De un tiempo a esta parte no hay telediario que no abra el sumario con las imágenes de algún político imputado entrando o saliendo de un juzgado. Ocurre en la derecha y en la izquierda, en provincias y a nivel nacional, y ha pasado ya a formar parte del imaginario colectivo eso de que todos los políticos son iguales. Iguales en corrupción pero no por ello menos votados ni queridos por sus afiliados y defensores incondicionales. Sin entrar a disculpar las responsabilidades individuales de cada escándalo, cabría preguntarse la razón por la cual la corrupción se ha convertido en una característica de nuestro sistema político.

El Estado se define como monopolio: monopolio jurídico, monopolio de la violencia y monopolio financiero. En cualquier caso, monopolio. Ésta es su naturaleza y su evolución, lejos de llevarnos a una descentralización que llegase a quebrarlos no ha hecho más que reforzarlos y ampliarlos a otros ámbitos en los cuáles ni los reyes más absolutos que se sentaron en los tronos de la vieja Europa llegaron a imaginar. El dualismo entre el poder del emperador y el papado, terminó rindiéndose al primero mientras que la poliarquía medieval en la que los reyes necesitaban la aprobación de los señores feudales para reunir un ejército fueron superados concentrando el poder en una sola mano. Así, hemos llegado a nacer sometidos bajo un poder cuyos límites ya señaló Fichte: "No, Príncipe, tú no eres nuestro Dios. De él esperamos la felicidad, de ti sólo la protección de nuestros derechos". El príncipe es hoy elegido de forma democrática y Dios ha sido sustituido por una ateología en la que el monopolio de la moral se suma a la larga lista de poderes que acapara el Estado. De esta forma, el hombre ha sido transformado en ciudadano y existe una moral pública encerrada en el triángulo de lo políticamente correcto, el positivismo y la supremacía de lo colectivo sobre lo individual. Los tentáculos del Estado avanzan sobre la esfera privada y tan solo se detienen para neutralizar cualquier intento de competencia que pueda ensombrecer su poder.

La corrupción política no puede desvincularse de estos hechos ya que forma parte del sistema. La naturaleza de un sistema político es la negación de la libertad, pues las elecciones se producen de forma periódica mientras que la toma de decisiones en un mercado libre es un proceso continuado. De esta forma, el límite de lo político se encuentra únicamente en los mecanismos constitucionales de control y la soberanía periódica de los votantes. Pero hoy, la afirmación de Jean-Louis de Lolme de que "el Parlamento lo puede todo menos convertir al hombre en mujer" ha sido llevada al extremo y hasta eso puede llegar a conseguir. Justamente, porque esas transformaciones no operan sobre los hombres sino sobre los ciudadanos, la teoría del hombre nuevo ha sido asumida por las democracias liberales y sobre este pilar torcido se levantan los abusos del Estado sobre el hombre.

Y es que creer, como Montesquieu, que "la única solución es encontrar una disposición de las cosas que de la misma derive una situación en la que el poder detenga el poder" es, sencillamente, utópico. A pesar de la separación de poderes y otros mecanismos de control, es ilusorio pensar que el Estado respetará los límites que se ha impuesto sin intentar rebasarlos. En demasiadas ocasiones se tiende a pensar que el hombre de Estado es aquel al que le guía el bien común, pero la naturaleza humana es caprichosa y la élite que controla los resortes del poder estatal es tan humana como cualquiera. Aun suponiendo que existiera un bien común que estuviera por encima de los intereses individuales, resultaría un exceso de inocencia pensar que hay hombres capaces de sobreponerse a la "inclinación de toda la humanidad" que tan brillantemente describió Hobbes en su Leviatán: "un perpetuo e incansable deseo de conseguir poder tras poder, que sólo cesa con la muerte".

Los representantes políticos operan a sus anchas lucrándose gracias a las decisiones que toman sobre nuestras vidas desde la ventaja que ofrece una posición monopolística a la que nada ni nadie puede oponerse. El reparto de subvenciones, la promoción de sus conmilitones en el aparato burocrático-administrativo y el sistema de concesiones y favores les confieren un poder desmesurado que deja en la máxima indefensión al resto de ciudadanos. La selección de gobernantes que idealmente se basaba en un principio meritocrático termina degenerando en el triunfo de la mediocridad, que es la consecuencia de la profesionalización de la política. El político profesional es aquel que se ha formado para conquistar el aparato del Estado y jamás ha ejercido un trabajo regido por los principios de libre competencia y selección que conlleva. En su lugar, se obtiene el objetivo inverso consiguiendo que aquellos que más facilidad tienen para dominar desde el poder incontestable terminen copando lo más alto de la jerarquía gubernamental.

La descentralización política que ha supuesto el Estado de las Autonomías lejos de socavar el poder central ha creado diecisiete nuevos estados que actúan de forma monopolística en su ámbito en lugar de competir entre sí. Las oportunidades y opciones de los ciudadanos se han visto reducidas y limitadas por un poder mucho más cercano que ejerce un control directo en todos los ámbitos de su vida. La salvación tampoco puede esperarse de las esferas supraestatales ya que no puede esperarse que una esfera de poder más elevada, sometida a menos controles y sin ningún igual que pueda desafiarla se comporte de forma benevolente. En cualquier caso, siempre se trataría de de una concesión graciosa y caprichosa que podría volverse en nuestra contra en el momento menos esperado. Un poder multiplicado que también ha multiplicado la corrupción en todos los niveles de la administración. No se trata de una oportunidad perdida, sino de la consecuencia lógica de un sistema creado no para salvaguardar los derechos de los hombres sino para otorgárselos.

Lejos de ser una excepción, el sistema político español no es más corrupto que otros. Quienes ven en España el problema y en Europa la solución solo tienen que mirarse en el espejo de nuestros vecinos. En este sentido, no se salvan ni los afrancesados –ahí está el imputado Chirac– ni los germanófilos –el mismísimo capitán de la reunificación, Helmut Khol–. ¿Es necesario recordar el caso italiano? Pero esto no son más que algunos ejemplos llamativos pues la realidad es que la corrupción no tiene tanto que ver con latitudes y culturas como con la propia naturaleza del Estado.

El Estado es la forma del Poder Absoluto (que es su sustancia).

El Estado es la culminación, técnica y mecanicista, del avance de un poder único e invasivo, creciente y decidido a suplantar el orden social a cambio de una organización de intereses y resultados, sostenida sobre arbitrarios cálculos de utilidad social.

Los criterios ideológicos que postulan los defensores o partícipes del estatismo ignoran por completo la realidad del funcionamiento del proceso social. Su audaz racionalismo convierte dicha ignorancia en potentes entramados conceptuales y explicativos, todos ellos volcados en la justificación del Poder y su voracidad.

El Estado se constituye gracias a la paulatina absorción de distintos y anteriores órdenes, comenzando por el político, continuando con el jurídico (dentro del mismo, con especial trascendencia, la institución de la propiedad), y, una vez pertrechado con aquellos mimbres, procurando el asalto del mercado, la producción y el intercambio. La mayor crisis del Estado no llegó hasta que se produjo esta última invasión, siendo desde entonces la historia del estatismo un esfuerzo perpetuo de ajustar la extensión e intensidad de su interferencia en lo que a libertad individual, mercado y cálculo económico se refiere.

En cuanto a la dinámica Estado-política, en la consolidación de la estructura impersonal y artificial que es el Estado, éste tuvo que enfrentarse a formas de poder consolidadas, tanto de tipo jurídico, como político, religioso, familiar o económico. El impulso estatista promueve la disolución de toda forma de poder que le plantee un obstáculo en su absolutismo. Para conseguir su objetivo puede bien suplantarlas, desprestigiarlas o saquearlas. Sucedió con la Iglesia, los municipios y los gremios, los Fueros locales, la aristocracia (noble o económica) y la patria potestad…

El ansiado resultado no era otro que la atomización de la sociedad, contribuyendo de una manera distorsionante y voluntariosa a la normal tendencia que el propio orden social manifiesta hacia el reconocimiento intersubjetivo generalizado. La mera apariencia de haber contribuido a ello evade la indispensable reflexión sobre los objetivos reales que condujeron al Estado a convertirse en un instrumento de emancipación individual.

El Estado basa su dominio en una peculiar autoridad recabada en las fuentes espontáneas de ésta. Dicha corrupción, unida al engaño monopolístico, convierten al Estado en un polo de atracción que religa voluntades, sentimientos y creencias dentro de una progresiva conversión de la política en religión secular. El Estado termina siendo fuente de moral y responsable de la seguridad personal en todas sus manifestaciones, trazando una suerte de patriarcado (ahora matriarcado) falsamente individualista.

La socialdemocracia, como culminación del totalitarismo estatista, logró aunar las técnicas de dispersión social y devaluación moral, o suplantación estatal, como ningún otro totalitarismo violento siquiera llegó a atisbar. Una mera apariencia de libertad garantiza la sostenibilidad –no sin quebrantos y crisis–, de un sistema social basado en la plena extensión de lo estatal sobre cualquier expresión de tipo social o personal.

El Estado sueña con monopolizar el altruismo, la entrega desinteresada, la ayuda al prójimo, la previsión del incapaz, la atención del desvalido. Absorbiendo las conciencias particulares, el Estado proyecta un artificio denominado "conciencia social", siendo la adhesión (emocional e ideológica) a la misma un gesto de integración virtual en el grupo. El fundamentalismo que plantea esta supuesta alternativa a la auténtica concienciación individual, hace creer a sus fieles devotos que han sido bendecidos por una revelación capaz de exonerarles de cualquier pecado mundano.

Por otro lado, el Estado mantiene su voluntad de evitar el surgimiento de resistencias o contrapoderes, forzando a la mayoría de sus súbditos hacia el más irresponsable consumismo, así como la extensión dominante del trabajo por cuenta ajena, en forma de funcionariado del Estado o de la Gran (y subvencionada) compañía "privada". Los individuos tienden a apostar por la seguridad al tiempo que agradecen la imposición de mecanismos de previsión colectiva que les permitan entregarse al hedonismo del consumo presente desaforado.

El Estado, siguiendo la rutina anterior, se esfuerza en descomponer la familia como núcleo de socialización, deformando sus elementos naturales (la filiación o la apariencia de filiación natural), y primando las formas de vida individualista, que siendo muchas de ellas espontáneas y fruto del libre proceso social, empleadas torticeramente por el Estado acaban incluidas en su estrategia de atomización individual y extensión del sentimiento de soledad (aspecto que, curiosamente, los "intelectuales" atribuyen capciosamente al libre mercado).

La descomposición de las facultades típicas de la patria potestad, ya dulcificadas por la espontánea consolidación del individualismo genuino, es quizá uno de los pasos más importantes en el sentido de que el individuo se sienta, cuanto antes, en conexión directa con el Estado, quedando exonerado de esos intermediarios que son el padre, la madre u otros familiares. La temprana mayoría de edad, o la emancipación formal o fáctica, son avances evidentes de esta vía de acción.

Hecho este análisis quizá comprendamos mejor que la mera atomización social que representa el avance del Estado a lo largo de los siglos no es, en realidad, la fuente del individualismo proclive a la mayor y mejor libertad del Hombre.

La sociedad abierta, regida por poderes públicos, políticos o jurídicos, de tipo competitivo y contrapesados, va unida al paulatino reconocimiento de un intenso individualismo en la consideración de cada ser humano. La flexibilización moral y normativa, sobre valores estables pero, con el tiempo, mejor percibidos y definidos, contribuye a desechar espontáneamente reglas e instituciones ineficientes o contrarias a la naturaleza humana, que en libertad, adquiere mayor nitidez en toda expresión social del individuo. La innovación es sopesada y filtrada gracias a procesos que, aun siendo en ocasiones lentos y tortuosos (el tiempo institucional-evolutivo es mucho más amplio que el tiempo praxeológico), siempre que el orden logre una renovada y eficiente sostenibilidad, será asimilada como nuevas máximas de acción entre el resto individuos presentes y futuros.

El reconocimiento social extenso se funda en el individuo, como sujeto digno y socialmente considerado, que se sitúa como centro de todo el devenir social. La sociedad individualista hace depender su éxito, crecimiento y sostenibilidad, en la competencia institucional, perfilando reglas, contenidos tácitos o expresos, que apuntalan la progresividad y el dinamismo del orden de acciones, capaz de albergar en su seno la más intensa consideración del Hombre.

En nada se parece esta definición a los logros alcanzados por el Estatismo atomizador, que, bajo el pretexto de procurar la emancipación del individuo en sus placeres o necesidades (objetivizados), despedaza los contenidos normativos ineludibles para favorecer la coordinación social y el éxito de las expectativas. A su vez, dinamita poderes espontáneos, parciales y competitivos, a fin de arrogarse para sí la égida absoluta sobre los destinos de un grupo humano, siempre con vocación plena o universal.

La sociedad individual que resulta del afán estatista por descomponer el orden social, para así domeñarlo y organizarlo deliberada y voluntariosamente, tiene rasgos de libertad, pero siempre, en sus crisis, se adivinan las profundas carencias y los surcos frustrados de ajuste y coordinación espontánea. Curiosamente, será de esas crisis de donde obtenga el poder absoluto una falaz justificación para seguir invadiendo la vida social e individual, no reconociendo en ningún caso que, en presencia de un poder extensivo, nunca los colapsos, parciales o generalizados, pueden atribuirse (menos en exclusividad) al libre albedrío de los individuos.

En una sociedad libre, individualista y de propiedad plural, el poder se circunscribe a un ámbito político y jurídico de actuación que intercede, o aúna, en las decisiones, o legítimas pretensiones particulares. Se trata un poder abierto, permeable, potestatario, competitivo, pero sólido y respetado. El orden social se fundamenta en la existencia de un contenido normativo suficiente y dinámico que garantice el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres. La fuerza institucional no está reñida con su adaptabilidad dado que, en todo caso, la mera supervivencia del orden exige cambios y eventuales derogaciones, a pesar de esa falaz presunción racionalista tendente a la organización total de la sociedad.

El individualismo estatista responde a un patrón perverso, aparenta cosas que no son, adquiere un cariz fundamentalista, de religión secular volcada en la persecución del hereje, arte y gracia de lo políticamente correcto. Individuos plegados a la expectativa de que el Poder resuelva las cosas; dependientes que tienen en la política su única fuente de salvación.