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El simplismo de lo políticamente corrupto: los preservativos en África

El pensamiento políticamente correcto está lleno de recomendaciones políticas simplistas para resolver problemas complejos. Curiosamente, estas propuestas casi siempre acarrean una mayor coacción política y no una mayor libertad individual. Se confía en la mano santa y eficaz de unos pocos superhombres (burócratas), y no en la de cientos de miles de individuos (sociedad).

Dentro del gran conjunto de simplezas de lo políticamente corrupto, el campo del subdesarrollo y de la cura de la pobreza puede que se lleve la palma. Y lo peor es que este tipo de creencias e ideas ostentan el monopolio de la sensibilidad sobre los más pobres de la tierra, y en particular sobre África. Las ideas y mentalidad de intelectuales tipo Jeffrey Sachs todavía vencen holgadamente en popularidad a las de economistas tipo William Easterly.

¿Cuestión de marketing de las ideas, del atractivo popular de las propias ideas? El primero se codea con personajes mediáticos como Bono, y escribe libros con títulos como El fin de la pobreza, en el que afirma poder acabar con la pobreza antes de 2025 desde el mismo Occidente. Easterly posee una visión menos optimista de lo que se puede conseguir desde el mundo desarrollado, y sus títulos resultan menos atractivos: En busca del crecimiento o La carga del hombre blanco: Porqué los esfuerzos de ayuda de Occidente han hecho tanto daño y tan poco bien.

La tesis de Sachs apela directamente a los sentimientos y emociones, a la acción inmediata y masiva de gobiernos y organizaciones de ayuda. ¿No les suena esto a cierto plan de estímulo gubernamental del paraíso del laissez-faire? Son maestros de la retórica. Desgraciadamente, la idea de que el gobierno no haga nada más aterra a los ciudadanos, ya sea para salir antes de la crisis o para paliar problemas sociales de distinta índole. José Carlos Rodríguez lo llamaba sociedad subvencionada y domeñada.

Relacionado con las propuestas simplistas está la de distribuir preservativos en África para resolver el problema de la expansión del Sida. El debate se ha puesto de nuevo encima de la mesa por la absurda polémica que levantaron unas palabras de Benedicto XVI. Para algunos miembros de la progresía, decir cosas como que el flagelo del Sida no se puede resolver sólo con la distribución de preservativos, y que esto podría aumentar el problema, es una barbaridad que debe ser condenada desde el Congreso. Y lo que es todavía más retrógrado y cavernícola: ¡hizo un llamamiento a la “humanización de la sexualidad”! El diagnóstico de éstos parece claro: el líder católico vive enjaulado en sus prejuicios religiosos y puritanos, que no le permiten ver la tragedia de la realidad del Sida en África.

Pues bien, quienes más parecen dejarse llevar por sus prejuicios son ellos: los que opinan que los preservativos son imprescindibles para resolver el problema, y que sin ellos, la enfermedad se extenderá sin piedad. La evidencia empírica no les acompaña. Edward C. Green, director del Proyecto de Investigación para la Prevención del Sida del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, publicaba un artículo en el que repasaba los estudios realizados sobre la relación entre distribución de preservativos y la difusión de la enfermedad. Su conclusión, a pesar de su postura “liberal” en temas sociales, era que “el Papa puede estar en lo cierto”, y que la “evidencia empírica actual le apoya”.

Las razones las expone Green, y en el artículo que dedicó The Lancet (prestigiosa revista médica) a desvelar los diez mitos sobre la epidemia del VIH las resumía en que: “a mucha gente no les gusta usarlos (especialmente en relaciones regulares), la protección es imperfecta, el uso es frecuentemente irregular, y los condones parecen fomentar la desinhibición, con lo que la gente tendrá relaciones sexuales arriesgadas, bien con condones o con la intención de usarlos”.

La solución al problema no pasa por inundar África de preservativos, ni reprimir la libertad de expresión de Benedicto XVI, sino por un cambio de conducta hacia prácticas sexuales más responsables y monogámicas.

Además de esto, el de Harvard se refiere implícitamente a lo que algunos han denominado ‘la dictadura de lo políticamente correcto’. Afirma que, quienes como él trabajan en este campo, “tomamos riesgos profesionales terribles si nos ponemos de lado del papa en un tema polémico como éste. El condón se ha convertido en un símbolo de libertad y de la emancipación femenina, así que quienes cuestionan la ortodoxia del condón son acusados de estar en contra de estas causas”. Y ofrece un ejemplo revelador de cómo se las gasta la ONU y sus derivados. Unos investigadores llevaron a cabo un estudio sobre la efectividad de los preservativos para el programa contra el Sida de la ONU (UNAIDS). Como no encontraron evidencia de que éstos estuvieran previniendo las infecciones, este organismo tranquilamente rechazó la publicación del estudio.

Y es que, como en el caso de la pobreza estructural, ésta no se cura enviando millones de dólares en ayuda externa (ya sea en efectivo o en otros conceptos), ni el problema de la educación se resuelve simplemente con programas presupuestarios elevados ni construyendo escuelas públicas. Ni tampoco el problema del ahogamiento de la deuda de los gobiernos africanos (contraída con países desarrollados) y sus negativos efectos, se solucionaba simplemente condonando la deuda, ni la elevada tasa de natalidad de estas sociedades se reduce significativamente distribuyendo preservativos (como dice Easterly, el propio desarrollo es el mejor anticonceptivo).

Prescribir propuestas simplistas como éstas es más fácil, y quizás más intuitivo a primera vista, que analizar los incentivos a los que se enfrentan estos individuos y sus patrones culturales de conducta. Será más sencillo, pero nunca más adecuado para ganar una comprensión de las causas reales de los problemas, y poder atisbar algunas soluciones, que no sean ni irrealistas ni poco eficaces.

Aborto y Estado

A pesar de que disfruto y padezco con una ética, y las emociones concomitantes a ella, radicalmente contraria al aborto, pretendo no fundamentar mis razonamientos en lo que prefiero que sea, si no un resultado, sí, al menos, un argumento anexo, aunque no trivial, a mis conclusiones.

El aborto, matar niños en el vientre de la madre, puede ser estudiado, aunque no solamente, desde el punto de vista de la lógica de la acción humana. Desde ella observamos que los infanticidios, precedentes de la práctica abortista, han tenido una cierta difusión a lo largo de la historia. En muchos casos iban acompañados por las aplastantes condiciones de una economía de subsistencia que obligaban al sacrificio bien de ancianos, bien de niños. Incluso aunque unos u otros no fueran bien vistos desde la ética dominante, tal es el caso de la Europa cristiana de los siglos XVI, XVII y XVIII, la vida de éstos valía sustancialmente menos que la de un adulto productivo.

Parece claro que el menosprecio de la vida de los niños está relacionado con la incapacidad del sistema económico de dar cobijo a más población y, además, con la presencia o no de presión ideológica (religiosa, esencialmente) a favor del mantenimiento de la vida. No obstante, a pesar de que la situación actual en torno al aborto es presentada como esencialmente diferente por parte de los grupos abortistas, la carga que supone para los gastos en bienes de consumo, incluido el tiempo, parece el factor determinante que lleva a muchas mujeres a abortar. Esta propensión al corto plazo no tiene por qué estar siempre presente en la abortista, pues su entorno puede proporcionarle argumentos varios que confluyan todos en dicho inmediatismo.

En un entorno de precariedad extrema, como el supuesto en determinadas épocas, poco podía hacer la ética imperante a favor de la vida para proteger a los chicos y niños. A pesar de esa relativa mayor impotencia, la persistencia en difundir esa ética fue factor esencial para que, incrementada la producción de masas por el capitalismo nacido en la Inglaterra del siglo XVII, las consecuencias a favor de los niños se hicieran notar. Un hecho que permite valorar la importancia del factor ético-cultural es la experiencia del infanticidio y los abortos selectivos en la India yen muchas áreas en Asia oriental. El desarrollo del capitalismo y la expansión productiva aún no fue, en esas zonas, determinante a la hora de erradicar esa práctica aberrante incentivada por lo que considero un sustrato cultural preexistente poco proclive a proteger la vida infantil. La inexistencia del concepto de derecho a la vida unido a instituciones tradicionales (la dote) y decisiones del Estado (caso de China), confluyen en que esta práctica persista.

Hoy, en Occidente, se da, no obstante, la aparente paradoja de que la expansión productiva y los excedentes sí puede servir para erradicar toda práctica, no ya de infanticidio, objetivo éste logrado ya (salvo casos delictivos), sino de aborto y de la tendencia concomitante de la reducción de hijos por pareja. No son comparables en términos éticos ni mucho menos (serían frívolos, pues, los comentarios al respecto) pero coinciden en basarse, utilitariamente, en la escasa propensión a sacrificar los bienes presentes en la crianza de hijos. No se piensa, siquiera, en la acumulación de riqueza hoy para su incremento en manos de los descendientes porque, básicamente, no interesa al estamento político y tiende a penalizarlo.

Y aquí radica lo que creo esencia de la persistencia de opiniones favorables al aborto. Una muy importante es la generalizada elevada preferencia temporal fomentada desde los gobiernos que buscan resultados en popularidad y welfare state a corto plazo sin sacrificar, coherentemente, el alargamiento de la estructura productiva. La única manera de que los políticos obtengan el apoyo masivo es proporcionar incentivos a las masas con bienes presentes y fomentar políticas monetarias que, además, alarguen la estructura de producción. Incentivan el consumo masivo (la persistencia de la propensión existente o su incremento) con bajos tipos de interés y, a la par de este desarrollo, una cultura del placer inmediato, del culto a los deseos fugaces, de desánimo al ahorro. Las políticas monetarias laxas lo hacen innecesario.

Y fruto directo de dicha cultura es el denominado concepto de autoposesión, derecho de la madre a abortar, a pesar de que su supuesto derecho conculca el derecho a la vida de niños que no decidieron existir; un derecho, a mi juicio, superior. Si, como Hayek apunta, un sistema social y económico prevalece cuando mantiene con éxito a un determinado número de personas podemos decir que el nuestro, habida cuenta de su capacidad para integrar a población inmigrante, también sería capaz de integrar a los hijos de todos. La elevada preferencia temporal que hoy adopta el fondo de una ética social orientada a la autosatisfacción inmediata y arraigada en las intervenciones estatales, explica la persistencia aún de éticas proabortistas.

La presión sobre el estado para que, sin dejar de manipular los factores económicos y culturales, busque fomentar la natalidad como resultado de presiones éticas en esta línea o de promover el aborto fundándose igualmente en razones éticas, yerra, a mi juicio, el tiro. No se confronta directamente con todo el sustrato ético que lo sostiene y con el tipo de intervencionismo político que hace que el llamado hedonismo dominante sea un modo de sostener al estatismo más devorador. Oponerse así al aborto es peor que nadar contracorriente.

Sería más coherente luchar por la erradicación del aborto a la vez que se difunde una ética, asentada en la acción humana, que fomente el ahorro y cultivo del bienestar de los descendientes como modo de enriquecer y ampliar a la sociedad y penalice las políticas de manipulación de la preferencia temporal de la población. Sin intervencionismo estatal la población decidirá el grado de propensión al consumo que desea y los grupos éticos antiabortistas no necesitarían del Estado para difundir una ética provida acorde con las capacidades económicas de una sociedad cada vez más extensa.

¿Quién nos sacará de la crisis?

Una de las películas que casi indefectiblemente suele exhibirse por televisión en la temporada navideña es “Qué bello es vivir”. En ésta se nos narra cómo George Bailey, interpretado por el inigualable James Stewart, a base de esfuerzo, sacrificio y tesón, va manteniendo y levantando la compañía de empréstitos, que heredó de su padre, frente a distintas adversidades que se van presentado.

La película, analizada desde una óptica económica, nos permite extraer algunas conclusiones. Una de ellas es, sin duda, que la compañía de empréstitos no hubiese podido sobrevivir sin todo el sacrificio que el protagonista realizó. Así, acepta dirigir la compañía, cosa que a principio no quería, accede a no ir a la universidad por tener que encargarse de la compañía, o, en el mismo día de su boda, sacrifica su luna de miel y sus ahorros familiares, para sostener la compañía frente a un pánico bancario. Fue el tiempo, esfuerzo y dinero de George Bailey lo que permitió que la compañía sobreviviese frente a numerosos avatares, incluida la crisis del 29.

Sin duda alguna, cualquier empresa que veamos hoy en día es el resultado del tiempo, dinero y esfuerzo de distintas personas. Indudablemente serán de una naturaleza distinta a los que podemos encontrar en la película, pero habrán realizado sacrificios de diversa índole. La historia de cada empresa suele tener tras de sí el esfuerzo de muchas personas, ya sean trabajadores, empresarios o amigos y familiares de los anteriores.

A la hora de desarrollar políticas económicas para afrontar la crisis, suelen emplearse términos como demanda agregada, gasto público, tipos de interés, déficit público, estimulación del consumo, etc. A menudo, sólo se suele emplear determinada jerga técnica, omitiéndose cualquier referencia a aquellas personas con cuyo esfuerzo y sacrificio se han levantado las distintas empresas que existen hoy en día. Incluso aunque, a veces, se hable de personas, se suele hacer referencia a ellas como meros peones que han de cumplir fielmente la misión de consumir, función que, como tal, buscan determinados planificadores estimular y conducir. Pero es muy raro que se recuerde el papel que tienen las personas a la hora de crear y mantener una empresa.

Si se pretende desarrollar una política económica que permita afrontar la crisis con mayor facilidad, ésta ha de tener en cuenta al núcleo de la economía, es decir a la persona. Es el esfuerzo de millones de personas lo que permite a todas las empresas que existen hoy en día sobrevivir y avanzar. Por tanto la política económica debe de dejar de considerar al Estado como el elemento sin el cual no se puede salir de la crisis, pasando dicho papel al individuo. Para ello debe permitirse que la persona pueda gozar de plena libertad para que pueda dedicar su tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas labores que estime oportuno, y pueda así tomar el papel de protagonista que le corresponda, sin que dicha actuación venga dictada por el Estado.

La salvación de la crisis, por tanto, no vendrá ni del gasto público, ni de las políticas de estimulación de la demanda, sino del esfuerzo y sacrificio que innumerables personas, como George Bailey en la película, realizan día a día de manera anónima y encomiable.

La gripe como excusa para discriminar

En todas las épocas de incertidumbre económica surge o aumenta el odio de buena parte de la mayoría hacia los miembros de la minoría, sea del tipo que sea. También se incrementa la desconfianza hacia el extranjero, tanto si vive en un país que no es el suyo como si viaja a él de forma temporal. En los momentos en los que se perciben amenazas ante las cuales los individuos no saben cómo protegerse (pandemias, desastres naturales, guerras…) ocurre justamente lo mismo. Si, como ocurre en estos momentos, se dan dos de esas circunstancias al mismo tiempo el caldo de cultivo para los atentados contra la libertad y la propiedad de los “diferentes” es perfecto. Sobre todo en países con nula tradición de respeto a las libertades individuales.

Con la aparición de la nueva gripe, los brotes de xenofobia surgen en cada vez más sitios, teniendo como objeto a los ciudadanos mexicanos. Son víctimas por igual jugadores de fútbol, inmigrantes ilegales o simples turistas. En Estados Unidos, radios muy conservadoras arremeten contra los ciudadanos de su vecino del sur que entraron en el país sin permiso, y en China se aísla a todas las personas de esa nacionalidad con independencia de que tengan síntomas o no de la enfermedad. Sin embargo, el peor caso de todos no tiene como víctima a los mexicanos sino a una minoría religiosa en Oriente Medio.

Las autoridades egipcias han encontrado en esta enfermedad una excusa más para hacer la vida todavía más difícil a los coptos. Estas personas, que representan el 10 por ciento de la población de Egipto y practican a una de las formas más antiguas de cristianismo, están sometidas a una legislación que les discrimina en numerosos aspectos de la vida, tanto a nivel individual como colectivo. A pesar de que excepciones como la del ex secretario general de Naciones Unidas, Butros Gali, puedan llevar a engaño, los coptos viven en una situación legal de discriminación en un país oficialmente islámico que les conduce en numerosos casos a vivir en una situación de pobreza de la que se les impide salir.

Con la excusa de que la nueva gripe fue llamada en un principio “porcina”, el Gobierno de El Cairo comenzó a sacrificar miles de cerdos con el objetivo de terminar con los casi 250.000 que había en el país. Esta medida supuestamente sanitaria decidida por el Ejecutivo tan sólo daña a los coptos, pues son los únicos que suelen criar este animal en el país. Además, perjudica sobre todo a los más pobres entre ellos, pues son quienes más poseen este tipo de ganado. No tiene justificación sanitaria alguna, pues está demostrado que su consumo no transmite la enfermedad. Tan sólo es una excusa, puesto que es sabido que el régimen egipcio, como muchos otros en el mundo árabe, trata de satisfacer cada vez más las exigencias de los islamistas.

Este es un buen ejemplo de cómo se utiliza la capacidad legislativa de los estados para atentar contra la libertad y la propiedad individual, sobre todo de los miembros de minorías poco apreciadas por el poder. Así, la salud pública se ha transformado en la excusa perfecta para discriminar y oprimir a millones de seres humanos.

El G-20 y la persecución a los paraísos fiscales

Organizaciones burocráticas internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas o el G-20 han lanzado un ataque coordinado a los paraísos fiscales. Todo ello apoyado por los países de altos impuestos y gobiernos ineficientes como Francia y Alemania.

En realidad, el quid de la cuestión es que los Estados necesitan financiarse. Esta es la raíz (o problema, mejor dicho) del asunto. En un principio, el cometido del Estado era permitir la convivencia pacífica mediante la defensa de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa interior y exterior. Pero a partir del siglo pasado, los Estados se han atribuido un sinfín de funciones: educación, salud, pensiones, telecomunicaciones, energía, televisión, radio, entre otros (dependiendo del caso). Y evidentemente, mantener esas enormes estructuras burocráticas (de poder) es costosísimo.

¿Cómo obtiene el Estado recursos para financiarse? Básicamente puede obtenerlos mediante el cobro de impuestos, la venta de activos y servicios, endeudándose y emitiendo moneda. De todas estas vías para financiar los gastos del Estado, la principal es la impositiva.

Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. En la época de Ronald Reagan, Laffer dibujo esta curva en una servilleta para explicar a Dick Cheney las ventajas de una rebaja fiscal (la servilleta está actualmente depositada en una vitrina en el Bookings Institution). La curva, que tiene forma de U invertida, relaciona el tipo impositivo medio y los niveles de recaudación. En este diagrama, se coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y los niveles de recaudación en el de ordenadas. Al principio de la curva, cuando los impuestos son del 0% (es decir, no pagamos impuestos), la recaudación del Estado es lógicamente cero. A medida que se van aumentando los impuestos, la recaudación del Estado empezará a aumentar desde cero hasta alcanzar un punto máximo. En este punto se encuentra el tipo impositivo "óptimo", ya que es el que produce los mayores ingresos para el Estado. A partir de este momento, si el Estado continúa incrementando los impuestos, su recaudación irá descendiendo progresivamente, hasta llegar a cero en el caso de un gravamen del 100% (porque nadie se molestaría en trabajar si sabe que perderá todo lo que gana).

Pese a que tanto el tipo de gravamen óptimo como la forma de la curva no se pueden conocer/calcular (y además varían de un país a otro), la curva de Laffer es una intuición sencilla e interesante porque nos dice que a partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se pueden deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales.

Pero estas son solamente consecuencias de la principal causa: los ciudadanos sienten que la presión fiscal es excesiva. Sufren esta carga impositiva en su vida diaria. La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen. Es en este sentido que el individuo ve a los paraísos fiscales como verdaderos refugios (hay que recordar que tax haven no significa paraíso sino refugio fiscal). Es decir, se refugia en destinos donde la actividad económica esté menos gravada. Y es que mientras las regulaciones no son exageradas, los ciudadanos no suelen oponerse a ellas. Pero llega un punto en el que los ciudadanos ("contribuyentes" se les denomina) no están dispuestos a aguantar más imposiciones. Consideran que el tipo es demasiado alto y empezarán a dejar de pagar impuestos, ya que será más rentable el fraude (o el ocio) que el trabajo y la inversión. Dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos, la gente tenderá a no obedecer la ley.

La existencia de los refugios fiscales es positiva porque promueve la "competición fiscal" entre los países. La globalización ha reducido las barreras entre naciones facilitando el flujo de capitales y trabajo de unas a otras, por lo que los políticos sienten la necesidad de bajar los impuestos para que los trabajadores y las inversiones no crucen la frontera. Que los Estados compitan entre ellos ha provocado recortes de impuestos y diversas reformas fiscales (aunque quizás no tanto como desearíamos). Si no existiese esta presión competitiva, no tendrían ningún incentivo para llevar a cabo esas reformas.

La existencia de los refugios fiscales es, además, un imperativo moral. Y es que existen países del mundo (la mayoría) en los que no se respetan totalmente los derechos humanos. Se persiguen a minorías étnicas, religiosas y sexuales; la corrupción y las expropiaciones son muy corrientes y habituales; existe una gran inestabilidad política y económica; y se violan continuamente los derechos de propiedad y libertades civiles. Pues bien, la existencia de refugios fiscales es esencial para la gente que vive en este tipo de países inestables, ya que les permite proteger sus activos y propiedades. Si usted fuese un ciudadano de Zimbabwe, ¿depositaría tranquilamente sus activos en un banco zimbabwense sabiendo que el dictador Robert Mugabe puede confiscarlos cuando desee?

Los países que desean exterminar los refugios fiscales suelen ser los que tienen impuestos elevados. Evidentemente no les interesa participar en la "competición fiscal" que hemos comentado antes. Tienen derecho a adoptar las medidas fiscales que deseen oportunas para su país, pero no están legitimados para crear una especie de cartel internacional impositivo. Tratando de eliminar refugios fiscales están pidiendo que esos países pierdan su soberanía para favorecer a sus ineficientes estados del bienestar. Quizás habría que recordarles que las colonizaciones ya acabaron.

Titulitis

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció durante la clausura del IV Congreso Africano de Mujeres Emprendedoras de El Cairo que las mujeres sin titulación que acrediten experiencia suficiente en el cuidado de niños o mayores podrán acceder a un título oficial equivalente al de un grado medio antes de que empiece el verano. Y yo me pregunto: ¿para qué?

Las perspectivas del Ejecutivo son asombrosas; por una parte asegura que esta medida beneficiará a medio millón de personas que no tienen estudios o los tienen primarios, además afirma que la medida fomentará el empleo en áreas como el cuidado de los mayores y de los discapacitados y, por último, hará visible a centenares de mujeres que llevan años ejerciendo sin que nadie les reconozca experiencia y capacitación. El Gobierno ha tirado de estadística estatal para defender su alcance, aprovecha el anuncio para dar algo de oxígeno a una ley como la de Dependencia que fue estrella y que ahora por no tener no tiene ni presupuesto, y apela a la moral pública y a cierto sentimiento de culpa de hijos desagradecidos para justificar una medida inútil.

Lo que la vicepresidenta no ha contado o quizá ni siquiera ha contemplado es que la creación de una titulación oficial supone una serie de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que pagará el contribuyente le guste o no la medida. Tampoco se le ha ocurrido que se crea un título que, como todos los oficiales, limita o perjudica la entrada en el mercado laboral a infinidad de personas que habiéndose formado en otros circuitos educativos distintos de los reconocidos por el Estado, en las propias empresas o como en este caso en los hogares, buscan trabajos acordes con su experiencia y conocimientos sin necesidad de que nadie "oficialmente" tenga que reconocer su valor.

Llevamos décadas con empresas de limpieza en las que millares de mujeres y hombres han trabajado sin necesidad de aportar más conocimientos que los que ambas partes necesiten y reconozcan, incluyendo algunas de ellas cursos de formación que corrija carencias, ¿por qué no podía ser igual en el caso de empresas dedicadas al cuidado de niños, ancianos o personas con minusvalías? De hecho, y si las empresas empiezan a tirar de títulos oficiales, ¿no quedarán en la calle sin trabajo muchas personas que no puedan acceder a él al no tener tiempo ni ganas para pedirlo?

Hace unos meses, las autoridades madrileñas se sacaron de la manga un nuevo título que habilitaba a los porteros de discotecas para realizar su trabajo. El resultado ha sido que la demanda de portero "oficial" se ha disparado ya que se presentaron muchas menos personas de las que necesitan pubs, discotecas y otros garitos parecidos. En estos momentos y gracias a las autoridades madrileñas es posible que muchas empresas estén incumpliendo la ley para tener un mínimo de control en las puertas de sus negocios. Un problema de delincuencia ha derivado en una intervención estatal que ha generado paro por una parte e ilegalidad por otra, lo que dará pie a más faltas, esta vez estrictamente administrativas.

El título oficial es un papelito que pocas veces sirve de algo. La educación pública española está llena de títulos oficiales y los alumnos que terminan sus estudios tienen que seguir estudiando (y pagando) unos años más para obtener más títulos en forma de cursos de posgrado o algún que otro máster para optar con cierta ventaja a un puesto de trabajo. Paradójicamente, estos cursos de posgrado cada vez valen menos en tanto el Estado sigue exigiendo oficialidad a los organizadores y la oficialidad se reparte al mejor postor.

La sociedad española está aquejada de titulitis y la titulación oficial sigue expandiéndose tanto como el Estado sigue invadiendo aquellas partes de nuestra vida que aún manteníamos vírgenes. Y no parece haber vacuna.

Una sociedad civil domeñada

Sociedad y Estado están en los altares, respectivamente, de liberales y socialistas, lleven éstos la chaqueta que fuere. Los pensadores liberales, de los clásicos a la actualidad, han hecho expresa mención de las asociaciones intermedias, de las creaciones de la sociedad civil, a medio camino entre dos individualidades, la de la persona, fuente de todo derecho, y la del Estado. Locke, Tocqueville, Röpke… son decenas los amantes de la libertad que han prestado atención a las abigarradas creaciones de quienes formamos la sociedad, esas relaciones, esos grupos, esos modos de actuar entre sí que llamamos, para mejor poder entendernos, “sociedad civil”.

Estoy por conocer a ese liberal que defienda el individualismo como soledad, como prescripción del comportamiento. De hecho, es el pensamiento liberal el que desmiente un individualismo (por lo demás inexistente) que pretendiera separar a cada persona de su vecino. Pues precisamente lo que propone esencialmente la visión liberal de la sociedad (de la economía, si se prefiere llamar así) se resume en que la división del trabajo es más feraz que la mera suma de acciones individuales. Y esa división del trabajo consiste en producir para intercambiar, e intercambiar para producir y consumir. La división del trabajo, que es el resultado material de una sociedad libre, consiste en una compleja colaboración entre múltiples individuos. Demasiado compleja como para que ninguno de ellos esté al tanto de todos sus extremos, pero basada en relaciones lo suficientemente sencillas como para que sean fructíferas y llevaderas.

Ese entramado de comportamientos consensuados, que es la sociedad, es lo suficientemente fuerte y flexible a la vez como para tener una continuidad sin necesidad del Estado. Éste se alimenta de ella, pues por sí solo no podría. Pero siempre va un poco más allá que lo que le exigiría su mera supervivencia. Por lo que a la sociedad civil se refiere, ha intentado controlarla de múltiples maneras. La Historia ha sido profusa en los métodos más toscos y crueles. Hoy presumimos, en las democracias, de tener que estudiarnos en nuestra historia. Pero ahora el Estado, además de por pequeñas o medianas prohibiciones y controles, ha encontrado en la subvención el arma más eficaz para controlar la sociedad civil sin enfrentarse directamente a ella. Pastorearla sin sacrificarla.

Las subvenciones son un robo al común para repartir parte del botín entre grupos organizados, en función de su capacidad de influencia sobre el poder. Se ha criticado su ineficacia, sus efectos perversos, su falta de sentido económico. Pero quizá lo más grave es su sentido político, que es el de enervar a la sociedad civil, para poder domeñarla. Así vemos a grupos y asociaciones luchando por ser merecedores, antes que cualquier otro, de los graciosos favores del Estado. Una sociedad subvencionada no es ni puede ser una sociedad plenamente libre.

La inmigración propició la ley seca

En los años veinte la economía americana se convirtió en la locomotora mundial. Acudían al relumbrón de su riqueza oleadas de inmigrantes. Alemanes, italianos, checos, polacos, chinos y gentes de otras partes del globo llegaban sin cesar a las costas de los Estados Unidos para trabajar y procurarse un futuro mejor. La american way of life era un imán muy poderoso.

Muchos de aquellos trabajadores eran portadores de lenguas, costumbres y religiones diversas a las mayoritariamente establecidas. Hubo reacciones puritanas con el fin de preservar la "norteamericanización" de los Estados Unidos.

Se difundió la opinión de que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños. Se identificó con los inmigrantes la ingesta inmoderada de alcohol que minaba la cohesión familiar y ponía en peligro las instituciones patrias. El Estado debía tomar cartas en el asunto. Eran los años en que el fiscal general Mitchell Palmer llevaba a cabo su particular cacería de brujas contra la "carroña extranjera" y sus maneras libertinas.

Con ese clima social se entiende se aprobaran absurdas o antiliberales leyes durante la década de los años veinte tales como la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) o las leyes de control de flujos migratorios (la ley de cuotas de 1921 y la Jonson-Reed Act de 1924).

Cuando la ley se desvía de su función esencial (ser garante de los derechos fundamentales), cuando se utiliza para imponer unos diseños sociales o unos intereses de grupo, el resultado no pude ser sino caótico. La manera más segura de que se respeten las leyes –nos recordaba Bastiat– es haciéndolas respetables. El desacato a la ley mostrado por la población norteamericana con motivo de la Prohibición alcanzó unos niveles insospechados.

La Ley seca fue una manifestación más de la arrogante pretensión de siempre del legislador: escaso aprecio por la responsabilidad y por la libre actuación del hombre y fe ilimitada en el poder de la regulación para cambiar a la humanidad. Gobernar no es –como pontificaba Napoleón– esparcir moralidad, instrucción y bienestar. Las verdaderas normas y reglas eficaces para organizar la sociedad son abstractas (sin perseguir o promocionar objetivo alguno) y generales (iguales para todos).

El balance de los catorce años que duró la Prohibición fue desolador: miles de muertes debidas a intoxicaciones y, cuando no, ceguera o parálisis sobrevenidas por ingestión de licores adulterados o tóxicos; se cuadruplicó el número de convictos federales, aumentaron exponencialmente las requisas y el contrabando, se triplicó la población reclusa, se extendió la corrupción entre muchos jueces y agentes encargados de cumplir la ley y aumentaron los robos y homicidios. Fue, además, el punto de partida de un imperio criminal (en buena parte formado por inmigrantes) que aún hoy subsiste transmutado en otros negocios.

La Ley seca fue un torpe intento de las autoridades americanas por moralizar y obtener la homogeneidad de una comunidad heterogénea. Parece que sus planificadores ignoraban que el mercado es el mejor medio para integrar pacíficamente a las minorías. A dicho intento por moldear la sociedad conforme a las pautas morales de la clase dominante, el muy intervencionista presidente republicano Herbert Hoover lo llamó el "noble experimento".

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Los cuentos fantásticos de Elena Salgado

Cuando en 1867 el barón Eugène Haussman compareció en la Asamblea francesa para justificar los enormes gastos causados por la reforma de París, a Jules Ferry se le ocurrió publicar un opúsculo denunciando los excesos presupuestarios bajo el título de Las cuentas fantásticas de Haussman, haciendo referencia a la ópera de Offenbach Los cuentos fantásticos de Hoffman.

La semana pasada Elena Salgado, contradiciendo lo que su antecesor en el cargo había declarado, afirmó que hay margen para más gasto público: "No puede no haberlo". Este lunes los 27 países que componen la Unión Europea han decidido por unanimidad expedientar a España por rebasar el déficit público consentido por el Pacto de Estabilidad, que es de un 3%. Parece que algo no cuadra y que la señora Salgado no hace bien las cuentas y no cuenta bien los cuentos.

Con las elecciones europeas en la puerta, la vicepresidenta segunda del Gobierno debería plantearse si estamos o no capacitados para cumplir con las normas del club o mejor nos hacemos bolivarianos como Ecuador, para mejor gloria de nuestro siempre sonriente salvador particular. Si hay que rebajar el déficit del 3’4% sobre el PIB en 2008 al 3% para este año en curso, habrá que reducir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a un tiempo. Y el aumento de los ingresos, ya se sabe, viene de la mano de los impuestos. Aunque no habrá narices para subir los impuestos directos (IRPF y Sociedades) es un clamor popular que la puñalada va a venir por el lado de los impuestos indirectos: IVA e Impuestos Especiales, principalmente. ¿Se va a pedir a la ciudadanía un esfuerzo impositivo y no se va a contener el gasto público? Eso parece.

Pero los cuentos no acaban aquí. Pedro Solbes afirma que el expediente tendrá un carácter excepcional ("es que estoy en crisis") pero este tipo de actuaciones de las autoridades europeas tienen un protocolo muy claro. No se trata de penalizar un comportamiento demasiado "protector" frente a la crisis, sino que la Unión Europea considera que no nos hallamos ante un déficit excepcional o transitorio, de lo contrario no se habría iniciado el expediente, tal y como establece el Procedimiento de Déficit Excesivo. Esta apreciación es corroborada por las previsiones del propio Gobierno y según las cuales el 2009 se cerrará con un déficit del 5,8% del PIB. Probablemente esta cifra sea mayor si eliminamos el sesgo gubernamental.

Lo dramático es que las palabras de Salgado tienen el objetivo de tranquilizar como tranquiliza un narcótico. Por un lado a los grupos de presión (como los sindicatos o el cine) que miran como lobos a la espera de que se cumpla lo pactado en las elecciones y recibir el pago por su apoyo, pero también a quienes están quedándose en la calle y creen, de verdad, que la solución es más dinero, porque lo dice la tele. Y de esos hay muchos. El precio de la ignorancia es la manipulación. Por eso quienes perderían más si la gente dependiente fuera autónoma y con criterio son los mismos que defienden el entramado de nuestro sistema de educación. El Estado es el responsable de la crisis, de nuestra virtud, de nuestra casa, de nuestros hijos… nada hay que temer, hay margen para el gasto, y hay para todos. A los parados, dinero. A los jóvenes, dinero. A los actores y directores españoles, también. Y ya está.

Este es el mensaje. Y la respuesta de la Unión Europea es la apertura de expediente. A pesar de las palabras de Almunia que afirma que nadie habla de sancionar, el procedimiento es abrir un expediente, proponer unas medidas, establecer un plazo de cumplimiento de la norma pactada y, si no se consigue alcanzar el objetivo, sancionar al país con una multa. ¿Una nueva mentira al servicio del Gobierno? Eso parece. Y ésta también arriesgada, porque aunque el plazo establecido por la UE es el año 2012, parece que el déficit español no se recuperará tan pronto, dado el retroceso de la economía y la tendencia expansiva del gasto público.

¿Tranquilizan las palabras de Salgado? Lamentablemente, sí. Lo que me lleva a pensar que los españoles somos como críos deseando que nos mientan con historias de hadas y princesas. Pero, además, esta actitud acomodaticia y pueril encaja con los gobernantes cuentacuentos que tenemos. Con un pueblo maduro no estarían aún al mando.

Dogmatismo ético

Pocos pensadores logran evitar el dogmatismo en todas sus formulaciones teóricas o aseveraciones. Los hay que, instalados en él, redundan de forma sistemática en fundamentos extremos que se niegan a revisar. Como en todo, se trata de un problema de actitud intelectual.

Admitamos que la verdad existe, que es posible realizar aproximaciones sucesivas a fin de depurar ideas y conceptos. Si la naturaleza humana es estable, cabe ser afirmada como referencia para inferir principios normativos consustanciales a ella. El primer reto es la definición misma de este ente relativamente estático que llamamos naturaleza humana. El segundo, asumir la gran limitación a la nos enfrentamos en el esfuerzo por apreciarla en sus justos términos, y de ella concluir una ética objetiva.

Aunque deba guiarnos la idea de que algo resplandece al final del túnel, por absurdo que parezca, debemos reconocer que nunca podremos afirmar haber alcanzado semejante resplandor. El estudio ético tiene ese sinsabor: debe mantener cautela y modestia intelectual.

El dogmatismo del que hablo no sólo ronda al pensador en el esfuerzo por definir su objeto de estudio y la inferencia de principios (éticos en este caso). Puede caer en dogmatismo quien considere que su estudio y sus conclusiones excluyen, por la brillantez y rotundidad de sus hallazgos, cualquier otra distorsión accesoria.

El dogmatismo ético irrumpe también en la falaz certeza de que una vez descubiertos y depurados esos principios consustanciales a la naturaleza humana se está en disposición de codificarlos en forma de normas perfectas, irreductibles e incontestables, capaces de suplantar todo el orden jurídico y moral efectivo. Ese extremo racionalista, ese profundo desconocimiento de lo que son las reglas de conducta, su origen y evolución, o de cuál es el elemento que posibilita la convivencia dentro de un orden social sostenible, es lo que conduce al desprestigio y el error intelectual.

El contenido normativo y reglado que rige nuestra conducta (siempre social), que determina nuestra más íntima estructura mental, desconoce por completo del eventual esfuerzo intelectual encaminado a la apreciación de principios éticos. No interaccionamos sobre la conciencia ética explícita. La ética, muy al contrario, como pudiera ser su articulación en forma de un presunto Derecho natural, no deja de ser producto del análisis de los contenidos normativos aprehensibles en el orden social.

Afirmar que ética y eficiencia son dos caras de la misma moneda no deja de ser una conclusión teórica que, contrastada con los hallazgos en el estudio praxeológico y cataláctico, resulta cierta. Frente a un orden social concreto, analizando reglas de mera conducta dominantes e instituciones fundamentales, gracias a una buena teoría económica, cabe la posibilidad de identificar de forma limitada las causas de su eficiencia o ineficiencia. Eso no implica que despojándolo, con ánimo constructivista, de toda costumbre, moral o decoro, de todo exceso jurídico, llegue a ser posible el alcanzar unos ideales de rectitud y justicia perfectos. Semejante intervencionismo desconoce por completo la naturaleza de aquello que pretende moldear o reformar. Ignora sin paliativos que el ser humano no es necesariamente un ser ético, pero sí, y en todo caso, un ser moral, y en consecuencia, un ser jurídico.

Las instituciones normativas, sean morales en sentido estricto, o jurídicas por su contenido y exigibilidad, tienden, en la medida que el orden social sea dinámico y de complejidad creciente, a desarrollar un fundamento ético del que podemos llegar a ser conscientes gracias a un inmenso esfuerzo intelectual de estudio, análisis y sistematización. Aun así, nunca seremos capaces de afirmar que nuestros hallazgos al respecto sean definitivos, pero sí suficientes.

Vincular el éxito o el fracaso del orden social al respeto por parte de normas morales o jurídicas de estas formulaciones, no implica que podamos recomponer de manera deliberada todo el orden jurídico o moral. Primero porque dichos órdenes no dependen en absoluto de que seamos o no capaces de apreciar en ellos aquellos principios, en la medida en que el descubrimiento y articulación del contenido normativo (íntimo y tácito en su práctica totalidad) no depende de la acción intencional de un agente concreto, aun cuando fuera capaz de imponer su voluntad al resto de individuos, sino de un proceso competitivo de evolución institucional que comprende una ingente cantidad de información en constante generación, adaptación y cambio, que no puede ser tratada, ni por asomo, a través de los métodos científicos propios de la economía o el estudio ético.

De esos errores fatales deriva un espíritu constructivista que confunde ámbitos de conocimiento, conceptos y aplicaciones teóricas. De él podemos llegar a articular un discurso coherente, en cierta medida arrogante, y pretendidamente holístico y satisfactorio. No se trata sino de una ilusión que nos hace interrumpir, e incluso abandonar por completo, el rigor emprendido en nuestro esfuerzo por comprender la realidad social.