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Dame más coches, por favor

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Durante la fase expansiva de la crisis económica actual, muchas industrias incrementaron su capacidad por encima de las necesidades reales de los ciudadanos. Digamos que se hincharon con la burbuja. Entre ellas destacan, por supuesto, los servicios financieros, la construcción y la automoción. Aunque no son ni mucho menos las únicas en haberse expandido en exceso, sí son las más prominentes.

En las tres, las causas y consecuencias son análogas, como lo deberían ser los procesos de ajuste. Sin embargo, la industria de los servicios financieros ha demostrado un mejor lobby ante los gobiernos, y todo el mundo asume que, sin los bancos, el mundo llegaría a su fin. Por ello, han conseguido ingentes recursos públicos para su sostenimiento. Y, por ello precisamente, es quizá un sector menos ilustrativo para comprender debidamente lo que ha supuesto la fase expansiva, la explosión de la burbuja y lo que significan las ayudas del Gobierno.

Por la misma razón, el objetivo de estas líneas es ilustrar de forma material lo que significa todo ello, siguiendo el ejemplo de los coches, que es mucho más fácil de entender, aún siendo exactamente el mismo fenómeno.

En la fase expansiva, todo el mundo puede acceder fácilmente a dinero. Los bancos daban crédito a quien se lo pidiera, sin reparar demasiado en la posibilidad de recuperar el dinero prestado. En estas condiciones, mucha gente comenzó a adquirir coches: algunos que nunca hubieran podido comprarlo con su renta, lo hicieron; otros compraron coches de una gama superior a la que se podían permitir y otros renovaban el coche con más frecuencia.

Lo cierto es que se disparó la demanda de coches tanto en cantidad como en calidad. Los fabricantes reaccionaron de dos formas: subiendo los precios para ajustar oferta a demanda, y ampliando su capacidad de producción, para en el medio plazo ser capaces de atender toda la demanda. Esta ampliación exige inversiones en capital y también contratación de trabajadores.

Se compraban muchos coches y se fabricaban muchos coches. Los fabricantes hacían mucho dinero, y la gente disponía de buenos vehículos.

Pero un día las cosas cambiaron, por las razones que sean. Desde ese día, la gente ya no quiere tantos coches. Al menos, no los quiere a los precios actuales. De repente, los fabricantes se encuentran con un montón de trabajadores y de inversiones, especializados en hacer algo que la gente ya no quiere que hagan.

Nos guste o no, todos los señores que viven de hacer coches, están haciendo algo que sus conciudadanos no demandan, y por lo que no quieren pagar. Y los fabricantes se encuentran con unas máquinas y unas fábricas inútiles. La gente demuestra con su demanda que no sirven para nada.

Es obvio para cualquier persona razonable que se han de dejar de fabricar coches, que todo el esfuerzo y dinero metido en ellos, ya no se valora. Y que esta gente estaría mejor, no sé, fabricando pasteles, o preparando hamburguesas, porque eso es lo que ahora quiere la gente. Igualmente, esas fábricas y esas máquinas deberían dedicarse a cosas más útiles, si es posible, o dejarse abandonadas.

Quien tiene en su casa un trasto, procura no perder el tiempo con él ni gasta más dinero en su mantenimiento. Lo que hace es tirarlo a la basura. La sociedad tiene ahora muchos trastos, entre ellos, muchas fábricas de coches.

Y, sin embargo, los dueños de las fábricas reaccionan pidiendo dinero al Gobierno para sobrevivir esta época, que pretenden pasajera. No entienden el mensaje que les estamos dando: que no queremos más coches. ¿Puede que en el futuro volvamos a quererlos? Eso nadie lo puede saber.

Así que con esas ayudas lo único que pretenden es obligarnos a seguir comprando algo que ya no queremos, de forma que puedan rentabilizar sus inversiones equivocadas, y mantener a gente trabajando en algo inútil. Como la situación es obviamente insostenible, seguirán pidiendo nuestro dinero al Gobierno para sostener su actividad improductiva. Y así seguirán hasta que el Gobierno se la niegue, y, por fin, desaparezcan liberando todos sus recursos para que se puedan dedicar a servir de verdad a la sociedad.

Porque, y esto es lo importante, la crisis no es pasajera. La crisis no se va a pasar como se pasan las tormentas o las pájaras de los ciclistas. Esta crisis es económica, no es un fenómeno natural, y sólo se pasará cuando las actividades improductivas cierren, y sus recursos se dirijan a cosas útiles.

No nos den más coches, por favor.

El derecho de secesión renace en EEUU

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Estados Unidos nació como resultado de una revolución secesionista de las colonias en contra del todopoderoso Imperio Británico. Como consecuencia, el nuevo país se fundó sobre el derecho del pueblo a abolir cualquier forma de gobierno que atente contra la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, tal y como se expresa en la Declaración de Independencia de 1776 y en la propia Constitución norteamericana. Hoy renace este sentimiento.

La principal preocupación de los Padres Fundadores consistió en tratar de configurar un sistema político con los suficientes y firmes contrapesos como para poder limitar, en la medida de lo posible, la acción expansiva de un Estado central. El temor residía en la concentración del poder en pocas manos. De ahí que EEUU se fundara sobre el principio fundamental del derecho de secesión. De hecho, la Declaración de Independencia es en sí misma un documento secesionista.

Jefferson y Madison reclamaron firmemente dicho precepto como una garantía básica frente al poder estatal. Por ello, defendieron la posibilidad de que los ciudadanos se separaran de un gobierno y fundaran un nuevo siempre y cuando éste atentase contra la vida, la libertad y la legítima búsqueda de la felicidad. Derechos básicos y esenciales que recoge la Constitución de EEUU.

Además, tal y como explica Alexis de Tocqueville en La democracia en América, "la Unión se formó por el acuerdo voluntario de los Estados (antes constituidos en colonias) y al unirse no han perdido el derecho a su nacionalidad ni se han visto reducidos a la condición de un pueblo único e igual". De este modo, "si uno de los Estados elige retirarse del bloque, sería difícil refutar su derecho a hacerlo".

La secesión era un sentimiento en auge a mediados del siglo XIX. Por distintos motivos, muchos de ellos económicos, numerosos estados del sur aspiraban a recuperar su soberanía política en detrimento de las crecientes competencias que, poco a poco, iba adquiriendo Washington como centro del poder político del país. Fue, precisamente, la amenaza separatista, y no la abolición de la esclavitud, lo que provocó la guerra civil en 1861. Sin embargo, esta vez, triunfó el Estado central, y con él, dio comienzo el surgimiento del nuevo Imperio estadounidense.

Thomas J. DiLorenzo, en su obra El verdadero Lincoln, expone magníficamente los entresijos y causas reales del conflicto fratricida que enfrentó brutalmente a los estadounidenses. La victoria de los unionistas terminó imponiendo el denominado Sistema Americano defendido a ultranza por Hamilton, Clay y Lincoln, consistente en un fuerte proteccionismo económico, la nacionalización monetaria y bancaria, la Hacienda Pública, las subvenciones al fomento interno (capitalismo de Estado) y, cómo no, la centralización política.

Sin embargo, tras siglo y medio, parece renacer de nuevo el espíritu secesionista sobre el que se fundó EEUU. La intensa crisis económica y financiera que vive el país y algunos puntos polémicos del programa electoral de Obama están provocando las ansias de soberanía por parte de algunos congresistas estatales. Los rescates públicos y el creciente endeudamiento vienen acompañados de una nueva oleada intervencionista en el ámbito económico y, por lo tanto, es visto como una amenaza directa a los derechos fundamentales de todo individuo, tal y como defiende la Constitución.

En la actualidad, cerca de 20 estados estudian introducir resoluciones en el Congreso reclamando una mayor soberanía estatal frente a Washington. El último en adherirse ha sido New Hampshire, mediante un documento en el que reclama los derechos estatales de secesión en base a los más puros principios defendidos por Jefferson. Curiosamente, el actual presidente de EEUU, Barack Obama, se declara un ferviente admirador del centralista Lincoln. La noria de la historia siempre nos depara sorpresas.

Límites al sistema autonómico

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Ya analizamos los excesos del sistema autonómico de España y se rebatió la falacia argumental entorno a los supuestos beneficios de la descentralización. En treinta años de democracia, las autonomías han expandido el tamaño del Estado por encima del 45% del PIB, ya que han duplicado el gasto público y han quintuplicado el número de funcionarios hasta rebasar los 3.027.500 asalariados públicos. También aportamos datos sobre la dilapidación de ingresos públicos en manos de tramas de intereses regionales, los innumerables gastos irregulares, el incremento de la burocracia y el servilismo hacia los nuevos caciques políticos.

Sin lugar a dudas, con los datos del intervencionismo autonómico en la mano, el Título VIII de la Constitución Española de 1978 se manifiesta como la sección de articulado constitucional peor diseñada. Dicho sistema territorial ha permitido la instauración de 17 centros de poder con competencias tanto ejecutivas como legislativas que están generando intervencionismo por medio de la hiperinflación legislativa, con leyes autonómicas que interponen barreras comerciales con normativas dispares de etiquetado, facturación, seguridad y regulación de infinidad de actividades individuales. Dicho sistema descentralizador consiente la discriminación de millones de ciudadanos no-nacionalistas o, directamente, permite la génesis de nuevas realidades autonómicas de diseño inconstitucional que perfilan regímenes intervensionistas en torno a "mini-naciones" con sistemas tributario y judicial propios, una relación bilateral con el Estado central, selecciones nacionales, campañas de autopromoción o embajadas en el extranjero.

Confiando en la apertura mental del lector y en su simpatía hacia las nuevas ideas, sin la cual todo entender es imposible, a continuación se plantearan algunas reformas constitucionales que estimamos pueden permitir la limitación del tamaño del Estado autonómico y de sus excesos competenciales.

Las sentencias totalmente politizadas del Tribunal Constitucional están otorgando una patina de oscura "legalidad" a leyes y Estatutos de Autonomía que eliminan el derecho de igualdad ante la ley del ordenamiento jurídico español ya que establecen ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Sin embargo, al menos formalmente, el artículo 14 de la Constitución establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…".

Dependiendo de la Autonomía donde se resida, la hiperinflación legislativa derivada del caótico sistema territorial español impone una normativa regional totalmente diferente en cada Comunidad Autónoma, coaccionando la libertad de mercado en actos tan cotidianos como prestar un servicio asistencial, comerciar con un producto, recibir una licencia de caza, vacunar un niño o, simplemente, encontrarle educación en el idioma común de España.

Si se quiere restablecer el derecho de igualdad ante la ley, el artículo 148 CE debe fijar competencias autonómicas definitivas pero, además, debe señalar expresamente que el Parlamento nacional será la institución encargada de legislar dichas competencias mediante un Estatuto Único de Autonomía:

Artículo 148 CE (propuesta de versión nueva)
1. Cada Comunidad Autónoma podrá asumir competencias en las materias que se relacionan a continuación y, si se aprueba conforme a ley, se podrán recoger en un Estatuto Único de Autonomía que también regulará la organización de las instituciones de autogobierno:

1ª Las alteraciones sobre los términos municipales que… (sin cambios)

2ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma… (sin cambios)

…

2. Las Comunidades Autónomas podrán delegar sus competencias en las provincias, municipios, cabildos o consejos que integren su territorio, con el fin de eliminar burocracia, acercar la administración a los ciudadanos y limitar el gasto público.

3. Ninguna Comunidad Autónoma podrá aumentar sus competencias fuera del marco establecido por el apartado primero. El Estatuto Único de Autonomía deberá sujetar sus competencias al marco establecido por el artículo 148 y nunca podrá rebasar los límites establecidos en el artículo 149.

4. Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente sus gastos presupuestarios mediante tramos de impuesto claramente diferenciados en los documentos públicos de pago, que se legislarán en el Parlamento Autonómico para que los ciudadanos perciban la gestión eficaz y correcta de las autoridades regionales, pero sin posibilidad de déficit presupuestario y sin posibilidad de rebasar un endeudamiento superior al 20% del gasto público autonómico.

5. La Constitución y cualquier ley orgánica de carácter estatal tendrán rango superior y, por tanto, prevalecerán sobre las leyes y normas autonómicas en todo lo que no esté atribuido a las mismas. Cualquier legislación o acto administrativo de las autoridades autonómicas que contravenga lo anterior será nulo de pleno derecho y, con efectos inmediatos, deberá aplicarse el artículo 155.

6. Aprobado un Estatuto Único de Autonomía, automáticamente se aplicará a todas las Comunidades Autónomas sustituyendo al Estatuto de Autonomía de cada una de ellas.

7. Para ser legalmente válida, la aprobación del Estatuto Único de Autonomía, así como cualquier modificación posterior del mismo, deberá recoger fidedignamente los apartados anteriores y deberá ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento nacional y, en el plazo improrrogable de un mes, deberá quedar refrendada en referéndum por una mayoría absoluta de los ciudadanos con derecho a voto de España, conforme a lo establecido en el artículo 92.

Aprovechando la propuesta de introducción de un Estatuto Único de Autonomía dentro de la reforma del artículo 148 CE, se eliminan las competencias de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda" que tanto intervencionismo y tanta corrupción han ocasionado en la economía española. También se proponen la limitación del gasto autonómico, la posibilidad de descentralización de competencias autonómicas hacia entes locales como los municipios o las provincias y, el principio del consentimiento de los ciudadanos por medio de referéndum nacional para la aprobación del Estatuto.

Actualmente, tal y como hacen las dictaduras más rancias, las Autonomías se inmiscuyen gravemente en el ámbito de decisión particular de cada ciudadano. Por ello, también se intenta frenar el secesionismo totalitario mediante la aplicación obligatoria del artículo 155 CE en aquellos casos de no-acatamiento de la Constitución o de otras leyes estatales o, ante atropellos graves y reiterados de la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

No obstante, junto con la anterior propuesta, también es imprescindible reformar el artículo 149 CE para, dejar claramente definidos los límites de competencias y, como mínimo, introducir la competencia fiscal entre autonomías y restituir tanto la regulación de la educación como el uso y la enseñanza del castellano dentro del ámbito del Estado central.

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La perversión de la titulización

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Aunque ya vimos que la titulización suponía una innovación financiera muy beneficiosa que incluso podría haber permitido la transición desde nuestro inestable sistema bancario actual a uno en el que los plazos de activos y pasivos estuvieran casados, una parte del uso que se hizo de la misma contribuyó a agravar y a extender la crisis financiera actual.

Los bancos y las filiales financieras de muchas compañías comenzaron a abusar del uso de la titulización. Los beneficios que les reportaba desprenderse de sus activos crediticios a cambio de efectivo tenían una seria limitación: tenían que encontrar ahorradores que estuvieran dispuestos a invertir en titulizaciones que tenían un plazo de vencimiento igual al del activo.

Obviamente, esta restricción les impedía titulizar toda la cantidad de activos que querían, así que intentaron expandir la base de sus potenciales inversores desencajando los plazos de vencimiento entre la titulización y el activo titulizado. A través de los llamados conduits (vehículos especiales con los que se efectuaba la operación de titulización), los activos se vendían al público mediante una emisión de títulos de deuda a corto plazo, cuya duración máxima era de 364 días. Así, empezaron a descalzarse los plazos de las titulizaciones: en los conduits de papel comercial (ABCP conduit), la deuda a muy corto plazo financiaba activos de vencimiento muy a largo plazo.

La consecuencia fue obvia: los bancos obtuvieron muchos más fondos de sus titulizaciones de los que habrían obtenido en caso de que los conduits encajaran los plazos. De este modo, volvieron a expandir sus créditos a largo plazo, en lugar de utilizar los fondos recibidos para sanear y reestructurar sus balances. El sistema financiero, en su conjunto, se volvió más ilíquido por este mal uso de la titulización (a la iliquidez de los bancos se sumó la iliquidez de los conduits y de los acreedores de ambos, quienes creían poder recuperar su inversión a vencimiento en cualquier circunstancia del mercado).

Como hemos visto, la finalidad de los primeros conduits de ABCP era simplemente expandir la demanda potencial de los activos titulizados desde el mercado de capitales al mercado monetario. El experimento, sin embargo, despejó el camino para usos todavía más perversos de la titulización, como era la de explotar abiertamente el arbitraje de tipos de interés.

Dado que el tipo de interés en el mercado monetario es por lo general inferior al del mercado de capitales, los bancos crearon conduits de ABCP dedicados exclusivamente a adquirir activos financieros de alto rendimiento (bonos corporativos, titulizaciones de hipotecas, préstamos al consumo…) mediante la emisión de deuda a corto plazo. Su objetivo era explícitamente el de explotar el diferencial de tipos de interés en la curva de rendimientos, esto es, la de operar como un banco tradicional que transforma plazos (endeudarse a corto e invertir a largo) pero sin que sus operaciones quedaran registrados en los balances de los bancos tradicionales que los amparaban.

Ahora bien, estos primeros conduits solían cubrirse contra el riesgo de iliquidez que se derivaba del descalce de activos y pasivos; básicamente el banco que promocionaba el conduit les concedía una línea de crédito por el 100% de sus activos.

La evolución natural de los conduits de ABCP destinados a arbitrar tipos de interés condujo, sin embargo, a unos instrumentos donde la degradación de liquidez todavía era mayor: los Structured Investment Vehicle (SIV), que tanta influencia tuvieron en el desarrollo de la crisis durante la segunda mitad de 2007 y cuyas líneas de crédito con los bancos estaban muy limitadas porque había su cartera de activos era gestionada, esto es, el gestor podía comprar y vender activos para asegurar la liquidez de la SIV.

Los conduits dedicados al arbitraje de tipos de interés fueron los que coparon el mercado. Entre 2004 y 2007, de los 70 nuevos conduits que se crearon para invertir en activos nominados en dólares, 40 se dedicaban únicamente a esta finalidad. Esto permitió una brutal expansión crediticia: las emisiones de papel comercial por parte de los conduits alcanzaron el máximo de 1,2 billones de dólares en agosto de 2007; desde 2004 hubo las mismas emisiones que en los nueve años anteriores a 2004.

Pese a que tantas voces están culpando hoy al instrumento de las titulizaciones de haber causado la crisis actual, su responsabilidad exclusiva se limita al mal uso que se hizo de las mismas a través de los conduits de ABCP. La titulización clásica –en la que los flujos de caja del activo y del pasivo estaban calzados– sólo pudo contribuir a diseminar los activos de mala calidad entre inversores distintos a los bancos, pero no a causar la crisis. Conviene tener todo esto presente en esta época donde tantas innovaciones financieras provechosas se denostan y donde el celo regulador puede acabar con ellas.

Entre el martirio y el oportunismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Vivimos en un mundo donde el Estado es omnipresente e interviene en casi todas las facetas de nuestra existencia. Si queremos evitar cualquier contacto con el Estado o participación en sus políticas debemos prepararnos para el martirio o la vida de ermitaño.

Para aquellos de nosotros que tenemos principios liberales y queremos llevar una vida moral, acorde con esos principios, la cuestión de cómo actuar en un mundo dominado por el Estado es importante. ¿Es moral aceptar subvenciones o pagar impuestos religiosamente si estos financian un sistema injusto? ¿Es moral hacer uso de la sanidad pública o trabajar para el Estado? ¿Es moral formar parte del Gobierno o hacer campaña para conseguir favores públicos?

Todas estas preguntas están interconectadas y nos sitúan ante un continuum de actuaciones difícil de abordar. Murray Rothbard hizo un intento de aproximación en su artículo Living in a State-Run World, donde esboza algunos de los puntos clave en esta discusión.

Rothbard distingue dos actitudes radicales que habría que rechazar: el sectarismo ultra-puritano, según el cuál no podemos siquiera caminar por las calles públicas; y el oportunismo de los vendidos, según el cuál podemos ser guardias en un campo de concentración y poder seguir llamándonos "liberales" sin pudor alguno. El ultra-puritanismo lleva a aislarse del mundo y a evitar la realidad en aras de una fantasía. Implicaría tildar a todos los cubanos de "criminales", porque como en Cuba no hay apenas sector privado todos son funcionarios. El oportunismo más aprovechado, por otro lado, desvincula totalmente los principios morales de la vida cotidiana, como si la ética no tuviera ninguna relación con la realidad. Liberalismo de boquilla, o haz lo que digo pero no lo que hago.

Un punto intermedio parece más razonable. En primer lugar, porque una ética que obliga al martirio no puede ser buena. El liberalismo es una ética para mejorar la vida de las personas, no para exigirles su sacrificio en el altar de las ideas. Sería absurdo que la respuesta moral a un sistema injusto, que nos hace menos libres y más pobres, fuera soportar aún más malestar y restricciones. En segundo lugar, porque se puede participar en el sistema por diferentes razones y en varios grados, y cada caso merece un juicio ético distinto. De hecho, dependiendo de la corriente liberal a la que uno se adhiera (anarcocapitalismo, minarquismo etc.) incluso la figura del funcionario o político per se no es incompatible con el liberalismo.

Rothbard introduce otra distinción fundamental: una cosa es convivir con una injusticia que te han impuesto y tú no has creado, y otra cosa es promover activamente esa injusticia, agravarla o colaborar en su ejecución. Aceptar una subvención una vez la ley está aprobada y el dinero está sustraído no es lo mismo que aprobar o hacer campaña a favor de esa subvención o contribuir a recaudarla. La confiscación ya se ha producido con independencia de que haga uso o no de la calle pública o de la sanidad pública.

Juzgar la conducta de la gente en base a lo que reciben del Estado supone, además, considerar solo la mitad del cuadro. Los beneficiarios de servicios y subsidios públicos también pagan impuestos, y si pagan más de lo que reciben entonces no están más que cobrándose una parte de lo que le han quitado previamente. En el caso de los funcionarios, su salario entero es como una subvención y a menos que tengan fuentes de ingresos alternativas podemos decir que su riqueza proviene del expolio al ciudadano. Pero con respecto a los funcionarios también hay que hacer distinciones. De nuevo Rothbard sugiere un buen enfoque: hay empleos en el sector público que serían perfectamente legítimos si se llevaran a cabo en el mercado y hay empleos que son ilegítimos per se y no son compatibles con una sociedad libre. Uno podría ser profesor, médico o cartero en una sociedad libre, pero no podría ser guardia en un campo de concentración de prisioneros políticos, inspector de Hacienda, policía anti-droga o ministro de Cultura y Deportes.

Las personas que tienen vocación de maestro, médico o de taxista no tienen la culpa de que el Estado monopolice o regule esas profesiones, impidiendo o dificultando su ejercicio en el mercado libre. El salario del maestro lo pagan los contribuyentes vía impuestos y no es un salario de mercado, pero en una sociedad libre esa profesión probablemente existiría y esos mismos contribuyentes también pagarían un salario al maestro, esta vez vía precios. Al menos la mayoría de profesores y médicos funcionarios dispensan un servicio que tiene cierto valor para el contribuyente, y podemos convenir en que su renta no es tan inmerecida como la de aquél que realiza una actividad que nunca estaría remunerada en el mercado.

Ya que nos "obligan a jugar", opinan algunos liberales, hay que jugar a ganar: sacarse oposiciones para tener un trabajo seguro, poco estresante y sufragado por los contribuyentes (como además la mayoría son socialistas, no hay motivo para tener mala conciencia), pedir subvenciones sin escrúpulos y hacer uso y abuso de las prestaciones públicas. "Soy liberal, pero no soy tonto". Pero lo mismo podría decir un comunista rico "obligado a jugar al juego capitalista", y el liberal protestaría porque le metemos en el mismo saco.

La alternativa a ser un pringado liberal no es necesariamente ser un liberal aprovechado, orgulloso de parasitar. También puede ser un liberal que intenta actuar moralmente sin dar la espalda a la realidad ni martirizarse por culpa de un mundo estatista que le ha sido impuesto.

El desajuste educativo

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Cuando el Estado, legitimado por la religión, pretendía imperar sobre almas y conciencias, la obediencia al Leviatán era lo importante. Si el énfasis cambiaba y era la instrucción la que se consideraba socialmente necesaria, justificaba el control estatal en ese acto benéfico y la coacción como forma de "vencer prejuicios". En la democracia desaparece la expresión "catecismo político", utilizada en la construcción de las nacionalidades del siglo XIX por liberales tanto como por nacionalistas. En consecuencia se sustituye la expresión "Estado" por "sociedad" y se justifica en esa caja negra que es la idea de "democracia" la pugna de los partidos políticos por el control de la educación.

Muy pocos son los que cuestionan el predominio del Estado en la educación. Para evitar que aumente el número de los críticos, el Leviatán echa mano del tercer ingrediente, la instrucción, el más vivo de todos desde Lutero hasta la LOGSE, pasando por Roberpierre. ¿Cómo vamos a rechazar la instrucción? ¿Quién se atreve a mostrar un cavernario desprecio por la necesidad de cultura y formación? Los partidarios de la educación estatal han encontrado su eje argumental. Si respondemos que los intereses individuales y sanamente egoístas de los hombres les llevan a usar su inteligencia aprendiendo y desarrollando formas de difundir los conocimientos sin necesidad de que el Estado sustituya a las familias o a la iniciativa privada, el recurrente mito de la "condición perversa" del hombre acude en ayuda del Leviatán.

En este argumento coinciden tanto Calvino como Azaña, Villar Palasí, Rubalcaba o cualquier otro. Si criticamos el adoctrinamiento estatal responden hoy que no hay tal, que es "la sociedad" quien exige "valores cívicos". La regla de la mayoría en el parlamento, es decir, dos lobos y un cordero decidiendo la cena, impone hoy la "solución final".

El resultado de este devenir es que el sistema educativo es burocrático y está a salvo de ajustarse tanto a los deseos de sus usuarios como a las necesidades reales de los individuos que cooperan, la sociedad sin comillas. Se trata de un servicio que se produce mediante planificación y no mediante libre mercado. Por tanto, los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde ha de servirse la educación lo hacen bajo criterios burocráticos, alejados de la necesidad y las preferencias. La educación estatal es un bosque de alcornoques, rígidos, inmóviles, permanentes y prácticamente ajenos a los cambios habituales del entorno.

Esos mismos políticos y burócratas dicen que planifican teniendo en cuenta las necesidades culturales y formativas del presente y del futuro. Pero esto se demuestra imposible porque no existe en la educación el mecanismo natural de los precios para guiar las decisiones. Los libros, los edificios escolares, los profesores, todo ello son capital, tierra y trabajo y sólo rinden adecuadamente si se coordinan en el mercado. ¿Cómo se arregla el Estado para aparentar estar al día en educación? Pues utilizando la información que puedan vislumbrar generada por los mercados que hay fuera del sistema educativo. Elabora estudios estadísticos y "consejos sociales" para que les informen de la evolución pasada de las necesidades formativas de las empresas y estudios inciertos de tendencias. Luego, anuncia reformas para incluir esos contenidos.

Lo cierto es que cuando realmente incluyen esos contenidos, la lenta maquinaria estatal acaba haciéndolo con retraso. Además, dado que el sistema público es siempre colectivista –incluso en naciones descentralizadas territorialmente–, siempre hay insatisfacciones. Insatisfechas quedan las familias cuando demandan educación y reciben uniformidad. Frustradas las empresas que demandan calificación laboral y deben resolver su necesidad a su manera. Y, sobre todo, se frustra el capital creativo de quienes pasan por la educación estatal, como vimos al principio de este escrito. La empresarialidad, principio básico de una sociedad libre y característica intima de la acción humana, es constreñida por un sistema estatal. Por tanto, ¿cómo tienen los jerarcas la desfachatez de afirmar que su educación está "al día"?

Patriotismo económico

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses, varios dirigentes políticos de distintos países están haciendo llamamientos a sus conciudadanos, para que consuman productos nacionales. Para ellos, puesto que existen distintas industrias nacionales que han visto sus cuentas de resultados perjudicadas por la nueva situación económica, lo ideal es que los consumidores, a la hora de tomar sus decisiones, tengan en cuenta la procedencia del producto. De esta manera, en lugar de efectuarse la compraventa a una empresa extranjera, el dinero quedaría en una empresa nacional. Así mejoraría su cuenta de resultados y los trabajadores de la misma no estarían sometidos a posibles reducciones de plantilla, mejorando poco a poco la situación general del país.

Analizado desde este punto de vista la solución parece perfecta. Bastaría con mirar la etiqueta de los productos antes de comprarlos para ver dónde han sido fabricados. Con ello, todo el dinero gastado en productos importados iría a parar a la industria nacional, incrementándose la riqueza del país. El razonamiento resulta tan simple que maravilla que a nadie se le haya ocurrido antes. Incluso se podría, como está intentando el recién elegido presidente estadounidense, aumentar los aranceles a la exportación de productos competitivos extranjeros, a fin de hacerlos menos atractivos económicamente al mercado nacional. Sin embargo, existen inconvenientes muy importantes en este tipo de política económica, de ahí que siempre que se han intentando seguir han acabado fracasando.

En primer lugar la definición de qué es un producto nacional resulta complicada, por no decir imposible. Si analizamos, por ejemplo un coche, veremos como este ha sido ensamblado en una determinada fábrica situada en un país. Sin embargo, cada uno de los productos ensamblados probablemente hayan sido fabricados por otras compañías, situadas en diferentes países. Y esas piezas a su vez provienen de la incorporación y transformación de distintos tipos de materias primas de diferentes naciones. Incluso hasta un producto tan simple como un lápiz tiene un proceso de fabricación tan complejo que implica a multitud de compañías y personas situadas en distintos países.

En segundo lugar nos encontramos con el hecho de que no existe ningún país en el mundo autosuficiente. Los recursos naturales se hayan situados a lo largo y ancho de todo el orbe. Además los procesos de transformación se han desarrollado en diferentes lugares del globo, por lo que ningún país tiene ni todos los tipos de recursos, ni de industrias, ni todas las posibles personas que saben elaborar los productos.

En tercer lugar, las industrias están interconectadas entre sí. Por lo tanto, favorecer a una determinada industria nacional con políticas proteccionistas o autárquicas, aunque aumente los beneficios de ésta, perjudicará las industrias o comercios que empleen dichos productos. Así, por ejemplo, si se establecen aranceles sobre determinados productos extranjeros, se favorecerá el margen de los productores nacionales, no obstante, las empresas que tengan que comprar dichos productos pagarán más y verán perjudicadas sus cuentas de resultados, al subir sus costes.

También habría que tener en cuenta el efecto que estas medidas tienen sobre los consumidores. Es posible que existan productos extranjeros más baratos, por lo que al consumir sólo productos nacionales disminuye la renta que pueden destinar a otro tipo de productos, siendo perjudicadas también las industrias fabricantes de estos últimos.

Por ultimo, no podemos dejar de comentar que este tipo de medidas suponen una limitación muy importante en la libertad de elección del consumidor, que constituye uno de sus derechos fundamentales. Es por ello que suponen un ataque directo a los derechos de consumidores y empresarios.

Por tanto, las políticas que buscan incrementar artificialmente el consumo nacional de productos a base de perjudicar a los extranjeros, aunque beneficien a un grupo de empresas muy concreto, acaban perjudicando al resto, a los consumidores, y suponen una restricción muy importante de los derechos fundamentales de las personas.

El voto para extranjeros se queda corto

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El censo de potenciales votantes en las próximas elecciones municipales, previstas para 2011, puede incrementarse en hasta 800.000 personas. Esto es así en virtud de los quince acuerdos de reciprocidad que el Gobierno tiene previsto firmar con otros tantos países no miembros de la Unión Europea que reconocen el voto en el mismo tipo de comicios a los españoles residentes en su territorio. Por el momento ya se han firmado tres (con Colombia, Perú y Argentina), mientras que un cuarto (Ecuador) será rubricado este mismo mes.

Los beneficiarios serán los ciudadanos de esos países (los cuatro ya citados más Bolivia, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, Corea del Sur, Islandia y Nueva Zelanda) que lleven residiendo de forma legal e ininterrumpida en España al menos cinco años. Tal vez el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haya tomado la decisión de firmar estos acuerdos para buscar cambiar el panorama electoral en varias localidades importantes en las que reside un gran número de inmigrantes, pero eso es lo de menos. En primer lugar, los escasos sondeos de intención de voto realizados entre los extranjeros residentes en nuestro país no son concluyentes. Es cierto que una parte de estos estudios muestran una preferencia por el PSOE, pero no ocurre en todos.

En segundo lugar hay que tener en cuenta algo en lo que sí hay una práctica unanimidad (es un fenómeno que ya se produce entre los extranjeros nacionalizados españoles): la escasa movilización electoral entre los inmigrantes. La mayoría de ellos no votará en los primeros comicios en los que pueda hacerlo –más aún cuando para poder ejercer dicho derecho tendrán que registrarse, al igual que ocurre con los ciudadanos del resto de la Unión Europea– debido a que sus prioridades durante los primeros años en España suelen ser otras diferentes a la representación ciudadana. Y, en tercero, aunque en las primeras elecciones buena parte de los nuevos votantes optaran por el PSOE, nada garantiza que su sufragio no cambie con el tiempo en arraigo en el país.

Pero, con independencia de todo ello y aunque se tuviera la certeza de que todos votarían al PSOE y de que lo harían siempre así, es positivo reconocerles el derecho al voto (al menos en las municipales). Estas personas pagan impuestos, están sujetos a todas las legislaciones existentes y sufren las consecuencias de la política municipal, la más próxima a los ciudadanos, como el resto de sus vecinos. La idea de vincular fiscalidad y voto no es nueva. Por ejemplo, uno de los reproches que hacían en 1776 los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos al Rey de Inglaterra era que dejaba a los habitantes de las trece colonias sin representación mientras les obligaba a pagar impuestos.

Es más, la medida se queda corta por vincularse a la reciprocidad. Y se demuestra en el hecho de que quienes se van a ver beneficiados son ciudadanos de países en los que los españoles ya podían emitir su sufragio sin que ellos lo pudieran hacer aquí. A esto se debe añadir que dicha exigencia de reciprocidad resulta injusta. Existen Estados con los que la misma es imposible por tratarse lugares en que no se celebran elecciones o, si existen, no son libres. De esta manera, por ejemplo, se castiga sin derecho al voto a las decenas de miles de cubanos o chinos residentes en España por el hecho de venir, en muchos casos huyendo, de países sometidos a dictaduras. Este tipo de requisitos demuestran que desde el poder no se percibe a las personas como tales, sino como meras extensiones de los Estados cuyo nombre figura en sus pasaportes.

Resulta lógico que se requiera un mínimo de residencia legal y permanente en el país para darle a alguien el derecho al voto, con el fin de que quien tenga capacidad de participar en la elección de los representantes de los ciudadanos sea alguien a quien la acción de estos le afecta de forma directa. Pero no lo es que además se le exija venir de una democracia en la que los españoles puedan votar. Todo el que vive en una ciudad, paga sus impuestos y está sujeto a sus normas jurídicas debería poder participar en los comicios para elegir a los concejales.

La imposibilidad de predecir la conducta humana

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La imposibilidad de predecir la conducta humana

Existen corrientes de pensamiento en psicología que desean explicar el comportamiento humano en función de los estímulos del medio ambiente ya que consideran que éstos moldean y controlan las acciones de las personas. Plantean que la conducta (y no la mente o la psique) debe ser el objeto de estudio de la psicología porque responde siempre a factores externos al propio individuo, los cuales son observables, visibles, empíricos.

Siguen, por tanto, una línea positivista que valora los hechos en sí mismos, es decir, todo aquello que es medible. Expresan que sólo cabe hacer ciencia de lo observable porque es lo único objetivo. Todo lo demás carece de rigor científico.

En realidad, estas líneas de pensamiento surgieron del intento de desarrollar una psicología objetiva en contraposición a una psicología subjetiva con el objetivo de que la psicología tome carta de naturaleza científica. De esta manera, dicen, la psicología se convertirá en ciencia al eliminar todo aquello que no pueda ser observado y medido "objetivamente". Entrará en el dominio de la ciencia ya que no solamente se podrá conocer, sino que también se podrá predecir. El objeto de las investigaciones no será el de describir la conducta humana sino formular leyes que permitan predecirla.

Para ello, abordan el estudio de la conducta humana basándose en el paradigma estímulo-respuesta (E-R), en donde el estímulo es cualquier factor externo o cambio en la condición fisiológica del animal, y la respuesta es la reacción o conducta frente a tal estímulo. El método utilizado será la experimentación u observación controlada, es decir, el empleado en de las ciencias naturales.

Aquí nos interesa señalar una de las conclusiones a las que llegan y persiguen: si la conducta puede condicionarse, la psicología podrá predecir y controlar la conducta de la misma forma que ocurre con los objetos de estudio en las demás ciencias naturales. Las actividades humanas podrán ser explicadas si se reconoce la respuesta a un estímulo, como si de una máquina se tratase.

Arguyen que si supiésemos todos los estímulos a los que está sometido una persona, podríamos predecir su comportamiento. Watson, fundador del conductismo, creyó que controlando los estímulos del ambiente se podía incluso moldear el carácter de las personas en la dirección deseada. Basta con cambiar convenientemente esos factores externos para obtener la conducta deseada en un individuo.

El gran error de estas "teorías" que tratan de dotar a la psicología de objetividad es no darse cuenta de que no son los estímulos los que determinan la acción humana y la conducta, sino nuestras creencias, pensamientos y juicios de valor. Dicho de otra manera: es la interpretación que el ser humano da a los estímulos recibidos la que determinará su respuesta. El ser humano no es un agente pasivo al cual el ambiente influye sin que exista reciprocidad.

Las teorías basadas en el paradigma E-R no pueden explicar por qué, dada una determinada situación o estímulo, dos personas pueden actuar de forma distinta. Incluso que una misma persona que se encuentra dos veces ante la misma situación pueda reaccionar de manera distinta aunque se mantengan las condiciones. La Ley del Efecto de Thordike, según la cual cualquier acto que produzca un efecto satisfactorio en una determinada situación tenderá a ser repetido en esa situación, está claramente equivocada y no tiene sentido al querer aplicarla al ser humano.

El paradigma E-R presenta una lógica mecanicista dentro de la cual se le niega al hombre toda su autonomía, toda capacidad de generar sus propias conductas y toda posibilidad de darle un sentido a su acción.

Y es que si quisiéramos explicar las acciones concretas o la conducta de una persona, deberíamos tener en cuenta toda la historia personal del individuo, es decir, movilizar toda su experiencia anterior.

Y aquí entramos en otro gran error de las teorías del E-R: la tendencia a quedarse en los hechos directamente observables/experimentales (aspiración empírico-positivista). No tienen en cuenta cuestiones que afectan la toma de decisiones pero que no se pueden medir, por lo que establece que el hombre es idéntico a su comportamiento, es decir, que se reduce a meros actos o reacciones estímulo-respuesta.

Caen en un simplismo reduccionista al intentar aprehender la complejidad de toda la conducta reduciéndola a asociaciones (más o menos complejas) de estímulos y respuestas. Reducen la psicología a fisiología al suponer que toda la conducta de los seres vivos puede interpretarse fisiológicamente. También reducen lo psíquico a la conducta ya que convierten a la mente a una especie de caja negra en la cual ciertas nociones como las emociones, la personalidad, los pensamientos, la conciencia, la intuición, las ideas, el yo, los sentimientos o las intenciones no tienen sentido, cabida ni interés real. No tienen en cuenta que la vida mental del ser humano es un factor de su conducta.

La predicción de las acciones concretas de un individuo no es, por tanto, un "problema tecnológico" ya que hay aspectos que orientan la conducta que nunca podrán ser registrados. No solamente no son tangibles/físicos, sino que el propio individuo sólo es consciente de una minúscula parte de ellos, ya que desde las intuiciones (más o menos correctas) de Freud sabemos que el ser humano no es completamente consciente de lo que le mueve a tomar decisiones y a actuar de una manera concreta ("el yo no es dueño y señor en su propia casa").

Pero es que aunque la medición de todos los factores que condicionan la acción fuera posible (cosa que a todas luces hemos visto que es imposible), la predicción de la conducta y comportamiento humano seguiría siendo imposible. Y esto es debido a que el hombre actúa en base al conocimiento que tiene en el momento presente de la acción. Pero el conocimiento de las personas varía en el tiempo debido a que aprenden e incrementar su información. La implicación de este hecho es que un individuo no puede predecir su comportamiento en el futuro porque desconoce el conocimiento que tendrá en ese momento. No puede saber cómo actuará en base a un conocimiento que no existe. Desconoce en qué manera variará su conocimiento con respecto al que posee actualmente porque todavía no lo ha adquirido. La posibles causas de nuestras acciones sólo pueden ser explicadas y reconstruidas después de los eventos, de la misma forma que uno sólo puede explicar su conocimiento únicamente después de que lo posee. Así que, aunque pudiéramos conocer todos los estímulos y factores que determinan la acción de una persona en el presente, no podríamos predecir su comportamiento en el futuro porque se basará en un conocimiento/información que variará y se incrementará desde ahora hasta ese momento de una forma que actualmente desconocemos.

En realidad, estas teorías del E-R están basadas en la "psicología" animal (y la psicología infantil), siendo sus métodos procedimientos de éstas en lo capital. Sin embargo, el principio de continuidad física (evolutiva) de los animales al hombre no justifica la extrapolación de la metodología y los resultados de las investigaciones realizados con animales al ser humano. Resulta absurdo y carece de validez científica el tratar de explicar comportamientos humanos tremendamente complejos (lenguaje, moral, sociedad, creación artística) a partir de respuestas simples de animales (por ejemplo, una paloma apretando una palanquita).

Y es que los animales no elaboran teorías e ideas de cómo las cosas son o deberían ser. No interpretan la realidad ni el mundo. No se puede hablar, en definitiva, de procesos de conciencia ni de psicología animal. Es un error forzar e intentar buscar facultades intelectuales del hombre en los animales.

Utilizar la misma metodología para el estudio de animales y seres humanos sería negar esta diferencia entre ellos, y llevaría a tomar el presupuesto ontológico de que el ser humano carece también de procesos de conciencia. Bajo su apariencia de ciencia, su valor experimental no va más allá de un exitoso y ya conocido adiestramiento de animales. La verdad, como dijo Russell, es que "de estos puntos de vista sólo ha surgido sabiduría animal".

La compra patriótica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Este no va a ser uno de esos artículos tristes, absurdos, solitarios, en que no aparece mencionado Obama. Hoy leemos su nombre hasta en la sopa de letras y a este paso lo veremos en el santoral. No será esto último por haber impulsado la provisión buy american dentro de su plan de estímulo de la economía estadounidense. Nuestro Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha adoptado la misma filosofía. Lo paradójico es que el ministro que la ha postulado no es ni el más tonto ni el más malo del gabinete, sino Miguel Sebastián, que seguramente sabe más economía que el resto de sus compañeros.

La compra patriótica es una de esas tonterías que se resisten a morir. Si usted, amado lector, compra español, estará creando empleos en derredor y no allende los mares, en tierras extrañas, pobladas por gentes indeseables y muy, pero que muy poco españolas. Este es el sustrato brutalmente xenófobo de la propuesta de comprar cerca para que la creación de trabajo nos acabe salpicando.

Como ética y economía son dos caras de la misma moneda; moneda de oro, naturalmente. Y el desprecio de los extranjeros, su marginación ante la propia tribu, tiene efectos económicos tan perversos como la intención que le anima. El desarrollo de nuestra civilización ha sido posible precisamente porque hemos ido extendiendo la cooperación por medio del comercio en ámbitos crecientes.

Piensen a un individuo que tuviera que trabajar para surtirse de todo lo que necesita. Desde luego que trabajo no le iba a faltar. Se imaginarán que si tuviera que construir una casa, con todo lo que tenemos habitualmente en ella, un coche para desplazarse, alimentos y vestimenta para cualquier ocasión… trabajo no le iba a faltar. Sólo que no llegaría a producir, por si mismo, más que lo suficiente para llevar una vida solitaria, pobre, brutal y breve. La división del trabajo nos permite concentrarnos en las tareas más específicas pero más productivas e intercambiar el valor de esa contribución por todos los bienes que producimos en común.

La propuesta de limitar las compras a lo más cercano consiste exactamente en acercarnos a esa situación en que uno tiene que hacérselo todo porque no tiene con quién comerciar. En la medida en que tengan éxito y se abandone la división del trabajo internacional, nos empobreceremos todos.