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La pandemia de los acuerdos preferenciales

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Los gobiernos han hallado un instrumento idóneo para planificar a su gusto el comercio internacional con la excusa de que las interminables rondas multilaterales del GATT-OMC no son eficaces para abrir los mercados. Se trata de los acuerdos preferenciales (PTAs, en inglés), generalmente bilaterales. Su proliferación se ha intensificado desde la década de los noventa.

Por definición, los PTAs discriminan a otros países. Con ellos los Estados crean una suerte de "clubes privados" de intercambio comercial, con beneficios y obligaciones reservados a sus miembros exclusivos. Invocan el libre comercio, pero no son más que puro diseño estatal de por dónde y de qué manera deben transcurrir los movimientos comerciales y de inversión de sus respectivos nacionales, en perjuicio de quienes no son parte de dichos acuerdos. Conducen a la fragmentación de los mercados y distorsionan el comercio mundial. Los responsables políticos tienen incluso la caradura de llamarlos acuerdos de libre comercio (FTAs, en inglés).

Con estas intromisiones se produce, entre otros efectos, lo que el economista Jacob Viner llamó desviación comercial (1950) en virtud de la cual un proveedor exterior eficiente puede ser (y generalmente es) sustituido por otro menos eficiente debido a las preferencias políticas otorgadas a este último.

Teniendo en cuenta que el 90% del comercial internacional es llevado a cabo por el 30% de los países de la OMC, no sorprende que los más activos patrocinadores de esta nueva forma de proteccionismo camuflado sean los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y los BRIC (aquellos que más pueden perder en una negociación multilateral y los que cuentan a sus espaldas con intereses y grupos de presión más poderosos). No obstante cada país y cada bloque comercial tienen su particular batería de PTAs. Actualmente se estima que más de la mitad del tráfico del comercio mundial se realiza en régimen preferencial.

Cada PTA está constituido por una maraña de interminables cláusulas farragosas que no sólo condicionan el comercio transfronterizo, sino que protegen industrias locales o productos "sensibles" (léase "políticamente sensibles"). Asimismo hay exclusiones para numerosos productos, especialmente los agrarios. Estos acuerdos se van renovando cada cierto número de años. De esta forma los burócratas complican considerablemente el entorno comercial creando una extensa madeja de reglas, normas técnicas, certificados de origen, estándares laborales, de patentes y medioambientales que sufren estoicamente miles de empresas en sus operaciones diarias de importación/exportación. La complejidad administrativa no crea riqueza alguna (más bien incrementa los costes de transacción) pero da poder a funcionarios y consultores que creen que el comercio es un juego de suma cero.

Con el total de los PTAs vigentes (en torno a unos 400) se está formando en el comercio actual una malla de relaciones preferenciales a modo de "tazón de espaguetis" que están erosionando, cual termitas, los fundamentos del comercio internacional no discriminatorio que se pretendió con la creación del GATT, tal y como nos lo recuerda Jagdish Baghwati. Irónicamente esta vía ya se contemplaba en el propio tratado fundacional con su evasivo artículo 24. No debemos extrañarnos; el GATT, luego transformado en OMC (1995), es una organización de representantes estatales y, por tanto, contrarios todos ellos a cualquier orden espontáneo de carácter evolutivo y proclives a crear más problemas que soluciones prácticas.

Como alternativa menos mala a los PTAs bilaterales, se nos dice, están los acuerdos regionales que tienden a la integración económica de áreas cada vez mayores: las zonas de libre comercio (NAFTA; CAFTA, ASEAN etc.) y, si incorporan una tarifa externa común, las uniones aduaneras (UE, MERCOSUR, etc.) pero no dejan de ser meros acuerdos o áreas preferenciales (esta vez multiestatales) que excluyen los intercambios libres con terceros.

Está claro que mediante los PTAs los gobernantes de cada país, faltos de la información necesaria para atender las verdaderas preferencias de los miles de millones de consumidores repartidos por el orbe, dirigen arrogantemente los flujos comerciales hacia sus propias preferencias y las de sus cabilderos para impedir que la vivificante competencia extranjera se introduzca libremente en cada "corral nacional".

El libre comercio no precisa de tratados; todo lo que requiere es remover (unilateral o multilateralmente) las barreras artificiales al comercio. El propósito del librecambismo no es mantener puestos de trabajos sino aumentar la división internacional del trabajo, amén de generar riqueza y bienestar humano allá donde se despliega. Tan sencillo y tan grandioso como eso.

Normas, propiedad y contratos

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El derecho de propiedad de una persona sobre un objeto significa que el dueño controla legítimamente ese recurso, que tiene el derecho a decidir qué hacer o no hacer con ello sin intromisiones violentas de otras personas. La propiedad es el ámbito de control legítimo de cada individuo, y tiene como límite la propiedad formalmente equivalente de los demás seres humanos: el propietario decide, los no propietarios no. Los derechos de propiedad bien definidos constituyen una partición del conjunto de las posibles entidades respecto a las cuales puede existir algún conflicto sobre su utilización: todas las entidades de usos potencialmente conflictivos tienen un solo propietario (no hay entidades sin propietario y no hay entidades con más de un propietario). Si el propietario es una persona individual, la propiedad sobre sus posesiones es plena o completa; si el propietario es un conjunto de personas, la propiedad es compartida.

El derecho de propiedad, el derecho a decidir sobre la realización de acciones con los objetos poseídos, es la norma fundamental de una sociedad libre, la regla básica por defecto, pero no es la única norma relevante posible. El derecho de propiedad puede considerarse como una metanorma (una norma de alto nivel de abstracción que indica cómo construir o generar otras normas más concretas): el propietario decide las reglas de uso de sus posesiones, expresadas mediante obligaciones o prohibiciones, que pueden ser absolutas (incondicionadas) o dependientes de alguna condición.

El derecho de propiedad es la norma primitiva a partir de la cual se generan otras normas derivadas. Es una norma abstracta universal, simétrica y funcional: se aplica por igual a todas las personas y sirve para la convivencia en sociedad. A partir de esta norma universal (y sus instanciaciones en individuos y objetos concretos) es posible construir normas particulares mediante contratos entre personas.

Un solo propietario puede establecer de forma unilateral normas de uso sobre su propiedad que sus invitados deben cumplir en dicho ámbito. También es posible establecer normas de forma bilateral o multilateral si un conjunto de propietarios establecen acuerdos sobre restricciones mutuas respecto a sus conductas y sus propiedades; estas restricciones pueden ser simétricas (si todos se obligan a lo mismo o se prohíben lo mismo) o asimétricas (se negocian unas restricciones para unos a cambio de otras limitaciones diferentes para otros).

En un lenguaje normativo adecuado es necesario referirse de forma completa a agentes, acciones y medios de acción. El derecho de propiedad parece referirse solamente a personas (dueños) y posesiones (objetos como medios de acción) ignorando las acciones, pero está implícito que la propiedad significa que el dueño puede hacer lo que quiera (actuar conforme a su voluntad) con sus posesiones (en el ámbito de su propiedad, sin agredir la propiedad ajena). La propiedad enfatiza la relación entre la persona y las cosas poseídas; la libertad enfatiza la relación entre la persona y sus acciones.

Los derechos de propiedad pueden transferirse plenamente y de forma definitiva (una compraventa) pero también pueden modificarse de forma parcial mediante acuerdos contractuales en los que dos o más partes pactan algo respecto a sus posesiones. Los contratos legítimos se basan en derechos de propiedad legítimos: pueden mencionar a otras personas o entidades, pero sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes. Los contratos son compromisos formales exigibles mediante el uso de la fuerza (lo cual es comprendido y aceptado voluntaria y libremente por las partes contratantes porque en eso consiste un contrato, no es una promesa informal o una mera declaración de intenciones no exigible). Los contratos generan de forma recíproca derechos positivos (a exigir lo pactado a la otra parte) y deberes (a cumplir con lo acordado).

Las compraventas son actos generalmente simples, puntuales y directos; son mucho más interesantes y complejos los contratos que se extienden en el tiempo y que se refieren a acciones de los contratantes en función de diversas cláusulas o condiciones. Aunque la propiedad es la norma fundamental de una ética de la libertad, es un error considerar que los contratos son simplemente transferencias completas de derechos de propiedad y que el único delito posible es el robo; en una sociedad compleja pueden ser mucho más importantes los problemas de incumplimientos contractuales.

Gracias por estos maravillosos años…

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Ya era hora. Gracias a los políticos y su infinita preocupación por el bienestar del pueblo, a su abnegación y su indudable capacidad gestora, los españoles (y los americanos y los europeos y los argentinos hace varias décadas) hemos vivido como ricos. En su conmovedor y loable afán por mejorar nuestra vida, por hacernos felices, por satisfacer nuestras necesidades, deseos y exigencias, la clase política española (y europea y americana…) no ha reparado en minucias para darnos al pueblo todo lo que nos merecemos.

Así, en primer lugar, los bancos centrales, preocupados por nuestro bienestar, nos han dado dinero barato, duros a peseta. Aquí empieza todo. Hemos podido comprarnos casas de 500.000 euros, viajar a Santo Domingo de vacaciones en vez de a Gandía, conducir impresionantes cochazos, BMWs, Audis, pantallas de plasma…

Y no sólo nos han dado duros a peseta a nosotros, sino a los gobiernos, tanto centrales como autonómicos y municipales. ¿Y los servicios sociales que gracias a este dinero regalado se nos ofrecían, se no regalaban? Educación gratuita desde el jardín de infancia a la universidad, sanidad gratuita y universal con los mejores especialistas y los mejores medios.

En cultura los españoles nos merecíamos lo mejor. Desde el más pequeño pueblo, donde gracias a subvenciones autonómicas o estatales se construía un impresionante auditorio donde se impartían clases ,por supuesto subvencionadas, para que todos los niños y adultos tuvieran la oportunidad de tocar el piano , aprender taichí o practicar capoeira, hasta en las grandes ciudades donde los alcaldes, volcados con el bienestar de su pueblo ,nos construían infraestructuras increíbles diseñadas por los más prestigiosos arquitectos , monumentos maravillosos, organizaban Expos, grandes premios de Fórmula 1, e incluso no reparaban en gastos por conseguir la organización de Olimpiadas.

El paro no era un problema. Y si alguien decidía no dar golpe, el Estado rápidamente cubría sus necesidades. Y los trabajos eran estupendos. Por supuesto, millones de funcionarios en el sector público. En el sector privado, también fuertemente subvencionado, y con un dinero regalado, hemos sido asesores financieros, constructores, pilotos, profesores de tenis, publicistas, cineastas… Los trabajos peor considerados, los más duros y peor pagados no eran para nosotros. Con el dinero que nos han regalado los bancos centrales, hemos podido disfrutar de asistentas ecuatorianas, jardineros bolivianos, camareros rumanos, jornaleros magrebíes y albañiles polacos.

Y nos han cosido zapatillas en China, montado televisores en Malasia y fabricado chips en Taiwán. Y hemos comprado petróleo con estos euros para mover nuestros cochazos, para viajar a bajo coste por todo el mundo.

Realmente han sido unos años maravillosos, una auténtica Edad de Oro; hemos vivido los mejores años de nuestras vidas. Realmente hemos disfrutado de un nivel de vida que hace años sólo estaba al alcance de los ricos. Y llevados por nuestra soberbia, por ese dinero fácil que se creaba de la nada, incluso hemos decidido que íbamos a controlar el clima que hará dentro de cien años

Pero, ¡ay!, ahora nos toca pagar la cuenta. Y no les quepa duda de que la pagaremos, con dificultades, en algunos casos con muchas dificultades, pero acabaremos pagando; si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Y siempre podremos contar con el afán protector, desinteresado y solidario de los políticos que buscarán las mejores fórmulas para mejorar, incrementar y defender nuestro bienestar.

El retorno del fascismo económico

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Hace casi dos años, Jose Ignacio del Castillo diseccionaba en esta página las auténticas características del "fascismo", en un ejercicio de rigor intelectual muy oportuno para acotar con precisión el significado de una palabra que se ha convertido en anatema. Durante largos lustros las corrientes de pensamiento dominantes corrieron un tupido velo para soslayar que, en esencia, las políticas económicas fascistas guardaban extraordinarias semejanzas con los planes desarrollados por los gobiernos "progresistas" del presidente Roosevelt (New Deal) y los gobiernos socialdemócratas europeos de la posguerra. Reconocer esas similitudes situaría en una incómoda posición a una retórica habitual entre los socialistas de izquierda, que asimila capitalismo a fascismo sin ningún rubor.

De acuerdo a esa sistematización, un modelo económico fascista contaría con una producción y distribución de bienes planificada a través de la integración en federaciones sectoriales de productores y sindicatos de trabajadores, aunque nominalmente se mantendría la propiedad privada de los medios de producción. Un gobierno fascista recurriría a la inflación para financiar un ingente gasto público, a través de los déficit y una política monetaria expansiva y garantizar de esta manera, supuestamente, el pleno empleo. Se emprenderían políticas sociales de amplio alcance: educación, cultura y deporte públicos, fijación de salarios no referidos a la productividad, seguros sociales, etc. Y, finalmente, el sistema aspiraría a la autarquía, de suerte que el comercio internacional entre particulares dejaría paso a un militarismo expansionista para la obtención de recursos no disponibles en el interior; a una política de sustitución de importaciones o, en su defecto, de trueque, llevado a cabo directamente a nivel intergubernamental.

Pues bien, salvo el último –sin subestimar la influencia que pueden llegar a tener las ideas antiglobalizadoras durante esta depresión en ciernes– el resto de esos postulados se encuentran bastante desarrollados. Va a resultar que después del derrumbe del gigantesco gulag soviético, el fracaso inexorable de las medidas intervencionistas del Estado del bienestar da paso a las regulaciones más compulsivas de los regímenes fascistas, gracias a una casta de políticos y economistas irresponsables.

Si en lo político vemos como se despliega meticulosamente la estrategia posmoderna, los "planes de rescate" de la banca y de incremento del gasto público, acudiendo, de momento, al endeudamiento público más desbocado, albergan asombrosos paralelismos, salvadas las distancias, con las "soluciones" nazi/fascistas a la crisis del 29 del siglo pasado.

Ya Mises y Hayek enunciaron la cuestión clave: el fascismo no es sino una subespecie del socialismo. A pesar de la rivalidad entre los diversos partidos socialistas, todos coinciden en el último objetivo de sustituir la economía libre de mercado por el control totalitario del Estado. Por supuesto que los medios propuestos difieren en el grado de implacabilidad y consistencia con el que se quiere ejecutar el plan. Pero, como resumiera Mises en el prefacio de la segunda edición en alemán de Socialismo, el objetivo es que "los individuos dejan de decidir, comprando o dejando de comprar, lo que se va a producir y en qué cantidad y calidad. De ahora en adelante, el plan de excepción del Gobierno establecerá estas cuestiones. El cuidado paternal del ‘Estado del bienestar’ rebajará a las personas al estado de trabajadores fijos, obligados a cumplir las órdenes de la autoridad planificadora sin cuestionar nada".

Además de presentar análisis profundos sobre las particulares circunstancias actuales, conviene insistir en esta disyuntiva en estos convulsos tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora que los cantos de sirena estatistas quieren presentar por enésima vez la tercera vía para salir de una crisis a la que nos han abocado largos años de intervencionismo y de expansión monetaria, no serán suficientes las voces que responsabilicen de la depresión que se nos viene encima a las baterías de medidas impulsadas por los principales gobiernos del mundo.

Es cierto, como ha recordado Jose María Marco recientemente, que "la libertad económica ha sido rara en la historia de la humanidad y siempre, desde que existe, se le han buscado recambios". Esa constatación debe servir para redoblar los esfuerzos para defenderla por su propio mérito y como parte indisociable de la libertad de los seres humanos. Aun con todo, para evitar el desastre debe informarse al gran público de quiénes se benefician de los recortes de la libertad. Al mismo tiempo, las etiquetas adormecedoras que reparte la propaganda del nuevo movimiento neosocialista quedarán descubiertas como máscaras grotescas de un baile de disfraces.

De ahí la importancia de desenmascarar a los impostores, a los que se pliegan a su papel de gerentes de corporaciones afines al Gobierno y a los administradores de bancos que medran con las decisiones discrecionales del poder político, en lugar de centrarse en su imprescindible función de mediación financiera. No es por casualidad que muchas de las coartadas intelectuales de este exacerbado intervencionismo procedan de medios de comunicación privilegiados por el Gobierno.

Se ha llegado muy lejos en las falacias contra el liberalismo y el libre mercado. Prebostes políticos que han contribuido durante largos periodos a laminar su funcionamiento, se permiten responsabilizar de todos los males presentes a un inexistente libre mercado. Como si este estado de cosas no fuera consecuencia de las interferencias coactivas en las decisiones de millones de individuos. En el clímax del dislate, y dentro de lo que parece la contribución cañí a un programa de largo alcance, los iluminados locales proponen implantar en el mundo un corporativismo culminado por un Gobierno único mundial.

¿No es esto fascismo pasado por la túrmix?

La mentalidad en el desarrollo y sus consecuencias

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En el anterior artículo comentamos críticamente algunos sofismas que existen en el tema del desarrollo económico, y cuál es el enfoque teórico predominante (perspectiva de la función de producción). Lo contrapusimos con un enfoque que creemos es más adecuado: poniendo al ser humano y su innata creatividad empresarial en el centro del estudio (función empresarial), y analizar las interrelaciones que se producen entre éstos (instituciones), tanto en el ámbito pacífico del mercado en forma de transacciones voluntarias, como en el ámbito coercitivo del estado, en forma de regulaciones, leyes, etc.

Cabe preguntarse qué hay detrás de esta perspectiva teórica, si hay alguna base filosófica que de alguna manera sustente estos sofismas y los fracasos con los que se han topado los superorganismos de ayuda internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de este tipo de planteamientos económicos parece haber una mentalidad determinada que podríamos describir de diversas formas, todas complementarias: la pretensión del conocimiento o la fatal arrogancia (ambas expresiones de Hayek), o una especie de rebelión contra la humildad y modestia que el economista debería mostrar, especialmente en temas como el desarrollo (donde el desconocimiento sobre los órdenes que conforman las sociedades e instituciones objeto de estudio es mayor si cabe), aderezada con la creencia de que la sociedad es algo maleable que puede modificarse al gusto del planificador de turno (ingenieros sociales utópicos), donde los líderes y expertos (e.g. economistas) están en el centro de la historia pretendiendo llevarla por sus derroteros.

Estas descripciones implican el sesgo planificador de los teóricos que siguen este cliché: dado que el economista posee un conocimiento amplio sobre las circunstancias de la economía X, y la sociedad es algo maleable, éste tiene la necesidad (quizá moral) de aconsejar o exigir a los gobiernos de turno que apliquen las medidas intervencionistas que él crea convenientes para impulsar la ‘eficiencia’ del sistema y mejorar la sociedad desde arriba. Como se ve, la cuestión clave no está en las intenciones del economista: las leyes y teorías económicas no se invalidan con las buenas intenciones.

Esta mentalidad, no obstante, ha sido combatida por varios autores, entre los que figuran los economistas austriacos, y otros muy destacados como Peter Bauer, que tuvo que lidiar con los teóricos del desarrollo en una época en la que predominaba la idea de la planificación como vía de escape de la pobreza. Particularmente tuvo que enfrentarse con las ideas monstruosas de Gunnar Myrdal (Premio Nobel…), que proponía una fuerte y poderosa acción gubernamental para transformar radicalmente al hombre y a la sociedad con el fin de que estas sociedades avanzaran económicamente. Un autor más reciente es William Easterly, en concreto en sus discusiones con Jeffrey Sachs. El primero ofrece la alternativa al enfoque de los ‘expertos omniscientes’: una perspectiva evolutiva y del orden espontáneo, la que quiere y busca que el cambio se produzca gradualmente y desde abajo, cambiando primero las bases, no al revés; confiando en los "buscadores" de oportunidades (searchers) y no en los planificadores (planners).

Encontrando paralelismos quizá algo rebuscados, ésta es también la perspectiva de la intrahistoria de la que habló Miguel de Unamuno:

Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que… echa las bases sobre la que se alzan los islotes de la historia… Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia… Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua… es la sustancia del progreso.

 Y ejemplifica su preciosa narrativa: "No fue la Restauración de 1875 la que reanudó la historia de España; fueron los millones de hombres que siguieron haciendo lo mismo que antes".

Este enfoque, ya sea expuesto y defendido por los economistas austriacos, por Bauer, Easterly o Unamuno, es el que considero más adecuado no sólo para estudiar los fenómenos del desarrollo económico, sino también para ayudar eficazmente a los países más pobres, para que millones de personas puedan salir de la miseria más absoluta. Y fruto de esta mentalidad han surgido proyectos muy interesantes para ayudar a salir adelante a emprendedores de países en los que ejercer la función empresarial es harto dificultoso, así como tratar de ayudar a familias a nivel muy local. Unos ejemplos: GlobalGiving, KIVA, KickStart o The Ember Kenya Grandparents Empowerment Project, amén de proyectos de cooperación que existen al margen de la corrupción y el bombo de organismos burocráticos y ONG’s: proyectos de individuos anónimos de países prósperos que deciden dar un giro copernicano a sus vidas y dedicarse a trabajar para gentes de los países más pobres.

Desde el mundo rico se puede hacer bastante para ayudar a los más desfavorecidos en el mundo, aunque los determinantes del desarrollo deban nacer desde dentro y sin los cambios internos éste sea algo improbable. El camino a seguir, sin embargo, no parece consistir en continuar la senda anterior y aumentar la ayuda externa, sino en apoyar el espíritu empresarial de los más pobres a nivel local para que éste pueda florecer, ayudando a los propios emprendedores y tratando de conseguir que los gobiernos de sus países les dejen libres y garanticen cierta seguridad, y los gobiernos de los nuestros abandonen políticas que no hacen más que perjudicar a los más pobres del mundo, aquellos a los que dicen ayudar (con nuestro dinero).

Globalsocialismo: la gran amenaza del Estado mundial

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Del Estado-nación al Estado-global ¿Es factible? Por increíble que parezca ya hay propuestas serias sobre la mesa. En la actualidad, se aboga sin tapujos por la configuración de un organismo supranacional que, dotado de las herramientas coactivas básicas propias del Estado, logre imponer la utopía que ansía todo ente político. La implantación de un Gobierno mundial. El globalsocialismo toma forma.

La eterna lucha entre el individuo y el Estado (entiéndase éste por poder político) parece estar dando un nuevo giro de consecuencias imprevisibles. Durante los últimos meses, los dirigentes políticos y las instancias internacionales insisten en la necesidad de reformar el sistema financiero global, con la excusa de combatir una crisis económica que, curiosamente, ellos mismos han creado. La gran mayoría apuesta por incrementar la regulación existente. Es decir, por fortalecer aún más el papel del Estado en la economía.

Dicha iniciativa comienza a materializarse en propuestas de diversa índole que, sólo de imaginarlas, deberían desatar el terror entre los defensores de la propiedad privada y la libertad individual. Y es que la propuesta de un Gobierno mundial comienza a tomar cuerpo entre las elites políticas de nuestro tiempo, para desgracia y sorpresa de los fundadores del liberalismo.

Si la ONU, el Banco Mundial, el FMI e incluso la UE han sido objetivos frecuentes de nuestras críticas por su denigrante labor al frente de los asuntos de su competencia, imagínense por un momento la instauración de un todopoderoso aparato estatal a nivel mundial. Un auténtico monopolio en el ejercicio de la coacción política que, además, carezca de control alguno por parte de los ciudadanos de este planeta.

¿Imposible? Esto es, precisamente, lo que acaba de proponer de una forma más o menos articulada la nueva Fundación Ideas, perteneciente al PSOE y presidida por el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera. El primer documento elaborado por esta institución aboga por crear, a nivel global, los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el poder del Estado-nación: el control de los movimientos migratorios, la gestión y recaudación de tributos y la emisión de dinero.

Bajo el título Nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial, la citada fundación propone eliminar todo atisbo de paraíso fiscal antes de 2015. Desde 2001, la OCDE y el FMI han impuesto a estos refugios duras regulaciones bajo la amenaza de sanciones para que abran sus cuentas a los inspectores de Hacienda de los países desarrollados. No es de extrañar si se tiene en cuenta que estos paraísos concentran casi una cuarta parte de la riqueza mundial.

Sin embargo, la fundación de Caldera, en cuyas filas militan economistas de primera línea, va mucho más allá:”A partir de 2015, los paraísos fiscales quedarían completamente prohibidos, y los Estados que los mantuvieran serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales”. Para ello, “a nivel de la UE, se podría aprobar una Directiva sobre intercambio de información bancaria, suprimiendo el secreto bancario y estableciendo medidas severas de aislamiento financiero para los Estados que no quieran colaborar”.

Además, los distintos países deberían eliminar “el reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil; prohibir que las entidades bancarias tengan filiales o sucursales en dichos territorios; y establecer penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales”. Por el momento, la OCDE ya trabaja en la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales en la que se pretende incluir a Suiza en 2009.

La citada fundación también plantea crear un Fondo Monetario Global (FMG) con más competencias que el actual FMI. En concreto, este nuevo organismo “supervisaría el comportamiento de las entidades regulatorias nacionales”, así como a las entidades financieras que superen un determinado tamaño. Además, el FMG “tendría capacidad para proponer medidas de coordinación cambiaria entre las monedas más importantes del mundo”, y se encargaría de regular a las agencias de rating, que “deberían ser públicas, independientes y globales”.

No contentos con eso, los socialistas proponen crear un “Tesoro Europeo” que permita “respuestas coordinadas ante crisis sistémicas y estímulos presupuestarios para proyectos paneuropeos”. Para ello, dicho organismo tendría que financiarse con nuevos “recursos propios” como, por ejemplo, “impuestos de sociedades comunes para las empresas de dimensión europea; el IVA armonizado o impuestos a la contaminación ambiental”. De hecho, incluso, podría emitir “deuda propia”. Una opción que ya está siendo barajada por los principales líderes de la UE.

En esta misma línea, estos supuestos expertos apoyan el nacimiento de un “Supervisor Financiero Europeo” y “aumentar la coordinación mundial entre Bancos Centrales”. Es decir, un nuevo Banco Central Mundial. Por último, estos ladrones instan a los gobiernos del mundo a establecer “suelos impositivos” a nivel mundial.

En concreto, “niveles mínimos comunes de impuestos sobre sociedades y ganancias de capital que eviten la competencia a la baja (de tributos) y garanticen niveles suficientes de recaudación (fiscal)”. Y ello, con el loable fin de “generar expansiones del gasto público mundial” frente a la crisis.

Para terminar de cerrar este círculo ideado al más puro estilo totalitario y fascista, la fundación del PSOE aboga, ni más ni menos, que por una “Organización Mundial de las Migraciones, con el propósito de ordenar y coordinar los movimientos de las personas, en su calidad de trabajadores de un mercado global”.

Todo ello daría como resultado una “gobernanza global” a medida de los políticos para controlar las “finanzas globales”. Dicho de otro modo, las elites que nos gobiernan desean fervientemente la creación de un Estado mundial para tutelar a su antojo y despótico arbitrio la globalización económica que, durante los últimos años, tantos beneficios ha propiciado a los individuos. El nuevo proyecto globalsocialista ya está en marcha… ¡Para echarse a temblar!

Azpeitia y el camino de servidumbre

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En una sociedad que se puede decir está ya transitando el "camino de servidumbre" al totalitarismo, se pueden aplicar las refinadas reflexiones de Hayek y, especialmente, cuando se observa cómo dentro del nacionalismo "la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder".

Hoy en día, en la España de comienzos del siglo XXI, es prácticamente nula la protección de los derechos de los ciudadanos en muchas regiones. Así podemos observar cómo, en vez de aplicarse el Estado de Derecho y las instituciones, en vez de operar con toda contundencia política, policial y judicial contra los amorales actos administrativos nacionalistas o contra las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos del entorno nacional-socialista, nuestra casta de políticos prefiere seguir un lento proceso de rendición (negociación), sin percatarse que así se solucionaría en falso el problema debido al espíritu expansivo e insaciable del nacionalismo.

Si la actual inacción política se sostiene en el tiempo, nuestra democracia quedará herida de muerte y tan débil ante los terroristas que su chantaje a las personas de bien se producirá a perpetuidad. Por ello, es esencial aplicar el Estado de Derecho, pues sería un grave error ceder ante la presión terrorista, ya que significaría pagar un precio político a la violencia, mostrando una peligrosa hoja de ruta a las ideologías extremistas.

Más de 250.000 personas del País Vasco han huido hacia otras regiones de España para poder vivir sin estar permanentemente amenazados. Pero muchos otros ciudadanos soportan a diario la presión nacional-socialista, aprietan los dientes, luchan y resisten sobre el terreno. La violencia de los independentistas nacionalistas es implacable con ellos y se ejerce tanto en forma de actos administrativos de mandatarios intervencionistas como en actos terroristas contra sus negocios, familias y vidas.

Visto desde la distancia nos olvidamos de que el miedo y las sospechas atenazan a la población en aquellas regiones donde arraiga el terror nacionalista en actos tan cotidianos como caminar por la calle, estudiar en el colegio o la universidad, trabajar o, simplemente, realizar la compra. Es por ello que los ciudadanos con menor fuerza moral acaban cediendo a la coerción, optan por un silencio cómplice frente al colectivo totalitario y eligen arrastrar su vida sin libertad frente a los nacionalistas. Y, al no aplicarse correctamente el Estado de Derecho y las leyes, los peores acaban apoyando impunemente los atentados terroristas y las prebendas del nacionalismo separatista.

Sin duda, Hayek es absolutamente descriptivo al analizar cómo un colectivo totalitario alcanza el poder en un municipio, en una región o en una nación:

Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.

Hemos tenido un ejemplo reciente en la localidad de Azpeitiacon el asesinato de Ignacio Uría, justo antes de producirse el 30 aniversario de la Constitución Española de 1978, ya que permite retratar la grave enfermedad moral que provoca el sometimiento a la violencia sostenida en el tiempo. En la cafetería a donde se dirigía para su partida habitual, el tapete siguió sobre la mesa y los jugadores que lo esperaban no suspendieron la sesión, ni siquiera quedaron compungidos y apesadumbrados, simplemente miraron hacia otro lado y buscaron otro jugador que lo sustituyese, con una frialdad que refleja la renuncia moral que aqueja a una sociedad que ha descendido a los infiernos de la servidumbre al terrorismo y al colectivo nacionalista.

La inacción del Estado central, la propaganda y el control de los medios de información, así como la presión y el desgaste moral del nacionalismo han permitido que el ayuntamiento de Azpeitia esté gobernado por ANV (Acción Nacionalista Vasca); a pesar de ser un partido político ilegalizado y disuelto por el Tribunal Supremo por su "relación de sucesión o continuación" con el entorno nacional-socialista del País Vasco y por "constituir la candidatura" del grupo de asesinos terroristas ETA (Euskadi Ta Askatasuna), de ideología nacionalista y marxista-leninista.

Hayek se preguntaba por qué los peores se colocan a la cabeza de la sociedad, cómo ascienden políticamente las gentes con los principios intelectuales y morales más bajos, cómo las personas más dóciles y crédulas, sin firmes convicciones propias, se dejan embaucar por la utopía y por el nuevo sistema de valores morales colectivistas, repetido por la propaganda totalitaria. Y nos previene contra el hábil demagogo que busca un enemigo común en el "judío", el "kulak" o el "español", para aglutinar en torno suyo el odio tribal y captar la visceralidad más primitiva del colectivo. Y acierta de pleno cuando considera que existe una "tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista… al servicio de un grupo limitado,… como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo".

Al funeral por la víctima del terrorismo asistieron los principales líderes de esa casta política que, ante los constantes ataques de terroristas y de políticos nacionalistas, no defiende con contundencia los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

El silencio amoral de los ciudadanos de Azpeitia es sólo un síntoma de la grave enfermedad moral que padece nuestra sociedad. Y la renuncia moral del Gobierno y de los partidos de la oposición, con la única excepción de una diputada, retratan un régimen político corrupto que sólo piensa en medrar electoralmente, en mantener cargos y en intentar aparentar la moral y la dignidad que perdieron en el momento que dejaron de aplicarse la Constitución y las leyes que deben garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos no nacionalistas en muchas regiones de España.

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En defensa de la titulización

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Titulizar un activo consiste simplemente en realizar una emisión de deuda garantizada por los flujos de caja de ese activo con el objetivo de darlo de baja del balance (en realidad, una titulización suele serlo de varios activos a la vez). Por ejemplo, si un banco ha concedido una hipoteca de 500.000 euros, la tituliza si la "vende" en el mercado en pequeñas porciones, como cinco bonos de 100.000 euros, de modo que el comprador de cada bono adquiera parecidos derechos y riesgos a los que tenía el banco frente al hipotecado. Básicamente, equivale a empaquetar un activo (hipotecas, deuda de tarjetas de crédito, préstamos empresariales, préstamos para financiar la adquisición de automóviles…) y venderlo por trozos a distintos inversores (de una forma similar a como el capital de una empresa se divide en porciones y se vende a los accionistas).

El banco se beneficia de que normalmente paga por esos bonos un tipo de interés menor al que recibe por el activo titulizado y ello sin asumir riesgos, ya que los ha traspasado enteramente a los obligacionistas (por lo general el banco suele quedarse con una porción de la hipoteca, así que no elimina del todo el riesgo). Pero además, desde un punto de vista financiero, obtiene otra ventaja y es que puede reestructurar su balance. Al titulizar un activo, el banco percibe, de repente, todo el valor nominal de ese activo. Es decir, intercambia un activo inmovilizado (como las hipotecas) por un activo líquido, como es el efectivo.

Para los inversores, las titulizaciones son atractivas, ya que generalmente se estructuran por riesgos. Es decir, hay "porciones" del activo que son más seguras que otras (lo que significa que las más arriesgadas pagarán un tipo de interés mayor); en caso de que el hipotecado deje de pagar, las menos arriesgadas son las que primero cobran. Así, la titulización permite captar cuantías de ahorro dispersas con muy distintos perfiles de riesgo, incrementando el volumen de fondos para invertir.

Pero, sobre todo, el proceso de titulización que ha explotado en la última década supuso una oportunidad de oro para asentar el sistema bancario internacional sobre fundamentos más sólidos. Recordemos que la práctica bancaria tradicional consiste en transformar o gestionar los plazos de su activo para dar salida a su exigible a corto plazo; dicho de otra manera, endeudarse a corto e invertir a largo.

Los bancos acumulan, de este modo, un fondo de maniobra estructuralmente negativo (sus pasivos a largo plazo deberían financiar una porción de su activo circulante, cuando lo que sucede es que sus pasivos a corto financian casi todo su activo inmovilizado) que los aboca a la suspensión de pagos y, por la vía de la liquidación de su patrimonio, a la quiebra. Si el concurso de acreedores puede retrasarse de manera prolongada es simplemente por la existencia de bancos centrales que descuentan buena parte de los activos bancarios y favorecen una expansión crediticia que distorsiona la estructura productiva (ciclo económico) y el valor de la moneda (inflacionismo).

La titulización, como digo, supuso una oportunidad de oro porque habría permitido reestructurar el balance de los bancos y financiar todas o buena parte de sus inversiones con ahorro real (es decir, el que supone una renuncia a reutilizarse dentro del período de tiempo en que está invertido). En efecto, los bancos podrían haber titulizado sus activos a largo plazo emitiendo deuda con un vencimiento igual al del activo; de hecho, la titulización clásica consiste en encajar el plazo de ambos flujos de caja. De esta manera, los bancos habrían obtenido un activo circulante (efectivo) cuyo vencimiento pasaría a estar encajado con el de sus pasivos a corto (depósitos a la vista y otra deuda a corto) y los activos a largo plazo pasarían a estar financiados con el ahorro real que afluyera hacia las emisiones de deuda.

Es difícil que todos los procesos de titulización hubiesen concluido con éxito. Al fin y al cabo, la explosión que se ha producido en los últimos años ha estado en buena medida financiada con la expansión crediticia que llevó a cabo la banca de inversión (endeudándose a corto plazo en los mercados financieros y adquiriendo estas titulizaciones que no son más que activos a largo plazo). Sin embargo, sí habría permitido que grandes sumas de ahorro disperso afloraran en busca de las atractivas oportunidades que ofrecían estos activos, suavizando en mucho el necesario proceso de catarsis de la economía.

Ahora que la titulización está sometida a tantos ataques desde tan distintos frentes, conviene dejar claro la gran importancia que, correctamente implementada, tiene y sigue teniendo para el progreso económico (reunificación desintermediada de ahorro) y para la transición hacia un sistema financiero más estable.

Claro que este sensato propósito tuvo dos obstáculos prácticamente insalvables. El primero es que, de haberse llevado a cabo, los bancos deberían haber mantenido el circulante en caja (o en efectos comerciales a corto plazo) o bien devolverlo a sus depositantes, lo que en la práctica habría significado la disolución voluntaria del banco. Y el segundo, estrechamente relacionado con lo anterior, es que el mal uso de la titulización ofrecía oportunidades de ganancia mucho más importantes que el arbitraje de plazos tradicional. Pero de esto último nos ocuparemos en un próximo artículo.

Estado, Iglesia y coacción

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El paradigma austriaco se caracteriza, entre otros rasgos, por explicar la actividad económica echando mano de las causas endógenas del mercado y de la cadena de consecuencias que se producen cuando un agente externo, el Estado, interviene en él. La eficiencia dinámica que la función empresarial produce es alterada por el poder coactivo del Estado cuando interviene restringiendo la libertad e impidiendo que se genere la coordinación propia del empresario y que la consiguiente información llegue a los demás miembros de la sociedad.

El modelo teórico austriaco explica con precisión y realismo los procesos de mercado y las crisis que le sobrevienen cuando el Estado interfiere. Es quizá por eso que las generaciones sucesivas de teóricos austriacos han ido extrayendo la conclusión de que un ente tan perjudicial para la eficiente autorregulación de la sociedad sólo puede llegar a ser prescindible.

Así, L. Von Mises y F. A. Hayek, no quisieron dar el imprescindible paso a la supresión del Estado en sus propuestas. En sus análisis teóricos y sus presupuestos consideran al Estado como un obstruccionista del progreso económico y de toda idea de libertad pero al llegar a plantear su existencia la justificaban en torno a los consabidos papeles de suministrador de justicia y seguridad.

Es así que no quisieron aplicar su praxeología y su teoría de los procesos espontáneos a la provisión de seguridad y defensa, por ejemplo, de manera inexplicable. Si el mercado, en el sentido dinámico que los austriacos refieren, es el mejor proveedor de aquello que demandan los consumidores y es, por ende, capaz de satisfacer toda necesidad humana de manera dinámicamente eficiente, ¿por qué habría de ser la seguridad o la justicia excepciones a ello?

Una ulterior generación de discípulos de ambos, especialmente de Mises, sí han dado el paso necesario de prescindir del Estado. Rothbard, Hermann Hoppe y, en Europa, Huerta de Soto, lo han hecho en plena coherencia con el modelo teórico originario. Lo que traigo a cocimiento con este largo preámbulo es que, en condiciones de no-estado es necesario algo más que la mera confianza en los procesos espontáneos para configurar instituciones, proveer utilidades y sostener, a la vez, un derecho natural a la libertad.

El profesor Huerta define muy bien en sus artículos acerca de la eficiencia dinámica (ver la revista Procesos de mercado) cuando a la aportación sobre el evolucionismo espontáneo y el utilitarismo de las recetas austriacas es necesario insertar un componente ético iusnaturalista. Pero esta triple aportación (evolucionista, utilitarista y iusnaturalista) debe acompañársele de un mecanismo institucional que dé arraigo social a la ética de los derechos naturales a la libertad. Sin las líneas rojas que aportan los derechos naturales, la evolución espontánea puede deteriorar la libertad aunque siempre sea más lentamente que cuando lo hace el Estado. Además, sin ellas, un utilitarismo de corto plazo, de elevada preferencia temporal, puede aún en mayor medida, ser liberticida. Y, aquí está lo decisivo, no hay posibilidad alguna que nadie respete consistentemente el natural derecho a la libertad definida como autopropiedad y ausencia de violencia o de su amenaza sin unos incentivos y unas disuasiones.

El Estado entorpece el progreso material, como demuestra la praxeología y la teoría de los procesos espontáneos. También es un inexorable depravador moral desde el momento en que, para lograr el respeto a la propiedad, la conculca, para evitar los abusos, los produce y para lograr proveer unos servicios, impide que se generen otros. El Estado es, pues, una gran mentira, pero, ¿cómo asegurar la libertad natural en caso de poder limitarlo realmente? ¿Cómo incentivar el respeto a la libertad y disuadir de su vulneración en una minimización del estado y en la transición a esta situación? ¿Cómo aportar a los tribunales y a la jusrisprudencia libertarias una guía estable de interpretación jurídica libertaria?

La solución no viene de la imaginación constructivista, ni mucho menos, sino de la más antigua y civilizadora de las grandes instituciones históricas: la religión. Sólo si se sustituye la coacción violenta por la coacción incruenta o llamémoslo "el conjunto de incentivos y disuasiones" que proporciona la religión, con su anclaje sobrenatural y con sus valores y costumbres reiteradas aún sin ser totalmente comprendidas, puede la libertad sobrevivir.

Y cuando hablo de religión no me refiero a cualquiera, sino a aquella bajo cuya influencia se configuró la más completa idea de libertad: la religión cristiana y su institución más prestigiosa, la Iglesia Católica. Soy creyente, lo confieso, pero el argumento que aquí aporto en favor de una hegemonía cristiana como marco cultural para asentar el modelo austriaco de liberalismo tiene una lógica entendible por cualquiera.

La religión cristiana no es ajena a la evolución histórica, no obstruye esencialmente los procesos de mercado y aporta un fundamente ético de la libertad no presente en otras culturas o religiones. Cierto es que aún se deben depurar los dogmas cristianos relativos a la sociedad pero no cabe duda de que, con la teoría austriaca de la acción humana (vistas sus raíces profundas en el pensamiento católico hispano de los siglos XVI y XVII) y determinados documentos papales (la Encíclica Centessimus Annus) es más posible que imposible.

Por otra parte, la posibilidad de que haya un libertarismo legitimado socialmente en una ideología consciente y puramente racionalista, es una quimera. Como todos deberíamos ya saber, el racionalismo extremo y soberbio justifica cualquier cosa.

Simplificación normativa

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A la hora de emprender un negocio muchas son las preocupaciones que inquietan a los responsables del mismo. Toda labor emprendedora parte de una apuesta que realiza una o varias personas basándose en una idea. De alguna manera creen que es posible producir un bien o prestar un servicio que hasta dicho momento nadie lo había hecho, o de una manera superior a la de sus posibles competidores.

La mayor parte de estos emprendedores no tienen una formación extensa en leyes, ya que su conocimiento suele estar más centrado en la actividad sobre la que desea emprender el negocio, y no sobre los distintos aspectos legales que puedan afectar a la misma. Por tanto, la mayor parte de su esfuerzo va a ir enfocado a su actividad productiva, y a la búsqueda de posibles clientes que estén interesados en la misma.

Junto con este desarrollo de la actividad productiva y el contacto con el cliente, el emprendedor tiene otra serie de ocupaciones, como la búsqueda de personal, o de financiación para el proyecto.

Sin embargo, uno de los aspectos que más suele preocupar a los emprendedores son los requisitos legales que suelen existir a la hora de desarrollar la actividad, ya que muchas veces no existe relación aparente entre la actividad en cuestión y los requisitos legales a los que está sometida.

Antes de que un emprendedor inicie una actividad en España, sea cual sea ésta, ha de realizar diversos trámites ante la administración tributaria, notarías, el registro mercantil, la Seguridad Social y la concejalía de urbanismo del ayuntamiento donde se desarrolle la misma. Si se tratase de una actividad sometida a una legislación específica los trámites se complican aún más.

No obstante los trámites legales no acaban con el inicio de la actividad, sino que a lo largo de todo su desarrollo estarán presentes e incluso se incrementará el número de administraciones con las que el empresario deberá tener contacto.

Todos estos trámites tienen un coste para el empresario, ya que le suponen un gasto en asesores y en dedicación de tiempo. Además, el desconocimiento de las mismas puede llevarle a cometer errores con sus correspondientes sanciones.

Puesto que la actividad principal del emprendedor no debe ser la cumplimentación de trámites sino el desarrollo de la actividad de su negocio y la satisfacción del cliente, lo ideal sería que éstos fuesen lo más simples posibles, de tal manera que éste pueda dedicar todo su esfuerzo en el negocio. No obstante, no siempre sucede así, llegándose a duplicar muchas veces los trámites que hay que realizar, al tener que proporcionar la misma información ante administraciones distintas y de manera no siempre sencilla.

Una legislación simple, de fácil comprensión y tramitación evitaría al emprendedor cometer distintos errores ante las administraciones públicas, facilitaría su cumplimentación y aumentaría la seguridad jurídica al ser más comprensible. Además, podría dedicar una proporción mayor de su tiempo a los aspectos esenciales de su actividad, como la satisfacción del cliente, que es quien le proporciona los ingresos.