de un musulmán al cristianismo, recíprocamente Occidente debe castigar la conversión al islam o, mejor, obligar a los musulmanes inmigrantes a convertirse al cristianismo.

La reciprocidad tiene implicaciones incómodas: si Arabia Saudita o Irán castiga el adulterio, ¿debe Occidente castigarlo también para los inmigrantes musulmanes? Si encarcela a homosexuales, ¿debe Occidente condenar a los inmigrantes musulmanes que sean homosexuales? De hecho, el argumento de la reciprocidad es aplicable a cualquier otro Estado, por ejemplo Cuba. El régimen comunista niega el derecho de propiedad privada y la libertad de expresión. ¿Debe el Gobierno español, de forma recíproca, negar el derecho de propiedad y limitar la libertad de expresión a todos los cubanos que inmigren a España?

El principio de la reciprocidad, no obstante, puede tener cabida a nivel de Estados, como apuntaba Angel Mas: no es lo mismo prohibir la construcción de una mezquita por parte de una organización privada que impedir que el Estado saudí la financie. Los ciudadanos privados tienen derechos individuales, los Estados no. El Estado español no puede sufragar la construcción de iglesias o sinagogas. Podría argumentarse que aquellos Estados que conculcan la libertad religiosa en su territorio y a menudo promueven un fundamentalismo hostil hacia los derechos de las personas no deben poder financiar templos o escuelas confesionales en suelo occidental.

En lo que respecta a los inmigrantes, ya sean árabes o cubanos, sus derechos individuales deben ser defendidos unilateralmente. Los Estados occidentales deben predicar con el ejemplo y ser lo menos represivos posible con independencia de cómo se comporten los demás Estados. Eso no debería ser motivo de lamento sino de orgullo. Los inmigrantes, que muchas veces huyen de la opresión en sus países, no deben pagar por los crímenes de su Gobierno.

Necesitamos un líder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Desde que Max Weber estableció los tres tipos ideales de dominación y legitimación del liderazgo (tradicional, carismático y legal-racional) politólogos y sociólogos –si es que son cosas distintas– han seguido sus pasos estableciendo tipologías abstractas con la pretensión de explicar una realidad difícilmente cuantificable que ya Maquiavelo resumió sin tantas pretensiones metodológicas al recomendar al Príncipe a tener de zorro y de león pues "hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos". Como entonces, los científicos sociales han puesto sus conocimientos al servicio de esos líderes con la ambición de que éstos se miraran en los espejos que sobre el papel habían diseñado aquéllos. Más interesante que clasificar a los políticos de hoy entre zorros y leones sería ofrecer los instrumentos necesarios para protegernos de ellos.

Cuando el ser humano empezó a dar sus primeros pasos y tomaron forma las primeras organizaciones sociales surgieron líderes que, por conocimiento o actitud, eran capaces de guiar y estructurar modelos de conducta. Han pasado milenios y nos continuamos comportando de igual forma, reconociendo a una persona en un cierto ámbito autoridad suficiente como para delegar en ella nuestras opiniones y decisiones respecto a ese tema. Lo que ha cambiado a lo largo de este tiempo ha sido el contrato social en el que ahora nos encontramos atrapados sin posibilidad ni clausula de terminación: el Estado. Y aquí es donde surgen los problemas, porque del líder espontáneo que puede surgir en cualquier circunstancia, desde el emprendedor visionario hasta el líder religioso pasando por el crítico cinematográfico al que fiamos la capacidad de discernir entre las películas que merece la pena ver y las que no, es completamente diferente al líder político que el sistema necesita para funcionar. Y es que el proceso de selección y competición política hunde sus raíces en creencias y sentimientos, además de las ideologías –todavía en pie a pesar de su anunciada muerte– que fomentan el plebiscito sobre un individuo que durante un periodo de tiempo personificará el Estado y será el referente moral de toda la sociedad que organiza. De ahí que los sistemas presidencialistas la personalidad y liderazgo de los políticos tenga más importancia que en los sistemas parlamentarios donde tienden a ser más grises.

Nuestra capacidad cognitiva es limitada y el tiempo invertido en tomar decisiones supone un coste de oportunidad nada desdeñable; así, parece lógico que la naturaleza nos haya dado el instinto y la capacidad de delegar, pero el hombre es algo más que un ser racional y hay cuestiones que escapan al intelecto y permanecen en la región emotivo-sentimental de la actividad humana. De ahí que a las ciencias sociales hayan fracasado una y otra vez en su intento de sistematizar y cuantificar algo que se asemeja más a un proceso psicológico a través del cual se establece un vínculo entre un conjunto de personas y otra que es capaz de ponerse al frente y liderarlas en una causa común. Un proceso que no se produce unidireccionalmente sino que necesita de un individuo extraordinario capaz de ver más allá que el grupo y que éste a su vez así lo perciba. Y aquí lo de menos es si la realidad que perciben todos, pastor y rebaño, es acertada o falsa, pues la confianza que surge es ciega.

Nuestras sociedades democráticas reúnen varias condiciones que abonan el campo para que los líderes no ya carismáticos sino mesiánicos tengan más éxito que otros. Por un lado, muchos de los sistemas parlamentarios han ido mutando en sistemas mixtos con características de los presidencialistas, al acaparar los gobiernos mayores funciones e iniciativa política en detrimento de los parlamentos, que han quedado reducidos a una mera extrapolación aritmética de los resultados electorales. Por otro, el avance de lo que Sowell brillantemente denominó visión ilimitada de la naturaleza humana hace que los líderes naturalmente seleccionados por la gente que comparte esta visión analizarán la realidad a través de este marco y se considerarán ungidos y capacitados para lograr que la utopía se convierta en realidad. Esta visión está unida a la ampliación de las funciones del Estado, que logra inmiscuirse ley a ley en más parcelas de nuestra vida privada requiriendo una elite política más interesada en estos asuntos. Así, el proceso se retroalimenta con líderes que consideran necesario, y siempre por nuestro propio bien, ensanchar las fronteras del Estado mientras que nuestra intimidad queda cercada o, directamente, invadida.

Esta doble realidad, de la propia naturaleza humana que necesita líderes y del triunfo de la visión progresista, hacen más necesario que nunca que activemos todas las alertas y aumentemos las precauciones a la hora de confiar nuestros destinos a una vanguardia que se cree elegida y legitimada para tomar decisiones que nunca debieron escapar a la soberanía individual. Ahora más que nunca debemos permanecer vigilantes ante los excesos del poder y preguntarnos en lo más profundo de nuestro interior si realmente necesitamos un líder diferente a nosotros mismos y dar rienda suelta a la sana desconfianza hacia el poder que sabiamente nos ha otorgado la naturaleza.