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Empresarialidad a la española

En el año 2001 se creó Vitelcom, empresa tecnológica española que se dedicó a la fabricación de móviles con tecnología UMTS, EDGE, GSM/GPRS y CDMA y que suministró terminales a Telefónica Móviles aprovechándose de una nueva estrategia en el negocio de la operadora, la creación de una marca blanca que, a precios más asequibles, pretendía competir con los principales fabricantes.

La fabricación de estos móviles empezó a realizarse en una planta situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, un centro empresarial situado en Málaga y promovido por la Junta de esta Comunidad que pretendía atraer a líderes tecnológicos mundiales a través de acuerdos y ayudas públicas para revitalizar la economía de una de las provincias andaluzas paradójicamente más prosperas. Vitelcom pidió y recibió ayudas públicas para desarrollar allí su actividad. La Junta andaluza fue generosa y mientras se mantuvieron los acuerdos con Telefónica las ventas estuvieron aseguradas, así como la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo. Fue una época gloriosa, con acuerdos con otros fabricantes como Grundig, pero también problemas como los que tuvo con Nokia, que la acusó de copia de patentes. Pero nada es para siempre y menos cuando se cometen errores de bulto, errores que se ven con mucha frecuencia en las empresas españolas.

El primer gran error de Vitelcom fue no diversificarse. No se puede vivir de un único cliente. A Telefónica le fue rentable mantener esta línea de negocio durante una temporada, pero el cambiante y novedoso mercado de la telefonía móvil tiene sus propios caminos y Vitelcom no pudo o no supo verlos. La principal obligación de un empresario es analizar la situación y prever los cambios de tendencias, observar las oportunidades y saber sacar partido, la viabilidad de una empresa se basa en eso. De no haber sido así, Nokia no hubiera pasado de ser una empresa dedicada a la pulpa de madera en sus comienzos en 1865 a una puntera empresa de tecnología. Los principales directivos de Vitelcom no tomaron las decisiones adecuadas y cuando Telefónica rompió el acuerdo no tenían ni una tecnología puntera ni un cliente lo suficientemente importante ni una razón para seguir existiendo.

El segundo gran error de la Vitelcom fue confiar en que se puede sobrevivir hasta el fin de los tiempos a base de ayudas públicas. Muchos empresarios españoles, sobre todo en sectores con excesivo peso de lo público (obras, proyectos, regulación, etc.), mantienen una actitud más cercana a la servidumbre feudal que a la que se debería tener en una economía basada en el libre mercado. No es de extrañar, pues la necesidad de capital en los negocios hace que los mismos empresarios los busquen en lugares donde disminuye el riesgo, sin darse cuenta de que el riesgo es necesario en el proceso empresarial. El Estado, especialista en expoliar al ciudadano para cumplir sus propios fines, mantiene en sus manos un capital que puede repartir entre aquellos que le rinden pleitesía. La corrupción es favorecida por el propio sistema.

Y Vitelcom se desmoronó, los despidos se fueron sucediendo en pocos meses. Los intentos de vender la empresa a Hyundai fracasaron. La Junta de Andalucía se quejó de que todas las ayudas que había dado a la empresa se habían perdido en una especie de agujero negro y los trabajadores, dentro de esta línea intervencionista que domina el pensamiento de la mayoría de los españoles, exigieron a la Junta que les volviera a recolocar en empresas del sector, labor a la que se ha dedicado con aparente éxito. Y así, el coste de esta gestión se debe unir a las ayudas que se han destinado a mantener un negocio que fue un fiasco casi desde el principio y que ha costado mucho al contribuyente. Es el modelo empresarial español, que da bastante pena.

Mente, Reglas y Derecho

Si aceptamos como cierto que el Derecho sea anterior a la Ley, debemos ser capaces de advertir cómo siguiendo este razonamiento la regla debe ser previa al Derecho. La regularidad en los acontecimientos permite percibir reglas. En lo social, semejante regularidad en las conductas afirma la consolidación de reglas, pero es que además dichas reglas generan a su vez nuevas regularidades. Las reglas de conducta se caracterizan por un dinamismo centrífugo. Los individuos que reproducen el contenido reglado se incorporan a un ámbito de interacción que permite su sociabilidad generando certidumbres sobre las que trazar expectativas particulares. Un sistema de reglas viene acompañado de coordinación entre los fines de quienes adaptan su comportamiento al contenido que estas prevén.

La mente humana es un complejo mecanismo de clasificación de sensaciones en pos de adaptar la acción del individuo hacia el éxito probable. Dos órdenes diferenciados: el sensorial y el físico. Clasificaciones mentales que no tienen por qué corresponderse con el vínculo objetivo entre diferentes fenómenos. La mente puede discriminar entre aquello que sí guarda una estrecha relación física. Las reglas perceptivas favorecen la inteligibilidad del individuo respecto al escenario de su acción. La mente se ordena como un gran mapa donde conviven teorías, causalidades y fenómenos relacionados, capaces de dotar al sujeto de un entramado estable, pero dinámico, sin el que no sería posible la acción.

La conducta y las reglas que la gobiernan no pueden entenderse de distinto modo. Pertenecen al núcleo duro del orden sensorial en la medida que para explicar o articular su contenido siempre será necesaria una regla mental imposible de comprender. La mente no puede explicarse a sí misma. El individuo percibe, actúa y se comporta respecto a otros individuos a través de un conocimiento eminentemente tácito, práctico e inarticulable. Como decíamos, en la medida que seamos capaces de explicitar parte de ese conocimiento querrá decir que por encima permanecerá latente un contenido al que no tenemos acceso intelectual, pero aun así condiciona nuestra conducta, percepción o mera acción.

El Derecho no es sino una forma de vida, un entramado de conductas regladas de las que una mínima parte, pero aparentemente suficiente, se convierte en explícita permitiendo su articulación y examen. La regla sostiene el Derecho, que se define como conjunto de normas abstractas y generales que inspiran lo recto, o lo justo, y de las que el individuo estima su exigibilidad pública, más allá de la mera exigibilidad moral. Si a esta definición podríamos denominarla como un primer momento, o momento práctico del Derecho, debemos afirmar la existencia de un segundo momento, donde los contenidos normativos, las reglas que lo inspiran, son verbalizadas con suficiencia proporcionando una norma cierta, abstracta y general aplicable al caso particular. Será entonces cuando cierto contenido normativo (mínima parte del contenido efectivo) será perfectamente exigible por una autoridad pública.

De este modo dentro del Derecho, como institución social, caben dos tipos de cambios y adaptaciones. Por un lado el espontáneo puro, donde las reglas que lo alimentan varían y se adaptan fruto de la mera interacción intersubjetiva. Y por otro, el inintencional pero fruto de la articulación efectiva, donde distintas aportaciones individuales, interpretaciones o desarrollos conceptuales, compiten (en base a procesos de prueba, error y aprendizaje) en tiempos y escenarios distintos, generando de forma evolutiva instituciones sociales cuyo contenido supera con creces la capacidad individual y no se debe en ningún caso a una planificación consciente.

Profundizando en estos conceptos llegamos a comprender la importancia que tiene para la buena conceptualización del Derecho la inclusión en su estudio del análisis del orden sensorial y la inteligibilidad reglada del ser humano.

Elemental, querido Watson

Una noticia sobre la inminente promulgación de una reforma del código procesal penal peruano, aprobada por el congreso del país andino, según la cual cualquier ciudadano podrá detener a quien sorprenda cometiendo un delito flagrante, me hizo reflexionar sobre los medios de autodefensa y averiguación de delitos que los derechos positivos reconocen a los particulares.

En el caso español, de modo semejante a lo que se anuncia en Perú, la vigente LECr (Art. 490) reconoce desde hace bastante la potestad de los ciudadanos de detener al delincuente en flagrante o a quién "intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo", con la obligación de entregarlo al juez más próximo en un plazo de 24 horas.

A pesar de cierto desconocimiento al respecto, preceptos procedentes de leyes decimonónicas habilitan a los ciudadanos para detener en otros supuestos, incluso, aunque parezca increíble, a los aforados revestidos de inmunidad parlamentaria capturados in fraganti. Bien sea para protegerse a sí mismos o para ayudar a otros, en esos casos los ciudadanos tienen el derecho legal de actuar en lugar de las policías oficiales. El intervencionismo puede haber provocado cierto desuso de esta potestad. Tal vez tenga algo que ver la dificultad de distinguir el grado de las infracciones penales, dado que está prohibido detener por causa de falta, a no ser que el detenido carezca de domicilio y no se le pueda identificar. Pero recientes casos que han saltado a los medios de comunicación demuestran que dentro de la sociedad surgen espontáneamente personas dispuestas a detener a criminales.

En aras de no caer en la arbitrariedad, la comprensión del concepto de flagrancia se revela crucial para justificar el arresto de un presunto delincuente por parte de un particular. Se trata, según una cuidada elaboración traspuesta a la ley, de la acción que se está ejecutando, o que acaba de ejecutarse cuando se sorprende al delincuente. Se considera que la acción no se interrumpe si la persona que ha actuado es perseguida inmediatamente después de cometer el delito sin ponerse fuera del alcance de los que le persiguen. Y, en un plano más alejado –hasta el punto que la doctrina lo consideraba un género de semiflagrancia– se asimila el caso de quién es sorprendido inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

Por el contrario, legislación más reciente ha impuesto restricciones casi absolutas respecto a la investigación de delitos por particulares. Aprobada al mismo tiempo que otras leyes de recorte de las libertades como la Ley Corcuera, la Ley de Seguridad Privada (Art. 19) solo permite a los detectives privados obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados y la investigación de delitos semipúblicos, entre los que se encuentran sólo los delitos de injurias y calumnias.

Es más, se les prohíbe expresamente emprender investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio. Tan sólo pueden denunciarlos ante "la autoridad competente" y poner a su disposición la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.

Estas restricciones se suman a la regulación de las agencias de detectives, que están sometidas a la autorización administrativa previa y la supervisión del Ministerio del Interior, esto es, de la policía "en expediente que se instruirá a instancia de los propios interesados". De hecho, el órgano administrativo que otorga las licencias es la Dirección General de la Policía. A pesar de la declarada incompatibilidad con la actividad de detective privado de los policías oficiales durante un periodo que se prolonga durante los dos años siguientes a su cese, los incentivos para fichar a antiguos policías en una actividad controlada por su dirección general son evidentes.

Otras obligaciones a las que se somete a los detectives comprenden la remisión anual de un informe al Ministerio del Interior, en el que deben relacionar los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien contrataron y la naturaleza del servicio contratado.

La ley que regula la seguridad privada, en general, recibió un sonoro varapalo a principios de 2006. El Tribunal de Justicia de la UE dictaba una sentencia que declaraba, entre otros pronunciamientos, que el Reino de España violaba la directiva europea y los derechos al libre establecimiento de empresas y a la libre circulación de trabajadores, al no adoptar mecanismos de homologación de títulos para los detectives privados de otros países de la UE.

El Gobierno demoró el cumplimiento de esa sentencia durante un año y medio hasta que, advertido de ello por la Comisión Europea, adujo una urgente y extraordinaria necesidad para aprobar las reformas legislativas mediante un decreto-ley.

Aun con todo, esas barreras de entrada a la profesión no son las más perniciosas para la evolución y el ensaño de técnicas de investigación innovadoras que compitan, o coexistan, al menos, con las desplegadas por las policías oficiales. Es más, espíritus inquietos y emprendedores que no encajan dentro de organizaciones burocratizadas, bajo la dirección de facciones políticas, podrían encontrar oportunidades en empresas privadas especializadas en investigar los delitos por encargo de sus clientes.

Ni que decir tiene que una figura como el detective Sherlock Holmes estaría proscrita dentro del régimen jurídico de esa profesión en España. Legalmente no se presenta la ocasión de que un detective privado deje en ridículo al equivalente de un inspector Lestrade de Scotland Yard por su falta de perspicacia y conocimientos.

Dentro de un programa de largo alcance de liberalizaciones del sector de servicios, debería simplificarse el régimen de las autorizaciones administrativas y permitir la ampliación del campo de actuación de los detectives privados a los delitos públicos. Dados los probables conflictos de intereses y el riesgo de establecimiento de barreras de entrada, debería separarse a las policías oficiales de la supervisión del sector. Por el contrario, para evitar, además, la brutal politización a que están sometidas las fuerzas de policía, los detectives privados deberían relacionarse con los jueces como colaboradores de la justicia. Aparte de quedar vinculados por su deontología profesional, los detectives tendrían que solicitar la correspondiente autorización judicial para emprender actuaciones de investigación que supusiera una intromisión en los derechos fundamentales de personas.

Demasiado grandes para caer

Una de las ideas principales que utilizan los intervencionistas para justificar las subvenciones públicas a grandes empresas en crisis es que son demasiado grandes como para dejarlas caer: los daños que provocarían serían muy cuantiosos, así que aunque suponga un coste elevado merece la pena ayudarlas de algún modo, para al menos reducir daños. Casi todo en esta argumentación es erróneo.

El argumento es holístico y colectivista, no se detalla ni se distingue a nivel individual. Los presuntos daños y los costes de minimizarlos se agregan, aparentando que los sufre la sociedad en su conjunto, casi insinuando que el problema atañe a todos por igual: se oculta así la realidad de que no todo el mundo está igualmente afectado y que no todo el mundo contribuye igual al rescate. Son en realidad los grupos de interés más afectados por la crisis quienes reclaman la ayuda, pero pretenden hacerlo en nombre de todos, cuando la realidad es que los grupos de presión reciben beneficios concentrados cuyo coste es diluido entre toda la población.

La colectivización sufre el problema de la dificultad (o imposibilidad) de asignación de responsabilidades al no estar separados los ámbitos de decisión (propiedad privada): es difícil conocer, y premiar o castigar, a quienes hayan producido valor o lo hayan destruido y en qué medida. La colectivización puede ser una propuesta ingenua de algunos moralistas incautos y honestos, pero también es una gran oportunidad para parásitos, depredadores, cazadores de rentas, vagos, irresponsables e incompetentes varios que no quieren que se note qué es lo que realmente están haciendo.

Los costes que se asumen en la intervención son seguros y presentes, mientras que los beneficios son presuntos y futuros. Los defensores de la intervención son profetas de las peores calamidades ante los ignorantes, o aparentan más sensatez y utilizan análisis de costes y beneficios ante los mejor informados. Pero normalmente los costes reales de la intervención suelen exceder con mucho lo previsto, y nunca llega a conocerse la magnitud del desastre anunciado ya que no se permite que se produzca. Los seres humanos tienden a cometer errores de exceso de precaución (más vale actuar ante falsas amenazas que no detectar peligros reales), y los gobernantes prefieren pecar de prudentes (no son ellos quienes pagan los costes) antes que asumir la posibilidad de ser responsabilizados de algún problema.

El riesgo moral es el cambio en la conducta humana ante ciertas protecciones o garantías institucionales: el estar asegurado contra algo incentiva la toma de riesgos en ese ámbito. Si una empresa sabe (formal o informalmente) que el Gobierno no deja que las empresas grandes quiebren, tendrá incentivos para primero crecer (para así acceder a esas posibles ayudas) y segundo comportarse de forma irresponsable (asumir mayores riesgos ya que los beneficios se privatizan pero las pérdidas se socializan). Ayudar a las organizaciones que son demasiado grandes para caer tiende a incrementar la cantidad y la mala conducta de dichas organizaciones.

Los problemas sociales suelen ser causados por intervenciones estatales coactivas, pero el Gobierno busca chivos expiatorios para distraer la atención y se ofrece como la única solución: los políticos pretenden que en realidad no quieren interferir, pero que cumplen responsablemente con su deber como clase dirigente sabia y bondadosa; en realidad aprovechan las crisis para incrementar su poder (pretendiendo que es algo temporal que luego en realidad difícilmente desaparece), y no permiten que las personas resuelvan de forma espontánea y libre los problemas por sí mismos aprendiendo de sus errores. Si la intervención estatal no arregla el problema, se alega que habría sido aún peor no intervenir. Nunca se establecen a priori criterios objetivos que permitan establecer el éxito o el fracaso de la intervención. Y la intervención actual siembra las semillas de la crisis futura, con lo cual el ciclo se realimenta y mantiene.

Un argumento especialmente perverso para evitar que algunas empresas quiebren es que en algunas circunstancias las quiebras pueden resultar desordenadas. Parte de la culpa de estas dificultades puede deberse a un entorno de crisis económica, pero la razón esencial de la falta de calidad de los procesos de quiebra es que la justicia encargada de las mismas es estatal: no existe competencia empresarial en la provisión de servicios de disolución y liquidación de organizaciones económicas. La legislación es la misma para todos y los encargados de ejecutarla son funcionarios.

Además de demasiado grandes, algunas organizaciones se presentan como demasiado interconectadas como para dejarlas caer. Si fracasan arrastrarán consigo a otras con las que tienen estrechas relaciones y pagarán justos por pecadores. Además hay un riesgo sistémico de derrumbe de todo el sistema si las caídas van causándose unas a otras en cadena. Este argumento también es holístico, colectivista: no todas las organizaciones están igualmente conectadas unas a otras, las relaciones de interdependencia son muy variadas. Existe igualmente el riesgo moral de que al asegurar la protección de las organizaciones interconectadas estas tenderán a interconectarse más y comportarse peor.

Toda relación tiene un riesgo de contraparte: la otra parte puede incumplir lo pactado, lo estipulado en el contrato, lo que se espera de ella, o incluso podría quebrar y dejar de existir. Los agentes económicos responsables y competentes tienen esto en cuenta y establecen las restricciones y garantías que consideran adecuadas (protecciones, cortafuegos): de este modo no solo controlan sus propias acciones sino que también intentan influir sobre las conductas de otros agentes de los cuales dependen y cuyo fracaso puede dañarlos.

No existe ningún nivel de interconexión óptimo a priori. Dentro de la propia empresa las interconexiones son más intensas y duraderas (y la empresa y sus componentes triunfan o fracasan en conjunto, como una unidad); entre empresas y entre empresas y clientes y proveedores las relaciones pueden ser menos intensas y duraderas. Las empresas se fusionan o segregan y se asocian unas con otras según decisiones de sus directivos y accionistas que buscan mediante prueba y error formas óptimas de organización y creación de valor. No existen garantías absolutas del éxito de ninguna decisión empresarial; es posible aprender de los aciertos y de los errores, pero este proceso se imposibilita si no se asumen los beneficios producidos por los aciertos y los perjuicios causados por las equivocaciones. Cada persona (capitalistas, empresarios, directivos, trabajadores) tiene una responsabilidad local al decidir dónde trabaja y con quién se relaciona y cómo, y debe aceptar las consecuencias de sus elecciones.

¡Salvad a nuestros hijos del pegamento!

Cocaína, crack, marihuana, éxtasis, speed… sustancias abominables capaz de destrozar la vida de nuestros hijos, convirtiéndolos en yonkis, en delincuentes, en amenazas para la sociedad.

Bien hacen los gobiernos de todo el mundo en combatir esta lacra. No importa los miles de millones de euros y dólares gastados en luchar contra la droga. Agentes de policías, cuerpos especializados, lanchas patrulleras, helicópteros, satélites ¡Lo que haga falta! Todo por impedir que nuestros hijos caigan en las garras de la farlopa, del jaco…

A la vista está el gran resultado obtenido por dichas medidas, su éxito para impedir que la droga llegue a nuestros jóvenes…

Pero hay un enemigo latente, un enemigo que está ahí, inadvertido, pero dispuesto a destrozar el cerebro de los más jóvenes.

Es el pegamento industrial.

Una auténtica droga cuya inhalación produce pérdidas de memoria, alteraciones de comportamiento con tendencias agresivas, descoordinación muscular… incluso puede producir fallos respiratorios que acaban con la vida del consumidor.

¿Y qué hace el gobierno? ¡Nada! Asómbrense señores, ¡El pegamento industrial no está sujeto a ningún tipo de control! ¡Es un producto legal! En cualquier droguería, por una módica y ridícula cantidad, cualquier joven puede hacerse con todo el pegamento industrial que quiera, pudiendo drogarse a placer.

Esto no puede permitirse. Los pegamentos industriales han de retirarse del libre comercio. Han de ser tratados como lo que son, una droga muy peligrosa y altamente adictiva. Las medidas a tomar son claras. Prohibición de la venta libre, de forma que solo lo pudiesen comprar o fabricar empresas con un permiso especial gubernativo que demostrase de forma fehaciente que dicho pegamento no va a caer en manos de potenciales inhaladores.

Con ello se conseguiría lo que se ha conseguido con el resto de las sustancias consideradas drogas. Dichos potenciales inhaladores deberán acudir al mercado negro a conseguir su producto, el cual habrá disparado su precio. Esta subida de precio significaría dos cosas. En primer lugar, los beneficios para los traficantes de pegamento se multiplicarán de forma exponencial. En segundo lugar , el consumidor enganchado necesitará meterse en actividades ilegales para poder pagar los nuevos precios inflados por la prohibición.

Ante ello, veremos cómo en la puerta de los colegios camellos de pegamento regalarían pegamento a nuestros hijos para tratar de engancharlos. En las discotecas, distribuidores "enrollados" lo ofrecerían junto con lo último en pastillas. En las empresas que de forma legal producen el pegamento para dedicarlo a actividades industriales surgirían sobornos, desviaciones de producto, conductas delictivas para poder surtir dicho mercado negro.

Incluso desde otros países, empresas químicas en situación de ilegalidad, como los laboratorios clandestinos de coca, harían un producto específico para introducirlo en nuestro mercado. Con lanchas lanzaderas, con dobles fondos en camiones, con "mulas" que lo introducirían en nuestro país

En Barajas, los perros policía deberán ser entrenados en detectar este nuevo olor. Cuerpos especiales de policía anti-pegamento deberán ser desplegados. Nuevas campañas multimedia de concienciación ciudadana multimillonarias, "Pegamento no gracias", pagadas con dinero del contribuyente, se pondrían en marcha para combatir la adicción al pegamento industrial.

Los famosos, siempre solidarios, aportarían su granito de arena: "Di no al pegamento". En todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos surgirían agencias anti pegamento, con delegados anti pegamento, coordinadores, asistentes sociales…

En fin, que se resolvería el gravísimo problema que representa el pegamento industrial para la salud de nuestros hijos de la misma forma que se ha conseguido resolver el problema de las drogas.

Nota adicional: En el tercer mundo, miles de chavales en situación de pobreza extrema inhalan pegamento. Quizá la solución sea la mencionada antes, prohibir dicho pegamento. Aunque yo creo que el problema de estos pobres chicos no es el pegamento en sí, sino la pobreza generada por gobiernos corruptos e intervencionistas.

La desglobalización y el proteccionismo comercial

Las crisis económicas, al igual que las guerras, suponen un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de la intervención estatal sobre la libertad y propiedad de los individuos. Tras la victoria alcanzada sobre los paraísos fiscales, los grandes gobiernos amenazan ahora con extender la sombra del proteccionismo comercial sobre sus respectivas economías.

La instauración de nuevas barreras proteccionistas es, hoy por hoy, uno de los mayores riesgos y desafíos que afronta la economía mundial. Por desgracia, ya se han tomado las primeras decisiones en este ámbito. El presidente de EEUU, Barack Obama, disparó todas las alarmas con su polémica cláusula Buy American, con el fin de restringir la compra de acero procedente del exterior. Las duras críticas lanzadas por la UE y otros socios comerciales evitó su completa implementación. Obama accedió a rebajar las limitaciones impuestas en un primer momento, pero no las eliminó por completo, lo cual evidencia su visión retrógrada acerca de la economía de mercado.

De hecho, poco después anunció la puesta en marcha de una medida similar, sólo que esta vez aplicada a las grandes multinacionales estadounidenses. Su Gobierno pretende ahora ampliar su brazo fiscal a las operaciones que este tipo de empresas desarrollan en países extranjeros. ¿Objetivo? Desincentivar la implantación de fábricas en el exterior, cuando, en realidad, lo que provoca es restar competitividad internacional a las grandes compañías de la primera potencia mundial.

No es el único. Según el Banco Mundial al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta han puesto en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior. Por el momento, nada indica que los respectivos gobiernos estén dispuestos a corregir este tipo de errores. Más bien al contrario, algunas empresas foráneas alertan de que el gigante chino no es ajeno a este proceso. El régimen de Beijing está aumentando el proteccionismo de su producción nacional vía subvenciones y ayudas públicas.

Por si ello fuera poco, el estallido de la nueva gripe en México amenaza con intensificar las restricciones al libre movimiento de bienes e, incluso personas. Independientemente de que la citada enfermedad sea o no tan peligrosa como pretenden hacernos ver algunos, los datos muestran que la alerta de pandemia ya se ha materializado en el cierre de fronteras a algunos productos, como el cerdo español, y nacionalidades. No obstante, Francia abogó por aislar por tierra, mar y aire a México, foco originario de la infección, según la Organización Mundial de la Salud.

La previsible caída de turistas y de transacciones comerciales con dicho país supondrá un duro golpe a la ya de por sí dura crisis que comienza a sufrir la economía mexicana. Por su puesto, ni un sólo atisbo de avance en la ronda de Doha desde el inicio de la recesión mundial, no vaya a ser que la temida competencia exterior acabe por levantar protestas entre los privilegiados sectores subvencionados de las economías desarrolladas. Todo un ejercicio de demagogia e hipocresía política que, por desgracia, amenaza con agravar la crisis económica mundial.

Algunos deberían repasar con atención las lecciones del pasado. La Ley Arancelaria impuesta por el Gobierno de EEUU en 1930 tras el crack del 29 provocó una caída del comercio mundial próxima al 65%, sembrando las semillas de la Gran Depresión. En la actualidad, y sin el proteccionismo comercial aplicado entonces, el comercio internacional se desploma a un ritmo de entre el 20% y el 40% interanual, según los casos. Así, por ejemplo, las exportaciones chinas bajaron un 22,6% en abril, por sexto mes consecutivo, mientras que las importaciones se desplomaron un 23% interanual

No es el único. La contracción de las exportaciones en Japón, Taiwan, Francia, Canadá, Alemania o Gran Bretaña superan el 30%. El momento es, pues, delicado. Una apuesta firme y decidida de algunas potencias relevantes por el proteccionismo comercial y la supuesta epidemia de la gripe porcina se quedará en un mero estornudo en comparación con los nefastos efectos económicos que podría causar la desglobalización mundial.

La imposibilidad del cálculo económico en el sistema autonómico

La actual crisis económica y financiera de España es también una crisis estructural de profundidad y largo recorrido que, si se quiere resolver, debe afrontarse simplificando el modelo de administración territorial para poder reducir el tamaño del Estado Autonómico, sus barreras comerciales y sus arbitrariedades liberticidas.

El derrumbe del Muro de Berlín y la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este, demostraron la imposibilidad de cálculo económico en una sociedad socialista, tal y como adelantó el gran economista austríaco Ludwig Von Mises en el año 1920. La dictadura de los medios de producción ha sido calificada por algunos autores como un socialismo "carnívoro" ya que dinamita los pilares de la sociedad civilizada. Pero, tal y como se explica en el ensayo El Regreso del Idiota, también existe un socialismo "vegetariano" que actúa de forma lenta aunque, también, implacable en las naciones donde se implanta.

El socialismo real actúa de forma rápida, creando de inmediato pobreza, hambre, muerte y destrucción. Significa la propiedad pública de todos los medios de producción, por lo que elimina de inmediato la posibilidad de cálculo económico de la población, ya que desaparecen los incentivos de los ciudadanos para emprender y embarcarse en negocios que suministren bienes y servicios competitivos y, en definitiva, que sean útiles para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, el socialismo de mercado o social-democracia, que también puede denominarse capitalismo de Estado, deja un margen de actuación que es capaz de generar riqueza ante determinadas coyunturas mundiales, pero siempre en menor grado que un mercado libre, debido a la expansión del tamaño del Estado y a la multiplicación de sus trabas administrativas, a las exacciones sobre la hacienda de los contribuyentes y a toda una completa gama de arbitrios políticos: monopolios, oligopolios, precios fijos, concesiones, licencias, ayudas o subvenciones.

El socialismo de mercado interviene en la economía con regulaciones restrictivas de la competencia por lo que, como mínimo, dificulta el cálculo de los agentes económicos. Cuanto mayor es la intervención en los mercados, más se restringe el acceso de los ciudadanos al mecanismo de formación libre de los precios que permite obtener información clara para aprovechar las oportunidades de negocio y así proveer de bienes y servicios útiles a la sociedad.

De este modo, el socialismo de mercado pretendiendo "redistribuir" la riqueza y "guiar" los mercados, disminuye la propiedad privada y los intercambios comerciales, de forma que la población empleada en el sector privado debe sostener las ineficiencias públicas y los privilegios de las autoridades y los colectivos cercanos al poder. En cualquier caso, al restringir los medios de producción en manos privadas y mermar su completo desarrollo, se reducen las posibilidades de crecimiento socioeconómico de la nación.

Los perniciosos efectos del socialismolight, vegetariano, o de mercado crecen de modo exponencial con la expansión del tamaño del Estado. Una variante particular del mismo es el llamado Estado de las Autonomías y la inacabable concesión de competencias y recursos al nacionalismo. Es decir, el famoso "sudoku" del ex ministro de economía supone una nueva variante de socialismo de mercado, una nueva forma de intervencionismo descentralizado, que podemos denominar socialismo autonómico, en donde el poder de las regiones crece desmesuradamente.

Si se observan de cerca su fatal arrogancia, los actos inmorales que ejecutan sus fieles y la permanente discriminación sobre las personas de bien que sufren sus políticas excluyentes, el nacionalismo no deja de ser un socialismo de "clase media" que redistribuye la riqueza con criterios de construcción de una nueva "realidad nacional"; siempre al servicio de una casta política de la que viven cientos de miles de personas, físicas y jurídicas, surgidas al amparo de los personajes peor cualificados intelectual y moralmente dentro de la sociedad.

A largo plazo, los excesos autonómicos como la expansión del gasto público regional, el despilfarro de los recursos y las leyes restrictivas de la libertad de elección de los ciudadanos y del libre comercio sólo pueden acabar con la imposibilidad de establecer un cálculo económico eficiente entre todas las Autonomías.

Si antes de la Transición existía una "enfermedad grave" con recorte de libertades y con un tamaño de Estado por debajo del 25% del PIB, la inoculación del "cáncer" del sistema de organización territorial autonómica ha degenerado en una "metástasis" de 17 nuevos estados en crecimiento constante y desmesurado y, en coacciones sobre la libertad de los ciudadanos no-nacionalistas, con una expansión del gasto público que supera el 46% del PIB.

El cálculo económico requiere instituciones, como la propiedad, el libre comercio o el dinero, actuando libres y fuera del alcance del intervencionismo político, para maximizar el uso racional y eficiente de los recursos. Ante la actual crisis, conviene preguntarse si el Estado de las Autonomías es un lastre que hunde aún más nuestra economía, tanto por expandir el tamaño del Estado, sextuplicar los funcionarios o situar la cifra de parados cercana al 30% de la población activa en el año 2010, como por introducir barreras comerciales, redes clientelares y corrupción generalizados.

La sociedad civil debe reflexionar seriamente si las competencias autonómicas deben quedar estrictamente limitadas (o eliminadas), como única vía para que España recupere la senda del crecimiento económico y la prosperidad comercial que proporcionarían una creación intensiva de puestos de trabajo. Sin una reforma constitucional que lo limite y reduzca, el Estado de las Autonomías es un "muro infranqueable" para reducir los impuestos y la deuda, evitar las trabas al comercio, adelgazar el tamaño del sector público y evitar la discrecionalidad de las regiones a la hora de eliminar la igualdad ante la ley o recortar libertades sin que se aplique una tutela judicial mínima.

La salida del túnel de la recesión no parece vislumbrarse. Los peores temores se confirman con la probable aceleración de la hoja de ruta del cambio constitucional, lo que supondría la aplicación del ilegítimo e inconstitucional Estatuto de Cataluña. Su previsible aprobación por el politizado Tribunal Constitucional, augura una redacción "maquillada" para la prensa y los ciudadanos.

La ausencia de valores éticos y el "socialismo autonómico"de todos los partidos, se pagarán cada vez más caros con el descrédito institucional, la desvertebración territorial, el creciente intervencionismo que dificulta el cálculo económico y, por tanto, una mayor duración de la crisis económica en España.

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La rapidez del proceso emprendedor

Supongo que a todos nos ha pasado. Tras unos cuantos años, ocurre que retornamos a una ciudad o pueblo en el que pasamos un tiempo prolongado, quizá parte de la infancia, o simplemente unos meses de estudio, o de trabajo. Recorremos sus calles con un cierto punto de nostalgia, y siempre aflora el comentario: "anda, pues aquí había una cafetería, y fíjate, ahora hay una tienda de ropa", "aquí venía con los amigos a tomarme un helado; qué pena, ahora es una discoteca", "vaya, han cerrado el cine al que solíamos venir"…

Son los resultados del proceso de emprendimiento que caracteriza al ser humano y que se manifiesta con todo su esplendor en el libre mercado. Gracias a los emprendedores, enormes cantidades de recursos son movidas de unos usos a otros, buscando incesantemente su asignación a los mejores usos para los congéneres. Con la esperanza de que tal mejor uso revierta en mayores beneficios para el innovador.

Es por eso que la cafetería cede el paso a la tienda de ropa, y la heladería a la discoteca, o se cierra el cine. Pasa el tiempo, cambian los gustos de las personas o simplemente, los emprendedores son capaces de identificarlos mejor. Alguien se dio cuenta de que en el local que estaba la cafetería, por su situación o por otras razones, se podría obtener un mayor beneficio vendiendo ropa. Y procedió a arriesgar sus recursos, quizá el propio local, para ver si se cumplía su visión.

Otro emprendedor pensaba que la gente querría ver películas en gran formato, decidió montar un local de cine, y, con el tiempo, se dio cuenta de que se había equivocado en su planteamiento. No es que la gente no quisiera ver películas, pero no estaba dispuesta a pagar por ello una cantidad que compensara al empresario los desembolsos realizados. Dicho de otra forma, el empresario estaba usando mal los recursos escasos al dedicarlos a una actividad no valorada suficientemente por sus congéneres.

Y así avanza la sociedad.

Alguien puede pensar, tal y como se ha descrito, que estamos ante un proceso lento, pues lleva tiempo adecuarse a las necesidades de la sociedad. Recuérdese el punto de partida: "tras unos cuantos años…"

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El proceso emprendedor es rapidísimo, increíblemente rápido si tenemos en cuenta el volumen de recursos que se mueven. Si eliminamos de la descripción anterior el efecto nostalgia, y nos vamos de paseo por nuestra ciudad de residencia, podremos constatar que no han de pasar años para que los locales cambien de uso. Un buen día vemos que la tienda de abajo ha cerrado; a la semana, vemos unos cuantos albañiles dentro de ella, y en otra semana, se abre un bar de nuevo diseño. Hay veces que uno se lleva sorpresas dentro de su propia manzana.

Los emprendedores son rápidos y eficaces. Tan rápidos como pueden: están adelantando pagos para hacerse con los recursos que necesitan para llevar a cabo su idea, y quieren experimentarla cuanto antes. Va en su interés saber en el menor tiempo posible si tendrán éxito o no, si han acertado en sus previsiones respecto a las necesidades de sus conciudadanos.

De hecho, los mayores obstáculos a la velocidad de los emprendedores no tienen mucho que ver con el mercado, sino con su regulación y la intervención de las administraciones públicas. Probablemente, la mayor componente en el retraso del nuevo bar habrá sido la concesión del permiso de obras, o de la licencia para expedir bebidas alcohólicas, o darse de alta en el registro que corresponda. Pues ninguna de las personas de las que dependen estas concesiones están guiadas por el mismo principio; para estos funcionarios, los retrasos no significan ninguna pérdida.

Cuando uno observa la crisis económica en que estamos metidos, y lee los pronósticos sobre todos los años que nos quedan por sufrir antes de ver su final (toma mensaje esperanzador para los 4 millones de parados que ya pueblan nuestras calles), uno no puede evitar fijarse en estos rápidos cambios de uso para los locales.

De la crisis económica, solo hay salida por una vía, y no es la "social": es la vía del emprendimiento, que será capaz de llevar los recursos, ahora utilizados mal, a sus usos correctos. Y encima lo hará en mucho menos tiempo del que imaginamos, pues es un proceso muy rápido.

Gobiernos, liberen de sus cadenas al proceso emprendedor (o sea, dejen de intervenir en el mercado); libérennos de esta crisis.

George Selgin: la confusión entre dinero y ahorro

George Selgin es uno de los mayores defensores de un sistema de banca libre con reserva fraccionaria y descalce de plazos. Su teoría se basa en el "equilibrio monetario", es decir, en la idea de que cuando la oferta de pasivos bancarios a la vista (billetes + depósitos a la vista) se iguala a la demanda de pasivos bancarios a la vista, a su vez se está igualando la oferta de fondos prestables con la demanda de fondos prestables.

Así pues, de acuerdo con Selgin, un incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista a costa del consumo inmediato equivale a un incremento en la oferta de fondos prestables a disposición de los bancos para acometer inversiones: "Mantener en balance pasivos bancarios equivale a ahorro voluntario", dice.

De hecho, sin un incremento de los pasivos bancarios ante un aumento de la demanda de dinero caeríamos, según Selgin, en una deflación generalizada que reduciría el Producto Interior Bruto: los consumidores, por ejemplo, incrementarían sus saldos de caja dejando de consumir, lo que ocasionaría una acumulación de inventarios en las industrias de bienes de consumo y una percepción de caída en la rentabilidad de su negocio. Selgin interpreta esta situación como el reverso del ciclo económico austriaco: el tipo de interés de los bancos por no haber acomodado la demanda de sus pasivos a la vista será más alto que el tipo de interés "natural", forzando una contracción de la actividad.

En cambio, si el banco acomoda la oferta de pasivos a su demanda, obtendrá "ahorro" por parte de los demandantes de dinero que podrá prestar a los nuevos inversores que –supuestamente– harán uso de esos bienes de consumo (interpretamos que a modo de fondo de subsistencia) para acometer sus inversiones a largo plazo.

Toda este razonamiento, hay que reconocerlo, supone el desarrollo lógico de la teoría del tipo de descuento y su influencia sobre los precios de Wicksell, circunstancia que tanto Selgin como su compañero Lawrence White recuerdan permanentemente como argumento de autoridad: "Aspiramos a ser wicksellianos consistentes". Sólo hay un problema: la teoría de Wicksell –por mucho que haya servido de valiosa inspiración para la teoría austriaca del ciclo– es incorrecta en su mayoría. Y, en coherencia, lo mismo sucede con las teorías del equilibrio monetario de Selgin y White.

El primer error de Selgin es no distinguir entre la demanda de dinero y la demanda de pasivos bancarios a la vista (promesas de pago de dinero). Selgin simplemente asume en sus escritos que todo el oro está depositado en el sistema bancario y que no hay necesidad de recurrir a él salvo en las cámaras de compensación interbancarias: en la práctica, pues, para los depositantes el billete de banco asume el papel del oro. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre el aumento de la demanda de dinero en oro y la demanda de pasivos bancarios. La demanda de oro se satisface incrementando su disponibilidad (atesoramiento) y, por tanto, renunciando a consumir o a invertir hasta que aparezcan oportunidades satisfactorias en el mercado (soberanía del consumidor y del ahorrador). La demanda de pasivos bancarios a la vista es una inversión en una cámara de compensación que facilita los intercambios y que normalmente adopta la forma de un trueque entre dos promesas de pago en oro (por ejemplo, billetes de banco a cambio de letras de cambio); precisamente por ello, su liquidez pasa a depender de la calidad de los activos realizables del banco y del cumplimiento de las obligaciones contractuales del banquero.

Por consiguiente, el incremento de la demanda de oro para el atesoramiento se producirá cuando no haya nada en lo que consumir o invertir; mientras que el incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista tendrá lugar cuando vayan a aumentar los intercambios y, con ello, el número de promesas de pago en oro descontables en el banco.

Del mismo modo, las consecuencias sobre la economía real de ambas demandas también son muy dispares. El atesoramiento de oro hace que caiga el precio de los bienes que dejan de adquirirse y provoca su reconversión en otros que satisfagan las necesidades del tenedor de oro. La emisión de pasivos bancarios a la vista posibilita nuevas demandas de bienes con una misma cantidad de oro, es decir, incrementa su velocidad de circulación, tal y como ya descubrió con perspicacia Cantillon. De hecho, en la medida en que el atesoramiento de oro tenga un carácter definitivo, los factores productivos se trasladarán hacia la producción de dinero (minas de oro), cosa que no sucede cuando tiene lugar un incremento de la demanda de pasivos bancarios a la vista, los cuales permiten pagar producción con producción.

El otro error de Selgin y White es el de confundir la demanda de pasivos bancarios con la oferta de ahorro. Aunque desde la perspectiva del banco sus pasivos a la vista sean simplemente una deuda sin plazo determinado, la demanda de pasivos a la vista y la demanda de ahorro presentan perfiles diferentes: los pasivos bancarios a la vista se demandan no para obtener rentabilidad, sino para instrumentar el pago conservando la liquidez (y de hecho, mejorando la negociabilidad de las promesas de pago en oro descontadas), mientras que el ahorro que demandan los inversores se le ha ofrecido al banco por lo ahorradores no para obtener liquidez, sino para lograr rentabilidad mediante el deterioro de la liquidez.

Desde el punto de vista real, los efectos de ambas demandas también son dispares. Como decimos, la demanda de pasivos bancarios a la vista es pura y llanamente un intercambio de promesas de pago de dinero que poseen distintos grados de negociabilidad en función del ámbito en el que pretenden endosarse. Ninguna de las partes en este intercambio renuncia a su poder de influencia sobre la estructura productiva hasta que endosa el pasivo bancario y se desprende de su derecho al reembolso de oro.

Por el contrario, la demanda de ahorro es, en última instancia, una demanda por factores productivos. Lo que se busca es desplazar (o evitar que se desplacen) estos factores desde unas industrias a otras, afectando por consiguiente a la estructura de la economía y la composición de la oferta de bienes. Los ahorradores ofrecen su capital al banco renunciando a influir sobre la estructura productiva para que lo hagan los inversores.

Vemos por consiguiente que la demanda de pasivos bancarios a la vista y la demanda de ahorro siguen direcciones distintas (el primero aumenta con el consumo y el segundo se reduce con él) salvo por la influencia que durante un tiempo pueda tener el atesoramiento. Selgin confunde la demanda de pasivos bancarios con la oferta de ahorro a los bancos y, por tanto, cree que es posible que crezcan parejas de manera sostenida. El problema es que nadie que tenga oro presente pretende mejorar su liquidez intercambiándolo por pasivos bancarios para su atesoramiento, mientras que, en cambio, muchos sí están dispuestos a demandar pasivos bancarios no para atesorarlos, sino para consumir o invertir, imponiendo sus preferencias sobre la estructura productiva a los tenedores de liquidez, lo que desencadena la inflación y el ciclo económico.

Los bancos y sus clientes siempre han querido lograr la cuadratura del círculo: la rentabilidad de los ahorros y la liquidez de los saldos de tesorería. Pero esa cuadratura no es posible. No es lo mismo atesorar (que fuerza la liquidación de las malas inversiones), que demandar pasivos bancarios a la vista (que equivale a invertir en una cámara de compensación para facilitar los pagos), que ofertar ahorro (que implica renunciar al control temporal de factores productivos). Y su confusión por parte del banco no sólo lo aboca a la iliquidez, sino a una distorsión de la estructura productiva en contra de las preferencias de los tenedores de liquidez, quienes terminaran respondiendo atesorando oro y forzando la liquidación de las malas inversiones del banco.

Selgin piensa que los tres fenómenos son sin embargo compatibles ya que muchos de quienes demandan pasivos bancarios a la vista se están absteniendo durante un tiempo indeterminado de consumir y que, por consiguiente, esos recursos "ociosos" (reservas) pueden emplearse en actividades productivas hasta que decidan utilizarse por sus propietarios. Cada banco tendría incentivos y mecanismos para calcular con exactitud la demanda diaria de reservas y, por consiguiente, no incurrir en iliquidez. Pero este error de orden práctico lo trataremos en un próximo artículo.

Free State Project, liberalismo en acción

Muchos liberales intentamos poner nuestro granito de arena al avance del liberalismo difundiendo sus principios pero creemos que no viviremos para ver cambios fundamentales. Tampoco estamos dispuestos a hacer sacrificios excepcionales para confrontar el statu quo. Pero hay una minoría de gente que en su afán por vivir en una sociedad libre está decida a hacer esfuerzos extraordinarios y ha decidido pasar a la acción. Este espíritu es el que anima el Free State Project en Estados Unidos.

El Free State Project (FSP) fue fundado en 2001 con el objeto de movilizar 20.000 activistas liberales al estado de New Hampshire e inclinar la balanza electoral a favor de la reducción de la intervención pública. Todos aquellos que se unen al FSP deben firmar una declaración de intenciones por la que se comprometen a desplazarse a New Hampshire a los cinco años de haberse alcanzado los 20.000 miembros. A 10 de mayo de 2009 la cifra de firmantes es de 9276, de los cuales 704 han hecho ya las maletas y se han asentado en New Hampshire. La declaración también exige de los firmantes dedicación absoluta a la causa de una sociedad en la que el rol máximo del gobierno sea la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Cuando el FSP alcanzó los 5000 miembros se sometió a votación la elección del futuro estado receptor de esta migración liberal. Se hizo una pre-selección descartando estados que por sus características dificultarían la influencia política de los activistas del FSP: estados demasiado populosos (más de 1.5 millones de habitantes) o donde el gasto combinado de los partidos Demócrata y Republicano excediera el gasto nacional total del Partido Libertario. New Hampshire fue el estado escogido, seguido de cerca por Wyoming.

New Hampshire tiene una cultura bastante liberal que predispone a la población y a los políticos a los cambios que el FSP quiere introducir y una estructura política que juega a favor de sus aspiraciones. Media docena de miembros del FSP ejercen en la legislatura del estado, y varios otros legisladores son declarados simpatizantes del movimiento y atienden a sus reuniones. El ex gobernador republicano Craig Benson había apoyado públicamente al FSP en numerosas ocasiones y llegó a designar a un miembro del FSP para liderar una comisión encargada de recortar gasto público superfluo. Las bases del GOP se han mostrado receptivas al FSP y también hay simpatizantes entre los demócratas, aunque la hostilidad en este partido es mayor. Una treintena de miembros del Partido Libertario ocupa cargos públicos, el estado tiene la mayor densidad de miembros del LP de todo el país. La representatividad de la legislatura de New Hampshire (400 miembros para una población de 1.315.000 habitantes) y las pequeñas dimensiones de los distritos son una ventaja para el FSP y sus campañas. Algunos distritos pueden ganarse con solo 700 votos, y se permiten candidatos que representan a más de un partido. En New Hampshire hay un 36% de votantes registrados como independientes y las elecciones no suelen ser partidistas.

New Hampshire no tiene ningún impuesto sobre la renta a nivel estatal, ningún impuesto sobre el consumo ni ningún impuesto sobre los beneficios del capital. Tiene una de las regulaciones sobre armas menos restrictivas del país y es uno de los pocos estados que no ha aprobado leyes paternalistas obligando a los conductores a utilizar el cinturón de seguridad o el casco. El gasto público es reducido y una proporción muy pequeña de la población activa es funcionaria (12,44%). El número de familias que practica el homeschooling es considerable y creciente (en 2001 se estimó que había 3.600 homeschoolers). La Constitución de New Hampshire es de las pocas que no decreta un sistema de educación público, y la expropiación (eminent domain) para el desarrollo económico privado fue declarada anti-constitucional hace dos años.

New Hampshire está muy bien posicionado en los rankings de calidad de vida y libertad: según el Mercatus Center, New Hampshire es el estado con más libertad personal y económica de Estados Unidos (2009). CQ Press lo considera el estado más seguro, el segundo más sano y el que tiene una mayor calidad de vida (2008). Ocupa la séptima posición en el State Business Tax Climante Index (2007) y tiene la cuarta burocracia local y estatal más pequeña según el Cato Institute (2006). El Beacon Hill Institute concluyó que era el tercer estado económicamente más competitivo (2006).

El objetivo del FSP es crear una base importante de votantes liberales a través de campañas y proselitismo activo, que sus miembros obtengan cargos públicos locales y estatales (en especial en la legislatura) para influir en las leyes, y establecer vínculos o colaboraciones con miembros simpatizantes de otros partidos.

El principal problema del FSP, como destaca Patri Friedman, es que busca una repercusión a nivel estatal y local, pero la mayoría de impuestos y regulaciones se encuentran a nivel federal. Los liberales movilizados no colonizarán ningún territorio virgen sino uno bajo jurisdicción del gobierno federal (dudosamente favorable a tolerar la secesión), y para introducir reformas trabajarán dentro del sistema democrático, que tiene su propia inercia y una estructura de incentivos hostil a la aplicación de políticas liberales.

Pero el FSP también tiene aspectos positivos. Concentra los esfuerzos liberales en una estrategia plausible de acción inmediata, y si consigue reducir el intervencionismo en múltiples ámbitos New Hampshire puede ser un modelo para otros estados. Aparte de hacer posible la emulación también tiene el potencial de fomentar la competencia entre unidades políticas: si New Hampshire se convierte en un estado especialmente atractivo para las empresas o para las familias que buscan independencia y libertad personal, las legislaturas de otros estados pueden verse forzadas a rebajar su intervencionismo.

El FSP es un proyecto atrayente no solo para aquellos que quieren hacer realidad su sueño de vivir en una sociedad libre, también para todos los liberales que en nuestros esfuerzos divulgativos buscamos referentes presentes que ilustren que el liberalismo funciona. Si New Hampshire llega a reducir el peso y el alcance del sector público de forma sustancial y da buenos resultados, puede servir como ejemplo de liberalismo aplicado, cercano y claramente asociado a la influencia de las ideas liberales y sus voceros del Free State Project.

Deseémosles suerte, porque van a necesitarla.