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El cambio y la crisis: dos actitudes contrapuestas

El constante cambio y la incertidumbre son dos características fundamentales e inevitables de nuestro mundo. Sin embargo, como es evidente, la intensidad en que se manifiestan en la sociedad puede variar notablemente.

En periodos como el actual, donde constantemente recibimos nuevas noticias (cada vez más desastrosas), la volatilidad en los mercados financieros es elevada y se está tratando de llevar a cabo los procesos de reajuste requeridos para la recuperación, la percepción del cambio rápido es más intensa. No obstante, no creo que esto sea algo nuevo ni meramente coyuntural, sino que parece existir una tendencia desde al menos el siglo XX hacia una aceleración de los procesos sociales, donde la tecnología e información avanzan deprisa, los valores sociales y morales cambian más rápidamente, etc.

Por el lado de la incertidumbre, ésta es exacerbada por las actuaciones de las autoridades e instituciones públicas. La incertidumbre inerradicable e inherente a los seres humanos, consistente en la incapacidad de prever con exactitud el futuro, es aumentada por una nueva fuente de incertidumbre: las impredecibles y erráticas actuaciones gubernamentales (una interesante reflexión teórica sobre esto es la Teoría de los Big Players de Roger Koppl). ¿Qué será lo próximo que hará el Gobierno? ¿Rescatará a más entidades o dejará caer a alguna? ¿Cómo financiarán los planes de estímulo milmillonarios? ¿Se recurrirá a la inflación? ¿Cuál será la carga impositiva en el futuro, con el déficit disparándose? Todas estas preguntas son, entre muchas otras, las que los agentes económicos tratarán de darse una respuesta. Así es como se obstaculiza la recuperación, generando desconfianza sobre los inversores. La introducción de grandes dosis de incertidumbre ‘artificial’ es lo que, según Robert Higgs, convirtió a la crisis del 1929 en la Gran Depresión que finalmente fue, especialmente por su gran duración.

Por tanto, nos movemos en un entorno muy cambiante e incierto, donde la necesidad y habilidad para adaptarse fácilmente a nuevos cambios es esencial para mantenerse a flote. A este respecto, Alice Munro, en un bello pasaje de La Vista desde Castle Rock, distingue a dos clases de personas según su forma de enfrentarse a los cambios y problemas sociales: "Algunas, si se construye una autovía que pasa por su jardín, lo considerarán una afrenta, lamentarán la pérdida de intimidad… y de una dimensión de sí mismos. El otro tipo de personas verá en ello una oportunidad: montarán un puesto de perritos calientes, conseguirán una franquicia de una cadena de comida rápida, abrirán un motel".

En la actualidad, podemos ver ejemplos de estas dos actitudes. En el primer grupo de los que son incapaces de adaptarse, podríamos identificar a General Motors. Su táctica ante las dificultades no consiste en reestructurar su negocio, sino en el chantaje a los (débiles) gobiernos europeos, exigiéndoles 3.000 millones de euros con el fin de permanecer con vida y que alrededor de 300.000 empleados mantengan su trabajo.

En el otro extremo, están quienes tratan de descubrir, y actuar en consecuencia, cualquier oportunidad de negocio que brindan los cambios que trae la crisis. Los hay que, aprovechando la complicada situación financiera de muchas familias norteamericanas y los altos precios del oro, organizan "fiestas del oro". Éstas consisten en que una compañía, surgida para este particular, envía un comprador a casa del oferente de oro, y allí se intercambian cantidades de este metal (en forma de joyas, por ejemplo) por dinero en efectivo. Y el otro ejemplo que podría ponerse es el de algunas firmas de automóviles de lujo, como Porsche. En vista de la caída que han experimentado las ventas de este tipo de bienes, han optado por sacar gamas de vehículos más económicas, tratándose así de adaptar al cambio en las preferencias de los consumidores.

Así pues, existen dos grandes tipos de maneras de enfrentarse ante situaciones como las que vivimos: quedarnos parados esperando a que alguien nos salve el culo, o adaptarnos a los cambios con una actitud proactiva. De nosotros depende intentar convertir las amenazas en oportunidades, mirando al lado positivo, que siempre suele existir, de las cosas.

El dividendo de Endesa

Endesa, la principal empresa eléctrica de las que en España proveen servicios, acaba de repartir un dividendo sin precedentes: la friolera de 6 euros por acción, para unas acciones cuyo valor en Bolsa está últimamente entre 15 y 20 euros. No está mal que te den, de golpe y porrazo, un tercio de tu inversión.

Esta actuación sería muy llamativa en cualquier contexto, pero lo es aún más en un momento de crisis y restricción de liquidez, en que la mayor parte de las empresas se quejan de que los bancos no les dan créditos y que ello les lleva a la ruina. Ahí es nada Endesa sacando de la caja 5.897 millones de euros contantes y sonantes para repartirlos entre sus accionistas.

Sin embargo, esta actuación aparentemente descabellada, encuentra una vez más fácil explicación en la teoría económica. En este caso, en la actuación de empresas en cuya estructura productiva predominan las inversiones hundidas ante una situación de control de precios.

La teoría de control de precios de Mises establece que si un Gobierno decide fijar el precio de un bien a un nivel distinto del correspondiente al libre mercado, solo podrá mantenerlo en ese nivel acudiendo a la planificación central.

El proceso por el que se pasa del control de precios a la planificación central tiene otras tres etapas: ventas forzadas, racionamiento y regulación de la producción y distribución. Si alguien está interesado en su detalle y aplicación a determinados casos de telecomunicación, puede seguir esta conferencia.

¿Qué es lo que ocurre? Cuando el Gobierno fija un precio por debajo del nivel del mercado, las empresas afectadas evitan vender. Entonces el Gobierno ve que su objetivo no se ha cumplido, ya que no ha conseguido que la gente pueda acceder a ese producto a un precio más barato, sino que les ha privado de poder comprarlo.

Incluso si venden, la demanda supera a la oferta, puesto que el precio está por debajo del precio de mercado, y se ha provocado un desequilibrio. Se producen desabastecimientos: no todo el mundo que quiere comprar al precio regulado puede hacerse con el bien.

Al mismo tiempo, los productores dejan de ser rentables, por lo que evitan invertir en estos activos que ya no les dan la rentabilidad del mercado. Según la estructura productiva de la industria, esto se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, si se ha regulado el precio del pan, es posible que el fabricante siga comprando harina a precio de mercado, pero tal vez deje de invertir en el horno. Esto es así si puede seguir sacando más dinero de vender el pan del que le cuesta la harina, aunque renuncie a ahorrar para sustituir el horno cuando su vida útil se agote. Podrá suministrar pan (si el Gobierno mantiene su control de precios) mientras le dure el horno; pero cuando esté sea inutilizable, se acabó la producción. De esta forma, se está "consumiendo" el horno, ya que no se ahorra para su reposición.

En el caso de las eléctricas, la mayor parte de sus costes provienen de inversiones a largo plazo, como son los cableados hasta cada hogar o las grandes centrales de generación. Por otro lado, y como es sabido, el precio de la electricidad está en España regulado con carácter de precio máximo. Si dicho precio está por debajo del de mercado, cabe esperar que entre en juego la teoría de control de precios, de la misma forma que se ha descrito para el panadero.

¿Cómo se manifiesta aquí? Dado que la mayor parte de los costes ya se han desembolsado, lo que ocurre es que todos los ingresos que reciben las eléctricas son ya netos de los gastos que les supone su producción. Lo que harían si el negocio fuera rentable sería reinvertir una gran cantidad de estos ingresos en el mantenimiento y mejora de sus infraestructuras, para asegurar la provisión futura y, en esencia, la viabilidad de la empresa.

Pero, dado que la rentabilidad que están obteniendo está por debajo de la de mercado, se ven obligados a evitar esas inversiones. Sus accionistas prefieren invertir estos fondos en sectores más rentables. Como describe Reisman, recuperan sus ahorros en activos eléctricos por la vía del dividendo, que se puede interpretar como la liquidación paulatina de la inversión, como el "consumo" de las redes eléctricas y centrales generadoras.

Esto explica el espectacular dividendo repartido por Endesa. Y hay que entenderlo entonces como una espectacular liquidación de la capacidad de generación y suministro de esta empresa. Este consumo no es aparente en el corto plazo, pero se produce y tarde o temprano se manifestará en la forma tradicional de desabastecimientos.

Los gobiernos creen que se pueden regular los precios de determinadas industrias sin efectos aparentes en el mercado. Sus preferidas son, por las razones explicadas, aquellas cuya estructura de producción es similar a las de las eléctricas. Desgraciadamente para ellos y para nosotros, la teoría económica es testaruda y también se cumple en estas industrias. Los efectos de esos controles tardan en manifestarse, pero cuando lo hacen son mucho más difíciles de corregir. Claro que, para entonces, todos calvos, ¿verdad?

Del paraíso al infierno fiscal

La existencia de los paraísos fiscales toca a su fin. Los pequeños países que hasta el momento han servido de refugio a inversores y empresas para ocultar sus beneficios y ahorros de la amplia sombra del fisco se están rindiendo, uno a uno, a la presión internacional de los grandes estados. Y sin paraísos tributarios, ¿qué nos queda entonces? El infierno fiscal o, con suerte, el purgatorio impositivo.

Sorprende la facilidad con la que la actual crisis económica amenaza con borrar del mapa los pequeños búnker en los que ahorradores, inversores y compañías privadas de todo tipo y condición podían evadir legalmente impuestos y altos gravámenes. Los peores augurios se confirman. La presión internacional aplicada por las principales economías del planeta, englobados en el denominado G-20, parece que ha ganado la guerra.

Tras algunas amenazas serias, Suiza, Austria, Andorra, Liechtenstein y Luxemburgo han caído. Sin apenas presentar batalla, se han rendido al fisco de las grandes potencias y están dispuestos adoptar la normativa de transparencia fiscal impuesta por la OCDE. Adiós al secreto bancario. Tras la cumbre internacional del próximo 2 de abril, dichos paraísos serán declarados oficialmente muertos. Mónaco, Singapur y Hong Kong se enfrentan al mismo destino, abrir sus cuentas bancarias, hasta ahora opacas y confidenciales, a los inspectores de Hacienda que así lo demanden.

¿No atenta esto contra la legítima soberanía de un Estado? Plegarse al mandato o atenerse a las consecuencias del aislamiento y la sanción internacional ¿Acaso no es esto una amenaza? Es más. De hecho, se trata de una evidente declaración de guerra en términos tributarios. Algo de gran trascendencia si se tiene en cuenta que el Estado, interventor público por excelencia, se nutre de los impuestos que, coactivamente, recauda de ciudadanos y empresas.

La evasión fiscal será, sin duda, mucho más ardua y difícil a partir de ahora. Además, tras la eliminación, en la práctica, del secreto bancario no me extrañaría en absoluto que se tratara de obligar a estos países-refugio a armonizar su ventajosa presión tributaria con el fin de reducir e, incluso, eliminar las diferencias de impuestos existentes con otras grandes potencias. Luxemburgo, un grano en el centro de Europa, se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo gracias, precisamente, a tales divergencias competitivas entre estados-nación. No por casualidad ostenta el admirable récord de contar con uno de los mayores ratios de multinacionales y empresas residentes por habitante.

Y no. El tamaño no tiene nada que ver. La clave aquí radica en la ventajosa fiscalidad que aplica. Hasta tal punto ha llegado la presión de los grandes estados contra este tipo de paraísos que el Gobierno británico estudia suspender el Parlamento y la Constitución de las islas Turcas y Caicos, un refugio fiscal en el Caribe.

Las grandes potencias se escudan en que este tipo de enclaves sirven, en realidad, de lavadoras para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Ahora bien, ¿qué debemos entender por actividades ilícitas? Aquello que el Estado decrete como ilegal, como por ejemplo, el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, la venta de armas, la evasión y el fraude fiscal, la ocultación al fisco de cuentas paralelas o la creación de sociedades… Entramos, pues, en el campo de la ética ya que, al fin y al cabo, los gobiernos tienen casi potestad plena para decidir lo que es o no ilegal.

En este sentido, resulta evidente que la procedencia y el seguimiento del dinero que emplean los grupos terroristas o que sirve de financiación a actividades criminales, en el sentido más puro del término, siempre puede ser materia de investigación judicial, embargo y congelación, en cualquier paraíso fiscal que así se lo requiera un juez, según el derecho internacional vigente. De todos modos, más allá de las razones últimas y verdaderas que han originado este movimiento por parte del G-20, debate de otro ámbito, resulta triste que muchos ciudadanos aplaudan el fin de los paraísos fiscales, empleando el manido argumento de "Hacienda somos todos" y "si yo pago, los otros también". Qué pena que se condene la posibilidad de regatear las elevadas cargas tributarias que soportan ciudadanos y empresas, de forma lícita y legal hasta ahora, bajo tales pretextos. El liberalismo acaba de perder una nueva batalla. Mi más sincero pésame.

Constitución económica como instrumento para limitar el estatismo

Una Constitución es capaz de proporcionar prosperidad durante multitud de generaciones sólo si su articulado contiene un conjunto de normas que protejan derechos económicos fundamentales como la propiedad privada y la libertad empresarial. Desgraciadamente, no es el caso de la Constitución Española de 1978, ya que durante su negociación triunfaron la desconfianza hacia el mercado y la creencia ciega en el poder omnímodo del Estado, quedando redactados muchos artículos de un modo ambiguo que posibilita un modelo económico intervencionista, donde caben desde la búsqueda de la justicia social hasta la colectivización comunista.

1. Papel del Estado

En su célebre libro La Riqueza de las Naciones, Adam Smith limitaba las funciones del Estado a tres papeles fundamentales para garantizar la libre interacción de los ciudadanos en una sociedad civilizada: la defensa exterior, la seguridad y las infraestructuras (esenciales, entendía, para ejercer la administración de justicia).

Sin embargo, desde principios del siglo XX, el tamaño del Estado ha crecido desmesuradamente como consecuencia de la planificación por formas de racionalismo construccionista como el comunismo o el nacionalsocialismo y, en gran medida, también por la obsesiva asunción política en las democracias occidentales de un paradigma de estabilizadores e ideas keynesianas que son recomendados por supuestos gurús que ascienden a los altares culturales y alcanzan cierta notoriedad social por servir al poder público y supeditar la ciencia al estatismo, es decir, a la intervención del Estado como regulador y actor principal del orden económico.

Observando la historia económica de España, desde la Restauración hasta nuestros días, la mayoría de gobiernos han venido aplicando políticas intervencionistas que han restringido gravemente la prosperidad. Por ello, si en algún momento se iniciase la necesaria y urgente reforma de la Constitución Española de 1978, sería esencial que incluyese un conjunto de artículos que aseguren el desarrollo o Constitución Económica, impulsados por una clase política que mayoritariamente confiase en la acción humana de millones de personas, actuando libre y espontáneamente en una sociedad abierta, extensa y compleja, lo que requiere que los medios de producción sean gestionados por manos privadas.

2. Derecho de propiedad y libertad de empresa

Al analizar los requisitos básicos que debe de cumplir esa Constitución Económica para ser útil durante la evolución de una sociedad civilizada, en primer lugar, la propiedad privada (artículo 33 CE) no puede quedar sometida a la "función social", la "utilidad pública" o el "interés social" y la libertad empresarial (artículo 38 CE) tampoco puede quedar restringida por los poderes públicos en defensa de la "productividad" o, incluso, de la "planificación" del gobierno de turno. Es decir, es esencial que se protejan fuertemente el derecho de propiedad y la libertad de empresa, quedando bajo tutela de jueces independientes (artículo 53 CE) y fuera del alcance de los políticos.

3. Tamaño del Estado

Lo anterior también requiere que se limite el crecimiento desmesurado del Estado ya que su intervencionismo ocasiona un grave perjuicio a la libre interacción de las personas físicas y jurídicas.

La reducción del Estado (en sus niveles central, autonómico y local e incluso supranacional) necesita de reformas constitucionales que limiten su expansión y que, al mismo tiempo, favorezcan la existencia de un sistema legal justo, orientado a los ciudadanos de modo que las instituciones sean independientes para garantizar eficientemente los derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

4. Principio de consentimiento ciudadano

En ese sentido, sería útil introducir el principio del consentimiento ciudadano en las decisiones políticas que afectan al crecimiento del gasto público, mediante una propuesta de reforma del artículo 92 CE para establecer el referéndum obligatorio.

Este concepto no es baladí, ya que limitar el tamaño del Estado es esencial para que la población actúe libremente con mínima presión reguladora por parte de autoridades y funcionarios. Significa que la actuación de las diferentes Administraciones Públicas debe quedar limitada constitucionalmente, de modo que los políticos deban vencer obstáculos que les resulten electoralmente incómodos antes de poder incurrir en arbitrariedades presupuestarias, tributarias o monetarias.

Es decir, si las autoridades quieren incurrir en déficit presupuestario, desean más impuestos o pretenden incrementar el nivel de endeudamiento del Estado, deben aprobar las correspondientes leyes y, obligatoriamente, después convencer a una amplia mayoría de los ciudadanos con derecho a voto para su aprobación en referéndum.

5. Barreras comerciales

Por otro lado, ya comprobamos como una excesiva descentralización ha generado 17 centros de decisión política regional que introducen multitud de barreras comerciales, discriminación y aplastamiento de derechos ciudadanos o, incluso, observamos cómo es preciso frenar el secesionismo totalitario (artículo 155 CE) para garantizar la vida y la libertad en municipios gobernados por nacionalistas.

Analizamos los excesos del sistema autonómico y vimos como su solución requiere la limitación de las competencias autonómicas (Título VIII CE) instaurando un sistema estanco de competencias exclusivas y excluyentes.

Sólo así será posible recuperar la libertad de mercado y la fuerza socio cultural de una sociedad abierta, por encima de la cerrazón, las arbitrariedades y los intereses de las castas políticas regionales y sus redes clientelares.

6. Estado de Derecho

Pero, sin duda, para que una Constitución Económica sea operativa deben triunfar los valores éticos y debe existir presión desde la sociedad civil ya que, de otro modo será papel mojado en manos de los políticos, dado que debe quedar protegida por un Estado de Derecho en donde exista independencia judicial respecto de los poderes ejecutivo y legislativo, para que las castas políticas respeten escrupulosamente las reglas del juego y queden sometidas al principio de legalidad.

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Krugman y su economía de los canguros keynesianos

La concesión del Premio Nobel de Economía a Paul Krugman le ha convertido en una especie de guía espiritual para gestionar la recuperación de la crisis actual. Sin embargo, dado que los conocimientos del estadounidense sobre el ciclo económico dejan bastante que desear, sus recomendaciones difícilmente serán adecuadas.

Quizá la manera más sencilla de comprobar que su perspectiva keynesiana de Krugman es del todo inútil para comprender el funcionamiento de una economía lo tenemos en el ejemplo al que tanto le gusta recurrir para explicar el ciclo económico: la cooperativa de canguros.

En este modelo, cada pareja miembro de la cooperativa presta sus servicios de canguro a otra pareja y a cambio de este servicio recibe un vale que le da derecho a solicitar en el futuro que otra pareja de la cooperativa cuide de sus niños (y a cambio de lo cual ésta última pareja recibirá un vale que da derecho a lo mismo).

Con este sencillo esquema, Krugman explica tanto las recesiones (por ejemplo, el pinchazo de la burbuja de las puntocom) como las depresiones deflacionarias (Japón). Recesión sería cuando el número de vales en circulación se reduce (por ejemplo, porque algunas parejas acaparan muchos vales con el objetivo de tener disponibles servicios de canguro en el futuro), de modo que cada pareja empieza a racionar el uso de los vales para ocasiones especiales (es decir, no salen tanto por las noches para no tener que gastar vales); sin embargo, si no hay parejas que gasten, el resto de parejas no podrá adquirir nuevos vales, de modo que cada vez la demanda de canguros se restringe más y, por tanto, también la oferta. La solución es simple: imprimir más vales para que se creen más oportunidades de hacer de canguro y la circulación de vales se "reactive".

Para explicar la depresión a la japonesa hay que perfilar un poco el modelo, añadiendo un mercado de crédito: se supone que cada pareja puede pedir prestados cupones a la administración de la cooperativa a cambio de que en el futuro le devuelva aun más cupones (el interés de la operación opera aquí como una sanción para penalizar el abuso del endeudamiento).

En este modelo, el problema puede surgir por la fuerte estacionalidad en la demanda de canguros: en invierno ninguna pareja quiere salir de fiesta y no necesita canguros, así que intentará construir reservas de vales para verano, cuando sí desea salir de casa. Pero si nadie quiere salir de casa, nadie podrá acumular vales (sin demanda de canguros no hay oferta ni demanda futura), con lo cual los pocos que tengan reservas de vales todavía estarán menos dispuestos a gastarlos en invierno. Ni siquiera aunque la autoridad ponga los tipos de interés a cero, las parejas demandarán vales en invierno, ya que perderían oportunidades de salir en verano. En esta situación la economía habrá caído en la "trampa de la liquidez".

La solución para Krugman vuelve a ser igualmente simple: hacer que los vales se deprecien, de modo que si no se gastan en invierno ya no sirvan en verano; y así, los vales seguirían circulando. Dicho de otra manera, la inflación es la solución para la depresión. Conclusión que haría muy feliz a Silvio Gesell.

La simplicidad del modelo no impide que para Krugman sea muy descriptivo de la realidad. En el artículo podemos leer que "cambió su vida", que "puede aprenderse más economía con él que con un año de editoriales del Wall Street Journal" e incluso que "si se lo toma en serio podría salvar el mundo".

Veamos hasta qué punto estas pomposas conclusiones tienen algo de sustancia y si logran resistir un mínimo análisis crítico de los supuestos del modelo:

  • El consumo genera la renta (inexistencia de capital): Los modelos keynesianos carecen de una buena teoría del capital –algo que el propio Keynes reconoció– ya que suelen representarlo como un fondo homogéneo que se autorreproduce y que carece de estructura alguna. Obviamente, esto es irreal, ya que los bienes de consumo no aparecen en el mercado por arte de magia, sino que son producto de toda una estructura de bienes de capital que lejos de ser amorfa, es muy compleja, heterogénea, específica y bastante indivisible, y lejos de autorreproducirse, sólo puede mantenerse a costa de unos recursos que proceden de una restricción del consumo. Dicho de otra manera, cuando vendo un coche, estoy obteniendo retribución no sólo por el "bien de consumo" coche, sino por todos los factores productivos que han ayudado a producirlo (máquinas, obreros, minas, centrales eléctricas…). El modelo de Krugman, sin embargo, supone una simplificación aun mayor que el keynesiano, ya que el capital ni siquiera existe. Cada vez que una familia consume un servicio de canguro genera automáticamente nueva renta en otras familias. La economía se reduce a un simple trueque de servicios. Pero sin capital ni inversiones no puede haber, por definición, un problema de "malas inversiones" y, por tanto, toda la cuestión del ciclo económico carece de sentido. Dicho de otra manera, Krugman pretende explicar el ciclo económico mediante una organización económica donde no puede haber ciclo económico por el motivo que exponemos a continuación.

  • Sólo existe una forma de generar riqueza: Dado que en el modelo sólo existe un bien (servicios de canguro), Krugman equipara producir ese bien con generar riqueza; así, dejar de producirlo equivale a recesión y pobreza. Esto es absurdo, ya que una sociedad donde cada pareja cuidara siempre de sus hijos sería paupérrima y una sociedad donde cada pareja nunca cuidara de sus hijos (sino de los de otra pareja) sería riquísima. En realidad, que en este modelo se presten más o menos servicios de canguros no es un asunto de malas inversiones (por ejemplo, que cada pareja haya financiado sus salidas de fiesta con la deuda y cuando llega la hora de repagar toda esa deuda deban renunciar en seco a seguir saliendo y, por tanto, a contratar canguros), sino de variabilidad de preferencias de los consumidores.

  • No existe el dinero: En puridad los vales de la cooperativa no son dinero, ya que sólo son intercambiables por un bien, a saber, los servicios de canguro. Dicho de otra manera, el tenedor de vales es un consumidor cautivo de los servicios de canguro. Sólo puede elegir si consumirlos antes o después, pero no puede forzar una reconversión de los servicios de los canguros. Por tanto, ni el consumidor es soberano, ni, de nuevo, existe un problema de malas inversiones: el oficio de canguro siempre será la especialización óptima en esta economía.

  • No existe incertidumbre asociada a los vales: Pese a que el vale sólo incorpora un derecho de cobro, Krugman asume que no conlleva ningún tipo de incertidumbre, es decir, que cualquier tenedor de un vale puede obtener en cualquier momento y lugar la cantidad de servicios de canguro que desea consumir. Obviamente esto no tiene ningún sentido, ya que tener derecho a un canguro no garantiza poder encontrar siempre a alguien que quiera prestar este servicio; especialmente si la cooperativa imprime vales por unos servicios de canguro que las parejas no han aceptado prestar. Dicho de otra manera, Krugman sostiene que si se imprimen artificialmente vales, las parejas estarán dispuestas a hacer horas extra y que, por consiguiente, los vales nunca serán impagados, ni siquiera cuando el progresivo incremento inflacionario de horas extra deje a las parejas con menor tiempo disponible para realizar otras actividades. Pero, ¿qué pasaría cuando cada día circulasen por pareja más derechos a horas de canguros que horas tiene el día?

  • El ahorro sólo puede tomar la forma de atesoramiento: En las sociedades modernas, incrementar el ahorro permite incrementar las inversiones y, por tanto, la cantidad de bienes de consumo futuros. Los factores no quedan desempleados por el hecho de ahorrar, sino que son trasladados desde unas industrias (las de consumo) a otras (las de bienes de capital). Dado que en el modelo de Krugman no existen bienes de capital, las familias sólo pueden atesorar sus vales. Y al atesorarlos necesariamente incrementan el desempleo de los factores productivos (es decir, el resto de parejas que quieren ser canguros), los cuales no tienen otro sitio donde ser ocupadas. Si el modelo admitiera la existencia de inversión, quedaría claro que si se reduce el consumo de canguros puede incrementarse la demanda de bienes de capital. Por tanto, la fuerte estacionalidad de la demanda de bienes de consumo –esto es, la preferencia por la liquidez que según Krugman provoca la crisis de Japón– sólo favorecía que durante las épocas de poca demanda, los "recursos ociosos" se invirtieran en industrias destinadas a producir más bienes de consumo para las épocas en que éstos tengan una alta demanda. Pero en este modelo esto no puede ocurrir, ya que se asume que es imposible trasladar renta del presente al futuro mediante la inversión (y el consecuente incremento de nuestras posibilidades de consumo futuro).

  • Los recursos ociosos son simplemente un problema de demanda: El corolario del punto anterior es que la actividad cae y las parejas se quedan sin prestar servicios de canguro porque la gente ahorra (es decir, atesora), de modo que basta con incentivar que vuelvan a consumir para que la actividad resurja y los recursos se vuelvan a emplear. De nuevo, dado que no hay capital ni malas inversiones, Krugman no se da cuenta de que en una economía la mayoría de los factores productivos se emplean de manera conjunta y sinérgica, de modo que la desocupación (el paro) indica la insuficiencia de bienes de capital complementarios para dar empleo a los recursos ociosos; insuficiencia que se debe a la necesidad de reconvertir las malas inversiones previas (que en este modelo, recordemos, no existen).

  • El gasto público y la inflación son suficientes: Visto lo anterior –si la actividad y el empleo son el consumo, si el dinero sólo puede emplearse o bien en el consumo de un solo bien o bien en su atesoramiento, si no existe incertidumbre alguna en el cumplimiento de las obligaciones y si los recursos productivos son perfectamente móviles en sus usos– por supuesto la resolución de las "recesiones" es evidente: basta con forzar el consumo de vales, ya sea imprimiendo mayor cantidad de ellos u obligando a que se desatesoren (con inflación o decretos de gasto obligatorio). El problema es que este modelo no tiene nada que ver con la realidad de una economía capitalista –donde hay bienes de capital y donde el problema es cómo reorientar las malas inversiones previas–, que no en vano es donde se producen los ciclos económicos.

Sin duda, un Nobel muy merecido.

Empleo e inflación

En los últimos meses, con el aguzamiento de la crisis económica, se están rescatando sugerencias que hacía varias décadas que se encontraban enterradas. No resulta extraño encontrar cómo existen periodistas y políticos que piden a los bancos centrales que relajen su rigor monetario para así elevar el consumo, incrementando la inflación, lo que redundaría en una disminución de la tasa de desempleo. Dicho de otra manera, se estaría intentando rescatar la idea subyacente en la denominada curva de Phillips.

Durante muchos años se había creído que la abundancia de dinero estimulaba el consumo de los ciudadanos de un país, lo que a su vez aumentaba las necesidades tanto de inversión como laborales del mismo, a fin de dar respuesta a dicho aumento de la demanda. Es decir, que existía una relación inversa entre tasa de desempleo e inflación.

Si todo fuese tan simple y la solución al desempleo tan sencilla, resulta extraño que a los gobiernos no se les haya ocurrido elevar fuertemente la cantidad de billetes en circulación en el mercado, eliminando así la tragedia del desempleo. La razón por la que no lo han hecho es que en los años 70 se pudo comprobar cómo esta relación no era cierta, al surgir un fenómeno que según la curva de Phillips era impensable: la estanflación. En esos años la inflación fue elevada sin que la tasa de desempleo descendiese. Hoy en día esta situación es especialmente dramática en Zimbabwe, con una tasa de inflación estimada del 165.000% y una tasa de desempleo del 94%, siendo la constatación más palpable de que la relación descrita por la curva no puede ser cierta.

Para entender la relación entre empleo e inflación hay que primero comprender el funcionamiento de una empresa. Ésta proporciona a los consumidores los bienes que demandan al precio que exigen. Al consumidor le resultan indiferentes los costes en que incurra la empresa a la hora de obtener un producto, ya que tiene una idea mental de cuál es el valor máximo que tiene ese bien, sin que en dicho cálculo entren a formar parte los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias del oferente. Es, por tanto, el productor quien debe ajustar sus costes al precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar, o de lo contrario quebrará. El precio máximo que se podrá pagar al trabajador será el importe cobrado por la producción menos el resto de costes en que incurra la empresa. Por encima de dicho precio la empresa quebrará. Para aumentar la retribución sería necesario que la productividad aumentase, lo que es posible mediante la realización de nuevas inversiones (en maquinaria, formación, etc.).

Si aumentase la cantidad de dinero en circulación en el entorno de dicha empresa, al principio, recibiría un mayor número de pedidos al haberse incrementado la renta de sus potenciales compradores y a un mayor precio. Esto le podría llevar a necesitar un mayor número de trabajadores. A priori parecería que todos son ventajas para empresa y trabajadores. Sin embargo al aumentar el dinero en circulación y envilecerse la moneda, los trabajadores de la empresa se estarían empobreciendo de dos formas. De un lado el salario que reciben, aunque nominalmente sea el mismo, les sirve para adquirir menos bienes, al haberse depreciado la moneda. Por otro lado, los ahorros de los trabajadores han sufrido una merma, al padecer también el mismo proceso de envilecimiento.

Esta situación de empobrecimiento por parte de los trabajadores les llevaría a solicitar subidas de salario que anulen los efectos perjudiciales de la inflación. Si fuesen atendidas, puesto que su salario no podría ser mayor a su productividad marginal, el anterior aumento de plantilla no podría producirse, por lo que en un segundo momento bajaría el número de trabajadores contratados por la empresa. No obstante aunque se hubiesen recuperado los trabajadores del envilecimiento de su salario, no sucedería lo mismo con sus ahorros, que se habrían depreciado. Y el aumento inicial de empleo habría desaparecido.

Otro efecto perjudicial, de esta política de abundancia del dinero barato, es la dificultad existente para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Así, una empresa animada por el aumento de la demanda inicial, que se produce por la abundancia de dinero barato, podría evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión y acometerlo. No obstante, esta demanda adicional, pasada la euforia inicial, desaparece, tan pronto los consumidores se adaptan al escenario inflacionista, con lo que la empresa se encuentra con el coste de dicha inversión sin una demanda que la respalde. Por tanto dichos costes adicionales reducen la cantidad máxima que la empresa puede pagar a sus trabajadores sin incurrir en quiebra.

Por tanto, un aumento de inflación únicamente puede traer consigo un aumento inicial de empleo empobreciendo salarios y ahorros. Conforme avance el tiempo, las malas inversiones que ha provocado la abundancia de dinero barato y la consiguiente inflación, traerá un escenario de quiebras y crisis que provocará el efecto contrario, es decir, aumentando el desempleo.

La mejor protección que pueden recibir los trabajadores es la confianza en el valor de su moneda, algo que no puede producirse si ésta se envilece y pierde valor. Esta seguridad servirá como base para el ahorro que a su vez incrementará la acumulación de capital necesaria para que aumente por un lado la productividad, y en consecuencia los futuros salarios de los trabajadores y, por otro, el empleo.

La prohibición del mercado de trasplantes de tejidos y células

Los trasplantes de tejidos y células están severamente regulados por el Decreto 1301/2006. El objetivo declarado de tal regulación es impedir en esta actividad terapéutica la especulación y el comercio, y que la actividad se base en los principios de voluntariedad, anonimato entre donante y receptor, altruismo y solidaridad (declarado).

Todo el desarrollo de la ley es coherente con el objetivo de expulsar del ámbito económico la obtención y uso de tejidos y células humanas. Las regulaciones establecidas pueden, no obstante, ser separadas en dos tipos. Esta distinción es esencial para el análisis de la ley.

Tenemos, por un lado, las regulaciones científicas y médicas. Se trata de la intervención de la administración obligando a aplicar medidas cuya existencia y práctica no son el resultado de la acción gubernamental. Se trata de cautelas, protocolos y tecnologías médicas que han sido desarrolladas en el ámbito no estatal de la ciencia médica y biomédica. El hecho de que el Gobierno se arrogue el poder de prescribir su aplicación no las convierte en producto de éste aunque ésa es la pretensión de la regulación. En mi opinión, la pretensión de convertirse en garante único de la excelencia científico-técnica constituye un intento de legitimar la intervención estatal en este campo y el objetivo supremo de hurtar a la iniciativa privada la posibilidad de asegurar la producción y distribución de tejidos y células.

De hecho, y teniendo en cuenta el carácter no gubernamental de los descubrimientos científicos y técnico-procedimentales que la ley pretende prescribir, hay que afirmar que los mismos pueden ser perfectamente cumplidos mediante el mercado libre. De hecho la regulación no sólo no es responsable de la producción tecnológica sino que la propia calidad de los procedimientos de producción y manipulación pueden ser suministrados por la iniciativa privada. Ésta ha desarrollado certificaciones de calidad, con firmas como AENOR y otras, y estándares de calidad en ámbitos médicos. Es por eso que resulta poco creíble que haya de ser el Estado quien deba regular un sector basándose en el supuesto de ser la única garantía de calidad.

Por otro lado, el Estado también ha establecido regulaciones de establecimiento de la actividad. Este bloque de regulaciones, relativas a los procedimientos de transferencias de los materiales obtenidos, así como del modo de obtención, tiene un carácter definitivo en la ley. Son su esencia, puesto que constituyen el armazón fundamental que impide que los tejidos y células puedan estar sujetos a los principios de propiedad privada y transferencia legítima por medio de intercambios indirectos. Mediante estas regulaciones la ley alcanza los objetivos de prohibir la existencia de un mercado de estos materiales.

No obstante cabe discutir que esta pretensión de sustraer del mercado la obtención y el uso médico de tejidos y células logre evitar completamente su objetivo. Lo cierto es que esta severa regulación antimercantil logrará, por el contrario, la existencia de un mercado informal de estos materiales que se ajuste a las preferencias de los demandantes mejor que el sistema oficial.

De hecho, la situación más frecuente es la escasez de tales materiales dado que no existe modo de ajustar la oferta de los mismos a la demanda al estar regulada tanto una como otra. En este sentido, muchas de las regulaciones se orientan a definir el campo de demandantes. Al delimitarlo impiden que puedan desarrollarse líneas de investigación médica que descubran nuevos usos y aplicaciones a los materiales. Estos usos podrían permitir ampliar el abanico de demandantes y aumentar, con ello, el nivel de bienestar que nuevas aplicaciones con tejidos y células pueden generar. La función empresarial está, en este sentido, tan obturada, que se da un auténtico bloqueo al desarrollo médico.

La justificación de la declaración de bien público a los materiales ya donados se apoya, además, en que bajo el régimen de precios mercantiles puede que haya necesidades urgentes de tejidos y células que no se satisfagan por quedar parte de los demandantes excluidos de ello vía precios. Aparte de que éste es un problema que solamente la actividad empresarial puede descubrir y solucionar satisfactoriamente, como ocurre en los ámbitos de mercado (tanto más cuanto más libre sea), lo cierto es que la regulación estatal, al limitar severamente el perfil de los demandantes ya crea por sí misma escasez e insatisfacciones no computadas.

Contra la cibercensura

Soy bastante reacio, por lo general, a los "días oficiales de" puesto que no suelen servir de gran cosa excepto para que unas cuantas organizaciones de distinto tipo consigan subvenciones para organizar actos vistosos pero inútiles y los políticos de turno logren arañar unos segundos de informativos televisivos y alguna foto en prensa.

Algunas de estas jornadas, de hecho, me resultan especialmente irritantes. Una de ellas es el llamado Día Mundial de Internet, que año tras año se sigue celebrando pese a que no hay razón para hacerlo. Setenta nombres son la prueba:

Cincuenta chinos: Kunchok Tsephel Gopey, Du Daobin, Huang Qi, Hu Jia (Premio Sajarov 2008), Zhu Yufu, Ablikim Abdiriyim, Chen Shuqing, Zhang Jianhong (Li Hong), Yang Maodong (Guo Feixiong), Guo Qizhen, Yang Tianshui, Li Jianping , Ren Zhiyuan, Zhang Lin, Zheng Yichun , Liao Yunhua, Kong Youping, Huang Jinqiu (Qing Shuijun), Li Zhi, Tao Haidong, Luo Yongzhong, Zheng ("Sini"), Lu Zengqi, Chen Shumin, Yin Yan, Li Jian, Yan Qiuyan, Jiang Lijun, He Depu, Liang Changying, Wang Xiaoning, Li Dawei, Tan Qiu, Fang Guokun, Li Hongmin, Wang Sen, Zhang Honghai, Xu Wei, Jin Haike, Yang Zili, Zhang Yuhui, Li Yanfang, Jiang Yuxia, Li Chunyan, Huang Kui, Ma Yan, Lin Yang, Zhang Haitao, Wu Yilong, y Mao Qingxiang.

Dos birmanos: Zarganar y Nay Phone Latt.

Un egipcio: Abdel Kareem Nabil Suleiman (Kareem Amer).

Cuatro iraníes: Omidreza Mirsayafi, Esmail Jafari, Rah Mardom, Mojtaba Lotfi y Hossein Derakhshan.

Cinco sirios: Habib Saleh, Firas Saad, Tariq Omar Biasi, Kareem Arabji y Muhened Abdulrahman.

Siete vietnamitas: Dieu Cay, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Tran Quoc Hien, Truong Quoc Huy, Le Nguyen Sang ("Nguyen Hoang Long") y Nguyen Bac Truyen.

Todos ellos son personas que sufren prisión en estos momentos por haber utilizado internet para criticar a sus gobiernos o hablar de temas prohibidos en sus países. La lista sería mucho más larga si incluyéramos otros que ya salieron de la cárcel, como el tunecino Zouhair Yahayaoui (Premio Ciberlibertad 2003, concedido por Reporteros Sin Fronteras), el cubano Mario Enrique Mayo (en la actualidad con "licencia extrapenal", por lo que puede ser encarcelado en cualquier momento, y condenado a 20 años de prisión bajo la única acusación de conectarse a internet) y muchas docenas más de diversos países. Aunque son las principales víctimas de la falta de libertad en la red, no son las únicas. Millones de seres humanos tienen prohibido el acceso a internet o sólo pueden conectarse a una red muy censurada.

Por ello no apoyo el Día Mundial de Internet, pero sí otra jornada que se celebra el 12 de marzo: el Día Mundial contra la Cibercensura (iniciativa creada el año pasado por RSF con el nombre de Día Internacional por la Libertad de Expresión en Internet). Además me sumo al llamamiento que Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional hacen a Google, Yahoo y Microsoft para que al menos durante esa fecha no colaboren con la censura online que existe en veinte países. Cumplir la normativa legal de un país no es excusa para violar la libertad de expresión. Cuando la legislación atenta con los más elementales derechos de los seres humanos, acatarla y dañar a terceros es algo ilegítimo y criminal. Puesto que estos tres gigantes de internet han decido seguir esa vía, conminémosles a que al menos por un día se comporten de otra manera.

Mugabe y Keynes, únicos culpables de la hiperinflación de Zimbabwe

De todos es conocido que Zimbabwe lleva toda esta década sufriendo una grave crisis económica. Con el dictador socialista octogenario Robert Mugabe en el poder desde la independencia del país en 1980, ha estado sumergida en una hiperinflación desde 2007. El que fuera uno de los países más ricos y prósperos del continente africano (no en vano se le denominó "el granero de África") vio como su inflación se situaba en agosto a unos ¡230 millones por ciento! Un euro se cambiaba por 66.000 dólares zimbabwenses. La tasa de desempleo ya es superior al 90% y la moneda ha perdido totalmente su valor. Actualmente la oficina estatal de estadísticas ya ha dejado de publicar las cifras de inflación (por orden del Gobierno), pero hay estimaciones que la sitúan en torno a billones por ciento. Parece claro que pasa por una de las hiperinflaciones más duras de la historia.

Esta espiral hiperinflacionaria fue iniciada y liderada por Mugabe cuando comenzó a implementar políticas inflacionistas, es decir, obligar al Banco de Reserva de Zimbabwe (RBZ) a incrementar la cantidad de dinero en el sistema económico para comprar la deuda emitida por su Gobierno, lo que provocó una imparable subida de precios debido a la progresiva pérdida de valor de la moneda.

Los gobiernos utilizan la inflación para financiarse y poder realizar sus proyectos sin aumentar los impuestos (éstos son impopulares a partir de un cierto punto). En la Alemania de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se recurrió a la inflación para financiar los enormes gastos bélicos. En el caso de Zimbabwe, se ordenó la impresión de billetes ex novo por parte del Banco de Reserva para financiar el gran déficit fiscal ocasionado por las nacionalizaciones de explotaciones agrarias en el año 2000.

El Gobierno empezó a apoderarse de las explotaciones agrícolas de los blancos (fuente de desarrollo del país) para entregárselas a los negros, argumentando que de esta forma la producción y la riqueza aumentarían notablemente, además de mejorar la situación de los negros después de haber sido explotados por los blancos durante tanto tiempo.

La realidad es que lo único que ha conseguido Mugabe ha sido generar la primera hiperinflación del siglo XXI, dejar sin trabajo a casi toda la población y causar hambrunas y miseria. Ha quebrado la economía del país, ya que la producción del sector agrícola se ha derrumbado y los inversores extranjeros se han retirado completamente. Todo ello ha terminado hundiendo el ingreso tributario del gobierno provocando un enorme déficit fiscal. El gobierno reconoció hace más de un año que el déficit fiscal equivalía por aquel entonces al 40-45% del PIB.

Lenin dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Eso es exactamente lo que habrá pensado Mugabe. Su Gobierno socialista creó ese dinero nuevo para que fuese gastado y utilizado en unos determinados bienes y servicios, que aumentaron de precio antes que los demás. Esto significa que no todo el mundo se beneficia por igual de esas impresiones de dinero, porque cuando el dinero entra en la economía, hay unos agentes que lo reciben primero y se benefician de él (grupos privilegiados y otros amigos del gobierno), gastándolo y consumiendo esos determinados bienes y servicios antes de que su efecto se refleje en los precios. La inflación afecta a la población de manera diferente.

Los habitantes zimbabwenses creyeron en un primer momento que la subida de precios de ciertos bienes iba a ser pasajera y que después de un cierto tiempo los precios descenderían a su nivel anterior. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que no se iba a regresar al escenario preinflacionario, es decir, que los precios seguirían siendo mayores mañana que hoy. ¿Qué hace la gente en estas circunstancias? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes (¡incluso aunque no los necesiten!) porque los billetes quedan obsoletos rapidísimamente. Como los precios varían incluso a lo largo del día, corren a hacer colas en los bancos para retirar su dinero antes de que pierda todavía más valor. Los ciudadanos huyen del dinero y buscan sustituirlo por otros activos que conserven mejor el valor (principal función del dinero), comprando cualquier activo que pueda salvaguardar el valor de su riqueza. No es casualidad que se haya extendido el uso del oro, el dinero por excelencia.

El gobierno siguió gastando y el RBZ financiaba los gastos imprimiendo el dinero, pero la inflación nunca puede seguir indefinidamente. Tiene un límite: la muerte de la moneda. No importa si Gideon Gono (presidente del RBZ) sigue introduciendo más dinero, si sigue quitando 10 ceros a la moneda o si pone en circulación nuevas denominaciones de billetes para frenar la falta de liquidez. Finalmente la demanda de saldos de caja cayó hasta cero.

Que los ciudadanos pierdan todo el valor de su riqueza sólo parece preocuparle a Mugabe por una sencilla razón: pierde fuentes de financiación. En efecto, cuando el dólar zimbabwense colapsa, ya no puede ser utilizado como moneda de curso legal, por lo que ya no se puede exprimir más la imprenta. Pero tampoco puede recaudar más impuestos ni expropiar más tierras y bienes. ¿Cuál es la solución que ha tomado? Introducir una nueva moneda, es decir, permitir que los comercios acepten divisas extranjeras como forma de pago (la mayoría pone sus precios en dólares estadounidenses). Esta es la única manera que podrá seguir financiándose.

La verdad es que dos cosas parecen claras: que el ex-guerrillero no está dispuesto a dejar el poder en absoluto (después de casi 30 años), y que la culpa de la catástrofe que viven los zimbabwenses es sólo suya y de las políticas socialistas basadas en teorías keynesianas que aplicó su gobierno.

Y es que esta hiperinflación es fruto de seguir aplicando las mismas recetas keynesianas que han fracasado una y otra vez, es decir, políticas monetarias inflacionarias con la falsa creencia de que hay que incrementar la cantidad de dinero y el gasto público para que el desempleo desaparezca y la demanda aumente. Son estas recetas y no otras, las que han derrumbado la economía del país causando la escasez de alimentos, medicinas, divisas y combustibles; son éstas recetas, las que han provocado que la esperanza de vida haya caído hasta los 36 años y la tasa de mortalidad para los niños de hasta cinco años se haya disparado al 65% desde 1990; y son éstas recetas, las que han forzado a millones de zimbabwenses a emigrar. En definitiva: son éstas recetas y no otras, las que han convertido a "la joya" de África en una verdadera pesadilla.

La proscripción de la violencia

La violencia es uno de los hechos sociales más antiguos, si no el primero, y también uno de los más importantes. No es el momento de hacer taxonomía y etiología de la violencia, pero sí parece plausible que a medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, la violencia ha perdido protagonismo. La violencia como método de adquisición es inmediata y eficaz, pero tiene mucho riesgo y es inestable. Además sólo puede adquirir lo que ya se ha producido, no es un método de producción a no ser que sea defensiva. Es más, la producción requiere procesos carentes de violencia, y el intercambio se interrumpe con ella, por lo que la división del trabajo, suelo fértil del desarrollo, sólo puede florecer en un ambiente pacífico.

El derecho es la solución de la violencia por otros medios más feraces a largo plazo y más abiertos. Dos familias romanas enfrentadas por una disputa podían atenerse a lo que aconsejaba el jurisconsulto o resolverlo por el viejo método del enfrentamiento violento. Pero saben de los grandes costes de hacerlo; y saben que el final de ese camino es imprevisible. Las sociedades basadas en el comercio han triunfado sobre las que han recalado en la violencia. Sólo una institución violenta se hace cada vez más poderosa: el Estado. Pero no es parte del desarrollo social, sino un parásito que se hace más fuerte cuanto más compleja y desarrollada es esa sociedad, dicho sea en términos generales.

Las relaciones voluntarias y pacíficas se han reforzado por una moral que las valora y que condena el recurso a la violencia. Pero nuestra sociedad tiende a estereotipar los valores, a convertirlos en ideales puros, desasidos de la experiencia que les ha ido moldeando, y han alcanzado formas extremas y en ocasiones peligrosas. Es el caso de la violencia, que de ser condenada en términos generales y para ciertos fines ha pasado a quedar proscrita en cualquier manifestación, real o simulada, simbólica y casi imaginada.

La violencia es un medio, y hay un caso en que ese medio no sólo es defendible, sino que merece el pleno respaldo del derecho y de la moral: la violencia para la defensa propia. Puesto que la autodefensa pasa por el uso o la amenaza del uso de la violencia física. La proscripción moral de la violencia, de cualquier violencia, no deja huella en quienes están dispuestos a saltarse las normas de convivencia; por ejemplo, en los violentos. Pero sí en el ciudadano medio, el que puede ser víctima de esa violencia, pero que se ve moralmente desarmado para recurrir también a ella, con el fin de anularla.

No es ya que la autodefensa quede deslegitimada, es que la defensa del vecino frente a una agresión se convierte en un crimen. Se acordarán de Sergi Xavier, el chaval que pateó la cara de una ecuatoriana en el tren “por puta inmigrante”. Pero no les dirá nada el nombre de Jesús Prieto. Es el argentino que hizo honor a su apellido y se quedó clavado a su asiento, sin desviar siquiera la mirada. La prensa local no podía acusarle de ser un cobarde, porque hacerlo supondría sugerir que tendría que haber recurrido a la violencia para parar la agresión, de modo que le convirtió en “otra víctima”. La proscripción de la violencia tiene como consecuencia el reinado de los violentos.