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Códigos que cuestan vidas

Ya en la primera entrega de los Piratas del Caribe, se hacen constantes menciones a un misterioso código que regula, si es que eso es posible, la conducta de los piratas. Pero es en la tercera en la que por fin se nos muestra el grueso libro que le da soporte, así como donde descubrimos a su custodio, que resulta ser el padre de Jack Sparrow.

Una de las frases que llama la atención del vigilante es la referencia a que el Código de los Piratas hay que respetarlo, porque mucha gente, en este caso, piratas, ha dado su vida por él. Desde un punto de vista liberal, esta frase es bastante llamativa, sobre todo si equiparamos ese código a alguna de nuestras normas. ¿Quién daría la vida por custodiar nuestras leyes y reglamentos? No creo que lo hiciera ningún funcionario o político, ni siquiera por la Constitución; así que mucho menos un ciudadano normal, a los que dichas leyes limitan la libertad, innecesariamente en la mayoría de los casos.

La cuestión es: ¿qué significa dar la vida por un código? Como nos describe Bruno Leoni en su imprescindible La Libertad y la Ley, las normas que nos damos los ciudadanos para regular nuestra interacción se han creado durante la mayor parte de nuestra historia mediante un proceso consuetudinario, de prueba y error, un proceso espontáneo de descubrimiento, que diría Hayek. Es por ello que los jurisconsultos romanos no trataban de crear la ley, se limitaban a descubrirla estudiando la conducta humana.

Es en esta concepción evolutiva y consuetudinaria de los códigos donde sí tiene razón de ser la afirmación del custodio del Código de los Piratas. De acuerdo a esta visión, los códigos resultan verdaderos depósitos de experiencia, en los que se atesoran circunstancias y sucesos vividos, y la forma de resolverlos e incluso prevenirlos. En ocasiones, la formulación del código y sus razones de ser, dejan de ser claras para los individuos de generaciones sucesivas. Esto no implica que necesariamente que hayan perdido vigencia; simplemente que el paso del tiempo y la ausencia de estudio, nubla dichas raíces hasta hacerlas incomprensibles. Cobra en estas circunstancias especial relevancia la figura del custodio y el respeto espontáneo por parte de todos los afectados de ese código, que dice lo que dice, y por algo lo dirá, aunque no sepamos por qué.

Quizá un ejemplo sencillo ayude a comprender mejor el párrafo anterior. Piénsese en el código de circulación vial. Lógicamente, es una creación hasta cierto punto moderna, pues el automóvil tiene poco más de un siglo. ¿Cómo se gestaría de dicho Código? Parece evidente que no se juntaron unos cuantos conductores y fabricantes y, en un ejercicio de imaginación omni-comprensivo, previeron todas las posibilidades de la conducción y la regularon. Más bien, lo que pasaría es que conforme avanzaba la experiencia de la conducción se producían problemas y conflictos que exigían algún tipo de solución. Esta solución, una vez se iba aceptando tácitamente como la mejor en conflictos similares, se incorporaría al código (que tampoco tendría que estar necesariamente escrito).

Por ejemplo, en la actualidad está prohibido aparcar en un túnel. Cabe suponer que esta prohibición se incorporaría al código tras ocurrir algunas desgracias por hacerlo. Aunque a posteriori parece fácil explicar la necesidad de dicha prohibición, es más difícil que se le ocurra al primer constructor de túneles que si se aparca dentro, se puede producir un accidente con más facilidad. Es más, aunque se le hubiera ocurrido, tal vez hubiera asumido que era tan obvio que no hacía falta prohibirlo. ¿Quién podía tener la idea de dejar el coche parado en un sitio oscuro por el que pueden pasar otros coches?

Así pues, lo normal es que antes de esa prohibición explícita, que beneficia a todos los conductores, se produjeran algunos accidentes e incluso muertes de personas. En este sentido, la incorporación de esta línea al código sí habría costado vidas humanas, y sería muy importante defenderlo ante cambios.

Siguiendo con el ejemplo, puede que el paso del tiempo haga olvidar las causas originales de la incorporación de esta prohibición al código. Tal vez no ha vuelto a haber accidentes, o tal vez los túneles están iluminados. Las razones de la prohibición son olvidadas, y se puede caer en la tentación de eliminarla. Quizá tal eliminación pueda estar justificada, o a lo mejor no, no lo sabemos. Pero debería ser una decisión completamente técnica, basada en la nueva experiencia, y en ningún caso política. No se requieren mayorías para esta eliminación, solo conocimientos.

En definitiva, las normas han provenido históricamente un proceso de creación imbricado en la acción humana. Como tales, son cúmulos de experiencia. Y no se debería poder jugar con ellas. Si un político decide, sin base en la experiencia, que se puede aparcar en los túneles, lo único que va a conseguir es que muera gente en accidentes.

Por eso, es tan importante la labor del custodio del código pirata. Por momentos, parece que manda más que los diez grandes Señores Piratas. Pero no hace falta que ejerza su poder, puesto los Señores Piratas (ni más ni menos, ¿quién puede ser menos respetuoso con las normas que un pirata?) saben que es en su interés respetar el código, y lo respetan. Ni mucho menos se les ocurre utilizar su autoridad para cambiarlo.

Casi igual que nuestros políticos y gobernantes, casi igual.

¿Apretarías el botón?

En una ponencia después de finalizar la Segunda Guerra Mundial Leonard Read declaró: "Si hubiera un botón en esta tribuna que suprimiera al instante todos los controles de precios y salarios, lo apretaría". Murray Rothbard utilizó luego el ejemplo de Read para definir su postura abolicionista con respecto al Estado: si existiera un botón que eliminara al instante todas las invasiones a la libertad (esto es, que pusiera fin al Estado y a todas sus intervenciones inmediatamente), el liberal coherente debería apretarlo.

Rothbard plantea el escenario imaginario del botón en el contexto de su discusión sobre el abolicionismo y el gradualismo en el desmantelamiento del Estado. ¿Puede un liberal defender la disolución gradual del Estado por principio? Rothbard sugiere una analogía con el esclavismo: ¿es ético sostener que la esclavitud debe abolirse de forma gradual? Si desde el liberalismo se entiende que la esclavitud es injusta, uno debería estar dispuesto a "apretar el botón". De lo contrario estaría legitimando la esclavitud durante el intervalo de tiempo en que no lo apretara. Otra cosa es que en la práctica no haya ningún botón mágico y tengamos que conformarnos con pequeños pasos en la buena dirección porque no está en nuestra mano darlos más grandes. Pero filosóficamente debemos ser abolicionistas.

Un problema con el escenario imaginario del botón es que no dice nada sobre cómo extingue esas invasiones a la libertad: ¿convierte a la gente en robots? ¿Destruye todos los edificios públicos y desarma a las fuerzas policiales? ¿Hace cambiar de ideas a la sociedad? Dependiendo de cuál sea la respuesta apretar el botón deja de tener sentido. Si destruye el Estado, disolviendo las instituciones sociales que monopoliza (derecho, dinero) y los servicios que proporciona (policía, justicia), la sociedad retrocederá unas cuantas décadas y será sumida temporalmente en el caos para luego ver como emerge un nuevo Estado donde estaba aquél. Si el botón cambia mágicamente las ideas de la gente, entonces es posible poner fin de inmediato a todas las invasiones a la libertad, pero aún en este caso hay que hacer un matiz importante.

En un hipotético escenario en el que la mayoría de la población fuera hostil al Estado y tuviera ideas liberales, su abolición formal inmediata sería posible, pero el principio de no agresión no exigiría abolir todos sus componentes y programas de facto y al instante. Algunos servicios e instituciones deberían disolverse o transformarse gradualmente.

Roderick Long ha tratado este tema en un excelente ensayo sobre estrategia anarco-capitalista y privatización del Estado: Dismantling Leviathan From Within. Long explica que el Estado hace básicamente tres cosas: carga impuestos, regula y proporciona servicios. De las tres, la única cuya abrupta interrupción causaría caos social es la provisión de servicios. Pero dispensar servicios como la policía, los bomberos o los tribunales de justicia no constituye, per se, una agresión. La agresión se produce al financiar estos servicios con impuestos, y al impedir legalmente que otras empresas entren en el mercado para ofrecer el mismo producto. Luego una disolución gradual de los servicios estatales no atenta contra los principios liberales siempre y cuando pueda encontrarse una solución al problema de la financiación y la desmonopolización.

En el hipotético contexto de una sociedad muy escorada hacia el liberalismo lista para dar el salto del minarquismo al anarco-capitalismo, Long propone privatizar la financiación de los servicios públicos que son útiles para la ciudadanía (justicia, policía etc.) y abrirlos a la competencia. El Estado mínimo, ahora privatizado, seguiría siendo el principal proveedor de esos servicios durante un lapso de tiempo, pero estaría sometido a la disciplina del mercado y no recurriría a la coacción para financiarse. Long sugiere varias alternativas para financiar voluntariamente los servicios e instituciones recién desnacionalizadas:

  • El Gobierno privatizado podría exigir precios por sus servicios. En tanto permitiera la entrada de competidores no sería una práctica agresiva. Como el mercado tardaría un tiempo en producir competidores la demanda de servicios del Gobierno sería amplia al principio y éste obtendría abundantes ingresos (la auto-imposición de un control de precios podría justificarse alegando que el Gobierno tiene ahora una posición ventajosa en el mercado debido a su previa condición de monopolio público). Conforme entraran nuevas empresas en el mercado el Gobierno tendría que competir como cualquier otra compañía privada.
  • El Gobierno podría apelar a la caridad de los ex contribuyentes para sufragar servicios esenciales. Una opción sería gravar a los ciudadanos como antes, pero no hacer que el pago sea obligatorio. La mayoría seguramente dejaría de pagar, pero algunos no, ya fuera por un sentimiento de deber cívico o por conformismo social.
  • Confiscar y gravar con impuestos obligatorios a los que en el período estatista se han beneficiado de privilegios legales. Los ingresos obtenidos podrían ayudar a financiar los servicios del Gobierno, una forma de restituir a la sociedad por los males causados.
  • Restringir el voto a los que contribuyeran a financiar el Gobierno. Cuando el Gobierno tiene un monopolio sobre los servicios legales, la policía, etc. es razonable que los usuarios exijan el derecho a ejercer algo de control mediante el voto en nombre de la autodefensa. Pero si el Gobierno deja de ser un monopolio (como en nuestro caso hipotético), pasa a ser un proveedor de servicios como cualquier otro y sus consumidores ya no tienen derecho a exigir participar en la toma de decisiones. Si quieren hacerlo, pueden pagar una contribución. Algunos ciudadanos, por el hábito de ejercer el voto y participar en la toma de decisiones, quizás estarían dispuestos a pagar.

Apretar el botón de Rothbard, por tanto, no está reñido con desmantelar la provisión de servicios estatales gradualmente. El problema es cómo convencer a la sociedad de que el Estado es contraproducente e innecesario sin la ayuda de ningún botón mágico.

¿Es el bajo consumo culpable de demorar la salida de la crisis?

Con motivo de la actual crisis económica, la palabra consumo parece haberse puesto de moda, especialmente entre determinados políticos y periodistas. Muchos de ellos afirman que la crisis económica actualmente existente ha provocado un retraimiento del consumo, y hasta que éste no se incremente no se podrá salir de la crisis. Básicamente vienen a decir que, puesto que el consumidor dedica una menor parte de su renta a consumir, las ventas de las empresas bajan, éstas tienen que reducir costes, despidiendo a parte de sus empleados, por lo que la crisis empeora aún más, detrayéndose aún más el consumo, con lo que nos encontraríamos ante un círculo vicioso.

El razonamiento puede parecer bastante sencillo y lógico, por lo que podría parecer que la mejor política sería aquella que fomentase el consumo a cualquier coste. No obstante, este razonamiento olvida un elemento muy importante en el desarrollo económico, y es el ahorro.

El dinero que ingresa una persona puede destinarse a consumir distintos bienes o servicios o puede ahorrarse. Es decir, estos ingresos no se pierden en el caso de que su titular no decida dedicarlo al consumo. Ahora bien, dicho ahorro por sí mismo no se puede considerar simplemente como algo perjudicial al tener un fin distinto al consumo. El hecho de que no se destine a adquirir los distintos productos vendidos por distintas empresas, no significa que no las vaya a servir de nada, sino que, por el contrario, va a ser un elemento fundamental para su formación y expansión.

Si nos paramos a analizar prácticamente cualquier empresa existente, ésta suele ser titular de distintos bienes que se van a emplear en su actividad productiva durante periodos de tiempo muy diversos. Así, se pueden emplear, por ejemplo, bolígrafos, cuya duración puede ser de varios meses, ordenadores, cuya vida se puede estimar en años, o bienes inmuebles, que van a estar en funcionamiento durante varias décadas. Es evidente que cuanto mayor sea el tiempo en que estos bienes se vayan a emplear en la empresa, más tiempo necesitará ésta para recuperar la inversión, con el beneficio obtenido en las ventas. Y ahí es donde el ahorro juega un papel fundamental, ya que permite la realización de todas estas inversiones con plazos de recuperación extensos, puesto que la empresa puede pedir prestado el dinero que necesita para acometerlas durante este plazo de tiempo que transcurre hasta la recuperación.

La existencia de cualquier empresa hoy en día sería prácticamente imposible si previamente no hay alguien que deja de emplear parte de su dinero en el consumo de bienes y servicios y va ahorrándolo. Este dinero se materializó en la empresa bien como capital propio (al ceder su ahorro a la empresa a cambio de acciones de la misma) o como fondos ajenos (el ahorrador prestó su dinero a la empresa, directa o indirectamente, por ejemplo, por medio de los bancos).

El nivel de inversiones que han realizado determinadas empresas es muy elevado, y su plazo de recuperación, a veces, se mide en décadas. Sin la existencia de un ahorro elevado no se hubiesen podido crear gran parte de las empresas que hoy conocemos.

Por tanto la falta de consumo no se puede traducir como algo perjudicial, sin más, ya que permite el ahorro y la inversión. La proporción de ingresos que se destina al ahorro y al consumo suele variar en cada individuo, influyendo factores como sus preferencias temporales, el entorno económico o la retribución. Se puede afirmar que es el producto de la libre elección por parte de las distintas personas, y, como tal, resulta imposible cuantificar el nivel óptimo de renta que se debería destinar al consumo.

Pese a que la proporción de renta que se destina al ahorro no permanece constante, sí que la retribución de este ahorro sirve como desincentivo frente a las burbujas que se han ido produciendo en los últimos años. Si, siguiendo la pauta de la última década, cae el ahorro y se incrementa la inversión, la retribución de dicho ahorro debería ser superior, siguiendo los principios básicos de la oferta y la demanda, por lo que se abandonarían aquellas inversiones menos rentables. Al existir mayor coste para la financiación, la formación de burbujas se desincentivaría parcialmente.

Sin embargo no ha ocurrido así, y cabe preguntarse el motivo. La razón ha sido que el interés a que se retribuyen el ahorro y los préstamos no ha venido marcado por el libre juego de la oferta y la demanda, sino por los bancos centrales. Éstos prestan dinero al resto de bancos, a un tipo de interés fijado unilateralmente por los primeros al tener el monopolio de emisión de moneda. Adicionalmente las cantidades prestadas por estos bancos centrales se incrementaban en unos porcentajes superiores a los incrementos de ahorro privado, por lo que el ahorro privado apenas influía en los importes de las cantidades prestadas a su vez por la banca comercial ni en la retribución que se exigía. Al ser los tipos de interés más bajos que los que hubiesen resultado del juego de oferta y demanda, las distintas burbujas no sólo no han encontrado elementos que la desincentiven, sino que, por el contrario, han sido estimuladas por los bancos centrales.

Por tanto, no se puede culpar a la falta de consumo ni de causar la crisis, ni de ser la causa por la que no se sale de la misma. Tanto ahorro como consumo son dos elementos esenciales en la economía, sin que exista una proporción óptima a priori, y sin que su alteración vaya a servir para acelerar la salida de la misma.

Unas críticas al cheque escolar

Atribuido a Milton Friedman aunque ya propuesto por Thomas Paine en el siglo XVIII y debatido en Francia en 1870, el cheque o bono escolar ondea como bandera de la libertad en la enseñanza. Los que lo defienden aseguran que es la opción que aporta más de este principio a las familias así como incentivos a la mejora de los centros educativos.

Las variedades de cheque escolar son muchas pero la relevante para los liberales que lo defienden es la de cheque ilimitado (sin zonificación escolar o adscripción de colegio por residencia u otros motivos), suplementario (que el usuario pueda aportar una cuantía adicional con sus propios fondos) y con transporte incluido. Admitir un cheque escolar con más restricciones significaría una diferencia tan mínima respecto del actual sistema que apenas es digno de comentar.

El cheque, se dice, aumenta la capacidad de elegir de los padres. Así, éstos encontrarán mayores niveles de satisfacción. Además, los centros, al competir por atraer a los alumnos, tendrán un incentivo para mejorar su gestión, docencia, instalaciones, etc. Visto así parece sencillo y lo es, quizá, en exceso.

Lo que el bono no cuestiona es el sistema de enseñanza pagado con los impuestos. Parte de que el Estado aporta los fondos a los colegios para su funcionamiento garantizándolos al completo para las etapas obligatorias y para los de titularidad pública fuera de ella. Que la enseñanza esté a cargo de los tributos entra en la lógica de considerarla como un bien público básico, que debe ser garantizado a todo el mundo, productor de igualdad de oportunidades así como generador de unas externalidades positivas que benefician a todos en general y que, por consiguiente, todos deben pagar. En eso los partidarios del cheque escolar están de acuerdo con los que mantienen una enseñanza sin capacidad de elegir para los padres. Los argumentos del bien público y las externalidades se adornan con correlaciones estadísticas más que cuestionables que no son el objeto de este comentario. Unas, vinculan la enseñanza con el falaz PIB y otras, los salarios o el empleo con el nivel de instrucción.

Lo definitorio del bono escolar es que el usuario del servicio decide con su elección a qué colegio irá el subsidio. Pero el dinero de los impuestos sigue estando sometido a los condicionamientos habituales. Partiendo de que el Estado detenta la representación de la voluntad general (bajo los mecanismos democráticos o no que estén en vigor), la concesión de fondos se aplica bajo la premisa ideológica de establecer los fines del servicio público en cuestión. En el caso de los colegios, éstos, a cambio de ser sostenidos, deben seguir la orientación pedagógica que marque el estado: qué contenidos enseñar, cómo enseñar y cuáles han de ser los resultados de la enseñanza.

En un hipotético sistema de cheque escolar, como el definido arriba, los requisitos burocráticos públicos contradicen la dinámica liberal que se introduce. Habría que prever que el bono puede acabar en que unos colegios hayan de cerrar (los de zonas de escasa población, por ejemplo) y otros ampliar sus instalaciones en zonas donde, por añadidura, habría otros centros con aulas vacías a consecuencia del nuevo sistema. El resultado de las elecciones de los padres puede, en suma, acabar divergiendo respecto de la actual distribución zonal de los colegios que se considera, por imposición administrativa, eficiente y satisfactoria pues, simplemente, la libertad está plenamente ausente. El cheque puede hacer variar las dimensiones de los colegios y acabar desajustando la situación burocrática e ineficiente del presente, con situaciones nuevas, como la del cierre de unas aulas y la infrautilización de otras, que serán vistas como contradictorias con la esencia de la misma gratuidad. Desde una perspectiva liberal es, sin duda, irrelevante ante el incremento de libertad. Pero, en este contexto y dado que la gratuidad implica que el Estado, garante del místico interés general, ha de asegurar la equidad social y territorial, ¿aguantaría el cheque los ataques que sufriría desde estos principios? Pienso que no. Si hay consenso en torno a ellos, los partidarios del cheque se verían arrinconados por la argumentación.

Para introducir el cheque, como medida transitoria hacia la rápida y plena libertad empresarial en la enseñanza, el principio de gratuidad debe ser combatido. Por el contrario, las experiencias existentes lo restringen como instrumento de liberalización y se utiliza como mecanismo de eficiencia en el gasto, compensación de desigualdades e incremento de la sensación de satisfacción del usuario.

En el sistema actual, que hace desaparecer toda opción a la libertad, la ficción de que se logra el equilibrio y la equidad es mayor que en un sistema mixto, libertad-gratuidad, como el que preconizan los propagandistas del cheque. La reducción de la equidad que conlleva atenta contra el principio consensuado. La viabilidad del cheque escolar, que podría existir, está condicionada, por ello, al cuestionamiento frontal de la presencia de dinero público en la educación y a una tendencia decidida de retirada del mismo.

Además, tratándose de que el Estado regula la extensión, contenido y modos de la educación al subsidiarla, el problema de los costes de un modelo de bono que acepta la gratuidad apenas difiere del que se presenta en el actual, que se centra que el bloqueo de una función empresarial impulsora de la creatividad pedagógica, la diversidad docente y la multiplicación de modos de financiación. Los costes de la gratuidad son, pues, altos. ¿Cómo podríamos estar en términos educativos si el Estado no fuera nuestro principal docente, con o sin cheque?

El error de las ayudas al sector del automóvil

El sector del automóvil está sufriendo un fuerte frenazo. Considerado por muchos analistas como la columna vertebral de la industria española, este sector significa el 8,5 % del PIB, el 25% de las exportaciones y alrededor del 8% del empleo a nivel industrial. Ante este gris panorama, el Gobierno español ha decidido acudir al rescate del sector, como era de esperar.

Cuando un Gobierno decide proteger o fomentar un determinado sector de la economía, lo puede hacer de distintas formas: estableciendo precios máximos o mínimos, imponiendo aranceles o mediante subvenciones, entre otras. En el caso español, Zapatero ha apostado por solucionar la situación del sector automovilístico mediante ayudas y subvenciones directas, argumentando que la caída de este sector arrastraría a otros muchos sectores y, por tanto, a toda la economía del país. Mediante el plan2000E se promete una subvención de hasta 2000 euros para la adquisición de un automóvil: 500 euros los aportaría el gobierno central, 1000 euros los fabricantes y 500 euros las comunidades autónomas que lo deseen.

Es cierto que la crisis de un sector como el automovilístico es perjudicial para la economía española. Pero lo que no está tan claro es que las medidas que ha propuesto el Gobierno socialista sean convenientes. Bajo mi punto de vista, no sólo no van a constituir ninguna ayuda para los ciudadanos, sino que estas medidas de intervención van a producir unos efectos contrarios de aquellos que se pretendía lograr, como expondré a continuación.

Veamos. ¿Por qué se ha visto especialmente afectado el sector del automóvil por la crisis económica? La razón es que durante una crisis económica, los individuos suelen reducir su consumo, ya sea ahorrando o atesorando. Esto sucede principalmente por dos motivos. El primer motivo es que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a sus futuros ingresos económicos. No saben si perderán su trabajo (si es que no lo han perdido ya), por lo que reducen su consumo para prevenir y anticipar momentos difíciles. Los primeros bienes y servicios que se resienten son los que los individuos consideran "un lujo", como es el caso de los automóviles, el turismo o el ladrillo. Estos gastos, como es lógico, se aparcan hasta que la situación económica sea más favorable y certera. Un segundo motivo por el que los individuos reducen su consumo es que observan como los precios de algunos bienes y servicios han disminuido y perciben que continuarán descendiendo en el futuro, por lo que deciden retrasar su consumo para hacerse con ellos a un menor precio en el futuro. Finalmente, a todo esto hay que unirle la dificultad de acceder al crédito (debido a la insolvencia de los bancos), cosa fundamental para la adquisición de un coche.

Ya solamente por esto que acabamos de exponer las ayudas al automóvil no funcionarán, porque como es obvio, alguien que está en paro (o cree que puede estarlo) no va a poder realizar una inversión en un coche simplemente porque rebajen su precio dos mil euros (en el mejor de los casos).

Pero es que además, las subvenciones al automóvil significan la transferencia de renta de los contribuyentes hacia ese sector. Todo lo que pierdan los ciudadanos será lo que gane el sector del automóvil. Es sencillamente un sistema de suma cero: todo lo que se les extrae a unos lo reciben los otros. Y esto significa que se transfiere riqueza coactivamente de unos sectores a otros de la economía, porque los ciudadanos no podrán gastarse el dinero que se les extrae vía impuestos en otras industrias, y éstas no obtendrán los ingresos que hubiesen tenido. El resto de industrias deberán disminuir sus ventas y restringir su producción para que se ayude y rescate al sector automovilístico. Los recursos, por tanto, no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad.

Se suele argumentar que hay que subvencionar directamente a la industria del automóvil porque si no dejará a muchos trabajadores en el paro en tiempos de crisis. Pero desgraciadamente para todos, es inevitable que haya desempleo en el sector. En su momento las empresas automovilísticas decidieron emprender nuevos proyectos de inversión animados por un aumento en la demanda provocada por las políticas de dinero barato orquestadas por los bancos centrales. Actualmente se han puesto de manifiesto estas malas inversiones, por lo que hay un exceso de recursos y mano de obra en ese sector debido a que los costes en que incurrieron las empresas no están realmente respaldados por ninguna demanda. La única forma de tratar esta situación de crisis es facilitar que los recursos y la mano de obra se trasladen a otros sectores más eficientes, rentables y competitivos.

Por tanto, la forma de luchar contra el desempleo en la industria del automóvil no es mediante subvenciones destinadas a intentar que las empresas conserven sus plantillas a toda costa (si no se quiere que las empresas quiebren o se vayan del país). Esto sólo significaría malgastar el ahorro de los ciudadanos, cuando lo que habría que hacer es favorecerlo, para que lo que se ahorra en bienes de consumo se invierta en bienes de producción.

La conclusión de las ayudas gubernamentales al automóvil es que, no sólo están beneficiando a un grupo a expensas de los demás, sino que están perjudicando a toda la economía del país porque se crea menos riqueza de la que se hubiera creado. No se puede querer solucionar un problema olvidando las reglas básicas de la economía. Sencillamente, perdemos y nos empobrecemos todos.

Internautas por la libertad en Cuba

Pedimos a todas las personas e instituciones defensoras de los derechos civiles en el mundo que contribuyan a esta movilización, y llamamos al gobierno cubano a:

  • Liberar a los presos políticos en Cuba
  • Levantar las prohibiciones que impiden a los cubanos entrar y salir de su país
  • Levantar las prohibiciones de acceso a Internet para los cubanos

La petición con la que arranca este artículo aparece hoy, 1 de junio de 2009, en cientos de bitácoras y otro tipo de webs en diversos idiomas. Esta jornada ha sido proclamada, sin que ningún gobierno ni organismo internacional intervenga en ella, como de "Movilización general web por los derechos y libertades de Cuba". Cubanos del interior de la Isla que, a pesar de las crecientes limitaciones al ya restringido acceso a internet en el país, se las arreglan de un modo u otro para mantener un blog y compatriotas suyos exiliados en Estados Unidos, España y docenas de otros países, así como personas de otras muchas nacionalidades se han puesto de acuerdo sin conocerse unos a otros para denunciar de forma conjunta a la tiranía castrista.

Internet lo ha hecho posible. Unos pocos blogs dedicados a la movilización, webs del exilio informando sobre ello, la noticia en algún medio digital generalista y un grupo en Facebook que resultó ser un éxito nada más crearse han demostrado la capacidad de movilización que ofrece la Red. Algo a lo que teme, y con razón, el régimen de La Habana. De hecho tiene tanto miedo a esta iniciativa que, de un día para otro, bloqueó cientos de direcciones de correo electrónico de cubanos del interior a las que se había enviado información sobre la jornada. Sin embargo, de una manera u otra, la información sobre este día habrá llegado a tiempo a muchos demócratas de la isla y antes o después otros tendrán noticias de lo que cientos de personas han hecho en numerosos países por la causa de la libertad en Cuba.

La participación de no cubanos es fundamental. Para todos los resistentes pacíficos a la dictadura que viven en la isla-cárcel supone un apoyo moral fundamental saber que no están solos. Les da ánimos para seguir adelante con su lucha, les da un impulso importantísimo ante el más que comprensible desaliento que surge ante la apariencia de que las cosas que no cambian. Y también hace temblar a los tiranos. A los dictadores de todo tipo les importa mucho la opinión pública del extranjero, saben que esta puede hacer recular a un Gobierno democrático a la hora de tomar medidas que favorecen a un liberticida. Por eso tratan de cuidar su imagen y ponen tanto esfuerzo en propaganda, algo en lo que siempre ha sido muy efectivo el castrismo.

Por todo ello, hoy 1 de junio de 2009 desde aquí nos unimos a internautas de todo el mundo para exigir libertad para los cubanos. No nos callamos ante la tiranía.

El Tribunal Supremo, aliado del Gobierno federal

Los medios de comunicación se afanan en describir a la verdadera Sonia Sotomayor, la mujer propuesta por Barack H. Obama para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Los españoles, con acendrado racismo, tan acostumbrados a él que son incapaces de olerlo, han destacado de ella que es hispana. Los medios locales se preguntan si pertenece a la extrema izquierda, si es centrista, si es la anti-Roberts y demás. Es decir, no su color sino sus ideas. Ello tendrá relevancia para la historia de las próximas décadas, las que la juez Sotomayor ejerza su magistratura. Pero su última renovación es ocasión tan propicia como cualquier otra para valorar la función del Tribunal Supremo en la historia de la democracia americana.

La Constitución estadounidense no es un sistema cerrado, sino que otorga cierta libertad a las instituciones para su ulterior desarrollo. El Tribunal Supremo es, claro está, el que ejerce la última instancia. Esa función le lleva, naturalmente, a ser intérprete de la Constitución. Pero ello no quiere decir que sea el único. De hecho, las declaraciones de Kentucky y Virginia, escritas en 1798 por Jefferson y Madison, recordaban que los Estados son, cada uno de ellos, legítimos intérpretes de la Constitución de los Estados Unidos. Pero sólo cinco años más tarde, en la decisión del Juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison, el Tribunal Supremo se posicionó a sí mismo como intérprete último de la Constitución. Esta decisión, más la Guerra de Secesión, acabaron con la capacidad de los Estados, al menos en la práctica, de juzgar la constitucionalidad de las normas.

El Supremo se ha opuesto valientemente a ciertos abusos por parte de alguno de los peores presidentes de los Estados Unidos, como cuando Roger Taney le recordó a Lincoln que él no tenía derecho de suspender el habeas corpus, o la oposición de Charles Evans Hughes al New Deal.

Pero en conjunto, el Supremo, merced a convertirse en la única institución que interpreta la puridad constitucional de las normas, ha ido sancionando los crecientes poderes del Gobierno Federal, que han ido mucho más allá de lo permitido por la norma suprema. No es ya que la función del presidente de los Estados Unidos haya cambiado hasta hacerse irreconocible. Ya no es la persona encargada de que se cumplan las leyes, sino el principal impulsor de la política y de la legislación. Y la institución que se ha dado a sí misma el monopolio del control constitucional del orden jurídico poco a poco, con pasos adelante y atrás, ha ido sancionando esa transformación.

Sotomayor pasará a la pequeña historia de esta institución, pero su gran historia se escribirá desde el poder.

George Selgin: la irrefrenable iliquidez del descalce de plazos

La conclusión más importante del sistema teórico de George Selgin es que si los bancos ajustan la oferta de pasivos bancario a su demanda, al mismo tiempo estarán igualando la oferta de fondos prestables a su demanda (condición de equilibrio monetario). En el anterior artículo ya comprobamos que George Selgin confundía algunos conceptos económicos esenciales como son dinero, promesa convertible en dinero y ahorro, de modo que un incremento de la demanda de dinero o de promesas convertibles en dinero no implicaba un incremento de recursos a disposición de los bancos para emprender inversiones a largo plazo. El mercado monetario y el de capitales no deberían ser vasos comunicantes, por mucho que los bancos lo intenten y el sistema proteste a través de crisis económicas.

Pero partiendo de las premisas de Selgin, la función de los bancos vendría a ser la de intermediarios financieros que gestionan su activo de modo que puedan atender a los vencimientos, previstos e imprevistos, de su pasivo, entendidos todos ellos como fuente de ahorro. O dicho de otra manera, su función sería la de convertir los saldos de tesorería de sus clientes en inversiones a largo plazo (transformación de plazos): “Los préstamos al banco de sus clientes son por lo general de mucha menor duración que la de los créditos que el banco ofrece a sus deudores. Por tanto, los banqueros han de ser siempre capaces de transformar los créditos que reciben por un plazo indeterminado en inversiones y préstamos a largo plazo”.

Esto último es posible, según Selgin, gracias a la ley de los grandes números. Las cámaras de compensación interbancarias arrojan diariamente unos saldos cuyo promedio a lo largo del tiempo es cero (los saldos acreedores de un día tenderán a compensarse con los saldos deudores de otro) si es que ningún banco está aumentando la oferta de billetes por encima de su demanda. Por tanto, cada banco no tiene que fijarse en el uso concreto que cada tenedor de sus pasivos quiera hacer de ellos (gastarlo o mantenerlo en tesorería), sino que puede concentrarse en las variaciones agregadas de la demanda por los mismos. Si la demanda global por sus pasivos cae, comenzará a padecer saldos negativos en las cámaras de compensación, viéndose forzado a liquidar parte de sus activos para poder atenderlos, mientras que si la demanda global aumenta sin que infle la oferta, acumulará saldos acreedores que se traducirán en nuevas reservas, lo que le permitirá incrementar sus pasivos.

Si el promedio de los saldos interbancarios es cero en condiciones de equilibrio, lo único que necesitará cada banco será mantener una cierta reserva precaucional que le permita asegurarse que siempre podrá atender el pago de sus saldos deudores, y es que aunque el promedio sea cero, la varianza no lo es (por ejemplo, un banco puede tener que desembolsar hoy 60.000 unidades monetarias al resto de bancos y en lo próximos días percibir 20.000 de ellos). Siguiendo el famoso artículo de Baumol, Selgin postula que esas reservas precaucionales deberán ser iguales a la raíz cuadrada de los saldos brutos del banco en la cámara de compensación ponderados negativamente por el coste de mantener reservas (el tipo de interés) y positivamente por el coste de no hacerlo (pérdida por liquidación apresurada de los activos).

Ahora bien, aun cuando el banco pueda desatender la demanda individual de pasivos por parte de sus clientes gracias a la ley de los grandes números y a las reservas precaucionales, no puede hacer lo mismo con la demanda agregada. Si un banco oferta más pasivos que los que la gente está dispuesta a mantener en tesorería, entraría en funcionamiento lo que Selgin llama "ley de la compensación adversa", esto es, la acumulación de saldos deudores en las cámaras de compensación por parte de los bancos que inflan sus pasivos y la pérdida persistente de reservas en términos netos.

Aunque puedo estar de acuerdo con Selgin en que un sistema de banca libre pondría freno a las expansiones crediticias y tendería a mantenerse líquido, sí niego que cualquier sistema de banca (libre o no) pueda mantenerse líquido endeudándose a corto e invirtiendo a largo. Además, tampoco deberíamos obviar, por muy superior que sea la banca libre sobre la banca central monopolizada, los riesgos y tendencias que existen en la primera para inflar artificialmente el crédito.

La ley de los grandes números puede servir para gestionar la liquidez bancaria cuando la emisión de pasivos se produce contra el descuento de créditos comerciales, ya que en este caso los bancos no modifican las posiciones de liquidez de la sociedad y, por tanto, el comportamiento imprevisto de los agentes sí tendrá un carácter más bien aleatorio (las salidas imprevistas de reservas tenderán a cancelarse con las entradas imprevistas). Si se limitan a esto, la actividad de los bancos consiste en incrementar el número de intercambios gracias a la mayor negociabilidad de sus pasivos, pero unos agentes no ganan liquidez a costa de los otros y la estructura productiva crece sin que nadie vea malogradas sus expectativas.

En cambio, cuando los bancos emiten pasivos para financiar inversiones a largo plazo, se produce una redistribución no voluntaria de la liquidez y una modificación de la estructura productiva que no es compatible con los planes de todos los agentes. Por consiguiente, la transformación de plazos socava las condiciones que permitían asumir una cierta aleatoriedad en el comportamiento imprevisto de los agentes y provoca la pérdida de reservas primero desde los bancos que más han inflado a los que lo han hecho menos y posteriormente desde todo el sistema bancario hacia los depositantes (atesoramiento de oro). Y aquí obviamente de poco sirven unas reservas precaucionales cuya función no es la de cubrir pérdidas permanentes de reservas sino desembolsos transitorios que se producen cuando el promedio de los saldos netos entre bancos sigue siendo cero.

Por otro lado, tampoco la ley de compensación adversa evita necesariamente que los bancos logren expandir el número de sus pasivos por encima de su supuesta demanda. Primero, porque si los billetes que sobreemite un banco individual no refluyen del todo al sistema bancario (ya sea porque sus tenedores los utilicen al margen del mismo o porque no discriminen entre los billetes de los distintos bancos), la ley de compensación adversa no actuará (o incluso puede que actúe en perjuicio de los bancos que no han inflado). Y segundo porque, como el propio Selgin reconoce, esta ley tampoco opera cuando los bancos expanden de manera concertada sus pasivos (ya que los mayores saldos deudores de un banco se compensarán con sus mayores saldos acreedores contra el resto de bancos que inflen). En este punto, Selgin se defiende afirmando que si los bancos aumentan sus pasivos en concierto, la expansión de crédito se frenará por otra vía: el incremento de las reservas precaucionales. Aunque el promedio de los saldos netos siga siendo cero, dado que la varianza de esos saldos aumenta, también tendrán que hacerlo las reservas precaucionales (en concreto, en una cuantía igual a la raíz cuadrada del incremento de los saldos brutos ponderado por coste).

Este punto, sin embargo, también es harto dudoso. Primero, durante las expansiones de crédito la negociabilidad de los activos a largo plazo se incrementa, de modo que un banco puede liquidarlos a muy bajo coste (el beneficio marginal de mantener reservas precaucionales se reduce). Y segundo, si el promedio de los saldos netos sigue siendo cero, aun cuando su varianza se incremente, los bancos bien pueden liquidar sus saldos deudores transitorios pidiendo prestadas las reservas a otro banco a través de un mecanismo harto frecuente en nuestras sociedades: los mercados interbancarios. Selgin considera que si existen mercados interbancarios, las reservas de los bancos caerían a cero y el valor del oro pasaría a depender sólo de su demanda no monetaria. Pero no explican qué frenaría la expansión del crédito en este escenario, salvo una eventual retirada masiva de reservas por los depositantes (algo que, por lo general, asume que no se produce y que en todo caso, lejos de hundir el valor del oro como pronostica, lo dispararía).

Tal vez consciente de que un sistema bancario que se endeudara a corto e invirtiera a largo tendería a poseer un volumen de reservas inferior al que garantizaría su viabilidad (aun cuando los bancos sólo adaptaran su oferta de pasivos a la demanda), Selgin defiende los contratos de suspensión temporal de la convertibilidad de sus pasivos con el fin de garantizar la supervivencia del banco. Pero esto equivale a cambiar la naturaleza del banco: deja de ser un mecanismo para facilitar los intercambios y se convierte en uno para crear ahorro forzoso en la sociedad.

No digo que el sistema bancario de Selgin sea ilegítimo, sólo que pretende convertir el fracaso del negocio bancario (la iliquidez) en su norma de funcionamiento y esto no favorece la creación de riqueza, sino el consumo de capital. En cualquier caso, tengo serias dudas de que un sistema bancario libre adoptara la forma que describe Selgin, pero esto lo analizaré en un futuro artículo.

La justicia y sus suburbios

Anthony de Jasay es un gran desconocido para la mayoría de los ciudadanos de a pie. Para los miembros y simpatizantes del Instituto Juan de Mariana ya no: es nuestro homenajeado de este año.

Reconozco haber leído solamente dos de sus libros y alguno de sus artículos. Pero también puedo decir, con toda humildad, que de cada párrafo leído he aprendido mucho más de lo esperable y cada vez que retomo alguno de sus escritos sigo sacando lecciones.

En La Justicia y sus Alrededores afirma que es más importante fomentar el pensamiento claro que los buenos principios, ya que cuando uno tiene claridad de pensamiento y es riguroso, los buenos principios se defienden por sí solos. Esta es una de las grandes lecciones.

Probablemente es más difícil y menos lucido de cara al respetable proclamar y enseñar a pensar con claridad y rigor, pero en nuestros días es mucho más importante que cualquier otra cosa, dada la confusión en la que vivimos desde hace demasiado tiempo. Ya no importa la etiqueta con que uno se defina porque se pervierte el lenguaje y todos son cualquier cosa, no importa la teoría económica que analices porque hay una para cada partido político, no importan los partidos políticos en los que pongas tu confianza porque hay uno por cada categoría de "clientes" dispuestos a recibir una subvención a costa de los demás…

Por eso quiero hacer caso de Anthony de Jasay y me voy a centrar en aclarar una sola idea siguiendo su lógica: la justicia y lo que no es la justicia en el intercambio.

El Estado, la redistribución de la riqueza y la renta, los beneficios y las cargas entre aquellos que toman decisiones colectivas y quienes se someten a ellas, el diseño de las instituciones económicas y sociales para conseguir que se ajusten a una única ideología y el problema de la libertad individual. Estas son las áreas cercanas por empatía a la justicia, que no son la justicia propiamente dicha. Lo que De Jasay pone de manifiesto es que quienes claman por la defensa de la justicia lo hacen desde estos alrededores (que a veces son suburbios) y en su nombre.

Uno de los aspectos que más me gusta releer, y que De Jasay avanza desde la misma introducción, es el que se refiere a la justicia del mercado. ¿Deben las autoridades corregir los desajustes generados por la injusta distribución del mercado? Si es verdad que el mercado crea desigualdades injustas, parece claro que "alguien", el encargado de gestionar eso de la justicia, tiene algo que decir y que hacer.

Pero esa falacia carece de fundamento ya que el mercado no redistribuye realmente, no es en esencia un mecanismo redistribuidor (¡al contrario de lo que yo misma he afirmado en varias ocasiones!). La redistribución de rentas que sucede en el mercado es el resultado no intencionado de innumerables transacciones bilaterales determinadas, a su vez, por las capacidades y las necesidades de los individuos. Estos intercambios ni son justos, ni injustos, ni se pueden agregar considerándolos como un todo coherente.

Es más, si tenemos en cuenta que estos intercambios son fruto del ejercicio de la libertad y de los derechos individuales, podemos concluir que si se permite el ejercicio de estos derechos y libertades individuales la distribución generada será justa y, en caso contrario será injusta. Por tanto, impedir que cada cual desarrolle su esfuerzo y sus capacidades como le plazca e intercambie libremente en el mercado conduce a una distribución de la riqueza injusta. No se trata tanto de que el resultado sea igualitario como de que se ejerza en libertad. Y si el intercambio no da lugar a un resultado igualitario y a alguien le parece mal, no se trata de un problema de justicia, deberá reclamar en otra ventanilla.

Pero ¿en cuál? Para responder a esta pregunta, De Jasay expone dos conceptos de justicia excluyentes que dominan nuestra cultura. La justicia asociada a la responsabilidad y aquella en la que no hay culpables. La mayoría de las injusticias distributivas se deben a ésta última: no hay culpables de las diferencias en la inteligencia, la estatura, el don de gentes, la fuerza física, la memoria… excepto la madre naturaleza. Y, si hay que compensar sus errores ¿hay que remunerar los aciertos? ¿Premia el hombre a la naturaleza cuando es "justa"? Esta reflexión cargada de sarcasmo encierra la clave de una de las falacias más graves y dañinas de nuestra decadente época.

Y si asumimos que sí hay responsables y que es la agencia humana la causante de resultados desiguales en el intercambio, entonces el resultado es peor. Dado que los intercambios bilaterales son la base del mercado, las correcciones implican negar la libertad de una parte de las personas que participan en el mercado, de manera que la máxima "todo el mundo puede usar sus capacidades y esfuerzos e intercambiarlos como quiera" se ve limitada por un "excepto usted que quiere acceder a mejor sanidad pagando más", "excepto usted que está dispuesta a cobrar menos del salario que me parece ‘digno’ por su esfuerzo en esta empresa", "excepto usted que ha conseguido una ganancia que provoca envidias"… y así podríamos seguir.

Si la desigualdad es un problema, no es un problema de injusticia, es de otra índole. Tal vez el problema es la dificultad para algunos de asumir que no somos iguales. Apelar a la justicia para imponer el igualitarismo es liberticida y además, da lugar a una redistribución injusta.

Adidas y Puma: la rivalidad de los Dassler

Los hermanos Dassler (Rudolf y Adolf) eran dueños de una fábrica exitosa de calzado deportivo allá por los años 20 en la pequeña localidad de Herzogenaurach, cerca de Nürenberg. Pese a que su capacidad empresarial era portentosa, ninguno de ellos fue un santo. Ambos se afiliaron al partido nazi poco después de que éste se hiciera con el poder. No obstante, su fidelidad primera se decantó siempre por el negocio de las zapatillas.

Durante los Juegos olímpicos de Berlín de 1936 Hitler se sintió fuertemente contrariado al comprobar cómo sus deportistas arios eran sistemáticamente superados por los atletas afro-americanos. Lo que, tal vez, el Führer ignoraba era que Jesse Owens calzaba unas novedosas zapatillas de clavos confeccionadas por la Gebrüder Dassler Schuhfabrik.

La Segunda Guerra Mundial truncó brutalmente muchas vidas y proyectos empresariales. La fábrica de los hermanos Dassler se transformó en taller de tanques y en almacén de lanzallamas (este tipo de cosas era lo que demandaban más urgentemente los jerifaltes de la planificada economía alemana de entonces). Al concluir la contienda una fuerte discusión precipitó el cisma fratricida. Nunca más volverían a dirigirse la palabra. Cada uno montó separadamente su propia fábrica de zapatillas en sendos lados del río de su ciudad natal. Rudolf registró en 1948 la marca Ruda, que luego se transformaría en Puma y Adolf (el benjamín Adi) creó al poco tiempo la suya: Adidas, contracción de su nombre y apellido.

La competencia entre ambas compañías fue desde entonces feroz, al igual que el creciente antagonismo entre sus fundadores. Los trabajadores, sus familias y todos los residentes de la pequeña villa bávara tuvieron que tomar partido por una u otra marca. La elección del centro de trabajo y las preferencias en el vestuario deportivo era toda una declaración de principios que acarreaba la retirada del saludo de los miembros del bando opuesto. Por descontado cada uno tenía sus propias tiendas, escuelas y bares de adictos a los que acudir.

La rivalidad se extendió hasta hijos y nietos; demandas judiciales incluidas. Los diferentes Dassler y sus empleados trabajaron duro, mejoraron sus procesos productivos y, entre medias, popularizaron el uso de prendas deportivas por el mundo. Sin ningún diseño previo, tanto la enseña del trébol rayado como la del felino brincador acabarían por copar en los años 60 y 70 el mercado internacional. Se convirtieron en verdaderos iconos deportivos.

En su empeño por batir a su contrincante, debemos a la dividida saga Dassler la aparición del moderno marketing deportivo y el patrocinio millonario de los grandes deportistas (no exentos de corrupciones y alguna que otra felonía). Puma hizo fichajes memorables con Pelé, Cruyff, Boris Becker o Maradona. Adidas hizo lo propio con Bob Beamon, Cassius Clay o Beckenbauer y, recientemente, con Beckham o Messi. Incluso el jubilado Fidel Castro, profeta anticapitalista, apareció ataviado con su lustroso chándal de Adidas (confirmando ésta su eslogan de “impossible is nothing y contrariando, esta vez, a la progresía bermeja).

Ambas compañías recalaron pronto en el mercado de los EE UU. Su presencia propició sin duda la aparición en 1971 de una pequeña empresa de Oregón (inicialmente llamada Blue Ribbon Sports) que acabó dominando años después el mercado de la indumentaria deportiva: Nike es, actualmente y por el momento, la marca hegemónica mundial, seguida de Adidas-Reebok (Puma ha quedado bastante marginada, lejos de su indiscutido predominio de antaño junto a su adversario tribarrado).

En sus años dorados Puma introdujo, no obstante, innovaciones destacables como la moderna vulcanización, el cierre con velcro, la tecnología duoflex con fibra de carbono o las cámaras de aire interconectadas entre sí. Luego supo reinventarse a finales de los 90 al fusionar anticipadamente deporte y moda y conseguir conectar con un segmento más exclusivo de población urbanita que, sin practicar necesariamente deporte alguno, se preocupa por su salud e imagen. Ahora se la asocia a una marca cool.

Por su parte, el equipo de técnicos de Adidas aportó los tacos recambiables, el uso de materiales impermeables o la incorporación de tiras de goma modelo predator. A partir de los 90 hizo análisis escaneados del pie para diseños personalizados del calzado de los deportistas de élite, siendo hoy ya posible para el público en general el propio diseño o “tuneo” de las zapatillas. Sus modernas fábricas producen incluso calzado con microprocesadores (zapatilla inteligente tipo Adidas 1) o materiales nanotecnológicos.

Los herederos de Rudolf y de Adi perdieron hace años el control accionarial de sus respectivas empresas que han sufrido desde entonces diversas vicisitudes y cambios de dueños (incluido el ineficiente lustro de fines de los 80 en que Puma pasó a ser una empresa pública alemana). Sin embargo, toda aquella tenaz rivalidad cambió para siempre el mercado globalizado del equipamiento deportivo en beneficio de todos los consumidores.

Hace siglos que los escolásticos salmantinos, entre otras muchas observaciones certeras, supieron describir los fructíferos efectos de la competencia dinámica en el desarrollo de la sociedad pese a que los caminos que pueda aquélla tomar fueran siempre impredecibles.

Planificadores de todos los partidos, abstenerse de trazarlos. La imposición de una “competencia perfecta” no hubiera permitido la peripecia vital y empresarial de los Dassler.