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Chávez y la “nefasta herencia” de la división de poderes

El caudillo venezolano Hugo Chávez ha plasmado por escrito algo que no resulta sorprendente viniendo de él. En uno de esos largos textos que, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, publica impartiendo doctrina y mostrando su peculiar modo de ver el mundo, proclama: "el tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división –como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde– trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América".

En esas líneas lo realmente importante es el hecho de considerar a la división de poderes como un "lastre" del que liberarse y una "nefasta herencia" que ha de ser superada. Sólo teniendo en cuenta eso puede llegar a entenderse en qué consiste ese constitucionalismo, presentado con el adjetivo de "popular", del que habla el presidente paladín del socialismo del siglo XXI. Al igual que hiciera el denominado socialismo real del siglo XX, y sigue haciéndolo en países como Cuba, China o Vietnam, la nueva careta de ese totalitarismo utiliza las palabras para decir justo lo contrario de lo que significan.

En el bloque soviético "democracia" significaba dictadura, y libertad, opresión. Justo como ocurre en los residuos comunistas como Cuba o Vietnam y al igual que sucede en la Venezuela de Chávez. Ahora, además, "constitucionalismo" pasa a querer decir todo lo contrario. En la tradición constitucionalista iniciada con las revoluciones liberales del siglo XIX, y en la que se inscriben personajes tan falseados por los totalitarios como Simón Bolívar y José Martí, la división de poderes es fundamental.

Pero la mentira de Chávez no termina ahí. Él escribe como si el fin de la separación de poderes fuera algo por hacer, cuando hace tiempo que él ya emprendió la tarea de desmantelarla. En Venezuela no quedan jueces que estuvieran en ejercicio antes de su llegada al poder, en una intromisión cuyos tres últimos vergonzantes capítulos son muy recientes. La destitución de la juez de primera instancia en lo penal Mercedes Chocrón contó con tan pocas garantías legales que el régimen venezolano tiene que enfrentarse a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra magistrada, María Lourdes Afiuni ha sido detenida por decretar la libertad condicional de un banquero perseguido por el Gobierno y, como terrible colofón, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estrella Morales, declaró que la separación de poderes debilita al Estado y que, por tanto, debe eliminarse.

El legislativo también ve recortado cada vez más su campo de actuación en Venezuela y países afines. Cuando esto no ocurre, los presidentes directamente ignoran la obligación de acudir a él para aprobar ciertas normas o acuerdos. Así, en el caso de Ecuador la Asamblea espera desde hace medio año para votar si se da el visto bueno a una integración en el bloque bolivariano ALBA que ya es real por deseo de Rafael Correa. Tampoco se respeta la división vertical, entre los poderes nacionales y regionales o municipales. En Venezuela, y otros países, cuando una región o un ayuntamiento tienen un gobierno de signo contrario al del presidente se le recorta atribuciones o se le priva de los recursos que necesita para funcionar.

La división de poderes hace tiempo que dejó de ser un lastre para Chávez y compañía. De esa "nefasta herencia" tan sólo quedan unos pequeños restos que poco a poco se irán desmantelando.

La educación y el desarrollo: alternativas al Estado

Una idea prácticamente intocable es que la educación es vital para el crecimiento económico, ergo, se argumenta, el Estado debe garantizar una educación pública universal y dedicar elevados presupuestos para tal cuestión. Se podrá rebajar el gasto público en contener el sueldo de algunos funcionarios, recortar las subvenciones, ¡pero nunca reducir el gasto en educación! Un gobierno que haga eso se enfrentará a las críticas vociferantes de la oposición, pero también de la gente, que pensará que el gobierno les está traicionando, a ellos y a sus hijos.

El economista del desarrollo William Easterly, de la New York University, en su libro En busca del crecimiento, tiene un capítulo sobre la educación en los países pobres que tiene un título muy ilustrativo: "¿Educarse para qué?". En él, examina la evidencia empírica acerca del gasto en educación y el desempeño, y encuentra que la correlación no está nada clara, argumentando que si faltan los incentivos adecuados para que los padres inviertan en el futuro de sus hijos, el gasto no servirá de nada, pudiendo ser incluso contraproducente.

Desde esta perspectiva se observa una clara bidireccionalidad en la causalidad, en el sentido de que el desarrollo económico genera incentivos para la educación, y que la educación es importante para el desarrollo. En este campo sucede algo parecido con el tema de los anticonceptivos en los países pobres, al que Easterly también dedica un capítulo, concluyendo que "el desarrollo por sí mismo es un anticonceptivo mucho mayor que el dinero para preservativos". Las soluciones mágicas propuestas en estas dos áreas le parecen al norteamericano "panaceas" para favorecer el desarrollo que han resultado fallidas.

Y es que el buen intencionado propósito de hacer que los niños más desfavorecidos puedan estudiar no hace, por sí mismo, que éstos estudien, o que lo que estudien les sirva para su futuro. Así, por ejemplo, ante la construcción de escuelas o la aplicación de programas de organismos internacionales –como el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU– para conseguir que la educación universal sea una realidad en África, se pueden dar varios escenarios (que de hecho se dan).

En primer lugar, se pueden construir bonitos edificios y bien acondicionados, pero contar con unos profesores sin ningún tipo de aliciente ni motivación, que incluso se duerman en las clases o no aparezcan. En segundo lugar, puede que los niños no vayan a la escuela porque son más necesarios trabajando en el campo ayudando a su familia; o, por último, puede que los niños vayan a la escuela y aprendan realmente, pero que luego apenas existan oportunidades para poner en práctica esos conocimientos en su propio país, teniendo que emigrar a países más desarrollados.

Por otro lado, aparte de esta vía burocrática de aparatos supraestatales y agencias internacionales, existen alternativas para hacer avanzar la educación en los países más pobres. Como suele pasar, la realidad es más rica de lo que nos pensamos en un primer momento, y especialmente mucho más rica y llena de matices de lo que piensan quienes pretenden solucionar casi todos los problemas sociales mediante más dinero e intervención pública, fruto de una mentalidad de planificador de la sociedad.

En efecto, existen alternativas, aunque muchas veces éstas se traten de ocultar, o parezcan simplemente inimaginables. El investigador británico James Tooley lleva décadas estudiando el fenómeno de las escuelas privadas en las zonas más pobres del mundo, ya sea en África o Asia (India o China). Ha llegado a la conclusión de que la educación privada es buena para los pobres. Su interés hacia este tema se despertó cuando, a pesar de que pensaba que la educación privada era algo casi impensable en países poco desarrollados, se dio cuenta de que sus prejuicios no parecían del todo acordes a la realidad. Así fue como trató de averiguar la magnitud y amplitud de este fenómeno.

Fruto de estos años de investigación ha publicado libros como The Global Education Industry: Lessons from Private Education in Developing Countries, y más recientemente, The Beautiful Tree: A Personal Journey Into How the World’s Poorest People are Educating Themselves. Libros como éstos ponen en duda algunos de los tópicos acerca del subdesarrollo y la educación privada. Tooley quiere transmitir la lección de que el espíritu empresarial y el amor de los padres por los hijos pueden ser encontrados en todas las partes del mundo; y que estas dos fuerzas pueden conseguir maravillas.

Pero las alternativas no se acaban aquí. Además del sector educativo con ánimo de lucro en los países pobres, existen otras asociaciones que sin la búsqueda del beneficio monetario, ayudan a la construcción de escuelas y a su puesta en marcha. Este es el caso de Building Tomorrow, organización norteamericana que trabaja para Uganda, y que obtiene buena parte de sus fondos de donaciones de estudiantes universitarios de EE.UU.

Al contrario que muchos proyectos de cooperación al desarrollo, están preocupados por los incentivos, y para ello tratan de involucrar a toda la comunidad que se beneficiará de la construcción de una escuela. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de agencias estatales burocráticas, aquí sí hay un proceso de feedback entre donantes e intermediarios. Si no se realiza lo que la organización había prometido, pueden sufrir una reducción importante de las donaciones, por tanto deben ser muy cuidadosos con cómo emplean los recursos. Además, no son partidarios de la educación "gratuita" dada por un ente benevolente como el Estado, sino que los padres tienen que financiar total o parcialmente la educación de sus hijos, bien con dinero, bien mediante trabajo o trueque.

Parece que son más conscientes de la importancia del esfuerzo para conseguir las cosas que buena parte de la clase política "avanzada". Claro, que ellos no pueden permitirse ningún lujo; aquí, sin embargo, podemos dilapidar la riqueza y las gentes siguen teniendo algo que llevarse a la boca. Pero todo tiene un límite.

Los intermediarios y los agricultores (otra vez)

Cíclicamente, como si de una crisis se tratase, los agricultores sacan los tractores a la calle para reclamar ayudas para su sector. Hace unas semanas, miles de agricultores se manifestaron en Madrid convocados por las tres grandes organizaciones de ámbito estatal: Asaja, COAG y UPA. Señalan, como cada vez, que los intermediarios son los culpables de que los productos agrícolas se encarezcan desmesuradamente y denuncian sus amplios márgenes. No dudan en mostrarlos como un grupo privilegiado de especuladores que se enriquecen a costa de agricultores y consumidores. Este “argumento” (por llamarlo de alguna manera) significa no entender absolutamente nada de economía.

Veamos. La clave está en darse cuenta de que el producto que el agricultor recoge no es un bien de consumo, sino simplemente un paso intermedio en el proceso productivo. Y es que los consumidores (es decir, cualquiera de nosotros) no queremos ese bien que el agricultor acaba de recolectar. No tiene ningún valor para nosotros; no nos es de ninguna utilidad. No es un bien de consumo porque, entre otros motivos, no tenemos acceso a él y/o desconocemos su existencia.

Económicamente hablando, la manzana que el agricultor de Extremadura recoge en su campo no es el mismo bien que la misma manzana comprada por nosotros en el supermercado. Un producto sólo puede ser denominado “de consumo” cuando ha pasado por todas y cada una de las necesarias etapas de transformación del proceso productivo, se ha acercado y se ha puesto al alcance del consumidor. Mientras no sea así, ese bien “no existe” para el consumidor, y de ahí que no tenga ningún valor.

Por tanto, los agricultores son solamente una etapa más de la producción, de igual importancia que los transportistas, distribuidores, publicistas, controladores de calidad, mayoristas, minoristas y demás prestadores de servicios que son indispensables para que el producto acabado de consumo esté a disposición del consumidor.

Si no fuesen económicamente analfabetas, estas organizaciones agrícolas y de consumidores sabrían perfectamente que los intermediarios son totalmente imprescindibles. Deberían imaginarse que no me sale a cuenta desplazarme a Canarias cada vez que se me antoje un platanito; que no voy a coger el coche en dirección a Galicia cuando desee comer pulpo de calidad; que no volaré hasta Argentina o Uruguay para degustar su carne; o que no voy a ir a la Rioja para comprar el vino que necesito esta noche. Paradójicamente, los principales beneficiados de la existencia de intermediarios son precisamente los agricultores.

Si eliminamos a los intermediarios o intentamos aminorar coactivamente las ganancias de su negocio, lo único que conseguiremos es crear una escasez de alimentos, como ha sucedido en la historia en otros regímenes con economías planificadas.

Lo único que verdaderamente deberíamos exigir es que no haya barreras de entrada para realizar la actividad de intermediario, es decir, que no se pongan trabas a cualquier persona que quiera (intentar) ejercer de intermediario. Si esto es así (mercado libre), no cabe más que concluir que los profesionales que actualmente están realizando esos servicios son los más eficientes. Son los que ofrecen la mayor calidad a un menor precio. Esto es debido a que los procesos de competencia hacen que los servicios mejoren de calidad y bajen de precio, ya que los empresarios intentarán realizar su labor lo más eficazmente posible y con costes cada vez menores para imponerse a sus competidores. El que no lo consiga deberá cerrar y será expulsado del mercado.

Por tanto, si tan buen negocio es ser intermediario, ¿por qué no se dedican a ello los agricultores? ¿Es que hay alguna barrera de entrada legal que se lo prohíba?

Pero estos lobbies que dicen defender el campo español y a los consumidores pisotean y obvian las leyes más básicas de la economía para conseguir lo que verdaderamente quieren: privilegios. Por eso han centrado sus esfuerzos en exigir la intervención del Gobierno (¡cómo no!) para que regule/fije precios y márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad. Se entiende que los productos de primerísima necesidad son casualmente los suyos.

Y, como siempre, parece que han conseguido (o conseguirán) lo que se proponen. Es de esperar que los subsidios a los agricultores sean pagados por todos los contribuyentes de forma directa o indirecta. Directa, mediante impuestos que irán destinados a incrementar su partida presupuestaria; indirecta, al provocar que los precios que deberán pagar por los alimentos sean más elevados.

Se beneficia claramente a unos sectores en detrimento de la mayoría, que acaba pagando sus costes. Lo cual supone una curiosa manera de entender la democracia por parte de los gobernantes, ya que permiten que intereses particulares prevalezcan sobre los derechos individuales del resto de ciudadanos. Y es que una vez más se demuestra que la política está reñida con la ciencia económica más básica.

Competencia asimétrica

Una de las grandes críticas que se suelen formular al sistema de libre mercado está motivada por la indefensión que existiría por parte de los consumidores y las pequeñas empresas frente al poder detentado por las grandes compañías. Cuando se describe el mercado frecuentemente se suele presentar la imagen en la que consumidores indefensos no tienen más remedio que adquirir una serie de bienes y servicios que no son necesariamente los que más le convienen, en unas condiciones que hacen muy difícil cualquier tipo de reclamación, siendo ofrecidos por una serie de grandes empresas que apenas compiten entre sí. Por otro lado, estas grandes empresas emplearían todo tipo de tácticas para impedir el nacimiento o la consolidación de nuevos competidores.

Cabría preguntarse si esta imagen que se tiene del funcionamiento del mercado es cierta. Si se analizan las grandes empresas, es innegable que cuentan con ciertas ventajas muy importantes a la hora de competir. Por un lado tienen una gran facilidad para financiar sus proyectos. Gracias a su tamaño y a su consolidación, les resulta relativamente fácil obtener financiación bancaria, ampliar capital o emitir empréstitos, todo ello a un coste ventajoso. Es por eso por lo que, a la hora de desarrollar nuevos productos o mejorar los presentes, tienen menos problemas de financiación. También sus inversiones en activos fijos resultan muy elevadas, por lo que, a la hora de producir, obtienen importantes economías de escala que reducen sus costes. Por último, y no por ello es el factor menos importante, reúnen una cantidad importante de talento humano. Gracias a sus sistemas retributivos y de reclutamiento son capaces de reunir un personal muy capacitado y motivado para desempeñar sus funciones.

No obstante, la pequeña empresa no carece de armas con las que competir. Así, las grandes organizaciones suelen tener un grado de flexibilidad más reducido precisamente por su tamaño. Un equipo reducido de personas puede cambiar su forma de trabajo a un ritmo mucho más veloz que un grupo grande. También presentan la ventaja de que el pequeño empresario puede estar más en contacto con los cambios del mercado que la cúpula de una gran empresa, debido a que suele tratar directamente con su cliente y sabe lo que necesita. La cúpula de una gran empresa dispone de informes y de su correspondiente equipo de analistas y asesores, pero su contacto con el cliente de base es mucho más reducido. Por último el pequeño emprendedor puede llegar a disponer de empleados mucho más fieles que la gran empresa, ya que muchas veces emplea a la propia familia, que suele cobrar menos, dedicar más horas a su trabajo y pensar menos en cambiar de empleador que el personal de una gran empresa, a lo que habría que añadirle la importancia que sobre el total del trabajo desempeñado suele tener la labor del fundador de la empresa.

Mientras tanto, el consumidor se ve beneficiado por la existencia de empresas de distinto tamaño que se ven obligadas a competir entre sí para contar con su beneplácito, al ser, realmente, la única persona que efectúa la elección de a quién comprar.

No obstante este funcionamiento no es siempre tan idílico, y muchas veces se pueden ver quejas de las dificultades que encuentra el pequeño empresario a la hora de desempeñar su labor. Muchas de las quejas tienen que ver, sin duda, con la dificultad intrínseca que tiene su tarea. No es una tarea fácil ofrecer lo que el cliente necesita, al precio que quiere, mejorar con respecto a la competencia, satisfacer las pretensiones económicas de proveedores y empleados, y obtener financiación para todo ello. Sin embargo, muchas veces sus quejas no suelen estar motivadas por lo anterior sino debido a la legislación y sus cambios, y ahí sí que suele presentar una ventaja competitiva importante la gran empresa. A la hora de redactar nuevas leyes es frecuente que se abra un periodo de consultas sobre la idoneidad de éstas. La gran empresa suele contar con un gran equipo de personas (bien de su personal, bien asesores externos) que saben desenvolverse en la administración, por lo que tan pronto se anuncie la intención de dictar una ley o reglamento, podrán formular las alegaciones pertinentes para que los cambios no les perjudiquen o incluso les beneficien. Incluso saben con qué personas entrevistarse para lograr iniciativas legislativas favorables. Sin embargo, esta capacidad no está tan disponible para las pequeñas empresas, por lo que no suelen presentar ningún tipo de alegaciones, sugerencias o informes.

Este tipo de asimetría normalmente no puede ser compensada ni por la pequeña empresa, ni por el consumidor individual. La existencia de asociaciones puede facilitar la participación de éstos en estos trámites e iniciativas, sin embargo, dada la multiplicidad de fines que persigue cada uno de los asociados, su escasa representatividad y sus limitaciones presupuestarias, estas asociaciones no suelen tener la misma efectividad que las grandes empresas, aunque indudablemente existen sus excepciones, y pueden provocar asimetrías en sentido opuesto.

Esta asimetría se puede estudiar mejor con un ejemplo. Supongamos que se pretendiese llevar a cabo una subida en los tipos a la Seguridad Social de las empresas que venden al público un determinado producto. Rápidamente las grandes empresas se pondrían en contacto con el órgano que pretende dictar dicha norma, para hacer ver la serie de inconvenientes que tendría dicha medida, por ejemplo, sobre el empleo en dichas empresas. La Administración puede llegar al acuerdo con dichas empresas de realizar dicha subida sólo sobre trabajadores a tiempo parcial, para que no les perjudique tanto, y fomentar, de dicha forma, el empleo con dedicación total. En principio parece que todo el mundo sale ganando. No obstante dicha medida contaría con un perjuicio importante, que serían las pequeñas empresas. En las grandes empresas, precisamente por su tamaño, resulta más infrecuente, porcentualmente hablando, realizar contrataciones a tiempo parcial. Es fácil reemplazar a varios trabajadores a mitad de jornada con la mitad de dicha cifra a jornada completa. Sin embargo, esto no es tan cierto en las pequeñas empresas, donde puede que sólo se necesite un trabajador a tiempo parcial, suponiendo esto un porcentaje importante sobre el total de horas trabajadas. Por tanto se introduciría una asimetría artificial a la hora de competir en el mercado, precisamente introducido por una ley.

Esta misma distorsión se produciría con respecto a los consumidores. Para una gran empresa es posible promover o reformar iniciativas que les sean ventajosas a ellas, pero cuyo resultado indirecto implique la pérdida de derechos contractuales o de posibilidades de adquisición por parte del consumidor.

Por tanto, aunque las circunstancias en las que suelen competir las empresas son distintas, éstas deben poder aprovechar sus respectivas ventajas competitivas a la hora de satisfacer a sus clientes. No obstante, pueden existir asimetrías que no son consustanciales ni al mercado ni a la especificidad de cada empresa, y que lo distorsionan, siendo introducidas desde el ámbito legal. Éstas distorsiones al final van a perjudicar al propio consumidor, al disminuir la competencia y por tanto su posibilidad de elección, que es una de las mejores salvaguardias que tiene el consumidor. De ahí la importancia de que el marco legal sea neutral, logrando así un juego limpio entre todos los actores y que lleguen al consumidor la mayor cantidad de posibles ofertas.

Democracia…

Somos demócratas.

Cada cuatro años podemos elegir una lista con muchos nombres, en su mayoría perfectos desconocidos. Las listas que reciban más votos recibirán mayor número de asientos en una asamblea y los que ocupen el 51% de dichos asientos elegirán a la persona que decida el partido a cuya lista pertenecen para mandar cuatro años.

Esto se hace a tres niveles: estatal, autonómico y municipal.

Esas personas, elegidas democráticamente, son la voz del pueblo… nada más y nada menos que la voluntad popular. Y aquí viene el quid de la cuestión. La “voluntad popular”, la “voz del pueblo” nos dice qué debemos hacer con nuestra vida y hacienda. Y es mejor hacerle caso, pues el grado de coacción que puede imponernos es insuperable.

Así, la voz del pueblo decide que podemos hacer y que no. Qué podemos comprar, qué podemos vender, qué educación han de recibir nuestros hijos y quiénes pueden darla, qué cine tiene que exhibirse, qué deportes han de practicarse, qué arte ha de crearse… También decide cuanto podemos cobrar por nuestro trabajo, cuanto podemos pagar por el trabajo de otros e incluso decide qué parte del fruto de ese mismo trabajo nos la podemos quedar para poderla gastar nosotros (en lo que ellos digan, generalmente) y cuál no.

La “voz del pueblo” decide sobre nuestros gustos, sobre nuestros intereses y deseos. Decide qué empresas debe haber, qué fuente de energía hemos de utilizar, a qué temperatura debemos poner la calefacción de nuestros locales. Decide sobre nuestra salud, sobre lo que podemos o no comer, beber, fumar o esnifar. También decide qué asistencia medica nos corresponde, qué moneda estamos obligados a usar, qué medicamentos podemos tomar y cuáles no, qué servicios (telefónicos, postales, de distribución, lúdicos. etc.) están disponibles y quiénes pueden ofrecerlos.

Incluso decide cómo hemos de ahorrar para la vejez y las malas rachas. Y aún hay más, pues, gracias a la emisión de deuda pública, puede decidir nuestro grado de endeudamiento.

Todo muy democrático, pues no en vano la lista más votada por el pueblo es la que decide todas estas cosas en nuestro nombre. ¿Y la libertad? Pues ahí la tenemos, cada cuatro años podemos votar a una lista cerrada distinta, para que sus integrantes elijan a quienes van a decidir por nosotros para otros cuatro años…

Pero eso si, repito, todo muy democrático.

La aventura del vendedor de cerillas

En los años cuarenta un adolescente disléxico se ganaba la vida en el sur de Suecia vendiendo cerillas al por menor abasteciéndose en almacenes mayoristas de Estocolmo. Luego amplió su gama de productos con adornos navideños, semillas, lápices, relojes y calcetines. Aumentó el número de clientes con pedidos por correo y realizaba los repartos a domicilio alquilando la camioneta del lechero de su pueblo cuando éste no la utilizaba.

En 1947 decidió incluir muebles en su catálogo de mercancías. Sus acuerdos con fabricantes locales le permitían obtener buenos precios y empezó a venderlos como rosquillas. Con 25 años, viendo que el negocio del mueble se le daba bien, decidió especializarse en ello. En 1953 organizó su primera sala de exhibición de muebles baratos y con estilo en la ciudad de Älmhult. Fue todo un éxito.

Esta exposición no pasó desapercibida a la Asociación Nacional Sueca del Mueble que, temiendo por sus márgenes, decidió hacerle un boicot: convenció a todos los fabricantes del país para que no vendieran nada a ese intruso jovenzuelo. Así se las gastaban.

Esto no amilanó en absoluto a nuestro joven empresario. Se puso a diseñar él mismo los muebles y salió fuera a buscar fabricantes de muebles (inicialmente a Polonia). Al traerlos de vuelta había que reducir costes en el transporte y en su almacenaje y minimizar los daños por manipulación. Ideó la forma en que los embalajes ocuparan el menor volumen posible. Una vez recibidos, en vez de ensamblarlos se vendían directamente desde su almacén al consumidor final, que podía fácilmente llevarse el pack y armar el mueble en su casa. Había nacido el modelo de negocio de Ikea, ideado por aquel emprendedor llamado Ingvar Kamprad, nacido en la granja de Elmtaryd en la localidad sueca de Agunnaryd.

En 1963 abrió su primera tienda fuera de su país, en Noruega, y empezó la conquista del mercado global. Al día de hoy posee 248 tiendas repartidas por el mundo y emplea a unas 120.000 personas. ¿Habría sorteado ese implacable boicot de 1953 y evolucionado así de haber contado la rudimentaria ley sueca de prácticas restrictivas al comercio de entonces con los poderosos instrumentos que cuenta actualmente? Nada hubiese sido igual.

La compañía sigue enfocada en el control de costes en todos sus procesos productivos y logísticos. Su catálogo anual gratuito es una de sus herramientas de marketing más poderosas al mostrar las nuevas tendencias y mantener sus atractivos precios durante todo el año. Sus tiendas-exposición están diseñadas para deleitar al consumidor, que puede ver y tocar antes de elegir lo que se llevará del almacén e, incluso, puede él mismo hacerse libremente un diseño a su gusto mediante la combinación de módulos, piezas y artículos.

Su director de diseño opina que “las soluciones caras son ideas mediocres (muchos gestores públicos debería tomar buena nota de dicho aserto). Los muebles no son de lujo pero incorporan un enorme valor en diseño, funcionalidad e innovación. No se mantendrán, tal vez, para toda la vida ni se heredarán (como antaño) pero sí durarán más tiempo del que la mayoría de la gente desea conservar. Ha revolucionado, sin duda, el diseño interior de las casas de mucha gente. A diario un millón de personas pasan por sus cajas.

Las acciones de Ikea no cotizan en bolsa; la forman un complejo holding de fundaciones y empresas domiciliadas en Luxemburgo, Irlanda, Holanda y sus Antillas buscando protección fiscal. Kamprad, por su parte, halló grata residencia y refugio (fiscal) en Suiza.

Sus tres hijos llevan actualmente la gestión de la empresa. Han logrado mantener y ampliar el negocio creado por su padre, que sigue como asesor. Se han rodeado de un equipo de diseñadores de muebles punteros (20 en plantilla y más de 70 en freelance) y han tenido la habilidad de que Ikea sea percibida por la gente como una empresa “verde”, filantrópica y socialmente responsable. En ciertos países ha tenido buena acogida la venta online, pese a contravenir la práctica usual de compra presencial de sus clientes.

Hace algunos años se desveló que Kamprad había coqueteado en su juventud con los nazis suecos (por ello escribió un libro y pidió disculpas públicas) y tiene fama de tacaño. Como comentaba acertadamente Daniel Rodríguez sobre otro gran empresario, lo bueno del mercado libre es que nos permite disfrutar sólo de la parte buena de las personas.

Ikea es objeto recurrente de campañas en su contra por promover el consumo, por evadir impuestos o por aparecer homosexuales y transexuales en su publicidad, ignorando probablemente todos ellos que al antiguo vendedor de cerillas los boicots le estimulan.

Zapatero y Hayek sobre la Constitución

La celebración de los treinta y un años de la Constitución sufrió las tensiones derivadas de la inminente, esperamos, resolución del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto para Cataluña. Y si consideramos los tics que acompañaron a los actos junto con hechos del historial del propio Tribunal Constitucional, podemos dar cuenta de qué cosa es el TC y cuáles son las claves de sus sentencias.

En primer lugar creo que debemos adoptar el enfoque de que el Tribunal Constitucional no es siervo de nadie más que de sí mismo. En general, como todo órgano con acceso a un gran poder, se atiene a sus propios intereses corporativos. Esto es congruente con varios hechos.

Muchos son los favores intercambiados tras periodos de tensiones entre los gobiernos legisladores y el TC. En muchas de esas tensiones lo que se ha visto es una mera disputa por los términos concretos, la letra pequeña de ciertas leyes. Es así que en la STC 6/1983 ya el tribunal donó a los políticos la capacidad para hacer leyes fiscales retroactivas adhiriéndose al muy socialista concepto de la fiscalidad como redistribuidora de la renta. Incluso en la STC 126/1987 confirmó que "la seguridad fiscal no pueden entenderse como un derecho de los ciudadanos a mantener un determinado régimen fiscal". La soñada indefensión del ciudadano es, pues una concesión del alto tribunal que, no obstante, se reserva cierto papel para acotar lo que los políticos digan, tal y como más tarde confirmó en la STC 150/1990 cuando dice que "la retroactividad fiscal ‘[…] puede, en efecto, ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva contraríe otros principios consagrados en la Constitución".

Aporto lo anterior como muestra de la dinámica en que el TC se instaló con los ejecutivos-legislativos españoles. Una dinámica perversa donde cada área de poder es defendida por el TC y por el ejecutivo, para lo cual establecen acuerdos no declarados en orden a favorecerse, al final, mutuamente y seguir matando a Montesquieu.

Pero hay más. Uno de los regalos mejores que el poder político puede hacerle a un tribunal constitucional, compuesto por jueces que viven de utilizar cábalas sobre un texto y que asientan su poder sobre dichas cábalas, es que ese texto sea inflexible, en el sentido de difícilmente modificable, y abstracto, en sentido de interpretable con amplitud.

Y en eso consiste la actual Constitución Española. Es modificable sólo con amplios consensos y muy interpretable, también en lo referente al estado autonómico tal y como Rubio Llorente aclaró con su famoso dictamen acerca de la reforma constitucional que Zapatero le pidió en su primer mandato. Una constitución reformable es el demonio de los miembros de todo TC puesto que cada reforma es un escape político, arbitrario, a su control y a la convulsa aunque feliz connivencia entre poder político y jueces, arbitraria también.

A causa de eso Zapatero, deseoso de "una gran sentencia", es decir de una sentencia favorable a su estatut, les ha echado unas perlas con amenaza a los miembros del TC al mostrar su voluntad de mantener la actual redacción de la Constitución… o no. A ver si entre la promesa de permanencia constitucional y la amenaza de reforma se deciden de una vez los del TC a que el estatuto para Cataluña quepa dentro sus tragaderas.

Lo que demuestra todo esto es que el del Estado, su forma y la de la ley de leyes que lo regula, no es un tema aclarado en el pensamiento liberal ni mucho menos. Podría decirse que los eventos constitucionales de la España postfranquista contradicen los presupuestos hayekianos acerca de las bondades de una constitución abstracta y permanente. Ocurre que a veces hay un tribunal constitucional que se ocupa de ir acompasando esa abstracción al son del crecimiento del poder político durante largo tiempo y entonces la fórmula no resulta.

No obstante y por el momento, manteniendo como la menos mala posible la propuesta de Hayek, habría que suprimir al TC, aunque ¿qué pasaría con el estatut si no existiera el alto tribunal? Pues veremos.

La toma de decisiones a la europea

Hace unos años y durante mucho tiempo, el programa estrella de los viernes por la noche era el concurso "1, 2, 3… responda otra vez". En blanco y negro con Kiko Ledgar y don Cicuta (Valentín Tornos), en color con Mayra Gómez Kemp y las Supertacañonas (las Hurtado), el programa de Chicho Ibáñez Serrador, arrasaba. La parte más esperada era la subasta. Los concursantes que hubieran superado la fase de preguntas y una prueba de habilidad se enfrentaban a la terrible misión de decidir a ciegas entre diferentes regalos de los que solamente sabían la pista que Kiko o Mayra les anticipaban (porque "hasta ahí podían leer"). La intuición y, sobre todo, la suerte, determinaba que los más afortunados se llevaran un coche, un viaje o una casa y los menos afortunados la calabaza Ruperta.

Por suerte, cuando decidimos en la vida cotidiana la cosa no es tan peliaguda. Lo hacemos en otras condiciones: disponemos de más información acerca de las alternativas, calibramos lo que dejamos de ganar, hemos ensayado y aprendido criterios de decisión a lo largo de miles de años.

La toma de decisiones, en términos generales, es lo que ha permitido que el hombre siga sobre la tierra: la decisión que lleva a la acción asegura que huyes de un peligro o que corres hacia él, que sigamos aquí significa que las decisiones fueron acertadas más veces que menos.

Lo que los estudios sobre los mecanismos que determinan la toma de decisiones nos indican es que no es un proceso lineal, sino múltiple y que los circuitos que se activan en la mente no son siempre los mismos ante el mismo dilema: hay muchos factores intrínsecos y también externos que influyen en el resultado final. Por eso, todos nosotros somos individualistas y sociales. Nuestro propio interés a veces está encontrado con el del grupo, pero otras veces no. En otras ocasiones nos conviene asociarnos, mirar por todos y tatuarnos el slogan: "o todos o ninguno". El equilibrio no cooperativo de Nash que nos muestra a un hombre que se mira el ombligo es cuestionado por la evidencia que Elinor Ostrom pone encima de la mesa. La realidad nos dice que las cosas funcionan de otra manera y que el hombre es menos egoísta de lo que los economistas predicamos. Por eso, ella confía en que los recursos naturales comunitarios sean gestionados por las comunidades sin que el Estado planifique de arriba a abajo.

También Bastiat explicaba que no concibe propiedad sin libertad y justicia porque solo así se llegará a una sociedad en la que todos seamos más iguales en una sociedad segura y pacífica. Para él la competencia nos iguala porque los bienes son más accesibles a todos ("Todos los hombres son iguales ante esa parte del precio de los libros desaparecida gracias a la imprenta"). Los intereses, siempre y cuando sean legítimos y no consistan en vivir a costa de los demás, se armonizan. El hombre en sociedad, dice Bastiat, progresa porque se asocia a los demás, coopera. No se trata de que los intereses privados y los cooperativos sean opuestos o convergentes, es que el interés individual, a veces, consiste en que el grupo progrese. La búsqueda del propio interés, en cualquier caso, es la decisión principal de la que cada cual debe ocuparse. De ahí que, según Bastiat, la interferencia del legislador en las decisiones ajenas merma la responsabilidad de los individuos, que no puede aprender, asumir los aciertos o errores, y decidir mejor la siguiente ocasión.

Los teóricos de la Escuela de Public Choice estudian las diferentes maneras que adopta la toma de decisiones colectivas, y en particular, las elecciones. Y la conclusión es que cuanto más nos acerquemos a la unanimidad, más segura será la votación como regla de decisión, más difícil de romper, más difícil de establecer pactos que perviertan la decisión y sometan a los más a la bota de los menos. La unanimidad es difícil de conseguir, pero es el objetivo al que se debe apuntar si queremos decisiones políticas "de calidad".

Por eso es sorprendente que el Pacto de Lisboa de la Unión Europea relaje la regla de decisión y cada vez nos alejemos más de la unanimidad. Y aún más que no se haya destacado en las noticias de la semana pasada, como si nadie se hubiera dado cuenta. Pero esa modificación, que casi ha pasado inadvertida, no beneficia la integración real, ni refuerza la percepción de pertenencia, ni evita los pactos perversos. Solamente permite quitarse los problemas de un plumazo, salir en la foto y decir sonrientes en la rueda de prensa que hemos llegado un acuerdo los 27 porque tenemos una Europa cada vez más una, más grande y más libre sobre el papel, o ante las cámaras, pero todo lo contrario en realidad.

Para poner los pelos de punta.

De arrogantes e hipócritas

Si tuviéramos que buscar algunos rasgos característicos que definan a los líderes políticos, muchos elegiríamos la arrogancia y la hipocresía. Seguramente la primera es común, aunque no necesariamente dominante, en la mayoría de líderes, independientemente de su pertenencia a la política, la empresa o cualquier otra actividad humana mientras que la hipocresía es algo que define más al político o al líder social que al empresario.

Sin embargo, la arrogancia suele ser contraproducente cuanto más poder tiene el que toma decisiones, pues en caso de que los resultados no se correspondan con lo planeado, las desviaciones pueden ser nefastas. Los planes quinquenales soviéticos produjeron hambrunas y matanzas, lo mismo que la Revolución Cultural china; el Reich nazi de los mil años condujo a la mayor guerra que ha sufrido la humanidad. Hoy por hoy, el proyecto bolivariano de Hugo Chávez para toda Latinoamérica hace aguas, aunque los venezolanos lo sufren en sus carnes.

Los planes deberían ser genéricos y flexibles y los objetivos variables en función de los medios, sobre todo si las variables que se manejan son muchas e imprevisibles, pero principalmente deberían ser realistas. Podemos llegar a conseguir ciertos objetivos cuando somos conscientes de las limitaciones y del riesgo que queremos correr.

Si hay un escenario caótico e impredecible ese es una guerra o, en este caso, una ocupación. Cuando en plena Guerra Fría, el antagonismo entre bloques justificaba cualquier política de intervención exterior, podría ser comprensible, aunque moralmente dudoso, que las grandes superpotencias se involucraran directa o indirectamente en terceros países con el argumento, no necesariamente falso, de que de no haber una intervención, terminaría en manos del enemigo. Estados Unidos tomo progresivamente Indochina cuando los franceses la abandonaron en la década de los 50 del siglo XX e iniciaron uno de sus negocios más ruinosos y desastrosos en los que ha participado.

Los planes americanos en Vietnam, Camboya y Laos eran un querer y no poder. Si de verdad estaban abocados a una intervención se deberían haber utilizado todos los medios posibles, financieros, humanos y militares, para ocupar y gobernar estos países y que no cayeran en manos de las guerrillas comunistas apoyadas por Moscú. Pero Estados Unidos simplemente mandaba a miles de sus soldados a una guerra que luchaba en sus cuarteles, sin ocupar el terreno, contemporizando con las élites políticas corruptas del Vietnam del Sur, vigilados por una prensa y una intelectualidad hostiles y paradójicamente, apoyados en las encuestas por el pueblo americano. Vietnam fue ocupado, pero no luchado y al final, además de costar muchísimo al contribuyente americano, terminó convertido en un reducto comunista.

El presidente Obama parece que quiere repetir viejos errores en Afganistán y si bien el viejo tópico de que la historia se repite es una exageración (nunca se repiten las circunstancias ni los actores en el devenir histórico), sí es cierto que la historia nos enseña lecciones de cómo no se debe hacer algo. Barak Obama ha anunciado con la arrogancia propia de quien comanda el ejército más poderoso del mundo, que va a mandar 30.000 nuevos soldados a los desiertos afganos para controlar un país que cada vez está más descontrolado, mientras que sus aliados han prometido otros 7.000 efectivos. Los señores de la guerra y los talibanes, ocho años después, han visto que los colmillos del lobo no son tan afilados como parecía al principio y han iniciado una lenta y hasta ahora efectiva reconquista.

Entre 37.000 y 0, me quedo con lo último, es más barato. Si nos ponemos del lado más asquerosamente utilitarista y nos olvidamos de su coste, "civilizar" Afganistán debería ser un proceso de colonización total, una ocupación militar en condiciones, una sustitución de todo su complejo administrativo y gubernamental, un cambio en el orden social, una introducción de principios éticos y morales distintos de los que actualmente tienen, en definitiva un aparatoso plan de ingeniería social que además de ser tremendamente caro… podría terminar también en desastre.

Pero es que Obama, además de ser un pomposo arrogante, da la sensación de ser un hipócrita redomado. De entrada, ha puesto fecha de caducidad a este plan: 2011, un año antes de las elecciones presidenciales. 37.000 soldados no son muchos para tan magno objetivo, pero permitirían a sus enemigos prepararse durante uno o dos años para la guerra civil que seguirá a la salida de las tropas occidentales, sin tener que luchar abiertamente contra éstas por un terreno que ocuparían unos meses después. No me extrañaría que Obama se presentara en su momento ante sus electores como el pacificador de nada.

De la misma manera que los comunistas dominaron Indochina, los islamistas dominarían Afganistán y probablemente Pakistán e Irak. Lo que empezó en septiembre de 2001 como la respuesta a un ataque terrorista de horribles consecuencias se ha terminado convirtiendo en un costoso proceso que ha supuesto para los americanos y en general a los occidentales, miles de millones de euros. Los planes deben ser realistas, con objetivos razonables, acordes a los medios que se tienen, flexibles y eso es algo que en política no se contempla, no al menos cuando de arrogantes e hipócritas estamos hablando.

Cómo desenterrar el cable

“Al cierre del tercer trimestre, ONO presentó un beneficio neto de 41 millones, un 144,7% por encima a la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de la caída en un 5% de los ingresos (1.100 millones). Gran parte del éxito radica en la optimización “de los procesos de la compañía”, con un severo recorte del 50% en las inversiones.”

El párrafo que transcribo de una noticia leída no hace mucho, quizá llené de alegría a los accionistas de ONO. Debería ser una alegría justificada, tras tantos años de sufrimiento; por fin sus expectativas se ven reconocidas con un, aparente, retorno para su inversión. ¿O no?

ONO es el principal operador de cable en España. Eso significa que, junto con Euskaltel (en el País Vasco), grupo R (en Galicia) y Telecable (Asturias), es el único operador que dispone de infraestructuras de telecomunicaciones fija, aparte del antiguo monopolista. Como su propio nombre indica, dichas infraestructuras consisten de cable coaxial, que permite el suministro de todos los servicios de telecomunicaciones, con una capacidad bastante superior a la que permite el par de cobre propiedad de Telefónica. De hecho, usando dicho cable, ONO es capaz de prestar servicios de acceso a Internet a 50 Mbps, mientras que sobre el cobre las ofertas comerciales alcanzan únicamente los 20 Mbps.

En la actualidad, ONO puede suministrar servicios con su propio cable a más de siete millones de hogares. Ello es resultado de mucho tiempo y muchas inversiones, consumidas básicamente haciendo zanjas, enterrando cable y negociando con las comunidades de vecinos para que le permitieran poner cable en sus edificios. Es lo que se llama en el argot económico “inversiones hundidas”, pues dan lugar a infraestructuras que difícilmente son reciclables hacia otras áreas. Son difícilmente convertibles, o, siguiendo a Rothbard, específicos.

En estas condiciones, resulta que el futuro de la mayor parte de los activos que posee ONO está estrechamente ligado al éxito que puedan tener en el mercado los servicios de telecomunicaciones, esto es, a lo que estén dispuestos a pagar los clientes por dichos servicios. Si los clientes no aceptan pagar lo suficiente para compensar las inversiones, el negocio será inviable y los accionistas tendrán que abandonar el mercado con pérdidas.

Si estuviéramos hablando de una pastelería vendiendo ensaimadas, la solución sería relativamente sencilla. Una vez agotadas las ensaimadas, el pastelero trataría de vender otros dulces. Y si tampoco funciona esto, dejaría el mercado, por ejemplo, traspasando el local o dedicándolo a otros menesteres. Pero, ¿qué puede hacer ONO si el negocio no va cómo esperaba? No se trata aquí de un local fácilmente convertible, sino de un montón de cable enterrado para el que resulta complicado buscar otro uso.

Lo lógico parece que se siga vendiendo mientras se pueda (lo mismo que hace el pastelero con las ensaimadas mientras la quedan), pero deje de enterrar dinero en forma de cable (como el pastelero, que ya no compra más ensaimadas). Para un observador externo, lo que pasará es que repentinamente ONO obtendrá beneficios: está vendiendo e ingresando dinero por sus servicios, pero ya no “compra” recursos para proporcionarlos.

Todos sabemos que al pastelero este chollo le durará poco, lo que le duren las ensaimadas. A ONO, evidentemente, le durará más. Ha “enterrado” mucho más dinero en cable que el pastelero en ensaimadas. Pero, en todo caso, el chollo se acabará, y ONO desaparecerá.

Por eso mismo, no creo que la noticia que da comienzo a este comentario sea una buena noticia. En el fondo, supone la capitulación de los accionistas de ONO ante el mercado, y la constatación del fracaso. Sí, obtienen beneficios, pero a costa de recortar las inversiones un espectacular 50%. Los inversores han decidido no enterrar más dinero y empezar a desenterrar el cable en forma de dinero.

Todos los bienes de capital tienen una vida y exigen un mantenimiento constante. Incluso la vara de madera que Robinson Crusoe usa para coger bayas, requiere una decisión explícita de ahorro para mantenerse útil. Crusoe necesita dedicarle un tiempo al día, sea para pulirla o para ir preparando su sustituta cuando se rompa. En el momento en que deja de invertir ese tiempo, vive mejor, pero se va a quedar sin la vara.

Los inversores de ONO han decidido no ahorrar en el mantenimiento de su red. La están liquidando. Y en el momento en que la red se agote, ONO dejará de prestar servicios. Es la forma que han encontrado de desenterrar el cable.

Más grave sería constatar las razones por las que esto ha ocurrido. Pero eso ya no sería teoría económica, sino comprensión histórica. Y para una vez que me sale algo sin echar la culpa a la regulación y la intervención estatal, no quiero estropearlo (¿o arreglarlo?) en el último párrafo.