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Hay que abolir los Bancos Centrales

En un artículo anterior comenté que una de las condiciones para un sistema monetario sano era la derogación de la legislación bancaria y la abolición inmediata de los bancos centrales. Esto suele parecer una medida sorprendente e incluso extremista, ya que casi todo el mundo parece aceptar que el Gobierno debe ostentar el monopolio de la emisión de dinero. Sin embargo, bajo mi punto de vista, esto carece de base teórica: no encuentro ninguna justificación para este monopolio.

Y es que las crisis bancarias y crisis económicas de carácter cíclico son inseparables de la manipulación monetaria como ya vimos: las políticas expansionistas dan lugar a unos tipos de interés artificialmente bajos que crean la sensación de que hay un mayor ahorro disponible, es decir, que ha habido un cambio de preferencia temporal, lo que induce a que se invierta en proyectos antieconómicos.

La idea de fondo del paradigma dominante en cuestiones monetarias que impregna y justifica la intervención en este campo es que puede existir una adecuada manipulación de la oferta monetaria y los tipos de interés que fomente un crecimiento estable y sostenido.

El problema de esta idea es no entender que el tipo de interés es claramente un fenómeno de mercado. Es un importante precio de mercado que relaciona los bienes presentes con los bienes futuros. En los procesos empresariales de coordinación intertemporal tiene un papel protagonista porque regula la relación entre consumo, ahorro e inversión.

El ajuste de los comportamientos presentes y futuros lo realiza la función empresarial en el mercado de intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Es en este mercado en donde se fija el tipo de interés, y está constituido por toda la estructura productiva de la sociedad, en la que los ahorradores (oferentes o vendedores de bienes presentes) renuncian al consumo inmediato y ofrecen bienes presentes a los propietarios de los factores originarios de producción y bienes de capital a cambio de obtener un mayor valor de bienes en el futuro.

No importa si la autoridad monetaria decide expandir, contraer o dejar intacta la masa monetaria: cualquier decisión que tome distorsionará los precios relativos. Los dirigentes de los bancos centrales forzosamente se equivocan porque sus decisiones serán distintas de las que se hubieran adoptado en los procesos de mercado.

Además, decía Mises que ninguna ley económica es más impopular que esta: que los tipos de interés son, a largo plazo, independientes de la cantidad de dinero, porque ni siquiera la expansión de crédito más grande puede cambiar la diferencia de valoración entre bienes presentes y bienes futuros.

No se entiende como algunos liberales que se oponen a la existencia de órganos de planificación central cuyo objetivo es el de establecer los precios de distintos bienes y, sin embargo, deseen mantener los bancos centrales, que no dejan de ser órganos de planificación central que pretenden establecer tasas de interés. Hay que abolir los bancos centrales de la misma forma que se deben abolir cualquier organismo de planificación central.

Sencillamente, los tipos de interés son precios, y el mercado es el único instrumento que permite conocer cuales son las preferencias de los ahorradores y de los consumidores. Los bancos centrales han usurpado el papel del mercado en la esfera monetaria. No existe un criterio objetivo para fijar un tipo de interés. Por tanto, no se puede hablar de que los tipos sean altos o bajos porque no hay un punto de referencia que se pueda tomar para fundamentar esta afirmación. Conceptos como el “fine tuning” o la “cantidad óptima de dinero” carecen de sentido y deberían ser eliminadas de los manuales de economía.

El intervencionismo monetario no puede conseguir lo que se propone y está condenado al fracaso. No puede hacerlo porque no es teóricamente posible que los dirigentes y funcionarios de los bancos centrales dispongan de la información necesaria para dar contenido a sus mandatos. Por un lado, es lógicamente imposible debido a que la información relevante es práctica, se encuentra dispersada en la mente de todos los hombres de forma tácita y, por tanto, no es articulable. No puede ser formalizada y no se puede concebir la transmisión de esta información al órgano director. Y por otro lado, aunque fuera transmisible, el órgano de planificación central no podría asimilar e interpretar el inmenso volumen de información necesaria.

Lo único que se consigue con la existencia de los bancos centrales es provocar una generalizada mala inversión de los recursos y factores productivos e imposibilitar que se descubran las situaciones de desajuste que se dan en la sociedad. Por lo tanto, genera descoordinación y desajuste, porque los agentes actúan de manera contradictoria y sin darse cuenta de que cometen errores sistemáticos. Lo cual acabará en la falta de calidad de los bienes y servicios e incluso en problemas de escasez. Curiosamente, se utiliza esta descoordinación social para justificar ulteriores dosis de intervención.

Hayek señaló que un organismo monopolista único no puede poseer la información que permite determinar la oferta de dinero, y añadió que, “incluso si supiera lo que debe hacer en beneficio del interés general, habitualmente no estaría en disposición de actuar de ese modo”.

Y es que hay que ser muy ingenuo para creer que los funcionarios gubernamentales y los directivos de los bancos centrales son guardianes desinteresados de nuestro bienestar que no intentarán buscar privilegios y réditos políticos mediante el monopolio de la emisión de moneda.

En este sentido, la autoridad monetaria puede beneficiar a sectores o industrias por motivos políticos simplemente obligando a los bancos a ampliar el crédito a la vivienda o a la agricultura, por ejemplo. Otra manera de conseguir rédito político es seguir una política monetaria expansiva en los años electorales. De esta manera se consigue una reducción temporal del desempleo a muy corto plazo, que puede hacer que los votantes se decanten por el partido que está gobernando. Es lo que sucedió en la reelección de Nixon en 1972. Evidentemente a largo plazo este tipo de políticas son económicamente destructivas, pero pueden hacer que el poder político consiga su principal fin, que no es otro que perpetuarse en el poder.

Otro motivo para eliminar los bancos centrales es que no pagarán por sus errores como sí que lo haría un empresario o cualquiera de nosotros en un mercado libre. En este sentido, L. H. White comparaba su funcionamiento con el de un Imperio. La eliminación del monopolio de la emisión de dinero haría mucho más difícil el intervencionismo y control estatal de la economía.

La existencia de una sociedad libre implica necesariamente la compresión de los fenómenos monetarios. El desconocimiento teórico en este campo lleva a grandes dosis de intervencionismo y coacción estatal. De ahí que Hayek considerase que la historia es la historia de la inflación generada por los Gobiernos para su propio beneficio.

Es verdad que los fenómenos monetarios son mucho más complejos, abstractos y difíciles de entender que los de otros campos. Incluso un pensador de la talla de Hayek llegó a defender el monopolio gubernamental en materia monetaria en Los Fundamentos de la Libertad. Afortunadamente cambió su postura en su ensayo posterior La Desnacionalización del Dinero. Rectificar es de sabios, y Hayek lo era. ¿Lo seremos nosotros?

Confianza

Cuando uno habla con un experto en el sistema financiero y en la banca, a medida que corren los minutos tiene crecientes probabilidades de encontrarse con las varias posibilidades sobre la misma frase: “la banca se basa en la confianza”. Los políticos, lo vemos estos días en la televisión, mencionan una y otra vez la palabra cuando hablan del sistema financiero. “Podemos mantener plenamente la confianza en el sistema”. O “las medidas adoptadas por el Gobierno restablecerán la confianza en la economía”, etcétera.

Y tiene cierta lógica. Sólo que es una lógica perversa. Nosotros depositamos dinero en el banco y contamos con él con total disponibilidad. Pero el banco no lo mantiene en depósito, sino que lo presta al mercado. El cliente del banco que ha depositado su dinero cuenta con él como si estuviera todo a su disposición en cualquier momento. El empresario o inversor que ha recibido el crédito, como es evidente, cuenta con parte de ese dinero. De hecho, el banco se lo ha prestado. “Esa es la lógica del sistema”. Efectivamente, pero ¿qué recorrido tiene esa lógica?

Sin entrar en pormenores, lo que produce este hecho sencillo y a la vez complicado es que hay demasiados planes asignados al mismo dinero. “No puedes comerte la tarta y tenerla al mismo tiempo”, dicen en inglés, pero eso es exactamente lo que pasa con los depósitos prestados. Para el mismo dinero uno tiene unos determinados planes (mantenerlos como saldos disponibles en cualquier momento) y otros unos planes distintos (invertirlos). En todo ello subyace un engaño, porque los planes son incompatibles al mismo tiempo. Si se mantienen es, precisamente, porque los depositantes retiran habitualmente una parte, por lo que siempre hay otra que no retiran todos al mismo tiempo. Es aquí donde entra nuestra palabra: “confianza”.

Pues se dice que el sistema funciona porque reina la confianza en él y mientras ésta predomine. En su ausencia, quien se apodera de los depositantes es el “pánico”, por lo que la labor de las autoridades financieras y económicas, bancos centrales, ministerios y demás, pasa por insuflarnos confianza. Pánico bancario y confianza en el sistema son las únicas relaciones posibles del ciclo con las llamadas “teorías psicológicas” del mismo.

Pero hay un pequeño detalle, un hecho o más bien una relación que puede parecer irrelevante, pero que lo cambia todo. Y es que los “pánicos” tienen origen precisamente en ese divorcio, ese engaño que proviene de que uno y el mismo dinero esté en la mente de unos como depositado para acudir en cualquier momento mientras otros ya lo han comprometido en proyectos a varios años vista. Con el desengaño aparece la crisis económica y el temor de los depositantes de que un día su banco le diga que no puede retirar más que una porción de su dinero. De modo que la “confianza” no es suficiente para garantizar el sistema. Es un nombre paradójico para referirse a un engaño.

Bombeando liquidez… hasta la siguiente crisis

La actual inestabilidad del sistema financiero proviene de su pecado original que consiste en endeudarse a corto para invertir a largo. El cliente cuando deja en custodia su dinero de curso legal en el banco piensa que está suscribiendo un contrato de depósito cuando lo que realmente está haciendo, sin saberlo, es darlo en préstamo al mismo que, a su vez, lo presta raudo a diversos negocios, un mecanismo propio de la banca que multiplica los riesgos empresariales. Con este fraude se logra que crezca la economía, pero se distorsiona su estructura productiva. Históricamente esta creación de dinero fiduciario por parte de los bancos comerciales pedía a gritos la existencia de un banco prestamista (central) de última instancia. Cosa que sucedió invariablemente en todos los Estados (Panamá es la excepción).

Por si fuera poco, la imprudente expansión crediticia propagada recurrentemente por los bancos centrales induce a bancos, empresas y particulares a endeudarse y colocar recursos en proyectos de todo tipo que no siempre son rentables. La función empresarial queda cegada por la abundancia de crédito barato de nueva creación y, por tanto, se invierte y se apalanca en demasía en proyectos que no cubren las necesidades más urgentemente demandadas y valoradas por la sociedad. Estas numerosas “malinversiones” en determinados activos sobrevalorados crean las conocidas burbujas que acaban explotando. Es entonces cuando se impone en momentos de marea baja un ajuste doloroso, pero inevitable en aquellos negocios que –en palabras de Warren Buffett– estaban bañándose desnudos.

Sucede que cada vez que aparece en el sistema financiero una supuesta crisis de falta de liquidez los bancos centrales acuden en su ayuda con inyecciones millonarias de dinero fiat que, además de envilecer los medios de pago vía inflación, impiden que se aplique la disciplina de mercado, es decir, la expulsión de aquellos bancos que ante la sobrevaloración de sus activos o la falta de las necesarias provisiones han consumido su capital temerariamente. Quedaría así corroborado el dicho de que si te enjuagas la boca con bastante liquidez, puedes quitarte el mal sabor de insolvencia… hasta la siguiente crisis. Un sistema financiero permanentemente socorrido por el monopolio de la autoridad monetaria hace esfumarse la línea que separa claramente la iliquidez de la insolvencia. El shock financiero de dicho sistema está asegurado en forma de bomba de relojería.

Los bancos centrales son incapaces, por el contrario, de acudir con capital proveniente del ahorro voluntario de las personas, que es lo esencial en estos casos. Lo que sí logran es que los bancos se conviertan en un cártel imprudente que actúa en un entorno libre de riesgos al contar con un prestamista (público) de última instancia que vendrá siempre a rescatarlo.

Parece, no obstante, que hemos llegado a un punto de no retorno. Viendo la situación de desplome en Wall Street tras la quiebra de Lehman Brothers y el destape de masivos instrumentos de apalancamiento, el mencionado Buffett afirmó que le parecía estar en medio de una playa de nudistas. Los interesados achacan a la avaricia y falta de transparencia del mercado las graves deficiencias surgidas en la presente crisis cuando la realidad es que los excesos descubiertos son fruto de un sistema financiero corrupto y de malas regulaciones que promueven precisamente los estímulos incorrectos.

Las sobredosis de liquidez vertida en el sistema ya no hacen nada: el mercado interbancario por el que los bancos se prestan dinero entre sí sigue sin desatascarse. Los bancos, además de no fiarse entre ellos al ignorar el nivel de insolvencia de sus homólogos, guardan su poca liquidez para hacer frente a los vencimientos de plazos de sus propias deudas.

Los actuales planes de emergencia de los Gobiernos para salvar a la desesperada el sistema financiero van a intentar rescatar a cualquier banco en apuros con dinero del contribuyente y con deuda pública. La urgencia hace tumbar las barreras del sentido común. Se acepta incluso alegremente la entrada de los Estados en el accionariado de los bancos y la vuelta del nacionalismo económico. Medidas de épocas pasadas que han mostrado su ineficacia una y otra vez están ahora en boca de todos. Puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Si se suprimiera el dinero fiduciario de curso forzoso de monopolizada emisión por parte de los bancos centrales, si se impidiera a éstos manipular los tipos de interés artificialmente, si se aplicaran los principios de derecho en la práctica bancaria así como los de prudencia contable en la valoración de activos en los balances, si se diera libertad a los ciudadanos para decidir qué debe ser dinero y qué puede hacerse en cada momento con él, se lograría así que circulase un dinero más honesto que el actual, se entraría en una época de sano progreso, habría un deseable equilibrio entre inversión y ahorro, entre producción y masa monetaria. Se conseguiría –al fin– reducir los ciclos económicos (quiebras bancarias incluidas) tal y como ha explicado la teoría austriaca del ciclo económico de forma meridiana. También desaparecería, como por encantamiento, esa acuciante necesidad de incontrolada liquidez que padecemos desde que dejamos nuestro dinero en manos públicas.

La hegemónica corriente económica del mainstream actual no ha sabido prever ni atajar adecuadamente esta crisis financiera. Sus modelos teóricos se muestran incapaces de servirnos como herramientas para comprenderla. Han fracasado una vez más.

No hemos calibrado convenientemente las consecuencias de dar por sentado el que deba hurtarse al individuo su capacidad de elegir el patrón monetario más idóneo y el precio que debe tener el dinero en cada momento. Nuestro actual Estado-Leviatán se ha hecho con estos monopolios liberticidas (se proyecta incluso ahora fortalecerlos en la próxima cumbre de “hombres G”) que no hacen sino empobrecer y desestabilizar innecesariamente al conjunto de la sociedad civil. Es hora de empezar a cuestionarlos muy seriamente.

Educar en casa

Es la alternativa más apropiada para determinado tipo de personas: las que piensan que la educación oficial impartida en los centros que el gobierno controla, es decir, los públicos y los concertados, es adoctrinadora; o mediocre; o uniformadora; o progre; o retro. Educar en casa es la medida más fiel de la capacidad del ser humano para hacerse a sí mismo sin someterse a la propensión monocromática del Estado. No es la única alternativa que desde la confianza en sí mismo  se puede tomar, pero sí es la única que en el estado actual de omnipresencia educativa gubernamental, con acusados rasgos coactivos, se puede tomar.
 
El homeschooling no será nunca una opción mayoritaria. La división del trabajo, fruto de la innata división del conocimiento da como resultado una sociedad abierta y cooperativa en la que la variedad de opciones es poco menos que infinita. Cuando menos, incalculable porque, habida cuenta de la innata creatividad humana, las posibilidades que se ofrecen para educar y ser educado, aprender y ser enseñado, investigar y conocer o inventar medios para ello queda fuera de toda previsión.
 
No obstante, los obstáculos que los gobiernos oponen a que los individuos y  las familias se eduquen son tantos que las posibilidades creativas están severamente limitadas y penalizadas. Hoy día no es posible crear un colegio sin pasar por el aro de la normalización de sus programas. Sólo cabe mantener un grado estimable de independencia si el colegio en cuestión es enteramente privado, no subvencionado. Siendo así las opciones complementarias para definir las creencias o ideas son bastante más altas que en otros centros.
 
Los padres que apuesten por ese tipo de enseñanza, la privada, tienen el mérito de valorar el ideario escogido y la posibilidad de desarrollo coherente en grado suficiente como para pagar por él el precio libre establecido, sabiendo que más cerca de su casa hay centros que ofrecen un  producto educativo a precios cercanos a cero euros. Eso sí, la diferencia de calidad puede, en principio, estar en relación con la de precio. Pero, sea como sea, pagan doblemente la educación. Una vez, por la de sus hijos, haciendo uso bastante eficiente de su dinero. Otra, la de los hijos de los que utilizan el sistema subvencionado o público, por la vía tributaria, de la que no es posible librarse, haciendo un uso improductivo de él.
 
Sucede, empero, que el número de centros enteramente privados es muy pequeño porque la capacidad de ese ámbito de mercado libre está enormemente restringida por el macro-desarrollo del sector gubernamental. La competitividad en el sector verdaderamente privado es mínima y, a pesar de su financiación autónoma, no está exenta de regulación. Los planes de estudio están intervenidos y vigilados y la LOGSE-LOE también les afecta.
 
Es por todo ello que el ámbito de libertad, la acción libre que burle al sistema y huya de sus ineficiencias queda casi exclusivamente en el área de la escuela en casa. Una familia con fuertes convicciones de cualquier tipo, muy probablemente religiosas, o meramente libertarias, o con un ideal científico, o de calidad, sólo puede educar a sus hijos de manera que abran antes éstos un campo de creatividad, descubrimiento del mundo y apertura a áreas vedadas a los "hijos del gobierno" si lo hacen en su casa. No es tan difícil. Puede hacerse. Sólo hay que aprovechar cierto vacío legal de la legislación española y cuidar que lo que enseñan a sus hijos en casa es, al menos, análogo a lo que los currículos oficiales prescriben.
 
Sobre este requisito de nivel no existe problema básicamente, porque unos padres responsables pueden, practicando el homeschooling, sobrepasar el nivel de instrucción de los escolarizados en el sistema estatal sin despeinar al niño o a la niña. Los niveles de aprovechamiento de una educación personalizada como la que ofrece la educación en el hogar son siempre mayores que los de un aula donde las familias han abandonado sus responsabilidades a unos profesores que, si no están perpetuamente cansados de su tarea, están mediatizados por unas exigencias formales y de contenido que alientan la mediocridad.
 
Piénselo y practique el homeschooling. Además de unos hijos abiertos al conocimiento y de ánimo libre, crecerá en usted una sensación sólida de orgullo por su aportación.

Los Hombres G del siglo XXI

Desde hace unos días, el Gobierno español y las fuerzas vivas de nuestra política parecen exultantes. Zapatero estará el próximo sábado en Washington para asistir a la reunión del grupo de los G-20. ¿Hay que acompañarles en el regocijo? No sé. Me parece muy descarado felicitar a alguien por su fabulosa “labor de pasillo”, por el “peloteo” recompensado. Antes de hacerlo me gustaría saber cuánto nos ha costado en euros a los españoles las llamadas, viajes y reuniones. Si el esfuerzo mereció la pena o no, lo sabremos el domingo cuando comprobemos la oportunidad de la presencia de Zapatero, la relevancia de sus aportaciones y la influencia real que tienen en los miembros por derecho propio del G 20.

La causa última aducida por el Ejecutivo socialista para este tráfico de influencias a cara descubierta es que España “debería” estar en ese grupo por su relevancia en el mundo. Estoy de acuerdo con Fernando Díaz Villanueva cuando considera que es la falta de espíritu lo que explica la poca influencia de España en el mundo en los últimos tiempos. Pero, además, es importante señalar que no estamos en el grupo de los 20 porque no tenemos que estar. En caso contrario, nos hallaríamos ante la evidencia de que la Unión Europea es una pantomima, cara, esos sí, pero sin razón de ser.

El origen de los G-20 lo constituyen el G-8, la Unión Europea y los países emergentes. Y España ya está representada por el enviado de la UE, como el resto de los 25, y no cabe considerar a nuestro país como uno de los emergentes. ¿Podría aducirse que deberíamos estar en el G-8? Eso es harina de otro costal.

Este grupo se formó entre 1973 y 1977 y agrupaba a los países más desarrollados. Más adelante, una vez cayó el “muro de Berlín” se unió Rusia poniendo de manifiesto la nueva realidad económica y política. Los miembros del G-8 son, además de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y Canadá. Uno de los argumentos del presidente Rodríguez Zapatero, hacía referencia a que en términos de PIB, España está por delante de Italia, por ejemplo. Sin embargo, el desarrollo y la influencia económicos no se miden solamente a partir del PIB. Ya puestos, hay que recordar que Italia tiene un PIB a valores de Paridad del Poder Adquisitivo mayor que el nuestro desde hace unos años, de acuerdo con los datos de Fondo Monetario Internacional.

Pero, me pregunto, en cualquier caso, ¿por qué no se ha presionado tanto para que España se incorpore a este selecto grupo antes y es precisamente ahora?  La respuesta es inmediata: por la crisis. Se trata de una reunión en la que se pretenden redefinir los términos en los que se desenvuelve el mundo financiero mundial, se intentará ofrecer una respuesta común a la crisis mundial, se habla de un nuevo Bretton Woods. La expectación es lógica. Todos quieren estar. Y España también. Lo que me preocupan son dos cosas.

Primero, no es muy digno asistir a una fiesta sin haber sido invitado, sino después de una cadena de súplicas y peticiones para figurar, por muy importante que sea “salir en la foto”. Segundo, y esto es aún más grave, si el argumento es que Francia ocupa dos lugares por ser Sarkozy presidente de Francia y presidente (por turno) de la Unión Europea, ¿por qué habría de ser España quien represente a la Unión Europea? ¿No debería ser Durao Barroso, como presidente de la Comisión Europea o Václav Havel  como presidente entrante? ¿No sería más razonable que alguno de los países del Este, o Irlanda, o alguno de los países nórdicos reclamara su presencia?

La única respuesta a esta paradoja es que no nos sentimos representados por el enviado europeo. Y en ese caso ¿qué sentido tiene nuestra pertenencia además de recibir fondos hasta que se acabe la leche de la ubre europea? Ninguno. Y cerrando el razonamiento: esa es la razón por la que no deberíamos estar en la cumbre de los 20. Somos un país “buscador de rentas”, no aportamos nada, estamos representados como mediterráneos, latinos, europeos… pero queremos ir a toda costa para ver qué podemos rascar. Esa es la relevancia de España en el mundo y ese es el espíritu europeo de nuestros dirigentes.

Los Hombres G son un grupo pop que tomó su nombre del apodo con el que se conocía a los agentes especiales del FBI en Contra el Imperio del Crimen. Hoy podríamos hablar de los 20 hombres G del siglo XXI para designar a los presidentes de grupo de países que se reúnen para tomar decisiones de gran calado. ¿Podría nuestro presidente ser un nuevo Hombre G?

Ya imagino a Zapatero ante el micrófono expresando su preocupación por los pobres y por la paz mundial. Tendría más sentido proponer su candidatura a Miss G-20. No lo haré, no quisiera influir con mi opinión en la marcha de la reunión del sábado… los Blanco somos así.

De la sociedad civil a la sociedad unitaria

En contra de lo que se presupone, la Gestapo no era una policía especialmente eficiente. No tenía los medios adecuados, ni humanos ni técnicos, para vigilar a toda la población alemana como la propaganda y en gran medida el cine nos ha dado a entender. Esto no quiere decir que no tuviera resultados satisfactorios para los gerifaltes nazis. La Gestapo, como muchas fuerzas de represión dependía de dos elementos esenciales, por una parte los confidentes, personas que, de forma voluntaria o coaccionados, investigaban para ella. Pero su mayor fuente de información provenía de la sociedad, de personas anónimas que por diversas razones, desde la fe ciega a la simple animadversión, denunciaban a sus vecinos, amigos e incluso familia. Este modelo se repetía en mayor o menor medida en la dictadura estalinista y a lo largo de la historia en todos regímenes totalitarios. Podemos pensar que se circunscribe a las sociedades totalitarias, pero estaríamos equivocados.

Es evidente que ninguna sociedad occidental va a tener un régimen represor parecido a los descritos, pero sí que es posible que las instituciones que forman el Estado articulen normas, protocolos y leyes que eviten que la sociedad civil desarrolle actividades e incluso ideas que puedan perjudicarles. Los gobiernos y los estados bregan mucho mejor con una sociedad civil inactiva y apática que con una que tenga sus propias inquietudes, opiniones y que a través de mecanismos institucionales y sociales, vigile, corrija o incluso derribe gobiernos y estados que se extralimitan en las funciones que se les han encomendado.

La coacción a través de la ley sería la manera más evidente, pero esto, aunque plausible y usado de vez en cuando, genera un descontento evidente y peligroso para los gobernantes. Dentro de esta idea, lo más práctico es la creación de una Constitución que sirva como marco para las leyes, instaurando así una justificación básica. Tal es el caso de los regímenes de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero si se viene de una dictadura, esta norma intervencionista es fácilmente aceptada, como en el caso de la Constitución española que tiene puntos muy discutibles desde el punto de vista de una sociedad libre.

Sin embargo, existen otros medios más eficaces para cambiar el paradigma, para alterar la base que permitirá que los ciudadanos terminen aceptando sistemáticamente una situación que limita su propia libertad. El control de la cultura, a través de subvenciones, apoyo a ciertos movimientos culturales o la creación de una cultura "oficial", pero sobre todo de la educación es esencial para que los futuros ciudadanos se hinquen de rodillas voluntariamente ante el poderoso.

La educación es un derecho que se viene justificando desde hace décadas, su control político una realidad evidente. La necesidad de una educación pública y "gratuita" se traduce en la creación de un gran instrumento de adoctrinamiento colectivo. Resulta significativo como aquellos que deploraban en España la educación pública franquista, con sus principios morales y éticos, alaben ahora la educación pública democrática, con sus distintos pero únicos principios morales y éticos; se ve que sólo son partidarios de que el monstruo trabaje para sus fines.

Una moral oficial es un elemento esencial en el trayecto que va de la sociedad civil a la sociedad unitaria y una moral oficial es la única justificación necesaria para hacer aceptable cualquier medida. Los propios ciudadanos se encargarán de hacer la labor sucia al Estado, criticando e incluso persiguiendo a aquellos que no quieren aceptar el estatus quo. Y todo ello dentro de una sociedad democrática, legal y occidental.

Redistribución de talentos, inteligencia y guapura

Las declaraciones de Obama hace siete años favorables a la redistribución masiva de renta han levantado polvareda en Estados Unidos. En España nos sorprende que tantos americanos pongan el grito en el cielo ante esta clase de opiniones, pero si estuviéramos menos ofuscados por eslóganes emocionales entenderíamos que ésa es la reacción más sensata.

El argumento práctico en contra de la redistribución de rentas es simple y contundente: la redistribución implica que unas personas reciben un volumen de riqueza superior al que generan como productores a expensas de otras personas a quienes se confisca parte de lo que como productores les corresponde. De este modo deviene relativamente más gravoso obtener renta produciendo y relativamente menos gravoso obtenerla a través del Estado, por lo que se incentiva lo segundo en detrimento de lo primero.

Los igualitaristas a menudo arguyen que estas consideraciones prácticas son secundarias, pues la ética exige que sacrifiquemos algo de "eficiencia" en ayuda de los más necesitados. En concreto, el progresismo más ilustrado (Rawls, Dworkin) plantea argumentos como éste: la desigualdad que es fruto del esfuerzo y las decisiones personales es legítima, la desigualdad que es fruto del azar y los talentos innatos es ilegítima y debe intentar corregirse. Este planteamiento equipara justicia con mérito.

Más allá de la dificultad de separar las decisiones personales del azar o el talento innato (¿es Rafael Nadal rico porque se ha esforzado o porque nació con talento?) cabe cuestionar la premisa: ¿por qué es injusto aprovecharnos de los talentos, características, circunstancias, etc. que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance? No es cierto que nuestras intuiciones morales apunten en esa dirección. La gente vincula el mérito con la justicia en muchos casos, pero no lo hace en muchos otros. También cree que el azar juega un papel importante y legítimo en la vida, y procura sacar partido a sus atributos, talentos y circunstancias sin sentir remordimientos por ello. De hecho es difícil reconciliar nuestra individualidad y sentido de la existencia con la idea de que nuestros talentos y características innatas son en cierto modo indignas y necesitan de represión y correctivos.

Con todo, no está claro que la equiparación de justicia con mérito lleve a conclusiones redistribucionistas, pues el beneficiario del aparato redistributivo aún ha hecho menos méritos para recibir subsidios. Si despojamos el argumento de florituras se reduce a lo siguiente: un individuo con menos talento o en circunstancias precarias puede amenazar con violencia a otro individuo inmerecidamente más rico (como consecuencia de su talento, suerte, etc.) para quitarle parte de su riqueza, aunque aquél haya hecho aún menospara merecerla.

La defensa meritocrática de la redistribución tiene otras implicaciones incómodas para sus proponentes. Imaginemos un mundo en el que podemos transferir nuestros componentes físicos a otras personas mediante procesos quirúrgicos. En este mundo, de acuerdo con el principio de que la desigualdad innata es injusta y debe corregirse, deberíamos redistribuir los atributos físicos de nuestro cuerpo: los guapos deberían transferir, bajo coacción, parte de su belleza a los feos; los atletas deberían transferir parte de su agilidad y fortaleza a los minusválidos. En definitiva, en ese mundo los progresistas deberían estar a favor del igualitarismo físico.

Corregir la desigualdad física, genética y psíquica, debería ser en realidad su política preferida en un mundo donde tal cosa fuera posible, pues la desigualdad física es el origen de la desigualdad de rentas que pretenden corregir. Si un individuo ha obtenido una gran fortuna como resultado de su innato talento e inteligencia, podemos redistribuir parte de su fortuna a quienes tienen menos, o podemos atacar la fuente y redistribuir parte de su talento e inteligencia a alguien sin talento y con un IQ bajo.

Los progresistas pueden consolarse pensando que el igualitarismo físico es hoy en día ciencia ficción (aunque con el desarrollo de la eugenesia quizás deje de serlo pronto). Pero el propósito de este experimento mental es averiguar si el igualitarismo físico, con independencia de su viabilidad, es moralmente deseable. O, más específicamente, si el argumento meritocrático a favor de la redistribución implica la deseabilidad del igualitarismo físico. Encerrar en un gulag a todo el que crea que Dios existe también es materialmente irrealizable, pero considerar esta idea deseable o que tu razonamiento conduzca lógicamente a ella ya es lo bastante preocupante.

La próxima vez que un progresista defienda la redistribución de rentas deberíamos preguntarle si estaría dispuesto a renunciar a su talento, guapura o inteligencia en favor de quienes no tienen esos atributos. Se encontraría entonces en la tesitura de abrazar el igualitarismo físico o rechazar el igualitarismo material. Y con un poco de suerte vencería el sentido común.

Justicia, eficiencia y Estado de bienestar

Félix Ovejero y José V. Rodríguez Mora pretenden que la igualdad de oportunidades conseguida mediante la redistribución coactiva de riqueza por el Estado de bienestar es eficaz. Pero va a ser que no. Llaman la atención sobre el hecho de que "cuando llegan las recesiones algunos aprovechan para atizarle al Estado de bienestar". Pues resulta que algunos otros le atizamos ayer, hoy y mañana, y lo hacemos porque es fraudulento, ineficiente y contrario a principios éticos fundamentales como la libertad (o su contrapartida el derecho de propiedad) y la responsabilidad personales.

Comienzan estos dos profesores criticando la visión anarcoliberal del Estado como "ladrón y prepotente". Según ellos es "una ingenuidad" porque "el único paisaje sin instituciones, el paisaje natural, si es que algo así tiene sentido, es el que llevaría a que los energúmenos, solos o en bandería, impusiesen su voluntad". Se trata de argumentos viejos y pobres. Confunden las instituciones, que surgen espontáneamente de la sociedad (lenguaje, derecho, dinero) con el Estado (la sistematización monopolística de la violencia). Y asumen que sólo hay dos opciones: o individuos sueltos, desorganizados y sometidos por un lado; o estados que garanticen la defensa contra los "energúmenos" por otro. Lo cierto es que una asociación defensiva que se construya desde abajo mediante contratos libremente pactados de forma voluntaria e individual es muy diferente de una entidad estatal que reclama para sí misma el poder final sobre un territorio y unos súbditos, y que o resulta ineficiente en sus tareas o incluso suele estar controlada por esos mismos "energúmenos" a quienes dice combatir.

Y es que "la compleja trama que garantiza las transacciones y los derechos en el mercado" no es lo mismo que un Estado, y a menudo son opuestos: existe ley sin Estado (véase la historia de la ley mercantil, por ejemplo), y no hay que buscar mucho para encontrar las abundantes agresiones legislativas de los gobiernos contra el auténtico derecho. Los intercambios, los derechos de propiedad y la libertad misma resultan perfectamente imaginables sin intromisiones públicas estatales.

Estos autores ponen un ejemplo de justificación del Estado que en realidad sólo refleja que el derecho de propiedad (en este caso sobre el propio cuerpo) es inviolable y legitima represalias contra los agresores: "una trama que en ningún caso nos permite hacer lo que queramos con lo nuestro, como lo puede comprobar cualquiera que intente alojar su cuchillo jamonero (incluso el legítimamente adquirido) en el espinazo de algún conciudadano". En lugar de hacer la triste gracieta de referirse a la legítima posesión del arma del crimen, quizás podrían también aclarar qué pasa con los no conciudadanos, dónde empieza y dónde acaba un Estado y por qué: ese es un problema más profundo que quizás no han podido o querido ver.

Tras tropezar torpemente en su defensa del estado mínimo no dudan en enredarse aún más intentando agrandarlo. Según ellos no hay dilema entre eficiencia (se hacen un lío y en ocasiones la llaman eficacia) y equidad, porque se puede y se debe conseguir la igualdad sin renunciar a bienestar material. Para defenderse de las críticas liberales a la redistribución estatal construyen un fantasioso hombre de paja: "Esta cosmovisión entiende la vida como la ascensión a una montaña y la eficiencia como el tiempo empleado. El Estado, en su afán igualador, establecería unas reglas absurdas: lastrar a los veloces y librar de peso a los lentos. Con tales incentivos nadie daría un palo al agua".

En primer lugar, las leyes económicas son de tendencia: si se castigan los esfuerzos, la gente se esforzará menos (que no es lo mismo que no hacer nada en absoluto). Pero el error más importante es lo que falta en su irreal modelo: en el mercado libre los participantes no trepan ignorándose unos a otros, sino que cooperan constantemente en su progresión, de modo que los que son más ricos lo logran sirviendo adecuadamente a los demás.

No se trata de que "el coste de la igualdad es demasiado alto". ¿Demasiado alto para quién? A algunos les parecerá inasumible, otros creerán que merece la pena. Claro que "pudiera suceder que muchos individuos, incluso una mayoría, estuviesen mejor si se redistribuye: aun si el pastel resulta más pequeño, muchos pedazos serán más grandes. Se puede juzgar valioso mitigar las disparidades a costa de cierta riqueza". Efectivamente "no es insensato preferir un Estado redistribuidor", sobre todo cuando uno está del lado receptor de la redistribución; o si uno es un ingeniero social que desde su presunta superioridad moral no duda en destrozar la libertad y legitimar la violencia para conseguir su sociedad ideal, en la cual se imponen las preferencias de la mayoría pobre subsidiada sobre la minoría rica expoliada.

Naturalmente los seres humanos son diferentes, guste o no, en sus preferencias y sus capacidades, y parte de estas diferencias es heredada por transmisión genética, cultural o patrimonial. Los individuos construyen sus vidas partiendo de situaciones diferentes: al que no le guste puede reclamar a sus progenitores. Es problemático afirmar que "no se elige ser poco productivo"; a veces sí, a veces no, y los incentivos institucionales importan, y mucho.

Cuando se afirma que "no parece decente penalizar por lo que no se es responsable, por el mal fario de venir al mundo en la orilla inconveniente" se está confundiendo "penalizar" (algo negativo) con "no subvencionar" (algo neutro). Y miren qué interesantes son las argumentaciones que se consiguen mediante cambios por simetría: "no parece decente penalizar por lo que no se es responsable, por la buena suerte de venir al mundo en la orilla conveniente".

Estos dos igualitaristas engañan a saltos: comienzan con que "no es obvio que los costes económicos de la redistribución sean altos", luego proponen que "el saldo neto es difícil de ponderar, pero resulta improbable que los efectos positivos de la redistribución sean despreciables" y acaban con que "asegurar igualdad de oportunidades no es sólo justo, sino que además es enormemente eficiente". Así por la cara: primero distorsionan el concepto de justicia para equipararlo a igualdad (incluso hablan de "corregir desigualdades" como si estas fueran un error o imperfección) y luego olvidan explicar por qué si la redistribución es tan fantástica hay que imponerla por la fuerza y no puede uno negarse a participar. De hecho su cuidadoso olvido del análisis de la violencia en la redistribución es tan clamoroso que sólo se refieren a la fuerza para decir que "la debilidad del Estado de bienestar lo único que asegura es la fuerza de los privilegiados".

Le tienen bastante manía a lo heredado, sobre todo a la riqueza recibida, y nos avisan de que "son cartas ganadoras que ayudan a algunos a llegar los primeros, pero que no hay que esperar que estén en manos de los mejores jugadores" e "inducen a gente sin particulares talentos a ser líderes de la cordada". Y es que están muy preocupados porque quizás no sean los más hábiles los que tiren de todo el grupo que marcha unido en su fantasía colectivista. Podemos tranquilizarles sugiriéndoles que en una sociedad libre no están obligados a seguir a ningún líder, así que no serán tan tontos de ir detrás de quienes saben que son incompetentes. Y por otro lado en un mercado competitivo uno puede heredar la empresa de papá (o mamá, faltaría más) pero para permanecer al frente necesita continuar sirviendo a los consumidores, o sea demostrando constantemente la competencia para estar arriba y al mando. Las sociedades con mercados libres son muy dinámicas, premian el talento y se esfuerzan por descubrirlo: se trata de dar más oportunidades a quienes mejor puedan aprovecharlas; un emprendedor avispado y motivado no necesita ser rico sino convencer a los capitalistas para que inviertan en su proyecto.

Después de mostrar tan poca capacidad para las ideas, no sorprende que tampoco sean muy hábiles con la realidad empírica: "Sabemos sin sombra de duda que la movilidad social es notoriamente más baja en EE UU que en los países del Norte de Europa"; "las sociedades del Norte de Europa, donde el papel del Estado es notorio, alcanzan sistemáticamente un mayor nivel de vida". Sin sombra de duda repiten el topicazo habitual de los países escandinavos, que en realidad son más pobres, más homogéneos y más estáticos que los Estados Unidos.

Contra los Juegos Olímpicos de Madrid 2016

Cuando hace años un detestable político nacionalista catalán quiso lanzar su bilis victimista contra los ciudadanos de Madrid, y del resto de España, no tuvo otra ocurrencia que clamar por un boicot a la candidatura que el ayuntamiento de esa ciudad, con el alcalde favorito de los medios de comunicación dominantes a su cabeza, había lanzado. Como era de esperar su boutade concitó la unanimidad de todos los odios contra su persona, en dura puja con los ataques que por estos lares mereció el "atrevimiento" del príncipe Alberto de Mónaco cuando preguntó sobre las medidas de seguridad que la organización habría dispuesto para los Juegos Olímpicos de 2012, que, como se sabe, al final se celebrarán en Londres.

Pasado el tiempo, sin embargo, la postura del muy mejorable Carod-Rovira tiene mucho sentido. Pero, obviamente, por el bien de los madrileños y españoles en general. Podría tratarse de un caso en el que el camino del cielo se pavimentara siguiendo las malas intenciones de un sectario.

Recapitulemos. El Ayuntamiento de Madrid mantiene el nivel de endeudamiento más alto de los municipios españoles. Recientemente sus gestores anunciaron que acometerían distintos recortes de gastos en su presupuesto, pero que de ningún modo afectarían a los destinados a conseguir la elección de la capital de España como sede olímpica para el año 2016. La noticia tiene una trascendencia capital a medio plazo, no solo para los incautos que votaron al actual alcalde Alberto Ruiz Gallardón, sino para todos los españoles que, de una manera u otra, son obligados a sufragar los gastos de este Estado (compuesto de Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones). No en vano el alcalde ha conseguido dos proezas difícilmente superables. Su administración ha triplicado la deuda pública del ayuntamiento que preside en un periodo de cinco años y ha dejado por ortodoxos a otros gestores de ciudades que sin duda merecen el distintivo de despilfarradores, como son los regidores de Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza. La deuda del Ayuntamiento de Madrid iguala a la suma de todas estas mal gestionadas –y, sin embargo, entrañables– villas.

Si el año que viene los miembros de la comisión de evaluación del comité olímpico internacional así lo decidieran, empero, un enorme dispendio de recursos sería atrapado para ser transferido a toda la cohorte de contratistas que se beneficia de la redistribución de rentas en estos eventos. Lamentablemente, el proceso de selección de las ciudades candidatas para convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 se encuentra muy avanzado. Los términos de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Madrid en el COI no parecen reversibles a mitad de camino y, aunque las respuestas del Ayuntamiento de Madrid al cuestionario solicitado por ese organismo internacional adolecen de cierta indeterminación y mencionan la apertura al patrocinio privado para la financiación del proyecto, se parte de una premisa incuestionable: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España asumirán la responsabilidad por las deudas en que la organización de esas olimpiadas pueda incurrir.

Hasta los más avezados despilfarradores deberían reconocer que los ingentes gastos que comporta la organización de un evento de estas características no son asumibles por unos presupuestos públicos que van a arrojar unos déficit gigantescos durante la recesión económica.

Ya no es posible seguir el modelo de gestión y asunción de responsabilidades económicas que distinguió –con notable éxito, a pesar del boicot de la antigua Unión Soviética y sus países satélites– la organización de los Juegos olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Para empezar, el comité organizador fue fundado en junio de 1978 como una organización privada sin ánimo de lucro sometida a las leyes del estado de California, cuya independencia quedaba garantizada por la ausencia de representantes políticos en su consejo de administración y la prohibición de la financiación pública. Esos elementos constitutivos no fueron óbice para que el alcalde Tom Bradley apoyara las negociaciones de los gestores con el Comité Olímpico Internacional para conseguir sus objetivos. Meses más tarde, el pleno del ayuntamiento de esa ciudad aprobó una enmienda de sus ordenanzas fiscales que prohibió acometer gasto alguno en los Juegos que no tuviera que ser devuelto de forma vinculante. El marco legal, pues, forzó al comité organizador a autofinanciarse sin acudir a las subvenciones o los préstamos del gobierno local.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid creó la sociedad semipública Madrid 2016 para gestionar eventualmente la trigésimo primera olimpiada. Llama la atención que entre sus patrocinadores privados aparezcan conocidas empresas españolas cuyos nombres no sorprendería ver como contratistas y suministradores de la propia sociedad a la que patrocinan.

Sería preferible en circunstancias normales que los gastos y las potenciales ganancias o pérdidas de la organización de unos Juegos Olímpicos en Madrid hubieran sido asumidos por algún grupo de emprendedores. No hubiera comprometido forzosamente al resto de los ciudadanos el que las administraciones respaldaran ese proyecto con un patrocinio institucional gratuito, tan del gusto del protocolo internacional. Pero, dada la evolución de los acontecimientos, parece poco factible un replanteamiento de la candidatura. Si no quiere arrojarse aun más aflicción a las flacas cuentas de los españoles, el Ayuntamiento de Madrid debería renunciar a la organización de los Juegos de 2016. La Olimpiada puede esperar.

Crisis, pensamiento económico y futuro

 

La historia del pensamiento económico se reescribe en cada generación.
Mark Blaug en Teoría Económica en Retrospección

 

La crisis económica actual, además de todo el daño que está causando y va a causar irremediablemente, está dando muchísimo que hablar, generando divisiones y debates muy interesantes entre distintas corrientes teóricas del pensamiento económico, surgiendo, como consecuencia, muy diferentes recetas para suavizar o solucionar la presente situación.

Es muy probable que estemos en un momento histórico muy importante en lo que se refiere a la batalla de las ideas en el mundo económico, donde varios paradigmas teóricos compiten entre sí. Tal y como sucediera en la década de los 30 con las discusiones acerca de las causas de la Gran Depresión y las medidas para salir de ella entre, principalmente las de Keynes y Hayek, podemos estar en un momento crítico para el futuro del pensamiento económico.

En aquella ocasión fueron las ideas de Keynes las que ganaron el debate sobre las del austriaco, independientemente de quién tuviera razón. Esto pudo producirse por varias razones. En primer lugar, en esos años de aguda crisis lo más probable es que la gente prefiriera oír la visión de Keynes, que ofrecía soluciones fáciles y mágicas a corto plazo (un fantástico ejemplo de medidas a las que Hazlitt dedicó su lección) frente a un Hayek que sonaba muy pesimista. En segundo lugar podríamos considerar la posible falta de astucia a la hora de vender sus ideas tanto al público como en el mismo debate contra Keynes, además de la incomprensión y falta de claridad que podía despertar en sus colegas, causadas no solo por la dificultad de sus obras sino también por la ignorancia de éstos hacia la teoría del capital austriaca, punto fundamental que faltaba en Keynes y, dicho sea de paso, en los economistas mainstream actuales. En tercer lugar, las propuestas del británico daban manga ancha a los aspirantes a planificadores para llevar a cabo sus experimentos sociales. No en vano, Keynes llegó a escribir que su teoría general "se adaptaría con más facilidad a las condiciones que se dan en un estado totalitario que […] bajo condiciones de libre competencia y laissez-faire".

En el contexto actual, y siendo simplistas, podríamos clasificar las explicaciones teóricas acerca de la crisis en dos grandes grupos: los que creen, como Samuelson, que ha sido causada por el laissez-faire yanki y su simpatía hacia la desregulación bancaria y financiera (algo difícil de creer si se tiene en cuenta que EE.UU. está a años luz de algo parecido al laissez-faire) y los que piensan que ha sido todo lo contrario, es decir, causada por el intervencionismo en varias de sus manifestaciones.

Los primeros llaman a enterrar definitivamente el legado de liberales como Friedman y Hayek (fue Samuelson quien los puso en el mismo saco) y a introducir mayores regulaciones, mayor poder a autoridades públicas para supervisar, poner coto a la avaricia de los inversores y asegurar la transparencia del sistema financiero. En el plano más geopolítico, se hacen llamamientos a realizar planes de acción coordinados entre América, Europa y Asia. Dicho de otra manera, estamos vislumbrando peligrosamente los próximos pasos de gigante hacia un mayor poder estatal, quizás (aunque pueda sonar algo conspiranoico) poniendo unos cimientos más del futuro Gobierno mundial que algunos desean.

Esto último concuerda perfectamente con la teoría del Ratchet Effect de Robert Higgs, que se podría resumir en que las crisis, ya sean depresiones económicas como especialmente guerras, son el mejor aliado del crecimiento del Gobierno, tanto en su tamaño como en su alcance, debido a la gran capacidad de los gobernantes de aprovechar al máximo la la docilidad, el miedo y la incertidumbre de los ciudadanos en situaciones de crisis, prometiéndoles la falsa seguridad que ofrece el Estado a cambio de su libertad. Sin embargo, esto último no se suele mencionar y la alternativa de una mayor planificación se plantea como la única: "¡Tenemos que hacer algo!", claman los socialistas de medio mundo.

Muchas de las propuestas de los intervencionistas dan miedo. Pero el que nos adentremos unos grandes pasos más en el camino de servidumbre no es inevitable. Las crisis también pueden ser, aunque desgraciadamente pocas veces lo son, propicias para realizar reformas ambiciosas, como lo sería la necesaria reforma del sistema monetario y bancario. O para propiciar las primeras luces de un cambio de paradigma teórico. Y es que el aprender las correctas lecciones de la crisis actual puede tener implicaciones críticas para el futuro desarrollo del pensamiento económico, pero sobre todo y mucho más importante, para el presente y futuro bienestar y libertad de millones de personas, no solo en el mundo desarrollado, sino también en el Tercer Mundo.

Recordemos, para finalizar, las sabias palabras de Mises: "Todo se resuelve por la interpretación y explicación de los hechos, por las ideas y teorías […] Sólo las ideas pueden vencer a las ideas, y sólo las ideas del Capitalismo y del Liberalismo pueden vencer al Socialismo."