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Externalidades del futuro

Una actividad tiene externalidades negativas cuando perjudica a terceros que no participan en la transacción. La contaminación es un ejemplo de externalidad negativa. Normalmente el problema se solventa definiendo bien los derechos de propiedad, de modo que el que sufre la externalidad pueda exigir reparación por daños a su propiedad y el causante se vea obligado a internalizar esos costes en lugar de imponerlos a los demás. La mayoría de externalidades negativas se producen en espacios de titularidad pública, donde los derechos no están bien asignados y los usuarios actúan con dejadez o sobreexplotan el medio. La solución vuelve a ser la correcta definición de los derechos de propiedad, en este caso la privatización del espacio público.

Pero estos remedios pueden ser insuficientes o inadecuados si las externalidades son dispersas. Si no podemos aislar la causa e identificar al autor, no vamos a poder exigirle que internalice el coste de sus acciones. El calentamiento global de origen antropogénico plantearía un problema de este tipo. Asumiendo que sea consecuencia del CO2 de nuestras fábricas y coches, medir la contribución de cada persona al cambio climático es una tarea inviable. Las externalidades están dispersas entre miles de millones de individuos y no hay modo de establecer un nexo causal entre un "agresor" particular y una "agresión" concreta. Es imposible definir un derecho de propiedad que otorgue a las (futuras) víctimas de la externalidad un poder de veto sobre el uso de la energía en los hogares occidentales. Si éticamente la cuestión es difícil de abordar, en la práctica no hay razón para hacerlo: el coste de mitigar el cambio climático probablemente es muy superior al de adaptarse a él. A veces es más fácil aprender a convivir con la externalidad (y anular sus efectos mediante acumulación de riqueza y desarrollo tecnológico) que combatirla.

El futuro, no obstante, quizás nos depare externalidades más difíciles de acomodar. David Friedman, en su excelente libro Future Imperfect. Technology and Freedom in an Uncertain World, combina ciencia, economía, derecho y piscología evolucionista con unas buenas dosis de especulación para presentarnos un repertorio de posibles tecnologías que podrían hacer nuestra vida mucho más placentera en el próximo siglo, pero que también tienen el potencial de barrer a la especie humana del planeta. El progreso tecnológico aumenta nuestra capacidad de hacer cosas y amplifica el efecto de nuestras acciones. En la actualidad los derechos de propiedad y la coordinación descentralizada funcionan porque los efectos de nuestras acciones se circunscriben básicamente a nuestra propiedad y a la propiedad de aquellos con quienes hacemos transacciones. Pero si las tecnologías futuras amplifican los efectos de nuestras acciones de forma que trasciendan los límites de nuestra propiedad, la coordinación descentralizada puede verse menoscabada.

Friedman se refiere a los potenciales peligros de la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial. La biotecnología puede facilitar el diseño de plagas que sean letales para la humanidad o para un determinado grupo humano. La nanotecnología haría posible la creación de máquinas de tamaño molecular capaces de auto-reproducirse que podrían ser empleadas con fines destructivos. También podría llegar a provocar lo que se conoce como la "plaga gris": máquinas ensambladoras de dimensiones moleculares que producirían copias de sí mismas descontroladamente y acabarían consumiendo toda la materia de la biosfera. En cuanto a la inteligencia artificial, si llega a descubrirse y la ley de Moore sigue siendo aplicable (las computadoras doblan su capacidad cada uno o dos años), en pocas décadas seríamos como chimpancés o roedores para las máquinas y nuestra suerte dependería de que les gustaran las mascotas.

Este es el escenario más pesimista, pero las mismas tecnologías y muchas otras tienen también el potencial de mejorar extraordinariamente nuestra calidad de vida. La biotecnología podría erradicar las enfermedades genéticas y otras taras de nacimiento, así como elevar el coeficiente intelectual de nuestra especie. La nanotecnología podría utilizarse para reparar nuestros tejidos o crear máquinas que multipliquen exponencialmente nuestra productividad. La inteligencia artificial podría integrarse en el cuerpo humano. Nos aprovecharíamos de sus ventajas y estaríamos a su mismo nivel, sin riesgo de convertirnos en mascotas o esclavos.

Si algunas tecnologías amplían el alcance de la acción humana, otras como la encriptación o la realidad virtual limitan el efecto de las acciones de los demás. En la realidad virtual no puede haber agresiones físicas, y el desarrollo de la encriptación protegería nuestras transacciones y nuestra identidad. Las externalidades en este contexto quedarían desterradas.

Al considerar los riesgos de las futuras tecnologías debemos tener en cuenta que la prohibición puede que no sea siquiera una opción. Este tren, como dice Friedman, no va equipado con frenos. La mayoría de tecnologías pueden desarrollarse localmente y utilizarse globalmente. La presión para aprovecharse de ellas una vez inventadas por alguien es demasiado irresistible. La disyuntiva es, por tanto, entre permitir el desarrollo libre de las tecnologías o intentar regularlo y dirigirlo desde el Estado.

Aunque fuera posible restringir una tecnología con el potencial de generar devastadoras externalidades negativas, no está claro que debamos hacerlo. En nuestro afán por evitar una plaga podríamos estar prohibiendo numerosas curas. Si la nanotecnología se investigara solo en laboratorios del Gobierno seguramente acabaría teniendo aplicaciones militares y los Estados no tienen un historial muy limpio en materia de derechos humanos. Los laboratorios privados, en cambio, estarían enfocados a servir a los consumidores y serían más eficientes diseñando protecciones contra amenazas nanotecnológicas o biotecnológicas que pudieran crear grupos terroristas o lunáticos solitarios.

Sea como fuere, es una paradoja curiosa que el libre mercado y el desarrollo tecnológico que sostienen nuestro bienestar presente tengan al mismo tiempo el potencial de facilitar nuestra destrucción futura. Supongo que vale la pena correr el riesgo, y aunque no lo valga me temo que este tren no tiene frenos.

El papel higiénico, un artículo de lujo en Cuba

Sorprendente, pero cierto. Los cubanos sufren una grave escasez de papel higiénico que, al menos, se mantendrá hasta finales de año, según el propio régimen comunista. Asearse con un mínimo de dignidad también se ha convertido en todo un lujo para el 99% de la población que aún reside cautiva en la isla caribeña.

La Revolución Cubana cumple 50 años de historia. Durante este largo periplo, Fidel Castro ha gobernado con puño de hierro los designios y avatares del país, dictando hasta el más mínimo detalle de la actividad privada de los cubanos. Su política ha cosechado un enorme éxito, desde el punto de vista de la ideología comunista. Y es que, el dictador ha cumplido su propósito: la Cuba castrista en nada se parece a la Cuba pre-revolucionaria.

Mientras que en 1960, la isla era el tercer país latinoamericano en consumo de calorías diarias per cápita, en 1995 registraba un suministro de comida más precario que Honduras, según las estadísticas de la ONU. El 11% de la población estaba desnutrida, según la FAO; su ratio de crecimiento en energía eléctrica es el más bajo del hemisferio junto con el de Haití; el número de líneas telefónicas por habitante a finales de los 90 permanecía estancado en los niveles de 1958; la producción de azúcar en los 90 fue inferior a la de 1958, al igual que la de arroz, la producción láctea permanece estable respecto a los niveles de los años 50; la mitad de las tierras cultivables permanecen ociosas…

Además, Cuba es el único país de Latinoamérica con menos coches por habitante que hace medio siglo. La renta per cápita de los cubanos asciende a unos 3.000 dólares al año; sobreviven con menos de 30 dólares al mes, situando a Cuba como uno de los países más pobres del continente americano, junto a Honduras, Bolivia, Nicaragua y Haití.

El régimen castrista ha terminado por convertir todos los bienes básicos en auténticos artículos de lujo para la población. Desde el arroz, la carne y el suministro eléctrico hasta el papel higiénico. Los cubanos se asean con ejemplares viejos de la prensa revolucionaria (Granma), que se pueden adquirir a menos de un centavo de dólar. Sin embargo, las revistas chinas y norcoreanas son las favoritas por la suavidad de su papel.

Las interminables colas en las tiendas oficiales para adquirir la escasa dieta que marcan los cupones de racionamiento se han extendido a los puntos de distribución de periódicos. Los cubanos esperan horas para comprar 10 ó 15 ejemplares del diario oficial del régimen para emplearlos en diversos usos domésticos, ante la falta de papel higiénico. ¡Todo un logro!

La completa nacionalización de la economía ha supuesto un retroceso sin parangón en los niveles de vida y bienestar de todos los ciudadanos, a excepción, por supuesto, de los miembros del régimen castrista. La escasez de papel higiénico, al igual que hasta ahora sucedía con el jabón o la pasta de dientes, es tan sólo un ejemplo más de los nefastos resultados de la colectivización.

Un proceso que, por desgracia, está imitando a la perfección el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Su reforma constitucional establece, al menos, ocho preceptos legales para proceder a la incautación arbitraria e indiscriminada de la propiedad privada por parte del Estado. Su plan es claro: primar "los intereses comunes sobre los individuales".

Art. 18:"El Estado enfrentará toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra y los desequilibrios económicos".

Art. 112:"El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo fundado en la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales".

Art. 113:"Se prohíben los monopolios", así como todas las actividades tendentes al "abuso de la posición de dominio" por parte, tanto de particulares como de empresas. Además, "no se permitirán" las actividades y acuerdos privados que "vulneren los métodos de producción social […] o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios".

Art. 115:"Por causa de utilidad pública o interés social […] podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", y "toda propiedad estará sometida a las cargas y obligaciones que establezca la ley".

Art. 300: "La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas para la realización de actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista".

Art. 305:La producción de alimentos es de "interés nacional".

Art. 307: "Se prohíben los latifundios", y se podrán confiscar las propiedades que atenten contra el medio ambiente o la "seguridad y defensa de la nación".

Art. 318: La banca y el sistema monetario deben responder a los principios del "Estado Socialista". El Banco central carecerá de autonomía.

Pese a que la citada reforma fue tumbada por referéndum en 2007, Chávez consiguió el pasado febrero aprobar una enmienda constitucional para perpetuarse en el poder más allá de 2012. Desde su llegada al poder, hace una década, el líder bolivariano ha logrado esquivar fácilmente los débiles resortes democráticos para anclarse en el sillón presidencial de forma ilimitada con el fin de extender la nacionalización de la economía venezolana.

Ningún mecanismo institucional logrará frenar las ansias totalitarias de Chávez. La Revolución Bolivariana está en marcha y, de hecho, su avance continúa imparable hacia la instauración de un nuevo régimen comunista en el cono Sur. Si nada lo remedia, dentro de 50 años, o quizás menos, los venezolanos también se limpiarán con el entonces periódico oficial del régimen chavista.

La mayor externalidad positiva

A los economistas neoclásicos les encanta la creación de conceptos para explicar su teoría económica. Como la realidad es imposible de casar con sus modelos, los matizan con conceptos de aparente elaboración, y así pretenden pulir un poco más unos modelos que están viciados de inicio.

Y uno de estos conceptos de nombre rimbombante, es el de externalidad. ¿En qué consiste una externalidad? Pues vienen a ser aquellas consecuencias de nuestros actos que no padecemos o de las que no nos beneficiamos. Los ejemplos proliferan, una vez se entiende el concepto, pues la realidad está llena de este tipo de sucesos. Por ejemplo, se produce una externalidad positiva si me ducho frecuentemente, ya que mejora el bienestar de mis congéneres debido a mi (esperemos) mejor olor corporal. Sensu contrario, nos llevaría a una externalidad negativa.

El problema que tienen las externalidades para los economistas neoclásicos es que llevan al sistema económico a resultados sub-óptimos. Como yo no soy capaz de capturar todos los beneficios que supone ducharme, me ducho menos de lo que lo haría en su mundo neoclásico ideal. Alternativamente, como no soporto todos los perjuicios de no ducharme, tiendo a no ducharme más de lo que lo haría en el ideal.

El interés por las externalidades reside en que son una excusa infinita para la intervención estatal. En el momento en que alguien detecta una externalidad, sea positiva o negativa, ya hay argumentos para la intervención, pues sin ella el escenario es sub-óptimo.

El típico ejemplo de externalidad negativa es el ultraconocido de las emisiones contaminantes. En principio, dichas emisiones constituyen una externalidad negativa, puesto que su causante no sufre todo el perjuicio que ocasiona. Por tanto, tiende a contaminar más de lo que lo haría en el mundo ideal. La solución: se crean unos derechos de emisión, de forma que las empresas que contaminen soporten el perjuicio que conlleva su acción. Cabe esperar que, así, las emisiones se reduzcan hasta alcanzar el punto óptimo de eficiencia.

Las externalidades positivas, por su parte, están muy relacionadas con el problema del free rider, o tipejo que se aprovecha de lo que paga un tercero sin poner su parte. Por ejemplo, la defensa o seguridad de una ciudad beneficia a todos los habitantes de la misma, la paguen o no. En ausencia de intervención se tendería a producir menos seguridad del ideal. Conclusión: se obliga a todo el mundo a pagar, con impuestos, por esos servicios.

La intervención basada en esta clase de argumentos ha sido fuertemente contestada por los economistas austriacos. Si alguien está interesado, le recomiendo Welfare Economics and Externalities in an Open Ended Universe, de Roy Cordato. Resumo eso sí su conclusión: no existen externalidades, sólo derechos de propiedad mal definidos.

Tras tan largo preámbulo, llego ya al objeto de este comentario, que no es otro que identificar la mayor externalidad positiva. Y que es, en mi opinión, la tenencia de niños/hijos. Esta afirmación merece explicación, por supuesto.

El hecho de que yo críe a un hijo tiene beneficios para el resto de la sociedad, que yo no puedo capturar. Mis conciudadanos son, en cierta forma, free raiders de mis hijos. ¿Por qué? Porque con el sistema de jubilación implementado en nuestro país, sus pensiones van a depender del trabajo que hagan las futuras generaciones. Si no hay niños ahora, no habrá adultos después que puedan "garantizar" el cobro de las citadas prestaciones.

Según la teoría de las externalidades recién expuesta, esto supone que se crían menos hijos de los que sería óptimo, puesto que los progenitores no son capaces de aprehender todo el beneficio que dichos hijos pueden producirles. Es en respuesta a esta situación que, determinados estados de la Europa del bienestar, desgraciadamente no España, dan generosos subsidios y ayudas a las familias. Para, por esta vía, compensar la externalidad positiva que supone la crianza de hijos.

¿Cuál sería la solución según Cordato? Definir bien los derechos de propiedad asociados al "hijo". Curiosamente, es la propia nacionalización del sistema de pensiones la que crea dichas distorsiones en la propiedad privada (en este caso, de la capacidad de trabajo del hijo), al expropiar parte de su producción para satisfacer las pensiones de los retirados.

En ausencia de pensiones públicas (y ceteris paribus), el hijo sería dueño de todo el producto de su trabajo. Y sería cuestión del padre haber creado unos vínculos afectivos y familiares que le permitieran acceder a parte de ese fruto para subsistir en la vejez. Por supuesto, siempre habrá casos de hijos que se distancien de sus padres o que no estén dispuestos a aportar para su mantenimiento por las razones que sean. Pero, ¿de quién prefiere uno fiarse, de su hijo o del Estado? ¿Necesitamos una intervención estatal que nos proteja de nuestros propios hijos?

Afortunadamente para todos, y para el estado, el tener hijos no es una cuestión económica en sentido neoclásico. El tener hijos en un Estado como el español no se puede explicar por ningún cálculo racional de optimización. Si la economía neoclásica fuera cierta, en España nadie tendría hijos, pues los ingresos pecuniarios son inferiores a los costes, y no somos capaces de capturar todos los beneficios que un hijo produce a la sociedad.

Pero el mundo real no es neoclásico, sino austriaco. Basta con aceptar, como hace la economía austriaca, que nuestras jerarquías internas de valores no son reducibles a dinero, para que el misterio de la procreación de hijos quede explicado. Digo, el misterio económico, del otro no procede hablar en este foro.

Cambios constitucionales ilegítimos y el secuestro del derecho a la libertad

Ya analizamos como el populismo y la demagogia se aprovechan de las fisuras normativas de las democracias para conseguir el poder, provocando involuciones institucionales explícitas que son fácilmente identificables por su metodología subversiva y por sus políticas de colectivización que destruyen los cimientos y la riqueza de la sociedad civilizada.

Pero también merece la pena analizar un tipo de involución más lenta y difusa, como la que se está produciendo en España, mediante un cambio de régimen político por la imposición a todos los españoles del nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado por sólo un 36% de los catalanes con derecho a voto y sin el consentimiento explícito del resto de ciudadanos de España que también verán conculcados sus derechos individuales.

Es decir, existen involuciones políticas encubiertas, menos evidentes ante la población, pero premeditadas, alevosas e implícitas en legislaciones liberticidas que aprueban las autoridades en contra de la Constitución. Por más que hayan sido elegidos en unas elecciones democráticas, los políticos no reciben un cheque en blanco para legislar en contra de los derechos fundamentales o de la estructura institucional de un Estado, sin contar con el principio de consentimiento de la inmensa mayoría de los votantes que verán atropellados sus derechos civiles.

A pesar de contener artículos inconstitucionales, violentar la convivencia con otras Comunidades Autónomas y atropellar los derechos de los ciudadanos no nacionalistas, se ha estado aplicando el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, por lo que parece estar asentándose un golpe de estado permanente por la vía de los hechos consumados en un proceso ilegal e ilegítimo de destrucción de la Constitución Española de 1978.

Sin respuesta social contundente ante el desafío nacionalista y, con un elocuente silencio oficial ante los serios interrogantes planteados por el magnicidio terrorista del 11 de marzo de 2004, parece existir un acuerdo tácito e irresponsable de los principales partidos y autoridades políticas, del Rey hacia abajo, tan sólo roto por protestas meramente testimoniales e inefectivas, para dejar evolucionar (degenerar) la situación de crisis institucional hasta que se logre un punto de equilibrio (inestable) que está a punto de validarse judicialmente mediante el juego ilegítimo al que nos tiene acostumbrados el jurídicamente aberrante Tribunal Constitucional.

Con un retraso de más de tres años, se espera una sentencia de maquillaje del nuevo Estatuto de Cataluña que mantendrá el status quo de diferenciación política a favor de las clases dirigentes de la región de Cataluña, para mantener la enorme red de intereses clientelares tejida entorno al nacionalismo con militantes y organizaciones viviendo de la sopa boba del presupuesto público como Omnium Cultural, Sobirania i Progres o Deumil, auspiciadas, financiadas e instrumentalizadas por políticos y, fundamentalmente, organizadas en contra de los derechos de los ciudadanos no nacionalistas y de la voluntad manifestada por todos los españoles con la mayoritaria aprobación de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978.

Un tribunal especializado en temas de inconstitucionalidad es siempre peligroso cuando se constituye ajeno a la máxima autoridad judicial que debiera ser el Tribunal Supremo o bien cuando no queda integrado como quinta sala del mismo y no está formado exclusivamente por jueces de carrera elegidos con carácter vitalicio por la propia judicatura o, en su defecto, por los ciudadanos.

La redacción del artículo 159 CE fue jurídicamente errónea al no exigir que los miembros del Tribunal Constitucional tuviesen que ser jueces, con lo que se eliminó el principio de independencia judicial y se asestó una puñalada legislativa al principio de separación de poderes; ambos indispensables para afianzar la existencia de un Estado de Derecho que garantice los derechos civiles y para evitar la corrupción y la prevaricación que erosionan las instituciones de la democracia.

Como órgano del poder judicial, resulta mortal para la salvaguarda de los derechos y libertades de los españoles, que los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos por el Gobierno y el Parlamento nacionales, cuando su cometido es evaluar la inconstitucionalidad de las leyes.

Con doce miembros altamente politizados por evidente cercanía al movimiento nacionalista o por deber sus cargos al apaño político, es muy probable que el Tribunal Constitucional acabe claudicando ante las presiones separatistas sirviendo a los espurios intereses de los partidos que los han elegido. Es decir, muy probablemente el Tribunal Constitucional validará con una sentencia rectificadora la reforma encubierta de la Constitución Española de 1978 que supone el nuevo Estatuto de Cataluña en vez de abolir una ley que es de arriba a abajo inconstitucional.

Esta ley de rango inferior y autonómico, introduce normativa inconstitucional que secuestra el derecho a la libertad de los ciudadanos no nacionalistas en Cataluña, crea un Consejo de Garantías Estatutarias que suplanta al propio Tribunal Constitucional y, establece una relación bilateral con el resto de regiones de España lo que instaura de facto un Estado Confederal.

Sometido a la pérdida democrática de derechos civiles, bien mediante involuciones rápidas y explícitas bien por medio de involuciones lentas e implícitas, el ciudadano queda prisionero de normas y leyes que atentan contra los derechos naturales inherentes e inalienables al hombre libre e imponen la servidumbre a los designios de la ingeniería social impuesta por la casta política instalada en el poder.

En el caso de Cataluña, los prebostes nacionalistas aprovechan las fisuras normativas de la Constitución Española de 1978, chantajean al Tribunal Constitucional y amenazan la débil estructura institucional para instaurar un nuevo régimen político confederal, ilegítimo al no conseguir el refrendo de una amplia mayoría de la población con derecho a voto en España.

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La dificultad de constituir nuevas empresas

Una de las peores consecuencias que ha tenido la actual crisis económica en España ha sido la subida de la tasa de desempleo. Hace apenas unos años la situación era de euforia generalizada, creyéndose que el pleno empleo se encontraba en un horizonte temporal no muy lejano. Hoy en día la situación es radicalmente distinta, preguntándose cada día más gente si podrá trabajar el día de mañana.

Al estudiar la crisis económica española y compararla con la que sufren otros países de nuestro entorno, nos podemos encontrar con que una de las características peculiares que tenemos en nuestro país se encuentra, precisamente, en la mayor repercusión del desempleo. Si tomamos, por ejemplo, las cifras de paro publicadas por Eurostat para la zona del euro, entre agosto de 2008 y junio de 2009 la tasa ha subido desde el 7,6% al 9,4%, pero, en España, para dicho mismo intervalo, la subida ha sido mucho más espectacular, desde el 11,8 al 18,1%.

Como se puede ver las cifras no son nada alentadoras y no invitan al optimismo. Son muchas las empresas que cierran o las que despiden a parte de su personal. No obstante, a la par que se destruyen empresas deberían surgir otras nuevas más adaptadas a las nuevas necesidades, lo que parece que no está ocurriendo con la celeridad necesaria si atendemos al incremento de la tasa de paro. Puede parecer extraño que alguien quiera crear una empresa hoy en día, sin embargo, muchas de las multinacionales existentes hoy en día nacieron en época de crisis, y en sus inicios fueron pequeñas empresas.

El proceso por el que una persona decide convertirse en emprendedor y crear una nueva empresa no resulta fácil. Su misión será la de proporcionar un producto o servicio que satisfaga a sus clientes, a un precio competitivo y, que a su vez, le permita cubrir los costes en los que incurre. Así deberá de dedicar su tiempo al desarrollo del producto, o a la prestación del servicio, a dar a conocer lo que ofrece, a la búsqueda de clientes, a su trato, a entender sus preferencias (incluso a conocer gustos que éstos últimos desconocen tener), a controlar los costes, a buscar personal, a satisfacerlo a fin de que no abandone la empresa, a estudiar la competencia, a buscar un lugar donde realizar la actividad de la empresa, a obtener recursos para la producción, etc. Como se ve, estos objetivos no sólo no son fáciles de cumplir, sino que, en algunos casos, llegan a ser contrapuestos.

Por tanto, los comienzos de una nueva empresa no resultan en absoluto fáciles. Así la falta de experiencia y de recursos es reemplazada por el esfuerzo y sacrificio del emprendedor y sus colaboradores.

No obstante, el emprendedor no ha de dedicar su tiempo únicamente a satisfacer los objetivos anteriores, ya que tiene diversas obligaciones de índole legal específicas de nuestro país, y que pueden estar motivando esa resistencia existente para la creación de nuevas empresas. Atendiendo a la clasificación de países por facilidades para hacer negocios que elabora cada año el Banco Mundial, España ocupa la posición número 49 en el año 2009, habiendo descendido 3 posiciones con respecto al año anterior. Y si se examina la clasificación en cuanto a la facilidad de abrir un negocio, España retrocede a la posición 140, frente a la 123 que ocupaba el año anterior.

Si un emprendedor decidiese constituir una Sociedad Limitada (forma societaria más común en España) para iniciar un negocio, estaría obligado a realizar, al menos, los siguientes trámites burocráticos:

  1. Solicitud al registro mercantil de una Certificación Negativa para que éste verifique que la denominación que se quiere dar a la sociedad es única.
  2. Apertura de la cuenta corriente bancaria, depósito del capital social, y obtención del certificado de la entidad financiera detallando el importe aportado por cada socio.
  3. Elaboración de una carta de intenciones por parte de todos los socios que se presentará a Hacienda junto al modelo censal 036 y la Certificación Negativa para la obtención del Código de Identificación Fiscal (CIF) provisional.
  4. Elevación a público de la Escritura de Constitución de la sociedad, que se formalizará en una notaría aportando la documentación anterior.
  5. Pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
  6. Inscripción en el Registro Mercantil.
  7. Legalización de libros (actas y socios) en el Registro Mercantil.
  8. Solicitud del Código de Cuenta de Cotización Seguridad Social, comunicación de la apertura del centro de trabajo, solicitud del libro de visitas, y solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de los socios trabajadores de la empresa si no lo estuvieran.
  9. Solicitud de la licencia de apertura ante el ayuntamiento (o de cambio de actividad o titularidad si anteriormente hubiese existido otra actividad similar en el local).

Como se puede observar el proceso es bastante largo (especialmente la licencia de apertura, que según el ayuntamiento en que se solicite puede demorarse meses) y puede suponer un coste importante para el pequeño emprendedor.

Puesto que existen países donde todo este proceso es mucho más sencillo deberíamos preguntarnos si la actual carga burocrática no está desincentivando a gente para constituir nuevas empresas, debiendo estudiar la legislación de otros países, como Nueva Zelanda, donde la constitución de una sociedad no lleva más allá de 1 día y su coste supone los 200 dólares.

Las consecuencias del abuso del concepto de velocidad del dinero

En mi último artículo reflexioné sobre los problemas que, desde un punto de vista teórico, planteaba el concepto de "velocidad del dinero" frente al de "demanda de dinero". La discusión dista de ser un asunto meramente académico y sin relevancia práctica, ya que de hecho es fuente de numeroso errores analíticos.

El más llamativo probablemente haya tenido lugar en el último año. Desde mediados de septiembre de 2008, la base monetaria de Estados Unidos empieza a aumentar de manera desproporcionada: sólo en tres meses, pasó de 873.000 millones de dólares a 1.671.000 millones. O, por decirlo de otra manera, en Estados Unidos la cantidad de dinero aumentó en un trimestre más que en toda su historia.

No fueron pocos los autores, dentro y fuera de la Escuela Austriaca, que echando mano de la rudimentaria ecuación cuantitativa del dinero predijeron que el país se abocaba a la hiperinflación. ¿Qué si no cabía esperar del hecho de que la cantidad de dinero se duplicara mientras que la cantidad de bienes incluso se redujera debido a la recesión?

Pero, para sorpresa de muchos, Estados Unidos no entró en hiperinflación, sino en deflación. Para una profesión económica que se enorgullece de haber elevado nuestra ciencia a la categoría de las naturales gracias a la adopción a machamartillo del positivismo, debería haber bastado este caso histórico para echar por la borda cualquier credibilidad de la ecuación cuantitativa. Pero como todo misticismo, la ecuación cuantitativa también cuenta con su cláusula de salvaguarda que le sirve para resguardar los muebles siempre que la realidad no encaje con el modelo: Estados Unidos se salvó de la hiperinflación porque, si bien la cantidad de dinero se disparó, la velocidad del mismo se desplomó aún en mayor medida. Así pues, cuando la velocidad vuelva a incrementarse, no sé sabe muy bien a causa de qué, tal vez sí nos enfrentemos a un proceso hiperinflacionario.

El problema de este tipo de razonamientos, como digo, es que por utilizar malos conceptos teóricos llegan a conclusiones que dejan bastante que desear y, sobre todo, que contribuyen a alejar el foco de atención de donde resulta realmente relevante. De hecho, basta que dejemos de pensar en términos de velocidad de dinero y pasemos a hacerlo en términos de demanda de dinero, para que comencemos a ver las cosas con mucha más claridad y lógica.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, la incertidumbre sobre el sistema financiero se dispara y todos los agentes económicos, incluidos los bancos, incrementan su atesoramiento, esto es, aumentan su demanda de dinero. En el caso de los bancos, esto se traduce en que dejan de prestar sus fondos en el mercado interbancario y, en cambio, comienzan a depositarlos en el que es su banco: la Reserva Federal.

Como consecuencia de ello, entre el 15 de septiembre y el 29 de diciembre de 2008, los depósitos de los bancos privados en la Reserva Federal se incrementan desde apenas 8.000 millones de dólares a 784.000 millones.

Pues bien, se da la circunstancia de que la definición de base monetaria es "dinero en circulación + depósitos de los bancos en la Reserva Federal", por lo que el brutal incremento de la demanda de dinero se convierte, por efecto estadístico, en el descomunal aumento de la base monetaria que comentábamos antes.

Como explicamos en el anterior artículo, un incremento en la demanda de dinero provocará un aumento de su valor y, por tanto, una caída del precio de los bienes y servicios, esto es, justo la deflación que hemos vivido a partir de septiembre. Dado que los agentes económicos dejan de gastar y prestar su dinero, los empresarios tienen que vender más barata su mercancía y, si quiebran, enajenar al descuento sus activos.

Ésta es toda la explicación que requiere la misteriosa expansión de la base monetaria que ha provocado deflación y no hiperinflación para sorpresa de muchos cuantitativistas: en realidad no se trataba de un aumento de la oferta de dinero, sino de su demanda. Y es que la cantidad total de dinero no aumentó y, en cambio, sí se atesoraron grandes cantidades.

Se me podrá objetar que en el artículo anterior dejé claro que, siguiendo a Wicksell, la demanda de dinero no es más que la inversa de la velocidad del dinero y que, por tanto, el análisis neoclásico de que la velocidad monetaria se ha derrumbado al tiempo que aumentaba la base monetaria sigue siendo válido correctamente entendido.

Mucho me temo, sin embargo, que la mayoría de quienes recurren a ese análisis no saben de lo que hablan. Por ejemplo, Xavier Sala-i-Martin declara textualmente en la entrevista de Público que "la Fed se ha dedicado a imprimir dinero como loca", cuando eso es simplemente falso. La Reserva Federal no ha impreso prácticamente nada, sino que se ha limitado a actuar como receptora del dinero que los bancos sacaban del interbancario y le depositaban en sus cuentas.

Es más, la idea de que por un lado ha aumentado la oferta monetaria y, por otro, ha caído la velocidad (es decir, ha aumentado la demanda de dinero), como si ambos hechos se hubiesen producido independientemente, es un tanto esquizofrénica, porque en realidad ambos hechos son el mismo: los pasivos de la Fed han aumentado porque ha caído la velocidad del dinero. No se trata, pues, de que una providencial caída en la velocidad del dinero nos haya librado de la hiperinflación: básicamente porque sin esa caída en la velocidad del dinero (aumento en su demanda) nunca se habría producido ese asombroso incremento de la base monetaria.

Y por si fueran pocos todos estos defectos analíticos –que mezclan la inexactitud teórica con la propaganda económica–, su efecto más nocivo ha sido el de desviar el debate del punto en el que debería haberse centrado: qué ha hecho la Reserva Federal con el casi un billón de depósitos que ha recibido de la banca. Todos los economistas se han escandalizado del notable incremento de los pasivos de la Reserva Federal y casi ninguno ha dedicado medio minuto a analizar qué ha pasado con sus activos, cuando ésa es la clave del asunto.

En general, y por resumirlo mucho, la Reserva Federal ha evitado una contracción secundaria pero también ha incentivado la creación de un nuevo descalce de plazos al adquirir un billón de bonos hipotecarios que vencen a 30 años.

Ahí precisamente reside la dificultad y los riesgos de futuro, aunque sólo algunos economistas de la Fed –que sí saben qué están haciendo– parecen darse cuenta. Cuando los bancos privados quieran disminuir su demanda de dinero (desatesorarlo) para volverlo a prestar al sector privado, la Fed tendrá que liquidar esos bonos hipotecarios al descuento, lo que sí supondrá un incremento de la oferta monetaria y una disolución del valor del dólar.

En definitiva, vemos como el uso de malas teorías económicas –en este caso sobre la demanda y el valor del diner–, no sólo nos lleva a malinterpretar la realidad, sino a desviar la atención de las cuestiones realmente clave. Por eso el monetarismo ha sido y seguirá siendo uno de los principales responsables de la crisis actual; una crisis no sólo económica sino también intelectual.

Xenofobia sindical

Formaciones como la neofascista Democracia Nacional y los grupúsculos neonazis y ultraderechistas de todo tipo han encontrado un interesante aliado en el sector andaluz del sindicato del partido que actualmente gobierna España. La Unión General de los Trabajadores de Andalucía ha hecho suyo uno de los lemas favoritos de los herederos hispánicos de José Antonio Primo de Rivera, Benito Mussolini o Adolf Hitler. Sin utilizar esas mismas palabras, el secretario del Sector Agroalimentario de la UGT de Sevilla, Emilio Terrón, ha venido a decir eso de "los españoles primero".

Pretende el señor Terrón que no se contraten extranjeros para la recogida de la aceituna. Acusa a los empresarios agrícolas de querer "importar" trabajadores rumanos para pagar sueldos menores mientras las oficinas de empleo "están llenas de parados" españoles. Se trata de mostrar de manera dulcificada –algo muy apropiado para su apellido– el clásico y falso argumento ultraderechista de que los inmigrantes "roban" el trabajo a los nacionales al cobrar menos que los de aquí. Lo que propugna el sindicalista sevillano es ni más ni menos que un mezquino proteccionismo laboral cargado de populismo, en un momento en el que millones de desempleados buscan una explicación a su situación y soluciones aparentemente simples a la misma.

Lo que no plantea el líder sindical, ni ningún otro xenófobo que recurre al argumento económico, es que "proteger" al trabajador nacional frente al extranjero no es una solución real. De hecho, si se aprueban leyes en ese sentido lo único que se logra es fomentar el trabajo irregular de inmigrantes y poner a estos en un lugar de mayor indefensión. Incluso en el caso de que funcionaran y se consiguiera frenar la inmigración, tampoco eso beneficiaría a los autóctonos que buscan empleo. Al reducir de forma artificial la oferta de trabajadores, los sindicatos presionarían para regular y encarecer aún más la contratación de forma que se mantendrían las tasas de paro.

Además, ningún supuesto interés nacional justifica que se viole el derecho básico de cada persona de tratar de conseguir una vida mejor allá donde lo considere adecuado. De hecho, lo necesario es abrir las fronteras a las mercancías, lo que llevaría el desarrollo económico a muchos lugares del mundo y a los seres humanos.

Una consecuencia nociva adicional de lo expresado por el sindicalistas sevillano es que fomenta el rechazo al extranjero. Con sus declaraciones transmite a los ciudadanos que la solución a sus problemas está en impedir que trabajen los procedentes de otros países. Dado el inmerecido prestigio de los sindicatos en ciertos sectores de la sociedad, Terrón ha dado carta de legitimidad a la peligrosa idea nacionalista de "los españoles primero". Cuando desde UGT denuncien el racismo y la xenofobia, o alerten sobre un crecimiento real o ficticio de la ultraderecha, alguien deberá recordarles que ellos tienen buena parte de responsabilidad.

¿Libre mercado o intervencionismo?

La crisis económica está generando apasionantes debates cuya importancia para el pensamiento económico es capital. Tal relevancia puede ser comparable a la que tuvieron las discusiones en los años 30 entre dos grandes economistas, el austriaco y liberal Hayek contra el británico e intervencionista Keynes. Ahora, como entonces, el debate está girando sobre dos ejes clave.

En primer lugar, ¿cuáles son los orígenes de la crisis? ¿Se ha debido a la excesiva desregulación y a la ausencia de controles e intervenciones públicas sobre los mercados libres (como defiende el Nobel Joseph Stiglitz)? O por el contrario, ¿se ha originado por las masivas intervenciones de instituciones públicas o semi-públicas (p.ej. Bancos Centrales) en los sectores financiero, bancario e inmobiliario (como piensan otros analistas como Alberto Recarte)? Dependiendo de qué posición defienda, obviamente realizará sus recomendaciones de política económica en esa dirección, no sólo como medidas para paliar y salir de la crisis, sino como "modelo económico de referencia" para no volver a situaciones como ésta. Así, si cree que el problema ha sido que el mercado libre ha fallado, recomendará mayor grado de intervención estatal. Y si cree lo contrario, abogará por reducir el peso del sector público.

El segundo eje del debate es el que está dando más que hablar en las últimas semanas, y está relacionado con la salida de la crisis. ¿Ha comenzado ya la recuperación (como afirman FMI, la FED o el BCE)? ¿Cómo será ésta: adoptará forma de "V", "W", o "L"? Pero lo que quizás sea más interesante preguntarse y discutir sea: ¿Por qué, o gracias a qué o a quiénes, nos recuperaremos de la crisis? Aquí de nuevo tenemos, en resumidas cuentas, dos respuestas. O bien la recuperación se debe a las políticas de estímulo de los gobiernos y bancos centrales (expansión del gasto público, rescates masivos de entidades financieras, ayudas públicas a sectores en apuros, inyecciones masivas de liquidez y expansiones monetarias, reducciones intensas de las tasas de interés…), o bien la recuperación se produce debido a los "naturales" procesos del mercado libre, que tiende a reajustarse con relativa rapidez y que, en todo caso, han sido obstaculizados y retrasados por esas políticas públicas anticrisis.

Realmente, no son cuestiones fáciles de dilucidar con plena exactitud, especialmente si no se cuenta con un aparato teórico adecuado. Así que la disensión entre los analistas y expertos está garantizada: difícilmente un economista keynesiano se pondrá de acuerdo en estas cuestiones con un economista austriaco. Tenga en cuenta que tras más de 70 años después de la Gran Depresión, los economistas no se han puesto de acuerdo ni acerca de sus orígenes ni de las razones de su longeva existencia, ni tampoco coinciden en ponerle el mismo final. Por tanto, no hay ninguna razón por la que hoy se vaya a alcanzar un consenso instantáneo.

Usted quizá se esté preguntando con cierta indignación y desconcierto: ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo los economistas de una puñetera vez? ¿Acaso es tan difícil examinar los datos y gráficos, y utilizar las sofisticadas herramientas estadísticas para llegar a unas conclusiones verdaderas?

Siento defraudarle, pero no es tan sencillo, principalmente debido a las fuertes limitaciones del análisis empírico para extraer conclusiones teóricas firmes en economía. Para comprender esto, piense en este sencillo ejemplo. Usted contrae un catarro y para curarse decide por primera vez no tomar jarabe, siguiendo los consejos de su amigo vegetariano. En este periodo, le suceden varias cosas: un día llega mojado a casa por una lluvia torrencial, otro día hace un frío inesperado, y una noche se deja la ventana abierta al dormir. El catarro se alarga más de la cuenta. ¿Se atrevería usted a maldecir a su amigo por su recomendación? ¿Hubiera acortado el jarabe el catarro? ¿Cuál fue la causa del alargamiento de éste?

Si tiene dificultades para responder, ahora tenga en cuenta que la economía, como ciencia social, estudia las complejas relaciones de intercambio y cooperación que se dan entre millones de seres humanos, y que infinidad de fenómenos acontecen simultáneamente. Así, mientras el gobierno está aplicando sus medidas intervencionistas anti-crisis, la gente olvidada está intentando salir adelante para evitar las nefastas consecuencias de la recesión. Mientras el gobierno interviene y, a pesar de ello, el necesario ajuste de precios y reajuste de la estructura productiva se están llevando a cabo (España sería un caso aparte). Millones de individuos se movilizan durante etapas de crisis, modificando y adaptando sus planes de ahorro, consumo e inversión a lo que el entorno marca. ¿Por qué, entonces, debemos atribuir el éxito de la recuperación a unas ínfimas decisiones (si se las compara con las decisiones de millones de agentes económicos) tomadas por el insaciable poder político y burocrático?

Pero entonces, ¿cómo puede pensar quien escribe estas líneas que los gobiernos están siendo el problema en la situación actual, teniendo en cuenta lo que dije arriba? La clave está en la teoría económica. Sin una buena teoría, lo más fácil es dar palos de ciego con datos sin sustancia y fenómenos a los que sólo se pueden encontrar explicaciones arbitrarias, nada sistemáticas. Por ello la macroeconomía moderna, basada principalmente en fundamentos keynesianos y monetaristas, está todavía en estado de shock

Los instrumentos del banco central para expandir el crédito

El sistema basado en el patrón oro impidió a los gobiernos extenderse y crecer debido a las grandes restricciones presupuestarias a las que se veían sujetos. Sin embargo, desde que el Estado expropió el oro, la inflación empezó a utilizarse como recurso de autofinanciación. De ahí que Jacques Rueff hablase de "era de la inflación".

El proceso inflacionario debe entenderse no como el aumento generalizado de precios, sino como el incremento de la cantidad de dinero en el sistema económico como consecuencia de políticas monetarias, que suele producir (aunque no siempre) un aumento de los precios porque la moneda pierde valor adquisitivo y calidad. La inflación es, por tanto, un fenómeno monetario causado por la expansión crediticia por parte de las autoridades monetarias.

Bajo el sistema de patrón oro la estabilidad del oro era tal que su valor variaba muy lentamente. Si el stock de oro se modificaba (producción nunca por encima del 4 por ciento anual), los precios relativos tendían a ajustarse a la nueva cantidad. En un sistema de Banca Central en el que se sustituye el dinero-mercancía por dinero fiat, las autoridades monetarias pueden manipular la oferta monetaria y expandir el crédito a discreción. Cuando el objetivo de las autoridades monetarias es el de introducir más dinero en circulación, se habla de política monetaria expansiva.

Dentro de las operaciones que amplían la base monetaria podemos distinguir las que son externas al banco central (autónomas) y las que son internas (controlables). Las operaciones externas serían los superávit de la balanza de pagos (sector exterior). Si hay saldo positivo en el comercio exterior porque las exportaciones superen a las importaciones, las reservas en divisas aumentarán provocando un aumento en la base monetaria.

Nos interesa resaltar y prestar más atención a las operaciones internas, ya que son las operaciones utilizadas por el banco central para controlar la base monetaria, y de esa manera influir en la oferta monetaria y expandir el crédito. Dentro de estos instrumentos de control, encontramos las siguientes:

Operaciones de mercado abierto. Son las operaciones de compra-venta que lleva a cabo el banco central con las entidades financieras en el mercado abierto para adquirir o desprenderse de títulos de deuda pública (letras, bonos y obligaciones). Si compra deuda pública, incrementará el activo en la cuenta de crédito sobre el sector público, por lo que tendrá que aumentar el pasivo monetario (creación de dinero). Las entidades financieras se desprenden de valores de renta fija por liquidez, que podrá ser utilizada para conceder más préstamos. Es la herramienta más importante de control monetario de los bancos centrales.

Préstamos a la banca. Las autoridades monetarias pueden aumentar el dinero en circulación otorgando préstamos a los bancos. El tipo de redescuento es el interés que cobra el banco central a los bancos que acuden a descontar títulos previamente descontados por ellos. Estos créditos se realizan, principalmente, a través de operaciones de mercado abierto y a través de facilidades permanentes. Las tasas de descuento que fijan los bancos centrales por realizar el redescuento resultan de gran importancia para el conjunto de la economía ya que sus cambios están relacionados directamente con la cantidad de dinero que circula en el mercado. Si reduce la tasa, hará más atractivos los préstamos bancarios en la ventanilla de descuento. Las entidades financieras solicitarán mayores importes (expandiéndose de esta forma la base monetaria) y los empresarios dispondrán más fácilmente de dinero para invertirlo en sus proyectos.

Operaciones de cambio. Cuando el banco central compra y vende activos en moneda extranjera. La compra de activos externos tiene efectos sobre la cantidad de dinero en la economía ya que aumenta la oferta de dinero.

Coeficiente de caja. El banco central decide las reservas mínimas, es decir, el mínimo de reservas que deben tener los bancos en proporción a los depósitos a la vista para poder satisfacer la demanda de efectivo por parte de los depositantes. El coeficiente de caja (o encaje bancario) indica el porcentaje de los depósitos que ha de mantenerse líquido, es decir, sin prestarse. Actualmente, éstos deben tener, al menos, un coeficiente de caja igual a un 2 por ciento de sus depósitos en el caso europeo. Si el banco central decide reducir el coeficiente de caja, estará propiciando que los bancos reserven menos dinero y presten más, con lo que la cantidad de dinero en circulación será mayor, aumentándose la oferta monetaria. Si baja el encaje se expande el crédito mediante el multiplicador monetario.

Vigilante

Italia está un poco revuelta porque Silvio Berlusconi está intentando poner orden en un fenómeno que tiene allí, según parece, bastante arraigo. Se trata de la creación, a veces espontánea y efímera, otras de un modo más arraigado y permanente, de organizaciones vecinales que proveen un servicio de seguridad a la comunidad.

Es claro que con la expresión vigilante, cuyo origen español es evidente, se puede referir uno a la organización de grupos ciudadanos para la comisión de crímenes socialmente aceptados, al menos por una parte de los vecinos: la represión de los miembros de cierta raza o de los extranjeros, pongo por caso. En tal caso de lo que hablamos es de crimen organizado. Pero generalmente a lo que nos referimos con los vigilantes es a organizaciones creadas para reprimir el crimen o aminorarlo, no para cometer actos criminales.

La Policía pública no es la única solución al problema del crimen. Es claro que todos tenemos derecho de defendernos. También podemos contratar en el mercado a compañías especializadas en la defensa de nuestra casa, nuestra urbanización o nuestro barrio. Pero también cabe, como en otros ámbitos de la vida, que sea la propia sociedad local la que se organice para hacer cumplir la ley, como pueden organizarse para cualquier otro cometido de interés social.

Estos grupos tienen la ventaja de manejar un conocimiento cercano a los problemas locales. Además refuerzan los lazos sociales, y esa misma fortaleza desincentiva la actuación criminal. Tienen el riesgo de ponerse al servicio de la represión de actividades legítimas que consideren inmorales.

La experiencia de los Estados Unidos, que no tiene porqué ser muy diferente de la de otros países, es que estos grupos se crean cuando las instituciones encargadas de mantener la ley y el orden han fallado, mientras que, como dice Bruce L. Benson en To serve and protect refiriéndose a varios casos históricos, “las organizaciones vigilantes se formaron para reestablecer la ley y el orden, no para desafiarlos”.

Los vecindarios no tienen control sobre su propio desarrollo, ya que las calles y el urbanismo son de carácter público, y ello permite que se incrusten en esa sociedad actividades que son socialmente perjudiciales y que hacen caer el valor del barrio. Uno sólo tiene que observar la diferencia entre un barrio público y una urbanización privada por lo que se refiere a la incidencia de venta de droga o a la prostitución.

En ocasiones no hay que recurrir a la violencia. Como el caso de los gorras naranjas (orange hats) de Anacostia, Washington D.C., que se apostaban frente a los camellos en sus puntos de venta ataviados con una gorra de ese color. Los vendedores de droga se ponían nerviosos, lanzaban amenazas, pero acababan yéndose. Luego compraron cámaras de video, y los filmaban. Desaparecieron de las calles, pero no dejaron, seguramente, de realizar su negocio. Sólo que ya no estaba tan a la vista.

Los grupos vigilantes, si violan la ley, son como cualquier otro de los que ya viven en nuestras ciudades. Y si no lo hacen, pueden llegar a ser su mejor aliado.