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Excesos del sistema autonómico

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El diseño constitucional del sistema autonómico de España es intrínsecamente perverso, por más que la mayoría de medios de comunicación que difunden la propaganda del régimen venden la falacia de que la descentralización es siempre beneficiosa porque acerca servicios públicos al ciudadano.

Otro mito, también falso, atribuye nuestro grado de desarrollo a una supuesta vertebración territorial lograda por el autonomismo cuando, en realidad, el crecimiento económico de España ha sido impulsado por el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, por la inversión en infraestructuras con los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea y, tal y como muestran las tablas estadísticas de Eurosat, por el libre comercio con otros países europeos.

1. Exceso de gasto público

La aprobación de la Constitución Española de 1978 inició un proceso radical de reforma del sector público que ha incrementado el tamaño del Estado en España. Anteriormente el gasto público estaba situado por debajo del 25% del PIB (año 1978), mientras que, como consecuencia de la multiplicidad de centros de poder, ahora el gasto público supera el 38,8% (año 2008), según fuentes de Eurosat, aunque otros datos permiten elevar el tamaño estatal por encima del 45%.

Efectivamente, el informe sobre política autonómica del MAP muestra como el presupuesto consolidado de gasto público alcanzó el 45% del PIB en el año 2006 (un total de 438.632,28 millones de euros) y, si no se adoptan urgentes políticas de recorte presupuestario, es previsible que las políticas keynesianas que erróneamente se están aplicando para intentar reactivar la economía disparen por encima del 50% del PIB el porcentaje de la economía gestionado directamente por el Estado.

De hecho, la expansión pública se ha producido por el lado de las autonomías ya que prácticamente han duplicado su tamaño en apenas dos décadas hasta alcanzar el 46,8 % del gasto presupuestario de las administraciones públicas (año 2006).

Hoy en día, las entidades locales (municipios, diputaciones, cabildos,…) alcanzan un 26,7% del tamaño del Estado y la desvertebración territorial ha sido tan radical que el gobierno central representa sólo un 26,5% (año 2006) de los gastos del sector público. Y entrando en detalles, después de contabilizar las transferencias de capital, la administración central sólo consumió el 30,8% del gasto de personal, el 15,6% de la provisión de bienes y el 29,2% de la inversión real.

2. Exceso de función pública

Durante la democracia se ha cuadriplicado el número de servidores públicos, pasando de cerca de 660.000 funcionarios en 1978 hasta más de 2,6 millones en el año 2008.

Según el boletín estadístico del MAP, quedan poco más de 550.000 funcionarios trabajando en el Estado central y, la mitad de ellos pertenecen a la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los 17 gobiernos regionales proporcionaban empleo fijo a 1.417.354 funcionarios en julio de 2008, lo que quizás constituya el mayor obstáculo para limitar las enormes arbitrariedades del estado autonómico.

3. Exceso de centros de decisión y de legislación positiva

La famosa frase del "café para todos" ha degenerado en 17 centros de decisión cerrados, endogámicos e incapaces de trabajar en equipo, que han aumentado de forma cancerosa el gasto, la burocracia y las normativas regionales.

Con exceso de derecho positivo, las autoridades autonómicas se inmiscuyen en todas las iniciativas privadas, mediante normativas, leyes y estatutos marcadamente inconstitucionales. La legislación autonómica se está llevando hasta sus últimos extremos, creando situaciones de coerción sobre la propiedad privada, de prohibición de la rotulación de negocios en castellano o, de imposición del uso y la educación en el idioma regional.

La inacción del gobierno central, la politización de la judicatura y el sospechoso silencio del Tribunal Constitucional durante dos años permiten que se legislen y financien políticas nacionalistas que pretenden guiar la voluntad de la población.

Desde hace años, se están rebasando las competencias, dando lugar a legislación sobre actividades tan pintorescas como el etiquetado de productos, el comportamiento durante las jornadas de pesca en ríos o, los dispendios en selecciones deportivas y en embajadas y consulados regionales.

4. Exceso de financiación

Como resultado de la ley electoral predemocrática que padecemos y, pagando sus facturas todos los contribuyentes españoles, no cesa el proceso de centrifugación de competencias y la dilapidación de los ingresos públicos en los nuevos reinos de taifas.

La nueva ley de financiación autonómica que, previsiblemente, se aprobará durante el año 2009 elevará la cuota de participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación tributaria, pasando a ingresar el 50% de IRPF (antes 33%), el 50% de IVA (antes 35%) y el 58% de los impuestos especiales (ahora un 40%).

Hayek demostró como los excesos de la sociedad planificada conducen a un régimen totalitario. Un mayor flujo de caja para financiar las políticas autonómicas significará un mayor impulso a las utopías colectivistas que buscan el desarrollo de nuevas mini-naciones.

Desgraciadamente, también configuran "dictaduras de proximidad" que atropellan los derechos de los ciudadanos no-nacionalistas con sus políticas secesionistas; empleando el idioma y la cultura para incrementar aún más el dinero y el poder gestionado por la casta política, ya que así logran perpetuar sus prebendas y cargos durante décadas.

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Más ideas sobre la supuesta crisis del capitalismo

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos días de diciembre asistí a un interesante coloquio en la sede del IESE de Madrid, dentro del llamado Foro Interdisciplinar Rafael Termes. Intervenían dos ponentes bien conocidos: Pedro Schwartz y José Luis Feito, moderados por el director de esta institución, Juan José Toribio, bajo el siguiente título: "¿Hay que refundar el capitalismo?"

La mayor parte de las preguntas estuvieron relacionadas con la crisis financiera, sus causas y posibles consecuencias; pero es un tema que me interesa menos, a pesar de que se abordó con especial calidad técnica, tanto por los ponentes como por su moderador (economista del Banco de España y presidente ejecutivo del FMI). Me interesaban más otras reflexiones, como la que proponía Feito sobre lo absurdo que resulta especular sobre la refundación del capitalismo, toda vez que nadie lo "fundó" en ningún momento conocido. Siguiendo un argumento hayekiano, explicaba muy bien que la organización económica que nosotros llamamos "capitalismo" es una de esas instituciones de las que se dota la sociedad humana después de un largo proceso de prueba, búsqueda y ajuste espontáneo. Sabemos que un sistema de mercados abiertos es el que mejor se adapta a la naturaleza del hombre; y conocemos desgraciadamente muy bien que las utopías planificadoras solo traen con ellas hambre, pobreza y pérdida de libertad. Lo cual no significa que nuestras economías de mercado sean perfectas, ya que sin duda es necesario corregir defectos o evitar malas prácticas.

También siguió un discurso desmitificador el profesor Schwartz, explicando que durante los dos últimos siglos ha habido muchas otras "crisis" del capitalismo, más o menos largas (existe una precisa medición econométrica sobre los tiempos de duración), de las que se ha salido también con mayor o menor agilidad. Pero, en cierta medida, hay que recordar que un componente esencial del sistema capitalista son precisamente estas crisis, que lo depuran, lo renuevan, e incluso a veces le permiten avanzar más rápido. Yo tampoco soy un experto en ciclos económicos (habría que recordar las ideas de Schumpeter; o que precisamente a Hayek le dieron un premio Nobel por sus estudios en este campo), pero si algo nos enseña la Historia es que el desarrollo humano es zigzagueante (Vico habló con enorme lucidez del corso e ricorso).

Dicho lo cual, me permito introducir algunas reflexiones personales sobre la situación económica actual. Yo creo que sí hay una crisis profunda, complicada y generalmente poco atendida: se trata de una crisis moral. Precisamente de la Moral que explicaba Adam Smith en su cátedra de Glasgow. Si algo tenían claro los filósofos y economistas de la Ilustración es que la naturaleza humana debe respetar unas leyes o principios básicos de comportamiento, y que existe una objetiva diferencia entre lo bueno y lo malo. Probablemente se equivocaron en la fundamentación de esos principios (lo cual estamos todavía pagando), pero sin duda criticarían con fuerza todos los comportamientos inmorales que estamos (tristemente) acostumbrados a ver en el mundo de las finanzas o la política. Robar, mentir, engañar no tiene nada que ver con ese "capitalismo" supuestamente "fundado" por aquellos pioneros del liberalismo.

Así pues, las recomendaciones que propongo son fáciles de comprender, pero más complicadas de llevar a la práctica. Es patente que una civilización en la que se respeten esos principios morales sin duda alcanzará unos mayores niveles de riqueza y solidaridad. Pero no como imposición de ninguna autoridad, sino como convencimiento personal de cada uno de sus miembros. Es la opción interior de cada individuo por un buen comportamiento lo que puede salvar nuestra sociedad de su decadencia moral. Aunque también es cierto que los gobiernos, los medios de comunicación o la Justicia podrían ayudar en este sentido: persiguiendo con diligencia conductas ilegales, fomentando la ejemplaridad como virtud cívica, evitando la reverencia social hacia el tramposo, o simplemente exigiendo que el ladrón devuelva lo que ha robado. Yo personalmente reniego de un sistema de mercado en el que el fraude económico resulte rentable y además bien visto: busquen ustedes en los escritos de los "fundadores del capitalismo" y encontrarán justamente lo que escribo.

Alguna consideración final más optimista, aprovechando que se inicia el año centenario del Mutatione monetae de nuestro Juan de Mariana. Pues recomiendo una vez más leer a aquellos maestros salmantinos que hablaron con gran perspicacia de una organización económica basada en los requisitos morales de la Justicia y el Derecho. Cuando Mariana criticaba las alteraciones en el contenido metálico de las monedas, o Azpilcueta explicaba por qué se producía la inflación al incrementarse la cantidad de plata proveniente de América, sentaron las bases de unos principios de organización económica que suponían previamente –y ante todo– otros principios de comportamiento moral sin los cuales (creían ellos y me temo que el tiempo les está dando la razón) los primeros no podrían subsistir. En este sentido, tal vez sí podríamos hablar de la necesidad de una "refundación" del sistema capitalista…

Todas las vidas valen lo mismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La reciente incursión de Israel en Gaza se está cobrando cientos de vidas inocentes. Israel apela a su derecho a defenderse de las agresiones de Hamas, cuyos cohetes han matado a 18 civiles israelíes en los últimos años, y asegura que su ejército hace todo lo posible por evitar la muerte de palestinos inocentes que se ven envueltos en la batalla. Pero los "daños colaterales" arrojan un saldo de 30 civiles palestinos muertos por cada civil israelí víctima de los cohetes Qassam. Si la justicia de una guerra se mide por las consecuencias que tiene sobre los inocentes a los dos lados de la frontera, la ofensiva israelí es injusta aunque la motiven intenciones más nobles.

La campaña israelí no es desproporcionada porque el ejército hebreo aproveche su superioridad tecnológica para abatir centenares de militantes de Hamas y sufra solo una docena de bajas propias, sino porque causa más daño del que intenta evitar. Nos estamos metiendo en el pantanoso terreno del utilitarismo y el baile de números, pero mejor eso que la "ética" del todo vale (aunque podríamos ser más estrictos). Desde este punto de vista, el balance de la ofensiva es negativo si la suma de todas las víctimas inocentes es superior al volumen de víctimas estimado que la ofensiva habría evitado. Es imposible calcular lo segundo (tampoco está claro que una estimación de una muerte que aún no ha ocurrido deba contar igual que una muerte real e irrevocable), no obstante cuesta creer que la incursión en Gaza vaya a evitar la muerte de centenares de ciudadanos en los próximos años. Hacer algo puede que sea mejor que no hacer nada, pero no si ese "algo" es un ataque a gran escala que produce semejante volumen de muerte y destrucción (en la práctica puede que también tenga efectos adversos para la seguridad de Israel, pero éste es otro tema).

Una posible objeción a este planteamiento es sostener que la vida de un civil palestino vale menos que la de un israelí. Desde luego esto es así para el Gobierno israelí, que tiene un "mandato" de sus ciudadanos y su poder depende de la opinión pública de los votantes, no de los palestinos. También es así para muchos israelíes, que naturalmente ponen la vida de sus familiares, amigos y vecinos por encima de la vida de palestinos anónimos al otro lado de la frontera. Pero aunque este punto de vista sea comprensible es también sesgado. Están otorgando más valor a las vidas israelíes porque tienen un interés (sentimental, emocional, electoral etc.) en ello. Desde un punto de vista ético todas las personas inocentes tienen exactamente el mismo derecho a la vida, ya sean israelíes o palestinos. Es lógico que el Gobierno israelí no actúe reconociendo a los palestinos el mismo derecho a la vida que a los israelíes, pero debería si atendiera a los principios de justicia y ése es el estándar por el que tendríamos que juzgar sus acciones.

Es verdad que el ejército israelí se toma molestias (y riesgos) para evitar la muerte de civiles palestinos. Lanzan panfletos por aire sobre la población advirtiendo de un inminente ataque, interfieren la emisión televisiva o envían mensajes por móvil para pedir que evacuen la zona, seleccionan objetivos militares y abandonan ciertas operaciones si hay civiles de por medio, permiten la entrada de ambulancias y ayuda humanitaria para asistir a los heridos. Los terroristas, además, se lo ponen difícil escudándose en civiles o refugiándose en hospitales y mezquitas. ¿No prueba lo anterior que Israel sí está asignando a las vidas palestinas el mismo valor que a los israelíes? ¿Qué más puede hacer el ejército hebreo para evitar la muerte de civiles en combate?

Que Israel valore las vidas de los civiles palestinos más de lo que otros Estados en guerra valoran la vida de los civiles del bando contrario (o incluso más que el propio Hamas) no significa que dé a las vidas palestinas el mismo peso que a las vidas israelíes. A la hora de juzgar si Israel trata a los palestinos inocentes como iguales o podría actuar de otro modo cabe preguntarse: ¿cómo actuaría Israel si Hamas se parapetara dentro del territorio nacional y los palestinos civiles fueran ciudadanos israelíes? Las autoridades españolas no bombardean bloques de pisos, arrasan barrios residenciales ni causan daños colaterales cuando intentan capturar a los etarras. El Gobierno no podría asimilar daños colaterales españoles. Si ETA, en cambio, se ubicara en una región extranjera sin siquiera Estado oficial, las autoridades españolas tendrían menos escrúpulos a la hora de eliminar objetivos.

Puede argüirse que precisamente el hecho de ubicarse fuera del territorio nacional hace más difícil una actuación quirúrgica como la que lleva a cabo la policía, pero estoy convencido de que si los palestinos fueran ciudadanos israelíes y solo pudiera intervenir el ejército, el alto mando tomaría más precauciones e incluso se abortarían determinadas campañas por temor a producir demasiadas víctimas israelíes.

Consideremos esta situación desde otro ángulo. El Irgún fue un grupo armado judío previo a la creación del Estado de Israel que llegó a atacar objetivos civiles británicos y árabes. Fue tachado de terrorista y repudiado por el grueso de la sociedad judía. ¿Acaso no hubieran protestado los judíos si el ejército británico o los palestinos hubieran dado caza a Irgún matando a centenares de civiles judíos? ¿No tenían los británicos y los palestinos "derecho a defenderse", aunque ello provocara ingentes "daños colaterales"? En este escenario invertido los judíos se rebelarían y calificarían de "desproporcionado" un ataque masivo contra Irgún si fuera a ocasiones numerosas muertes civiles judías.

La reflexión sobre el valor de la vida de israelíes y palestinos tiene una ramificación que también debería llamar la atención a los estatistas que consideran desproporcionadas las acciones de Israel. Tienen razón cuando señalan que Israel implícitamente minusvalora las vidas de los palestinos, sin embargo incurren en el mismo vicio al defender un Estado del Bienestar nacional. Si para el Gobierno israelí la vida de un palestino vale menos que la de un israelí porque pone la defensa del segundo por encima de la vida del primero, para un socialista la vida (o el bienestar) de un congoleño vale menos que el de un compatriota español, porque defiende la Seguridad Social, educación y sanidad gratuita, ayudas públicas etc. sólo para el ciudadano español. Para el congoleño a lo sumo defiende el 0.7%. De modo que el mismo etnocentrismo que practica el Estado israelí es el que practica el Estado español en todas sus políticas de "bienestar". Si todas las personas valen lo mismo, los progresistas deberían dejarse de localismos y apoyar un Estado del Bienestar internacional. Eso o el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la apertura de fronteras.

Israel, por su parte, debería ser más reticente y selectivo en el uso de la fuerza. El derecho a la auto-defensa de los israelíes no justifica la muerte de centenares de palestinos inocentes.

Racismo, xenofobia, colectivismo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La actual situación de crisis económica, con unas tasas de desempleo que crecen a gran velocidad y cuando la idea más extendida es que la situación va a seguir empeorando, supone un nuevo escenario para un país en el que vive una cantidad de extranjeros inimaginable para casi nadie hace pocos años. Con una creciente cifra de parados, los riesgos de que los inmigrantes se conviertan en el chivo expiatorio para muchos y que surja un movimiento de extrema derecha fuerte es una posibilidad que no se puede descartar en España.

Aunque existen racismos y xenofobias de raíces culturales, estos tienen una menor incidencia por sí solos que los que tienen su origen en cuestiones económicas. El odio de raíz económica más o menos extendido a las personas de otras razas o procedentes de otros países (en España el racismo suele ir unido a la xenofobia debido a que la única minoría étnica existente hasta hace poco era la gitana) surge de la un análisis incorrecto de la realidad. Así, la existencia simultánea de desempleo y de una mayor presencia de extranjeros en un país se suele interpretar como una relación causa-efecto. Y aunque ambos fenómenos se dan a la vez en el momento actual, no se produce el primero por culpa del segundo.

En este escenario, y en situaciones donde la concepción grupal de la sociedad sigue estando muy extendida, se establece una "lucha por los recursos" (puesto de trabajo, beneficios sociales en los casos de Estado del bienestar y otros) que no se percibe como legítima competencia entre individuos. Al contrario, se extiende con rapidez la idea de que se trata de "ellos" (los extranjeros, los rumanos, los negros, los árabes…) contra "nosotros" (los españoles, los blancos…). Gran cantidad de personas pasan a culpar así a los inmigrantes de la pérdida de su empleo, o del hecho de no conseguir uno nuevo, o incluso de que su sueldo sea bajo. Para quienes razonan de esta manera, tan sólo el considerado su igual (español, o incluso catalán o andaluz, y blanco) está legitimado a competir con ellos.

Desde el Gobierno se favorece, posiblemente de forma inconsciente, esta percepción de diversas maneras. La más destacable en la actualidad es la campaña de puesta en marcha para dar a conocer el Plan de Retorno Voluntario. En Madrid, por ejemplo, han puesto una gran cantidad de anuncios muy visibles. De esta manera se transmite a los españoles de que existe un exceso de inmigrantes en el país y que es necesario que se marchen. Puede incluso que uno de los objetivos de esta publicidad tan visible para cualquiera sea precisamente tratar de transmitir a los españoles la idea de que desde el Ejecutivo están haciendo algo para disminuir la cantidad de extranjeros residentes en el país, porque para que éstos se enteraran hubiera bastado con limitar la campaña a los medios de comunicación existentes para inmigrantes y se hubiera llegado de igual manera al supuesto público objetivo.

Esta visión global es la que favorece la extensión del racismo y la xenofobia, así como que ambos odios puedan ser los desencadenantes de episodios violentos. Es más fácil odiar a alguien a quien se percibe como miembro de un grupo distinto al considerado como propio que a una persona a la que se le valora como tal. De hecho, el error de una parte de las organizaciones que se dedican a luchar contra estos fenómenos es su insistencia en defender los derechos o la libertad de "colectivos" y no seres humanos percibidos de manera individualizada.

Si de verdad se quiere combatir de forma efectiva, cosa que no dudamos, esos fenómenos tan terribles, hay que empezar por eliminar del lenguaje cualquier carga grupal. Para cualquier persona es más fácil sentir empatía por alguien que es percibido como un ser humano y, por lo tanto, como un igual, que por aquellos a los que sólo se les ve como miembros de un grupo considerado ajeno. Es imposible amar a gran parte de la Humanidad, pero es muy fácil odiarla. Basta con pensar en ella en términos colectivos.

Barreras legales al trabajo

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los activos más importantes que tiene el ser humano es su capacidad de trabajar. Aunque una persona no tenga ningún capital previo, esto no supone un inconveniente que le impida obtener recursos, ya que puede vender su trabajo a alguien que lo quiera.

Además de constituir un factor esencial para la supervivencia del ser humano, el trabajo tiene otras vertientes, como elemento de enriquecimiento, socialización o incluso de autorrealización.

Por tanto el trabajo se puede considerar como una herramienta que nos permite defender y asegurar nuestros derechos fundamentales, es decir, vida, propiedad y libertad. Para vivir o bien compramos a otras personas los elementos necesarios para el sustento y cobijo, para lo cual necesitaremos entregar una cierta cantidad de dinero que obtendremos mediante el trabajo, o bien trabajamos para nosotros mismos para proveernos de lo anterior. Otro factor a tener en cuenta del trabajo es que nos permite crear un derecho de propiedad nuevo, ya que somos dueño del trabajo creado, ya sea para emplearlo para nosotros mismos o para intercambiarlo por otras propiedades. Finalmente el trabajo es una expresión más de nuestra libertad, ya que podemos aplicarlo a aquello que consideremos conveniente, y otras personas son libres de aceptar intercambiar el fruto de nuestro trabajo por otros bienes.

Es por todo ello que el trabajo se vuelve algo imprescindible para el hombre, ya que es una parte esencial de su humanidad. Es éste el motivo por el que una situación de desempleo se puede convertir en todo un drama a nivel personal, ya que si ésta se ha impuesto, se estaría cometiendo una violación de los derechos fundamentales de la persona.

La idea de impedir a alguien trabajar puede resultar extraña, ya que con la excepción de los penados en determinadas legislaciones, nadie debería ser privado de trabajar. No obstante, esta prohibición puede establecerse por medios indirectos y como consecuencia de medidas que no van buscando ese efecto. Así, por ejemplo, una prohibición de explotación de un monte concreto tendría como efecto que no se puedan realizar labores en el mismo, tales como la recolección de leña o el pastoreo. Si las personas que realizaban dicho trabajo carecían de otro tipo de experiencia y no existen terrenos similares en los que realizarlo, pueden quedar condenadas a perder su empleo.

La única barrera que puede impedir a las personas ejercitar su trabajo es de origen legal, ya sea prohibiéndola directamente, elevando los requisitos necesarios para ella, o subiendo los costes de ejecución de manera que haga imposible su ejecución de manera rentable. Además pueden imponerse requisitos adicionales que si bien no impidan la ejecución de dicho trabajo, lo compliquen sobremanera, haciendo que mucha gente desista.

En tiempos de crisis económica generalizada como los que estamos atravesando, en los que la tasa de desempleo se eleva a un ritmo vertiginoso, debido a que determinados sectores que habían demandado gran cantidad de mano de obra han dejado de hacerlo, debería buscarse todas estas barreras legales de manera que se eliminen todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, para facilitar el derecho que tiene cada persona a trabajar. La cifra de desempleados no es simplemente una estadística; tras este dato se encuentran personas, muchas de las cuales desean trabajar pero no pueden hacerlo por barreras artificiales de origen legal. Cuando éste es el origen de su situación no se puede hablar de una mera situación desafortunada, sino de un atropello a sus derechos fundamentales.

Certeza de la ley y derecho natural

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los elementos esenciales en un sistema de justicia coherente con la libertad es que la ley sea cierta, segura, es decir, que los individuos tengan la seguridad de que tiene un grado de permanencia y cognoscibilidad suficientes como para poder hacer previsiones de acción respecto de ella y para que las acciones efectuadas no se vean alteradas por haberse modificado aquella en el transcurso de un periodo de tiempo estimablemente breve, o por ser tan oscura que no sea posible saber a qué atenerse respecto a ella.

Para salvaguardar este rasgo que hace justa una ley, es necesario, decían en la antigua Atenas, que ésta sea una ley escrita. Buscaban así contrarrestar el capricho legislativo de los enemigos del orden justo, tiranos y demagogos. Ahora bien, ¿evita este requisito por sí mismo los males derivados de la incertidumbre de la ley? Cabe decir que no, y los mismos griegos fueron conscientes de la trampa en que se incurría cuando la ley, aunque escrita, se modificaba al albur del capricho del legislador amparado en la supuesta certeza de lo escrito. Es posible, y de hecho harto frecuente, que las leyes escritas sean tan cambiantes que no sea posible tenerlas por ciertas.

Esto es lo que ocurre hoy donde la escritura de la ley es uno de los rasgos que aparentan confirmar su certeza pero que queda muy lejos de confirmarlo en realidad.

La contradicción con leyes anteriores puede ser menospreciada por el apoyo de quien ostenta la legitimidad de hacer leyes. Es así que en los actuales sistemas legales, basados en la legislación, los órganos legislativos, soberanos y legítimos, sitúan la supuesta seguridad jurídica sobre la publicidad (escrita), la autosuficiencia (vinculante) y la inexcusabilidad del cumplimiento de las leyes, pero modifican la naturaleza de éstas por actos que pueden ser calificados como de voluntarismo legislativo, cuyos fundamentos son valores morales no expresos y que, por eso mismo, son más peligrosos.

Por eso es que la certeza no puede, no debe, asentarse, en un marco de derecho positivo y de profusión estatutaria, en la mera escritura de la ley. Podemos, siguiendo a Leoni, considerar otro concepto de certeza de la ley. Se trata del basado en el esquema general del derecho civil romano con "una serie de principios gradualmente desarrollados y refinados por una jurisprudencia que se extiende durante muchos siglos con escasa interferencia de los cuerpos legislativos" tal y como afirmó el jurista inglés W.W. Buckland.

En este punto, Bruno Leoni condensó una magnífica aportación a la visión liberal de lo jurídico. Se trata de la diferencia entre certeza a corto y a largo plazo. Para ello Leoni contrapone la certeza griega a corto plazo, a la certeza auténtica o a largo plazo. Parece claro que una ley escrita y, por ende, conocida por todos, no es necesariamente una ley cierta si el legislador la modifica con frecuencia. Frente a esto el concepto romano es diferente y podemos calificar a la ley romana como más cierta que ésta. Lo es si nos atenemos a los rasgos que hacen que el entramado jurisprudencial romano hizo de éste un modelo de seguridad jurídica:

  1. La interpretación de los jurisconsultos estaba basada en la interpretación de normas antiguas para cuya reforma no estaban legitimados.
  2. La ley no estaba, pues, sometida a cambios súbitos e imprevisibles por lo que hacía posible previsiones a largo plazo por parte de los individuos y grupos y facilitaba la función empresarial en general y el intercambio económico en particular.
  3. Ningún estatuto o propuesta de ley proveniente de los poderes públicos podía vulnerar fácilmente la ley no escrita, tradicional e interpretada jurisprudencialmente.

Por consiguiente se plantean dos tipos de certeza. Una basada en la escritura, claridad y publicidad de la ley cuyo punto débil es la escasa importancia que, por la mera escritura, tiene su permanencia en el tiempo.

La otra es la certeza basada en la permanencia, certeza a largo plazo, la cual se asegura mediante un sistema de leyes formadas por la larga interacción de individuos y grupos y por la respetuosa función jurisprudencial que tiene vedada la invención de normas ex novo y ex profeso, fruto de un activismo reformista.

Es cierto, sin duda, que el principio de certeza a largo plazo es superior al que podemos denominar "griego". Es correcto, igualmente, afirmar que esta certeza auténtica se asienta en un sistema legal de tipo jurisprudencial.

A pesar de todo ello existe un defecto posible no contemplado por Leoni en la afirmación de que el derecho jurisprudencial y consuetudinario es, por sí mismo, garante de la libertad. Lo cierto es que, por ser fruto de la múltiple interacción de individuos y grupos, las instituciones jurídicas pueden no resultar siempre respetuosas con el individuo y con la libertad. El mero respeto a la tradición no garantiza, asimismo, que la evolución no asiente pautas y leyes contrarias a la libertad. La propia, digamos, metodología consuetudinaria, fruto de un consenso social intergeneracional, ayuda a que no se produzca esta degeneración pero no garantiza suficientemente su ausencia y puede, mal entendida, legitimar tanto leyes contrarias a la libertad como la intromisión del derecho estatutario, legislado, en la sociedad.

Falta, pues, en esta defensa la existencia de unos referentes considerados atemporales y absolutos para que la certeza a largo plazo lo sea de manera consistente. Esta existencia no puede ser aportada por la mera y semiinconsciente fuerza evolutiva fruto de una supuesta cuasi-racional interacción social sino que ha de estar presente en los individuos y en los juristas en forma de valores atemporales, de vigencia eterna y, por ende, absolutos. El iusnaturalismo "humilde" viene aquí a complementar la labor de los juristas y la certeza de la ley.

El consenso en favor de leyes básicas sacralizadas y consideradas eternas es un componente esencial en la tradición y en la costumbre. Traduciendo a otros términos esta sacralización, hay que hablar de la existencia de unos derechos naturales eternos que son los únicos capaces de alimentar la consistencia del derecho jurisprudencial, aportándole las guías imprescindibles para su permanencia.

Pero las leyes naturales también son necesarias por la naturaleza general que presentan, imprescindible para que, además de ser permanentes, resulte imposible que dichas leyes puedan ser aplicadas ex profeso a individuos o grupos prefijados. Este requisito, que debemos a Hayek, resulta, a pesar de éste mismo, perfectamente acorde con una ley natural humilde, básica y sencilla. Entendemos estos rasgos en el sentido de que dicha ley natural no pueda ser utilizada al modo constructivista para reformar y modelar la ley tradicional y la sociedad entra, es decir, que habría de excluir la imposición coactiva de la misma.

Es así, que unos principios sacralizados como inalterables, descubiertos mediante mecanismos mixtos de racionalidad, estudio jurídico de la tradición y constitución en misterios o tabúes inatacables, son necesarios para que el sistema consuetudinario y jurisprudencial sea, a su vez, un sistema seguro de libertad.

Las crisis económicas y el desempleo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Las inyecciones de nuevo dinero en la economía resultado de políticas monetarias expansivas conducidas por los bancos centrales son las verdaderas causantes del aumento masivo del desempleo en tiempos de crisis, y no un error de los animal spirits de los empresarios como pensaba Keynes.

Como ya señalamos, el nuevo dinero introducido por los mercados crediticios lleva a los tipos de interés por debajo de su nivel natural. Por un lado, esto desincentiva a los consumidores a ahorrar y, por otro, hace que las empresas emprendan nuevos proyectos de capital que parecen atractivos y rentables. En el momento en que el banco central reduce las inyecciones para no caer en inflaciones descontroladas, los tipos de interés se ajustan hacia arriba. En este momento los empresarios se dan cuenta que sus proyectos no son rentables, es decir, que han invertido mal los recursos. Deben liquidar sus proyectos, lo cual implica despedir a trabajadores. Por tanto, son los gobiernos y los bancos centrales los que han provocado este nivel de desempleo masivo al hacer que los empresarios reciban señales falsas debido a la expansión crediticia iniciada por el sistema bancario sin respaldo de ahorro voluntario.

Llegados a este punto, los trabajadores que se dedicaban a producir en las empresas más alejadas del consumo tendrán que ser recolocados en las empresas más próximas al mismo. Mientras esta recolocación de trabajadores y recursos no se produzca, la crisis no cesará. Cualquier otro intento de los gobiernos, los sindicatos y muchas empresas para evitar un descenso de los salarios y los precios nominales sólo llevará a incrementar todavía más el desempleo y a paralizar más la economía.

Los gobiernos deberían dejar de emprender proyectos de gasto público, ya que impiden que los trabajadores recolocarse en proyectos verdaderamente demandados por la sociedad. En este sentido, hay que eliminar la idea económica keynesiana de que "el Estado debe estimular el trabajo en tiempos de crisis aunque sea cavando zanjas para luego volverlas a tapar", ya que no se trata de producir por producir, sino de que la producción sea de utilidad para la demanda.

Si lo que se desea realmente es disminuir el número de desempleados, la solución pasa por reducir el gasto público, reducir los impuestos, reducir la deuda pública, y flexibilizar los mercados laborales (es decir, que estén libres de coacciones estatales y sindicales) para que no sean tan rígidos como actualmente. Sólo de esta manera se puede favorecer la imprescindible movilidad laboral que llevará a descender el número de desempleados y a superar esta dolorosa crisis.

Dios no viaja en autobús

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Richard Dawkins ha promovido una campaña que, antes de comenzar estrictamente, es ya todo un éxito. Consiste en ocupar el espacio de autobuses de medio mundo con el mensaje “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y goza de la vida”. En un principio, el autor de The God Delusion se había propuesto recaudar 5.500 libras esterlinas, y cuando iba por 135.000 se dio cuenta de que contaba con más apoyo del que creía. Los creyentes no podían cruzarse de brazos, claro está, y ya hay una campaña en marcha de signo contrario promovida por E-Cristians, pero que por el momento no se ha concretado.

Hay algo que siempre me ha llamado la atención de muchos ateos, y me sorprende más con el paso del tiempo, y es la virulencia con que inciden en algo cuya existencia, precisamente, niegan. No tiene porqué ser el caso de los partidarios de esta campaña, pero los hay que quieren acabar, apoyados en el poder de la política, con las manifestaciones religiosas de los demás, un comportamiento paradójico para quien se define como “librepensador”.

Con todo, desde diversos lugares, incluso amables con el liberalismo, se está viendo la campaña ateísta como un ataque. Las opiniones de los demás pueden provocar indignación, igual que las propias pueden encender los peores sentimientos en los demás, pero en ningún caso constituyen, verdaderamente, un ataque a las personas que no piensan del mismo modo. La suscripción del dinero es voluntaria, y si alguien quiere responder a la campaña debe hacerlo también con las fuerzas que sepa concitar voluntariamente.

Se toma esta campaña, asimismo, como un ataque contra nuestra civilización que, al fin, tiene raíces cristianas. Pero lo que se destaca es que esas raíces han creado la visión del hombre que incide en los valores de la vida, la propiedad y la libertad, el valor del individuo, su capacidad creadora y su responsabilidad. Bien está. Pero cuando aparece un ejercicio de la libertad de expresión, no podemos atacarla… en nombre precisamente de esos valores, sino en todo caso ponerlo como ejemplo de hasta dónde hemos llegado.

Todo ello es claro, en principio. Pero estamos tan acostumbrados al control político de las opiniones que nos encontramos con que el hecho de que un alcalde permita que en los autobuses exhiban este mensaje se convierte en noticia. ¿No debería ser noticia sólo que lo prohibiera? Si no queremos que los políticos controlen nuestras opiniones, no deberíamos mirarles a ellos cuando no lo hacen.

Los hijos bastardos de Saint-Simon

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace ya tiempo, nuestros líderes en el gobierno y en la oposición nos tratan de vender este "socialismo del siglo XXI" como un avance sin parangón en el universo del pensamiento político de hoy en día. Nos miran con la misma mezcla de sorpresa y suficiencia de un adolescente que trata de enseñar a un veterano rockero cómo suenan The Who.

Pero quienes trabajamos en el laboratorio de la historia del pensamiento tenemos la ventaja de que reconocemos el marketing de los cantamañanas que mal copian fórmulas ya extintas. Y en el caso de este nuevo socialismo, reconozco un tufillo saintsimoniano que tira de espaldas. Para quienes no conozcan a Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), este polémico autor francés era un visionario socialista, creó un movimiento político que derivó en una secta en las primeras décadas del siglo XIX en Francia y tuvo una repercusión enorme en el devenir de la Francia de su época.

Humanista, preocupado por la explotación de la mayoría desfavorecida por una minoría ricachona, creía en el progreso económico como motor del cambio. Industrialista, incluyendo en la industria al sector agrícola, abominaba de todo lo que recordara al Antiguo Régimen: los nobles (hay que recordar que él era conde), los curas, los propietarios rentistas, los militares y todos aquellos que se opusieran al establecimiento de un régimen más favorable a la economía y a la libertad. Saint-Simon abre el elenco de socialistas que defienden un liberalismo que les lleva a romper con los liberales, curioso fenómeno que nos llama la atención a más de uno. Estos defensores de la producción, del librecambio y de medidas económicas liberales mientras sea conveniente, conciben la libertad como un medio, no como un fin. Y esa es la razón que les enfrenta al liberalismo puro, el que entiende que la libertad como un fin en sí mismo, incluso si su defensa implica renunciar a una mayor riqueza económica.

Para Saint-Simon, la sociedad está organizada al revés y son los pobres a quienes se les obliga a ser generosos con los ricos. Según su propia metáfora, el arte de gobernar ha quedado reducido a dar las avispas (ricos/rentistas) la porción mayor de la miel fabricada por las abejas (productores). Para deshacer este desvarío, Saint-Simon propone la planificación. Cada año un gobierno de expertos profesionales de élite elaborará un gran proyecto de obras públicas que generará actividad económica en el país. Los empresarios aportarán sus capitales y recibirán su beneficio, no habrá paro, los economistas, ingenieros y hasta los artistas (¡ay, los artistas socialistas!) colaborarán al engrandecimiento de la nación. Se trata de concebir la organización como desarrollo de la producción, no como restricción. Su lema lo dice todo: a cada uno según su capacidad, a cada capacidad según sus obras, ¡no más herencias!

He de confesar que Saint-Simon es un personaje que siempre ha llamado mucho mi atención. La idea de que hoy en día los socialistas tratan de sustituir a la religión toma vida en los saintsimonianos, la secta uniformada de seguidores de este autor, que vivían su "religión laica" en Ménilmontant. Se podría pensar que esto no pasa de ser una anécdota, si no fuera porque hubo detenciones (defendían la libertad sexual de la mujer) y por el perfil de los seguidores de Saint-Simon. Lejos de ser una panda de locos, la mayoría de ellos eran ingenieros de mucho prestigio, como Michel Chevalier, uno de los encarcelados, que representa a la perfección el espíritu saintsimoniano, al menos en sus primeros años. Y junto a él, Prosper Enfantin, Gustav d’Eichtal, los banqueros y hermanos Péreire, y una infinidad de ingenieros, que se definieron saintsimonianos y ocuparon puestos de responsabilidad hasta la el último tercio del siglo XIX.

Este es el origen del socialismo "liberal", laico, universalista, humanista, pacifista y feminista que dicen-que-dicen que defienden nuestros políticos. ¿La diferencia? Los resultados. Fueron los saintsimonianos quienes propusieron abrir el Canal de Suez y el Canal de Panamá y presentaron sendos proyectos por primera vez, quienes impulsaron el establecimiento de una red ferroviaria con el capital privado de los Péreire, primero en Francia, y también un ferrocarril mediterráneo que bordeara la costa desde España hasta Turquía, la modernización de la banca en Francia y la creación de la banca mobiliaria, la reforma urbanística de París. Fue Michel Chevalier quien impulsó y firmó el tratado librecambista con Gran Bretaña conocido como tratado Cobden-Chevalier.

¿Y nuestros "socialistas" de todos los partidos? Para empezar, son políticos profesionales de relleno, no profesionales de élite encargados de la gestión, como pretendía Saint-Simon. Si se aplicara el lema saintsimoniano a nuestros gobernantes (del partido que sea), y se les juzgara por sus obras, probablemente estarían todos picando piedra. Se les llena la boca con las consignas del socialismo "liberal" francés, se centran en las consignas que les proporcionan votos y se olvidan de la esencia. Toman lo que les conviene (transgresión de la propiedad privada, gasto público, liberalismo convenido y utilitarista…) pero dejan de lado lo bueno que tenía este movimiento. Rizando el rizo pervierten el propio mensaje socialista del que pretenden ser sucesores.

Son los hijos bastardos de Saint-Simon.

Viejos males, viejos y equivocados remedios

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No hay crisis que no saque a Keynes a pasear. No hay crisis que no ponga la obra pública en el primer lugar de las soluciones mágicas que los políticos muestran con arrogancia. Tiene lógica, los gobernantes piensan en términos electorales y un voto es un ciudadano contento, pero sobre todo ignorante. Si la crisis, la misma que han generado los que ahora pretenden solucionarla, produce paro, entonces se crean puestos de trabajo por decreto, ya sea en forma de funcionarios, o ayudando a empresas "estratégicas" y amigas, o diseñando estupendos y megalómanos proyectos que seguramente serán la envidia de otros fervorosos intervencionistas. Y todo con el dinero arrebatado al ciudadano, al ignorante contribuyente que podría, con más efectivo en el bolsillo, capear mejor el temporal.

Las obras públicas nacen ajenas al mercado, su utilidad a largo plazo es dudosa y su capacidad para generar beneficios, escasa. Por poner un ejemplo, durante 2007 las empresas públicas de la Generalitat valenciana tuvieron unos ingresos que ascendieron a 936,30 millones de euros, mientras que sus gastos supusieron 1.760,19 millones, por lo que las pérdidas fueron de 823,89 millones. Si hacemos el esfuerzo de obviar que muchos de esos ingresos provienen directamente de partidas presupuestarias que el Gobierno valenciano adjudica, está claro que ninguna sociedad privada puede sobrevivir más de un minuto con semejante contabilidad. Un macroproyecto de ocio como la Ciudad de las Artes y las Ciencias tuvo durante ese año unos ingresos de 47,72 millones mientras que sus gastos fueron de 110,48 millones y uno de sus principales edificios, el Palau de les Arts, acumula un sobrecoste de 336% sobre el inicialmente calculado. Los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, citando ahora un caso más práctico, acumularon unas pérdidas de 89,90 millones y el Gobierno regional se plantea apostar por la gestión privada en algunas de sus líneas con la esperanza de recuperar parte de estas inversiones.

Pero no confundamos gestión privada con privatización. Estas líneas de metro y tranvía nacen de una decisión política y aunque la gestión sea más eficaz, no desaparecerán si las pérdidas se acumulan. De hecho, la ausencia de competencia y la imposibilidad de obtener un precio de mercado hace que la utilidad y la eficacia de estas iniciativas públicas sea imposible de determinar. Resulta indignante que mientras muchos comercios y pymes se ven abocados a bajar los precios de sus mercancías y servicios y reducir sus márgenes para sobrevivir, los precios que dependen de decisiones públicas suben en todos los casos.

Pero a pesar de todo, pocos dudan hoy de la utilidad de estas obras y construcciones. Para muchos, alguien tiene que construir carreteras, aeropuertos, grandes complejos urbanísticos, puertos, centros de producción de energía, líneas de comunicación, grandes proyectos hídricos o centros de ocio y cultura; y qué mejor que el Estado que (aparentemente) todo lo sabe. A la sociedad, al menos a la española, le cuesta mucho creer, porque no pasa de una cuestión de fe, que el mercado es capaz de crear todo eso y más, y que tiene suficientes mecanismos para aprovechar esas oportunidades que nacen de las necesidades de todos y cada uno de nosotros y no de la brillante idea de un político iluminado y que también tiene los mecanismos necesarios para que las malas ideas y las malas empresas desaparezcan y no se perpetúen como les pasa a las "empresas" públicas.