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Adiós a la Fed

Ron Paul es un caso para estudiarlo. Es el único congresista de los Estados Unidos que votó contra la guerra de Irak. Es el único que hace suyos, de verdad, los valores de los padres fundadores de aquel país. El país que querían los Madison, Jefferson, Washington y demás era una nación de hombres libres en Estados libres, unidos por los tenues lazos de las instituciones federales: la presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo.

El presidente, en concreto, tenía como principal misión hacer cumplir la Constitución y dirigir al Ejército cuando el Congreso, único que podía hacerlo, declarase al país en guerra. Ni un asomo del enjambre de agencias que rodean al presidente. Y, desde luego, no concebían la posibilidad de haber ganado una revolución republicana para erigir, andados los siglos, un nuevo Rey.

Paul ama a su país tal como se concibió. No con la tecnología del XVIII, pero sí con sus ideas. Y ha intentado acercar ese ideal a la política con el poderoso aliado de la Constitución, o lo que queda de ella. Recientemente ha pedido que se lleve a cabo la primera auditoría de la Reserva Federal, cuya política es la causa mediata de la crisis financiera que vienen aquel país y el mundo. Y ha pedido en un libro que se cierre la Fed. Su propuesta se ha colocado en el segundo libro más vendido en Amazon de no ficción.

La propuesta parece a muchos descabellada. ¿Es acaso posible? Cuando Gran Bretaña se vio atrapada entre la revalorización de su moneda y el desempleo, ciertos economistas se plantearon la posibilidad de salirse del patrón oro. Los sindicatos, estupefactos, preguntaron entonces: “Pero… ¿eso es posible?”. Estamos tan habituados a ver cómo imprimen billetes los bancos centrales, tan habituados a llamar dinero a trozos de papel, que cuesta aceptar la posibilidad de que se disuelvan los bancos centrales y no implosione el sistema y nos devuelva al trueque. Cuesta imaginarse un sistema monetario anterior a la Reserva Federal; pero esa institución no tiene ni un siglo de existencia.

El simple hecho de plantear el debate, de mostrar la posibilidad de que esta agencia, como muchas otras, puede suprimirse sin mayor riesgo y acaso con enormes beneficios, es una gran victoria.

Educación para la individualidad

No se trata de una nueva asignatura que se proponga para el sistema educativo sino una actitud generalizable y especialmente recomendable para padres responsables tanto como para docentes decentes a fuer de incorrectos. La sociedad abierta, extensa, grande, como se la quiera calificar, necesita individuos que tengan más conciencia de que realmente lo son y menos, mucha menos, conciencia de identidad nacional, grupal, étnica, regional o nacional por muy preexistente o relativamente preferible que sea.

Tales herencias pueden ser buenas para el individuo o menos buenas. Es posible que herede pautas no decididas por nadie en concreto y que tienen un valor, o no, para la supervivencia de más individuos en su ámbito, pero, en todo caso, ha de ser el propio individuo quien revalide la vigencia para él mismo y, tanto si lo hace tras seria reflexión, como si es utilizando el mecanismo de la imitación, ha de apechugar con lo que elija.

Peter Berger habla en The Capitalistic Revolution de la gran sociedad moderna como hija legítima de la conciencia individual que se labró en los albores de la Edad Media británica y, en general, germánica. Habría que añadir, y el mismo Berger no niega esta aportación, la herencia mediterránea grecolatina y judeocristiana. Toda una conjunción de valores compartidos que concluye, en una de sus más importantes derivaciones, en el de no estar obligado a compartir valores. Lo que no quiere decir, y esto contra conservadores y socialistas, que debamos no compartir nada.

La individualidad, vinculada a la propiedad privada o extensa, está, no obstante, amenazada por diversos colectivismos cuyo reciclaje ideológico, en el peor sentido de este vocablo, se gesta en Occidente, cuna del individualismo. Es así que las identidades nacionales de distinto pelaje resaltan la obligación de ser catalán si se es catalán o español si se es español. No es que no se deba ser nada de eso si es lo que el individuo lo elije, pero que se hable o no determinado idioma entra dentro de lo que el individuo debe calcular y, subsiguientemente, decidir sin tener por ello que exigir que los demás subvencionen su deseo o que lo sigan a punta de pistola.

Hoy se estila, en una vuelta de tuerca más del colectivismo, ser aficionado de un club de fútbol y profesar Dios sabe qué identidad. Va tomando cuerpo, es el caso más visible, que tener un gusto por el Barça es estar contra Esperanza Aguirre o que aficionarse al Real Madrid equivale a lanzar puyas contra el afán independentista de Laporta. Ser del Barça y admirar la gestión de la presidenta de Madrid es ser un rara avis, lo mismo que lo inverso. Habría que promocionar esta postura, este atipismo, aunque solamente se trate de un testimonio, de un posicionamiento metodológico que deje claro que el individuo es lo primero, luego el individuo y, después, bastante después, la adscripción grupal parcial o total, permanente o circunstancial, que el individuo adopte y que no compromete a nadie más que a él.

El del fútbol es un mero ejemplo pero el repunte colectivista es un hecho generalizado y fomentado desde las instancias del poder político, no solamente, pero también aprovechando una crisis económica generada en las salas, antesalas y sótanos del mismo.

Por eso hay que reivindicar las actitudes iconoclastas contra la imposición de sets de identidades colectivas y proponer el supermercado identitario variado y cambiante. La educación estatal y obligatoria no ayuda mucho en esto y sería preferible que, si hay docentes como los citados arriba, promuevan el estudio del hombre desde el hombre, desde la subjetividad del mismo, desde el sacro respeto a la del vecino y desde la responsabilidad más rigurosa con las consecuencias de las propias elecciones. Escribió Bertrand de Jouvenel en su Sobre el poder, citando a Ihering, que en la Roma republicana, los senadores, tan graves como si fueran miembros de una asamblea de reyes, practicaban la actitud condensada en la máxima etiamsi coactus, attamen voluit. Estamos lejos, muy lejos de tal rigor en la asunción de la propia libertad y, quizá, no sea necesario tanto para defenderla, pero el punto en que nos hallamos hoy donde nuestras decisiones y exabruptos "identitarios" (vocablo que, en sí, es ya uno) son cargadas a lomos del vecino, sólo pueden acabar en un freno a la propia expansión de la sociedad. Lo único que puede asegurarla es la expansión del individualismo.

El regreso de Mr. Butskell

De 1945 a 1979 la política del Reino Unido se caracterizó por un alto grado de consenso entre el partido conservador y el laborista al coincidir ambos en una amplia gama de objetivos políticos dirigidos a dar apoyo entusiasta al Estado del bienestar y a establecer una economía mixta a base de medidas keynesianas, modelo económico de demanda y régimen de reparto.

Se acuñó la denominación de Butskellismo para definir un modo de gobernar muy similar cualquiera que fuera el partido instalado en el poder, simbolizado tanto por el ministro de Hacienda conservador Rab Butler como por su antecesor en el cargo, el laborista Hugh Gaitskell. Se veía como algo completamente normal el gasto público desbocado, la bondad del mantenimiento de las nacionalizaciones y el otorgamiento de inmunidad y privilegios legales a los sindicatos, a los que se trató con guante blanco por aquella época.

Sin embargo, al término de este periodo la realidad fue que las trade unions camparon por sus respetos poniendo de rodillas a los sucesivos gobiernos de Wilson, Heath y Callaghan. Los violentos piquetes diseñados por Arthur Scargill y la implantación de errados incentivos en las empresas gestaron una aguda crisis de fines de los años 60 que duraría toda la década de los 70. Aquello dejó la economía y la productividad del Renio Unido "hechas unos zorros". Se tuvo incluso que acudir al FMI para solicitar su ayuda.

Margaret Thatcher denunció sin reparos dichas políticas consensuadas de la posguerra como destructoras netas de riqueza. Su llegada al poder supuso un punto de inflexión hacia políticas de privatizaciones, de desregulación y liberalizaciones, atando en corto a los sindicatos e intentando achicar el obeso e ineficiente Estado providencia mediante reducción del gasto público (el austero presupuesto público de 1981 se hizo célebre). Pero lo más importante de todo fue que se cambió de paradigma y de valores dominantes.

Fueron dichas medidas tan efectivas y contundentes para el saneamiento de la economía británica que al variar de color el gobierno tras John Major, el laborista Tony Blair –en su largo mandato como primer ministro– no osó cambiar las directrices principales que había fijado la dama de hierro, conformando una nueva época que vino a llamarse Blatcherismo.

Vargas Llosa, Mendoza y Montaner denunciaron en su brillante libro conjunto El regreso del idiota que la ideología marxista está fuertemente asentada en Latinoamérica y que, pese a sus clamorosos fracasos, volvía una y otra vez a manifestarse en diversas formas y caudillos. Mostraban lo difícil que es –por desgracia– cambiar el rumbo de la política en su sufrido continente. Lo mismo puede decirse de Europa con respecto a la socialdemocracia.

En el Reino Unido la actual crisis económica y financiera va a dar paso, sin duda, a un mayor intervencionismo del Estado en la economía. El laborista G. Brown no desaprovechará, como se ve, dicha oportunidad. Lo malo es que su contrincante, el conservador David Cameron, habla a veces como un perfecto centrista de consenso. Su trayectoria es aún una incógnita. El flamante Obama, por su parte, está tomando los pasos necesarios para europeizar y socialdemocratizar de igual modo a los EE UU.

En España no hemos dejado de padecer nuestro particular Butskellismo desde la época de la Transición (pese al primer interregno aznarista). Hoy está más vivo que nunca. Ante las ocurrencias progresistas de Zapatero, el líder de la "oposición" no hace sino poner paños calientes para amortiguar algunos de los excesos de su rival político pero no representa, desgraciadamente, una verdadera alternativa. Estamos embarcados sin remedio en un nuevo consenso político que calificaría de Zapajoyismo a la española.

La manera en que ninguno de ellos afronta la actual crisis para atajarla con determinación y la coincidencia de ambos partidos hegemónicos españoles en demasiados temas es tan clamorosa que no deja espacio a dudas: se ha instalado en nuestros pagos un paradigma único de pensamiento socialdemócrata redivivo.

Es, básicamente, la implantación de un régimen monopartidista disfrazado de bipartidismo (nacionalismos periféricos aparte) pensado para una sociedad adocenada y dependiente delEstado. ¡Bienvenido Mr. Zapajoy y el regreso de las viejas y gastadas recetas keynesianas de terceras vías!

De consultas y reformas

El pasado domingo se produjo un hecho revelador. Se convocó a una consulta a los ciudadanos de un pueblo de 8.000 habitantes para saber qué les parece la independencia de Cataluña. Ante el escándalo de muchos, a mi me parece estupendo que un alcalde o corporación municipal decida preguntar a sus convecinos lo que le considere conveniente. Como si se interroga a todos los pueblos de Cataluña. Una consulta sirve para obtener una impresión general de la opinión de los vecinos acerca de un tema concreto. Y, en este caso, la primera conclusión es que la gente de Arenys de Munt, el pueblo en cuestión, tiene mejores cosas que hacer un domingo, porque más de la mitad del pueblo no se molestó en acudir a la convocatoria. Más o menos, porque por lo visto la organización no ha tenido acceso al censo oficial y maneja cifras estimadas, así que tampoco está claro.

Lo grave no es saber qué opina la gente sea de lo que sea, sino que la justicia española había declarado ilegal la consulta. Incluso si no se está de acuerdo con la decisión judicial, hay que cumplirla. Eso dicen cuando se trata de resoluciones que convienen a determinados sectores. De lo contrario, no somos iguales ante la ley. Así que si Arenys de Munt puede consultar ilegalmente porque la independencia de Cataluña es anticonstitucional, ¿por qué no consultar a los ciudadanos acerca de otras cuestiones igualmente anticonstitucionales? A saber: preguntemos cuánta gente cree que el Holocausto es una invención; si los gitanos deben vivir entre los payos; si las mujeres deben cobrar el mismo sueldo que los hombres a pesar de las alteraciones físicas propias de su condición; si se debe considerar como ciudadano de segunda a aquel de higiene descuidada; o si es conveniente seguir pagando a la familia real una asignación, o deben hacerlo solamente los monárquicos. Impensable y, sin embargo, son casos similares.

La cuestión de Arenys de Munt es que es revela un hecho evidente como es que los independentistas han tomado nota de la necedad de los políticos, incapaces de tomar cartas en el asunto, y han decidido presentar hechos consumados: embajadas catalanas, mapas incompletos, libros de historia segados, imposición del catalán, y las consultas populares como palabra de Dios, te alabamos Señor.

Lo suyo sería que nuestros políticos le echaran un poco de valor al tema y se decidieran a reformar la Constitución para dejar claro qué posibilidades tienen los independentistas, de manera que el argumento de la obsolescencia de nuestra Carta Magna desapareciera. No entro en el tema de la reforma general del carísimo Estado de las Autonomías para simplificar la cuestión. Lo que planteo es que se ofreciera a los ciudadanos un debate real acerca de la unidad de España o las condiciones para la secesión. Por ejemplo, si hay muertos y coacción armada por medio, las consultas están sesgadas por la violencia. ¿Dejarían las armas los asesinos de ETA o se inventarían nuevos motivos para matar?

Un ejemplo a seguir es de la plataforma guatemalteca Pro-Reforma. Con Manuel Ayau al timón, y un buen número de seguidores, esta plataforma ha presentado en el Parlamento de Guatemala un proyecto de reforma constitucional basado en la igualdad ante la ley de todas las personas, la defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Por supuesto, a partir de ahí, realizan un exhaustivo análisis de cómo y de qué manera se debería reformar el sistema político para acabar con los males del país: la violencia y la pobreza. Ni que decir tiene que no hay subvención de por medio, que el proyecto está financiado con aportaciones privadas y la campaña la llevan a cabo voluntarios (jóvenes en su mayoría). El objetivo es persuadir a un número crítico de ciudadanos, primero, y de diputados, después, para lograr que se acepte el proyecto. A quienes tenemos la fortuna de conocer a Manuel Ayau y a todos los amigos de la Universidad Francisco Marroquín, no nos sorprende esta iniciativa. Simplemente me pregunto ¿para cuándo una plataforma Pro-reforma en España? Conozco varias iniciativas que quedan en esfuerzos minoritarios sin apoyo real de una masa crítica de personas. Parece que en España nos quedamos en las elucubraciones intelectuales de salón y no nos ponemos manos a la obra.

Le falta coraje político a los políticos y nos sobra apatía a los ciudadanos. Y mientras miramos al horizonte dándoles vueltas a una idea, otros pueblos como Arenys de Munt se saltarán el mandato judicial y preguntarán a su gente si Cataluña debe independizarse o no. Y no pasará nada.

Pocas luces

No siempre que se enciende una bombilla es símbolo de una buena idea. En los próximos meses se van a encender miles que demuestran lo contario. En plena crisis económica, cuando los esfuerzos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero deberían estar dirigidos a que los ciudadanos dejen de engrosar las listas del paro, las ideas brillantes se centran en salvar el planeta de nosotros mismos y si es posible a nuestra costa.

El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), del Ministerio de Industria es un fastuoso proyecto que se aprobó el 20 de julio de 2007 y cuyo objetivo se podría resumir en el eslogan de una de sus medidas "Con tu ahorro ganamos todos. Cada pequeño gesto cuenta". La idea está clara, el ciudadano es despilfarrador por naturaleza, desconoce cómo gastar adecuadamente la preciada energía, es consumidor compulsivo, no sabe ahorrar y para colmo, está destruyendo a la Madre Tierra. Hay que indicarle, recordarle, incluso obligarle a que vuelva al buen camino. Para ello, los poderes públicos han tomado de los contribuyentes la no desdeñable cantidad de 2.367 millones de euros y la han destinado a un plan que terminará con la madre de todos los despilfarros. Cabría preguntarse qué cosas hubieran hecho los españoles con tal cantidad de euros aún en sus bolsillos, pero hay quien diría que eso es antipatriótico.

Si todo sale bien y nada se tuerce, si nadie se convierte de la noche a la mañana en un saboteador peligroso, el plan reducirá las emisiones de CO2 a la atmósfera en 238 millones de toneladas. ¡Oigan señores, los españoles serán más pobres, pero el planeta estará más sano que es lo importante!

Como eran muchas las medidas a tomar –sólo en las de ahorro se alcanza la extraña cifra de 31–, por alguna parte había que empezar y que mejor manera de hacerlo que cambiando las bombillas de los españoles. El ministro Sebastián dio una alegría inmensa a la industria "bombillera". Convocó un concurso público para hacerse con 49 millones de bombillas de bajo consumo que repartiría gratuitamente a los titulares de un contrato eléctrico. No sé cuántos ciudadanos se han dado cuenta, pero si me quitan dinero antes de darme una cosa, gratis no me sale. De hecho he pagado porque sí, no ha sido voluntario; tampoco lo he hecho sólo yo, los que no son titulares de algún contrato también lo han hecho porque impuestos pagan hasta los niños que se compran chuches. Pero eso les pasa por despilfarradores.

Sebastián está contento porque las bombillas que nos ha "regalado" suponen un ahorro del 80%. Poco se podrá hacer con una sola bombilla, pero es que algunos dudan del carácter benéfico de semejantes armatostes. El profesor Ron Hui, de la Universidad de Hong Kong asegura que estas bombillas tienen mercurio y que al no reciclarse convenientemente terminan contaminando nuestro amado planeta. También afirma que el dispositivo electrónico que lleva no es tan bueno como se dice, que es demasiado sensible a los cambios de temperatura y que no dura la burrada de horas que los fabricantes certifican, o sea, que nos estafan con todas las de la ley.

Pero contamine o no, funcione 10.000 horas o sólo 1, a fecha de hoy hay dos cosas muy claras. Las bombillas de bajo consumo que entrega Sebastián y que nos han costado la friolera de 64 millones no las quiere ni el tato porque hasta la fecha se han entregado en toda España 3.271.814, de los 13.358.036 vales repartidos, es decir, un 24,5%. La previsión del Ministerio es entregar 22 millones de vales. La otra es que tenemos que tragar bombillas de bajo consumo, queramos o no.

A partir del 1 de septiembre ha quedado proscrito en la UE la fabricación de bombillas incandescentes de 100 W. La CE ha avanzado más: en 2010, serán las de 75 W. En 2011, las de 60W. Por último, para 2012, no podrá fabricarse ninguna bombilla de este tipo. Empresas como Phillips, General Electric u Osram deben estar dando saltos de alegría, Phillips asegura que en tres años el precio de las lámparas será mínimo, pero ¿dónde se situará ese mínimo? ¿Se habrán tenido en cuenta además los costes de sustitución y adaptación a las nuevas bombillas de los aparatos que usan las viejas y lo que parece más importante, las toneladas de CO2 que esto supone? ¿Se han previsto todos los efectos colaterales de tan magno proyecto? Ya sabemos que con la salud del planeta no se debe jugar.

El temor lógico es que los poderes públicos colaboren con estas empresas, o sea subvencionen o ayuden de alguna manera su producción, de la misma manera que favorecen las energías alternativas frente a las tradicionales. No es la primera ni será la última alianza entre Estado y Empresa. Luego aseguran que estamos en un régimen de libre mercado y que si las cosas salen mal es por el ultraliberalismo aterrador que nos invade. Pues para muestra, un botón. Pero luminoso.

El timo del socialismo

Cada cierto tiempo aparecen en los periódicos noticias de víctimas del timo de la estampita, o del tocomocho. Y la pregunta que nos hacemos es cómo puede alguien a estas alturas caer en timos tan viejos, tan evidentes y tan cutres. Pero los liberales también nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo puede haber gente que aún caiga en el timo del socialismo, tan viejo, tan evidente y tan cutre?

La respuesta es la misma tanto para los timos tradicionales como para el socialismo, pues todos los timos se basan en los mismos principios. Desde los timadores de baja estofa que consiguen que un pardillo les entregue su dinero a cambio de unos papeles de periódico sin valor a un presidente del Gobierno que promete "más de todo para todos" el mecanismo del timo es el mismo y está basado en un pecado capital de la naturaleza humana, la avaricia.

Cuando un incauto cree estar haciendo negocio quedándose con las "estampitas" de un "falso pobre subnormal", realmente los timadores están sacando partido de su avaricia, pues la posibilidad de obtener un beneficio fácil obnubila su capacidad crítica y lo convierte en una presa fácil.

El socialismo también se basa en la avaricia; si votas socialista, le van a quitar a otros el fruto de su trabajo para dártelo a ti. ¡Menudo chollo! O sea, que sin tener que trabajar más, sin tener que ser más eficiente y productivo, simplemente por votar a estos tipos accedes a unos bienes y servicios que realmente no eres capaz de permitirte. Así, el incauto les vota… Y cuando se quiere dar cuenta, no les están quitando a otros para dárselo a él, sino que está en el paro, le han subido los impuestos y la inflación se ha disparado.

Pero aún así, muchas veces la victima no reacciona. Otro pecado capital, la soberbia, le mantiene en el error. "Yo no me he equivocado al votar socialista", se consuela, "la culpa es de Bush, de los empresarios, de Aznar… yo nací socialista y siempre lo seré". Sin duda, es el timo perfecto, pues el timado no quiere reconocer que ha caído como un palomo.

Además, el socialismo también recurre a los "ganchos", a los compinches que distraen al incauto y que obtiene su recompensa llevándose su parte del botín. En el caso del socialismo, la lista de ganchos es muy extensa, desde medios de comunicación afines que sacan partido de las prebendas del poder, hasta artistas solidarios que con sus canciones, sus películas (subvencionadas) y sus declaraciones públicas tratan de reafirmar a la víctima en su error, pasando por sindicatos cómplices y subvencionados que, al igual que los tipos mal encarados que están a los lados del trilero, son un último recurso de coacción física por si el timado reacciona a tiempo.

Pero hay que reconocer su mérito a los timadores. Sin duda, para ser timador hay que tener madera. Igual que no todo el mundo vale para mantener la compostura mientras está tratando de vender la Torre Eiffel a un pobre paleto, no todo el mundo es capaz de mentir compulsivamente ante el Parlamento, ante los periodistas y la opinión pública; poner caritas, arquear las cejas y que no te tiemble la voz mientras niegas la crisis económica o prometes 420 euros a los parados es algo que no está al alcance de cualquiera.

Incluso disfrazarse de minero y levantar el puño, después de haberse bajado del coche oficial y tener un sueldazo de primera es algo que requiere, en primer lugar, una absoluta falta de escrúpulos, pero sin duda un alma de timador de primera. Y eso es algo que a ZP y a su cuadrilla hay que reconocerles.

Encíclica Caritas in veritate

Casi coincidiendo con el inicio de las vacaciones (está fechada el 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo), Benedicto XVI publicó su tercera encíclica sobre la caridad, "vía maestra de la doctrina social de la Iglesia". Se esperaba con interés este documento acerca de cuestiones económicas, sociales y políticas, después de dos cartas de mayor contenido teológico; y también después del intenso magisterio social desarrollado por Juan Pablo II (que conmemoraba en la Centesimus Annus un siglo de doctrina social desde la Rerum novarum de 1891, y que recuerdo ahora con permiso de Juan Ramón Rallo y sus dos interesantísimos comentarios al respecto).

No es posible resumir aquí todo su contenido, del que por otra parte ya se ha venido tratando este verano (recomiendo leer el comentario distendido de Carlos Rodríguez Braun en Actualidad Económica: 17-23/07), y espero que con el comienzo del curso volvamos a seguir analizando. Quizás la primera reacción ante la Encíclica ha sido conjeturar sobre el "grado de liberalismo" que muestre en ella el Papa, buscando también una mayor o menor condena del capitalismo salvaje (coincidiendo con estos tiempos de crisis); o bien alguna referencia a otras alternativas pseudo-socialistas… Pero ocurre que no es ése el objetivo de un escrito pontificio de teología moral, orientado a ilustrar a los fieles católicos (y a todos los hombres de buena voluntad) sobre su actuación y responsabilidad personal ante las realidades concretas de su vida en sociedad. Aquí no se trata de proponer sistemas o ideologías: como sus antecesores, Benedicto XVI insiste en que "la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer"; sino de acuciar a cada persona individual para que resuelva en conciencia los pequeños asuntos de convivencia diaria con sus semejantes (o grandes: esto también atañe a los presidentes de los bancos, jefes de gobierno o directores de multinacionales).

En este sentido, la propuesta del Papa retoma algunos argumentos ya iniciados por Juan Pablo II en cuanto a las relaciones entre la caridad, la verdad, la fe y la razón. Desde la óptica cristiana, el amor necesita de un contenido verdadero para conocer la "sustancia de las cosas" y evitar así la "difundida tendencia actual a relativizarlo todo". Con esos cimientos se construye una doctrina social que, en palabras del Papa, "es indispensable para un verdadero desarrollo humano"; y que deberá responder al desafío de nuestra sociedad en vías de globalización desde los principios de la justicia y el bien común.

Hasta aquí un capítulo introductorio, más doctrinal, y que da paso a otras consideraciones en las que vemos la trayectoria académica del cardenal Ratzinger en su formación teológica: un repaso del mensaje de Pablo VI en la Populorum progressio (1967); una actualización de su análisis con la perspectiva del siglo XXI; y una propuesta de soluciones ante ese nuevo escenario en el que destaca el protagonismo de la técnica. Ya en el primer capítulo había señalado las limitaciones de una "ideología tecnocrática" que, por otra parte, no puede menospreciarse ni tampoco considerarla neutral respecto a la moral de las personas. Ahora insiste en esa idea, aplicada particularmente a los medios de comunicación y a la bioética. En ambos casos reclama la responsabilidad de adecuarlos a un desarrollo humano integral.

Frente a quienes esperaban alguna condena fulminante del liberalismo y la globalización, pienso que el mensaje pontificio sigue las coordenadas de Juan Pablo II al reconocer las ventajas del orden económico basado en la empresa, el mercado, la propiedad privada y la libre creatividad humana. Benedicto XVI también recuerda las ventajas del mercado, como lugar de libre intercambio de bienes entre los individuos (justicia conmutativa). Ahora bien, añade dos matices que tal vez puedan discutirse: el papel del Estado o la política (justicia distributiva) y el papel de la gratuidad o el don (justicia social). Esta última palabra me gusta menos, pues no creo tanto en la justicia de la sociedad sino en la de las personas individuales: desde esa perspectiva me gusta más apelar a la caridad desinteresada, como una forma espontánea de solidaridad. Que históricamente ha mostrado numerosos y eficientes ejemplos en los campos de la sanidad o de la educación, donde la iniciativa privada ha llevado adelante proyectos que ya quisiera el mejor de nuestro Welfare State. Y a este respecto, solamente señalar que las referencias de Benedicto XVI al Estado pueden dejar tranquilo a cualquier liberal, porque matiza claramente el papel subsidiario que tiene, allá donde no lleguen la "inalienable libertad humana" y la "autonomía de los cuerpos intermedios", frente a "cualquier forma de asistencialismo paternalista".

La guerra de Afganistán (mentiras y gordas)

Parte de los equívocos sobre la legitimidad de las guerras actuales proceden de los elásticos principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas para justificarlas. Así, ese embrión de Gobierno interestatal que pactaron las potencias vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial ampara, dentro de una escala de respuestas graduales, emprender las acciones militares "que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales", si los miembros del Consejo de Seguridad sancionan las infracciones de un estado como merecedoras de tal acción (Capítulo VII del Tratado de las Naciones Unidas). En consecuencia, de acuerdo a la teoría "positivista" del Derecho Internacional esas acciones quedan investidas de legitimidad por la naturaleza del órgano que las acuerda, por encima de otras consideraciones.

Bajo la farfolla del lenguaje diplomático se esconde, sin embargo, una realidad mucho más desagradable. Las llamadas operaciones de mantenimiento y restablecimiento de la paz comportan, de hecho, hacer la guerra contra el Estado que se identifica como agresor o peligroso infractor de la legalidad internacional; a no ser que sus dirigentes se plieguen (se rindan) a las exigencias planteadas en la resolución del Consejo de seguridad que habilita el uso de la fuerza. Las acciones militares, por muy perfeccionados que sean los medios empleados por los ejércitos, no permiten, a la hora de sembrar destrucción y muerte, discriminar totalmente los objetivos militares de la población civil. De esta manera, en todas las guerras habidas, con o sin refrendo del consejo de seguridad, los daños colaterales se consideran inevitables, incluso cuando las órdenes del mando político militar son escrupulosas y siguen los dictados de una guerra en principio "justa" (en los términos ya elaborados por los escolásticos españoles).

Por otro lado, ese marco jurídico internacional previó la formación de organizaciones de defensa regionales, así como que el consejo de seguridad pudiera encomendarles (Art. 53 de la Carta) las labores de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales en sus ámbitos respectivos. Estos extremos nunca han sido aclarados por los dirigentes del PSOE posfranquistas que jugaron al "OTAN, de entrada no", para, una vez en el Gobierno, ganar un referéndum manipulado para no salir de la organización y, con el paso del tiempo, conseguir el nombramiento de Javier Solana Madariaga –uno de sus líderes– como secretario general. Ahí es nada.

Forma parte del contradictorio acerbo del derecho internacional público actual, asimismo, el deslizamiento hacia misiones con objetivos más ambiciosos que los perfilados en el propio tratado de las Naciones Unidas. Durante los años de "guerra fría" ese esquema se había mostrado inviable desde el momento que el imperio soviético luchaba por exportar su "revolución" y someter a sus dictados a buena parte de la humanidad. Después del colapso de la antigua URSS, la única superpotencia militar que quedó en el mundo –cuestión distinta es la evolución que ese status tenga en el futuro como resultado de múltiples factores– ha asumido el papel exclusivo de promoción de acciones de castigo y de intervención militar en distintas partes del mundo. Sin duda esto se debió en parte a los espeluznantes ataques terroristas del 11-S, pero encontramos antecedentes en la primera guerra del Golfo, después de la invasión de Kuwait por Irak, y la antigua Yugoslavia, tanto en Bosnia-Herzegovina como en Kosovo.

En cualquier caso, pese a las limitaciones de su ámbito geográfico, la OTAN obtuvo el mandato de varias resoluciones del consejo de seguridad para dirigir las fuerzas de seguridad internacional de ayuda (ISAF) al gobierno interino de Afganistán. Sucedía en la ocupación del país al fulminante derrocamiento del régimen de los talibanes por el ejército norteamericano, que esgrimió su derecho a la legítima defensa contra los terroristas de Al-Qaeda que perpetraron los ataques del 11 de septiembre de 2001 en su propio territorio. La cobertura, apoyo y refugio que ofrecía ese gobierno al grupo terrorista dirigido por Osama Bin Laden resultaba ostensible.

Dentro de ese contexto, resulta llamativo que no exista una conciencia generalizada entre los españoles de haber sido manipulados una vez más por las tretas sobre las relaciones internacionales con las que los agit-prop del PSOE han pavimentado sus ascensos al poder.

Catapultados al Gobierno tras los monstruosos y no esclarecidos atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, desplegaron unos esfuerzos ímprobos por distinguir la guerra de Afganistán, y la participación de tropas españolas en ella, del conflicto de Irak. Como cabía esperar, no se trataba de una guerra, sino de una "misión de paz, auspiciada por la ONU" y la labor de las tropas españolas se reducía a la reconstrucción y la ayuda al pueblo afgano. El incidente del helicóptero Cougar en 2005, donde murieron 17 militares españoles, fue convenientemente despachado como accidente, sin que mediara una investigación seria.

No es ningún secreto que los políticos norteamericanos, incluido su presidente, coinciden en la necesidad de convencer a los aliados europeos para que aumenten sus contribuciones a misiones internacionales como la de Afganistán. El pasado mes de abril, después de la cumbre de la OTAN, confluyó el interés de los estrategas del PSOE por aprovechar los destellos de una reunión de Zapatero con el entonces rutilante Barack Obama con los planes de éste de sustituir fuerzas norteamericanas por europeas. Esto explica que el taimado inquilino de La Moncloa anunciase, a modo de presente para conseguir la ansiada entrevista, el envío de un batallón de 450 militares y una aportación de 9 millones de euros. Según sus propias palabras, volverían a España una vez terminado el proceso electoral del pasado mes de agosto, ya que "el Gobierno no es partidario de ampliar nuestro actual contingente de efectivos en Afganistán".

No obstante, ese ofrecimiento debió distar mucho de las expectativas norteamericanas. Aunque Obama concedió 45 minutos, elogios y un apretón de manos ante las cámaras al presidente del Gobierno español, a buen seguro dirigió algún mensaje más concreto, ya que al término de la entrevista el mandatario español se preguntaba, con una bobaliconería impropia de los inocentes, qué podía hacer por Obama.

Así estábamos, cuando, nada más celebrarse esas elecciones que pretextaron un aumento temporal de efectivos, se da cuenta de un suceso providencial. Al parecer, una compañía de soldados españoles se veía emboscada en un puerto de montaña por insurgentes y respondía al ataque causando la muerte de 13 talibanes, en un combate que se prolongaría durante "seis horas". Al contrario de lo que sucediera con otro precedente que causó heridas a un sargento, las tropas españolas habían salido ilesas del envite. Como si saltara un resorte, el pasado fin de semana los medios de comunicación ofrecieron emocionantes detalles, como aquel que precisaba que las tropas habían tenido tiempo de convencer a los aliados italianos para que cesaran sus ataques de apoyo con helicópteros cuando los forajidos se refugiaron en una aldea donde se mezclaron con la población civil.

Curiosamente, al tiempo que cundía una satisfacción poco contrastada, el Gobierno filtraba datos imprecisos sobre el número de los soldados que incrementarían el contingente desplegado, dando por supuesto que la decisión estaba ya tomada y no podía discutirse; ¿quién puede oponerse a reforzar la seguridad de las tropas?, venía a decirse falazmente.

Sin esperar mucho más, Zapatero comparecía en una emisora radiofónica para anunciar que era "probable que la ministra de Defensa plantee en el parlamento el envío de unos doscientos efectivos". Demostrando su doble juego, se apresuró a condenar un bombardeo protagonizado por tropas alemanas que causó la muerte de civiles el viernes y a lanzar el señuelo de que cuando le toque la presidencia rotatoria del Consejo europeo planteará una estrategia de salida de Afganistán.

Sin embargo, antes que nada, el presidente del gobierno debe dar cuenta en las Cortes sobre la misión que están desempeñando las tropas españolas en Afganistán; qué ocurrió en 2005 con el helicóptero Cougar y los demás incidentes y las razones por las que ahora considera "necesario" incrementar sus efectivos, después de haberse mostrado contrario hace solo cinco meses, cuando ya contemplaba como temporal la aportación de un batallón para contribuir a la seguridad de las elecciones que ya se han celebrado en el avispero afgano. El intento de despachar el asunto con una comparecencia de su ministra de defensa revela no solo la cobardía de este personaje, sino sus infinitas ganas de eludir sus responsabilidades por todos estos requiebros de su diplomacia secreta. Mientras no cumpla con esas obligaciones, el partido de la oposición tiene una gran oportunidad para no plegarse a la artillería propagandística gubernamental que, en curiosa finta, ahora pide guerra para defenderse "de los ataques de delincuentes, bandas organizadas, o talibanes". Esperemos que no acuda a socorrer al caudillito posmoderno de sus aliados parlamentarios. Cuando, al acabar la previsible sesión parlamentaria, se pregunte a los diputados si aprueban el envío de las tropas adicionales a Afganistán deberían contestar un resonante no.

Lógica, realidad y lenguaje

La formación intelectual de las personas suele incluir la lógica. Lo que es más raro es que la educación sea completa, de modo que los individuos que la utilizan sean conscientes de los límites de la aplicabilidad y del realismo de la lógica (sin necesidad de llegar a las complejidades metalógicas de los problemas de completud y consistencia). No saber argumentar lógicamente limita la competencia intelectual, pero también es muy peligroso creerse que se piensa de forma perfecta cuando en realidad no se comprenden las limitaciones de la herramienta que se está utilizando.

La lógica formal se refiere a asociaciones y operaciones mecánicas entre símbolos, es pura sintaxis. En la lógica proposicional (lógica de orden cero) algunos símbolos representan proposiciones a las que es posible asignar un valor de verdad (verdadero, falso), y otros símbolos son operaciones lógicas entre proposiciones (no, y, o). En la lógica de predicados (lógica de orden uno) las proposiciones se analizan como compuestas por elementos, propiedades y clases (una clase queda determinada por los elementos que comparten alguna propiedad), se añade el formalismo de la teoría de conjuntos (relaciones de pertenencia de elementos a conjuntos y operaciones de negación, unión e intersección), y los cuantificadores universal (para todo) y existencial (existe alguno). La lógica de predicados estudia así los rasgos universales más abstractos de las estructuras de clasificación.

La inteligencia humana intenta comprender la realidad categorizándola y expresando las clasificaciones construidas mediante el lenguaje. Pero la mente y el lenguaje natural son herramientas imperfectas que sólo pueden representar la realidad de forma parcial y problemática.

En la lógica formal clásica las respuestas son verdadero o falso, sin posibilidad de matices. Los límites de un conjunto son claros, exactos, infinitamente precisos (o se pertenece o no se pertenece, no hay zonas grises o gradaciones, dentro de una clase no hay diversidad o es irrelevante) y generalmente estáticos, inmutables. Cuando se enseña lógica se suele recurrir a ejemplos simples que no dan problemas, pero a menudo son irreales o inadecuados (las entidades geométricas son idealizaciones poco presentes en la realidad; parece claro que todo ser humano es hombre o mujer, pero en realidad no es así).

El racionalista ingenuo dispone de unos esquemas mentales que intenta forzar sobre la realidad para que encaje en ellos, en lugar de reconocer que la mente es una herramienta imperfecta de supervivencia en una realidad anterior a ella; además suele asumir que todas las personas comparten su misma clasificación o están equivocados. Las categorías del pensamiento son parcialmente innatas y universales a la especie humana (especialmente las más básicas y primitivas), pero muchos conceptos surgen culturalmente y su contenido puede variar de una persona a otra.

Las entidades y regularidades de la realidad a menudo tienen límites difusos y dinámicos y no existe una única forma posible de clasificarlas (distintos criterios de ordenación dan origen a ontologías diferentes con diversos rangos de validez o utilidad).

El lenguaje surge y evoluciona en un dominio consensual, necesita una historia común, una tradición compartida. En las instituciones evolutivas como el lenguaje y el derecho hay una tensión permanente entre la estabilidad y el cambio: necesitan una mínima estabilidad para servir como referencias útiles, pero si son inmutables no pueden evolucionar y adaptarse.

El lenguaje puede utilizarse para transmitir información y coordinar las interacciones humanas porque los hablantes comparten en gran medida un contexto cultural o trasfondo común: conocen con mayor o menor precisión a qué realidades se refieren los términos lingüísticos. Pero la concordancia no es perfecta, es posible que haya malentendidos bien intencionados, problemas de interpretaciones no equivalentes, que quizás puedan resolverse con más interacción comunicativa (también son posibles los intentos conscientes de fraude o uso abusivo del lenguaje, dando a entender una cosa de forma engañosa). Explicar y precisar no consiste en divagar de forma indefinida y dar infinitas explicaciones, el proceso de interacción comunicativa puede converger rápidamente si se produce entre personas inteligentes y con buena voluntad dispuestas a esforzarse para conseguir entenderse.

El lenguaje se refiere a la realidad, pero cuando el lenguaje existe forma parte de esa realidad, y puede referirse a sí mismo de forma recursiva. A partir de demostraciones ostensivas (relaciones directas entre términos y objetos o acciones) es posible avanzar en el conocimiento del lenguaje mediante definiciones (uso recursivo o autoreferencial de partes del lenguaje para referirse a otras partes del lenguaje).

Los memes que constituyen el lenguaje y compiten evolutivamente entre sí por el éxito reproductivo son valorados por sus portadores (si no lo hicieran tenderían a desaparecer): al individuo no le da igual cómo se utilice el lenguaje, e intenta que los demás compartan su vocabulario y semántica concretos. Pero no existe ninguna autoridad externa que determine los usos correctos del lenguaje y que formalice las relaciones entre términos y significados. Las asociaciones semánticas tienden a establecerse mediante ensayos (con aciertos y errores) de acoplamientos comunicativos, y tienden a triunfar en la medida en que son funcionales y permiten la coordinación social.

El racionalista esencialista ingenuo insiste en determinar lo que las cosas son, pero de lo que se trata en realidad en muchos problemas de relaciones humanas es de interpretar qué han querido hacer las partes en un acto comunicativo (subjetivismo praxeológico). La hermenéutica (la interpretación según el contexto y el uso) es esencial para la comprensión de los textos históricos (aunque a menudo se abusa de ella para proferir espectaculares disparates que demuestran que el lenguaje puede construir ficciones totalmente desconectadas de la realidad).

El lenguaje no es propiedad de nadie, ningún hablante tiene derecho a imponer a los demás cómo deben utilizarlo. No puede exigirse que un término se utilice hoy de una determinada manera simplemente porque se usó así en el pasado: quizás ese uso se ha perdido o no es el único posible en la actualidad. La etimología es interesante, pero el uso del lenguaje en el pasado no obliga a utilizarlo igual en el presente.

Durante el aprendizaje de un lenguaje (no sólo el lenguaje natural sino también el habla especializada de un determinado ámbito) el maestro enseña al aprendiz qué asociaciones existen entre términos y significados, y puede intentar transmitir sólo las que él considera válidas o reconocer honestamente que existen alternativas.

En algunos ámbitos, como el científico o las relaciones contractuales, es importante formalizar el lenguaje de forma rigurosa en la medida de lo posible: aclarar, especificar lo que se quiere decir, evitar las ambigüedades y los malentendidos. Son ámbitos donde se exige como mínimo consistencia interna, que dentro de una teoría o durante una relación contractual no se altere el significado y las relaciones entre los términos empleados. Pero esto no significa que sólo exista una forma correcta de utilización de dichos términos: diversas construcciones lingüísticas pueden utilizar las palabras de formas diferentes. La consistencia externa consiste en intentar unificar usos (o por lo menos compatibilizarlos y poder traducir entre diferentes interpretaciones).

La coherencia interna se refiere a que en una construcción lingüística no se altere el uso de las palabras, manteniendo un único significado de forma consistente. La coherencia externa se refiere a que el uso de las palabras en un sistema coincide con su utilización en otros sistemas por otras personas. La coherencia externa facilita la comunicación en ámbitos extensos pero no siempre es garantizable: diversas personas pueden insistir en asignar diferentes significados a los mismos términos sin ponerse de acuerdo.

Ni la realidad ni el lenguaje son estáticos y con límites perfectamente delimitados. Del mismo modo que un término puede no significar lo mismo para diversos hablantes en un momento dado, el mismo término puede cambiar de significado con el transcurso del tiempo, y un mismo significado puede expresarse con términos diferentes en momentos distintos. Las palabras y los significados son como etiquetas y cajas clasificadoras con sus contenidos: es posible que con el tiempo una misma etiqueta se refiera a una categoría diferente o que una misma categoría se identifique con una etiqueta distinta. Los cambios en etiquetas y contenidos pueden ser graduales o bruscos (algunos términos pueden llegar a significar no sólo versiones levemente diferentes sino incluso todo lo contrario de lo que significaban).

El lenguaje es una herramienta delicada y algunos racionalistas esencialistas lo usan con poca habilidad. Los límites bruscos y rígidos de la lógica parecen sugerir rigor intelectual pero a menudo reflejan falta de realismo y complejidad. Parte importante del lenguaje argumentativo no son inferencias o deducciones desde axiomas a teoremas sino aclaraciones, precisiones, matizaciones.

¿Por qué la derecha pierde en todos los debates?

La dicotomía política se traduce en diversas contraposiciones según convenga en cada momento. La dirección de tamaña burla al sentido común queda, habitualmente, en manos de aquellos considerados a sí mismos "de izquierdas".

Conservadores y progresistas, con la amplitud de significados que pueden acoger sendos términos. Oportunistas y radicales, como quiso reducir M. N. Rothbard en alguna parte. Reaccionarios y vanguardistas, que viene a decir poco más o menos lo mismo pero guarda matices reveladores. La cuestión –y quizá la segunda distinción sea la más aséptica, pero no por ello acertada, de las tres descritas– es que izquierdistas y derechistas, dentro de sistemas políticos occidentales y contemporáneos, poseen un eje común que les inspira y acomoda: su manifiesta fe en el Estado.

Aunque sean igualmente estatistas cabe establecer una importante diferencia: el Estado de la derecha es paternal, no en un sentido tan tuitivo como el de la izquierda, sino desde la disciplina y la afirmación de la responsabilidad individual, si bien es cierto coincide en esencia y concretos desarrollos teóricos y prácticos con el Estado izquierdista. Éste, muy al contrario, resulta dulcificado (en su versión socialdemócrata) y asimilable a una actitud de impronta maternal, capaz de moralizar a través de valores colectivistas tan atávicos como contrarios a la sociedad abierta, consiguiendo ciudadanos dóciles en algunos aspectos, pero fuertemente indisciplinados en la mayoría.

Tras décadas de feroz intervencionismo la derecha política tuvo su pequeño despertar liberal en Occidente. En absoluto se trató de una auténtica revolución liberal. Sí de una cómoda asimilación de contadas consignas atribuibles al credo liberal. Con ellas se salió de la crisis en la que se vio inmerso el estatismo democrático del momento, dando la apariencia de más mercado cuando en realidad lo que se hizo fue variar el modelo de relaciones entre un Estado creciente con un mercado capaz de oxigenarlo y hacerlo ligeramente viable (a corto y medio plazo).

Frente a esta situación de cambio, en una época convulsa y muy adversa al discurso izquierdista clásico, los progresistas buscan nuevos horizontes demostrando una capacidad camaleónica inaudita en sus adversarios. Adoptan como propios, sin rasgarse las vestiduras ni revisar mitos, sofismas y burdas consignas que le son inherentes, los métodos de intervención y estatismo de la derecha, logrando acomodar su discurso a la demanda de moderación inspirada por la ciudadanía. El mercado se convierte en un servidor de causas de elevada estima y superioridad incuestionable, recuperando sin problemas la primacía moral e ideológica sobre el amplio espectro de la derecha política.

Dado que ninguna intervención queda sin descoordinación y efectos perniciosos y contrarios al fin originalmente perseguido, el estatismo de mercado de las dos últimas décadas acaba encallando en sus propias contradicciones y carencias intelectuales. La derecha recupera brío no tanto desde el impulso que una nueva apelación al liberalismo parece proporcionarle, sino de una suerte de pragmatismo directamente conectado con la eficacia misma de un sistema (la socialdemocracia occidental) entendido como insuperable y definitivo. "Hacerlo mejor", pero no cambiar lo malo, sencillamente dotar de soluciones más eficientes a los resquicios fundamentales del apego socialdemócrata compartido con la izquierda.

Desde el izquierdismo, con la rapidez de recuperación habitual, se retoma la iniciativa aceptando máximas como son la aparente liberalización de ciertos sectores, la bajada selectiva (y por ello engañosa) de ciertos impuestos, la apelación al mercado y la iniciativa privada como sinónimos de la excelencia económica de una nación…

Las razones de esta falta de auténtica confrontación en cuanto al modelo de intervención son las que siguen: izquierda y derecha son igualmente estatistas; desconocen los valores que hacen posible la sociedad abierta y dinámica que vivimos; y lo que es más importante, ignoran por completo los fundamentos teóricos elementales de la economía política más próxima a comprender la realidad social tal y como es, y no a través de formulaciones ad hoc y una metodología profundamente equivocada.

Es imposible que la derecha venza en un debate cualquiera en contraposición con lo que se viene denominando "ideario progresista", o mero izquierdismo. La superioridad moral de éstos arrastra hacia la pública contradicción a todo el que ose cuestionar propuestas, poses o concretas misiones políticas de izquierdas. La derecha tiende a tropezar en algún momento, por muy bien construido que llegue a estar su discurso. Coincidiendo en las taras intelectuales básicas parece virtualmente imposible mantener la firmeza ante determinados recursos dialécticos o tópicos y lugares comunes "políticamente correctos".

Derecha e izquierda coinciden, aunque los primeros lo hagan con disimulo, en que el intercambio libre y voluntario puede ser injusto, que suma cero porque siempre hay uno que gana contra otro que sale perdiendo; se dan la mano en la convicción de que la distribución de la riqueza puede ser objeto de corrección en pos de objetivos muy superiores al respeto de la propiedad legítima de los individuos; ambos está de acuerdo en que el Estado es inevitable, incluso deseable, como resorte o intermediario capaz de mejorar las circunstancias, promoverlas o regenerar situaciones de interacción; el Estado resulta incontrovertible, aunque como hemos visto su modelo varía, pero nunca en lo fundamental: su mera existencia y legitimidad de intervención y dominio sobre los individuos; también coinciden izquierdas y derechas en el ciego convencimiento de que es la demanda la que crea su propia oferta, y no al revés, siendo el consumo la base del crecimiento económico; de ahí que el Estado acabe por convertirse en un estimulador, en un justo redistribuidor, en un inversor y gastador eminente (con dinero ajeno, claro), único capaz de superar las miserias propias de los individuos; todos, absolutamente todos, a izquierda y a derecha, abogan por que el dinero sea una válvula de estímulo, que corra barato generando inflación; incapaces de afrontar grandes retos sociales se valen del inflacionismo como mejor método para rebajar salarios reales para estimular el empleo… o eso creen que consiguen.

La derecha pierde en los debates no porque carezca de sanos principios y valores adecuados (algunos desmadrados por simple complejo de resistencia), sino porque aun teniéndolos se ven afectados por su evidente estulticia económica. Incluso los mejores pensadores contemporáneos pertenecientes al orbe derechista acabaron y acaban frustrando maravillosas escaladas argumentativas. Todo gracias a un defecto teórico imperdonable en todo pensador social: el completo desconocimiento de una buena teoría económica. Es más, liberales reconocidos, presuntos economistas incluso, han terminado cayendo en el mismo error, sirviendo con sus postulados y posiciones ideológicas al que es el origen mismo de toda la perversión intelectual de la ha sido capaz de Hombre: la creencia en un Estado deseable o inevitable como requisito de la sociedad occidental, capitalista, abierta e individualista que a pesar de todo y de casi todos, disfrutamos. Al final, y al principio, todo debate entre izquierdistas y derechistas acaba por concentrarse en lo anecdótico, cuando no en la más terrible derrota de los mejores valores merced del gravísimo complejo intelectual que padece todo aquel que no se sienta de izquierdas.