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Paul Krugman: un Nobel a la ortodoxia

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Ayer se falló el premio Nobel de Economía 2008. Contra todo pronóstico fue Paul Krugman el agraciado. Las apuestas en Internet rondaban a Eugene Fama, Robert Barro, Jagdish Bhagwati… pero el elegido ha sido Krugman.

Son indudables sus aportaciones a la teoría del comercio internacional a partir de la teoría clásica de David Ricardo en el siglo XIX y de Hecksher y Olin más adelante; a la teoría de la localización geográfica, que ha derivado en la famosa teoría de los clusters; y a la teoría del comercio estratégico basándose en ideas de Avinash Dixit (otro de los perdedores). Y la elección "temática" sigue la línea de los Nobel ya concedidos a Bertil Ohlin y James E. Meade (1977), Robert A. Mundell (1999) o Paul A. Samuelson (1970). Tampoco es la primera vez que se premia a un economista manifiestamente de izquierdas, como Gunnar Myrdal (que compartió podium con Hayek, nada más y nada menos), John K. Galbraith o Joseph Stiglitz.

Y, sin embargo, hay cierta incomodidad en gran parte de la profesión. Por un lado, hay que apuntar que sus trabajos sobre comercio internacional pusieron de nuevo encima de la mesa la pregunta que los economistas arrastramos desde el siglo mercantilista: ¿a quién beneficia el comercio? Los mercantilistas, negociantes del siglo XVII en su mayoría, que escribían informes al soberano para asesorar acerca de la política a seguir y de paso, medrar en sus asuntos, defendían la falacia del comercio contemplado como un juego de suma cero (en un intercambio bilateral, uno gana y otro pierde). Esta idea tenía consecuencias peligrosas, en primer lugar, si de dos participantes en el intercambio uno va a perder, ya puestos, que pierda el otro y no yo. Y segundo, si el otro participante está ganando, es porque yo estoy perdiendo. Y el resultado fue la conocida guerra mercantil entre naciones.

Si bien en el siglo XIX David Hume, Adam Smith, David Ricardo y otros autores consiguieron desmontar estas ideas erróneas y demostraron que el comercio es un juego de suma positiva en el que todos ganan, quedaba la cuestión de quién gana más. Paul Krugman defendió que el libre comercio teóricamente podía dar lugar a concentración empresarial debido a los rendimientos crecientes, y además, planteó la subvención de determinadas empresas exitosas en el mercado internacional, el proteccionismo estratégico, para ganar este juego mercantil. Y aquí aparecen los primeros mohines. A pesar de esta demostración teórica, en notas a pie de página, Krugman advertía que estas conclusiones no dejaban de ser artefactos del modelo y no conclusiones de política económica, de manera que no debería interpretarse su teoría como un ataque al libre comercio. Sin embargo, no debió ser muy claro, ya que así fue como se interpretó su teoría, favoreciendo el retorno a la era mercantil.

Este doble rasero es típico de una generación de economistas teóricos que aceptan y rechazan a un tiempo el libre comercio, se apuntan al carro del capitalismo, pero sin respetar por completo la propiedad privada de los medios de producción (que es lo que define este sistema económico), y respaldan, de esta manera, la ficción llamada "socialismo de mercado", que no es otra cosa que el mercantilismo del XVII con ropas del siglo XXI.

Por supuesto, los economistas austriacos, que están presenciando una nueva ratificación de que su teoría del ciclo es válida le pese a quien le pese, no salen de su asombro. Krugman hizo una crítica a esta teoría austriaca con no mucha fortuna, como lo pone de manifiesto Juan Ramón Rallo (entre otros).

Sin embargo, entiendo que este Nobel sigue la línea de otros que simplemente premian la ortodoxia, la corriente principal que desafortunadamente triunfa en nuestros días: el neokeynesianismo. Personalmente, no creo que el Nobel sea tan representativo, excepto como pulso de la actualidad. No es significativo como muestra de talento económico o científico. Pero no seamos hipócritas, eso se aplica a todos los Nobel, tanto a Al Gore como a Friedrich Hayek, James Buchanan o Vernon Smith… La Academia apuesta por la innovación o por la corriente principal o por la vanguardia, y en este caso, ha apostado por el mainstream, que efectivamente, es lo que se lleva.

Pero hay otro mensaje en esta elección verdaderamente preocupante. Tal y como plantea Peter Boettke en su artículo publicado ayer en la revista Forbes, lo que diferencia a Stiglitz de Krugman es que mientras que el primero dejó de lado la investigación puramente académica para dedicarse a la propaganda política tras ganar el Nobel, Krugman no ha escrito prácticamente ningún artículo científico desde hace una década, y se ha implicado desde entonces en el activismo político pro-demócrata y anti-Bush en exclusiva. El peligro de esta elección es que, mientras que para algunos se trata de un galardón a toda una carrera, para otros, la Academia sueca hace un guiño a los demócratas a semanas vista de las elecciones en Estados Unidos. Y desde ese momento se pierde el carácter científico del asunto. Ya no se trata de una cuestión de tendencias teóricas, de modelos o de heterodoxias, es un tema político y de incentivos a la investigación. ¿Dónde queda el trabajo del economista investigador que se lo toma en serio? ¿Qué tipo de tesis doctorales esperamos presentar cuando el supuesto máximo galardón económico es una cuestión de moda política? Eso sí me parece muy peligroso.

Por mi parte, presiento que si no nos centramos en lo relevante, terminaremos asistiendo a la concesión del Nobel de Economía a personajes insospechados pero muy a la moda y afines con el buenismo y las recetas de todo a cien, a un gurú de gurúes.

Deepak Chopra, por ejemplo.

Una democracia inmadura

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A la democracia en España aún le quedan muchas décadas para hacerse mayor; las visiones intervencionistas y totalitarias aún ocupan buena parte del espacio político aunque se revistan de un supuesto espíritu democrático que no pasa de plebiscitario. Los gobernantes españoles consideran el voto como un cheque en blanco que les permite saltarse cualquier principio ético o moral que les impida conseguir sus particulares objetivos políticos, es decir, la simple posesión del poder, ciertas cosmovisiones utópicas o procesos de ingeniería social que buscan una sociedad aparentemente perfecta o incluso exclusivista.

En los últimos días se han producido dos situaciones que corroboran esta visión tan pesimista. El Partido Popular (PP) lleva varias semanas negociando con sus actuales socios de Unión de Pueblo Navarro (UPN) para que voten en contra de los Presupuestos Generales del Estado, pero éstos, que dependen del Partido Socialista de Navarra (PSN) para gobernar esta región, anuncian su abstención. Las consignas oficiales de las dos organizaciones son dogma y la situación entre populares y navarros es tensa, existiendo un serio peligro de ruptura.

En España existe en teoría separación de poderes, aunque en la práctica el ejecutivo domine sin problemas al legislativo y ambos controlen un poder judicial cada vez más político. Pero más allá de este importante desarreglo institucional, en España lo que no existe es libertad de conciencia, la disciplina de partido hace que se vote monolíticamente y el que se opone a la decisión oficial termina fuera de la siguiente lista electoral. Es lógico pensar que la mayoría de los componentes de un partido político votarán afirmativamente a una determinada propuesta de su líder, pero también es cierto de que si existiera verdadera libertad, habría un conjunto de votos que no seguirían la consigna oficial y que se basarían en principios propios o en la mejor defensa de sus representados. El poder exagerado de los partidos políticos y la dificultad que tiene la sociedad para castigar los comportamientos inapropiados de sus representantes (las elecciones son cada cuatro años y eso es demasiado tiempo para la memoria colectiva) castiga la libertad de conciencia y de rebote al ciudadano.

No menos importante ha sido la actitud del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado una ordenanza prohibiendo, entre otras cosas, los hombres-anuncio. La razón que ha trascendido a la prensa, y así lo ha declarado el propio alcalde, se reduce a una cuestión de dignidad. La pregunta es si una persona que se gana la vida de esta manera, temporal o definitivamente, es más digna en el paro. El poder político, en este caso municipal, ha vuelto a imponer la moral por ley. La dignidad es un término subjetivo y por tanto opinable. No es la primera vez que desde este ayuntamiento se aborda un tema moral: su cruzada contra la prostitución (y no contra la delincuencia que la rodea) es otro ejemplo.

Sin embargo, no todos están de acuerdo en las razones que han impulsado al alcalde a tomar esta medida, el hecho de que también quiera prohibir la publicidad en coches privados y regular aún más los anuncios por toda la ciudad, invita a algunos afectados a pensar que el alcalde quiere monopolizar este mercado publicitario y aliviar la elevada deuda municipal que sus faraónicas obras han provocado. Y es que un madrileño endeudado tiene mucha dignidad, aunque sea más pobre.

Artificios electro-tarifarios

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

En el sector eléctrico, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro no tan intervenido, no existen precios determinados por las fluctuaciones del mercado sino tarifas establecidas por el humor del Ministerio de Industria de cada gobierno. En su deseo de proteger paternalmente a los usuarios ante al aumento de los costes de generación, se imponen artificialmente a las compañías eléctricas precios tasados por kWh mediante su publicación periódica en el BOE. Una de las consecuencias de este dirigismo económico es que, al facturarse la electricidad a un precio inferior del que realmente cuesta producirla y distribuirla, se acaba arrastrando en las cuentas de las eléctricas un déficit creciente.

El Ejecutivo reconoce, empero, el derecho que tienen dichas eléctricas a cobrar ese déficit tarifario y a recuperarlo progresivamente mediante un recargo en la propia tarifa durante los tres lustros siguientes al ejercicio en que se genera.

El mecanismo ideado por el PP en su paso por el Gobierno para contener la inflación cuando los tipos de interés eran bajos es el siguiente: para no tener que esperar tanto (15 años) a que las compañías eléctricas cobren la diferencia del déficit se les permite titulizar los derechos de cobro de dicha deuda y obtener los créditos correspondientes. Así, el regulador del sector (la CNE) organiza actualmente unas subastas más o menos trimestrales en el mercado financiero internacional para que los bancos hagan sus ofertas. Una vez conseguidos los créditos bancarios viene la distribución millonaria que tiene que realizar la CNE entre las eléctricas que entran en una guerra sin cuartel (no exenta de fraudes) por determinar cuáles han sido los costes de generación de cada compañía para repartirse ese codiciado botín. Como cada grupo eléctrico tiene un conjunto muy variado de plantas y centrales de producción y su contabilidad es compleja, es un verdadero galimatías determinar fehacientemente el déficit generado en cada una de ellas. El Gobierno intenta “fijarlo” a golpe de regulación. Al final se ha decretado como uno de los criterios básicos de reparto el de la cuota de mercado de cada eléctrica; como si ésta no pudiera cambiar con el paso del tiempo (la sombra de la competencia perfecta es alargada).

Para empeorar aún más las cosas, varias subastas han quedado parcial o totalmente desiertas a pesar de haber respaldado el Estado las condiciones de garantía de la deuda y pese a poder cobrarse ya el déficit antes de que se produzca. Se estima que para finales de 2008 habrá un déficit acumulado desde el 2002 de unos 14.000 millones de euros (casi un 1,3% de nuestro PIB y un 48% de los ingresos anuales de todo el sector eléctrico). Ha alcanzado tales niveles que ya no es colocable en los mercados financieros con la crisis y la estrangulamiento del crédito que padecemos. Para colmo, el déficit seguirá aumentando unos 4.000 millones de euros cada año si seguimos con las acostumbradas electro-tarifas. El sistema de regulación tarifaria y su financiación ideado por los políticos ha hecho aguas.

Además, otra consecuencia indeseada de las tarifas es que impiden lisa y llanamente que aparezca más competencia en el sector eléctrico; no hay incentivos para ello. Se olvida, por lo demás, que los precios son los mecanismos más eficaces para fomentar el ahorro y la eficiencia entre los consumidores. El ministro Sebastián cree que esto se logra mediante la aplicación de las tarifas sociales progresivas aprobadas recientemente que penalizan los consumos juzgados por la casta política excesivos de las residencias habituales o bien regalando masivamente bombillas de bajo consumo a la población durante el 2009. Puro diseño de planificador social para eludir la (menos imperfecta) coordinación informativa de los factores de producción llevada a cabo por los precios libres.

El funambulismo paranoico del intervencionismo político se refleja en que junto al abaratamiento artificial de la factura eléctrica vía tarifas irreales se grava, por otro lado, el recibo eléctrico indebidamente con variopintos impuestos como los debidos por emisiones de CO2, por subvenciones regaladas a otras energías renovables e ineficientes o los que financian a las autonomías por solidaridad interterritorial. Puro artificio interventor.

Mientras, sigue la comedia: la CNE (poli malo) presenta inútiles informes proponiendo subidas de tarifas eléctricas al Ejecutivo (poli bueno) que las lima como si de precios se trataran para embridar el IPC y lograr réditos electorales sin importarle la evidente desconexión creciente entre la evolución de los costes de producción y el pago del consumidor. Las eléctricas, por su parte, sacan todo el partido posible a dicha trampa tarifaria con decenas de vericuetos mientras los usuarios pagan su factura maquillada a la baja pensando que disponen de abundante energía barata sin percatarse que, con el tiempo, terminan pagando diferidamente (y con intereses) lo que han consumido y no han pagado en su momento, a modo de una segunda hipoteca oculta. Eso sí, el progre siempre puede consolarse y pensar que va a traspasarse el déficit a las generaciones venideras como si de distribución de cargas sociales se tratara; será por falta de escrúpulos…

Habría que recordar a todos ellos lo más grave: la falta de precios verdaderos desincentiva las inversiones necesarias en plantas y redes. La merma de beneficios así como el agujero creciente en la tesorería de las compañías eléctricas producido a causa de todo este desaguisado interventor puede poner en serios apuros la propia seguridad y calidad del suministro que ha de atender a una demanda siempre creciente.

Desde el pasado 1 de julio 2008 el consumo industrial de alta tensión se guía por precios, no por tarifas, para cumplir parcialmente con la directiva europea de 2003/54. Pero para garantizar la seguridad del suministro en su conjunto es necesaria una completa y verdadera liberalización del sector y no la farsa que tenemos en escena actualmente. Para ello habría que tirar a la basura todo el sistema de tarifas y dejar que hablen esas inestimables señales del mercado que son los precios amén de permitir la libre entrada a otros operadores en el sector. Mientras ambas cosas no sucedan, a pesar de las buenas intenciones de la Ley del Sector Eléctrico y sus desarrollos reglamentarios o la existencia del OMEL, perdonen que me carcajee cada vez que oiga hablar del “mercado eléctrico”.

Coda final: no faltarán los demagogos que sigan pidiendo intervención para proteger al desvalido usuario o para erigir campeones o barreras nacionales en el sector. Una pena.

Crisis del liberalismo y austroliberalismo para la crisis

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Con el avance de la crisis proliferan los artículos en los que se vaticina un negro periodo antiliberal tras el triunfo de la política intervencionista de la administración Bush y demás mercantilistas y socialistas que, por desgracia, abundan. Sin duda que estos torticeramente llamados rescates de bancos y entidades, que malinvirtieron el dinero inflacionario y el crédito expandido artificialmente por los gobiernos, serán letales para quienes proponen políticas económicas liberales. Malos tiempos para el liberalismo, dicen.

Pero viendo las cosas menos groseramente me atrevo a avanzar que, a pesar de no poder proponer alternativas políticas definidas al actual sistema político en el que lo liberal ha fracasado, la Escuela Austriaca puede, mejor que ninguna otra, destacarse, definirse e, incluso, incrementar su ámbito de influencia con la recesión económica. Puede porque explica mejor que nadie las raíces del problema, su teoría del ciclo es profunda y es capaz de predecir tendencialmente con más fiabilidad que los keynesianos, los friedmanitas y demás. Por tanto, ¿por qué resignarse a ser arrastrados por el descrédito del mercado?

Para empezar a salvar al liberalismo es necesario que los austroliberales no transijan con gobiernos que liberalizan sin más ciertos mínimos ámbitos de la economía. Si el Estado no abandona su monopolio de creación de dinero, si el sistema bancario no deja de ser el fraude ético que es desde hace décadas, no hay mercado libre. Por tanto, ni siquiera gobernando el PP con Aznar o con quien sea, ni si dirigiera la maquinaria estatal una reedición de Reagan o Thatcher, es aceptable entusiasmarse con sus políticas. Si hay keynesianismo o una conjunción de éste y de monetarismo seudoliberal, no hay libre mercado.

Cuando en tiempos de bonanza económica muchos liberales se lanzan a proclamar a ésta como resultado del triunfante liberalismo económico, sin más, no cabe lamentar que la depresión necesaria y subsiguiente sea achacada igualmente a la misma doctrina. No vale bendecir un sistema y, en las malas, desmarcarse de él diciendo que "no era esto". O se conjuga "ser" en presente o se calla después. Y es que, cuando hay crecimiento del PIB, vaca sagrada de los paradigmas políticos y económicos hegemónicos, los austroliberales pueden y, a mi juicio, deben, censurar abierta y prioritariamente el monopolio monetario del Estado y la expansión piramidal del crédito con aval gubernamental. En la recesión posterior la teoría saldrá reforzada y podrá desmarcarse de los liberales que no pueden contradecir la marea intervencionista con que los políticos aprovechan las crisis.

En un anterior artículo mostraba preocupación por la escasa, aún, implantación del austroliberalismo, sin el necesario desarrollo de propuestas políticas aplicables. Ser políticamente viable es necesario, imprescindible, para, además, ser aceptado. Pero no es la única premisa para el triunfo pues, si fuera así, cualquier otra solución de las que más se compran en el mercado –no libre– de lo político, sería más aceptable. El fundamento iusnaturalista es imprescindible para avanzar e impulsar un cambio hacia la libertad. Aunque es cierto que ser palpablemente viable ayuda mucho, en épocas de "bonanza" económica, cuando se gesta la crisis, ayuda mucho acompañar los diagnósticos y críticas de una defensa ética del derecho natural a la propiedad, alterado y perturbado, enormemente ya en la fase álgida.

Imperturbable en el acierto económico el austroliberalismo puede construir una teoría, también de lo político.

¿De la crisis al liberalismo?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Naomi Klein, en su libro La doctrina del Shock, sostiene que los gobiernos, auspiciados por ideólogos liberales, aprovechan los contextos de crisis para liberalizar la economía y reducir el tamaño del Estado. Las políticas liberales son impopulares y las crisis menoscaban la resistencia ciudadana a esas reformas.

Murray Rothbard considera que una situación de crisis es potencialmente ideal para un cambio de sistema social. En For a New Liberty Rothbard señala: "Para que tenga lugar un cambio social radical –un cambio a un sistema social distinto– debe haber lo que se denomina una ‘situación de crisis’. Debe haber, en resumen, una quiebra del sistema existente que llame a una búsqueda de soluciones alternativas".

Siguiendo a Klein y a Rothbard parece que la actual crisis económica debería llevarnos directos al liberalismo. Además, la Escuela Austriaca, bastión del liberalismo, está siendo reivindicada por su teoría del ciclo económico y es hoy bastante más popular que en el 29. ¿Veremos un resurgir del liberalismo después de la crisis?

El principal problema con la tesis de Klein y la propuesta de Rothbard es que la historia demuestra que el Estado se engrandece durante las crisis, se introducen medidas intervencionistas excepcionales que nunca se hubiera aprobado en períodos de normalidad y que luego son muy difíciles de suprimir.

Bryan Caplan, cuyo principal campo de estudio es la irracionalidad de los votantes, tiene una interesante hipótesis: las malas ideas producen malas políticas, las malas políticas producen un menor crecimiento económico, y un menor crecimiento económico produce malas ideas. Es un círculo vicioso que a veces solo la suerte puede romper.

La tercera proposición es la menos intuitiva. Caplan explica que, en el plano individual, un crecimiento de la renta personal (que no un nivel de renta más alto) se traduce estadísticamente en un mayor conocimiento económico. Los pobres que ven crecer su riqueza (como los inmigrantes) tienen de media más conocimientos económicos que los ricos cuyas rentas disminuyen. Este fenómeno se debe, presumiblemente, a que las personas que ven crecer su renta experimentan el proceso de creación de riqueza del mercado y aprenden de comportamientos económicos sanos.

La conexión entre empobrecimiento y malas ideas, sostiene Caplan, no es lógica sino psicológica: "No es lógico abrazar ideas contraproducentes solo porque las condiciones están empeorando, pero la gente lo hace igualmente. Quizás la mejor explicación es que la gente piensa en una metáfora militar: debemos evitar un Gobierno agresivo cuando son buenos tiempos, pero durante una crisis tenemos que enseñar a nuestros enemigos una lección en lugar de perder el tiempo cavilando contemplativamente sobre la causas de la crisis."

Pero si la gente recurre a esta metáfora es porque ya tiene unos conocimientos económicos erróneos, por tanto la metáfora no sirve para explicar el origen del error. Caplan menciona otra idea que me parece más interesante: en períodos de crisis o de condiciones económicas deterioradas, las personas son más receptivas a las proclamas emocionales y más proclives a la irracionalidad (lo cual conecta con "el romance de la gente"). Por el contrario, en períodos de calma y crecimiento económico la gente está más dispuesta a escuchar y a razonar sosegadamente sobre cómo puede mejorarse el statu quo.

Así pues, no parece haber mucha esperanza para la revolución liberal en tiempos de crisis. Los titulares se limitan a anunciar nacionalizaciones, garantías estatales de depósitos, más creación artificial de dinero… y las ideas liberales (dejar que el mercado depure los bancos y las malas inversiones hechas durante la burbuja, recortar el gasto público y liberalizar el mercado para que los factores de producción se recoloquen y la crisis se acorte) apenas se escuchan fuera de los foros liberales.

Es cierto que el liberalismo hoy está en mejor posición que durante el crack del 29 para hacerse oír, y quizás cuando pase la tormenta crece el interés por esta doctrina visto que es la única que tiene una explicación coherente de las causas de la crisis, explicación que está siendo ampliamente reivindicada. Pero hoy por hoy el estatismo sigue siendo el mejor amigo de las crisis.

Actividad e investigación militar

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Lo militar es un ámbito especialmente importante y problemático de la investigación científica y la producción de tecnología. Las sociedades y los mercados libres funcionan y generan prosperidad y armonía, pero las agresiones colectivas a gran escala son posibles y es necesario invertir ciertos recursos para repelerlas. Un mundo sin enemigos es un ideal deseable, pero puede resultar letal creer ingenuamente que es cierto cuando no es real (desarme pacifista unilateral frente a agresores sin escrúpulos).

La unión hace la fuerza, pero la propia existencia de los estados colectivistas concebidos como monopolistas territoriales de la jurisdicción y la coacción incrementa las probabilidades de agresiones violentas a gran escala. Los gobernantes suelen recurrir a demonizar a colectivos extranjeros y presentarlos como enemigos para excusar sus sistemáticos fracasos domésticos. Las relaciones comerciales entre individuos de diferentes naciones, la apertura o difusión de barreras políticas y la flexibilidad de la organización social en libertad fomentan la paz.

En el mercado los consumidores premian o castigan a los productores a posteriori, cuando ya existen y están disponibles los bienes y servicios ofertados, y los procesos productivos pueden tener una extensión temporal muy larga. La función empresarial es esencial para intentar prever cuáles serán las preferencias futuras de los participantes en el mercado, anticiparse y realizar propuestas acordes a ellas.

El montaje de una estructura de capital es un proceso costoso y que lleva mucho tiempo, no es algo que suceda de forma instantánea en función de la aparición de una determinada demanda. Este desfase puede resultar fatal en ámbitos como la defensa: no se puede organizar un sistema militar eficiente de la nada cuando un ataque es inminente. En la actividad mercantil ordinaria el fracaso produce pérdidas monetarias que pueden suponer un problema más o menos grave y corregible o recuperable; respecto a la actividad militar el fracaso puede implicar la muerte (irreversible) o el sometimiento (quizás difícilmente superable). Un empresario que sufre pérdidas puede al menos haber aprendido y volver a intentar otros proyectos productivos; una persona o colectividad agredida incapaz de defenderse puede morir o arrepentirse demasiado tarde por no preocuparse adecuadamente de su seguridad.

La preparación militar adecuada en tiempo de paz puede servir como disuasión contra potenciales agresores (si quieres paz prepárate para la guerra), pero otros grupos pueden considerar (de forma correcta o incorrecta) la capacidad bélica ajena como una amenaza. Es importante demostrar la intencionalidad exclusivamente defensiva y legítima del uso de la fuerza por parte de individuos y grupos.

En los mercados libres y competitivos los precios coordinan las decisiones de grandes cantidades y tipos de participantes que adaptan sus acciones a las condiciones cambiantes. Los precios de mercado son plenamente informativos y coordinadores solamente si surgen de las interacciones voluntarias entre personas que contratan libremente y respetan los derechos de propiedad ajenos. Cuando hay muchos participantes más o menos iguales en un mercado los precios son poco sensibles a las decisiones de un actor concreto. Si existen pocos participantes (en el lado de la oferta o en el de la demanda) o algunos tienen mucho más poder que los demás, entonces los mercados son especialmente sensibles a sus decisiones. En algunos ámbitos sociales no existen precios de mercado libre que puedan guiar la actividad productiva.

Una persona realiza una decisión individual cuando elige por y para sí mismo en sus circunstancias particulares y según sus propios intereses, recibiendo directamente las consecuencias de su conducta. Es posible delegar una decisión a otra persona, pero entonces surgen problemas de interacción entre el principal y el agente (diferencias de conocimiento e incentivos). En algunos grupos unos pocos dirigentes o representantes deciden en nombre de muchos miembros de la asociación.

Las relaciones sociales de intercambio pueden ser compraventas puntuales o asociaciones contractuales extendidas en el tiempo que integran, comprometen y restringen a las partes contratantes. Algunas asociaciones contractuales estables emplean jerarquías de mando como estructura de organización (una empresa, un ejército).

En el ámbito de la defensa estatal unos pocos políticos y asesores militares toman decisiones que afectan a todos sus ciudadanos utilizando grandes cantidades de recursos confiscados a los contribuyentes. El Estado es un monopsonio (único comprador) de recursos bélicos, especialmente cuando por razones estratégicas prohíbe a sus empresas la venta al extranjero. La actividad militar estatal implica planificación central y jerarquías de mando sobre soldados voluntarios o reclutados a la fuerza. El cálculo económico basado en la contabilidad monetaria se sustituye por el triunfo o la derrota en la guerra (o en procesos electorales en los cuales se dirimen de forma inseparable muchos otros asuntos).

Los políticos pueden intentar aferrarse al cargo e incrementar su poder en lugar de administrar el ámbito de lo colectivo. Los funcionarios militares no dependen de la satisfacción de los defendidos sino de la discreción política, y su lealtad o patriotismo no garantizan su eficiencia. Los productores industriales de material militar pueden transformarse en grupos de interés oligopólicos que fomenten el gasto bélico.

Parte de una estrategia competitiva exitosa (tanto en empresas como en ejércitos) es gestionar la información (y la desinformación), averiguando la estrategia de la competencia (espionaje) y ocultando la propia (secretos, confidencialidad) para aprovechar el elemento sorpresa y dificultar la respuesta del adversario o enemigo. Se produce un conflicto de difícil resolución entre las restricciones militares por seguridad y confidencialidad y la difusión libre necesaria para el avance científico. Las medidas de seguridad pueden ser necesarias pero probablemente serán exageradas o distorsionadas por las burocracias estatales obsesionadas con el cumplimiento de reglas para intentar justificar su existencia pese a su manifiesta ineficiencia o incompetencia.

Conde-Pumpido amenaza de nuevo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Va ya para veinte años que se propagó en los círculos más totalitarios de los profesionales del Derecho español el mantra de reformar, en un sentido muy determinado, el proceso de instrucción criminal basado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

El apremio para poner en marcha esa "modernización" comenzó con las incompletas investigaciones judiciales sobre los asesinatos y robos de estado de los años ochenta del pasado siglo. El hecho de que unos jueces de instrucción decretaran la prisión provisional de un par de jerifaltes se antojó intolerable para la incipiente nomenclatura. Sus terminales ideológicas acuñaron la letanía de que el procedimiento penal dirigido por un órgano casi independiente –como es el juez de instrucción– adolecía de vicios inquisitoriales. Poco importaba que esa falacia fuera de una grosería poco común y que se encargase para uso del Gobierno que tenía responsabilidades directas o indirectas por los delitos investigados. A renglón seguido, los inspiradores de esa doctrina aducían que esos defectos solo podrían subsanarse si se encomendaba la función instructora al fiscal. Soslayando admitir que esa preparación del juicio penal implica concatenar juicios preliminares al tiempo que se investigan los hechos con apariencia delictiva, sus planes dejaban al juez la misión de autorizar, en su caso, las medidas cautelares que comportaran una intromisión en los derechos fundamentales del imputado. Sería "un juez de garantías".

No obstante, un somero análisis del marco institucional del llamado "ministerio fiscal" en España bastaba para evidenciar que tal cambio buscaba principalmente tres objetivos entrelazados: laminar la separación de poderes, socavar el control judicial sobre el Gobierno en el ámbito penal, donde las desviaciones y abusos son más graves, y conceder al Ejecutivo el desiderátum de todos los déspotas: el poder de autocontrol.

A este respecto, la constitución confirma un modelo de fiscal –derivado del francés original– propenso a ser manipulado por el Gobierno. Dependiente de éste, por cuanto nombra al Fiscal General del Estado, el artículo 124 de la constitución predica que actuará bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. En román paladino, el seguimiento de esas prescripciones significa que los fiscales actúan indistintamente –lo cual les confiere una práctica inmunidad en su actuación individual, más allá de la responsabilidad disciplinaria individual interna– y están sometidos a las órdenes e instrucciones de sus superiores, con el fiscal general en la cúspide de su pirámide jerárquica. Su organización tiene evidentes semejanzas con la cadena de mando militar. El perfil de los miembros de la carrera fiscal resulta equiparable al de los funcionarios de alto nivel de la administración, aunque el recurso a los "fiscales sustitutos" no sólo ha rebajado el umbral de exigencia y el rigor del proceso de selección, sino que alienta la sospecha de reclutamiento de entusiastas del Gobierno de turno.

De cualquier modo, la intervención de los fiscales en los procedimientos penales –aunque no solo en éstos– para "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" ha venido ampliándose sin pausa como consecuencia de reformas parciales de las leyes procesales. Frente a su inicial papel de promotor y supervisor de la instrucción judicial y defensor de un inasible interés público, se fue abriendo paso una atribución de potestades para realizar investigaciones preprocesales. La ley del Jurado les permitió compartir la función instructora con el juez en ese proceso especial y, en un paso más allá a modo de catastrófico ensayo, la ley de responsabilidad penal del menor –promovida por un gobierno del PP– les encomendó la instrucción de las causas por delitos donde participen menores de edad. Desde hace poco tiempo, una reforma de su estatuto orgánico permite a los fiscales practicar esas diligencias preprocesales sin dar cuenta al juez, durante un plazo de entre seis y doce meses. La influencia de los fiscales en todos los procesos donde intervienen va más allá de su competencia técnica.

Dentro de ese contexto, el actual Fiscal General del Estado anunció en el acto de apertura del año judicial la intención del Gobierno que lo nombró de promover el golpe definitivo en la legislación. Llama la atención la doblez de su actuación al respecto. Aunque en la memoria oficial de la fiscalía los detalles del asunto quedaron sobreentendidos, es evidente que Conde-Pumpido hizo llegar a los medios de comunicación –especialmente a sus turiferarios– el auténtico sentido de sus propuestas.

Un factor material influye a la contra de esta reforma. La virulencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria va a traer un incremento de las obligaciones del Estado y el hundimiento simultáneo de su recaudación. Dado que la atribución a los fiscales de la instrucción de los procedimientos penales exigiría multiplicar su plantilla y aumentar exponencialmente su presupuesto de gastos, las dificultades económicas para ejecutar esos planes no son menores.

Sin embargo, las ansias infinitas del Gobierno actual por apuntalar un poder omnímodo para moldear y controlar a la sociedad no pueden subestimarse. Sin ir más lejos, el Fiscal General del Estado dejó entrever en la memoria citada que los cambios en marcha para implantar una organización del fiscal "tentacular" tienen como objetivo replicar la plantilla de los juzgados de instrucción, para luego sustituirla o fagocitarla.

La actual mayoría parlamentaria ha dado pasos muy firmes para subvertir la Constitución y sustraerse del tímido control judicial del Ejecutivo y el Legislativo perfilado en ésta. Si el reparto de los puestos del CGPJ con el otrora partido de la oposición tiene un efecto devastador, la asunción por el Gobierno –a través del fiscal y con la policía a sus órdenes– de la tarea de decidir qué delitos se investigan y persiguen tendría unas consecuencias letales para la libertad y los derechos individuales. Algunos ejemplos sobre sus actuaciones preprocesales pueden ayudar a comprender este hecho.

En conclusión, aunque son necesarias algunas reformas en la organización del proceso penal y la propia burocracia judicial, la consumación de la propuesta del señor Conde Pumpido conduciría a un Estado de Derecho en descomposición hacia una vulgar dictadura.

El fascismo educativo en materia lingüística

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El debate sobre la imposición de las lenguas cooficiales en el sistema educativo español está vigente desde que tuvo lugar la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas. A partir de entonces, el uso obligatorio del catalán, el gallego y el euskera se ha ido extendiendo progresivamente en la enseñanza de determinadas regiones, hasta el punto de que un creciente número de familias denuncia la marginación que sufre el castellano en este ámbito, y reclama su derecho a elegir libremente el idioma en el que desean educar a sus hijos.

El problema es que, si bien identifican correctamente la causa que ha originado esta situación, tanto las autoridades políticas como los medios de comunicación fallan estrepitosamente en la solución a aplicar. Es evidente que el auge de los nacionalismos regionales y el ejercicio de su potestad política han terminado por imponer un modelo educativo basado en la marginación del castellano como lengua vehicular. Un sistema que, sin duda, es equiparable al que desarrolló Franco durante su dictadura con respecto a la enseñanza y difusión de las lenguas autóctonas presentes en España desde hace siglos.

El nacionalismo, de toda índole y condición, precisa para su desarrollo de un oponente ideológico al que identificar como enemigo. De ahí, precisamente, la necesidad imperiosa de contar con una serie de rasgos diferenciales sobre los que construir su esencia. En este sentido, la raza, el territorio, la lengua o la religión suelen constituir elementos básicos de la identidad nacionalista. De este modo, tratan de reivindicar su pertenencia a una determinada comunidad (nación) en oposición a otras.

En el caso concreto de España, los gobiernos nacionalistas emplean la imposición de las lenguas autóctonas en sus respectivos territorios para reforzar dicha identidad. Sin embargo, dicha estrategia vulnera el ejercicio de determinados derechos y libertades individuales como, por ejemplo, la libre elección del idioma en el ámbito educativo e, incluso, empresarial. Véase la ley que obliga a los comercios a rotular en catalán o la reciente polémica entre Air Berlin y el Gobierno balear.

Ante tales atropellos, se suele abogar por la búsqueda de un "equilibrio" entre la enseñanza del castellano y el resto de lenguas cooficiales en el seno de la educación pública, o por el ejercicio de un bilingüismo estricto a nivel empresarial. Sin embargo, tales reivindicaciones conllevarían en todo caso un resultado injusto para la libertad de los individuos. Y ello, por el simple hecho de que son impuestas de un modo arbitrario por la autoridad política de turno, ya sea a nivel autonómico o estatal.

Una auténtica política liberal en materia lingüística en ningún caso puede surgir del poder público, sino justo al contrario. Es decir, en su ausencia. Así, son los propios individuos, y no las autoridades, los que deben determinar la extensión y predominio en el uso de una u otra lengua sobre el resto. La solución radica, pues, en la privatización de la enseñanza y no en la instauración de un determinado modelo educativo que, en última instancia, siempre dependerá de una imposición política.

Imagínese por un momento un sistema en el que cada centro pueda establecer libremente tanto el programa educativo como los distintos idiomas en los que impartir las materias. En este caso, muchos colegios optarían por el conocimiento de diversas lenguas. Sobre todo, por aquellas que resulten más útiles para el futuro desarrollo profesional de sus alumnos (castellano e inglés, por ejemplo).

Además, la extensión en la enseñanza de un determinado idioma siempre estaría determinado por la demanda real que manifieste la sociedad, y no por la ideología arbitraria de los distintos partidos. De este modo, las familias y los alumnos podrían elegir libremente entre un amplio abanico de centros y ofertas educativas que mejor se ajusten a sus valores y principios culturales. La clave radica, pues, en la privatización absoluta de la educación y su libertad plena en el establecimiento de itinerarios. Las becas y los cheques escolares podrían suplir, en última instancia, el acceso a la educación privada de las familias con escasos recursos económicos.

Y es que, al igual que en el resto de ámbitos, tan sólo un sistema educativo basado en la libertad de individuos y empresas puede satisfacer de un modo correcto los múltiples y variados intereses que están en juego. Por el contrario, las alternativas que parten del poder público, además de resultar ineficientes, siempre correrían el riesgo de culminar en un modelo fascista en el que la voluntad política termine por anular los derechos inalienables de las personas.

Las hiperinflaciones bajo el oro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Aunque suele describirse la hiperinflación como un período de crecimiento de los precios a elevadas tasas, resulta más adecuado definirla como el proceso de desmonetización de un activo por el cual deja de cumplir su función de depósito de valor.

Las enormes subidas de precios asociadas a las hiperinflaciones son sólo una consecuencia de lo anterior: los activos desmonetizados comienzan a desatesorarse masivamente y a intercambiarse por cualesquiera otros activos, especialmente aquellos que conserven mejor el valor.

La hiperinflación, por tanto, equivale a la muerte de la moneda y destruye los patrimonios de quienes tenían saldos líquidos en esa moneda. Esta muerte de la moneda se produce siempre que sus propiedades sufren una degradación tan grande como para incentivar a sus tenedores a que adquieran otros activos que cumplan mejor estas propiedades.

Una de las propiedades más importantes del dinero era su escasez relativa, esto es, que la relación entre el stock atesorado de dinero y su producción anual fuera muy alta. De este modo se evita que se produzcan grandes oscilaciones en el valor del dinero que ponga en riesgo el valor de los patrimonios de sus tenedores.

Ya vimos que el oro era uno de los activos con una proporción stock/flujo más elevada: su stock está integrado por todo el oro extraído de las minas a lo largo de la historia de la humanidad. En principio, este enorme stock ofrece garantías de que el precio del oro no se hundirá por los aumentos anuales de su oferta; sin embargo lo mismo podría decirse del papel moneda: si se limita su emisión anual a una fracción del stock existente, su precio no tendría por qué experimentar grandes variaciones.

No obstante, hay una diferencia esencial entre los incrementos de la cantidad de oro y los incrementos de cantidad de papel moneda: al menos hasta el momento, la primera tiene una vinculación mucho más directa con el proceso productivo que la segunda. La extracción de oro necesita de trabajadores, maquinaria y recursos naturales que deben sustraerse de otros procesos productivos; por el contrario, una vez se dispone del equipo para producir papel moneda, el coste de producir una unidad adicional es prácticamente cero (no digamos ya en el caso de las monedas virtuales cuya existencia depende de una anotación contable).

¿Por qué esto es importante? Básicamente porque el señoriaje (la diferencia entre el valor adicional de una unidad monetaria y su coste marginal) del papel moneda sólo se vuelve negativo sólo cuando se ha destruido el sistema monetario, mientras que bajo el patrón oro el margen de señoriaje se extingue con bastante rapidez.

El incremento sostenido de la cantidad de oro implica que los mineros tendrán que percibir mayores salarios, que la amortización de la maquinaria minera se incrementará y que tendrá que avanzarse hacia las vetas de peor calidad. El coste marginal de producir oro es creciente ante incrementos en la cantidad de oro. En última instancia, el coste de producir una nueva onza de oro será superior a la propia onza, de modo que la explotación minera se cerrará hasta que se produzca un incremento del valor del oro o una caída en los costes (por ejemplo, mediante el hallazgo de vetas más accesibles o con el descubrimiento de tecnología más productiva).

En cambio, en un sistema de papel moneda, el coste marginal de producir un nuevo billete es prácticamente cero. Pueden producirse grandes cantidades adicionales de papel moneda sin necesidad de contratar nuevos trabajadores o adquirir nuevas imprentas. El margen de señoriaje sólo desaparece cuando el valor del papel moneda se acerca a su coste marginal, es decir, cero (lo que implica la desaparición del sistema monetario). Parafraseando a Mises, el señoriaje se agota cuando el valor del billete cae por debajo del valor del papel (Todo lo dicho sobre el papel moneda puede aplicarse, corregido y aumentado, para el caso del dinero virtual).

Las hiperinflaciones bajo el patrón oro, por consiguiente, tienden a abortarse de manera endógena, con o sin la participación del emisor de moneda (al menos, con el sistema productivo actual). Por el contrario, en un régimen de papel moneda la hiperinflación sólo puede detenerse a través de un compromiso claro y creíble del emisor para defender el valor de su billete (los llamados procesos de "estabilización" monetaria).

Por este motivo, el oro es un dinero mucho más seguro frente al riesgo de desmonetización que el papel moneda o el dinero virtual siendo, en este sentido, un mejor dinero.

Breves notas sobre pobreza y liberalismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Una de las acusaciones más recurrentes con las que se ataca al liberalismo y a los defensores del libre mercado es la de que no tiene en cuenta a las personas con menos recursos y más desfavorecidas. Esto es así porque, según argumentan, el funcionamiento de una economía capitalista y libre conduce a grandes desigualdades de rentas, donde una parte de la población vivirá con mucho, y otra al borde de la miseria. Y dado que este resultado no se considera bueno, se justifica la intervención del Estado en múltiples campos, con el objetivo de redistribuir la renta y así favorecer a los más pobres.

Sin embargo, desde el punto de vista liberal, este análisis está lejos de ser válido, por varias razones, y la intervención estatal con fines aparentemente solidarios suele tener efectos contraproducentes. O dicho de otra manera, que éste es un caso particular de la crítica general del intervencionismo, por la cual éste fracasa en cumplir los fines que se propone.

En primer lugar, podemos apuntar a la tendencia histórica de los últimos siglos en Occidente, y de otros muchos países más recientemente, en la que la pobreza se ha reducido drásticamente, y los niveles de vida de toda la población, incluidos los menos favorecidos, han aumentado considerablemente, gracias a la aplicación (parcial, todo sea dicho) de los principios económicos liberales.

En segundo lugar, es muy posible que en estos razonamientos intervencionistas se encuentre implícita la falacia del non sequitur, tan presente en la justificación teórica de la intervención estatal en la teoría de los fallos del mercado. Del hecho de que el Estado realiza funciones importantes para la sociedad, se deduce que sólo el propio Estado puede proveer de esos bienes o servicios. En el caso que nos ocupa, se piensa que si no fuera por las instituciones públicas, nadie se ocuparía de los más necesitados. Sin embargo, sí existen alternativas privadas. Es más, en algunos países (como el caso de Argentina), existían organizaciones privadas que llevaban a cabo tareas de acción social de todo tipo. La labor de estos colectivos fue disminuyendo a medida que la intervención del Estado se entrometió en estos asuntos. Es decir, que normalmente el Estado no es un complemento de las actividades de caridad privada, sino un sustituto, ya que se reducen los incentivos de la gente a preocuparse por los más desafortunados.

Otros ejemplos de alternativas privadas de caridad se pueden encontrar en organizaciones religiosas u otro tipo de entidades que sirven a estos mismos fines.

Y en tercer lugar, cabe preguntarse si realmente los programas gubernamentales y la redistribución reducen la pobreza a largo plazo. Esta pregunta la responde negativamente Howard Baetjer, analizando los planes de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson en los 60 y demostrando su gran fracaso. Y es que, como dijo Henry Hazlitt: "la doble pregunta que todo plan para aliviar la pobreza debe responder es: ¿cómo se pueden mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin desincentivar el esfuerzo y el éxito?".

Por último, y aunque no debería hacer falta decirlo, no es que los liberales estemos en contra de los pobres, obviamente, es que creemos que las medidas intervencionistas hacen más mal que bien a los más desfavorecidos y que, como expone George Reisman, el sistema capitalista de libre mercado es el único sistema económico que lleva a un mayor bienestar material para toda la población.