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Rajoy, el rojo

España se enfrenta a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. La destrucción de empleo, el creciente desequilibrio presupuestario y la intensa recesión económica acaban de dar comienzo y, por desgracia, contamos con un Gobierno que, además de mirar para otro lado, amenaza con subir los impuestos y disparar la deuda pública. Sin embargo, lo más preocupante es que carecemos de una oposición capacitada para afrontar el duro ajuste que sufrirán millones de españoles.

Resulta sorprendente y, sobre todo, triste, observar la escasa capacidad que muestra el Partido Popular a la hora de proponer alternativas realmente eficaces para atenuar los efectos de la crisis que se nos viene encima. Es indudable la desconfianza que inspira a todo liberal un Gobierno socialista al frente de una situación de estas características. Pero lo peor es que, hoy por hoy, no existe una alternativa real con el suficiente arrojo y valentía como para liderar desde el ámbito político los grandes retos y desafíos a los que se tendrá que enfrentar la economía nacional durante los próximos años.

Por citar tan sólo algunos ejemplos, España es uno de los países más vulnerables a la restricción de crédito internacional (credit crunch). Además, la banca del país y, sobre todo, las cajas de ahorro, precisarán recapitalizar sus balances conforme vaya aumentando la morosidad hasta niveles récord, debido a la elevada exposición de sus balances al desplome de la burbuja inmobiliaria. Por si ello fuera poco, nuestro mercado laboral es uno de los más rígidos del planeta, con lo que el incremento del paro está asegurado a medio plazo.

Nuestra alta necesidad de financiación exterior (déficit por cuenta corriente) y la escasa productividad e innovación propia de nuestra estructura productiva, junto al elevadísimo endeudamiento de empresas, familias, y ahora también Administraciones Públicas, colocan a España en una posición mucho más delicada que otros países de nuestro entorno.

Pese a ello, las medidas propuestas por el principal partido de la oposición, la formación de "centro reformista" que lidera Mariano Rajoy, no arrojan ninguna esperanza en cuanto a la aprobación de las reformas estructurales que, con gran urgencia, precisaría la economía del país para evitar, en la medida de lo posible, la sangría que está a punto de acontecer. Y es que, España, al igual que Estados Unidos, corre el riesgo de sufrir, no sólo una dura y prolongada recesión (al menos 12 meses, con tasas de crecimiento negativas), sino un largo estancamiento económico al estilo de Japón. Es decir, 10 años con avances del PIB próximos a cero.

¿Y qué hace el PP mientras tanto? Criticar la gestión del Gobierno, lo cual nunca está de más, pero ¿dónde está la alternativa? El PP acaba de proponer como medida estrella limitar el aumento del gasto público a poco más del 1,4% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Un ahorro próximo a los 2.000 millones de euros respecto al proyecto presentado por el ministro Solbes.

En un momento en el que los distintos gobiernos aplican inmensos rescates financieros e industriales de cientos de miles de millones de euros a cargo de los bolsillos de los contribuyentes, un ahorro presupuestario de 2.000 millones para las arcas públicas resulta, como mínimo, irrisorio, por no decir vergonzoso. Ni una palabra sobre la acuciante necesidad de reformar el mercado laboral para proceder a su total y completa liberalización, ni una reforma sustancial de la política fiscal con el fin de atraer capital extranjero y facilitar la creación de empresas y, por supuesto, no apostar en voz alta por la energía nuclear con el fin de reducir nuestra elevada dependencia energética.

Aunque eso sí. Ni una sola crítica oficial al paradigma del cambio climático no vaya a ser que los populares pierdan algún voto entre sus amplias filas ecologistas, ¿verdad? Siempre he considerado que en tiempos de crisis, como el actual, también surgen importantes oportunidades, no sólo a nivel económico sino también político. Pero el PP parece no enterarse, y prefiere esconderse bajo el abrigo de lo políticamente correcto.

Desde mi punto de vista, el inicio del fin del PP, tuvo lugar cuando el Gobierno de José María Aznar decidió dar marcha atrás al denominado decretazo que, lejos de cumplir los ideales puramente liberales, al menos apostaba por flexibilizar el pétreo ámbito laboral español.

Ha llegado, pues, el momento de posicionarse con claridad. Resulta más necesario que nunca apostar firmemente, y con convicción (cosa de lo que carecen los líderes populares debido a sus profundos complejos ideológicos), por la energía nuclear, la liberalización total del mercado de trabajo, una reducción histórica y sin precedentes a nivel fiscal (similar a la de Irlanda, aunque sería necesario ir más allá), una drástica disminución del gasto público mediante la privatización de la mayoría de los servicios (incluyendo la educación y la Seguridad Social), entre otras muchas medidas, como la liberalización del suelo y las reformas penales necesarias para garantizar la propiedad privada.

Por supuesto, nada de esto va a ocurrir. Es triste, puesto que asistimos a una nueva oleada de intervencionismo y proteccionismo económico que, en gran medida, amenaza con recuperar estructuras propias de un pasado oscuro y tenebroso, propio de bloques puramente socialistas. Por ello, apostar hoy en día más que nunca por el libre mercado, e, incluso, por qué no, por la instauración de un paraíso fiscal en la Península, dotaría a nuestro país de una ventaja competitiva respecto al ámbito internacional única en la historia de nuestra joven democracia. Sin embargo, mientras Rajoy, el centrista rojo, lidere la oposición, España seguirá careciendo de una alternativa política real capaz de facilitar la vida a los ciudadanos y la actividad económica a las empresas de este país.

Banca y sanidad: “liberalismo” suicida

La tercera vía, entendida como alternativa intermedia entre el libre mercado y el dominio público puro, es una opción condenada al fracaso. Es más, el intento por dar viabilidad e introducir dinamismo en sectores de intervención pública mediante la "privatización" de determinadas facetas del servicio conduce a situaciones en las que la libertad y el liberalismo, como actitud ética y moral, son los destinatarios de todas las críticas, atribuyendo el fracaso de las medidas a la falta de regulación y a la actuación de agentes privados. Veamos dos ejemplos vivos y controvertidos: la banca, en sentido general, y la sanidad, como servicio público financiado a través de impuestos.

La banca pública, donde un monopolista dispensa el dinero de curso forzoso, de tipo fiduciario, pero también es único operador con la potestad de prestar servicios bancarios de todo tipo, se opone al sistema de banca libre. Cuando ésta opera con dinero fiduciario y reserva fraccionaria, de acuerdo con lo defendido por autores como Huerta de Soto, queda indefectiblemente condenada a la implantación de un prestamista de última instancia que proporcione soporte al sistema, de por sí insostenible y generador de ciclos que necesariamente acaban en quiebras generalizadas.

Vemos como la vulneración de los principios generales del Derecho, cuando los bancos disponen sobre los depósitos a la vista en su poder, hace inevitable la aparición de un banco central, a modo de vía intermedia, o tercera vía, distinta de un orden de banca privada en la que sí se respetase la reserva del 100% y el patrón oro.

El sistema de banca pública conviviendo con banca privada aparentemente dota de una falsa viabilidad al presunto mercado financiero, dando la apariencia de dinamismo, favoreciendo expansiones crediticias que siempre terminan en la irremediable intervención. Esta puede adoptar muchas formas, dependiendo de la naturaleza de la crisis, bien sea de liquidez o de solvencia (como la actual). La irrupción pública en bancos privados, adquiriendo activos o recapitalizando la entidad, es una consecuencia del sistema mixto.

En realidad la actuación privada nunca queda libre de regulación y siempre depende de ésta. La nacionalización de la banca o la socialización de las pérdidas, son resultados inherentes al modelo. La indisciplina de los operadores o los intentos de burlar la regulación, no asumiendo costes, caminando hacia el abismo, no son fruto del ligero reducto de libertad entre tanta intervención. Las crisis son endógenas y endémicas al intervencionismo.

Aunque pueda sonar extraño, algo similar sucede con la sanidad. Las consecuencias de terceras vías degradan el mercado y el servicio, siendo injustamente imputadas a la presunta libertad introducida. Dos modelos: sanidad privada, libremente sufragada por los individuos, contratando con empresas que ofertan servicios concretos, a través de seguros o prestaciones contingentes; y sanidad pública, universal, sufragada gracias a la redistribución de la renta previamente incautada a través del sistema fiscal.

La pública está condenada a la ineficiencia y el coste creciente. Lo vemos en la práctica, pero lo comprendemos gracias a la teoría de la tragedia de los bienes comunales, las enseñanzas de la Escuela de Elección Pública y el teorema de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Para salvarla, la clase política, consciente de la inviable situación de un servicio totalmente público, en gasto y prestaciones, recurre a la externalización de distintas facetas del mismo, creando un mercado de la salud. Éste queda intervenido y regulado. Se permiten centros privados, no sustitutivos, es decir, sin que el individuo que los prefiera deje de soportar la carga fiscal necesaria para sostener el sistema público de salud. Pagan dos veces. Gracias a ellos se descongestionan en parte los hospitales del Estado.

Se externalizan servicios logísticos, laboratorios, pero también profesionales, que dejan de ser funcionarios. Surgen empresas privadas al cobijo del gasto público ofertando por menor coste lo que venía prestando la administración directamente. Pero el sistema no logra salir a flote. Comienza la privatización de centros y su gestión completa. La tendencia de todo sistema público que pretenda seguir sosteniendo un servicio aceptable (sin disparar el coste del mismo hasta niveles inaceptables e insoportables para una carga fiscal que no asfixie hasta matar al proceso social) es a la privatización íntegra, o casi, de la prestación del servicio de salud.

El resultado hace depender del gasto público a multitud de empresas privadas en relativa competencia por lograr el contrato con la administración. De igual forma se regulan al máximo las condiciones y posibilidades de la actividad. Lo que en un primer momento parece introducir dinamismo y sostenibilidad, termina en un nuevo colapso.

Las empresas viven del presupuesto, se saben necesarias al tiempo que actúan bajo la imposición de la universalidad. Los operadores terminan por corromper sus decisiones y forman grupos de presión para forzar decisiones públicas, bien de aumento del gasto o cambio en la regulación. El servicio prestado mediante esta tercera vía dispara el coste por ciudadano y termina por quebrar la universalidad, expulsando a colectivos en función de unas u otras características.

La privatización que quiso dar viabilidad al sistema acaba en un esperpento insostenible que despilfarra recursos e impide el ejercicio libre de la función empresarial para resolver desajustes evidentes. Las rentas altas escapan del sistema, aun pagando dos veces, mientras que las bajas acaban o sin servicio o con un servicio profundamente deficiente.

Llegados a este punto las voces son casi unánimes en contra de la libertad introducida en el sector, sin apreciar en absoluto las causas endógenas de la propia concepción pública del mismo. Del monopolio se pasa a la liberalización de la prestación, nunca de la financiación y elección del mismo.

Tanto la banca como la sanidad son ejemplo de cómo el dominio soberano ejercido por el Estado en el diseño del mercado o la prestación del servicio, así como la presencia de un órgano de dirección central o del Gobierno mismo, distorsiona señales, contribuye a la indisciplina de los agentes y lo que es peor, genera una red de empresas privadas que viven del expolio o el privilegio. El resultado es evidente.

El derecho natural y la Constitución

Es imprescindible proteger de forma precisa el derecho natural dentro de la Constitución de un país para preservar una sociedad libre, con tutelas judiciales y barreras civiles enérgicas frente a las decisiones arbitrarias de los políticos. Y resulta esencial que se garantice con una separación de poderes "real" y con independencia judicial "verdadera", de modo que se protejan eficientemente los derechos individuales de los ciudadanos.

La concepción iusnaturalista del Derecho debería ser la base legal que guíe una reforma constitucional ya que para la existencia de una sociedad civilizada formada por millones de personas interactuando en libertad, tanto desde una perspectiva creyente como desde un planteamiento agnóstico, se requiere la protección efectiva de una serie de derechos individuales consustanciales al propio ser humano y, por tanto, por encima del derecho positivo que legisle el Parlamento de una nación o de una comunidad autónoma.

Bajo la influencia de la filosofía griega, los juristas romanos afirmaban la existencia de un derecho superior al positivo, común a todos los pueblos y épocas. Paulatinamente, la moral cristiana fue perfeccionando ese concepto durante la Edad Media, estableciendo la necesidad de liberar a la persona de la tutela absorbente del Estado, de modo que un sistema jurídico no fuera sólo la expresión de la voluntad de los gobernantes.

En el siglo XIII, el pensador escolástico Santo Tomás de Aquino estableció la doctrina del derecho natural según la cual la ley natural es universal, inmutable y superior a las leyes de los hombres y, por tanto, existen principios superiores a la voluntad humana. Argumentaba que pertenecían al derecho natural aquellas normas que permitían conservar la vida del hombre y su libertad (se establecía la defensa de lo que la naturaleza enseñó al hombre como la unión de los sexos, la educación de los hijos, la inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad).

En los siglos XVI y XVII los escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luís de León,…) también fueron iusnaturalistas. Es decir, creían en la existencia de derechos propios del hombre como los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la igualdad ante la ley, que le corresponden por el mismo hecho de existir como ser humano y, por encima de cualquier legislación de un Estado. En esa misma época, el jurista Hugo Grocio intentó separar el derecho natural de su fundamento religioso y moral, al considerarlo "una regla dictada por la razón" y entender que "existía aunque no hubiera Dios o no se ocupara de los asuntos humanos".

Un planteamiento similar fue realizado por Friedrich A. Hayek desde su agnosticismo dentro de la Escuela Austriaca ya en el siglo XX, planteando la existencia de una lenta evolución socio cultural y una serie de instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos por la sociedad civilizada) como, entre otros, el respeto por la vida y por la familia, el respeto por la libertad, el respeto por la propiedad, los contratos, el dinero o la banca o el respeto por la igualdad ante la ley. Esas instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos) son responsables de que se desarrolle la sociedad civilizada y son atacados por los cientismos constructivistas (como el comunismo, el socialismo, el nazismo, el nacionalismo,…) para perseguir utopías políticas que sólo traen hambre, muerte y destrucción.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se publicó la obra Camino de Servidumbre en donde el autor austriaco fue el primero en reflejar claramente el proceso político de restricción de derechos individuales por medio de legislación y actos administrativos que conducen hacia la servidumbre del ciudadano frente al Estado hasta desembocar en el totalitarismo.

Este repaso histórico del derecho natural, sucinto y no exhaustivo, nos permite afirmar que una Constitución es papel mojado en manos de los políticos si no logra instaurar un sistema legal que garantice la separación "real" de poderes, la independencia "efectiva" de los jueces y otros mecanismos legales que protejan de modo espontáneo y automático los derechos inalienables del ser humano.

Es decir, para evitar el totalitarismo es esencial que exista un derecho natural superior a cualquier derecho positivo legislado por un Parlamento nacional o internacional y es imprescindible que una Constitución establezca la tutela judicial efectiva sobre los derechos inmanentes al hombre, simplemente por el hecho de existir como ser humano.

Sólo se conseguirá lo anterior cuando el derecho natural fije los grandes principios y las líneas rectoras de la organización social en una Constitución, protegiendo los derechos individuales de modo inmutable y universal frente a las soluciones políticas que intentan realizar ingeniería social y alienan la naturaleza del derecho con la excusa de adaptarlo a las épocas o de salvar a los pueblos.

Para conseguir lo anterior se precisaría que toda determinación humana quedase sujeta por medio del derecho privado. El derecho público surgido como soporte del Estado con privilegios y potestades frente al derecho privado, faculta a los políticos a realizar leyes y actos administrativos arbitrarios sin un control judicial previo, lo que les autoriza a restringir libertades e imponer decisiones sin el concurso de jueces independientes.

Por tanto, si queremos proteger el derecho natural de la acción depredadora de los políticos, también es esencial que la Administración funcione dentro del ámbito del derecho privado, sin privilegios de ningún tipo y sometida a una constante vigilancia por parte del poder judicial.

En esta época de buenismo intelectual y de relativismo moral, la razón de Estado se impone por encima del pensamiento libre y se predica el ideario estatista entre la población. Todavía existen demasiados políticos que pretenden decidir por nosotros: cuándo debemos nacer, cómo debemos vivir y en qué momento debemos morir. Por ello, se legisla sobre el ámbito de decisión individual de cada persona con la imposición de un idioma, una cultura o una Educación para la Ciudadanía. Y se introduce la familia sin derecho de filiación, el ateísmo rabiosamente antirreligioso, la eugenesia o, incluso, la eutanasia tutelada por médicos de partido.

Pero también existe una vía para cambiar el rumbo intervencionista en nuestras democracias y es la reforma constitucional, realizada justo en el sentido opuesto al adoptado por los actuales líderes intervencionistas "de todos los partidos", como diría el preclaro Friedrich A. Hayek.

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¿Por qué España pinta poco (o nada) en el mundo?

Uno de los enigmas más impenetrables del mundo contemporáneo es el insignificante o nulo papel que, a pesar de su importancia, España ha jugado y juega en los asuntos internacionales. Por lo general a los españoles esta peculiaridad nacional ni nos va ni nos viene, y vivimos tan plácidamente en nuestro soleado rincón de Europa dedicándonos a lo nuestro, que es lo que llevamos haciendo con mejor o peor fortuna los últimos dos siglos.

Del "que inventen ellos" pasamos al "si ellos tienen UNO, nosotros tenemos dos"… y así hasta el día presente, en el que acogidos a sagrado en la desvencijada catedral europea, seguimos convencidos de que las cosas del mundo son demasiado importantes como para que los españoles nos metamos en ellas. Eso es lo que, más o menos, piensa la gente común y la práctica totalidad de nuestros políticos, convalecientes de un eterno complejo de inferioridad que se los come por dentro según saltan el Atlántico o los Pirineos.

Falta de espíritu, esa es la principal causa de la poca influencia que España ejerce en el mundo desde, por lo menos, las guerras napoleónicas. Influencia política, se entiende. Las otras influencias, como la cultural o la económica, van por sus propios derroteros y viven al margen de lo que los españoles y sus dirigentes decidan. Así, por ejemplo, el español es una de las principales lenguas del mundo y nuestra economía es la quinta de Europa situándose sin demasiado esfuerzo en el Top 10 mundial.

Francia no anda demasiado lejos en esas dos magnitudes pero es, en cambio, un gigante diplomático que enreda todo lo que puede en los foros internacionales, y en los que no lo son. Está algo más poblada que España (18 millones de habitantes más), es ligeramente más rica (3.000 dólares per cápita más), pero, como compensación, el francés está menos extendido y es mucho menos útil que el español. Su vocación, sin embargo, ha sido siempre mundial y, aunque ya no lo sea, los franceses siguen considerando París como el epicentro de la vida civilizada.

La política francesa juega a ser un actor fundamental e imprescindible en el acontecer global, la española a sobrevivir sin hacer mucho ruido y sin que les recuerden lo que son. Los franceses cuidan los pilares de su prestigio mundial como el ejército o la diplomacia, mientras los españoles relegan a uno a ejercer de hermanita de la caridad y al otro a entenderse con bandidos tercermundistas. El resultado está a la vista. Unos se pasan en día en los noticieros de medio mundo, los otros sólo salen por la tele para anunciar compungidos que un avión se ha estrellado en Barajas o que unos desalmados han reventado cuatro trenes de cercanías en Madrid.

No es de extrañar, por lo tanto, que nadie se acuerde de España cuando las cosas se ponen feas y toca tomar decisiones que afectan a todo el mundo. Así lo hemos querido y, en el fondo y aunque nos quejemos, así lo seguimos queriendo. Nada perdemos, a lo más el llamado "prestigio internacional", ese que los políticos se cobran en metálico y al contado. Que se lo queden otros.

El dinero barato es el más caro

Hace aproximadamente año y medio tuve problemas con mi vehículo y en distintas ocasiones acudí al taller para repararlo. Un conocido, enterado de mis vicisitudes, se quedó extrañado y me preguntó el motivo por el que seguía con él, ya que, según su opinión, era más práctico comprar un coche a plazos que tener que arreglarlo con tanta frecuencia. Le expliqué las estimaciones que había realizado, y que, según éstas, era superior el importe de la amortización y de la financiación de un coche nuevo que el mantenimiento del actual, que por su edad se encontraba prácticamente amortizado. Mi interlocutor atendió a mi explicación aunque no pareció muy conforme con ésta. Recientemente la misma persona me volvió a preguntar por mi coche y le dije que seguía con él, pero, que se averiaba menos, a lo que me respondió que me podía considerar afortunado, ya que no estaba el panorama para cambiar de vehículo, por mucho que hubiese que llevarlo al taller.

Resulta curioso comprobar cómo, ante la misma situación, se reacciona de manera distinta en apenas año y medio. Y es que, donde antes se veía certidumbre, ahora se ve riesgo. La mayoría de la gente creía, no hace mucho, que el futuro iba a carecer de sorpresas negativas, y que, en general, las cosas iban a transcurrir de manera similar, e incluso mejor, a como estaban ocurriendo. Por lo tanto, recurrir al endeudamiento no resultaba arriesgado, y el pago del préstamo no entrañaba problema alguno. Así, muchos buscaron financiación a periodos muy elevados, de incluso varias décadas en el caso de préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles, con cuotas de amortización que suponían gran parte de los ingresos personales. Esta misma impresión también era compartida por empresarios, que acometían proyectos de inversión sin miedo al futuro, minusvalorando posibles riegos. La infravaloración del riesgo trajo consigo que se emprendiesen negocios con escasa rentabilidad, condenados al fracaso en cuanto surgiese la más mínima dificultad.

Cuando tantas personas, algunas de ellas asesoradas por equipos muy reconocidos, han infravalorado los riesgos cabe preguntar qué les ha conducido a ello. Sin duda un factor muy importante han sido los bajos costes financieros que han existido en los últimos años. Durante este periodo, obtener financiación ajena ha resultado prácticamente gratis, ya que los tipos de interés de los préstamos bordeaban la tasa oficial de inflación. Por tanto existía la percepción de que los préstamos salían prácticamente gratis. Por otro lado, la gente veía que ahorrar dinero era algo inútil, ya que los depósitos e imposiciones obtenían unos rendimientos por debajo de la inflación oficial. Ante esta pérdida de valor de los ahorros monetarios cabían dos alternativas: gastar dicho dinero antes de que se deteriorasen más, o invertirlos en productos sofisticados que aparentemente prometían mayor rentabilidad.

Por tanto nos encontrábamos ante un fenómeno aparentemente contradictorio, se ahorraba menos y se invertía más. Es decir, disminuía la oferta y aumentaba la demanda, y sin embargo, el precio que se pagaba por el dinero, es decir, el interés, seguía en niveles muy bajos. La razón era bastante sencilla, ya que los bancos centrales se encargaban de suministrar dinero abundante y barato, por lo que no ascendían los tipos de interés. Sin embargo esta sobreabundancia de dinero barato tenía sus consecuencias. De un lado la moneda se envilecía comparada con otras inversiones. Así primero se disparó el precio de las acciones y posteriormente el de los inmuebles. De otro lado el recurso a la financiación ajena se disparaba, y se acometían proyectos de cada vez rentabilidad más dudosa. Y finalmente los particulares dejaban de ahorrar ante el deterioro de su moneda por la inflación real.

Esta mezcla de factores sólo podía acabar estallando, como finalmente ha ocurrido, y tanto particulares como empresas se han encontrado con deudas muy elevadas, y graves dificultades para amortizarlas. También el sector financiero se ha encontrado con graves problemas de liquidez para asumir sus propias deudas, y con la elevación de las tasas de morosidad.

Por tanto, la política de dinero barato que han practicado los principales bancos centrales va a salirnos muy cara, provocando la ruina de numerosas personas. Si éstos no hubiesen optado por mantener tasas de interés artificialmente bajas y se hubiesen preocupado por mantener el valor de su producto, es decir, la moneda, no nos encontraríamos con la crisis que actualmente afrontamos.

Sobre las crisis económicas, los planes y demás intervenciones

La verdad es que la crisis actual es dolorosa pero instructiva e interesante. Es asombroso ver que, siendo las administraciones las culpables de los orígenes de las crisis, se presentan como únicos y verdaderos salvadores; que los gobiernos de los principales países del mundo proponen medidas para solucionar la crisis que son simplemente parches para un sistema monetario que está enfermo de raíz; que el desconocimiento que tiene la opinión pública sobre las crisis económicas y las causas que las producen; y aún más, si cabe, hasta dónde puede llegar la retórica antiliberal y la indignante afinidad psicológica al intervencionismo que tiene la inmensa mayoría de los ciudadanos-contribuyentes.

Trataré de explicar brevemente qué es una depresión económica, qué efectos tienen las intervenciones, cómo evitarlas, cómo salir de ellas y el motivo por el que los planes y rescates no solucionan ninguna crisis.

Empecemos por el principio. ¿Qué es una depresión económica? Es la fase en que se reajusta la estructura productiva (conjunto de etapas en que se encuentra dividido el proceso de producción) que se ha visto distorsionada por la inflación, entendiendo ésta no como el aumento generalizado de precios, sino como el incremento de la cantidad de dinero en el sistema económico como consecuencia de políticas intervencionistas de expansión crediticia, que suele producir, aunque no siempre, un aumento de los precios porque la moneda pierde valor.

El envilecimiento de la moneda no sólo hace que ésta valga menos, sino que además distorsiona totalmente la estructura productiva. Habitualmente esto se efectúa mediante la concesión de facilidades crediticias a los bancos y reducción los tipos de interés.

Ésta es la raíz de las crisis, ya que al reducir los tipos de forma arbitraria, se fomenta que los bancos sean más flexibles y proclives a conceder créditos ya que se encuentran respaldados por los bancos centrales. Esta reducción de tipos hace que los empresarios vean como rentables negocios que en realidad no lo son. Emprenden nuevos proyectos de inversión más largos, contratando a trabajadores y comprando bienes de capital. Se les induce a actuar como si el ahorro de la sociedad se hubiese incrementado, cuando la realidad es que se trata de dinero inflacionario que han creado artificialmente gobiernos y bancos.

Evidentemente, tarde o temprano se pone de manifiesto que este aparente boom (como le gusta decir al profesor Huerta de Soto) no tiene base y se derrumba. El profesor Huerta señala tres reacciones o efectos: primero, los empresarios se dan cuenta que el precio de los factores de producción aumenta, por lo que los costes reales son bastante más elevados de lo que habían previsto; segundo, se produce un gran aumento en el precio de los bienes de consumo porque su demanda aumenta mucho y porque disminuye la oferta de esos bienes; y tercero, se da un notable aumento de los tipos de interés, ya que vuelven a su nivel anterior. Si la estructura productiva se hubiera alargado como consecuencia de un aumento del ahorro real de la sociedad no se hubieran producido estos efectos señalados, ya que en una economía de mercado la estructura productiva siempre va acoplándose al esquema que los consumidores libremente van definiendo.

Llegados a este punto, los empresarios se dan cuenta de que se han equivocado a la hora de invertir (por recibir señales falsas y no por tener un supuesto excesivo afán de ganancias, como dicen algunos). Principalmente se dan cuenta de sus malas inversiones al observar los grandes beneficios que están obteniendo las industrias de bienes de consumo. El consumo de bienes de primer orden (bienes de consumo) de la sociedad ha aumentado tanto que no se liberan los recursos necesarios para concluir esos proyectos iniciados. Concluyen, por tanto, que ha sido un error el llevar recursos productivos del consumo hacia las industrias de bienes de capital.

La depresión económica no es una crisis de exceso de inversión, sino de mala inversión. Es necesario un reajuste en la estructura productiva. Por eso se dice que las recesiones son necesarias y "sanas", porque son el comienzo de la recuperación. Se han puesto de manifiesto los errores cometidos y hay que liquidar los proyectos de inversión no rentables emprendidos y trasladar mano de obra y recursos productivos hacia sectores que los consumidores demanden más.

Sencillamente, las crisis y las depresiones económicas no se pueden evitar si se producen como consecuencia de expansiones crediticias. No "se solucionan" con planes, sino que se deben prevenir impidiendo políticas de expansión crediticia. Son las administraciones las que mantienen el actual sistema bancario, las que han enviado señales falsas a los empresarios y las que han distorsionado la estructura productiva. Es a ellas, por tanto, a las que hay que pedir responsabilidades.

Es cierto que es posible posponer el desencadenamiento de la crisis si se conceden nuevos créditos sin respaldo de ahorro real a una velocidad que no pueda ser anticipada por los agentes económicos, pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta que la depresión es inevitable y que cuando finalmente llegue será más duradera y pronunciada. Cuanto más dinero se introduzca en el sistema, más complicado y más difícil será el reajuste necesario en la estructura productiva. Lo que significa que la sociedad se empobrece porque se está perdiendo (o infrautilizando) una parte de su capital al desviarlo a industrias y sectores menos eficientes.

¿De qué manera ayudan los tan alabados planes de rescate y demás intervenciones de los gobiernos a la imprescindible reasignación de los recursos mal invertidos? Está claro que de ninguna. ¿De qué sirven entonces? De nada. Sería deseable que si el poder político no puede frenar o contener sus ansias intervencionistas para legitimarse, al menos tomase medidas en beneficio de la sociedad y no solamente de ellos. Por ejemplo, las siguientes tres medidas nos serían de gran ayuda a los ciudadanos ya que ayudarían a prevenir las crisis:

  1. Privatizar la moneda. Debe existir completa libertad de moneda para que no se pueda controlar su emisión ni su valor. Hay que privatizar el dinero y sustituirlo por su equivalente metálico en oro.
  2. Pasar a un sistema de libertad bancaria y abolir inmediatamente los bancos centrales. Debe cesar el control de los mercados financieros y bancarios.
  3. Garantizar la liquidez prohibiendo a los bancos que se endeuden a corto y presten a largo, o manteniendo un sistema bancario con un 100% de coeficiente de caja. Hay que sustituir el actual sistema de reserva fraccionaria.

En cuanto a España, es cierto que el Gobierno no es el culpable de la crisis subprime, pero podría tomar medidas positivas para aliviarla y favorecer la recuperación. Desde luego, las que está tomando no hacen sino agravar la situación.

Primero, el Gobierno debe olvidar la idea de los famosos rescates y demás planes Paulson porque la compra de activos de mala calidad no puede resolver la crisis y no tiene sentido que el contribuyente financie todos los activos basura de los bancos. Las malas inversiones deben ser liquidadas para no perpetuar la crisis indefinidamente. Estos rescates se hacen con cargo al ahorro de los contribuyentes desviándolo hacia inversiones que no tienen futuro. Hay que dejar quebrar a las empresas que se han equivocado y no privatizar las ganancias ni socializar las pérdidas.

Además, el Gobierno debe hacer que la reestructuración sea lo más rápida y menos dolorosa posible. Por lo tanto, debe flexibilizar el mercado laboral (que es muy rígido), desregular los principales sectores afectados (y todos los demás, por supuesto) y reducir la presión fiscal lo máximo posible.

¿Caerán todas estas brevas? No sé yo…

La libertad, el camino hacia la moral

Uno de los aspectos que más ha interesado a los lectores de mi libro Bajo el Signo de Fidel. Miradas sobre La Habana ha sido la degradación moral que vive Cuba y el obstáculo que esto va a suponer para la recuperación del país cuando se vea liberado de la dictadura. Lo han destacado algunos autores al publicar sus reseñas, al recomendarlo por la radio o incluso al entrevistarme. Pero hubo alguien, Fonseca, que me lanzó hace ya un tiempo la pregunta del millón de dólares: "¿Cómo se reconstruye la moral de una sociedad?"

No había respondido hasta ahora, pero lo voy a hacer. Le he dado muchas vueltas al asunto desde entonces, pero la clave me la ha dado un maestro en asuntos cubanos, liberalismo e incluso en calidad humana y caballerosidad: Carlos Alberto Montaner. En su estupendo libro recopilatorio de artículos, conferencias y papeles varios Cuba. La batalla de las ideas, este autor trata la cuestión en diversas ocasiones. Señala Montaner que "la conducta (una de las pocas cosas en las que Marx acertó) es un modo racional de adaptación a la situación en la que se vive (…) A ninguna persona normal –exceptuados los psicópatas– le gusta mentir, fingir, prostituirse o robar". Efectivamente, la degradación moral es producto de una situación en la que se convierte en algo heroico el ser sincero (conduce a la cárcel), no cometer algún hurto o estafa o entregar el cuerpo a cambio de dinero (de ello depende el tener algo para comer).

Además, y también de eso habla Montaner, cuando no existe propiedad no se respeta lo ajeno. En el momento en que alguien posee algo, respeta lo que pertenece de las demás personas. Ser inmoral es producto, por tanto, de falta de libertad, de una eliminación antinatural de la propiedad y de la miseria. Cuando estos factores desaparecen comienza la recuperación moral de los individuos que forman parte de una sociedad; el abandono de unas reglas de convivencia que permiten una relación basada en la confianza y el respeto tanto hacia uno mismo como hacia los otros deja de ser necesario para salir adelante.

El caso extremo de degradación moral causada por la necesidad lo cuenta Primo Levi en Los hundidos y los salvados, donde narra como él mismo ocultó a sus compañeros del campo de la muerte donde le recluyeron los nazis la existencia de un grifo que goteaba para poder así beber alguna gota más de agua. Sin embargo, los supervivientes volvieron a ser personas morales tras ser liberadas de los campos nazis. Miserias ha habido entre las víctimas los más brutales sistemas represivos, pero, cuando se sale de éstos, esas mismas personas vuelven a ser buenos ciudadanos.

La recuperación moral de Cuba, como de la cualquier otra sociedad azotada por la miseria o el terror, será producto de la libertad. Cuando el cubano no tenga miedo de decir lo que piensa, dejará de fingir que cree en lo que no cree; cuando vea que puede ganarse la vida de forma honrada, lo hará. Cuando comprenda que el respeto a la propiedad es bueno para él, respetará la propiedad ajena. Para que todo ello ocurra es necesario que las leyes de una Cuba liberada del castro-comunismo sean iguales para todos y destinadas a garantizar la libertad y la propiedad de todos y cada uno de los cubanos. No será un proceso corto.

El daño hecho tras décadas de dictadura tardará años en corregirse, como se ha visto en muchos países del antiguo bloque soviético, pero se logrará si se instaura una auténtica democracia con igualdad ante la ley y respeto por la propiedad privada. Siempre habrá quienes mantengan conductas inmorales, pero serán la excepción y no la norma. Aquellas que dañan a un tercero deberán ser perseguidas, como el robo o el asesinato; y las que tan sólo causen daño (si es que lo hacen) a quienes las cometen, como la prostitución, deberán ser respetadas.

¿Dónde está la burbuja que no estalla?

Ya no hay duda de estábamos viviendo en una burbuja, sobre todo porque ha estallado. El primer indicador, que siempre precede a la depresión, es la Bolsa. Estos mercados son posiblemente los más eficientes en la sociedad, por lo que son los que mejor anticipan el devenir de la economía. Los gobiernos se han estado guiando por estos indicadores para tomar sus acciones, como si la solución a los problemas de la crisis se pudiera conseguir corrigiendo los indicadores.

Se está viendo que no es así. En algún momento, los mercados bursátiles tocarán fondo. En ese momento, significará que los inversores consideran que esa es la nueva valoración de las empresas cotizadas, a la luz de sus expectativas en el ajuste de la riqueza del futuro. Cuanto mayor sea la caída de las Bolsas, mayor será el ajuste necesario de la riqueza nominal (el dinero falso) a la riqueza real, y más dura será la depresión. En cuanto a la duración de ésta, dependerá de la capacidad de ajuste de los individuos a la nueva situación, así como de su capacidad de emprendimiento para buscar formas de mejorar la calidad de vida. En definitiva, la duración del ajuste depende de la regulación.

Dicho todo esto, la gran cuestión es ahora identificar aquellas actividades o bienes que pensábamos que eran riqueza, pero que no lo son, o, al menos, no en tanta medida. En una primera aproximación, se podría pensar que la Bolsa nos puede aportar información sobre este aspecto. Y así es, lo que pasa es que circunscrito únicamente a actividades cotizadas.

Así como para medir el ajuste necesario para la economía la Bolsa puede resultar un buen predictor (basta extrapolar) no es tan válido para identificar burbujas, pues muchos sectores económicos están fuera de su alcance. Entre ellos, las actividades del Estado.

Ya hemos visto que hay un fuerte ajuste en inmobiliarias y constructoras: hemos sobrevalorado los inmuebles, y ahora hay que ajustar su valor a la riqueza real. También nos hemos dado cuenta de que el sector financiero, empezando por los bancos de inversiones, estaba realizando actividades sobrevaloradas, y se ha de proceder a su ajuste al valor real.

Pero, ¿termina aquí el ajuste? ¿Quedan por ahí actividades sobrevaloradas que se han de ajustar a la nueva realidad? Por ejemplo: el sector turístico y de restauración: ¿estábamos pagando demasiado por comer por ahí, o irnos de vacaciones? O son las telecos: ¿a quién se le ocurre pagar eso por llamar por teléfono, ver la tele o conectarse a internet? ¿Tal vez los coches?

Muchas de estas actividades probablemente tendrán también que ajustarse a la nueva realidad, aunque no sabemos todavía si están o no sobrevaloradas (su sobrevaloración implica que creíamos que eran más riqueza de la real).

Ahora bien, hay unas actividades económicas que indudablemente están sobrevaloradas, como bien nos enseña la teoría económica, y, en concreto, Rothbard en su The Power and the Market. Se trata de las actividades del Estado (entiéndase, administraciones públicas en general).

Como bien sabemos, son actividades que no están regidas por la valoración del mercado; por tanto, no sabemos realmente cuánto valen. Sin llegar al extremo de Rothbard que, directamente, las califica como desperdicio (waste), sí que me atrevo a decir que están muy sobrevaloradas. Su riqueza real supone, quizá, menos de un 10% de la aparente. En una fase de depresión como la actual, estas actividades tendrían que ajustarse brutalmente. Posiblemente, son las que un mayor ajuste precisan.

Sin embargo, son precisamente las más rígidas al ajuste. Los gobiernos no van a ajustarse a las nuevas condiciones, como están demostrando sus continuas declaraciones de intenciones. Vamos a seguir teniendo multiplicidad de actividades sin valor y vamos a tener que pagar por ellas un precio que no tienen. Van a consumir una riqueza para dar lugar a una ilusión.

Si aquí acabara la historia, no habría mayor problema. Las restantes actividades sobrevaloradas se ajustarían a la nueva valoración del mercado; las justamente valoradas se quedarían como están; y las estatales se mantendrían sin afectarnos demasiado.

Pero, por desgracia, el ajuste a la riqueza real es inevitable. El forzoso mantenimiento de actividades de valor irreal como las de la administración pública desperdiciará parte de la riqueza real, forzando un ajuste más severo en actividades que sí la constituyen. En esencia, nos hará la fase de depresión aún más dura.

Rothbard decía que tenemos tantos pobres como podemos permitirnos. ¿Cuántas actividades estatales nos "podremos" permitir en esta crisis?

¡Enhorabuena a todos!

El Instituto Juan de Mariana ha ganado el Premio Templeton otorgado por Atlas Economic Research Foundation. Este prestigioso galardón reconoce el esfuerzo realizado por los miembros del Instituto durante los poco más de tres años en que hemos tratado de llevar el ideario liberal tan lejos como nos ha sido posible.

El galardón, que otorga la Fundación Atlasgracias a la financiación de la Fundación John Templeton, premia la excelencia en la defensa de la libertad en 8 categorías distintas. La categoría por la que el instituto estaba nominado premia los "destacados logros alcanzados por un think tank joven" (como máximo de cinco años) y es la única que no reconoce un proyecto específico sino los éxitos alcanzados en sus múltiples actividades.

El jurado, formado por un elenco de personalidades independientes de diversos campos, tuvo que elegir entre las más de 180 organizaciones que se presentaron a la edición de este año. Después de un pormenorizado escrutinio de las actividades realizadas por cada instituto, los miembros del jurado eligieron al IJM porque "está logrando producir cambios positivos con su impresionante diversidad de actividades". Uno de los componentes del panel que ha decidido los ganadores de este año afirmó que "lo que esta organización (Instituto Juan de Mariana, España) ha hecho en tres años es asombroso y da la impresión de que hubiesen estado trabajando una década. […] Creo que con este historial, su proyección futura será realmente brillante. Fue fácil poner al IJM el primero de la lista."

Los logros a los que se refieren los miembros del jurado son bien conocidos para los visitantes de esta página que han participado en nuestras actividades, bien sea activamente, bien con su apoyo moral y económico. Aun así, merece la pena hacer un breve repaso para analizar qué nos ha hecho merecedores de este reconocimiento internacional y qué debemos hacer para afrontar los retos futuros con mayores garantías de éxito.

Los encargados de elegir a los premiados valoraron muy positivamente los esfuerzos del instituto por influir en el mundo académico. Ya son tres las universidades de verano organizadas por el IJM. En estas tres ediciones hemos contado con la presencia de medio centenar de distinguidos conferenciantes y hemos ido aumentando las becas para estudiantes hasta alcanzar el medio centenar de ayudas. El esfuerzo de los miembros del instituto por mejorar en cada edición ha contribuido a que la evaluación anónima que realizan los estudiantes nos sitúe entre los mejores programas de verano con reconocimiento académico. En el último año, el IJM ha llegado a acuerdos con la Universidad Francisco Marroquín para tratar de establecer un puente por el que puedan transitar estudiantes y profesores entre ese paraíso académico guatemalteco y los eventos del instituto. Además, el intento por tener presencia de calidad en el mundo académico se ha visto coronado a lo largo del último año con el Primer Congreso de Economía Austriaca y la colaboración del Instituto Juan de Mariana en el Master de Economía Austriaca dirigido por Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El instituto también ha mantenido un programa de premios que por un lado apoyan las obras de jóvenes valores y por otro reconocen la labor de individuos con una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. En este segundo aspecto, el instituto ha entregado el Premio Juan de Mariana a Luis Reig Albiol y a Manuel Ayau Cordón, dos hombres sin los que sería imposible entender gran parte del avance del liberalismo en los países hispanoamericanos.

En su afán por difundir las obras de los defensores de las libertades individuales el Instituto organizó este año la primera Feria del Libro Liberal, un evento que reunió en el Círculo de Bellas Artes a casi una veintena de autores con ávidos lectores liberales. El éxito de la primera edición con un formato en el que autores y lectores pueden aprovechar para intercambiar opiniones y reflexionar acerca de los intereses comunes nos ha animado a ampliar el evento el próximo año.

Otro campo en el que el Instituto se ha esforzado enormemente es el de la medicina. Gracias a la cooperación con un nutrido grupo de médicos liberales pusimos en marcha los proyectos Medicina en Libertad y MedEcon con los que tratamos de proponer reformas liberalizadoras en esta importante área. Esta nueva aventura la hemos diseñado en cooperación con un grupo de médicos liberales suizos que persiguen unos objetivos afines. Después de un año trabajando en el lanzamiento de las secciones española y suiza, a la que se irán sumando grupos en otros países, el próximo 7 de noviembre Medlib realiza su primer congreso en Ginebra a través de Medlib.ch.

Por último cabe destacar la creación del Observatorio de Coyuntura Económica. El Observatorio pretende continuar la impagable tarea que en la Austria de entreguerras realizó el "Instituto Austriaco para la Investigación de la Coyuntura" (Österreiches Institut Für Kojunturforschung) de la mano de los de los miembros más prominentes de la Escuela Austriaca. El vicepresidente y fundador del Instituto fue Ludwig von Mises y el director Friedrich Hayek, quien décadas más tarde recibiría el Premio Nobel de Economía precisamente por sus investigaciones en este ámbito. Fruto de un riguroso análisis de la coyuntura económica fundamentado en la teoría monetaria y del capital propuesta por Carl Menger, este centro de estudio del ciclo económico fue uno de los pocos en advertir de los riesgos de una inminente crisis tanto bursátil como bancaria, finalmente desencadenada entre 1929 y 1931.

Para cumplir con nuestra finalidad el Observatorio publica boletines trimestrales de coyuntura, donde se estudiarán los acontecimientos económicos más importantes de ese periodo gracias al manejo de la teoría austriaca del ciclo económico, la teoría de la liquidez y el análisis de la inversión en valor. Asimismo, los investigadores del Observatorio han realizado otros seis estudios e informes destinados a examinar y divulgar temas concretos que puedan resultar de interés a quienes se interesan por la evolución del ciclo económico.

Todas estas actividades han sido acompañadas por más de medio centenar de eventos con los que cada año tratamos de acercar nuestra labor a todos los ámbitos de la sociedad española. Además, los miembros del instituto se han realizado un enorme esfuerzo por presentar una diversidad de perspectivas liberales a través de la colaboración con los medios de comunicación. La brillante labor de nuestros miembros permitió que el año pasado lográramos tener una media de más de 3 repercusiones diarias en medios como El País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, La Vanguardia, Público, La Gaceta de los Negocios, El Economista, Libertad Digital, Época, Antena 3 TV, TVE2, Libertad Digital TV, Televisión Española, Intereconomía TV, Intereconomía Radio, Punto Radio, La Cope y Onda Cero.

El premio Templeton que hoy nos ha otorgado Atlas Economic Research Foundation no debe hacer que nos durmamos en los laureles ni hacernos bajar la guardia. Más bien todo lo contrario. El galardón debe darnos más ánimos para trabajar duro en estos tiempos de crisis económica y social provocada por los socialistas de todos los partidos, que gracias a su trabajo diario contra la libertad individual y la propiedad privada han convertido el mundo monetario y financiero en el reino del intervencionismo. Que el premio lleve el nombre de quien probablemente haya sido el mejor inversor global de todos los tiempos nos tiene que llenar de esperanza y confianza en nuestras posibilidades de hacer avanzar el ideario liberal. Y es que John Templeton se caracterizó por invertir a nivel mundial en jóvenes empresas con gran potencial que multiplicaban sus resultados en cortos períodos de tiempo.

Un camino de un solo sentido

Un economista, al recordar sus años en la London School of Economics, se refería a Paul Sweezy como “el más hayekiano de los hayekianos”. Hayek, como es bien conocido, es el intelectual liberal más influyente del siglo XX, mientras que Paul Sweezy es uno de los pocos economistas marxistas de cierta relevancia. Un caso más conocido, prácticamente único para un intelectual de su talla, es el de John N. Gray, que pasó del liberalismo (con elogios a John Stuart Mill, todo hay que decirlo) a convertirse en uno de sus críticos más conocidos. Curiosamente, también tiene cierta relación con Hayek, ya que le ha dedicado un libro y, en el último que ha publicado, aún a costa de exponerse al público sonrojo por quienes hayan leído al austríaco, le dedica varias páginas tan críticas como alejadas del pensamiento real de Hayek.

Gray es una excepción. Mill lo es, también. Habitualmente los pensadores liberales no abjuran de la defensa de la libertad para pasarse con armas y bagajes al socialismo. Lo contrario, sin embargo, es una experiencia común. Mario Noya y Javier Somalo acaban de publicar un libro en el que han recogido una docena de testimonios en torno a la pregunta ¿Por qué dejé de ser de izquierdas?, un tránsito que requiere siempre el abandono del socialismo. Yo salí del reconfortante terreno del socialismo muy joven. ¿Por qué el viaje es siempre en el mismo sentido? ¿Qué hace que la experiencia de dejar atrás el socialismo sea muy común pero que el camino inverso sólo lo hayan transitado unos pocos?

El socialismo nos llama desde nuestros atávicos instintos tribales, que repelen la complejidad, el cambio incesante, la diversidad propia de las sociedades libres y extensas. Más allá de los méritos que pueda tener el pensamiento socialista, en gran parte está subordinado a un llamado de nuestros genes, a un recuerdo ancestral impreso en el alma humana. El socialismo pretende eliminar todas las manifestaciones de ese mundo complejo y antiintuitivo e imponer una sociedad igualitaria, pulcra, racional, comprensible. La imagen de la nueva sociedad, la indignación por las injusticias propias de las sociedades libres queman el alma del socialista, le convencen de que cualquier paso hacia la nueva sociedad es justificable.

Por ello vemos a legiones de personas que en su vida diaria son perfectamente razonables, pero que en cuestiones políticas mienten sin ningún reparo o justifican un sistema que ha causado cien millones de víctimas de pura represión mientras se ven a sí mismos moralmente superiores a quienes se duelen de tales crímenes. Pero no todos resisten. Habitualmente alguno de tales excesos lleva al socialista a preguntarse qué habrá llevado a sus correligionarios a cometerlo. Y cuando obtiene la respuesta, aparece su propio comportamiento pasado bajo una nueva luz. Por eso los ex socialistas son menos transigentes con la moral de que el fin justifica los medios, tan propia del socialismo.

¿Por qué son contadísimas las excepciones a la norma de que los liberales nunca dejan de serlo? Quien ama la libertad, lo sabe.