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La insolvencia no se soluciona con liquidez y nacionalizaciones

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Los principales gobiernos del mundo, encabezados por EEUU, son conscientes de la magnitud de la crisis económica que sufrimos (la peor desde la Gran Depresión, según Roubini y otros analistas destacados) y buscan desesperadamente remedios con el objetivo de aplacarla. Para hacer frente a la escasez de concesión de créditos a las familias y empresas, han tomado básicamente dos medidas: seguir inyectando liquidez y nacionalizar bancos (parcial o totalmente). Pero la aplicación de estas “soluciones” no ha aliviado la crisis en absoluto.

La primera de las medidas que implementaron fue la reducción de los tipos de interés para que se produjesen nuevas expansiones crediticias en la economía y los activos de los bancos volviesen a subir de precio. Esta es, por ejemplo, la política monetaria que ha llevado a cabo la Reserva Federal, mediante inyecciones masivas de liquidez y bajando los tipos de interés casi al 0%. Sin embargo, el problema que se les presenta a los bancos no es de liquidez, sino de insolvencia. Es decir, no es que no puedan conseguir financiación para mejorar su flujo de caja, sino que el valor de sus deudas está muy por encima al valor de sus activos. En su momento, las entidades de crédito se aprovecharon de los bajos tipos de interés para adquirir deuda a corto plazo para invertir a largo (hipotecas). Ahora los bancos son insolventes porque no pueden hacer frente a sus deudas, y eso no se soluciona con liquidez, sino liquidando malas inversiones. Bajar los tipos de interés no es la solución a un problema de insolvencia, ya que un banco quebrado no va a prestar el dinero que reciba, sino intentar saldar su deuda.

Al ver que la reducción de tipos no ha sido un buen instrumento para reactivar el consumo y el crédito, la siguiente medida que están tomando los gobiernos es nacionalizar los bancos (parcial o totalmente) al ver que hay bancos en riesgo de quiebra (cientos de pequeños bancos en EEUU). Es decir, adquirir activos inflados a los bancos para que se recapitalicen y concedan prestamos. Sin embargo, esto significa no entender el motivo por el cual se ha producido esta crisis coyuntural. En efecto, los bancos centrales, al reducir los tipos de interés de forma artificial y arbitraria, fomentaron que los bancos fuesen más flexibles y proclives a conceder créditos ya que se encontraban respaldados por ellos. Esta reducción de tipos hizo que apareciesen rentables negocios que en realidad no lo eran. Se indujo a actuar como si el ahorro de la sociedad se hubiese incrementado, cuando la realidad se trata de dinero inflacionario que han creado artificialmente gobiernos y bancos. Ahora que se han puesto de manifiesto los errores cometidos, es necesario un reajuste en la estructura productiva. Hay que liquidar los proyectos de inversión no rentables emprendidos y trasladar mano de obra y recursos productivos hacia sectores que los consumidores demanden más. Y eso sólo se efectúa mediante el ahorro voluntario de la sociedad, ya que únicamente a partir del ahorro puede surgir el crédito. Cuando los estados evitan que se liquiden las malas inversiones y aprueban planes de rescate como el del presidente Obama (838.000 millones de dólares), están consumiendo este ahorro voluntario de los ciudadanos, por lo que están agravando y alargando la crisis. En el caso de EEUU, esto puede acabar con el colapso del dólar y todo el sistema monetario. Como señaló el profesor Fekete, los activos tóxicos deberían ser liquidados inmediatamente y su titulización cancelada.

Por consiguiente, los gobiernos no deben incrementar artificialmente el crédito ni adquirir los activos tóxicos de los bancos técnicamente quebrados, sino llevar a cabo políticas que favorezcan el ahorro de los ciudadanos para financiar la recuperación económica. Y esto no se consigue mediante planes de estímulo, sino dejando que los bancos insolventes quiebren, reduciendo notablemente el gasto público, dejando de emitir deuda pública, disminuyendo los impuestos, y permitiendo que los precios de los activos inflados se ajusten.

Aislacionismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Thomas Jefferson pedía en su primer discurso inaugural “paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones; alianzas comprometedoras con ninguna”. John Quincy Adams, dos décadas más tarde, decía que “América no sale fuera buscando monstruos que destruir. Es la que desea libertad e independencia para todos. Es la campeona y luchadora sólo de las suyas”. Son estas dos declaraciones profundas de la política exterior de los Estados Unidos, tal como quedó marcada por George Washington en su discurso de despedida presidencial, y como continuó hasta finales del XIX. Es lo que se ha llamado, despectivamente, “aislacionismo”.

Es un nombre absurdo para un planteamiento que pide “paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones”. ¿En qué se parece eso a un “aislacionismo”? Pero esa alusión al aislamiento no se refiere a los lazos de sus ciudadanos y empresas con el resto del mundo… sino a la inacción del Estado en el exterior que, digámoslo todo, jamás fue completa. Quizás, se dice, esa forma de actuar fuera la adecuada en otro tiempo. Pero bien instalado el XX, ¿podría Estados Unidos, el país más rico de la tierra, limitarse a defender su forma de ser, guardar para sí las esencias sin intentar llevarlas al exterior? ¿Cómo contenerse ante el avance imparable del nacional socialismo en Europa? ¿Cómo no rebasar las propias fronteras ante el imperialismo comunista?

Por un lado, las intervenciones en el exterior, como la guerra contra España, no han estado todas motivadas por ideales, sino por intereses espurios, bien de ciertos sectores empresariales, bien del propio Ejecutivo, que con la guerra logra unir al país en torno a sí y engrandecer su poder sin apenas resistencia. Por otro, la única justificación de entrar en guerra con otro país es la propia defensa, no la extensión de la democracia, la libertad y demás palabras gastadas. Especialmente cuando en su nombre se degradan esa democracia y esa libertad en el propio país. Estados Unidos deja de ser una ciudad en una colina, ejemplo para millones de ciudadanos que desean para sí un sistema político parecido.

Hay algo paradójico en la idea de que otorgar un poder creciente al Estado más poderoso del mundo es la estrategia ideal para fomentar la libertad, y por tanto la limitación del poder, en el mundo. Y a medida que Estados Unidos ha ido descendiendo por ese camino, ha ido bajando la ladera de la colina, queda cada vez menos claro qué es eso de la “sociedad libre” que tenemos que defender.

La medicina para la crisis

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En El médico a palos (Le médécin malgré lui, 1666), Molière pone en boca del matasanos las siguientes palabras

Encuentro que éste es el mejor oficio del mundo; puesto que se haga bien o se haga mal, siempre pagan de la misma forma: la cruel necesidad nunca cae sobre nuestras espaldas; y cortamos el patrón que nos place en la tela que trabajamos. (…)

 Finalmente, lo bueno de esta profesión es que entre los muertos existe la honestidad y la discreción más grande del mundo: jamás se quejan del médico que les ha matado. (III,1).

Una reflexión acerca de estas palabras me llevan a una sorprendente conclusión: estamos muertos. Nuestros gobernantes, pretendidamente conocedores de la receta para la crisis, la medicina que aliviará nuestros males, la solución a la injusticia, la mejor formación para nuestros hijos, los valores que debemos defender para que haya paz y concordia, las medidas que evitarán la extinción de la especie y el deterioro de la Madre-Gea… son, como el médico de Molière, gobernantes a palos.

Y nosotros, me temo, igual que los pacientes del leñador Sganarelle, aceptamos cualquier diagnóstico y prescripción que explique, por más excéntrico que sea el argumento, el mal que padecemos. Y ahí tenemos al presidente del Gobierno y sus ayudantes, reunidos como en las series de médicos de televisión para llegar a un diagnóstico, afirmar que a las cajas de ahorro no les pasa nada, que en este mes que empieza el empleo iba a empezar a remontar y que nos relajemos y disfrutemos que si no, duele más.

Lo que me parece terrible es que no solamente los abstencionistas (que somos la tercera fuerza política a pesar de que nos ignoren), o quienes no votaron al partido en el Gobierno no salgamos a la calle, sino que los once millones de votantes que confiaron en las palabras del siempre sonriente Zapatero, sigan creyendo a pies juntillas los camelos del PSOE sin protestar. Entendería este apoyo si el paro discriminara y azotara solamente a todos los demás, si la recesión conociera la intención de voto de sus víctimas. Pero no es así: la crisis es para todos. ¿Cómo no están quienes votaron a Zapatero a las puertas de la Moncloa reclamando? En parte porque Zapatero se nutrió de los lobbies a quienes sigue jurando que les pagará lo que se debe en esta legislatura. ¿Y la otra parte?

La otra parte, junto con el resto de la población, pagamos al falso médico que nos pregunta cuál es la solución, en vez de tomar las riendas y hacerse cargo de la situación. Seguimos agradeciendo con nuestro voto al matasanos que cuando todas las voces de asesores de su partido, de otros, de organismos nacionales e internacionales, de economistas de a pie y de prestigio llegan a la conclusión de que probablemente el fallo de España es la falta de reformas estructurales, en especial del mercado de trabajo, se dedica a solucionar los problemas más inmediatos y visibles a golpe de gasto.

Las reformas estructurales sirven para reforzar la solidez de las bases, de los cimientos de nuestra economía: mercado de trabajo, sistema financiero, instituciones básicas. Y lo ideal es flexibilizar el mercado de trabajo para que si vienen las vacas flacas haya rotación, los inevitables parados encuentren cuanto antes trabajo, las empresas puedan volver a crear empleos, etc. Lo deseable es que se mejore la transparencia de las instituciones, limpiando de corrupción y despilfarro sus alfombras. Eso es lo que se hace en época de bonanza para evitar problemas cuando vienen mal dadas.

Sin embargo, lo que ha hecho el Gobierno es todo lo contrario. Ha dejado que nos coma la "osteoporosis" económica, que nuestros huesos (la estructura de la economía) se debilite y ha callado voces prometiendo gastar y gastar, es decir, nos atiborra de medicamentos (muchas veces caducados y contraproducentes) para que no sintamos el dolor. "Estas son las drogas que se utilizan en las necesidades urgentes", decía el médico de Molière, engañando al padre de Lucinda.

¿Y ahora? Le queda el recurso a la cumbre del G-20 –como si fueran a hacerle los deberes–, la esperanza de que los demás tiren de nosotros y apuntarse el tanto, y que nos curemos solitos para convocar una rueda de prensa y afirmar: "Ya lo decía yo".

Tal vez sea la hora de que los "enfermos" empecemos a exigir un cambio en el cuadro médico. O la demolición del hospital.

Un poco de caridad, por favor

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Puede que la actual crisis económica haya hecho recordar a los amantes del cine clásico algunas escenas de películas de Frank Capra o de John Ford que retrataban las consecuencias de una Gran Depresión, películas que mostraban el panorama americano de los años 30 lleno de miríadas de pobres que buscaban entre la basura, se arremolinaban ante las instituciones de caridad o recorrían Estados Unidos a la búsqueda de un trabajo que les permitiera comer todos los días. Sin ánimo de comparativas innecesarias entre esos tiempos y los actuales, deberíamos analizar y defender, por su actualidad, el mecanismo de la caridad frente al de su gran enemigo, el Estado de Bienestar.

Nunca se ha conocido un número tan grande de organizaciones que prestan auxilio a pobres, desamparados, menesterosos, adictos, parados y otros grupos necesitados y pese a ello, la idea de caridad como un acto voluntario de ayuda a los que lo necesitan se ha perdido en favor de la acción del Estado, que despoja a los ciudadanos de parte de sus recursos y los dirige hacia grupos afines, protegidos, minorías privilegiadas o políticamente correctas, en detrimento de otros que pueden necesitar tanto o más estos recursos, todo ello con el suficiente despliegue mediático y de propaganda que permite magnificar logros o simplemente inventárselos.

Pero la caridad voluntaria tiene una serie de ventajas evidentes de eficiencia que no tiene ni puede tener la labor del Estado. Desde una perspectiva simplemente moral y ética, el carácter voluntario de la caridad privada frente a la coacción del Estado, despojador de recursos, ya sería suficiente para decantarse por la primera. Cada uno optará por ayudar a la organización que considere más adecuada o simplemente no hacerlo si piensa que la caridad no es el camino adecuado. Puede que a aquellos que les interese sólo los teóricos objetivos no aprecien esta diferencia entre lo público y lo privado, pero incluso en este caso, deberían reflexionar sobre ello.

Las organizaciones privadas de caridad tienen más capacidad para entrar en contacto con los problemas que la burocracia estatal. Sus voluntarios suelen tener una implicación personal o incluso emocional con los afectados que dista mucho de la que pueda tener cualquier funcionario. La gestión directa de los recursos les permite una mayor eficiencia, pues no necesitan mantener una burocracia innecesaria como la de las Administraciones Públicas, y en caso de fraude, éste puede detectarse mucho antes pues no habrá una organización política que lo tape o lo manipule durante demasiado tiempo, así que los donantes podrán decantarse por otras organizaciones que realicen una labor más acorde con sus pretensiones.

Es difícil hacer frente a los muchos problemas que pueden afectar a una sociedad enferma, así que la competencia entre organizaciones de caridad permite que ante un problema concreto se puedan probar diferentes soluciones o que distintas organizaciones se centren en distintos problemas, desde mendigos a parados, pasando por adictos que quieran desengancharse o marginados que quieran salir de la delincuencia. La propia inercia del sistema estatal y su continua politización impide precisamente la proliferación de ideas, limita el número de afectados a los que puede ayudar y minimiza esta asistencia en algunos casos hasta el punto del ridículo, como aquel ciego de Barcelona con un trastorno bipolar que recibió, en virtud de la Ley de Dependencia, un céntimo en concepto de ayuda económica.

Pero el mayor daño que puede hacer el Estado a la caridad privada es precisamente la competencia desleal y la politización de la ayuda que lleva a las organizaciones privadas a terminar pidiendo recursos públicos en vez de buscarlos entre sus simpatizantes y voluntarios, que desincentiva la creación de nuevas organizaciones si no es en un entorno político, y que da la idea equivocada y letal de que el Estado es el único que puede hacer frente de manera eficiente a los problemas sociales, promoviendo incluso entre los propios ciudadanos una desidia y una despreocupación sobre sus responsabilidades que lo único que genera es una mayor desintegración social.

Crisis peluda, ¡solución definitiva!

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Voy a comer. Pongo la tele. La Primera para más señas, pues ya que por edad no estudié Educación para la Ciudadanía, por lo menos que me adoctrinen en la medida de mis posibilidades.

– ¡Los bancos son culpables! – truena el televisor.

En la pantalla, pequeños propietarios de pymes acusan:

– ¡No nos dan créditos, así vamos a tener que cerrar!

A Miguel Sebastián, expresando el sentir de millones de españoles, se le ilumina la bombilla (de bajo consumo) y amenaza: "Al Gobierno se le está acabando la paciencia con la banca". Pero lo más dramático, la mayor muestra de crueldad de los bancos, de su falta de compromiso y solidaridad con la ciudadanía estaba aún por llegar.

Aparece en la pantalla una empresaria, desesperada ante la falta de apoyo crediticio. Su negocio está a punto de hundirse, y los bancos le niegan auxilio. ¡Menuda injusticia! ¡Qué nacionalicen ya la banca! Además la indignada empresaria nos avisa. Si cierra su empresa, sus trabajadores irán al paro. Está claro, esta ciudadana ha de ser ayudada, ha de recibir líneas de crédito que le permitan seguir en el negocio.

Pero, un momento, ¿cuál es el negocio del que estamos hablando? ¿Cómo? ¿Un salón de depilación? Efectivamente, un salón de depilación. Con la crisis, con el paro, resulta que los consumidores responden de forma bajista a las ofertas depilatorias que ofrece dicho salón y parece ser que, aunque el depilado púbico se mantiene pese a sufrir ciertos retrocesos, el resto de los tratamientos van claramente a la baja, con un desplome del 95% en el completo de axilas y caídas superiores al 75% en el depilado intercejil por láser.

Efectivamente, la situación es peliaguda… Ahora, más que nunca, es cuando los bancos deben mostrar su lado humano y solidario.

Pero el problema es que los bancos no se fían un pelo de la viabilidad del negocio. Puede que no sea el momento de poner dinero en una actividad, que, si bien tiene evidentes ventajas estéticas, quizá no responda a la actual coyuntura. Realmente pretender que sea viable dicho negocio es un pelín arriesgado, y los bancos no tienen un pelo de tontos.

¿Qué queda entonces?

Pues nada, para eso están las ayudas públicas. Soluciones keynesianas para el sector depilatorio, las cuales, sin duda, fomentarán el empleo en dicho sector. Quizá mediante ayudas directas o con la entrega a través del INEM de bonos depilatorios a los parados, un sector de la población que esta el alza y que dispone del tiempo necesario para someterse a la actividad de dicha industria. Además, aunque dichos bonos no ayudarán al Gobierno a suavizar las cifras del paro, por lo menos sí "suavizaran" a los propios parados. Algo es algo. Hasta los sindicatos de clase podrían contribuir. Si Cándido Méndez, en vez de ofrecer propuestas tan imaginativas como la semana de cuatro días, ofreciese su cuerpo socialista al sector depilatorio, garantizaría la carga de trabajo durante una larga temporada.

Claro está que mucha gente pondrá el grito en el cielo ante esta inyección de dinero de los contribuyentes en la eliminación de vello. ¡La depilación no es un sector estratégico! (Aunque se suela hacer en sitios estratégicos.)

Aquí me pillan. Realmente, yo, al revés que los editorialistas de El País, no sé qué es un sector estratégico y qué no lo es. No entiendo por qué el cine español, un cine por el que la gente no está dispuesta a pagar una entrada, recibe ayudas de 75 millones de euros, por qué los gobiernos europeos deciden subvencionar con 5.000 millones de eurazos a Airbus, un avión que las aerolíneas no compran, o por qué se da dinero a sindicatos deficitarios a los cuales no se afilian ni los propios trabajadores (quizá si les regalasen un bono depilatorio…) y así un largo etcétera.

En fin, pelillos a la mar…

Aunque puede que el Gobierno en el fondo actué consecuentemente respecto al sector depilatorio, abandonándolo a su suerte. Si la batería de medidas aprobadas por ZP y su cuadrilla son puestas en marcha… se nos va a caer el pelo. ¡Y sin necesidad de láser!

Tolerancia y cambio climático

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El siglo XVI fue una centuria en que el sentimiento religioso se avivó por toda Europa. A fin de evitar influencias perniciosas en las conciencias de los súbditos de cada gobierno surgieron diversas Inquisiciones que aumentaron su poder y sus atribuciones. Los eclesiásticos (tanto si eran teólogos, juristas o docentes) constituían la aristocracia intelectual de entonces encargada de dirigir las almas convenientemente.

Los herejes eran castigados por considerárseles no sólo como disidentes religiosos, sino como enemigos de la seguridad del Estado. Las penas más usuales eran la prisión temporal o perpetua y los castigos corporales; todas llevaban aparejada la confiscación de bienes que pasaban al erario real para, entre otras cosas, pagar a los funcionarios de la Inquisición respectiva. La pena más atroz era la muerte en la hoguera.

A pesar de ello, se formaron siempre y en todo lugar núcleos de disidentes. Fue precisamente en el siglo XVI cuando diversos humanistas –Nicolás de Cusa, Erasmo de Rótterdam, etc.– empezaron a reclamar por primera vez tolerancia hacia las minorías en cuestiones de fe. Años después, el judío racionalista Baruch de Spinozaafirmaría en su Tractatus theologico-politicus de 1670 algo verdaderamente revolucionario (entonces y hoy): que la libertad era indispensable para el progreso de la ciencia y el arte. Con la Ilustración el concepto de tolerancia se ampliaría del ámbito teológico al ámbito civil.

En su obra Sobre la Libertad (1859) J. S. Mill, columbraba el peligro de un poder gubernamental represivo y la amenaza de una tiranía de la mayoría, comola opinión pública, que tendía a ser muyintolerante sobre todo cuando se ponían en tela de juicio "opiniones y pasiones dominantes". Con estos mimbres, el Estado liberal fue asentando finalmente las bases jurídicas de un orden menos opresivo para el disidente.

La idea actual del cambio climático antropogénico (por la mera acción humana) pese a ser una opinión dominante, no es en absoluto una evidencia científica en contra de lo que quieren hacernos creer sus defensores. Es una mera hipótesis sometida a diferentes críticas. La más reciente se ha mostrado en las numerosas ponencias de la conferencia internacional de Nueva York organizada por el Instituto Heartland sin dinero público de ningún tipo y en la que ha participado, entre otros, el Instituto Juan de Mariana.

La intolerancia mostrada actualmente por los nuevos eclesiásticos (políticos profesionales, docentes o periodistas) hacia los escépticos o descreídos (herejes) que no comulgan con los catastrofismos del cambio climático y sus respuestas políticas me recuerda demasiado peligrosamente a la ejercida por las numerosas órdenes de predicación (hoy algorianos, ecologistas, neo-malthusianos o intelectuales anti-mercado) que propagaban sus inflexibles dogmas siguiendo los dictados del Concilio de Trento (IPCC de las Naciones Unidas).

El cambio climático, por lo demás, es una tautología pues éste no hace otra cosa que cambiar permanentemente. Se trata, pues, de una redundancia superflua pero muy útil al constituir una proposición que necesariamente es verdadera, con independencia de que la interpretación de sus causas represente o no un hecho real.

Con la ayuda del brazo secular del poder civil (gobiernos varios) ahora no hay castigos físicos, pero sí imposiciones coactivas a todo el planeta mediante restricciones, derechos de emisión e impuestos (confiscaciones) a favor del Estado (erario real) y sus adláteres (empresarios políticos). Todo vale para defender la nueva religión (antes llamada calentamiento global en el antiguo testamento ecologista) sustentada por adoradores de subvenciones mil millonarias destinadas a financiar fuentes energéticas antieconómicas.

Una muestra de intolerancia de las muchas que pueblan los mass media: comprobemos a dónde quiere enviar el presidente onusino del IPCC a los escépticos del cambio climático (a otro planeta). Todo un ejemplo de debate científico y convivencia con los que no acatan su credo.

Los irreverentes incrédulos de luchas colectivas para crear un orden construido tienen, por descontado, su merecido sambenito: son los negacionistas. (1,2). Faltaría más.

La ética de la libertad y el cambio climático (2): Efectos, mitigación o adaptación

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La ética concierne solamente a los seres humanos: no hay ningún deber natural de preservar el medio ambiente, el cual no tiene valor intrínseco porque las valoraciones son producto de la actividad mental de agentes cognitivos emocionales.

La contaminación por encima de ciertos niveles es considerada normalmente una agresión ilegítima porque los contaminantes dañan directamente a los seres humanos y no tienen efectos beneficiosos. El cambio climático está relacionado con el medio ambiente pero es muy diferente de la contaminación.

El cambio climático antropogénico puede ocurrir debido a cambios de uso del terreno y a la emisión de gases de efecto invernadero. Los cambios de uso del terreno pueden alterar la reflectividad o albedo de la superficie del planeta, y parece difícil considerarlos una acción ilegítima. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que procede de la respiración y de la quema de combustibles fósiles; etiquetarlo como contaminante es un abuso del lenguaje, ya que es necesario para la fotosíntesis y no es tóxico. Algunas actividades humanas, como plantar árboles, retiran dióxido de carbono de la atmósfera. Es extremadamente difícil probar relaciones específicas entre emisiones humanas de dióxido de carbono, cambios climáticos locales y sus efectos particulares.

El cambio climático, sea calentamiento o enfriamiento global, tiene múltiples posibles causas y efectos, y la valoración de los efectos puede ser diferente en diferentes partes del planeta. Las regiones frías pueden beneficiarse del calentamiento y lamentar más enfriamiento, mientras que las regiones cálidas pueden beneficiarse del enfriamiento y lamentar más calentamiento. Los alarmistas del cambio climático parecen ser reaccionarios climáticos que no aceptan ningún cambio. No hay ningún clima óptimo, y puede haber conflictos sobre su determinación si los seres humanos consiguen controlarlo. Aunque los seres humanos estén adaptados a sus climas actuales, esto no implica que sería difícil adaptarse a diferentes climas si los cambios no son excesivos.

El cambio climático podría suceder rápidamente a escala geológica, pero es lento para la escala temporal humana, permitiendo una adaptación informada con planificación para el futuro. Las políticas públicas de mitigación del cambio climático tienen costes seguros inmensos en el presente y proporcionarían escasos e inciertos beneficios en el futuro. Los relativamente pobres de hoy se sacrificarían para presuntamente ayudar a los relativamente ricos del mañana.

La temperatura no es el único fenómeno asociado con el cambio climático y seguramente no es el más relevante para el bienestar humano, ya que los seres humanos viven en amplios rangos térmicos. El nivel del mar, las precipitaciones y los fenómenos meteorológicos extremos pueden ser mucho más importantes.

El nivel del mar puede elevarse lentamente debido al calentamiento global, pero el proceso es muy lento, de modo que es posible preparar protecciones y amortizar capital si es necesario; la libertad de migración puede ayudar a la relocalización de personas cuyas tierras se vuelvan inhabitables. Las precipitaciones deberían en general incrementarse con el calentamiento global, aunque su distribución podría variar. Y la dependencia de los eventos meteorológicos extremos de la temperatura es compleja y poco conocida.

Para casi todos los problemas humanos asociados al calentamiento global, la influencia en ellos del clima es normalmente pequeña en comparación con otros factores más importantes que pueden tratados de forma más fácil y eficiente. Los alarmistas del cambio climático parecen ignorar soluciones relativamente simples para los problemas que mencionan. Los seres humanos son proactivos, no se someten de forma pasiva a las influencias naturales, y la evitación del cambio climático no es necesariamente la mejor opción.

El agua potable es un problema donde no hay derechos de propiedad, mercados y precios del agua. Las enfermedades tropicales dependen fuertemente de condiciones socioeconómicas. Las naciones subdesarrolladas son pobres principalmente por sus instituciones sociales inadecuadas. Es posible protegerse de las olas de calor mediante el acondicionamiento térmico adecuado (y el calentamiento global reduciría las olas de frío y sus muertes asociadas). La extinción de especies se debe mayoritariamente a destrucción de hábitats naturales o invasión humana (o a matanzas directas, como con la caza y la pesca).

Los catastrofistas del calentamiento global parecen olvidar otras realidades más importantes y urgentes que compiten por la asignación de los recursos escasos exigidos para la mitigación del cambio climático. Es demencial declarar al cambio climático el peor problema de la humanidad cuando hay guerras, hambre, enfermedades, pobreza.

Para algunos ecologistas radicales y muchos políticos, el cambio climático es el problema más importante para la civilización humana, y pretenden hablar en nombre de toda la humanidad. Pero para ellos todos los problemas parecen ser extremos, carecen de la noción de costes de oportunidad relativos. Su lenguaje moral impone deberes a los ciudadanos que parecen estar recibiendo órdenes acerca de lo que deben hacer y lo que deben evitar sin importar el coste.

Los gobiernos se suponen necesarios para proteger a sus ciudadanos contra agresiones, pero son muy incompetentes en esta tarea y a menudo son responsables de sus propias agresiones institucionales al prohibir actividades perfectamente pacíficas y voluntarias; ahora con el cambio climático parecen considerar el calentamiento global antropogénico una acción indeseable ilegítima. Algunos radicales incluso intentan censurar y criminalizar el disenso de los escépticos, negacionistas o minimizadores. Pero el pensamiento y la palabra, aunque estén equivocados o sean falsos, no son nunca auténticos crímenes. Puede haber grupos de intereses especiales a ambos lados del debate luchando por sus políticas públicas favoritas: no solamente compañías del carbón, el petróleo o la energía nuclear, sino también las fuertemente subsidiadas energías renovables.

Aunque la ciencia del clima más oficial y mayoritaria pueda estar en lo correcto, la ignorancia respecto a la economía, la filosofía política y la ética es abismal. Las entidades más importantes para un ser humano son otros seres humanos (para lo bueno y para lo malo), no el medio ambiente. Los humanos pueden ser especialmente nocivos cuando están organizados políticamente e inspirados por el colectivismo. Los posibles daños del cambio climático deberían ser comparados con los posibles daños de la intervención burocrática gubernamental y la opresión política. Tal vez toda la histeria respecto al cambio climático sea una excusa para incrementar la extensión del poder político o una distracción de otros problemas más graves. Las instituciones sociales son lo más importante, y actualmente son profundamente defectuosas: es posible una mejora inmensa, y la libertad es la solución.

La ética de la libertad y el cambio climático (1): Libertad, propiedad y agresión

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Una ética normativa con reglas universales, simétricas y funcionales está basada en el principio fundamental del derecho de propiedad. La ética de la libertad y los derechos de propiedad es la ley natural, el sistema de normas adecuadas a la naturaleza humana que permite el desarrollo y la convivencia social armoniosa y pacífica evitando, minimizando o resolviendo los conflictos tanto como sea humanamente posible.

La propiedad es el dominio de decisión legítima por el dueño, el espacio en el cual cada persona es libre de actuar según sus preferencias sin interferencia violenta de otros, cuyas valoraciones al respecto son éticamente irrelevantes. Todas las acciones pacíficas realizadas por el dueño en su propiedad están permitidas, y ninguna acción es obligatoria (no hay deberes positivos naturales). El derecho de propiedad es un derecho negativo de no interferencia. Los seres humanos no tienen derechos naturales positivos que impliquen que otros deben hacer algo por ellos, y no existen los deberes naturales hacia otros (pasados, presentes o futuros). Los derechos y deberes positivos surgen mediante contratos.

La libertad no significa una absoluta ausencia de restricciones: mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás; mi propiedad es finita y limitada por la propiedad de otros. La libertad y el derecho de propiedad son equivalentes al principio de no agresión: el inicio del uso de la fuerza no es legítimo; la fuerza sólo puede ser usada para la defensa y el establecimiento de justicia. La agresión, la invasión de la propiedad de otros sin su consentimiento, está prohibida. El agresor debe reparar los daños y compensar a la víctima.

La agresión no es solamente la noción estrecha de violencia criminal realizada por una persona contra otra y sus posesiones (asesinato, asalto, daños físicos, violación, rapto, robo). La agresión en un sentido abstracto es cualquier interferencia física perjudicial suficientemente intensa o nociva causada por una persona o sus posesiones sobre la propiedad de otros.

La propiedad, ser el dueño de algo, no es siempre buena: la propiedad no implica solamente el derecho de usar y disfrutar medios para la acción. La propiedad puede ser mala: el dueño es responsable por los daños que sus acciones y sus posesiones pudieran causar a otros (intencionados o no intencionados, conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos). Toda acción implica la producción de residuos no deseados o desechos de los cuales el propietario debe hacerse cargo para que no dañen a otros.

Todas las cosas reales están interconectadas de forma directa o indirecta mediante fuerzas fundamentales, de modo que un cambio en una entidad causa algún efecto, grande o pequeño, sobre otras entidades. Pero las normas éticas se refieren solamente a cambios y efectos causados por la acción humana que puedan dañar a otros y originar conflictos. Estas interacciones pueden involucrar materia (sólidos, líquidos, gases; partículas macroscópicas o microscópicas), energía (calor, ondas electromagnéticas, ondas de presión) o alteraciones de condiciones ambientales naturales (fenómenos como luminosidad, presión, temperatura, vientos, humedad). Los efectos pueden ser más o menos fuertes o débiles, concentrados o difusos, directos o indirectos, locales o globales, frecuentes o infrecuentes, acumulativos o no acumulativos, instantáneos o retrasados, temporales o permanentes.

Debido a las limitaciones de la mente humana, la realidad se estudia a menudo de modo simplificado como si fuera simple y lineal: pero la naturaleza es de hecho una compleja red de entidades y relaciones. Una causa puede tener múltiples efectos sobre diferentes personas, algunos positivos y otros negativos. Un efecto puede tener múltiples causas, naturales o artificiales, por una persona o por muchas personas haciendo lo mismo (respirar) o realizando acciones complementarias (construir y conducir vehículos, producir y consumir energía). En sistemas caóticos no lineales pequeñas causas pueden tener grandes efectos (debido a amplificadores, desestabilizadores, o bucles de realimentación positiva), pero también grandes causas pueden tener pequeños efectos (debido a amortiguadores, estabilizadores, bucles de realimentación negativa).

Para ser calificados como agresiones, los eventos reales deben como mínimo ser detectables físicamente, perceptibles psicológicamente y relevantes para las preferencias humanas. Las condiciones reales objetivas no constituyen automáticamente problemas. Son las valoraciones humanas las que perciben las situaciones como oportunidades o amenazas, beneficios o perjuicios, bienes o males. Y es la posible incompatibilidad de las preferencias humanas subjetivas lo que origina los conflictos: lo que a uno le gusta puede disgustar a otro.

Los contenidos específicos de la noción de agresión son en cierto modo abiertos y debatibles; no es un concepto con límites abruptos, es parcialmente difuso y arbitrario. No puede ser completamente determinado mediante la deducción utilizando la razón pura, depende de costumbres, tradiciones, convenciones (bloquear la luz solar, luces de alta intensidad, sonidos a alto volumen, contaminantes). Algunos criterios objetivos pueden ser utilizados para determinar si un evento es considerado adecuadamente como agresión o no: intensidad, relación directa, extensión, duración, acumulación.

Una ética de la libertad funcional necesita incluir principios de responsabilidad y reglas de legítima defensa. Los principios de justicia tradicionales y sensatos imputan la carga de la prueba de la agresión al acusador, quien debe demostrar más allá de una duda razonable la culpabilidad del acusado. No es el acusado quien debe probar su inocencia (si así fuera, toda persona debería disponer de pruebas de inocencia para cualquier acción y momento de su vida, ya que siempre podría ser acusado de algo). La defensa legítima puede ser invocada por el receptor actual o posible de los efectos de una acción si hay peligro demostrable claro y presente, y no simplemente si alguien no puede asegurar completamente que no es así. La defensa se vuelve ilegítima (se transforma en agresión) si no puede ser demostrado que existe riesgo de daño real.

El principio de precaución propuesto por muchos ecologistas exige que el iniciador de una actividad demuestre su completa inocuidad, y el Gobierno no necesita demostrar daño probable para detenerla. Probar que algo es absolutamente inocuo es impracticable en ámbitos novedosos, donde el aprendizaje se realiza mediante ensayos y errores, y por lo tanto este principio paralizaría la innovación. La adquisición de conocimiento de costosa y el conocimiento pleno es imposible.

La noción de agresión se basa en las consecuencias o resultados de acciones (los efectos reales en el mundo), y no en el conocimiento o las intenciones de los agentes. Los sentimientos morales instintivos tienden a excusar o reducir la responsabilidad si no hay intencionalidad o si los daños son efectos secundarios imprevistos: esto es en parte así porque los sentimientos morales evolucionaron como instintos genéticos en tiempos remotos cuando los ancestros humanos tenían poca capacidad de acción. Pero con la acumulación de capital y tecnología es necesario exigir el uso responsable de herramientas potentes, y advertir a las personas de que su ignorancia o falta de previsión no les excusará por los daños que puedan provocar. Este tipo de normas proporciona incentivos a los agentes para considerar plenamente todas las posibles consecuencias de sus actos, y no sólo aquellas que pretenden conseguir, ya que serán juzgados según los efectos reales de sus acciones.

Los derechos de propiedad funcionan muy bien cuando la realidad es fácilmente separable, cuando los efectos de las acciones son directos, locales, concentrados y recaen principalmente sobre el propietario y sus posesiones y eventualmente sobre otras personas adyacentes fáciles de identificar. Pero los elementos de la realidad a menudo están entrelazados de formas enredadas. Los objetos sólidos macroscópicos tienden a permanecer en sus posiciones estables; pero los fluidos (líquidos y especialmente gases) tienden a moverse, y los fotones y la energía térmica tienden a fluir, se esparcen y cruzan barreras legales si no son detenidos por alguna barrera física.

Las externalidades son efectos de acciones de un agente sobre la propiedad de otros; pueden ser positivas (como los regalos, no prohibidos ni obligatorios) o negativas. Una agresión es una externalidad negativa. Las externalidades negativas difusas son problemáticas y difíciles de regular. Muchas víctimas podrían sufrir una molestia o pérdida muy pequeña por las acciones de un agente: podría parecer ridículo considerar ilegítimas las acciones que producen efectos tan pequeños y sería muy costoso para cada una de las víctimas exigir al agente que pare o les compense. Las externalidades pueden hacerse importantes por los efectos acumulativos y persistentes de pequeñas acciones de muchos agentes. En una agresión clara es posible y relativamente fácil determinar quién está haciendo qué a quién, a quién se debe parar o quién debe compensar a quién por qué. En las externalidades difusas puede ser muy difícil determinar y conectar agentes, acciones, efectos y receptores de efectos.

Como las agresiones implican daños, podría considerarse ingenuamente que es mejor tratarlas como un concepto muy inclusivo, para evitar muchas pérdidas. Pero asumir que algo es una agresión y prohibirlo tiene consecuencias que podrían ser peores que simplemente tolerarlo. Cuantas más acciones sean consideradas acciones ilegítimas, más uso de la fuerza queda justificado. Los costes del sistema necesario para detectar y castigar a los agresores y compensar a las víctimas podrían exceder a sus beneficios (siempre teniendo en cuenta que es extremadamente problemático realizar comparaciones interpersonales de utilidad y adiciones o sustracciones de utilidad o análisis de costes y beneficios sociales). Podría ser mejor aprender a vivir con algunas realidades cambiantes, adaptarse a ellas, que intentar evitarlas. Especialmente porque los seres humanos son buenos en la adaptación, mediante la cual han colonizado la mayor parte del planeta con condiciones ambientales muy diferentes.

Otorgar automáticamente al Estado la responsabilidad de ocuparse de externalidades negativas difusas puede ser un error inmenso. El Estado es el monopolio de la jurisdicción y la violencia, y es a menudo ilegítimo (dictadores, o incluso líderes democráticos para los anarquistas), muy ineficiente y posiblemente corrupto (falta de motivación o incentivos y falta de conocimiento o imposibilidad del socialismo, teoría de la elección pública).

Lo que a menudo se conoce como fallo de mercado es usualmente sólo el resultado de una determinación inadecuada de los derechos de propiedad. Los mercados nunca son perfectos por los seres humanos tienen capacidades limitadas; quienes proponen que el Estado arregle presuntos problemas que los individuos no pueden resolver libremente parecen olvidar que el Estado está formado por seres humanos, y quizás no los mejores (los burócratas no son ángeles desinteresados, y los peores podrían alcanzar las cimas del poder).

Are we human?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Dos imágenes han sacudido en los últimos días nuestras conciencias: pobres crías de foca perseguidas por sus verdugos, garrote en mano, en busca de sus pieles con pretexto ecológico (diezmar la sobrepoblación) y unas decenas de cetáceos varados en las costas australianas no se sabe muy por qué razón. Proyectando sobre estos animales nuestra propia humanidad, avanza el movimiento que reclama para ellos una consideración singular, prácticamente equivalente a la que fundamenta la convivencia entre los hombres.

No dudo de la legitimidad de dicho movimiento, pero sí de la endeble coherencia de su argumento y la velada intencionalidad de todo ese esfuerzo y convicción por una causa que por ser esta, deja de ser otra, pero podría haber sido casi cualquiera.

La convivencia se fundamenta en el reconocimiento en el otro de una serie de atributos, aptitudes o mera identidad, que estimamos propias y exigibles por nosotros mismos. Esta realidad no es intencional ni deliberada, sino que se forja en un proceso que aúna evolución biológica con evolución cultural. Dentro de ese mutuo reconocimiento de dignidad se forman las bases de toda sociedad humana, que es la que nos interesa analizar aquí.

Dicho reconocimiento es variable, cultural, al tiempo que se perfecciona y depura a través de un esfuerzo intelectual emprendido normalmente ante dilemas y conflictos abiertos. La naturaleza, el ser, la identidad cierta, permanece latente en todo momento. Somos capaces de verlo, comprenderlo e introducirlo en nuestro orden mental y sistema de valores, no por revelación, sino por puro desarrollo social y evolución institucional, donde incluimos moral y Derecho. La ética estudia estos aspectos tratando de objetivizar fundamentos coherentes con la naturaleza humana. Depende de muchos elementos que en cada instante de la historia se haya sido o no capaz de articular y engarzar con mayor o menor precisión todo lo que resulta consustancial a dicha naturaleza.

Hoy por hoy sabemos y comprendemos que las mujeres y los hombres son igualmente humanos, aun con sus diferencias. Conocemos que el aspecto, los rasgos o el color de piel no son elementos que dividan la especie humana en diferentes departamentos estancos. También hemos llegado a descubrir que desde el mismo momento de la concepción, cuando se fusionan los gametos masculino y femenino (y no antes), surge un nuevo ser, una realidad única e irrepetible, viva, en proceso de formación y desarrollo.

En la actualidad pocos son los que se atreven a cuestionar la identidad en derechos y libertades entre personas de distinto sexo o raza. Sin embargo muchos se niegan a introducir en sus juicios éticos y morales la realidad que representa la aparición en el mundo de un nuevo ser, por muy primario que sea su estadio de desarrollo. El reconocimiento de dignidad no es automático ni ilimitado, como no lo son los derechos considerados como fundamentales por la doctrina jurídica contemporánea. Tampoco es igual la consideración que podamos proyectar respecto a todo ser humano en función de su situación física o mental, o como es el caso, de fase de desarrollo hasta alcanzar la desvinculación con el seno materno. Un menor de edad no tiene capacidad de obrar, tampoco un demente o un retrasado. Sin embargo, aun admitiendo esta limitación a su libertad, seguimos teniéndoles como humanos, respetando su vida e integridad.

Cuando hemos alcanzado estos niveles de conocimiento y evolución del pensamiento y la afirmación de principios éticos coherentes y consustanciales a la naturaleza del ser humano, suenan voces que pretenden extender dicho reconocimiento a otras especies animales, se despiertan todas las alarmas posibles. Primero, porque como hemos dicho y visto más arriba, son los promotores de dichas declaraciones de derechos y campañas de propaganda quienes más ignoran alguna de las cotas alcanzadas en la evolución del conocimiento y el reconocimiento entre seres humanos. Segundo, porque lo pretendido es la introducción de una exigibilidad absoluta respecto al presunto derecho de algunos animales a tener una consideración semejante a la que los hombres nos dispensamos entre nosotros, inintencionalmente, pero de forma efectiva.

Aunque no fueran abortistas o estuvieran a favor del exterminio sistemático, sin atender a la voluntad del afectado, de todo aquel enfermo terminal inconsciente (muchos también lo defienden para los conscientes), la postura sigue siendo absurda, poco rigurosa y sesgada. No porque se pretenda, libremente, reconocer a ciertos animales una consideración especial. Eso lleva sucediendo desde que el hombre es hombre, o mejor, desde que aquel domestica animales. A unos los utiliza para sobrevivir, alimentándose de ellos o sirviéndose de su fuerza para mejorar la productividad del trabajo humano. Otros con otros fines. Cada vez más, como animales de compañía. Es normal que les concedamos cierta entidad (relativa a su utilidad) atribuyéndoles un respecto y una consideración excepcional. Perros, gatos, caballos… y otros, en función de la cultura o el lugar.

El matiz es el siguiente y queda resumido en un único enunciado: la exigibilidad del reconocimiento. La sociedad humana, el orden social, y a partir del mismo, el orden jurídico y/o moral, se fundan en la exigibilidad de dicha dignidad, en función del momento cultural y evolutivo. Hoy día el orden social, en el mundo occidental, parte del reconocimiento de una amplia esfera de libertad individual para hombres y mujeres, con independencia de su raza. La dignidad es extensible a todas las fases de su vida, con los límites surgidos de esos conflictos mencionados y que deberán resolverse en cada caso, con vocación de establecer pautas generales y abstractas. Esta situación de reconocimiento es exigible, siendo dicha característica la que sostiene el resto del entramado de reglas y pautas de convivencia pacífica y ordenada.

Pretender la exigibilidad de un reconocimiento extensible a determinados animales resulta absurdo e incongruente en un sentido filosófico, pero también practico. No vivimos en una interacción equivalente entre seres humanos y animales. Estos son incapaces de reclamar para sí los presuntos derechos que algunos humanos quieren concederles, como bien señaló Rothbard en La Ética de la Libertad. Para que exista interacción debe presumirse corresponsabilidad y equivalencia. Hablamos de sociedad humana. Y como hemos visto, de su evolución cultural hemos concluido principios fundamentales sin los que no seríamos capaces de articular una convivencia coherente y pacífica a partir del reconocimiento de la individualidad y la naturaleza humanas.

Puede que llegue el día en que una opinión mayoritaria rechace las corridas de toros como hoy hacen los abolicionistas y otras muchas personas de diverso pelaje y condición. Ya lo ha hecho con otras prácticas que hoy por hoy cada vez menos gente admite, aun con el pretexto de ser tradicionales. Pero todos estos cambios, este rechazo generalizado y popular no tendría que venir acompañado de ninguna prohibición o pena. No puede exigírsele por la fuerza a ningún ser humano semejante reconocimiento. Será el sentir general el que desplazará o expulsará a quienes cometan actos paulatinamente tachados como ignominiosos o execrables.

Algunos animales (en los que queramos ver retazos de nuestra propia humanidad, en sus miradas o gestos) lograrán mayor consideración y respeto, pero nunca personalidad ni reconocimiento social. La sociedad será siempre humana por mucho que se aspire estéticamente a lo contrario.

Los efectos colaterales de la “lucha contra la droga”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

No voy a insistir demasiado en los principios que aconsejan la legalización del consumo y el comercio de drogas. Con independencia de la calificación moral o ética que merezcan estas conductas autodestructivas o quiénes las "promuevan, favorezcan o faciliten" (tal como se describe el delito de tráfico de drogas en el Código Penal español) ninguna de las razones argüidas para defender su criminalización son compatibles con el respeto a la libertad y el derecho del individuo adulto a disponer de su cuerpo siempre que no cause un daño objetivo a otro.

Del vicio original de la prohibición, con la excusa de proteger la "salud pública", derivan unas consecuencias indeseadas y, sin embargo, previsibles, si se repara en las fuerzas descomunales que desata la persecución de toda acción que incite al consumo ilegal de estupefacientes. En última instancia, la ponderación de esos elementos se añade al argumento principal de los partidarios de la libertad.

Sucede que, al prohibirse la transmisión de unas sustancias tan apreciadas por ciertos consumidores, se restringe su oferta y, por tanto, se incrementan los ingresos de los relativamente escasos individuos que están dispuestos a correr el riesgo de dar con sus huesos en la cárcel. No obstante, en un momento posterior, las suculentas ganancias que esa actividad reporta estimulan a más personas para unirse a cualquiera de los eslabones de su cadena de distribución, bien sea de forma estable, o bien eventual. Por mucho que insistan sus promotores, incluso la cabal persecución del tráfico de drogas solo puede traer como consecuencia una aleatoria y beneficiosa eliminación de competidores para los que continúan lucrándose dentro del negocio.

En este punto, sin embargo, debe resaltarse la peculiaridad del sistema español de represión del consumo de drogas. A diferencia de otros países, la tenencia de droga para consumo propio no se considera delito, si bien merece la calificación de infracción administrativa, sancionable con multa y la incautación de los estupefacientes. Nunca con una pena de prisión. Obviamente, las disputas sobre como distinguir esa posesión de la destinada al tráfico (y dentro de ésta cual sea una cantidad de "notoria importancia") ocupan el tiempo de fiscales y abogados en las decenas de miles de procedimientos penales en materia de drogas que se tramitan en los juzgados españoles.

Como, precisamente, el ánimo tendencial hacia el tráfico es difícil de probar en muchos casos, el Tribunal Supremo ha establecido unos criterios que asumen la cuantía como principal indicio para apreciar el sentido de una posesión. De esta manera, si se detiene a un consumidor habitual con menos de 50 gramos de hachís o marihuana; 7 de cocaína y 3 de heroína –dependiendo en el caso de las dos últimas de su pureza– es probable que sea absuelto, excepto si concurren otros indicios que manifiesten una preordenación para el tráfico. Las elucubraciones que la jurisprudencia reciente ha elaborado sobre el "consumo compartido" de sustancias estupefacientes también han relajado extraordinariamente el rigor punitivo. Me pregunto si han primado razones implícitas. Ambas doctrinas parecen dar por supuesto que una interpretación estricta del precepto penal enviaría a pandillas enteras de jóvenes consumidores a las cárceles, dadas las elevadas penas previstas para estos delitos cuando se trata de sustancias que "causan grave daño a la salud". Es decir, todas, menos el hachis y la marihuana. Aún así, casi un 30 por ciento de los reclusos que cumplían su pena en las cárceles españolas a finales del año pasado fueron condenados por su participación en delitos de este tipo.

Por otro lado, si alguien pensó que los pingües beneficios que genera la prohibición solo corrompen a las autoridades de los países exportadores (México, Colombia, Marruecos etc) debería repasar casos más cercanos. Nos hemos topado con que un subinspector de policía y varios empleados del aeropuerto de Madrid-Barajas eran detenidos bajo la imputación de formar parte de una banda de narcotraficantes. Hace dos años desaparecieron dos kilos de cocaína en una comisaría de Valencia, pero ese caso palidece ante el más reciente –y no aclarado transcurrido casi un año– ocurrido en el depósito de la jefatura de policía de Sevilla. Nada menos que 100 kilos de cocaína y heroína allí custodiados (¿?) fueron progresivamente sustituidos por sustancias más prosaicas, para alborozo de los acusados en distintos juicios por tráfico de drogas. Las dificultades de descubrir las tramas de delincuentes que actúan con cobertura oficial u oficiosa se hacen evidentes en estos casos y apuntan a una situación mucho más grave de lo que nadie está dispuesto a reconocer.

Una vez creadas organizaciones de cierta complejidad para eludir los golpes de la represión, se abren otros campos delictivos donde pueden aprovecharse esas estructuras para obtener ingresos complementarios. Y viceversa. Después de todo, sus integrantes ya han dado el salto para situarse fuera de lo que se entiende por legalidad. En este sentido, la revitalización de viejas organizaciones mafiosas que provocó la prohibición de las bebidas alcohólicas en EEUU durante los años 30 resulta paradigmática. En la actualidad abundan ejemplos de estados, bandas internacionales y grupos terroristas dedicados a una diversificada lista de delitos adicionales. Algunos son inducidos por la penalización y la legislación fiscal, como la venta ilegal de los llamados precursores de las drogas o el blanqueo de capitales. Otros tienen una naturaleza real –perjudican a alguien– como el robo y el asesinato.

Como vemos, la "lucha contra la droga" ocasiona un ingente despilfarro de esfuerzos y recursos que se detraen de la sociedad y causa problemas que no existirían si desapareciera. Una línea de pensamiento en boga a lo largo y ancho de los países occidentales, congruente con los postulados del Estado del Bienestar, propugna el suministro de drogas a las personas adictas con cargo a los presupuestos públicos. Sin cuestionar el fondo de la prohibición, se argumenta que, de esta manera, los consumidores no tendrán que mezclarse con los circuitos de la delincuencia. Pero este tipo de medidas contradice abiertamente la justificación de la penalización: ¿cómo se explica que los estados proporcionen la misma droga que si se distribuye por un particular constituye un grave delito? ¿Por el hecho de que ofrecen un control médico? En realidad, más bien parece que se pretende eliminar la responsabilidad de los individuos que asumen comportamientos arriesgados y fomentar su dependencia a costa de otras personas, forzadas a pagar los gastos.

Recientemente se han alzado voces defendiendo la legalización de las drogas. Sánchez Dragó propone que el Estado constituya un monopolio para su explotación durante una temporada. Por mi parte, me limito a pedir que, de momento, la regulación de las bebidas alcohólicas de alta graduación se extienda a las drogas.