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Crónica desde Aranjuez

Voy a referirme en esta columna a los Cursos de la URJC en Aranjuez, donde el IJM celebró su IV Universidad de Verano la penúltima semana de julio. Resumiré aquí la primera Jornada que tuvo lugar el lunes día 20, coincidiendo con las noticias tergiversadas del diario Público acerca del Instituto y el informe sobre energías renovables (sobre lo que se pueden leer las puntualizaciones de las notas de prensa y un artículo del presidente publicado justo ese mismo día en la página web).

Esa mañana se estuvo tratando sobre La tradición liberal. Gabriel Calzada abría las intervenciones con su ponencia sobre Juan de Mariana, dado que este año se celebran los 400 años de su tratado De monetae mutatione. Lo que el Instituto va a conmemorar con una edición trilingüe del texto (latín, español e inglés) al tiempo que participa en la organización del evento del Mises Institute "Salamanca: cuna de la teoría económica".

Después de resumir la vida y circunstancias históricas del Padre Mariana, Calzada explicó por qué son destacables algunas aportaciones de la Escuela de Salamanca a la tradición liberal, recordando las observaciones de Schumpeter, Mises o Hayek: desde las reflexiones más teóricas sobre la teoría del valor, del dinero y de los precios hasta sus consideraciones sobre los límites del estado y del poder político; sobre los ámbitos de decisión del individuo; sobre la coordinación espontánea de la sociedad; o sobre los mecanismos de cooperación y división del conocimiento como forma de luchar contra la escasez.

Mariana destacó particularmente, lo sabemos ya bien en esta web, por su oposición al resellado y alteración metálica de las monedas, demostrando que era una forma ilegítima de obtener dinero de los súbditos; aparte del efecto distorsionador que producía en los precios, en los cambios y en el comercio. Como después ha quedado bien patente, este tipo de inflación es sencillamente un impuesto injusto y peligroso para la estabilidad económica.

El recorrido histórico de La tradición liberal siguió por la tarde por sendas conferencias de Paloma de la Nuez y de quien suscribe estas líneas. En mi caso, me referí a cómo llegó el pensamiento escolástico español hasta la Ilustración Escocesa, a través de los llamados filósofos iusnaturalistas (Hugo Grocio y Samuel Pufendorf) del siglo XVII. Y es que podemos rastrear perfectamente la pervivencia de muchas ideas salmantinas en los maestros de Adam Smith: Gershom Carmichael o Francis Hutcheson. En esta ocasión lo vimos en torno al concepto de valor y de común estimación, que muestran una sorprendente continuidad a lo largo de casi trescientos años; así como en el análisis del precio y los factores que intervienen en su composición.

Paloma de la Nuez, profesora en la URJC, nos llevó hasta el más cercano pensamiento político de Friedrich Hayek recordando su permanente vida de académico heterodoxo. Aunque recibiría el Premio Nobel de Economía en 1974, Hayek estuvo casi siempre al margen de las ideas "políticamente correctas" que triunfaron a lo largo de su biografía: desde la trágica aventura social-comunista (también denunciada por Mises), la propuesta keynesiana ante la Gran Depresión, o la consiguiente fascinación por el Welfare State después de la II Guerra Mundial. Sin embargo, el tiempo le ha venido dando la razón, demostrando que la verdadera tradición liberal es lo que ha permitido la superioridad de Occidente; ya que radica en sus mayores cotas de libertad.

La ponencia de la doctora De la Nuez suscitó un copioso debate; lo mismo que las dos intervenciones del profesor compostelano Miguel Anxo Bastos. Con un estilo vitalista y lleno de fuerza reflexionó en voz alta sobre la libertad individual y la naturaleza del Estado. Explicaba que encuentra una carencia en la Escuela Austriaca: su Teoría del Estado. A pesar de todas las prevenciones hacia el abuso de poder, desde esa visión del "monopolio de la violencia legítima", considera que tan solo Rothbard formuló una teoría completa; claro que desde su perspectiva quasi-anarquista.

Para Bastos, el Estado es el enemigo de la libertad. Por tanto, hay que educar a la sociedad en una sana desconfianza hacia los poderes públicos. Particularmente en el aspecto económico, ya que no deberíamos hablar de "fallos del mercado" para justificar la existencia del Estado: si verdaderamente se dan intercambios libres entre los individuos, aquello no puede considerarse ineficiente (aunque lo matizaba con algunas consideraciones de tipo ético).

En definitiva, Bastos considera que no se puede justificar la existencia del Estado, ya que se ha convertido en una máquina de predación. Su herramienta es la violencia, como bien subraya la frase de Bourne: "la guerra es la salud del Estado" (que explicaba hace tiempo y con más detalle José Carlos Rodríguez en estos comentarios).

Sobre la asimetría entre trabajador y empresario

Hace unas semanas estuve hospedado en un hotel durante tres días. Se trataba de un hotelito familiar, de categoría baja, aunque bien atendido. Algo que siempre me interesa es la hora a que se puede desayunar, pues con ella empieza mi día cuando estoy en el extranjero. Así que me informaron puntualmente de que se podía desayunar a partir de las siete de la mañana.

En la práctica, este servicio se prestaba por una chica contratada por la dueña del hotel, que venía a llegar a las seis, limpiaba la cafetería, preparaba la terraza y, eventualmente, atendía las peticiones de desayuno. Así ocurrió los dos primeros días, y puntualmente disfrute de mi colación.

Pero al tercer día no ocurrió tal. En efecto, a las seis de la mañana nadie estaba limpiando el salón, y a las siete ni estaba la terraza puesta ni había a quien pedir el desayuno. Así que me acerqué a recepción a ver qué ocurría, obteniendo la evidente respuesta de que la chica encargada no se había presentado, y que estaban tratando de localizarla. Por acortar, la historia terminó con la recepcionista despertando a la empresaria de su seguramente merecido sueño, y con ésta abriendo el restaurante a las siete y media, y preparándome unas deliciosas crepes.

Esta simple anécdota revela importantes características sobre la relación entre empresario y trabajador, y que llevan a cuestionar la supuesta asimetría negociadora entre ambas partes que, entre otras cosas, justifica la regulación laboral y la existencia de sindicatos.

En primer lugar, no se debe de olvidar que de los dos recursos básicos u originarios (tierra, trabajo), únicamente es el trabajo el imprescindible. No hay forma de acometer un proyecto empresarial, por muy automatizado que sea, sin presencia humana. En cambio, sí se pueden acometer empresas sin disponer de recursos naturales (por ejemplo, la canción de un cantante, o el consejo de un abogado). Así que es evidente que el empresario necesita del trabajador: sin trabajador no hay empresa.

La ausencia de la limpiadora-cocinera el día de autos tenía que ser suplida como fuera por el empresario, que corría el riesgo de ver toda su inversión arruinada, activos que posiblemente le habían costado más de lo que pagaría a la chica en toda su vida laboral, si no tomaba ninguna decisión. En este caso, no le quedó más alternativa que levantarse a prepararme el desayuno.

¿Es mutua la dependencia? ¿Depende el trabajador del empresario? De forma irreflexiva, se podría responder que sí, pues es el empresario el que le paga el salario. Sin embargo, el trabajador es el único de los recursos de la empresa que la puede abandonar a su gusto sin ninguna pérdida. Si el empresario decide abandonar la empresa, perderá su inversión.

Más aún: el trabajador puede decidir hacer la competencia al empresario, puede integrarse verticalmente hacia delante y formar su propia empresa. Así que no solo el trabajador puede decidir no trabajar, o cambiar de empresa, es que tiene en sus manos crear su propia empresa. Compárese con las posibilidades del empresario al respecto del trabajador.

Realmente, no sé qué pasó con la protagonista ausente de la anécdota. Pero podemos imaginarnos que tal vez encontró un puesto de trabajo mejor, más cerca de su casa o mejor remunerado o más interesante, y no juzgó necesario comunicárselo a su jefa. O a lo mejor ese día no tenía ganas de trabajar. Sea como fuera, la situación deja a la empresaria en su verdadero lugar, como una persona con gran parte de su patrimonio invertido en una finalidad y dependiendo para su recuperación completamente de los caprichos de otro ser humano.

Evidentemente, los "caprichos" del trabajador se ven atenuados por su deseo de mejorar su vida y por la competencia que le suponen los restantes trabajadores, en esencia, por su instinto de supervivencia. Pero eso no cambia el análisis realizado: existe una asimetría de dependencia entre ambas partes del mercado, que no es tan aparente en los mercados de otros tipos de bienes y servicios.

Lo curioso es que, a mi modo de ver, esa asimetría en el mercado libre es contraria a la que encontramos en los mercados intervenidos. En el mercado libre, el empresario depende del trabajador; en el mercado intervenido, con la regulación de un salario mínimo y demás derechos sociales, se produce un exceso de oferta del factor trabajo, y la asimetría pasa a ser la contraria: es el trabajador el que depende para su subsistencia del empresario, que puede encontrar con (cierta) facilidad sustitutos.

Una vez más, reluce en todo su esplendor la gran paradoja del intervencionismo: la regulación implementada para equilibrar el poder de negociación entre empresario y trabajador, nominalmente para mejorar la posición de éste, son la causa última del mayor poder de negociación del empresario.

La dificultad de las predicciones económicas

En el anterior artículo comentaba algunas de las limitaciones del análisis empírico en la economía, poniendo de manifiesto la compleja y esquiva relación de causalidad entre los fenómenos económicos y sociales. Al fin y al cabo, suele ser la "visión" –que, según Schumpeter es el "acto cognoscitivo pre-analítico"– o los biases del analista –o prejuicios, de los que tanto le gusta a hablar a Russell Roberts– los que en muchos casos configuran la perspectiva sobre la realidad de éste.

Así, por ejemplo, para algunos el llamado "milagro asiático" de las décadas pasadas es prueba de que la planificación estatal puede favorecer el desarrollo, mientras que para otros es prueba de las bondades de la libertad económica. No es casualidad que entre los primeros estén economistas intervencionistas como Joseph Stiglitz, y entre los segundos liberales como Benjamin Powell. No obstante, esto no significa que no exista una explicación más certera que la otra, ni que sea imposible acceder a la versión más adecuada de los hechos. Simplemente muestra cómo a un mismo episodio histórico se le pueden dar interpretaciones contrapuestas según los esquemas teóricos e ideológicos del analista.

Relacionado con la limitación de los estudios empíricos está la extrema dificultad de la predicción: en pocas palabras, el futuro que se intenta predecir no existe, y lo más probable es que las circunstancias que existen hoy, ya no existan mañana ("el futuro no es un por-venir, sino un por-hacer"). Así, las teorías económicas no deberían buscar predecir, sino establecer marcos de explicaciones de fenómenos. La predicción correspondería a analistas que aplican esas teorías y utilizan elementos de juicio propios para estimar el futuro (ejerciendo la función empresarial).

Pero a pesar de esto, la predicción es una de las metas que ansía (vana y malamente) conseguir la economía matemática y sofisticada que caracteriza el actual mainstream. No en vano, en uno de los artículos que más han influido a la metodología de la línea dominante, La metodología de la economía positiva (1953), Milton Friedman decía que "El objetivo último de una ciencia positiva es el desarrollo de una ‘teoría’ o ‘hipótesis’ que genere predicciones válidas y significativas sobre fenómenos que todavía no se han observado". Curiosamente, si utilizáramos su propio criterio (y también otros alternativos) para validar o refutar sus ideas y teorías en relación a la coyuntura económica y a la macroeconomía en general, éstas deberían desecharse sin ninguna duda. Solo hace falta ver las pésimas predicciones que realizó el mismo Milton Friedman en una entrevista de 2005.

Desafiando frontalmente esta visión están los teóricos cercanos a la Escuela Austriaca. Sin embargo, aquí, como en todo, nadie está libre de pecado. En la ponencia de clausura de la fantástica IV Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, Carlos Rodríguez Braun nos deleitó con un poco de autocrítica, exponiendo cinco errores que él percibe en los liberales. El primero de ellos se refería a la predicción y la teoría del ciclo económico, y en concreto, a la presente crisis. Según Braun, ni quienes disponen de una correcta teoría del ciclo (los austriacos) pueden predecir, por lo que advirtió de los peligros de ello. Así, no se debería poner énfasis en el potencial predictivo de la teoría del ciclo, afirmó, ya que eso sería abrir un flanco a los intervencionistas en caso de que la predicción no resulte del todo correcta, o aun siendo correcta, haya fallado el timing.

En la actual crisis, que ha cogido desprevenidos a la mayoría de economistas (aunque luego traten por todos los medios de sacarse alguna explicación de la chistera), los teóricos de la Escuela Austriaca han sido quienes de manera generalizada mejor han visto venir la crisis económica y financiera. Los ejemplos de artículos austriacos alertando sobre lo artificial y peligroso del boom son numerosos; Jesús Huerta de Soto, Peter Schiff o Ron Paul, desde sus distintos ámbitos, vieron de manera bastante acertada lo que estaba sucediendo durante los años de auge, y pronosticaron la actual recesión, siguiendo el esquema de la teoría austriaca del ciclo económico. Los análisis del Observatorio de Coyuntura Económica también se han mostrado muy atinados desde sus comienzos allá por noviembre de 2007, cuando pocos alcanzaban a ver lo que se nos venía encima.

A la vista de estos ejemplos, parecería que las predicciones que han realizado estos autores han sido, o deberían ser, muy positivas para dar crédito a las ideas austriacas. Pero por el otro lado, también ha habido predicciones que hasta el momento no se han materializado, y que podrían servir como descrédito de los autores que las realizan, y las teorías que defienden. Me refiero, especialmente, a los pronósticos de hiperinflación casi inminente (al ver la explosión de la base monetaria) que han realizado numerosos analistas cercanos a la Escuela Austriaca, como Thorstein Polleit del Mises Institute, Robert Higgs del Independent Institute, Peter Schiff, Jim Rogers o James Turk de GoldMoney.

Estos fallos a la hora de intentar predecir mostrarían los peligros que existen de difundir este tipo de estimaciones sobre el futuro, especialmente si se acompañan con referencias temporales concretas. Sin embargo, ¿son estos errores predictivos (e.g. "habrá hiperinflación") causados por la dificultad de predecir per se? Podría ser, pero otra posibilidad es que existan inadecuaciones en la teoría que manejan los autores que realizan las predicciones, y que por tanto el error sea teórico.

Con todo, aun con el mejor aparato teórico que pueda existir, ¿quién se atrevería a pronosticar cuándo acabará la crisis? ¿A qué tasa de paro llegará nuestro país? ¿O cuál será la siguiente estupidez que se les ocurra al escuadrón de incompetentes que tenemos la suerte de tener como gobernantes y autoridades?

Como es habitual, el profesor Rodríguez Braun ofreció un punto de vista apasionante para la discusión.

Problemas en alta mar

En el anterior artículo, A la conquista del océano, explicaba en qué consiste la colonización del mar que promueve Patri Friedman y su Seasteading Institute. La idea es crear comunidades en el océano que escapen a la jurisdicción del Estado, experimentando con nuevos sistemas políticos y disfrutando de libertades que los gobiernos no respetan en tierra firme. Friedman opina que los intentos de crear comunidades liberales en el pasado fracasaron por no emplear una estrategia incrementalista (Freedom Ship, Aquarious Project) o reivindicar parcelas de tierra que ya están bajo la jurisdicción de algún Estado (República de Minerva, Laissez Faire City). Alta mar es el salvaje oeste de nuestro tiempo.

En este artículo destacaré las principales objeciones a la iniciativa de Friedman y algunas contra-réplicas, no siempre convincentes.

¿De dónde obtendrán la energía las plataformas marinas? ¿No se balancearán con el oleaje? ¿Qué sucede si algún ocupante se pone enfermo? ¿No son un blanco fácil para los piratas? Friedman recuerda que más de 30 millones de personas anualmente ya viven en ciudades flotantes en forma de cruceros con energía, comida, servicios diversos y protección contra las olas por precios tan bajos como 60 dólares la noche. Solo en aguas estadounidenses hay 1500 plataformas de gas y petróleo. El concepto de la ciudad flotante, por tanto, no es ciencia ficción. Los ingenieros del Seasteading Institute están adaptando los diseños existentes a los objetivos del proyecto colonizador, que implica nuevos retos en materia de confort, estabilidad y seguridad.

En cuanto a los piratas, ellos también hacen análisis de costes/beneficios: ¿por qué atacar plataformas con gente armada dispuesta a defender su hogar cuando puedes atacar barcos de carga de una corporación, con pocos tripulantes, escasamente armados y nada dispuestos a arriesgar su vida por un cargamento que no es suyo? Friedman arguye que las plataformas, siendo residenciales, serán más parecidas a un crucero que a un buque de carga, lo cual significa más peligro y menos recompensa para los criminales. Las plataformas tampoco son vendibles o utilizables como lo es un barco capturado, y frente a armas de poca envergadura (estamos hablando de piratas, no de un ejército) su defensa es análoga a la de un castillo de hormigón.

Hay, no obstante, dos críticas fundamentales al seasteading de las que no está claro que el proyecto salga indemne. La primera la formula Mencius Moldbug: para ir a vivir a una plataforma en medio del océano no basta con que seas un apasionado de la libertad, tienes que ser un apasionado del mar. Hasta que no construyan plataformas capaces de albergar aeropuertos con vuelos regulares los habitantes de las colonias estarán tan aislados como las comunidades dispersas en el interior de Alaska. ¿Quién está dispuesto a emigrar a Alaska? Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el Free State Project es reclutar a liberales dispuestos a dejar atrás su casa, su trabajo, sus amigos etc. para desplazarse a otro territorio. El seasteading tiene el mismo problema al cuadrado, pues demanda de los partícipes un sacrificio aún mayor. No solo se trata de ir a vivir a una plataforma apartada, sino que además es en un medio físico distinto al que hay que adaptarse, y no dispondrá de la mayoría de comodidades de la vida moderna, al menos al principio.

Según la aproximación incrementalista de Friedman no es necesario un desplazamiento masivo como el que exige el Free State Project, basta que haya unas decenas de pioneros que sean seguidos por otros cientos a tiempo parcial (segundas residencias, vacaciones etc.) y luego por más gente a tiempo completo, conforme las comunidades crezcan y las plataformas dispongan de más servicios. La colonia en alta mar puede resultar atractiva a quienes desean experimentar con nuevos sistemas sociales o quieren disfrutar de servicios singulares gracias a su estatus exclusivo (hospitales desregulados con precios más baratos, casinos no sujetos a impuestos, consumo legal de drogas etc.). Pero aún así es necesaria una masa crítica de pioneros, y hasta ahora el proyecto parece haber llamado más la atención de apasionados de la tecnología que de amantes del mar. Como advierte Moldbug, un buen test para cualquier proyecto de "evasión" es su habilidad para atraer a gente normal y razonable, cuya visión del proyecto no es excesivamente romántica o ideológica.

La segunda crítica la han expresado numerosas voces: aunque la jurisdicción de los Estados termine en la actualidad a 10 kilómetros de la costa, no tolerarán que surjan comunidades que amenacen su legitimidad o su fuente de ingresos. Pueden permitirse el lujo de ignorar la iniciativa mientras no tenga repercusión, pero si llega a tener visos de éxito pondrán su maquinaria de propaganda en marcha para convencer a la sociedad de que las comunidades seasteading son sectas peligrosas o libertinas que hay que eliminar. A la derecha se la puede asustar acusando a las colonias de ser factorías de marihuana o refugios de terroristas. A la izquierda basta decirle que son paraísos fiscales con libre mercado irrestricto que drenan recursos a su Estado del Bienestar. Los colonos tendrían a la mayoría de la sociedad en su contra.

En realidad, no es tan simple. Hoy existen numerosos paraísos fiscales y países con leyes laxas en materia de drogas blandas, prostitución, eutanasia etc. y su soberanía ha sido respetada por los demás Estados. No obstante, sí se está ejerciendo presión sobre los paraísos fiscales para que suspendan el secreto bancario y armonicen sus impuestos y regulaciones. Si la mayoría de Estados grandes se sienten legitimados para someter así a pequeñas naciones soberanas con más motivo intentarán sojuzgar a comunidades privadas que supongan una amenaza, aunque se ubiquen en alta mar. Una posibilidad para los colonos sería aliarse con empresas o grupos de interés poderosos que pudieran dotar de legitimidad al proyecto, influir en la sociedad o presionar al Estado. Por ejemplo, si en una plataforma o en un navío en la costa californiana se ofrecieran servicios sanitarios al margen de las leyes estatales la American Medical Association (AMA) seguramente pediría la ilegalización del navío o la prohibición de que entrara en puertos americanos. Pero si la colonia se asocia con una compañía de cruceros o de seguros médicos podría adquirir más legitimidad e influencia para contrarrestar el poder de la AMA.

Patri Friedman argumenta que no hay que dar a los Estados excusas para que les invadan. Por ejemplo, sería obviamente insensato permitir que grupos terroristas o guerrillas blanqueen dinero en la colonia, producir drogas para exportarlas a países donde son ilegales, o investigar o fabricar armas de destrucción masiva. Pero es probable que al Estado le basten excusas mucho más espurias para intervenir y la única forma de evitar una confrontación sea replicando su estructura y marco legal con ligeras diferencias, echando por tierra la aspiración de Friedman de experimentar con leyes y sistemas políticos.

La velocidad del dinero, un concepto a abandonar

La velocidad del dinero es uno de los conceptos que tiene una mayor raigambre dentro de la ciencia económica. Richard Cantillon o Henry Thornton ya se referían a la "rapidez de circulación" para explicar los movimientos de los precios en función de si la "cantidad de dinero" se movía más o menos veces en una economía.

La finalidad de estos economistas al desarrollar el concepto de velocidad de circulación era, en un principio, refutar las falacias mercantilistas de que la actividad comercial de un país dependía de la cantidad de metales preciosos. Tanto Cantillon como Thornton, el primero un banquero privado, el segundo hermano del gobernador del Banco de Inglaterra, querían demostrar que un volumen minúsculo de metales preciosos permite realizar transacciones sobre un volumen enorme de mercancías si esos metales circulaban con la suficiente rapidez (lo que generalmente sólo sería posible con el incipiente sistema de crédito bancario que Cantillon y Thornton presenciaron).

Obviamente, el análisis de la velocidad de circulación del dinero también iba ligado al estudio de cómo la mayor o menor circulación (esto es, cómo la mayor o menor extensión del crédito bancario) influía a medio plazo sobre los precios.

Hasta aquí podríamos hablar de un uso legítimo y apropiado del concepto. El problema es cuando, bajo la influencia del cuantitativismo y de su mecánica ecuación, tratamos de utilizar la velocidad de circulación como un determinante del valor del dinero.

El valor del dinero, como el de cualquier otra mercancía, depende de su utilidad marginal, esto es, de la intensidad de la demanda sobre la oferta existente. En la ciencia económica actual, incluso entre muchos austriacos, se habla con soltura de "oferta monetaria" pero rara vez se menciona el término de "demanda monetaria". Lo sustancial parece ser cuántas "vueltas" da una cierta cantidad de dinero en la economía y no durante cuánto tiempo el agente económico está obteniendo utilidad de una determinada cantidad de dinero.

Y, sin embargo, lo esencial para un economista que acepte el individualismo metodológico debería ser estudiar cómo las decisiones individuales (que pueden tener muy variadas influencias) afectan a su entorno social. El estudio de la velocidad del dinero se fija en el resultado agregado de las acciones humanas, pero no es capaz de explicar cómo las acciones humanas concretas dan lugar a ese resultado agregado. Al fin y al cabo, lo agregado no es obra de nadie en particular, sino de todos en conjunto; difícilmente, pues, podremos establecer un nexo entre la acción humana individual y las "vueltas" que una determinada cantidad de dinero da en la economía. Es decir, no estamos haciendo ciencia sino metafísica.

Sin embargo, este embrollo tiene fácil solución sustituyendo las reflexiones sobre la velocidad del dinero por el análisis sobre la demanda de dinero. El gran economista inglés Edwin Cannan definió, con acierto, la demanda de dinero no como la cantidad total de transacciones en una economía sino como la demanda de dinero destinada a mantener saldos de caja. Lo explicaba lúcidamente así ya en 1921:

Debemos conceptualizar la demanda de dinero no como la cantidad total de transacciones, sino como la habilidad y el deseo de las personas para mantener saldos de caja, de la misma manera que pensamos en la demanda de casas no como el número de personas que compra y revende o arrienda y subarrienda inmuebles, sino como el número de personas que ocupan las casas. La simple actividad en el mercado inmobiliario –comprar y vender– en cierto sentido sí implica un "incremento de la demanda", pero de la misma forma en que implica un "incremento de la oferta"; ambos fenómenos se cancelan mutuamente.

Dicho de otra manera, la división que hace Keynes de tres fuentes de demanda de dinero (transacción, especulación y precaución) es parcial y errónea. Lo importante no es para qué vamos a utilizar el dinero, sino cuánto tiempo lo mantendremos en caja hasta que decidimos utilizarlo para cualquier propósito. En otro caso, como ya nos advirtió Mises, hablar de demanda de dinero no tendría ningún sentido porque el dinero siempre se encuentra en los saldos de caja de alguien.

En general, y como en cualquier otro bien, un incremento de la demanda de dinero no contrarrestada por un aumento de su oferta supondrá un incremento del valor del dinero (y por tanto una caída de los precios del resto de bienes) y viceversa. Si, por ejemplo, los consumidores aumentan sus saldos de caja para consumir en el futuro (no es necesario que sea ni para especular ni como motivo de precaución), el precio de los bienes presentes tenderá a caer y el valor de las unidades de dinero que no se retengan en los saldos de tesorería aumentará. En absoluto necesitamos, pues, la idea de velocidad del dinero.

Ahora bien, ¿significa esto que todas las reflexiones sobre la velocidad del dinero efectuadas hasta la fecha resultan inútiles y pueden desecharse en nombre de la demanda de dinero? Como suele suceder en economía, empezamos con un problema de enfoque y, a partir de ahí, las ramificaciones suelen ir degenerando, por lo que regresar al origen y separar el grano de la paja no suele estar de más.

En este caso, el economista sueco Knut Wicksell ya se dio cuenta en 1898 de la fuerte relación entre ambos conceptos al sostener que la demanda de dinero es la inversa de la velocidad del dinero. Si un euro cambia de manos cuatro veces en un año (es decir, si su velocidad es 4), entonces significa que ha estado una media de tres meses en los saldos de tesorería de alguien (es decir, su demanda monetaria es de ¼).

En realidad, por tanto, la idea de velocidad del dinero o de rapidez de circulación tal y como la pergeñaron Cantillon y Thornton sigue siendo útil para los propósitos que cumplía. Sin embargo, como he señalado, supone un serio corsé para el desarrollo de la ciencia económica (como siempre lo ha supuesto el abandono del subjetivismo y del individualismo metodológico). No en vano, quienes han estudiado el valor del dinero desde la perspectiva de su velocidad, como por ejemplo Irving Fisher, han tendido a relacionar el valor del dinero con las condiciones del sistema monetario (densidad de población, desarrollo de las comunicaciones, hábitos de la gente…), mientras que quienes han estudiado el problema desde la perspectiva de la demanda, como Charles Rist, Benjamin Anderson o el propio Cannan, han incidido más en las expectativas y en la actitud de los agentes económicos frente al entorno (expectativas de apreciación o depreciación del dinero y de las mercancías), donde también tiene cabida, pero como una influencia más, la estructura del sistema financiero que analiza Fisher.

La diferencia, por consiguiente, puede reconducirse a un cierto entendimiento, pero teniendo presente la suma importancia que tiene usarlas indistintamente. De hecho, como explicaré en un próximo artículo, esta confusión impide comprender en toda su profundidad la realidad económica, en este caso la realidad de la crisis actual. Y es que, como también concluyó Henry Hazlitt hace 41 años: "La teoría monetaria se enriquecería enormemente si el concepto de una velocidad de circulación independiente o causal fuera del todo abandonado. La perspectiva del valor y de los saldos de caja son más que suficientes para explicar todas las cuestiones que giran a su alrededor."

¿Existen razones para el optimismo en la actual crisis?

Pese a que durante varios meses fue común emplear la expresión “brotes verdes” para hacer referencia a un cercano fin de la crisis, conforme ha ido transcurriendo el tiempo se ha podido observar cómo su duración no será similar a una tormenta de verano, sino que, todo lo contrario, parece que se extenderá en el tiempo.

Si se analizan las distintas cifras macroeconómicas, parece no existir nada que induzca al optimismo: el producto interior bruto sigue cayendo, las cifras absolutas de desempleo superan los registros anteriores, y los procedimientos concursales son cada vez mayores.

Podríamos preguntarnos los motivos por los que, pese al transcurso del tiempo, la situación económica parece no mejorar. Para ello deberíamos buscar la respuesta en los factores que desencadenaron la actual crisis y analizarlos, viendo si han sufrido algún cambio.

Dicha búsqueda puede iniciarse en la moneda, dado el papel tan importante que ha tenido en el surgimiento de la crisis. Durante los últimos años, los bancos centrales han mantenido unos tipos de interés inferiores a los que se habría llegado aplicando el libre juego de la oferta y la demanda. Como consecuencia de lo anterior, se incrementó la demanda crediticia (para consumo e inversión) y bajó la oferta (es decir, el ahorro). Esto provocó que se acometiesen proyectos de inversión poco rentables que normalmente no se hubiesen iniciado si los tipos de interés hubiesen sido fruto del equilibrio entre oferta y demanda crediticia, entre ahorro e inversión. Si atendemos a los registros de los bancos centrales, la oferta monetaria sufrió unos incrementos muy elevados en los últimos años (alcanzando incluso los dos dígitos) convirtiéndose la moneda en un producto poco recomendable para ahorrar, ya que su valor se envilecía gracias al aumento del dinero en circulación. Esto provocó que el ahorro se canalizase en productos diferentes como las acciones y los bienes inmuebles, al ser más resistentes a la inflación. Lógicamente, ambos aumentaron sus precios, lo que a su vez motivó que más gente adquiriese dichos productos incrementando, aún más, su precio.

Si se analizaba, por ejemplo, el periodo de retorno de inversión de los bienes inmuebles al ponerse en alquiler, el plazo iba creciendo cada vez más en el tiempo, sin que este hecho condujese a la moderación o bajada en los precios, precisamente, por dicha sobreabundancia de dinero. La única forma de rentabilizar ese ahorro inmobiliario era encontrar a otra persona que comprase el bien más caro. Por tanto, se produjo una pirámide, actualmente conocida como la burbuja inmobiliaria. En algún momento esto debía acabar, ya que los préstamos para la adquisición de vivienda cada vez se firmaban con plazos mayores y la cuota de amortización cada vez ocupaba un porcentaje mayor de la renta familiar. Finalmente el número de inmuebles adquiridos disminuyó, estallando la crisis.

Si se realiza el análisis de estos factores una vez llegada a la crisis se puede observar cómo no se ha realizado la corrección de muchos de ellos. La política expansiva del crédito llevada a cabo en las últimas décadas por los bancos centrales no sólo no se ha corregido, sino que se ha incrementado, realizándose inyecciones monetarias masivas. Adicionalmente se han adaptado lo que han venido en denominar medidas no convencionales, como la compra directa de deuda pública y privada, e incluso un banco central ha llegado a adoptar de tasas de interés negativas. Esto ha provocado que los bancos no se hayan visto obligado a liquidar las malas inversiones, que han acabado en sus manos, bien por ejecución de las garantías, bien por compra directa de los mismos para evitar la insolvencia directa del cliente. Por tanto nos encontramos con el hecho de que ni se ha corregido la política monetaria expansiva, ni se han liquidado las malas inversiones, ni, consecuentemente, el precio de los bienes inmuebles se hayan reducido considerablemente pese a caer la demanda y pese a no venderse dichos bienes.

Por otro lado, sí que se puede observar cómo, por el lado privado, sí que se están adoptando medidas para afrontar la crisis. La tasa de ahorro familiar se está incrementando, y la valoración que realizan los bancos del riesgo de impago de sus clientes ha adquirido mayor importancia, con lo que la concesión de créditos ha disminuido e incluso se ha congelado en algunos casos. También, el mundo empresarial ha congelado la inversión en nuevos proyectos hasta que se produzca la corrección de los valores inmobiliarios y pueda obtener rentabilidad en éstos.

Aunque el comportamiento de algunos agentes privados sea el adecuado para afrontar la crisis, la política de los bancos centrales parece haberse enfocado en corregir los síntomas y no las causas que la han provocado. Precisamente dicha política fue la que condujo a la situación actual, cuando se trató de corregir los síntomas de la llamada crisis de las punto com en lugar de atajar la enfermedad. Así, se recomendó bajar los tipos de interés para crear una burbuja inmobiliaria cuyas consecuencias hoy padecemos. Pese a ello, no deja de llamar la atención cómo, en el mundo académico, suelen oírse críticas centradas en el comportamiento de los agentes privados, sobre todo en esa mayor tasa de ahorro y en la mayor evaluación de riesgos que están realizando la banca privada a la hora de realizar los préstamos, pidiendo medidas que incrementen el consumo en detrimento del ahorro y que obliguen a los bancos a realizar una mayor concesión de créditos para estimular el consumo. De hecho se han llegado a formular teorías tan sorprendentes como la creación de dinero con fecha de caducidad, o la eliminación de billetes por sorteo, a fin de aumentar la velocidad de circulación del dinero, y por tanto, el consumo. Quizás quienes formulan dichas teorías han olvidado la reciente historia de Zimbabwe y las consecuencias tan funestas que tiene la manipulación del dinero, y de cómo se puede llegar a su total desaparición, y a la pobreza absoluta.

Por tanto, es el comportamiento de los bancos centrales y el seguimiento de algunas recomendaciones académicas, que parece haber cautivado a algún político y periodista, quienes están retrasando la salida de esta crisis. Por el contrario, el ciudadano parece haberla entendido mejor y es quien, al final, conseguirá vencerla. Eso sí, a un mayor coste por los obstáculos que les están obligando a hacer frente.

Honduras, espejo de América Latina

Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, pretendía manipular la Constitución hondureña para eternizarse en el poder. Todo a imagen y semejanza del presidente venezolano Hugo Chávez, por el que Zelaya se sintió atraído justo desde el momento en que ganó las elecciones hondureñas. Prueba de ello fue que no tardase en proclamarse socialista y amigo de Hugo Chávez una vez aterrizó democráticamente en el poder hondureño.

Zelaya fue advertido repetidamente por la Corte Suprema de la ilegalidad de su referéndum, ya que la Constitución de la República de Honduras prohíbe explícitamente la reelección presidencial (artículo 239). Cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución en 1982, estableció que varios artículos fuesen irreformables o "pétreos" mediante el artículo 374. No sólo prohíbe que se reforme dicho artículo, sino que también manda castigar a quien proponga dicha reforma. Teniendo esto claro, es evidente que las intenciones de Zelaya de utilizar un referéndum ("encuesta de opinion", según él) para posibilitar la reelección eran claramente inconstitucionales.

La situación se agravó definitivamente cuando Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas que llevasen a cabo la logística del referéndum. El general Romeo Vásquez se negó por considerarlo inconstitucional y fue destituido de su cargo, lo que motivó el posterior golpe de estado.

Porque lo que sucedió en Honduras fue un golpe de estado. El general Romeo Vásquez tomó el poder político de forma violenta vulnerando las normas y leyes vigentes. Será difícil encontrar ningún artículo en la Constitución y leyes hondureñas que establezca que cuando un presidente actúa inconstitucionalmente los militares puedan entrar en su habitación a punta de pistola y expulsarlo a otro país sin haber sido juzgado y condenado en juicio legal.

Y es que la amenaza a la democracia constitucional que representaba Zelaya no se debería haber resuelto mediante golpes de estado bananeros, sino haciendo prevalecer el orden constitucional, es decir, siguiendo fielmente lo que las leyes hondureñas establecen para juzgar el delito del presidente. La Corte Suprema debería haber declarado el referéndum como ilegal y convocado al Congreso de la Nación para detener a Zelaya y destituirlo de su cargo. En definitiva, este proceso se tendría que haber realizado de forma legal y transparente, y no mediante un golpe de estado surgido de la conspiración de los adversarios políticos de Zelaya y los militares. La ley no se defiende violentándola. Nadie debe estar por encima de la ley.

Y éste es el gran problema de América Latina y de otros lugares del mundo (incluyendo países del Primer Mundo): la continua violación o ausencia del Estado de Derecho. La democracia sin un Estado de Derecho que garantice y respete los derechos individuales naturales del hombre (vida, propiedad y contratos) no logra generar paz y prosperidad. En América Latina observamos continuamente lo contrario: violencia y pobreza. Violencia, porque no hay un poder judicial que haga valer los derechos del individuo y limite al poder político. Pobreza, porque la economía de mercado no puede funcionar sin la protección de los derechos de propiedad, vida y contratos.

Quizás en Latinoamérica se debiera tener muy presente a Juan Bautista Alberdi, lúcido liberal argentino, que en La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual (1880) escribió lo siguiente:

El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.

El ominoso expolio de la desamortización

Durante muchos años se ha considerado a los procesos desamortizadores de Mendizábal y Madoz como un hito de extraordinaria importancia, clave para permitir el desarrollo económico en España. Sin embargo un análisis frío y desapasionado de los acontecimientos nos revela un proceso de expolio a gran escala, organizado con fines de poder y enriquecimiento ilícito, que ocasionó graves daños a la sociedad española y dañó de forma decisiva el derecho de propiedad privada de los bienes inmuebles (BI).

En España, los BI amortizados eran aquellos que presentaban algún tipo de restricción legal a su enajenación, fundamentalmente pertenecientes a la Iglesia Católica, a la nobleza (mayorazgos) o a los municipios (bienes de propios y comunes). Esto no quiere decir que estuviesen fuera del mercado, puesto que eran objeto de arrendamiento y podían ser objeto de compra-venta si, en el caso de los bienes eclesiales, se contaba con el permiso de los Prelados, Abades o Priores, o incluso con una bula papal. Otra característica relevante de algunas de estas propiedades era que solían disfrutar de exenciones fiscales, por lo que fueron vistas con recelo y apetito por unos administradores públicos que precisaban de crecientes fondos con los que poder mantener los gastos corrientes de la Hacienda central y municipal, así como los dispendios bélicos asociados a la política exterior de una potencia mundial.

Con objeto de respaldar la política exterior pro católica de los Habsburgo, la Santa Sede concedió a la Corona española en los años 1523, 1529, 1536, 1555, 1559 y 1570 bulas para poder disponer de parte de los BI de las órdenes militares, además de conceder el permiso para enajenar bienes de iglesias y monasterios en 1551, y de villas, lugares y jurisdicciones, en 1574. Sin embargo dichas enajenaciones apenas sirvieron para sanear la Hacienda Pública, incrementando en cambio la riqueza personal de unos pocos compradores próximos al poder político.

En el siglo XVIII y bajo reinado del rey borbón Felipe V, las necesidades financieras forzaron la firma del Concordato de 1737, en virtud del cual todos los bienes que a partir de aquel momento adquiriese la Iglesia estarían sometidos al tratamiento tributario general, medida que de nuevo resultó insuficiente para resolver las penurias fiscales del Estado. Más adelante, con el ilustrado Carlos III en el trono, tuvo lugar un acontecimiento de notable relevancia: la primera desamortización eclesiástica no negociada con las autoridades religiosas. Todo comenzó con el incremento de la presión fiscal y la liberalización del comercio de granos, lo que indujo una elevación del nivel de precios y las consiguientes revueltas populares. El Gobierno responsabilizó de su organización a la Compañía de Jesús, aprovechando para expulsarla del reino y realizar una expropiación forzosa de sus bienes muebles e inmuebles (Pragmática Sanción del 2 de abril de 1767), los cuales serían destinados a dotaciones de las parroquias pobres, seminarios conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, previa consulta de los Ordinarios respectivos, (reservándose no obstante el rey el derecho de dictar providencias sobre dicho asunto).

Una segunda desamortización de gran entidad fue llevada a cabo bajo reinado de Carlos IV y gobierno de su valido Godoy, de 1798 a 1808, afectando a los BI de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías suponiendo la enajenación de una sexta parte de los BI que gestionaba la Iglesia Católica aunque con el consentimiento del Papa tras el compromiso estatal de otorgar compensaciones en deuda pública al 3%, algo que a posteriori no se cumplió. El resultado final de esta política fue el desmantelamiento de la red asistencial de la Iglesia –la única– y un endeudamiento del Estado aún mayor debido a los dispendios bélicos.

Durante el corto período de gobierno de José Bonaparte (1808 a 1812) se dio continuidad al intervencionismo borbónico en la configuración de los BI y el derecho de propiedad privada de los mismos; de esta forma se procede a expropiar numerosas propiedades eclesiales, algunas como en Madrid al objeto de construir plazas (Oriente, Santa Ana, Los Mostenses, San Miguel), actuando de forma similar en otras ciudades como Sevilla o Valladolid. Paralelamente, las Cortes de Cádiz aprobaban en 1813 una memoria de Canga Argüelles en virtud de la cual se podían expropiar tierras para sufragar empréstitos. Ya tras la Guerra de Independencia, tuvo lugar otro intento desamortizador durante el Trienio Liberal (1820-1823). Sin embargo estas desamortizaciones fueron extremadamente confusas y en términos generales no tuvieron gran trascendencia.

El siguiente hito interventor, clave por sus repercusiones profundas y duraderas, fue el inmenso expolio que supusieron las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La primera fue llevada a cabo bajo regencia de María Cristina por su jefe de gobierno José Álvarez Mendizábal (varios decretos de 1835 preparaban legalmente el camino, consumado por los decretos del 19 de febrero y 8 de marzo de 1836), afectando fundamentalmente a los BI amortizados (“manos muertas”) del clero católico regular y en menor medida secular y cuyo objeto declarado era paliar la deuda estatal y crear una clase media mediante la expropiación y posterior venta de tales bienes.

En realidad esta iniciativa política tenía no dos, sino tres objetivos: primero saciar el ansia recaudatoria de una Hacienda Pública extremadamente necesitada de recursos, segundo debilitar la capacidad económica de una Iglesia Católica proclive al pretendiente carlista al trono y, por último, modificar la estructura de la propiedad para crear una clientela política adicta a los liberales. El proceso resultó en raquitismo recaudador y una mayor concentración parcelaria resultado del exceso de oferta y las corruptas adjudicaciones, ocasionando además un fuerte debilitamiento de la influencia eclesial (se desamortizó el 62% de lo que poseía el clero, perteneciendo las tres cuartas partes del 32% restante al clero secular), la destrucción de un abundante patrimonio cultural arquitectónico y artístico y el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos arrendatarios.

Más adelante, el 2 de septiembre de 1841, Espartero dictó la ley de desamortización de bienes regulares, dando lugar a un proceso que se paralizaría en 1844 con la llegada de los moderados al poder y tras firmar en 1851 un Concordato con la Santa Sede que garantizaba compensaciones y seguridad jurídica. Ya en 1855 y de nuevo bajo gobierno de Espartero, se rompe el acuerdo anterior y se inicia la desamortización de Madoz, de mayor alcance que la de Mendizábal puesto que afecta a los bienes del clero secular, de las órdenes militares, del Estado, comunes, etc. prohibiéndoles además ser propietarios de BI del mismo tipo que los expropiados, todo lo cual ahondó aún más en los perjuicios que ya había ocasionado la desamortización de Mendizábal.

En resumen, las desamortizaciones son un ejemplo paradigmático de ilegítima rapiña en nombre del bien común, algo tanto más paradójico por cuanto también se expolió las fuentes de ingresos de muchos ciudadanos sin tener en cuenta para nada el desacuerdo expreso de sus representantes locales. Debido a la corrupción en las adjudicaciones el Estado no consiguió los ingresos esperados, que para más escarnio fueron destinados a saldar deuda pública (en manos de acaudalados nacionales afines al poder o de extranjeros) o a la construcción de obras públicas de moda (y en no pocas ocasiones ruinosas) como los ferrocarriles. Y el saldo de estas medidas no se quedan ahí puesto que muchos individuos acrecentaron su patrimonio mediante la fraudulenta compra de BI valiosísimos a precio de saldo, antiguos colonos de la Iglesia vieron aumentado el arriendo que exigían los nuevos propietarios y se produjo una incalculable destrucción de patrimonio cultural y artístico, así como el deterioro de la enseñanza y la aparición de hambrunas entre ciertos sectores de la población; eso por no hablar del fenómeno de debilitamiento de la propiedad privada.

Al respecto es antológica la intervención de Claudio Moyano en la discusión sobre el proyecto desamortizador: “La propiedad del clero regular defendía la del clero secular, la del clero secular defendía la de los propios, ésta la de los comunes y ésta la de los particulares. Haced desaparecer estas barreras y poco a poco irán cayendo las diversas propiedades…; un paso más y desaparecerá la propiedad particular”. O también cuando afirma: “Si se quiere disponer de los bienes de los pueblos hay que consultarlos. Esto se hizo en el año 1852, y de 2000 respuestas recibidas, solamente 20 querían la venta, y de éstos, sólo seis tenían bienes de propios. Además, ¿es cambio quitar a los pueblos sus tierras, sus prados, sus pinares, sus bosques para darles en cambio un trozo de papel?, si tan bueno es lo que nos dais, dirán los pueblos, si afirmáis que es mejor, ¿por qué no os quedáis vosotros con ello y nos dejáis nuestros campos?”

Después de todo esto, considerar positivo (como se viene haciendo en líneas generales desde hace ciento cincuenta años) el proceso de desamortizaciones es todo un ejercicio de miopía histórica.

Crisis, también en la ciencia económica

El impacto de la crisis económica ha alcanzado a la propia ciencia económica. Esta idea ha servido al semanario The Economist para plantearse en tres artículos, en qué ha fallado la economía, y en concreto la macroeconomía y la teoría financiera.

Resulta muy interesante que el semanario reconozca que la teoría macroeconómica ha prestado una atención desmedida a la evolución del nivel de precios y haya prestado escasa atención (con pocas excepciones) a la burbuja financiera. Friedrich A. Hayek dijo en Precios y Producción, con esa capacidad para la predicción que le caracterizaba, que la ciencia económica iba a abandonar progresivamente al nivel de precios como elemento del análisis. Por el contrario, le ha atribuido un interés creciente, lo que ha coincidido con un creciente trasvase de los economistas desde las universidades a los bancos centrales, del que habla también la revista.

La atención excesiva a la inflación puede ser un error, sí, pero proviene de otro error más importante, el de mirar al dinero como una cantidad y no como un bien o, más bien, como una cualidad de los bienes. Hayek dijo en La Desnacionalización del Dinero que “dinero” debería referirse más a una cualidad que a un objeto. Pero, a su vez, esta falta se refiere a otra anterior y es el recurso a la macroeconomía como método, es decir, al fútil estudio de la relación cuantitativa entre grandes magnitudes. No son tal o cual teoría macroeconómica la que ha fallado, sino toda una forma de entender la economía.

Otra de las ideas que han sufrido con esta crisis es, según el semanario, la “hipótesis de la eficiencia del mercado” por lo que se refiere al de capitales. Se critica que ese mercado no se mueve perfectamente, pero lo que falla no es la concepción de que un mercado libre sea lo más eficiente socialmente, sino la idea de que el capital es una especie de entidad líquida que se mueve libre y fácilmente de un punto a otro. Por el contrario, los bienes de capital son heterogéneos y complementarios y la forma que van adquiriendo condiciona sus futuros destinos y usos.

Pero de nuevo lo que falla aquí es la aproximación macroeconómica a los fenómenos del mercado, que con su brocha gorda es incapaz de entender precisamente los procesos más importantes y significativos del desarrollo y del ciclo económico. Pero todo indica a que la atención se centrará sobre esta o aquella forma de utilizar los instrumentos de la macroeconomía, en lugar de plantearse si no habrá sido ella el verdadero error.

El free-rider y sus secuelas

Todos conocemos el caso reprobado del gorrón, quien se beneficia de la fiesta sin poner ni un euro para montarla. Dicho más elegantemente, quien se niega a contribuir deseando que los demás sí lo hagan y que produzcan el bien del que él también disfrutará.

Esta situación se da cuando no se lleva a cabo la internalización de los beneficios. Los organizadores de la fiesta recaudan voluntariamente fondos y luego organizan la fiesta en una plaza pública, por ejemplo. En ese caso no pueden evitar que los free-riders disfruten de todo. Los organizadores pueden preferir, por razones de tradición o por reducir costes, que es mejor festejar en el lugar público antes que hacerlo en un recinto cerrado donde puedan excluir a los gorrones. También podría considerarse que, sea cual sea el lugar, lo correcto es que la fiesta “sea para todos”. Independientemente de la situación, la existencia de un bien público (decidido por tradición, por reducción del coste de internalizar o por cualquier otra motivación ideológica) es un incentivo para el free-rider.

Lo que hay que recalcar es que el free-rider no es más que un caso particular de la figura del comportamiento racional del ser humano que, en pleno uso de su función empresarial, tiende a reducir costes y a maximizar beneficios, siempre subjetivamente considerados. Apoyándose en la existencia de free-riders, los defensores de las agencias tributarias argumentan que existe una solución a través de la contribución obligatoria a los gastos de la fiesta. Se dice que, así, cada uno aceptará el tributo siempre que todos los demás también lo soporten. Pero, ¿se acabó el problema del gorrón?

No, sin duda. Seguimos teniendo una propensión natural a desear beneficios con los menores costes posibles. En el nuevo estado de cosas en que todos contribuyen, tendemos a conservar nuestra innata alma de free-riders, pero con consecuencias aún más negativas para la mayoría. Ahora los free-riders son aquellos que creen o que saben objetivamente que hay otros individuos que aportan más que ellos recibiendo su misma porción de fiesta. Tales gorrones desean que las cosas sigan igual. Los que, por el contrario, piensan o saben que contribuyen más quieren cambiar las cosas habida cuenta, y esto es muy importante, de que no pueden escaparse de contribuir a causa de la coacción que sufren y de la legitimación ideológica que difunde la bondad absoluta de los impuestos. La simple existencia de la coacción para que todos contribuyan desencadena un sinfín de efectos aún más perversos que los de la fiesta pagada por pocos y disfrutada por muchos. Por ello, la confiscación impositiva, lejos de arreglar el problema de los free-riders, lo agrava. Y esto se produce sea cual sea el ámbito territorial que abarque la sociedad de festejos con capacidad confiscatoria.

La tendencia humana a que la diferencia entre costes sufridos y beneficios percibidos sea lo mayor posible, lleva el espíritu del gorrón adonde sólo puede darse, ante situaciones en que no se quiere (o no se puede) excluir su presencia por razones de bien público bendecido ideológicamente (la educación, la cultura, la limpieza urbana, el medio ambiente, etc.). Lo que se propicia con la “solución tributaria” es que haya una imparable presión sobre el gasto público (que la fiesta sea mayor y mejor) y una no menos inexorable carrera de los grupos organizados por hacer recaer sobre la mayoría de los individuos la mayoría de los costes. Con todo ello, se exigirán más y más gastos para la fiesta del barrio sin que cada individuo admita su responsabilidad en sufragar su parte.

Eso es lo que ocurre en los estados modernos, grandes y pequeños: cada ciudadano exige gastos elevados y mínimos impuestos para sí mismo, sin querer percibir la necesidad de corresponder unos con los otros. Consecuentemente, los políticos buscan modos de satisfacer esas demandas, bien camuflando impuestos hasta donde se pueda, bien endeudándose, inflando el crédito, atendiendo a determinados grupos de presión, alentando la gorronería de determinados sectores, o mediante una combinación variable de todo ello.

Atajar esta vía perversa de solución del problema del free-rider exige una definición estricta de los derechos de propiedad de manera generalizada. Y esto sólo puede lograrse desacreditando intensamente la ideología de “lo público” y constriñendo lo más posible la existencia de esos bienes públicos. Se precisa, pues, difundir la idea de que los beneficios de los servicios han de ser para quienes los pagan voluntariamente aunque antes hubiera que, de manera transitoria, establecer que sólo recibieran beneficios quienes los hayan de pagar obligatoriamente.

En términos generales se hace imprescindible intensificar la vía de ataque a los servicios públicos en la línea de internalizar los beneficios, de privatizarlos y desregularlos. Cualquier otra propuesta de fraccionamiento formal de los poderes públicos es estéril.