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El mayor de los fisgones

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El secreto de las comunicaciones y su impenetrabilidad por terceros (ajenos) es un derecho fundamental de la persona. Su protección está socialmente valorada y jurídicamente garantizada por la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Aunque su vulneración constituye un delito, esto no afecta al poder ejecutivo, que puede fisgonear en nuestras vidas siempre que invoquen motivos de "seguridad pública".

Lo que no se tolera a un particular pareciera que es admitido (incluso aplaudido) cuando interviene el poder público. Buena parte de los ordenamientos jurídicos (incluido el de EEUU) permiten la intervención de las comunicaciones privadas por parte de la policía o los servicios de inteligencia con una mera autorización administrativa. En España, por el contrario, es preceptiva la autorización judicial. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 579 y ss) y la Constitución de 1978 (art. 18.3) así lo establecieron. Su levantamiento quedaba garantizado dentro del marco de los necesarios procedimientos criminales. Es decir, si una persona no había presuntamente cometido ningún delito, o no existían indicios racionales de que fuera a cometerlo, tenía la seguridad (jurídica) de que nadie –ni siquiera un juez– podía fisgonear en su vida privada e íntima.

Con todo, durante la hegemonía del socialismo felipista pudimos comprobar hasta qué punto las diversas actuaciones del servicio de inteligencia de entonces, el CESID, traspasaban sistemáticamente las garantías del sistema jurídico español en esta materia. Pese a su violación, los principios jurídicos estaban, al menos, claros (véase la importante sentencia del Tribunal Constitucional STC 49/1999, de 5 de abril).

Todo esto cambió sutilmente en la segunda legislatura del PP. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 existía un clima generalizado favorable al endurecimiento de todo tipo de medidas para prevenir actos terroristas masivos. Así, se pudo aprobar, con el apoyo del PSOE (y cumpliendo formalmente con el art. 81 de la CE) la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la que se establecía un nuevo procedimiento para levantar el secreto de las comunicaciones.

Con esta ley orgánica de artículo único se desnaturalizó completamente los mecanismos garantistas de nuestro ordenamiento jurídico. Mediante este nuevo instrumento legal, el recién estrenado CNI (sucesor del CESID en virtud de la Ley 11/2002, simultáneamente aprobada junto a la mencionadaL.O. 2/2002) puede, a partir de entonces, escudriñar en la vida privada de cualquier persona si obtiene en el plazo de 24-72 horas una mera autorización motivada de un magistrado especial de entre los del Tribunal Supremo (tal y como se metió con calzador en los art. 342bis y, luego más tarde, en el art. 127,1,d. de la Ley Orgánica del Poder Judicial) sin necesidad de que existan indicios ciertos de que el investigado haya cometido o tenga intención de cometer delito alguno y sin que (a diferencia de lo que ocurría antes) acabe finalmente enterándose. Por tanto, se impide al individuo espiado, entre otras cosas, el derecho a solicitar posteriormente ante tribunales superiores la impugnación de tales medidas cuando proceda por falta de motivación u otros defectos procesales.

Así, nuestro servicio de inteligencia puede llegar a conocer las posiciones ideológicas, creencias religiosas, inclinaciones sexuales, enfermedades crónicas, temores, dependencia de drogas o cualquier otro vicio privado de todo ciudadano y/o sus familiares sin que éstos sospechen lo más mínimo que se ha llevado a cabo dicha intromisión en sus vidas íntimas.

A fin de cuentas, tal y como declara el art. 4 de la referida Ley 11/2002, las funciones del CNI son, entre otras, "proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España". Ante tan altos objetivos colectivos estaría, pues, justificado saltarse a la torera (mediante el atajo instaurado en la invasora L.O. 2/2002) los engorrosos procedimientos existentes en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que protegen la privacidad de nuestras comunicaciones.

EEUU optó tras el 11-S sacrificar parcelas de libertad en favor de la seguridad. En un primer acercamiento parece del todo comprensible esta actitud cuando pasa algo tan terrible. No obstante, visto con cierta perspectiva, no deberíamos olvidar que la reacción ante el riesgo de acciones terroristas puede derrotar todavía algo más precioso: los fundamentos jurídicos de las sociedades libres. Conceder a nuestros gobernantes poderes exorbitantes acarrea otros riesgos y puede dañar irreversiblemente otra seguridad igualmente importante, la jurídica.

Como vemos, sigue (imparable) el constante incremento de las funciones encomendadas a nuestros poderes públicos. Cuanto más y mayores sean sus atribuciones menos vital parecerá la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Es inevitable.

Jordi Sevilla ni sabe ni aprende economía

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Se suponía que Jordi Sevilla iba a enseñarle economía a ZP en un par de tardes, pero resulta difícil enseñar lo que no se sabe. El socialismo es un grave error intelectual, y a los socialistas se les nota su incompetencia intelectual, por mucho que pretendan ofrecer "lecciones marginales de esta crisis".

Sevilla ve al Gobierno como un fontanero que refuerza las mamparas que impiden que el barco de la economía termine de hundirse en la catástrofe de la crisis. Como él es parte del Gobierno, tal vez tiene un pequeño problema de falta de objetividad y le cuesta ver al Estado como lo que realmente es, el causante último de la crisis mediante su intervencionismo sobre la moneda y el crédito y su ineficacia e ineficiencia en las labores de regulación.

Asegura que "el Gobierno hace lo que debe, lo que puede, lo que están haciendo el resto de gobiernos". Todos los políticos demagogos sin escrúpulos aseguran desde su presunta superioridad moral estar cumpliendo con todas sus fuerzas con importantes deberes cuyos detalles no suelen explicar: quizás porque suelen incluir la coacción sistemática contra los ciudadanos, el expolio de sus riquezas y el ejercicio desnudo del poder disfrazado de servicio a la comunidad. Presumir además de hacer lo que hacen todos los demás no suele ser una muestra de perspicacia sino más bien de burricie imitativa incapaz de análisis crítico reflexivo.

No le gustan las propuestas de "austeridad en las cuentas y recorte del gasto público para compensar reducciones impositivas sin disparar la deuda": qué sorpresa, un político que no acepta reducir el gasto público ni la carga fiscal y a quien no preocupa la deuda nacional; es divertido gastarse el dinero de los demás (no sólo el de los contribuyentes de hoy, si es posible también el de los de mañana). Pretende justificarse intelectualmente asegurando que "es exactamente la política económica que fracasó a comienzos de la depresión de los años 30, quedando desplazada, afortunadamente, por las orientaciones contrarias encabezadas por Roosevelt y Keynes"; si como keynesiano no sabe gran cosa de teoría económica, tampoco puede esperarse que domine algo de historia económica. Al menos tampoco le gusta el "nacionalismo pseudoproteccionista", ese que propone su compañero socialista Miguel Sebastián.

Los errores de Sevilla no son simples detalles técnicos de la ciencia económica, sino que se refieren a los fundamentos de qué es la sociedad y qué es el Estado. Afirma que "el Estado ni es, ni se comporta, como una familia, ya que la acción colectiva, el todo, es siempre mucho más que la suma de sus partes, especialmente en situaciones de crisis. Y este reconocimiento es lo que pone fin a la ilusión neoliberal de un mercado perfecto que se equilibra sólo a base de sumar comportamientos individuales".

Efectivamente familia y Estado no son lo mismo ni de lejos, pero la diferencia va completamente en contra de sus tesis socialistas (y es que son tan torpes que usan argumentos que les destrozan intelectualmente, son como niños manejando explosivos). En la familia, que es una organización relativamente simple, los parientes se conocen bastante bien y se preocupan íntimamente unos por otros; en el Estado sus miembros apenas se conocen y no pueden pretender involucrarse emocionalmente todos con todos; los gobernantes no son como padres sabios y preocupados por sus hijos, sino más bien necios arrogantes incapaces de gestionar nada, y menos aún sistemas tan complejos como las sociedades extensas, y a quienes principalmente preocupa permanecer en el poder al coste que sea.

Respecto a la acción colectiva da vergüenza ajena ver a alguien tan poco competente intentar explicar de forma tan chapucera la no linealidad de los sistemas complejos, en los cuales las partes (y los efectos de sus conductas) no simplemente se suman, sino que interaccionan de formas múltiples y producen fenómenos difíciles de comprender, predecir y controlar. El todo no es la suma de las partes, pero eso no implica que tenga que ser más (o mejor): podría ser menos (o peor). Y lo que consigue sistemáticamente la intervención estatal coactiva es que el todo social sea mucho menos que lo que podría ser si pudiera evolucionar y adaptarse libremente.

Convendría que Sevilla ampliara sus lecturas e incluyera no sólo a algunos liberales que hablan de competencia perfecta y estados de equilibrio, sino también a escuelas económicas como la austriaca que tratan los mercados como procesos evolutivos limitados e imperfectos de descubrimiento y adaptación; si además conociera la escuela de la elección pública podría intentar comprender su propia incompetencia como gobernante.

Sevilla quiere que se plantee "un cambio en la actual regulación de la protección por desempleo para… ampliarla"; se cree tan ocurrente que piensa que sus puntos suspensivos pueden haber sorprendido a alguien. Con su paternalismo liberticida no cree que lo más relevante sea cuánto paro va a haber, sino que todos sean dependientes del asistencialismo estatal. Como la interacción entre derecho y economía no es su fuerte (si es que tiene alguno) asegura que "ni el paro ni el empleo se generan de manera endógena desde las reglas del mercado de trabajo", como si las leyes no influyeran sobre las acciones de empresarios y trabajadores a la hora de contratar o despedir.

Sevilla se plantea "hasta dónde tiene el Estado que ejercer una cierta tarea planificadora, junto al sector privado", y asegura que "lo público y lo privado se necesitan mutuamente" y que "deberíamos acordar que ni el Estado es el problema, siempre, ni lo privado es la solución, siempre. Que cada uno tiene una importante función que cumplir, que cada uno se necesita porque sus labores son complementarias". Quizás las funciones del Estado sean proporcionar la penosa legislación que debemos sufrir los ciudadanos y los lamentables servicios de justicia que resuelven tarde y mal. El sector privado no necesita al Estado; pero el Estado no puede sobrevivir sin el sector privado, igual que un parásito improductivo no puede prescindir de sus víctimas.

No ha entendido nada de esta crisis, que según él "ha sido, claramente, una crisis de la ideología de lo privado"; "si algo ha quedado claro en esta crisis es que ni el mercado ni las empresas parecen capaces de autorregularse y mantener el cumplimiento de normas y reglas que no sean impuestas, supervisadas y sancionadas desde fuera por los poderes públicos". Repetir topicazos no los hace ciertos: el sector financiero está hiperregulado (mal regulado y mal supervisado), y el dinero y el crédito dependen de bancos centrales, que son órganos estatales; y pretender que papá Estado lo está vigilando y garantizando todo (presume de lo que carece) contribuye a destruir los sistemas de mercado de vigilancia y garantías auténticamente funcionales.

Obama y el caos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Con el debido respeto, señor presidente, eso no es cierto.

A pesar de las noticias según las cuales todos los economistas somos keynesianos y apoyamos un gran aumento en el peso del Gobierno, los abajo firmantes no creemos que más gasto estatal sea una vía para mejorar la situación económica. El mayor gasto gubernamental de Hoover y Roosevelt no empujó a los Estados Unidos a salir de la Gran Depresión en la década de 1930. Un mayor gasto gubernamental no resolvió la "década perdida" de Japón de la década de 1990. Así, es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia creer que un mayor gasto gubernamental puede ayudar a los Estados Unidos hoy.

Para mejorar la economía, los economistas deberían centrarse en reformas que eliminen los impedimentos para trabajar, ahorrar, invertir y producir. Menores tasas impositivas y una reducción en el peso del Gobierno son las mejores formas de emplear la política fiscal para estimular el crecimiento.

Los abajo firmantes son doscientos economistas estadounidenses de todas las universidades. Obviamente no son todos liberales exagerados, radicales, heterodoxos, visionarios. Son doscientos economistas sensatos que se han puesto de acuerdo para denunciar una mentira en torno al CATO Institute. Seguro que hay muchos más que lo piensan pero no han tenido la oportunidad o la voluntad de proclamarlo públicamente.

Pero ¿cuál es exactamente la mentira de la que hablan?

"No hay desacuerdo en que necesitamos la acción de nuestro gobierno, un plan de recuperación que ayude a arrancar a la economía". Estas son las palabras que pronunció el presidente estadounidense Barak Hussein Obama el 9 de enero pasado en la Universidad George Mason de Virginia, donde expuso su plan económico de estímulo.

Analizar exhaustivamente el discurso de Obama, deshacer una a una las falacias económicas y denunciar la propaganda que emplea para endulzar sus errores daría para un libro que yo no voy a escribir. Pero sí se me ocurren varias reflexiones.

En primer lugar, los economistas liberales y libertarios españoles, que cabíamos en un autobús y ahora cabemos en una furgoneta, seguimos preguntándonos por qué no somos capaces de mandar un escrito así de sencillo, apolítico, directo y unánime a los medios, sino que seguimos mareando la perdiz y jugando a ser líderes de chicha y nabo, intelectuales incomprendidos, expertos en ciencias ocultas e inaccesibles, en vez de centrarnos en denunciar las barbaridades que se dicen en los medios y hacerlo claramente.

Pero además, observando a cierta distancia, me doy cuenta de que Obama encierra más peligros de los evidentes. No solamente es peligroso que su andadura izquierdosa imprima un sesgo de normalidad a cualquier medida socialista aunque solamente sea por la actitud rutinaria con la que anuncia medidas tan desafortunadas. No solamente está reincidiendo en planes de recuperación que a Roosevelt no le sirvieron, aunque a Hitler y Mussolini sí. Además hay un efecto espejo en el resto del mundo.

Otros presidentes del Gobierno, en especial, aquellos que no saben qué hacer, que no tienen más plan que "lo que digan todos", miran a Obama como un ejemplo a seguir. Los más torpes no disimulan y pocos días después de las palabras de Obama se apresuran a soltar la misma charla para rentabilizar el éxito ajeno, incluso si el aplauso se arranca por la ignorancia del auditorio y la propaganda en la que se ha envuelto el mensaje.

En el caso español, todos los políticos, no solamente el presidente, quieren ser Obama. Y nos encontramos con un panorama desolador. En España no sabemos ni copiar las recetas ajenas. Recuerdo el furor "rasta" cuando una participante de un concurso-reality de cantantes llevaba el pelo con rastas; las miles de chaquetas blancas que se vendieron en España después de que la princesa Letizia apareciera con una en televisión el día de su pedida de mano; hay muchos más ejemplos cotidianos y grotescos de la manera en que tratamos de incorporar, venga bien o no, lo ajeno a nuestra vida. Es puro complejo. Nuestros políticos intentan sin conseguirlo ser hiper-comunicadores imitando los hitos de políticos de otros sitios: el impacto en internet, los mensajes buenistas, las citas de conectados a redes sociales, el famoso "cambio", y en especial, la amnesia histórica… todo lo copiamos, y lo hacemos de la peor manera.

Tal vez es el momento para leer de nuevo las ideas de Hayek, y dárselas a leer tanto a quienes seguramente no las han leído como a aquellos que aseguran haberlo hecho. Sospecho que en su momento miraron por encima las palabras del maestro pero el mensaje no caló.

Hayek explicaba que la planificación no funciona y que lo bueno de la libertad es que ofrece muchas oportunidades para acciones muy diversas. También explicaba que el orden espontáneo no implica caos, no es "que cada cual meta el codo en el riñón que quiera", sino que hay unas normas aceptadas por todos, un recto comportamiento que se debe respetar y que ha aflorado por un proceso de evolución social.

La solución no va a venir de arriba, de un plan ideado por una meta-inteligencia, por una elite de funcionarios; la historia habla por sí sola. La solución solamente puede venir de la posibilidad de elegir entre diferentes actuaciones. Simplemente porque nadie la sabe y nadie la puede anticipar, lo mejor es permitir la diversidad para facilitar que se encuentre el mejor de los caminos para salir adelante… de abajo a arriba, y no al revés.

Educación para la (adecuada) ciudadanía

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar la objeción de conciencia respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) es una mala noticia para los partidarios de la libertad. El fallo adoptado por los jueces, que han llegado a asegurar que, pese a la sentencia, no se debe intentar imponer una moral y han abierto la posibilidad de más recursos, demuestra que la sociedad española sigue recorriendo un peligroso viaje hacia un autoritarismo disfrazado de democracia.

En primer lugar, la sentencia del Supremo pone en duda la independencia del poder judicial. La torpe maniobra de la ministra de Educación Mercedes Cabrera, colgando en YouTube unos días antes un vídeo en el que se felicitaba por una decisión judicial que todavía no se había adoptado, invita a pensar que existen muchas probabilidades de que el Ejecutivo ya hubiera intervenido y que los dos días de deliberaciones fueran más una maniobra propagandística que un serio debate. La separación de poderes es uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático que se denomine liberal y en España no deja de ser una utopía cada vez más lejana.

Los jueces no explican cómo se puede impedir que los legisladores no impongan una moral a los alumnos sin que los padres no puedan hacer nada más que lamentarse. De hecho, ya es una realidad que la educación pública tiene muchos ingredientes que terminan adoctrinando a infantes y adolescentes, incluso en colegios privados. El problema radica en que el sistema ya está viciado desde su origen. Los contenidos no deberían ser elegidos y controlados por los poderes públicos, sino por los padres y los centros docentes, en tanto ellos proporcionan un servicio que debe adaptarse a la demanda. Los que consideren que el Estado debe asegurar la educación de nuestras nuevas generaciones, deberían percatarse de que éste debe limitarse a no impedir la libertad de empresa, pues la educación es un servicio y no un derecho.

Por otra parte, la fuerza con la que ciertos colectivos se han opuesto a una asignatura liberticida como EpC es a la vez esperanzadora y deprimente. Es esperanzadora porque pone de manifiesto que en cuatro años y medio de Gobierno socialista la sociedad civil ha sabido generar instituciones y grupos de presión que luchan por lo que consideran legítimo y acorde a sus intereses, luchando contra el poder de un Estado que, tras una transición de la dictadura a la democracia, vuelve a infiltrarse en ciertos espacios que aparentemente pretendía abandonar. Pero es deprimente, en tanto muchos de estos grupos no saben analizar y ver cuál es el origen de este mal y no les importa que existan asignaturas como EpC o instituciones como la educación pública siempre que sirvan a sus intereses.

Pero lo más preocupante de todo no es lo que ahora está pasando, sino lo que dentro de unas décadas, cuando estos alumnos que ahora se han formado en EpC y cuyos padres en muchos casos ha renunciado a su deber de formar la moral de sus hijos, lleguen a ocupar cargos públicos, cargos con poder sobre la vida de los demás. En ese momento veremos si EpC ha tenido éxito o al final ha sido más ruido que nueces. Esperemos que en ese momento no haya un grupo de estadistas demasiado numeroso que considere, al igual de José Blanco, que explicar cómo se pone un preservativo es algo acorde a no sé qué valores. Con la filosofía de la chancleta hemos topado.

Justificación neoclásica de la intervención pública

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

La Economía es la ciencia que estudia los medios más eficientes de satisfacer unos fines humanos ilimitados empleando unos recursos escasos en relación con ellos. En consecuencia, no persigue juzgar la bondad de unos fines y medios adoptados por los individuos en virtud de sus preferencias personales, sólo indica si hay medios más eficientes de alcanzar tales fines empleando para ellos un conocimiento compuesto por axiomas autoevidentes, conocimientos individuales y experiencias históricas.

Cuando un individuo de profesión economista juzga deseable o indeseable algún tipo de medio o fin humano lo puede hacer empleando para ello bien sus propias ideas morales, que son sus ideas sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es preferible para sí y para los demás; u observando de forma estricta las leyes de la Economía. Cuando dicha moral individual ignora las leyes económicas y se institucionaliza ya sea por imposición de un líder o por presión colectiva, antes o después se ocasiona gravísimos perjuicios a los seres humanos, con lo que dichas medidas bienintencionadas pasan a ser dañinas y, a la luz de sus frutos, objetivamente inmorales.

Dadas estas circunstancias y con el objeto de conciliar la moral individual con la Economía se pueden hacer dos cosas: o bien muta la moral individual o bien mutan las leyes económicas. Esta última opción es imposible, pero se puede aparentar que dichas leyes avalan dicha moral mediante el empleo de modelos de estudio académico cuyas premisas son falsas.

Así, la escuela neoclásica de economía establece que una intervención pública está justificada siempre que exista un fallo de mercado, entendiendo por tal una ineficiente asignación de determinados bienes y servicios. La eficiencia es entendida aquí no como el cociente (output/input) de bienes y servicios, sino como el cociente entre bienestar individual y gasto individual. Por lo tanto la ineficiencia puede venir dada ya por la insuficiente generación de bienestar individual de una compra respecto a un ideal preconcebido, ya por la incapacidad de realizar tal gasto.

Se considera que existen tres circunstancias que empeoran dicho cociente –perjudican la eficiencia– respecto a un mercado considerado más o menos estándar: insuficiente competencia (monopolísticos y oligopolísticos), externalidades negativas y asimetrías de información. El objeto de la intervención pública sería inducir al mercado libre a adquirir características consideradas deseables para incrementar dicho cociente:

1. Mercados de competencia imperfecta

En realidad un economista no puede juzgar si el nivel de competencia que existe en un mercado determinado es mejor o peor, todo lo que le enseña la Economía es que un mayor nivel de competencia a menudo se traduce en una mejor asignación de recursos, no que una mejor asignación de recursos pueda ser obtenida mediante un incremento de la competencia en un mercado. La extensión de esta idea errónea ha llevado a considerar mejores aquellos mercados con un elevado número de competidores y, en consecuencia, defectuosos aquellos mercados con un número reducido de participantes, si bien se considera beneficiosa la existencia de ciertos monopolios denominados naturales y tolerable la de aquellos otorgados por patentes.

Otro problema radical de esta perspectiva reside en la diferente amplitud con que se puede definir el bien o servicio de cuyo mercado estamos hablando, de modo que un mercado puede ser de competencia perfecta y a la vez ser considerado monopolio. Este hecho ha dado lugar a la elaboración de la contradictio in terminis que es el concepto de competencia monopolística.

2. Externalidades, información asimétrica y bienes públicos

Una externalidad es el efecto positivo o negativo de la acción de un agente sobre otro ya sea en su propia persona o en sus propiedades. Son relevantes en Economía por cuanto las negativas afectan a otros sin estar asociadas, a menudo, a una compensación a la parte perjudicada, reduciéndose así la eficiencia de la economía (no suelen despertar igual interés las positivas precisamente porque se supone que una compensación reduciría la eficiencia de la economía).

Sin embargo aunque toda externalidad negativa suponga un perjuicio mayor o menor, no todas constituyen una lesión al derecho a la vida, la libertad y propiedad de los individuos o, en Economía, de los agentes implicados en un intercambio y por tanto no se deduce que cuando se da una externalidad negativa el Estado deba intervenir en forma alguna.

Un caso particular es aquel en que la externalidad se realiza sobre activos sin propietario. Bajo tal circunstancia el fallo no es del mercado, puesto que aquí falta uno de los agentes que debiera estar implicado en el intercambio.

Por último, un bien público es definido en la escuela neoclásica como todo bien cuyo consumo es no excluyente y no presenta rivalidad, como presuntos ejemplos tenemos la luz de un faro, las calles o la música callejera; en resumen, fuentes de externalidades positivas que pueden beneficiar a muchos que no realizan un pago a cambio. Ahora bien, ni la música callejera ha sido declarada bien público ni los faros, considerados entre otros por Pigou, Arrow y Samuelson como un ejemplo paradigmático de bien público, tienen que ser necesariamente financiados por el Estado, y el ejemplo histórico lo tenemos tan cerca como en Gran Bretaña, habiendo sido analizado de forma muy crítica hacia esos economistas por Coase. Por otro lado ni los correos, ni las autopistas ni la producción eléctrica tienen características de bien público, y las calles tampoco son un bien público puesto que quien acondiciona su comercio puede muy bien acondicionar su calle, algo que a día de hoy sucede con frecuencia en ciertas áreas comerciales.

La ingenuidad socialista

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Se pavonean los socialistas de pro en sus respuestas airosas y réplicas jocosas frente a planteamientos esgrimidos humildemente por algún incauto liberal. Se mofan recurriendo a variopintas argucias acuñadas desde hace décadas (cuando no siglos) que tratan, en todo momento, de desprestigiar los "fantásticos" (por fantasiosos) argumentos del defensor de la libertad individual.

Ellos, los socialistas, se creen racionales; los auténticos científicos o al menos amparados por la Ciencia, con mayúscula. Tachan de ingenuos a los liberales por su dogmatismo recalcitrante en la defensa de ideas y principios a todas luces superados. Eso dicen los defensores de la intervención y el dirigismo, esa es su propaganda y su cornucopia de respuestas pretendidamente infranqueables.

La mano invisible de Smith: vaya bagatela. ¿Cómo puede creerse en semejante entelequia? De sinergia tachan el estudio de los órdenes espontáneos, se ríen hasta caerse de la silla de la teórica superioridad del mercado libre frente a la organización socialista. Ellos son los racionales. Los pobrecitos liberales, meros ilusos aferrados a ideas antiguas.

Cuando uno empieza y el resto le sigue, resulta harto complicado detener la risotada. En sus caras, henchidas mejillas, aire displicente, se percibe la arrogancia perfectamente retratada por F.A. Hayek. Los hechos poco les importan, ellos no miran al pasado, su confianza es total, por no decir ciega, en las posibilidades de la mente humana, esa Razón divinizada, en la ordenación deliberada de las piezas del puzle, proporcionando resultados que, apabullando con su retórica, afirman imposibles en ese ensueño que llamamos Mercado.

Defienden la existencia de un órgano todo poderoso, constituido con acierto, encargado hasta del último respiro. Estiman que los medios bastan, y si no, se inventan. Confían en que con lo que se sabe y, altas dosis de "ciencia", la planificación no es que sea posible, sino que resulta excelente.

Mercado, ese ser, ese espíritu del bosque al que rinden pleitesía los liberales. Vaya atajo de ingenuos. ¿Cómo podría algo que ni se ve ni se toca ajustar y coordinar la sociedad mejor que el gran hombre, el hombre sabio? Es aquí cuando advertimos la inversión de la idea. ¿Acaso no son ellos los ingenuos?

Claro, todo esto leído por un liberal, parece obvio. Se supone que para serlo debe entenderse eso de la función empresarial, el proceso social dinámico, que el conocimiento relevante es de tipo tácito, está disperso entre todos nosotros, no puede articularse sin perder gran parte de su contenido y se interpreta siempre de forma subjetiva. Estas verdades no son científicas, según los socialistas: son autos de fe o algo por el estilo. También saben los liberales de pro que el orden social es espontáneo, nada más alejado de la estructura organizacional; de tipo complejo, donde interactúan millones de agentes e intervienen infinidad de factores. Si juntamos lo uno con lo otro, ¿qué nos queda?

La respuesta es obvia, aunque por desgracia, no todo el mundo la acepta con naturalidad, o siquiera la entiende. El mercado no ajusta ni coordina; no tiene voluntad, no es un ente animado. El mercado es un proceso de interacción de individuos, seres humanos, que actúan, crean y descubren información, se dan cuenta de oportunidades de ganancia, de posibles ajustes. Proceden, y si aciertan, logran su pretensión inicial beneficiando a otros que no conocen ni conocerán; sin quererlo, por el simple hecho de participar en un proceso social dinámico.

Son ingenuos los socialistas, y no los liberales, creyendo que su venerado órgano de planificación, copado por mentes preclaras, muchas, pocas, da igual el tamaño del ejército de funcionarios y servidores públicos, será capaz de percatarse de los desajustes, todos ellos, interpretar las señales necesarias (previamente anuladas por la intervención) y lanzarse con acierto y, buena puntería, a tomar la decisión correcta, a todas luces oportuna.

Lo ingenuo es creer o soñar con algo que es imposible: la omnisciencia de la mente humana. Ellos sí se aferran a lo inverosímil, con la arrogancia del iluminado y la nimiedad del niño. Lo suyo sí es fe en lo que no pueden ver, en lo que, a pesar de la experiencia, se niegan a comprender. ¡Vaya con los socialistas!

¿Quién cobra primero?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos más decepcionantes de la administración de justicia estatal es su incapacidad para garantizar el cumplimiento de los contratos en un plazo razonable. Cuando un acreedor acude a los tribunales para conseguir el pago forzoso de una deuda, comienza un largo calvario que pone de manifiesto la incompetencia de un sistema atrofiado, sometido a reglas contradictorias, en el que el fin último de impartir justicia (dar a cada uno lo suyo) queda laminado por el paso del tiempo.

A efectos explicativos, voy a despreciar el hecho de que las pretensiones de los individuos que acuden a los tribunales sean completamente legítimas y los frecuentes desaciertos de las decisiones jurisdiccionales. Tomaré como referencia el caso típico de quién reclama una deuda dineraria que los tribunales reconocen en sentencia o un árbitro en un laudo e, incluso, el caso de quien pretende ejecutar un título (letras de cambio, cheques, pagarés, etc.). Estos presupuestos conducen a examinar la fase crítica de la ejecución forzosa singular que implica, a su vez, el embargo de bienes y derechos cuya realización resarza al acreedor de la deuda reconocida.

Dentro de este procedimiento ejecutivo judicial, muchas veces los particulares se encuentran con que la casi única posibilidad que tienen de hacer efectivo su crédito reside en conocer los bienes y las rentas de su deudor. Tras no pocas vacilaciones y trabas legislativas, el artículo 590 LEC asentó la vía para que obtuvieran una orden judicial de averiguación patrimonial a través de la administración tributaria y la seguridad social.

No obstante, los jueces no se toman demasiado en serio sus propias órdenes. Con frecuencia, aunque se localicen cuentas bancarias como resultado de la información patrimonial, se niegan a inquirir a los bancos y demás entidades financieras sobre la "casualidad" de que el deudor la haya cancelado con anterioridad a la recepción de la orden de retención. Un más que probable alzamiento de bienes, que se comete con la cooperación de los bancos, puede malograr impunemente las expectativas de un acreedor por la desidia o la asombrosa falta de perspicacia de jueces y fiscales.

Con directa influencia sobre ese panorama, pocas veces se señala que el sistema procesal está diseñado para privilegiar las reclamaciones del Estado cuando entran en puja con las planteadas por los particulares. El primero cuenta con una información patrimonial detallada de todos los contribuyentes. Si éstos no la proporcionan directamente porque incumplen las obligaciones fiscales formales, el Estado suple la omisión con la labor de sus agentes –incluyendo a funcionarios como los notarios y registradores–, de los bancos, las aseguradoras y, en general, todas las empresas que están obligadas a realizar "retenciones en la fuente". A continuación se ha dotado de un procedimiento de ejecución forzosa que le exime de acudir a los juzgados para hacer efectivas las deudas que previamente ha determinado por sí y ante sí –aunque esos actos sean revisables por los tribunales, bajo la condición de pagar primero, para después recurrir. Es una de las manifestaciones de lo que los administrativistas denominan "autotutela administrativa".

De esta manera, tanto las administraciones tributarias como la seguridad social pueden ordenar el embargo de bienes de sus deudores sin necesidad de solicitar autorización judicial, salvo en los casos que sus agentes quieran irrumpir en un domicilio particular. Por si esto fuera poco, la agencia estatal de la administración tributaria y sus epígonos autonómicos han ampliado sus funciones a la recaudación de deudas no tributarias (léase multas de todo tipo) y, mediante la suscripción de "convenios", gestionan la vía de apremio para recaudar cualquier "deuda de derecho público" de los ayuntamientos.

Es cierto que el poco conocido tribunal de conflictos de jurisdicción ha sostenido de forma reiterada que, en caso de concurrencia de embargos, la jurisdicción corresponde al órgano judicial o administrativo que se adelantó a trabar el embargo sobre los mismos bienes. Pero esa equidad queda hueca si nos percatamos de que solo el Estado (y, en menor medida, los bancos) tiene la radiografía de los bienes y las fuentes de ingresos de los individuos y medios expeditivos para succionarlos.

De este modo, podemos concluir que, a pesar de su funcionamiento burocrático, el Estado cobra primero. Su propia irresponsabilidad y voracidad va a reducir a mínimos históricos su recaudación coactiva durante esta recesión/depresión, pero aquí tenemos cómo, en un tiempo dramático de impagos entre particulares, sus tentáculos están preparados para atrapar los exiguos recursos que les queden para cobrar impuestos y multas y, de paso, horadar la escasa eficiencia del poder judicial en este orden civil.

Instantáneas de realidad africana

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

El continente africano es el que indiscutiblemente sufre con mayor virulencia las devastadoras consecuencias de la miseria y el estancamiento económico. Las causas, en última instancia, remiten a unos marcos institucionales que, debido en gran parte a la ausencia de derechos de propiedad claros y seguros, impiden el libre desarrollo de las fuerzas creativas y desincentivan que las actividades productivas de sus gentes se encaminen a la satisfacción de demandas y necesidades ajenas mediante transacciones libres y voluntarias. Por el contrario, alientan el clientelismo, los sobornos y la búsqueda de rentas y privilegios al poder político que, en definitiva, genera tensiones sociales que pueden culminar en golpes de estado y guerras civiles.

Como reza la portada del sitio web de la Free Africa Foundation: Africa is poor because she is not free. Y sigue diciendo que la libertad por la que presuntamente lucharon los que querían la independencia fue cruelmente traicionada: el fin de la opresión y el expolio no llegó a la mayoría de África, sino que simplemente los amos occidentales fueron sustituidos por los amos africanos.

No obstante, a pesar de la desoladora realidad imperante en la mayor parte del continente, existen historias de esperanza a nivel local y en distintos países que merecen ser contadas y divulgadas. Una de ellas es la de la visión empresarial de una madre soltera de Rwanda, Janet Nkubana. Una vez que acabó el brutal genocidio que asoló al país en 1994, esta mujer se dio cuenta de que muchas de las mujeres que habían quedado viudas y vivían en la miseria tras la masacre, necesitaban trabajo, y tuvo una idea: producir cestas hechas a mano, y venderlas en el mercado internacional. Para ello comenzó trabajando conjuntamente con otras seis mujeres, haciendo cestas de gran calidad. Tal fue su éxito que comenzaron a vender, gracias a cambios legislativos, al mercado estadounidense, llegando a establecer relaciones comerciales fructíferas con los grandes almacenes Macy’s. En la actualidad emplea a más de 3.000 mujeres locales en su negocio, llamado Gahaya Links.

Su historia nos habla de la capacidad y perspicacia empresarial de los africanos, de su capacidad de competir en el mercado global y las ventajas de la globalización, además de los beneficiosos efectos de la cooperación social a través de intercambios pacíficos como vía para reconstruir social, económica y moralmente comunidades (y sociedades) devastadas por el odio étnico.

La otra de las historias es la de Bolo, de la región del sur del Chad llamada Kyabé. Este joven es una de las personas de las que menos se hubiera esperado que pudiera salir adelante, ya que reunía dos condiciones muy adversas: haber nacido en uno de los países más pobres del mundo como el Chad y contraer en la infancia una enfermedad (poliomielitis: parálisis que afecta al sistema nervioso) que le supuso la minusvalía física. Sin embargo, su historia nos demuestra que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos: hace 8 años era un mendigo en la región, mientras que en la actualidad ha conseguido el título de bachillerato, trabaja como sastre gracias a su máquina de coser y participa en actividades sociales de la comunidad. Tal es su éxito, debido a su admirable esfuerzo y tenacidad, que algunos indeseables sienten envidia hacia él e intentan hacerle daño urdiendo tramas de lo más sucias con el apoyo de las autoridades políticas, la mayor fuente de corrupción en el país en uno de los países más corruptos del mundo.

Estas dos historias muestran que el esfuerzo de salir adelante y la fuerza vital, como en el caso de Bolo, y la creatividad empresarial, como en el caso de Janet, pueden sacar a los africanos de la pobreza más absoluta si sus líderes y gobernantes se lo permiten, y si desde Occidente se lo facilitamos en vez de entorpecérselo.

La lección de Japón

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Ignorar las enseñanzas de la historia condena al hombre a repetir, una y otra vez, los mismos errores del pasado. La mayoría de los economistas y, por supuesto, la práctica totalidad de los gobiernos fallan estrepitosamente a la hora de diagnosticar el origen de la actual crisis financiera y, por ello, desconocen igualmente la solución a aplicar. De ahí, precisamente, la importancia de revisar procesos similares como, por ejemplo, la larga depresión económica que desde hace casi dos décadas vive Japón.

Al igual que Karl Marx y John Maynard Keynes, la gran mayoría de las escuelas de pensamiento económico coinciden, de alguna u otra forma, en que el origen de los ciclos económicos, con sus correspondientes recesiones, reside en la existencia de determinados fallos dentro de la economía de mercado. Los keynesianos y monetaristas centran toda su atención en el comportamiento de la demanda agregada.

Así, tal y como explicaba Rothbard, estos autores suelen argumentar que el proceso inflacionario responde a un gasto excesivo por parte de los consumidores, mientras que la recesión se caracteriza por la falta de demanda suficiente para reactivar la economía. Y todo ello, sobre la base de una cuestión central clave: la confianza. Si los inversores y consumidores están seguros de que la economía crecerá gastarán más, y viceversa.

De este modo, casi todo se sustenta sobre las expectativas de los agentes privados, y puesto que el fallo reside en el comportamiento variable e impredecible de los individuos, los poderes públicos deben intervenir para corregir los "errores del mercado". Suena a broma, pero día sí y día también escuchamos cómo economistas y políticos repiten mecánicamente la misma sinfonía acerca de la actual crisis financiera: "es necesario restablecer la confianza en los mercados", es preciso "impulsar la demanda" para recuperar la senda de crecimiento…

¿Cómo? Puesto que el error reside en el mercado, la intervención de los poderes públicos no sólo es necesaria sino imprescindible. Por ello insisten en la necesidad de emplear de forma arbitraria y discrecional las medidas monetarias y fiscales a su alcance para reactivar nuevamente la expansión del crédito, así como el consumo y la inversión. Bajada de tipos y aumento del gasto público se convierten así en las recetas mágicas por antonomasia de los distintos gobiernos.

Por el contrario, los autores austríacos consideran que el origen de los ciclos reside en la expansión del crédito bancario sobre la base del sistema de planificación de la banca central. Es decir, la intervención del Gobierno en materia monetaria es la principal responsable de los desajustes que tienen lugar en la estructura productiva y en los precios relativos de bienes y servicios. La recesión, tarde o temprano, es inevitable. De hecho, es necesaria para corregir los excesos cometidos en la fase expansiva anterior.

El Gobierno no debe intervenir. Expandir nuevamente el crédito o acudir al rescate de sectores y empresas sobredimensionadas al calor de la expansión crediticia tan sólo agravan la agonía y retrasan el inevitable ajuste que, posteriormente, se terminará materializando en una recesión todavía mayor o, incluso, en una depresión.

Tal y como advertía Mises, "todos los intentos para salir de la crisis mediante la adopción de nuevas medidas intervencionistas son completamente equivocados. Sólo hay una forma de salir: renunciar a cualquier intento de impedir el impacto de los precios de mercado sobre la producción. Renunciar a la adopción de políticas que busquen establecer los tipos de interés, los salarios y los precios de las mercancías a unos niveles diferentes a los que fija el mercado".

Soluciones, pues, diametralmente opuestas para afrontar el mismo problema. El Gobierno de Japón optó por la primera vía. La apreciación del yen a medidos de los años 80 desencadenó un frenazo de las exportaciones y, como consecuencia, una desaceleración económica. El Gobierno intentó debilitar su moneda bajando los tipos del 5% al 2,5% entre enero de 1986 y febrero de 1987.

Tal y como explica el profesor Miguel Ángel Alonso en el número 1 de la revista Procesos de Mercado, "tras los estímulos económicos, los precios de los activos en los mercados inmobiliarios y de valores aumentaron de forma excesiva, creando una de las más grandes burbujas financieras de la historia. El Gobierno respondió con un endurecimiento de la política monetaria, elevando los tipos de interés cinco veces, llegando a un 6% entre 1989 y 1990. Después de esos aumentos el mercado se hundió".

Desde entonces, el índice Nikkei no levanta cabeza y se ha desplomado desde los 40.000 puntos que alcanzó en 1989 hasta lo 8.000 que aún refleja hoy en día. Los malos créditos acumulados por la banca durante los felices 80, así como los activos sobredimensionados de las compañías, hicieron que se disparara la morosidad y las quiebras empresariales tras el estallido de la burbuja. El Gobierno trató entonces de combatir la crisis recurriendo al rescate de la banca y los "sectores estratégicos" del país.

Implantó la política de tipos de interés cero, vigente desde 1995 hasta la actualidad (hoy los tipos están en el 0,3%), y apostó por una política presupuestaria suicida. La deuda pública del país es la mayor de cualquier economía industrializada, superior al 150% del PIB, y tras años de déficit, el Gobierno acaba de retrasar hasta 2018 su objetivo de lograr superávit fiscal. Sobra decir que tras años de estancamiento económico, Japón acaba de entrar nuevamente en recesión. La política impidió la sana corrección del mercado, convirtiendo en una larga depresión lo que, en principio, podía haber sido una recesión intensa, pero breve, en la primera mitad de los años 90.

La naturaleza de la riqueza

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último de mis comentarios expliqué desde el punto de vista de la economía austriaca las razones por las que era posible llegar a intercambiar un clip rojo por una casa, tal como hizo Kyle McDonald, en una historia que quedó popularizada con el anuncio de un coche.

Pues bien, ante la sucesión de intercambios cabe plantearse legítimamente si hubo realmente creación de riqueza. Tanto el clip rojo como la casa existen, presumiblemente, al principio del proceso, por lo que al final del mismo no hay nada nuevo material, no se ha creado ningún objeto nuevo. Como decía una de las observaciones al comentario "no hubo un incremento en el flujo de energía per cápita y por unidad de superficie habitada y por lo tanto no hubo incremento de riqueza física neta.".

Entonces, ¿se ha producido o no creación de riqueza? La respuesta, desde el punto de vista de la teoría económica, es que sí.

Los principios metodológicos de la escuela económica austriaca son el subjetivismo y el individualismo. El Individualismo Metodológico consiste en que todos los fenómenos económicos se pueden explicar por la conducta humana. El Subjetivismo Metodológico significa que la economía asume como dados los fines y valoraciones realizados por los hombres (sin entrar a discutir si son correctos o adecuados).

En esencia, la escuela austriaca parte de un axioma: el hecho de que los hombres actúan movidos por sus fines. Estos fines se pueden entender como una escala jerarquizada de valores, de forma que las personas dedican sus recursos a cubrir sus necesidades según la prioridad que les marca esa escala. De aquí se deduce que, cuando se produce un intercambio voluntario entre dos individuos, ambos se hacen con un bien o servicio que valoran más que aquello que sacrifican por conseguirlo. Por tanto, tras un intercambio libre, los dos individuos tienen más riqueza que antes de hacerlo.

Así, es claro que la riqueza es un fenómeno meramente subjetivo, completamente dependiente de la valoración de los individuos, e independiente de la naturaleza física u otros atributos de los bienes intercambiados. El oro no constituye riqueza por ser dorado, resistente, maleable, bonito o feo: constituye riqueza porque así lo valora la mayor parte de la gente. Lo mismo se puede decir de cualquier otro objeto material o servicio.

Desde otro punto de vista, meramente material, sería imposible crear riqueza si esta no fuera subjetiva. El hombre no es capaz de crear materia de la nada (el conocido principio físico de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma"). Por tanto, todos los recursos que el hombre tiene a su disposición no han variado desde que nuestros primeros ancestros pisaron la Tierra. Así pues, siguiendo el razonamiento materialista, sería imposible que fuéramos más ricos ahora que hace 5.000 años, pues ninguna de las combinaciones que se nos hayan ocurrido ha podido suponer un aumento de riqueza física.

Evidentemente, no es así, pero una vez más debido a un fenómeno subjetivo. Una rueda suponía más riqueza que la madera de la que provenía, simplemente porque era más valorada por aquellas personas que la consideraban de utilidad para transportar cosas. Con el tiempo, solo han progresado aquellas combinaciones de recursos originales que eran más valoradas por los individuos que aquellos por separado o combinados de otras maneras. Y ya sabemos que es la función emprendedora la encargada de guiar este proceso de prueba y error, por los beneficios que puede obtener.

Volviendo al anuncio imposible, se ha creado riqueza indudablemente, puesto que cada uno de los sujetos intervinientes en la cadena tiene ahora un objeto que valora más que el que tenía antes de hacer el intercambio. Por tanto, todos ellos son ahora más ricos. Al principio del proceso, existen el clip rojo y la casa, pero no los tienen los individuos que más los valoran.

De hecho, la única duda que puede surgir sobre este proceso de creación de riqueza tiene relación con la presencia de entidades públicas en el intercambio. En efecto, la última transacción se produce entre Kyle y el ayuntamiento de la ciudad canadiense Kipling Saskatchewan.

Aquí no hay, pues, una transacción libre. Cabe pensar que el citado ayuntamiento se habrá hecho con la casa que cede a Kyle a partir de algún tipo de intercambio involuntario con sus administrados (típicamente, impuestos). Este intercambio supuso posiblemente destrucción de riqueza, ya que la casa era menos valorada por los ciudadanos de dicho ayuntamiento que el dinero que se vieron obligados a aportar para su construcción.

En definitiva, no se puede determinar si en el último intercambio hubo creación de riqueza para las dos partes. Sí la hubo para Kyle, que hizo el intercambio voluntariamente, pero no sabemos si la hubo para los ciudadanos de Kipling Saskatchewan.