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Los viajes de Gulliver

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Probablemente una de las fábulas más interesantes que ha producido la literatura universal es el libro de Jonathan Swift Los Viajes de Gulliver. Las experiencias de ese viajero por países remotos han hecho las delicias tanto de niños con una imaginación despierta, como de adultos que captan la sátira que encierra la novela. No fue Swift el primero en recurrir a la mirada atenta del "extranjero" para denunciar los vicios y las miserias de una determinada sociedad. Un siglo antes, el padre de la novela moderna, Miguel de Cervantes, había utilizado este sutil recurso en distintos pasajes de El Quijote. Este recurso narrativo tiene un efecto brillante. No en vano, el autor puede desdoblarse en la ambigua posición del foráneo y, en tiempos que parecían pasados, distanciarse de sus auténticas opiniones tras el disfraz de un personaje ficticio.

Como si los líderes "liliputienses" se hubieran reencarnado en la casta política española, el recuerdo de la gran novela de Swift me asaltó cuando leí la noticia sobre los denodados esfuerzos de los eurodiputados españoles del PSOE y el PP para evitar que el Parlamento de Estrasburgo aprobara una resolución que no sólo condenaba la legislación urbanística española y el lamentable funcionamiento de los tribunales que no han tutelado el derecho de propiedad de las decenas de miles de peticionarios, sino que, además, recomendaba la interrupción de las ayudas comunitarias que recibe el país si no se subsanan los problemas detectados en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Pese a tan magno despliegue, el informe redactado por la eurodiputada ecologista danesa Margrete Auken se aprobó por la resolución adoptada en la sesión celebrada el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría de votos. Si bien adolece de ciertas deficiencias, sobre todo cuando aborda la incidencia que la gestión urbanística tiene sobre el medio ambiente, se observa que una parte fundamental trata del pisoteo del derecho de propiedad que se viene perpetrando en España en materia urbanística, debido a la introducción de la figura del "agente urbanizador" en las legislaciones urbanísticas autonómicas.

Como ya denunció este Instituto, cuando en 2007 se debatió la primera reforma promovida por el Gobierno socialista de la Ley del Suelo estatal –que luego daría paso al enésimo texto refundido del año siguiente– la generalización de la figura del agente urbanizador, que hasta entonces solo recogían doce legislaciones autonómicas, suponía un nuevo ataque al derecho de propiedad, que se añadía al ya de por sí intervencionista modelo urbanístico español. En la línea asumida por el Parlamento europeo, también se advertía que la corrupción y los abusos que campan en las administraciones públicas se intensificarían con un instrumento legislativo que también reducía arbitrariamente el justiprecio del suelo urbanizable a efectos expropiatorios.

Es evidente que los criterios de acumulación de las distintas peticiones contra España –o, más concretamente, contra sus ayuntamientos y comunidades autónomas– por parte de la comisión del Parlamento Europeo han convertido los asuntos que trata la resolución en una amalgama heterogénea. Hasta tal punto, que, aunque parezca sorprendente dada las encendidas críticas contra la vulneración del derecho de propiedad privada frente a confiscaciones de viviendas privadas diseminadas dentro del ámbito de la urbanización forzosa concedido a los agentes urbanizadores, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, quiso capitalizar como éxito propio la resolución.

Sin embargo, para comprender la magnitud del escándalo, que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación de distintos países europeos, debido a que muchos de los afectados, agrupados en la organización Abusos Urbanísticos No (AUN), procedían de ellos, debe de leerse el documento de trabajo que redactaron otros dos eurodiputados, después de trasladarse a distintas regiones españolas a principios de 2007.

En ese informe se puede leer lo siguiente:

En ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE. El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE.

Es un hecho que el respeto del derecho de propiedad en los países europeos no alcanza tampoco unas cotas muy boyantes y, por lo demás, las resoluciones del parlamento no tienen un efecto vinculante claro sobre las actuaciones del Consejo y la Comisión Europea. No obstante, esta última ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Ahora bien, aunque los eurodiputados que han intervenido no puedan compararse con el sin par Gulliver, ni todos los argumentos que vierten en sus prolijos informes merezcan igual consideración, un par de cuestiones quedan claras:

  • La casta política española ha conseguido montar un tinglado donde se conculca hasta tal punto el derecho de propiedad privada que ha conseguido que el consenso socialdemócrata europeo equipare su régimen jurídico al que caracterizaba a las antiguas dictaduras comunistas de Europa del Este.
  • Para salir de este atolladero, dentro de un plan de flexibilización de todos los factores productivos de la economía, deben reformarse radicalmente las leyes del suelo vigentes y, sobre la base de una delimitación clara y sencilla del derecho de propiedad privada de la tierra, permitir que las fuerzas del mercado determinen los usos y los precios.

¿Legalización de las drogas duras?

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

Las drogas "duras" son aquellas cuyo consumo genera siempre una fuerte adicción, de forma que a pesar de que el consumidor es incapaz de abandonar este hábito a pesar de ser consciente de los daños que ocasiona a su bienestar físico y psíquico. En consecuencia y dado que la adicción impide el ejercicio de la libertad (más allá del primer acto más o menos libre de consumo), daña la vida del consumidor y además ocasiona gravísimas externalidades negativas con pocas posibilidades de compensación (asesinatos, violaciones, mutilaciones, robos, enfermedades crónicas entre otras), su tráfico y consumo son reprobables, pero ¿debiera ser perseguido legalmente su tráfico?

En mi opinión sí. Y no debiera escandalizarnos esta idea puesto que una prohibición legal no es mala "per se" (por ejemplo, se prohíbe matar y todos estamos de acuerdo): una prohibición sólo es mala a la luz de sus consecuencias netas, muy difíciles de calcular salvo excepciones evidentes y puntuales. La prohibición del libre comercio y restricción del consumo de drogas "duras" parece a todas luces una de esas excepciones que todos podemos llegar a considerar evidentemente adecuadas, como pueden serlo también la prohibición legal del comercio libre de sustancias radiactivas, altamente explosivas o gases nerviosos.

Para comenzar, respecto a esta medida concreta (la prohibición del tráfico de drogas "duras") sabemos que sí origina el surgimiento de mafias y corrupción pública, además del encarecimiento y baja calidad de los estupefacientes; pero también que tiende a hacer descender su consumo y calidad gracias a los elevados costes de puesta en el mercado y escasa producción; además de minimizar los daños derivados de la adicción.

Los detractores del prohibicionismo suelen aducir que dicha medida, referida a bebidas alcohólicas, fracasó en el caso de EEUU, puesto que tuvo todas las consecuencias negativas expuestas pero ninguna de las positivas. A este respecto cabe hacer tres observaciones:

La primera es que la ilegalización del alcohol tiende a retraer su consumo, lo cual no significa que eso suceda necesariamente, debido a la existencia de circunstancias de tiempo y lugar que pueden conducir a resultados inesperados. Por ejemplo, la ilegalización puede suponer que la nula carga impositiva abarate el producto tanto que su consumo se dispare; pero también puede erradicar su consumo y/o producción, como sucede por ejemplo, en los países musulmanes más rigurosos, que un día fueron grandes productores y consumidores de alcoholes y que hoy apenas lo son.

La segunda es que alcohol, por un lado, y la heroína o cocaína por el otro son sustancias tan diferentes que las implicaciones de su consumo son totalmente distintas. Por ejemplo, mientras que el consumo periódico de cantidades moderadas de alcohol no tiene por qué generar adicción, la misma conducta genera una fuerte adicción en el caso de la heroína o la cocaína.

La tercera es que el argumento de la "Ley Seca" resulta contraproducente cuando quien lo emplea es un liberal (en sentido europeo) opuesto a la intervención pública en asuntos privados dado que dificulta la producción y consumo de un producto. Quien pone a la "Ley Seca" como ejemplo paradigmático de lo que pasa cuando se prohíbe algo, presenta el prohibicionismo del Estado como algo que fomenta la producción y consumo de un bien. Resulta evidente que hay un error en la argumentación y sonroja el hecho de que aún se siga empleando.

Años más tarde de este antecedente de referencia, algunos legisladores de ciertos países obviaron las dos primeras observaciones, atendiendo al error indicado en la tercera. En consecuencia, despenalizaron el tráfico y consumo de ciertas drogas altamente adictivas, esperando que la situación que se produjo con el alcohol en EEUU se reprodujera con las drogas "duras". Como era previsible, no ha sucedido tal cosa, en palabras de Gerardo Ochoa Vargas:

Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición: en 1975, la corte en Alaska aumentó la permisividad para poseer más mariguana. Para 1988, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el consumo aumentó hasta alcanzar más del doble que el promedio nacional de Estados Unidos. Finalmente, en 1990, se volvió al antiguo esquema de prohibición y el consumo empezó a disminuir lentamente.

En Inglaterra, entre 1960 y 1970, los adictos a la heroína se multiplicaron por 30 y, durante los 80, el número creció cerca de 40 por ciento anual; ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En comparación, en todo ese tiempo el número de adictos a la heroína en Estados Unidos se mantuvo en cifras de alrededor de 500 mil usuarios.

En Suiza, un parque llamado Platzpitz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 1987 tenía 300 visitantes permanentes. Para 1992, eran 20.000. En 1992 tuvieron que cerrar el parque, como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora.

Holanda es el único país que no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas", que no son tan blandas: cuando se despenalizó el uso de la marihuana, en 1976, su contenido de tetrahidrocanabinol –el ingrediente activo– era de 3 a 5 por ciento; actualmente es de 35 por ciento, cantidad que produce problemas notables de salud –pérdida de memoria, daños cognitivos, y una falta de energía crónica que convierte al usuario en un ser apático y pasivo–. Los resultados de la despenalización: el número de expendedurías de estas drogas aumentó, en 10 años, de 30 a 1.500 y el uso de marihuana en el grupo de edad de 18 a 25 años creció 200 por ciento. De tal forma que tan sólo en 1997, hubo un incremento de 25 por ciento en el número de adictos a la mariguana en tratamiento, comparado con un incremento de 3 por ciento en los casos de abuso de alcohol. De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200 por ciento, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento. Las mismas autoridades atribuyen el 65 por ciento del aumento en el crimen juvenil al uso de estas drogas, y el uso de "drogas duras" como la heroína se ha triplicado desde la despenalización de la mariguana, pero Holanda no desea cambiar de rumbo.

También hemos de tener en cuenta otras circunstancias asociadas a la legalización de las drogas, y es el hecho de que ya bajo una situación de ilegalidad su consumo se ha extendido hacia los niños (también ha sucedido con otras drogas blandas como el alcohol o el tabaco), por lo que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de una eventual legalización. Esto por no hablar de un Estado convertido en el garante del derecho a consumir drogas, algo que a mí personalmente me aterra profundamente.

En definitiva, esta cuestión sitúa a los liberales ante un dilema moral de grandes proporciones. Nos fuerza a elegir entre la libertad de un individuo en un momento dado y la vida, libertad y propiedad de todo individuo que integra una sociedad en todo plano temporal presente y futuro. Puede que en nuestros análisis del derecho debamos ser más cuidadosos con el modelo de hombre aislado que usualmente empleamos, de forma que evitemos caer en el hiperracionalismo que criticamos en nuestros adversarios políticos e intelectuales.

Democracia… ¿liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Si bien, el término liberalismo no fue empleado hasta bien entrado el siglo XIX, es común referirse a él como un movimiento contrario a la organización política y social propia de los Estados absolutistas de la época moderna, los cuales se originan a través de un progresivo proceso de centralización, tanto económico como militar y jurídico, y cuyo desarrollo procede a la sustitución del orden medieval hasta entonces vigente en Occidente.

Tal organización se encontraba estructurada sobre una serie de estamentos sometidos a un monarca, el cual fijaba un particular sistema de privilegios sancionado por una legitimación de carácter teocrático consistente en la creencia de que el poder político del rey procede directamente de Dios, y en tal orden cada individuo debía ocupar un lugar en el estamento que le había sido asignado, en la mayoría de los casos por nacimiento, lo cual, como es lógico, dificultaba enormemente la movilidad social.

Sin embargo, ante tal organización sociopolítica surge un importante y creciente movimiento crítico encabezado por la burguesía, cuya principal demanda se centrará en la proclamación de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos frente a la arbitrariedad y excesivo poder que el monarca y sus funcionarios trataban de ejercer tanto en el ámbito económico como en el tributario y comercial, lo cual viene a coincidir históricamente con el inicio de la producción capitalista y el surgimiento del primer liberalismo político.

Y es que, el Estado preliberal propio de los s. XVII y XVIII se caracterizaba por la puesta en práctica de la visión mercantilista en materia económica, ejerciendo por ello un exhaustivo control y proteccionismo en lo que respecta a diversas actividades a través del establecimiento de "monopolios reales". Según esta misma visión, la riqueza debía estar controlada y dirigida directamente por el Estado, puesto que los intereses privados eran interpretados como básicamente incompatibles en relación al bienestar e interés general. Ante esto se enfrenta, fundamentalmente, la emergente burguesía de la época articulada en torno al pensamiento teórico liberal.

Así pues, podemos concebir el mercantilismo y el absolutismo político como dos fenómenos íntimamente vinculados a los que se opuso y enfrentó el liberalismo. En este sentido, el sistema mercantil-absolutista del A.R. fue progresivamente sustituido por el sistema productivo capitalista y por el Estado liberal de derecho, primeramente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia y, posteriormente, en la mayoría de Estados occidentales.

Lo realmente significativo de tal proceso es que la democracia, como movimiento político y corriente de pensamiento, fue plenamente ajena al triunfo del liberalismo sobre la estructura de poder absolutista. Ello se debe a que el fundamental proceso de despolitización social y económica impulsado por la corriente liberal, que se basaba en el apoyo y defensa de asociaciones que actuaban al margen e independientemente del Estado, tiene su origen en la fundamentación teórica propia y característica de la regulación liberal, cuyo fin consistía en la protección del ciudadano frente al ámbito de actuación del Estado absolutista de aspiración despótica.

Precisamente por ello, el liberalismo político no puede ser reducido a un mero movimiento en defensa del sistema capitalista emergente, error conceptual en el que han caído numerosos autores y perspectivas, puesto que, por el contrario, se trata más bien de una teoría política cuyo fin básico se centra en lograr la limitación efectiva del poder político y la consiguiente protección del individuo frente a la acción estatal.

Por el contrario, el liberalismo surge como un movimiento o corriente de pensamiento que logra articular y construir la base del denominado Estado liberal mediante la aplicación de una serie de mecanismos institucionales con el fin de limitar el poder coactivo y arbitrario ejercido desde el Estado:

  1. Proclamación, defensa y reconocimiento de una serie de derechos y libertades individuales en relación con los valores fundamentales de libertad e igualdad. Conceptos ambos que son concebidos como algo "natural" e inherente a la condición humana y, por lo tanto, han de ser considerados como previos a la institución del Estado (Locke).
  1. El principio de división de poderes (Montesquieu) como mecanismo institucional básico para evitar la concentración del poder político, tratando así de limitar al máximo su ámbito de actuación y la naturaleza de su ejercicio, inherentemente arbitraria. Tal principio se opone radicalmente a la concepción desarrollada por Rousseau en lo que respecta a la indivisibilidad de la soberanía popular. Sobre tal idea se asienta, precisamente, la "democracia radical" o también llamada "democracia totalitaria", cuya puesta en práctica se materializa en el Régimen del Terror jacobinista encabezado por Robespierre, surgido tras la Revolución Francesa.
  1. Una limitada participación ciudadana en la elección de un órgano legislativo (Madison, Hamilton, Constant, Tocqueville, James Mill, entre otros).
  1. El principio de legalidad, mecanismo por el cual la actuación de los poderes públicos debe atender exclusivamente a lo dispuesto por las normas jurídicas, pero cuyo desarrollo se fundamenta en una determinada concepción con respecto a lo que debe ser entendido por Derecho (derecho natural).

De este modo, observamos que la libertad se instaura como fundamento básico sobre el que se estructura el nuevo sistema político surgido tras la caída del A.R., puesto que el objetivo se centra en garantizar la defensa del ámbito individual frente a la injerencia de la actuación pública, en contraposición directa con el sistema de privilegios e impunidad estatal presentes en el anterior sistema.

Así pues, la libertad y la igualdad se constituyen como valores básicos del Estado liberal, pero éstos han de ser interpretados en un sentido muy concreto, en tanto concepto de libertad negativa e igualdad jurídica (ante la ley).

El estado liberal es aquel que ha consentido la pérdida del monopolio del poder ideológico a través de la concesión de los derechos civiles […], y la pérdida del monopolio del poder económico a través de la concesión de la libertad económica, y ha acabado por conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio, no obstante, queda limitado por el reconocimiento de los derechos del hombre y por los distintos vínculos que dan origen a la figura histórica del Estado de derecho.

Bobbio, N., El futuro de la democracia.

Así pues, por primera vez en la historia de las ideas políticas, el liberalismo logra exponer claramente las potencialidades y ventajas, tanto a nivel político como económico y social, de un particular acuerdo en favor de la diversidad y pluralidad de intereses frente a la perspectiva de la homogeneidad y el consenso social.

Es, por ello, evidente que nada tiene esto que ver con la demokratia griega, es más, se puede incluso llegar a afirmar que tal proceso liberal ni siquiera presenta una relación directa con nuestro actual sistema democrático, puesto que sus fundadores se mostraron generalmente reacios y contrarios a aceptar los derechos democráticos de carácter participativo, tales como el sufragio universal o el referéndum.

[…] el primero era negado normalmente en relación con la teoría de la soberanía nacional (contrapuesta a la de la soberanía popular). Se afirmaba que al ser la Nación […] el sujeto de la soberanía no era necesario que se aceptase el derecho de voto de todos los integrantes de esa unidad, sino que era suficiente que una minoría expresara aquella soberanía: los propietarios, o más exactamente, aquellos ciudadanos que constaban en el censo de contribuyentes (sufragio censitario). Por otra parte, en el primer liberalismo prevalecía la concepción individualista contraria a aceptar la regulación jurídica de grupos de intereses organizados como agentes políticos del sistema (partidos, asociaciones sindicales, etc.) cuya existencia fue perseguida durante buena parte del s. XIX en la mayoría de Estados europeos.

Ferrán Requejo Coll, Las democracias.

Así pues, el Estado liberal de derecho constituye un específico y concreto "modelo de Estado" que se diferencia claramente de nuestro actual modelo vigente, pero no sólo a nivel institucional y práctica política sino, sobre todo, en cuanto a valores, principios y contenidos teóricos conceptuales.

¿Crean los bancos dinero de la nada?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Crean los bancos dinero de la nada?

Una de las críticas más recurrentes que se dirige contra la banca, especialmente en esto tiempos de crisis, es que "crea dinero de la nada". Aunque la frase sea potente, ya que transmite en pocas palabras un mensaje con un poso de realidad, no es del todo correcta.

Con este artículo no pretendo exponer ninguna doctrina sistemática sobre el funcionamiento y los límites del negocio bancario; tampoco quiero exculpar a la banca de su enorme responsabilidad en la gestación de esta crisis. Me basta con clarificar el alcance que tiene la afirmación. Para ello, me centraré en comentar los dos argumentos que contiene, a saber: a) la banca crea dinero y b) lo crea de la nada.

Comenzaré por el final, ya que es la parte más sencilla. ¿Crea la banca el dinero de la nada? Dicho así parece que los bancos puedan incrementar ilimitadamente la cantidad de dinero que hay en una economía sin coste alguno. Sin embargo, deberíamos tener siempre clara cuál es la diferencia entre un banco y un falsificador. El banco reconoce el "dinero" que crea como un pasivo propio mientras que el falsificador no. En otras palabras, el banquero cada vez que crea "dinero" asume una obligación (a diferencia del falsificador, quien se desvincula de su "obra" después de utilizarla) y por tanto no crea dinero de la nada, sino a partir de las obligaciones patrimoniales que asume.

Cuáles sean el contenido y las posibilidades reales que tenga de cumplir con esas obligaciones son cuestiones distintas. Pero lo que queda claro es que ningún banquero se desentiende por completo de la gestión de su activo, ya que éste representa los medios con los que podrá (o no) cumplir con las obligaciones asumidas, es decir, el activo del banco queda sujeto a la satisfacción de su pasivo. De hecho, si los bancos crearan dinero "de la nada" sería imposible que quebraran: bastaría con que se recapitalizaran a sí mismos mediante el dinero que crean.

Ahora bien, mi crítica a la frase de marras va más allá de que el "dinero" que crean los bancos surja o no de la nada. ¿Realmente los bancos crean "dinero"? En este punto nos topamos con una cuestión terminológica que no tendría mayor importancia si no fuera porque se extraen implicaciones erróneas de la misma.

Definir el dinero es un asunto conflictivo, ya que requiere el examen y refutación de las definiciones conflictivas. Dado que no tengo espacio para ello, me limitaré a exponer mi definición: el dinero es el bien más líquido de un mercado. La liquidez, como ya expuse en otra ocasión, no es una propiedad libérrimamente subjetiva, sino que depende de elementos objetivos.

Las propiedades que determinan la liquidez de un bien también resulta aplicables a los activos financieros, pero con un matiz importante: dado que los activos financieros son siempre algún tipo de obligación (deuda), su liquidez estará limitada por la liquidez de los bienes reales disponibles para su satisfacción. Dicho de otra manera, la liquidez de los activos financieros es siempre una liquidez derivada y no originaria.

Dado que los bancos sólo crean "dinero" a través de sus pasivos (billetes y depósitos), la liquidez máxima de estos activos financieros estará restringida por la liquidez de los activos reales del banco (y de los activos reales de los deudores del banco). En la medida en que el banco no puede crear liquidez originaria (dinero), me parece forzar el lenguaje y decir que la banca tiene la capacidad de crear "dinero".

En realidad, los bancos lo que hacen es gestionar sus activos (reales y financieros) para poder satisfacer los pasivos que emiten. Que esos pasivos tengan una cierta negociabilidad (es decir, que los agentes económicos los acepten por su nominal, sin descuento) es otro fenómeno que no debe confundirse con la creación de "dinero" y que tiene su explicación en la presunta buena gestión de su liquidez que harán los bancos (lo cual les permitirá cumplir en todo momento con sus pasivos). Ésa es en última instancia la diferencia entre los pasivos de la banca y los de cualquier otra unidad económica (los primeros son muy negociables por la supuesta liquidez de su emisor y los segundos no), que no siempre ha sido tan tajante: al fin y al cabo, los pasivos de los orfebres fueron durante mucho tiempo altamente negociables y utilizados como "dinero" y en la Inglaterra de la primera mitad del s. XIX muchos pequeños comerciantes como panaderos o carniceros emitían obligaciones a la vista pagaderas en billetes del Banco de Inglaterra o en oro.

Y por ese mismo motivo, el problema de la banca no es que cree dinero de la nada, sino que asuma obligaciones que será incapaz de cumplir (incentivado por un prestamista de última instancia que en apariencia ofrece una cobertura total contra su iliquidez) y que mediante este proceso enmascare una degradación de las posiciones de liquidez de todos los agentes económicos.

Pero de esto último a "crear dinero de la nada" hay una distancia lo suficientemente grande e importante como para olvidarla.

Malditos mínimos de calidad

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos que más le gusta regular a los gobiernos es el de los requerimientos mínimos que ha de cumplir un producto o servicio para poder ser comercializado. Es un aspecto bastante atractivo, con el que nuestros políticos consiguen ponerse medallas a un bajo coste político. Evidentemente, las medallas se las ponen únicamente aquellos consumidores poco familiarizados con la teoría económica. Y el bajo coste es solo político, pues supone altos costes directos para las empresas que los sufren, e indirectos para los ciudadanos, sí, los mismos que alegremente ponen al político regulador la medallita.

Porque la imposición de requerimientos mínimos de calidad tiene dos efectos directos, ambos negativos para el consumidor: la erección de barreras de entrada a posibles competidores y la elevación de los costes de producción, lo que a su vez conllevará el incremento del precio del producto. En definitiva, gracias a la fijación de mínimos de calidad se excluye a muchos potenciales oferentes del producto y a muchos segmentos de demandantes.

Veámoslo con un ejemplo. Quién más y quien menos habrá ido a la típica verbena de un pueblo pequeño, o a las actuaciones de verano de un hotel. Los artistas profesionales, las orquestas, cantantes o magos que aquí actúan realizan un excelente trabajo, muchas veces en condiciones bastante adversas, pero no suelen tener de un gran nivel de calidad.

Imaginemos que pasaría si algún iluminado de la administración decidiera regular unos mínimos de calidad para la actuación de artistas al público. Como no soy experto en estos parámetros, permitidme que no dé detalles de cual podría ser esa regulación, pero aceptemos que se requieren ciertas dotes determinadas, o una formación de varios años, o pasar un determinado examen.

Muchos de los artistas que en la actualidad ofrecen sus servicios, ya no podrían hacerlo, al menos de forma legal. No es que dichas actuaciones no sean valoradas por los clientes, simplemente que no cumplen los mínimos requeridos por el funcionario. Por supuesto, la audiencia seguiría disfrutando con la actuación, aunque, como antes, preferiría a Madonna o a Martes y 13.

Sin embargo, esos artistas de mayor calidad exigen una mayor retribución que la exigida por los artistas normales. Por tanto, los hoteles, ayuntamientos o simplemente clubes que antes podían permitirse pagar algunas de esas actuaciones, ya no pueden hacerlo. Automáticamente, estos segmentos quedan excluidos del producto. Los niños de los pueblos antes tenían su función de magia anual, lo mismo que los abueletes su ración de pasodoble. Gracias a la nueva regulación, los ayuntamientos ya no podrán pagar ni mago ni orquesta para que amenice las fiestas. Niños y abueletes quedan igualmente perjudicados por esta medida que aparentemente les beneficiaba.

No acaban aquí los efectos dañinos, por desgracia. Aquellos artistas que cumplan con los mínimos de calidad están ahora más protegidos frente a los competidores "de bajo coste", por lo que pueden exigir un precio mayor por sus servicios. En efecto, pensemos en un grupo de aficionados al flamenco. No son muy buenos, pero ensayan en sus ratos de ocio y, eventualmente, consiguen unos contratillos para ofrecer bailes en hoteles o discotecas. Gracias a este contrato inicial, quizá se puedan plantear dedicarse a tiempo completo al arte, y poco a poco mejorar en calidad hasta suponer una amenaza (se entiende competitiva) a los artistas consolidados.

Pues bien, gracias a la regulación de mínimos, esto no podría pasar. Los artistas del párrafo anterior deberán conseguir su nivel de excelencia ensayando mientras compatibilizan su afición con un trabajo que les dé de comer, lo que es bastante más difícil. Así las cosas, pocos artistas podrán avanzar por esta vía hacia el estrellato, dejando más confortable la posición de los artistas "de calidad".

En este ejemplo hemos hablado de artistas, actividad no sujeta a regulación de mínimos. Alguien puede pensar que esta regulación es lo excepcional, pero no es así. Una simple mirada a nuestro alrededor basta para confirmar que son numerosísimas las actividades y productos de los que la regulación exige un mínimo de calidad, sea de una forma u otra: médicos, arquitectos, manipuladores de alimentos, abogados… incluso porteros de discoteca (desde hace poco en Madrid).

En todos estos casos, puede que, sí, se consiga un producto de mejor calidad (no me atrevería a decir garantizada). Pero se trata de un producto al que solo pueden acceder determinadas capas de la población, y a un precio más alto del que correspondería.

Para el que dude de la calidad que se conseguiría en ausencia de la regulación, no olvidemos que los "productores" de los servicios, regulados o no, pretenden vivir bien de dicho comercio, por lo que la calidad del producto está asegurada por el propio interés de supervivencia del productor. En un libre mercado, el artista o el médico malo tiene los días contados, aunque haya aprobado todos los exámenes del mundo; en el libre mercado, solo sobreviven los que ofrecen el mejor servicio posible a cada precio.

Derecho a la vida

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando se observan los movimientos de un bebé en una ecografía se asiste al acontecimiento grandioso de la vida. A las 7 semanas después de la fecundación, el bebé mide ya de 17 a 22 mm, mueve sus brazos y piernas y su corazón late incansable a un ritmo de 80 latidos por minuto. Más grandioso aún es asistir al parto, o mecer al bebé en brazos y observar como duerme, mira o sonríe. Quién no haya experimentado sentimientos de ternura y de felicidad en esos momentos únicos, nunca podrá llegar a entender con propiedad la importancia de un ser humano.

Cada vida es única e insustituible. Para poder hablar con responsabilidad del derecho a la vida, sin el aislamiento propio de un mero planteamiento teórico, se necesita un mínimo de inteligencia emocional y de empatía y, desde luego, su completo desarrollo requiere haber sentido de cerca las fases de gestación, nacimiento y crecimiento de un niño.

Sin embargo, no pretendo juzgar con estas reflexiones la decisión privada de una mujer sobre su embarazo, aunque sí resaltar cómo, para el sostenimiento de la sociedad civilizada, es preciso que las instituciones ayuden a esa mujer a proteger la vida.

Defender la vida de un ser humano no debería tener que ver con la política. Debería quedar en un plano legal superior, protegido constitucionalmente y tutelado por jueces independientes, ya que está íntimamente relacionado con la viabilidad del orden extenso, complejo, abierto y evolucionado socio culturalmente, que caracteriza a las democracias occidentales más antiguas y arraigadas.

Si existe el derecho de una mujer a decidir interrumpir su embarazo, antes existe el derecho a la vida del bebé que se está engendrando en su interior, con el que colisiona directamente.

En el Estado de Texas, por ejemplo, la mujer que pretende abortar debe ser previamente asesorada por un equipo médico que le muestra imágenes reales tanto de las etapas iniciales de gestación del bebé como de los dramáticos resultados de un aborto provocado y, al mismo tiempo, le ofrece diversas soluciones de ayuda y adopción.

De un modo similar, para apelar a la responsabilidad individual sobre los propios actos, la mujer debería ser asesorada en cada hospital de Europa, con el soporte de una red asistencial adecuada que evitaría miles de muertes innecesarias, como los más de 100.000 abortos realizados durante el año 2008 en España.

Es decir, sería muy útil que existiese una red de entidades, públicas o privadas, que ante un embarazo no deseado ofreciesen a la mujer que quiere abortar la posibilidad de recibir ayuda social o de firmar la adopción de su bebé recién nacido para su cuidado por una familia con deseos de quererlo. Por ejemplo, si cada madre recibiese una asignación mensual durante su embarazo, en forma de cheque provida, se premiaría su responsabilidad al proteger la vida del bebé.

Ante la idea de que el Estado permita el desarrollo de redes asistenciales provida, hay que analizar su viabilidad en una sociedad abierta como la occidental, donde un orden extenso y complejo se genera (y es generado) por millones de ciudadanos actuando en libertad.

En primer lugar, el coste de una política provida es fácilmente asumible. Por ejemplo, si se lograsen evitar la mitad de los abortos provocados y si cada mujer que cediese su hijo en adopción percibiese 9.000 euros durante su embarazo, tan sólo se necesitarían soporte legal y financiación por importe anual de 450 millones de Euros.

La adopción provida debería promoverse desde entes privados, aunque si un Gobierno se involucrase representaría tan sólo un 0,13 % de las principales partidas de créditos por programas consignadosen el anexo I de los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2009.

Dicha ayuda social sería mayor, si además existiese la posibilidad de prohijamiento de un bebé por parte de una familia que le asistiría durante los primeros años de vida, pudiendo mantener o ampliar las prestaciones de su tutela familiar en etapas posteriores. Como contraprestación, el bebé podría pasar vacaciones y fines de semana con la familia que le tenga prohijado y que tendría preferencia en caso de ulterior adopción.

Muchas familias estarían dispuestas a aportar dinero privado para proteger la vida de inocentes. Por ello, una nueva ley de adopción debería agilizar trámites y velar por la prestación de un servicio de calidad con entidades asistenciales, siempre bajo tutela previa por un juez independiente, que posibiliten diferentes modalidades de ayudas que incluyesen como opción la posibilidad de un acuerdo de prohijamiento o de un acuerdo de adopción entre la mujer que deseaba abortar y la familia que quisiese prohijar o adoptar su bebé.

En cualquier caso, se debe minimizar la picaresca, pero aunque existiesen algunos casos de simple lucro personal, el derecho a la vida es tan esencial para el futuro de Occidente que merece la pena su protección.

Finalmente, si los desembolsos fuesen fiscalmente desgravables, muchas familias de adopción (o prohijamiento) estarían encantadas de financiar los cheques provida y los gastos sanitarios, de manutención o educativos de los niños.

Desde luego, en vez de un Gobierno que instaure la eugenesia libre y no responsable, son siempre preferibles una Constitución que garantice un sistema judicial independiente y un Parlamento que sostenga una legislación que promueva la acción de entidades provida, públicas o privadas.

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Voto, abstención y señalización

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El Parlamento Europeo ha lanzado una campaña para fomentar la participación que incluye el eslogan "Si no vota, no se queje".  La idea detrás de este mensaje es que si quieres cambiar las cosas debes atenerte a las reglas del juego democráticas y votar por el partido que representa mejor tu visión reformista. Si no participas significa que te da igual quién gane las elecciones, que no te interesa cambiar nada y que te conformas con lo que salga.

Pero es fácil darle la vuelta al mensaje: si te animas a jugar significa que aceptas las reglas del juego, de lo contrario no jugarías. Y si aceptas las reglas del juego aceptas que gobierne el partido más votado (porque esa es la regla primera de la democracia), aunque no sea el tuyo. Al fin y al cabo, si hubiera ganado "tu partido" querrías que gobernase. Ahora que ha ganado el adversario te toca ser consecuente y apechugar sin rechistar. Si votas, no te quejes.

¿Cuál de los dos argumentos tiene más fuerza? En realidad ambos parten de premisas dudosas. El primero asume que votando se puede cambiar cualquier cosa. Pero si la reforma a la que aspiras es muy ambiciosa a lo mejor ir a las urnas es fútil o incluso contraproducente. El segundo asume que votar implica aceptar el sistema. Pero si el sistema nos es impuesto aunque no votemos, entonces participar en él para evitar más daño puede ser un simple mecanismo de defensa.

Con respecto al voto, hay posturas liberales para todos los gustos. Algunos están a favor de abstenerse, otros están a favor de votar a partidos minoritarios "puristas", otros creen que hay que votar al partido grande marginalmente menos malo.

En parte la elección de postura depende de nuestra preferencia temporal, algo que no siempre tenemos en cuenta a la hora de juzgar la idoneidad de cada una. Los abstencionistas arguyen que la no-participación deslegitima el sistema y que, a la larga, esa deslegitimización puede ser el germen de una reforma profunda. Los seguidores de partidos puros y marginales también tienen una visión largo-placista, pero albergan la esperanza de que la representación del partido aumente (o de que Ron Paul gane) y puedan hacerse algunos cambios radicales a medio plazo. Los votantes de partidos grandes (o peperos) a menudo tienen el punto de mira puesto en la próxima legislatura o en la siguiente. Éste sería un razonamiento pepero: la estrategia de la abstención podría dar frutos en 40 años o en un siglo (ni siquiera está claro que vaya a dar frutos), pero votando por el PP al menos nos aseguramos de que bajen un poco los impuestos en un par de años o que no regulen tanto la economía ahora que voy a buscar trabajo o empiezo un negocio.

Dejemos a un lado la cuestión de la preferencia temporal y centrémonos en otro aspecto estratégico esencial de cara a valorar el efecto de nuestro voto o de la abstención: el signalling o la señalización. Señalizar en jerga económica significa transmitir información relevante a otras personas a través de una determinada acción.

El liberalismo necesita liberales, y una forma de hacer que la gente se interese por el liberalismo es publicitando su "marca". Si al actuar señalizamos ideas liberales,  hacemos posible que otras personas descubran estas ideas y se vean atraídas por ellas. Si además la gente de nuestro entorno nos considera razonables y sensatos, es posible que sienta más curiosidad o conceda el beneficio de la duda  a estas ideas aparentemente exóticas que defendemos.

La cuestión es, por tanto, ¿qué curso de acción señaliza mejor las ideas liberales: la abstención, el voto minoritario o el voto a un partido grande? El problema con la abstención es que señaliza muchas cosas. Puede señalizar pereza, conformismo, pasotismo, irresponsabilidad etc. Pero también tiene el potencial de señalizar una radical y coherente postura anti-sistema ("no voto porque no acepto el juego ni sus reglas") susceptible de ser asociada con el liberalismo. De todos modos la principal virtud de la abstención es que no señaliza entusiasmo por el sistema, ni ansias de imponer algo a los demás o de que "los tuyos" alcancen el poder, ni disposición a hacer concesiones para que triunfe el mal menor.

El voto a un partido o candidato minoritario radicalmente liberal como podría ser el Libertarian Party o Ron Paul en Estados Unidos señaliza de forma más clara las ideas liberales. También puede señalizar marginalidad, pero tanto el LP como Ron Paul han capturado un nicho considerable que les concede cierto halo de respetabilidad. El problema con el voto al partido radical es que puede señalizar algunas de las actitudes pro-sistema que el abstencionismo no señaliza. El hecho de que Ron Paul tenga un mensaje tan anti-sistema y sea tan coherente con sus ideas en contraste con los vaivenes de los demás políticos contribuye a que sea visto como un candidato anti-sistema, por lo que votar a Ron Paul casi tiene todas las virtudes de la abstención sin ninguna de sus pegas.

El voto a un partido grande es el más problemático desde el punto de vista de la señalización, porque en el mejor de los casos el partido grande no tiene ideas liberales y no señalizamos liberalismo (ni postura anti-sistema), y en el peor de los casos es asociado con ideas liberales o se auto-califica de liberal sin que lo sea su programa, y acabamos señalizando como liberal una serie de principios y políticas que son intervencionistas. Este es uno de los mayores peligros que tiene el PP (o el Partido Republicano en USA o los Tories en Gran Bretaña): la influencia liberal en el partido se plasma más en su retórica que en sus políticas, que son casi tan intervencionistas como las de la izquierda, con el resultado de que la gente asocia al liberalismo políticas y realidades que le son ajenas. Esta señalización falseada confunde y aliena a potenciales liberales.

Desde el punto de vista de la señalización, por tanto, las opciones más efectivas son la abstención y el voto al partido o candidato radical. El liberalismo necesita publicidad, pero es preferible tener poca y que sea honesta, que tener mucha pero sea engañosa.

Libertad, propiedad y reserva fraccionaria

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Existe un concepto espurio de libertad que la fundamenta en la voluntad del sujeto. La falacia que subyace a ella no tiene que ver solamente con la fórmula manida de que la libertad de A acaba donde empieza la de otros sujetos sino con el hecho de que sea la voluntad el origen de su "derecho a". El límite de la libertad-voluntad no reside, más que sobre el papel, en la voluntad de otros porque es harto sabido que las limitaciones de este tipo son indefinibles y fuente de conflictos. Este falseamiento de la libertad conlleva el falseamiento de la naturaleza de la acción humana.

La libertad basada en la voluntad tiene tres consecuencias que contradicen el mismo concepto de libertad. La primera es que, para cumplir con la voluntad del sujeto, otros sujetos han de aportar forzosamente recursos. Se filtra con ello el socialismo en todas sus formas. La segunda es que la voluntad de cumplir una promesa ante otro es exigible por éste y se abre así la puerta a la semiesclavitud, si no a la esclavitud completa. Por último, se produce un fraude si se anota contra-natura el uso de una sola propiedad a multitud de sujetos diferentes. En este caso se produce un fraude masivo con lesiones a terceros.

Toda expansión bancaria de créditos es un fraude y, por tanto, una violación de los derechos de propiedad, pero puede verse como legítima si se enjuicia desde la idea de la libertad como expresión de la voluntad de las partes contratantes. Quien la ve de esta manera necesita minusvalorar, cuando no a negar, los efectos dañinos que produce.

Utilizar los depósitos bancarios como si fueran préstamos a corto plazo cuando ni siquiera lo son entra dentro de ese riesgo y son un fraude. En términos generales, la reserva fraccionaria de los depósitos a la vista es un fraude porque existe el riesgo cierto de incumplimiento del compromiso de devolución cuando todos los depositantes se presentan de manera aproximadamente simultánea. En todos estos casos, el fraude se comete porque no se consideran los derechos de propiedad como el sustento de la libertad. Los depósitos a la vista no deben ser considerados igualmente como propiedad de plena disposición y, a la vez, préstamos al banco.

Toda práctica bancaria que arriesgue de manera sistémica las propiedades es ilegítima. No existe la posibilidad, siquiera, de que el riesgo sea asumido por las partes libremente porque la certeza, sin plazo, pero certeza en suma, de que determinados efectos de la expansión perjudiquen a primeros, segundos o terceros sin identificar equivale a una lotería donde se pretenda que, además de los premios, se reintegrarán las cantidades jugadas con la esperanza no explícita de que quede un bote y de que la mayor parte de los apostantes "reinviertan" en el siguiente sorteo las cantidades jugadas y no premiadas. Un fraude puro y simple.

Por consiguiente, no se puede prometer lo que no está respaldado mediante la transferencia clara de títulos de propiedad y, para lograr esto no se puede ceder el uso de una propiedad sin establecer el reparto temporal del mismo, es decir, sin plazos, porque los derechos de propiedad se verían, se ven, así, vulnerados. En la acción humana el tiempo es un factor crucial y la apreciación subjetiva del mismo afecta al valor que cada sujeto asigna a sus propiedades. En el uso temporal de propiedades ajenas, si no se delimita el tiempo de uso y éste puede ser cero, se comete fraude.

En la práctica bancaria de reserva fraccionaria no es posible casar plazos completamente, por más que el desfase sea breve, si se consideran deudas a corto plazo a los depósitos sin plazo, ni siquiera si con ellos el banco se endeuda a corto también y solamente. Se puede argumentar que el riesgo sistémico de colapso es menor que si los plazos están descalzados, pero tal aserto oculta el hecho, consustancial a la reserva fraccionaria, de que ésta implica que el banco presta, aunque sea a corto, una cantidad nominal mucho mayor que la depositada a la vista.

El monto de préstamos que anota la banca, bajo reserva fraccionaria, tiende inexorablemente a superar el monto de los depósitos porque anotará como nuevos las cantidades que presta en un proceso que multiplica por 10, por 20 o por 50 el dinero existente reduciendo los tipos de interés y acabando, necesariamente, en quiebras y recesión. Si los bancos no expanden unilateralmente el crédito, la reserva fraccionaria no tiene ningún sentido porque es imposible que haya una demanda empresarial de dinero que, previamente a la oferta, sea detectada por los bancos. Es  falsa la idea de que es posible emitir dinero fiduciario sin producir crisis si eso responde a las "necesidades del comercio". No existe una situación previa detectable de las necesidades, y no existe modo fiable de hacer desaparecer el dinero fiduciario una vez creado.

Es la oferta de crédito bancario la que, de esa manera, incrementará la demanda del mismo y se acabará insertando en el sistema productivo provocando crisis o, cuando menos, alterando la estructura relativa de precios incrementando los de consumo. Si, por tanto, se consiente tal reserva, se comete fraude sistémico, depreciación de la propiedad dineraria, vulneración de los derechos de propiedad de terceros y restricción subsiguiente de la libertad. Incluso con una regulación estricta que evite un amplio descalce de plazos, se producirá un aumento de la oferta crediticia que estimulará la demanda expandida de ese dinero barato. El regulador, en principio mínimo, deberá intervenir más y más para intentar bien frenar, bien o subvenir la inevitable reducción bancaria de tipos y acabará regulando él mismo los tipos. Si el supuesto se produce en un entorno de banca libre no tardaría en reaparecer el banco central.

En definitiva, el fundamento sólido de la libertad es, sin excepción, la propiedad, la inalienable del propio cuerpo y la de todo aquello que se adquiera legítimamente o que sea resultado del proceso empresarial, es decir, el beneficio, tras un legítimo uso de recursos propios o ajenos. Cualquier otra modalidad teórica de defensa de la libertad abre la puerta al fraude masivo, a la vulneración de los derechos de propiedad y a la pérdida de la libertad más básica, la soberanía excluyente sobre dicha propiedad.

Liquidez

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Durante los últimos meses la palabra liquidez parece haberse puesto de moda. Continuamente políticos, miembros de los bancos centrales y medios de comunicación la mencionan como si fuese la nueva piedra filosofal que permitirá alejar la crisis económica. Los dirigentes de los bancos centrales parecen querer emular a los alquimistas de antaño en su búsqueda de la lapis philosophorum, utilizando como componentes bajadas de tipos de interés y la impresión directa de papel-moneda para comprar deuda.

No obstante yerran en su búsqueda y en sus recetas. La solución a la crisis no la va a proporcionar los bajos tipos de interés o la mayor abundancia del papel moneda.

Durante todos estos últimos años, las entidades financieras han estado prestando el dinero que a tan bajo coste les habían proporcionado los distintos bancos centrales. Prácticamente la totalidad de los grandes bancos centrales habían bajado sus tipos de interés a importes casi desconocidos. Al tener un coste de financiación muy bajo, los bancos tomaron ingentes cantidades de dinero prestadas que a su vez suministraban a sus clientes un precio muy bajo. Innumerables proyectos de inversión que nadie se hubiese atrevido a acometer por su inexistente rentabilidad cambiaron el signo de ésta a positivo, gracias a la caída en los costes de financiación.

Sin embargo, durante todo este periodo el tipo de interés al que se cobraban los préstamos no fue real, puesto que vino marcado por una decisión unilateral de los responsables de los bancos centrales, en lugar de provenir de un punto de equilibrio entre la remuneración deseada por los ahorradores y la que estaban dispuestos a pagar los inversionistas. Por tanto, se acometieron inversiones cuya rentabilidad jamás se hubiese considerado de existir un tipo de interés real.

Este error en la apreciación de la rentabilidad de las inversiones no sólo afectó a empresas y particulares, sino que también fue común en las entidades financieras, al subestimar el riesgo de impago y el coste de sus servicios.

Puesto que el interés había sido irreal, el dinero empezó a perder su valor frente a otros bienes, primero frente a las acciones y posteriormente frente a los bienes inmuebles, subsistiendo el problema de no existir ahorro que respondiese frente a dichas inversiones ni en cantidad ni en el tiempo (se financiaban inversiones a largo plazo con ahorro a corto plazo).

Como era natural y al inflarse desmesuradamente los precios de los bienes de inversión, la gente empezó a preguntarse si realmente valían lo que se estaba pagando por ello, momento en que estallaron las burbujas. Así, los ciudadanos se encontraron que poseían inmuebles que valían menos de lo que debían al banco, las empresas veían bajar su cuenta de pérdidas y ganancias y observaban cómo éstas no cubrían los costes de los préstamos en que habían incurrido, y la morosidad de los clientes de los bancos aumentaba sin que el valor de sus garantías cubriera el importe de lo debido.

Los bancos centrales, en lugar de reconocer el error que han cometido durante todos estos años, han acometido una nueva huida hacia delante prestando el dinero a unos tipos de interés aún más bajos, e incluso, muchos de ellos han pasado a imprimir directamente dinero, para comprar deuda pública y privada, buscando así solucionar la actual situación económica, y reduciendo los problemas actuales a una mera falta de liquidez.

Esta huida hacia delante se convierte en un error dos motivos. En primer lugar, las instituciones de crédito están aprovechando los nuevos préstamos de los bancos centrales para fortalecer su balance, ya que ellos mismos han visto subir su morosidad, se encuentran cómo al ejecutar las garantías éstas no valen su tasación original y han prestado mucho dinero a largo plazo, con una captación realizada en el corto plazo. Por tanto el nuevo dinero no llega a los ciudadanos, supuestos destinatarios de las inyecciones de liquidez. De otro lado, al tener nuevos recursos, los bancos no se ven obligados a liquidar las malas inversiones, manteniéndolas en sus balances con un valor irreal, destinando recursos a ellas y aumentando cada vez más la cuantía que tienen en activos y acciones sobrevaloradas. Por tanto, la bajada de los tipos de interés se destina a mantener unas inversiones que no van a recuperar su valor original en un plazo elevadísimo de tiempo.

Por otro lado la compra de deuda pública y privada en que se han embarcado la Reserva Federal Estadounidense y el Banco de Inglaterra, entre otros, también demuestra ser un error, no sólo por los riesgos inherentes a toda monetización indirecta de deuda, cuyos efectos perjudiciales son sobradamente conocidos, sino porque retrasa la necesaria adaptación de las administraciones públicas de dichos países a la nueva situación y porque destina dinero a deuda privada que nadie está dispuesta a comprar, es decir, a la que procede de empresas con proyectos de rentabilidad que se han puesto en duda.

Esta crisis ha de servir para recordar a los ciudadanos, empresas, gobiernos y bancos centrales cuál es su cometido más importante. Y en el caso de los bancos centrales su cometido pasa por ser garantes del valor del dinero, lo que es incompatible con su manipulación. En el momento en que los ciudadanos vuelvan a confiar en que el valor del dinero se corresponde con su valor facial (mediante, por ejemplo, la adopción del patrón oro), en que la inflación no les expropie un porcentaje de sus ahorros todos los años, y que el coste de los préstamos se corresponde con el punto de equilibrio en que ahorradores e inversores ven satisfechos sus expectativas, se habrá dado un paso muy importante para la recuperación económica. De esta manera los ahorradores obtendrán una retribución real, obteniéndose incentivos para ahorrar, y volverá la financiación para aquellos proyectos que realmente sea rentables, produciéndose la necesaria liquidación de aquellas inversiones que no debieron acometerse, reduciéndose el riesgo y la cuantía de futuras nuevas burbujas.

Eurolenguaje contra las personas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 13 de febrero el denominado Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de la Eurocámara aprobó un Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo. La primera parte del texto está dedicada a todas las lenguas en general donde se repiten todos los topicazos del feminismo más rancio y menos conocedor de la lengua, aunque al menos se intenta dotarlo de cierta "elegancia". La segunda está más elaborada y adaptada a cada idioma en particular. Y es aquí, en este anexo de "Orientaciones específicas para el español" donde se presentan unas propuestas que superan con creces la cursilería e incultura propia de quienes dicen eso de "jóvenas" o "miembras" para entrar en terrenos mucho más peligrosos.

Algunas de las estupideces contenidas en las "orientaciones" para el español (desconocemos cuales son las destinadas a otras lenguas) son las habituales de la radicalización de una incultura propia de algunas ministras españolas (y también de algunos ministros, pero estos no suelen meterse en estos temas). Así, nos encontramos con que los europarlamentarios consideran que la distinción de tratamiento entre "señora" y "señorita" según el estado civil de una mujer es sexista al no existir algo similar para los hombres. Sin embargo, otras propuestas entran en la anulación del individuo frente al colectivo o de la confusión siempre peligrosa entre persona y cargo.

El segundo caso se refleja en propuestas-modelo como "la dirección" o "la Presidencia de la Comisión" en vez de "los directores" y "el Presidente de la Comisión". Toda persona es responsable de lo que hace en el ejercicio de su cargo, pero la confusión entre una y otra tiende a limitar este hecho al socializar dicha responsabilidad.

Pero es peor aún la anulación de la persona ante al grupo. El informe en cuestión propone directamente la utilización "de sustantivos genéricos y colectivos" y pone como ejemplos de lo segundo "el pueblo andaluz" o "el profesorado" frente a los menos feministas (sostienen que "invisibiliza" a las mujeres) pero mucho más correctos "los andaluces" y "los profesores". El texto también ataca el uso del término "hombre" con "valor genérico". Alguna de las sustituciones propuestas (como "las personas corrientes" en vez de "el hombre medio") no caen en lo señalado, pero otras sí. Así, el Parlamento europeo pretende que se diga "la gente de negocios, la clase empresarial" en lugar de "hombre de negocios" o "la gente de letras" como sustitutivo de "hombre de letras" o incluso "los derechos de la infancia" ante el tradicional "los derechos del niño".

Si quieren atacar por motivos políticos el lenguaje, una institución que debería mantenerse al margen de la acción del poder al ser configurada día a día a través del uso de los hablantes, podrían haber optado por propuestas que no implican colectivización. Así, para algunos de los casos anteriores podrían haber elegido, por ejemplo, "persona de negocios" o "persona de letras" e incluso haber caído en la cursilería común de "los derechos del niño y la niña". No es una cuestión baladí.

No es lo mismo los ciudadanos que el pueblo, o las personas que se sitúan dentro de un grupo social que la clase, ni tan siquiera los niños son lo mismo que la infancia. En todos estos casos, y hay muchos más, estamos ante un sujeto individual frente a supuesto sujeto colectivo. Si se apela a lo segundo, se corre el riesgo de crear inexistentes derechos y libertades colectivas que suponen siempre una conculcación de los derechos y libertades individuales. En España tenemos sobradas muestras de ello. Es, por ejemplo, en nombre de un supuesto derecho de "Cataluña" o el "pueblo catalán" por lo que se viola la lógica libertad de cada catalán a elegir en cuál de las dos lenguas quiere relacionarse con la Administración o incluso educar a sus hijos. Con lo referido a los menores de edad podría llegar a ocurrir lo mismo. Si es la "infancia" y no todos y cada uno de los niños quien tiene derechos, un infante podría verse privado de ellos en aras de proteger los que supuestamente existen para el conjunto de ellos como grupo.

Tal vez los miembros del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad del Parlamento Europeo tan sólo pecan de una absoluta falta de conocimientos lingüísticos y un exceso de corrección política. Pero también pudiera ser que no y que sean conscientes, o al menos una parte de ellos, de las implicaciones reales de lo que proponen. Un motivo más para aplaudir al presidente checo, Vaclav Klaus, por su desconfianza hacia las instituciones de la Unión Europea y denunciar su tendencia al totalitarismo.